Viernes 28 de Agosto de 2020

 

Honoré de Balzac notificaba a los presentes la defunción de su tío,

el cual le había dejado en herencia todos sus bienes.

Ayer al anochecer —dijo—, mi tío y yo pasamos a mejor vida.

 

 

Es de suponerse que Larry Fink, Director Ejecutivo de BlackRock, quien se presenta como la vanguardia de una forma de capitalismo progresista en el que las ganancias no lo son todo (según él y el NYT), se encuentra resolviendo diligentemente los pormenores de la deuda con el Estado argentino, de manera que el ahorro de los trabajadores del mundo, que su compañía maneja, materialice los frutos de sus especulaciones y los coloque en una placentera, alegre y holgada vejez. Su misión es que esto se concrete, y de ser posible a costa de que los ingresos de los trabajadores y jubilados argentinos, antes que pasen a mejor vida, como el tío de Honoré de Balzac.

Los chinos, por su parte, flamantes saqueadores, se preparan para enfrentar una crisis financiera que se desarrolla entre los miembros africanos afectados por el coronavirus, a quienes los picaros asiáticos destinaron millones de dólares con el pretexto de fortalecer los lazos comerciales e incluirlos en la Ruta de la seda. Ahora, con un mundo paralizado y una deuda desmedida, no tienen otra opción, al parecer, que entregar las participaciones de control en los activos o aceptar concesiones excesivamente largas, lo que se conoce como “la diplomática trampa de la deuda”. Una despreciable y vil jugada occidental, para el lucro asiático.

 

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, por su parte, alcanzaron en la reunión extraordinaria del Consejo de la UE, que tuvo lugar entre los días 17 y 20 de julio, un acuerdo político sobre el plan europeo de la recuperación, Next Generation UE, y el Marco Financiero Plurianual 2021-2027. Con muchos ruidos, algunas nueces y muchas sombras. De no haberse logrado, habría puesto formalmente la fecha a la desintegración de un bloque que carece de política exterior, estrategia de defensa y tácticas geoeconómica.

Y, por último, tenemos a los organismos internacionales de crédito de Occidente, los garantes de la concentración, la pobreza, y el atraso de gran parte de la humanidad. Estos se encuentran transitando una realidad paralela. En ella se imaginan aportando fondos a los países necesitados, presionando por impuestos a las grandes fortunas, que en Argentina lleva un trimestre de “enérgicas” amenazas. Hay que reconocer que es menos tiempo que el desafío mundial de aplicarles las mínimas señales de equidad fiscal a los ricos, pero casi el mismo período que han tardado en tratar de imputar cargas tributarias a las Big Tech y a los Big Data.

La contrariedad se da cuando se vuelve a la realidad y nada de esto sucede.

Fondos de inversión, nuevos chantajistas, vetustos capituladores y organismos subyugados no parecen enterarse que un virus infectó a 20 millones de personas, que mató a casi 800 mil y destruyó la economía y el comercio mundiales. Todos ellos tienen algo en común, todos se manejan dentro de los parámetros de un nuevo neoliberalismo remixado, con la arcaica e idéntica lógica, defendiendo a los dueños del capital. Pero si creen que en realidad no se enteraron de las desigualdades, la concentración y el caos económico, y los problemas sanitarios, los que están equivocados son ustedes.

Comencemos a ver cómo opera cada integrante, de este nuevo imperialismo humanitario. Empecemos por el satánico señor Flink, que sostiene que la Reserva Federal “tiene una amplia experiencia en la compra de grandes cantidades de todo tipo de emisión de deuda y bonos corporativos en el mercado secundario”. Por eso fue contratado. Que después haga negocios con sus inversiones a expensas del dinero de los contribuyentes americanos, es otra cosa.

BlackRock tiene experiencia en estos menesteres, los de generar autoganancias con dinero de Reserva. Lo hizo en el 2008, también colaboró en silencio para numerosas instituciones públicas, incluidas el Tesoro del Reino Unido y el Banco Central Europeo. ¿Hay conflicto de intereses? Bueno, al primero de junio BlackRock había invertido el 48% de los fondos de la Reserva Federal en la compra de sus propios activos. ¿Puede hacer esto? Ambas partes insisten en que sí, tanto la Reserva Federal como BlackRock enfatizan que sus unidades de consultoría y administrador de activos están separadas por una estricta muralla china. Se entiende, ambas son manejadas por el satánico señor Flink, pero él no se comunica consigo mismo.

El avance del cuco rojo ha puesto a Occidente en estado de alerta. China se puede convertir en 2022 en la mayor economía del mundo. Está actuando como abusador neoclásico, pero con más altura, lo que complica el relato a Estados Unidos. La idea es la siguiente: el imperialismo humanitario tiene como propósito central robarte, pero siempre con la idea de la cooperación. Estilo el Partido Demócrata americano, no te invade sin antes consultar a las Naciones Unidas, lo que no evita la invasión.

El caso más notorio es el africano, donde China es vista como el mayor acreedor individual. La Universidad Johns Hopkins identificó unos $152 mil millones en financiamiento de préstamos chinos que avanzaron a 49 países africanos entre 2000 y 2018. En 2018 se complicó la capacidad para pagar los préstamos de una deuda estimada de $64 mil millones, y ahora podrían verse seriamente socavados por la caída de los precios de los productos básicos y la recesión

En los últimos años, China canceló o renegoció proyectos por problemas de deuda, pero con las dificultades financieras relacionados con la pandemia el gigante asiático firmó un compromiso del G-20 en abril para suspender el servicio de la deuda hasta fin de año, igual que FMI, pero el año que viene todos a pagar, intereses más capital. Mientras tanto, ha liberando potencialmente a 76 de los países más pobres, 40 de ellos en África subsahariana, para gastar fondos escasos en el manejo de la economía.

Los críticos occidentales estarán atentos a que Beijing posiblemente explote la debilidad financiera de sus socios africanos para buscar mayores intereses, lo mismo que ha hecho históricamente Occidente. Ellos ponen como ejemplo a Sri Lanka, que otorgó a los chinos una participación del 70% un arrendamiento operativo de 99 años para el puerto de Hambantota. La generosidad de China al reprogramar el servicio de la deuda puede ser limitada. Sin embargo, Beijing está consciente que sus detractores aprovecharán cualquier evidencia de que explota su influencia en las negociaciones. Para que La ruta de la seda funcione, China necesita que el mundo en desarrollo lo vea como un socio económico.

Alemania asumió el 1º de julio la presidencia rotatoria de la UE, con desafíos importantes como la neutralidad climática, la fase final del Brexit, la migración y las relaciones con China y Estados Unidos, y de no portarse a la altura de la pandemia, el final de la Unión Europea con la concebida desvalorización de las cadenas de valor y de lo que Francia considera el eje central: Alemania-Francia. Una de los puntos importantes que se modificó es el paradigma de la política presupuestaria actual, que se basa en el hecho de que los Estados miembros financian el presupuesto de la UE en gran medida mediante contribuciones nacionales basadas en el PIB nacional. Esta forma de financiación reforzaba el conflicto entre contribuyentes y beneficiarios netos según la lógica del juste retour.

Lo que Francia solicitaba era 500 MM de euros tomados por la emisión de bonos de la Unión Europea y 250 MM de euros en préstamos normales. La idea es que la carga caiga sobre quienes más tienen, al menos en las subvenciones, que darán un respiro a los países más golpeados y permitirán que tanto Alemania como Francia sigan manteniendo sus ganancias exportadoras dentro de la Unión.

No salió todo como se quería, porque el neoliberalismo 4.0 sigue teniendo gran poder. El acuerdo no cayó bien en los Países Bajos, Dinamarca o Austria, Estados miembros que, de manera autónoma, impulsan posturas más duras y ortodoxas que las ya de por si ortodoxas de Berlín y París. Pero tuvieron que ceder ante la probabilidad cierta del comienzo de la desintegración europea. De los 750.000 millones de euros, 390.000 millones se distribuirán en subvenciones a fondo perdido y 360.000 millones como préstamos.

La Comisión Europea se convierte en emisora de bonos por el acuerdo y porque la UE está calificada por las agencias de calificación positivamente: Aaa por Moody’s, AAA por Fitch y AA por Standard & Poor’s. Tendrá financiamiento a través de una tasa de plásticos no reciclables y un mecanismo fiscal sobre la emisión de carbono. Como se ve, el pago de la energía a Rusia en euros en vez de dólares, impuestos sobre las GAFA o el impuesto Google y la creación de agencias de calificación europeas no están en el menú. Un respiro para el sur europeo, y una lógica delicadamente mejorada para que todo siga igual, mostrando la apariencia de una transformación.

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De los organismos internacionales de crédito el FMI es, por mucho, el más patético o leal animador de la concentración. A diferencia de las etapas anteriores, su rol actual es ambivalente, confuso y temeroso, no por desconocer quiénes son sus propietarios o a quién rendirle reverencia, sino porque sin fondos y en pandemia, sus tétricas guías de política económicas ortodoxa perdieron asidero. A falta de males, la economía desaparece y emerge la política, su mayor deudor, Argentina, recibió fondos del Organismo por presión del gobierno americano al organismo, según rebeló un asesor de Trump.

En su informe Finanzas y desarrollo de junio del 2020, el FMI deja al descubierto su mirada del mundo. Reconoce la falta de financiamiento los problemas del mundo en cuanto a la gestión de la deuda. El título del informe es “Atrapado por una creciente ola de deuda”. La gestión de la deuda es fundamental para garantizar que la de hoy pueda pagarse mañana y que los costos de los préstamos se mantengan bajo control, la sostenibilidad de la deuda (deben reconocer la frase). Si los bancos centrales contribuyen al financiamiento fiscal, que garanticen un retorno a la política monetaria previa a la pandemia puede fomentar la confianza de los inversores.

El FMI sólo pregona volver a las políticas económicas anteriores, sino que además solo reconoce la Línea de crédito flexible (LCF), que fue creada para atender la demanda de préstamos de prevención y mitigación de crisis proveniente de países con marcos de política e historiales económicos muy sólidos. Hasta la fecha solo cinco países han utilizado y pasado el tamiz de estos créditos: Chile, Colombia, México, Perú y Polonia por unos U$S 100 millones, pero, como se ve, los préstamos no son para cualquiera, sino con quien puedan mantener condiciones idénticas a las anteriores a la pandemia.

El problema de obtener acceso a los préstamos de liquidez de emergencia es que no existe para los países en desarrollo, de los cuales salió la mayor cantidad de capital al desatarse el virus. Los mecanismos del financiamiento entre países ricos y pobres son un reflejo del mundo en que vivimos, y el FMI los respalda. No solo las políticas sanitarias y de ayuda son diferentes dependiendo los países. Los países ricos tienen acceso al crédito, los pobres no.

El Stanford Institute for Economic Policy Research, alejado del partido comunista, cree que es hora de pensar en grande. El FMI debería crear una Facilidad de liquidez sistémica (SLF) que permitiría a un número más amplio de países tomar prestado y aumentar la cantidad que dicho organismo pone a disposición. Estas son grandes ideas, el inconveniente es que el FMI es el garante de esta desigualdad, de la desprotección y negocios para los países centrales y de afianzar “la diplomática trampa de la deuda”. En su grupo de técnicos no hay espacio para el financiamiento, no hay contenido para perdonar la deuda, (Argentina será un ejemplo), y será tan evidente, que, quizás hasta se atrevan a hablar de indicadores técnicos económicos. ¡Como con Macri!

El mundo sigue a paso firme superando los niveles de desprecio por la raza humana, no solo no actuó como especie con la pandemia, tampoco intenta hacer de este mundo un lugar mejor. Profundiza las políticas de disparidad, no sólo despide personas a carretadas en todas partes, sino que en América Latina ya ganó la calle la discusión de la flexibilización laboral. Algo completamente inmoral. Son nuestros líderes que lo permiten. Si respetan y adulan tanto al satánico señor Flink, porque la economía no es solo negocios, ¿por qué no conversar sobre el empleo?

* Lic. en Economía y Magíster en Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de La Plata). Analista de economía. 

Foto: Claro y Directo

Fuente: La Razón

https://www.lilianalopezforesi.com.ar/es/noticia/neoliberalismo-4-0-el-imperialismo-humanitario

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Sonó el pitazo inicial del partido final. Los últimos días de agosto arrancó la recta final de la campaña a favor de la “Iniciativa por Multinacionales Responsables”. Justo tres meses antes que la ciudadanía suiza concurra a las urnas el domingo 29 de noviembre para pronunciarse sobre un tema delicado que, dependiendo del resultado, puede tener repercusiones regionales.

De ser aceptada, la nueva norma constitucional se aplicará a cerca de 1.500 grandes empresas. Las 580.000 pequeñas y medianas helvéticas (PME) que cuentan con menos de 250 trabajadora/es, quedarán exentas.

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Se dirimirá así un tema que hasta hace menos de diez años era un tabú en la vida nacional. Y que hoy va más allá de los Alpes y está presente en buena parte de Europa, animando un significativo debate de sociedad.

Allá lejos, todo vale

En Cerro de Pasco, Perú, el agua y el aire están envenenados por metales pesados. La responsable: una gigantesca mina de la empresa Volcán – controlada por la multinacional suiza Glencore-. 70 mil personas habitan en la región, y las consecuencias, aunque generales, golpean fundamentalmente a niñas y niños. Numerosos casos de anemias, parálisis y diferentes tipos de discapacidades constituyen moneda corriente entre la población infantil.

A miles de kilómetros, en Yavatmal, en el centro de India, en apenas algunas semanas, 800 trabajadores agrícolas se intoxicaron a causa de pesticidas empleados en plantaciones de algodón.  El “Polo”, uno de los químicos utilizados, cuya sustancia activa es el diafentiuron, proviene de Suiza. La trasnacional de bandera helvética Syngenta exportó hacia aquel país 75 toneladas en 2017.

A pesar que su venta está prohibida en Suiza y en la Unión Europea, dicho pesticida sigue siendo comercializado en numerosas naciones latinoamericanas (Colombia, Ecuador, Perú, México, Costa Rica etc.). La misma Syngenta reconoce que es “tóxico por inhalación”  (https://www.syngenta.com.co/product/crop-protection/insecticida/polo-250-ec).

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Un reciente reportaje de la cadena nacional de TV exhibió el drama de “La Rinconada” en el Puno peruano, donde miles de mineros artesanales, en condiciones sanitarias y sociales infrahumanas, buscan oro que será vendido por centavos a la Refinería Metalor, con sede central en el Cantón helvético de Neuchâtel. ONG suizas sostienen que entre el 60 y el 70% del comercio internacional de oro pasa por las manos de cuatro refinerías helvéticas, entre las cuales se encuentra Metalor.

La relación entre la problemática el holding argentino Vicentín y la multinacional Glencore, socios en la empresa RENOVA, no hace más que abrir interrogantes sobre los derechos sindicales y ambientales vigentes. En una coyuntura de gran tensión sobre el futuro de esta cerealera exportadora.

La explotación infantil en cultivos de café de Guatemala destinado a la empresa Nespresso (de la transnacional suiza Nestlé), documentada en un reportaje de la Channel 4 inglesa, comprueba violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Se multiplican así en la prensa nacional e internacional, ejemplos sobre violaciones de derechos humanos y ambientales. Desmentidos formales, comunicados insulsos o declaraciones retóricas, constituyen la línea predominante de muchas de las multinacionales helvéticas criticadas.

Obligación universal

La Iniciativa Popular Federal *Empresas Responsables para proteger el ser humano y el medio ambiente* (tal su nombre oficial) exige que las grandes sociedades helvéticas y sus filiales en el exterior -principalmente asentadas en América Latina, África o Asia- respeten los derechos humanos y ambientales según las normas que deben acatar en Suiza mismo. Es decir, busca imponerles un marco jurídico de acción planetaria acorde a los cánones actuales definidos, entre otras, por las Naciones Unidas (https://initiative-multinationales.ch/).

De ser aceptada modificará el artículo 101a de la Constitución Nacional, estableciendo que “la Confederación toma medidas para que la economía respete más los derechos humanos y ambientales…La ley regula las obligaciones de las empresas que tienen su sede estatutaria, su administración central o su establecimiento principal en Suiza”. Y enumera a continuación, como marco, los derechos humanos y normas ambientales internacionales; la obligación de hacer prueba de una *diligencia razonable* y de asumir los perjuicios que ellas o sus filiales produzcan.

La violación de derechos humanos y de normas internacionales a nivel ambiental debería implicarles sanciones a las transnacionales violadoras. Es decir, insisten los promotores de la iniciativa, “cuando las multinacionales contaminan el agua potable o destruyen regiones enteras, deben responder a esos daños y asumir los perjuicios cometidos”.

En la práctica, si la Iniciativa Popular fuera aprobada por la ciudadanía en la votación del último domingo de noviembre, las víctimas de esas violaciones en cualquier lugar del mundo estarían autorizadas jurídicamente a exigir una reparación, en Suiza mismo.

Los perjudicados -recurriendo al apoyo de ONG y abogados solidarios- deberán probar ante los tribunales helvéticos los daños sufridos. Las multinacionales tendrán el derecho de demostrar si han seguido todas las instrucciones y efectuado todos los controles necesarios. Un tribunal nacional deberá, finalmente, juzgar.

Respeto a la legislación internacional

La Iniciativa, que con el apoyo de 120 mil firmas fue inscrita oficialmente el 10 de octubre del 2016, – y que sufriera interminables idas y vueltas entre el ejecutivo nacional y las dos cámaras parlamentarias-, retoma, como concepto esencial, el de la “diligencia debida”, asumido por el Consejo de Derechos Humanos en junio del 2011 al adoptar los Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos. (https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf)

La diligencia debida señala el deber de los Estados; la responsabilidad de las empresas y el acceso de las víctimas a la justicia para obtener una compensación por el daño sufrido. Tiene tres componentes: la identificación de riesgos; una actividad en consecuencia a dichos peligros; y la información pública y transparente sobre esos análisis de riesgo y las medidas adoptadas para evitarlos.

En el caso específico de las multinacionales y sus filiales, deberán, ya antes de comenzar a operar en un país determinado, hacer un estudio a fondo de las potenciales violaciones de derechos humanos o ambientales que su actividad puede implicar. Y continuar con ese método durante todo el tiempo de su actividad.

En ese ejercicio deberán respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pacto II de la ONU); el también onusiano Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Posibilidad de éxito

Una encuesta de la segunda semana de mayo indicaba que el 78 % de la ciudadanía votaría a favor de la iniciativa. ¿Cómo explicar un nivel de simpatía tan alto para una temática sensible en el país con mayor concentración de multinacionales por habitante? Y a pesar de la contra propaganda intensa y repleta de recursos promovida, esencialmente, por la central patronal Economie Suisse.

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Las claves de interpretación son diversas. La primera, el intenso trabajo de sensibilización e información que desde años importantes actores de la sociedad civil han impulsado sobre el tema. Proceso que arranca a fines del 2011 con el lanzamiento de la petición popular “Derecho sin Fronteras” que fue un primer gran éxito de etapa al lograr más de 135 mil firmas en solo 7 meses y que planteaba la necesidad de reglamentar la presencia multinacional helvética en cualquier parte del planeta.

Adicionalmente, son 114 las organizaciones de la cooperación, de los derechos humanos, feministas, ambientales, eclesiales, sindicatos, cooperativas y uniones de accionistas, que sostienen, ahora, la iniciativa popular. Desde Amnistía Internacional Suiza a Alianza Sur – que reúne a las seis ONG de cooperación al desarrollo más conocidas-, hasta UNITERRE (rama local de Vía Campesina) y el WWF, pasando por varios sindicatos:  UNIA (el más numeroso), SYNDICOM (de la comunicación), Trabajo Suizo (socialcristiano), SYNA, y la misma Unión Sindical Suiza, principal confederación nacional de trabajadores.

Cerca de medio millar de comités locales funcionan en todo el país. Entre los cuales, más de 20 en la Ciudad de Zúrich, una decena en la capital Berna, siete en la ciudad de Ginebra y cinco en la de Lausana. Los mismos, con un constante trabajo de sensibilización, presencia con estands, podios, discusiones públicas y trabajo virtual vienen asegurando una activa presencia, aun durante el tiempo de pandemia. Y se lanzan a partir de fines de agosto al sprint final de trabajo político.

La diversidad de sus componentes es otra especificidad de esta iniciativa en marcha. Más allá de los partidos socialista, verde, y de la izquierda extraparlamentaria, que sostienen desde el inicio la propuesta, se ha creado un Comité Burgués de apoyo – que reúne unas 160 personalidades políticas de centro y derecha-: un grupo de representantes religiosos a favor de la justicia y la ética empresariales, así como un extendido grupo de la “Economía a favor de las empresas responsables”.

Personalidades de primer nivel también apoyan la propuesta. Entre otras, las antiguas consejeras federales -poder ejecutivo nacional colectivo- Ruth Dreifuss y Micheline Calmy-Rey, el ex presidente de la Cruz Roja Internacional Cornelio Sommaruga y los premios Nobel de Química 2017 Jacques Dubochet y de Física 2019, Michel Mayor. Los copresidentes del Comité de Iniciativa son Dick Marty, ex senador nacional progresista del Partido Radical Liberal (derecha empresarial), y la profesora de Derecho, Monika Roth.

Realidad europea

Si la Iniciativa lograra triunfar el 29 de noviembre próximo, implicará la introducción de una modificación en la Constitución. Esto requiere la doble mayoría, es decir la del pueblo y la de los cantones, lo que complejiza este tipo de consulta popular. Un triunfo en Suiza (con 21 multinacionales en el top 1000, es decir entre las más importantes a nivel mundial) reforzaría un debate más global que existe ya en varios países europeos.

En 2017, en Francia, que cuenta con 40 de las multinacionales del top 1000 fue aceptada una “Ley de vigilancia” (Loi Vigilance) que incorpora la responsabilidad civil de las multinacionales que violan los derechos humanos. De las más abiertas en el sector, esta ley fue el resultado de una intensa movilización de sindicatos y actores sociales luego del desastre de Plaza Rana, de abril del 2013 en Dakha, capital de Bangladés.

Entonces, debido a una irresponsabilidad empresarial, el derrumbe del edificio de nueve pisos que albergaba una mega industria textil costó la vida a 1.138 personas y produjo, al menos, 2000 heridos.

En el Reino Unido (39 sociedades en el top mil), la responsabilidad de esas grandes empresas a nivel de derechos esenciales fue reconocida en el 2012. Incluso la Corte Suprema aprobó en 2019 un recurso jurídico contra el grupo minero Vedanta por su actuación en Sambia. Pero al igual que Alemania (35 en el top mil), una ley reguladora anima la discusión parlamentaria.

Por su parte en Holanda (17 en el top mil) fue aprobada una ley sancionadora del trabajo de los niños y se estudia una extensión de la misma a la violación de todos los derechos humanos. Los Países Bajos reconocen diversas formas de responsabilidad civil de las multinacionales. En 2019, un tribunal aprobó el juicio contra la Shell por su actuación antiecológica en Nigeria.

Una Comisión de la Unión Europea (que concentra a 235 de las multinacionales top 1000) estudia la temática. Y mientras el Parlamento Europeo se pronuncia a favor de mejorar el acceso de las víctimas a la reparación, define que la responsabilidad civil es una competencia de cada uno de los Estados miembros.

¿Se puede exigir responsabilidad a multinacionales cuya esencia y objetivo es solo la ganancia? Más allá de los cambios verdaderos que una propuesta de esta naturaleza pueda lograr, el debate y la sensibilización que ella genera son ya impactos positivos. Exigir buena conducta a las transnacionales – ¿sofisma?, ¿perspectiva reformista de una sociedad altamente consumista? – apunta, en definitiva, a desenmascarar uno de los funcionamientos del actual sistema hegemónico mundial. + (PE)

( https://ecupres.com/2020/08/26/multinacionales-irresponsables/ )

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En momentos en que se desarrollan instancias decisivas en relación a la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro a manos de la policía bonaerense, la misma fuerza que, comandada por el ministro de Seguridad Sergio Berni, viene protagonizando la mayoría de los hechos represivos ocurridos en el país -detenciones arbitrarias, aplicación de tormentos, fusilamientos de gatillo fácil y muertes en lugares de detención- la principal noticia del día anuncia un plan de más policía en las calles.

El presidente Alberto Fernández se reunió en Olivos con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof e intendentes de distritos como La Matanza, Avellaneda, Lomas de Zamora y Hurlingham, con la presencia del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner y los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Mario Meoni (Transporte). El motivo de la reunión -una verdadera cumbre con las principales autoridades nacionales y provinciales- fue avanzar en la puesta en marcha del “Plan Centinela”, nombre bien explícito para lo que inevitablemente tendrá como resultados más hechos de violencia policial.

Se anticipó que el plan -que sería anunciado mañana- prevé un extraordinario aporte del gobierno nacional al provincial y los municipios de entre 10 y 12 mil millones de pesos, según la fuente, dinero que será destinado al reclutamiento de 10.000 nuevos efectivos policiales, compra de 2.000 patrulleros, refacciones y ampliación de unas 200 a 300 comisarías, construcción de cárceles y adquisición de todo tipo de insumos y pertrechos, desde armas a cámaras de vigilancia. Y todo ello, además, con el aporte de otros 3.000 efectivos de fuerzas federales desplegados en las mismas zonas.

Así, la policía de la provincia de Buenos Aires, que hoy cuenta con 92.000 efectivos, llegaría a unos 102.000, particularmente desplegados en los partidos del conurbano, lo que, según las estimaciones de su población, llegaría a superar los 900 policías cada 100.000 habitantes. Si a eso agregamos los al menos 2.000 efectivos de fuerzas federales ya desplegados en los barrios bonaerenses, más el incremento de 500 por turno dispuesto con el acuerdo de “coordinación” entre la Nación y la provincia de Buenos Aires celebrado a fines de julio, más los 3.000 prometidos en el marco de este Plan Centinela, estamos frente a una tropa combinada de tal envergadura que superará con creces más de 1.000 uniformados armados cada 100.000 habitantes.

Casi cuatro veces los 300 por 100.000 recomendados como “óptimo” por la ONU, y sin duda el mayor índice de presencia de policial y de otras fuerzas de seguridad por cantidad de habitantes en el mundo.

Pero a esa cifra hay que agregar el aumento de poder de fuego, con la compra de armas y otros pertrechos, y la previsión del aumento de personas detenidas, a partir de la ampliación o construcción de comisarías y cárceles. En suma, un verdadero despliegue con movilización de tropas al “territorio enemigo”: los distritos más pobres de los pobres, en el conurbano bonaerense.

Con una transferencia de 12.000 millones de pesos de Nación a las arcas provinciales se podrían encarar soluciones de asistencia material concreta a muchos de los problemas que se discutieron en la propia reunión como “preocupantes” en materia de generadoras de “inseguridad”, como las tomas de tierras por familias sin techo. ¿Cuántas viviendas sociales se podrían construir con ese dinero, en lugar de destinarlo a reprimir a quienes ocupan un terreno fiscal ante la falta de respuesta estatal a su situación de calle, como lo vimos ayer mismo en Florencio Varela, como sucede casi a diario en el norte, el sur o el oeste del GBA?

No se puede pasar por alto que es Sergio Massa quien aparece como el “padre de la criatura”, haciendo marcar el paso en materia represiva a sus socios en la coalición de gobierno.

El hoy presidente de la Cámara de Diputados amasó su referencia política y su caudal electoral de la mano de la creación del COT – Centro de Operaciones Tigre-, antecedente e inspiración directa de las Policías Locales creadas por el gobernador Daniel Scioli, combinado con la conversión de Tigre en el municipio con mayor cantidad de cámaras en la vía pública -curiosamente, nunca disponibles cuando las imágenes que buscábamos eran las de un policía fusilando alguien por la espalda-.

Recientemente, el presidente Alberto Fernández respondió declaraciones de su antecesor, Mauricio Macri, con la frase “No mentir en política es muy importante”. Bien podrían hacer caso de su propio consejo, y no justificar este nuevo despliegue de fuerzas represivas, que traerá como resultado más detenciones arbitrarias, más torturas, más fusilamientos de gatillo fácil y más muertes de personas detenidas, todo ya en franco ascenso desde el inicio de la cuarentena.

Si lo que les preocupa es la inseguridad, usen los recursos estatales para que las personas sin vivienda, sin trabajo, precarizadas o híper explotadas se sientan más seguras. Dispongan de los fondos que tienen para garantizar la salud, el alimento, la educación, la vivienda de manera universal. La represión no puede seguir siendo la respuesta a la crisis que afrontamos.

Por eso, desde CORREPI decimos: Inseguridad es más policía en la calle – No al Plan Centinela.

( http://www.correpi.org/2020/plan-centinela-inseguridad-asegurada/ )

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Cientos de personas se manifestaron esta tarde en Plaza de Mayo en la Sexta Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. Allí se denunció esa práctica por parte de las fuerzas de seguridad, que se cobra decenas de vida cada año. En esta ocasión, la convocatoria estuvo marcada por la desaparición de Facundo Astudillo Castro hace casi cuatro meses.

( https://www.pagina12.com.ar/288105-la-marcha-contra-el-gatillo-facil-en-imagenes )

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Lógicas de control y represión

Las políticas de control y represión son las que priman en las respuestas de los Estados frente a la inseguridad, la violencia y el crimen organizado. Estas políticas no toman en cuenta las causas estructurales del problema.

Estas políticas de corto plazo y mano dura no responden al mandato de protección integral de la niñez ni toman en consideración su interés superior, como tampoco logran aportar respuestas eficaces y duraderas al problema. 

Las políticas basadas en el control y la represión, en ausencia de una respuesta más integral respecto a las causas, han probado ser inefectivas, han generado más violencia, agudizado otros problemas existentes, además de ser en muchas ocasiones vulneradoras de los derechos humanos y tener efectos contraproducentes para el Estado de Derecho y la legitimidad institucional.

Militarización de la seguridad ciudadana en América

Los Estados de América en general se han movido hacia una progresiva militarización de las fuerzas policiales y de sus operativos y han asignado al Ejército tareas de seguridad interna para hacer frente a los desafíos de la inseguridad ciudadana.

La historia de América demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos.

La ineficacia de las políticas de mano dura en América

Usualmente estas estrategias no han contribuido a reducir significativamente el clima de inseguridad. Por el contrario, muchos países han experimentado un recrudecimiento de la violencia, además de reportarse abusos, arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. 

(https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/ViolenciaNinez/

respuestas-inseguridad-crimen.html

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Por otro lado, bastos sectores de la sociedad reclaman presencia policial frente al accionar delictivo y los ataques a la propiedad privada y la vida de las personas en situaciones de robo y violencia urbana.

Ambos aspectos forman parte de una misma realidad producto de un sistema que profundiza de modos crónicos las inequidades e injusticias.

En este meollo, el Estado exhibe su mas cruda debilidad. ¿Como controlar instituciones armadas que vienen desde tiempos de la dictadura, tejiendo redes que colaboran con operaciones delictivas y que desestabilizan la democracia o atentan contra la propia función e imagen de las instituciones, poniendose al servicio de “otros” intereses que no son la seguridad publica y el bien público.

Muchas veces asociados a organismos de inteligencia extranjeros, a las mismas organizaciones delictivas del Narcotráfico, venta de armas, de autoparte, tráfico de órganos o de personas y tejiendo alianzas con actores o sectores políticos o económicos que les utilizan como sicarios de sus intereses.

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La hipocresía de una sociedad que pretende que otros miembros generalmente de clases mas humildes, se empleen como policías, con sueldos y equipamiento escasos, a enfrentar a delincuentes para salvaguardar un “orden” del que no son precisamente beneficiados, y un Estado que no atina a limpiar y mejorar las condiciones en las que prestan ese servicio sino mas bien y por el contrario, a someterlos a otros intereses que no son los de sus funciones específicas, especialmente en provincias pobres, que les tienen con adicionales al servicios de terratenientes o empresarios que les contratan para sostener esos privilegios e inequidades de los que hablamos y que son las causa fundamental de todo delito …

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En la Argentina, en los últimos años se han difundido e instalado en amplios sectores sociales unos discursos que hablan de un importante incremento de acciones delictivas portadoras de una violencia creciente que son cometidas por personas cada vez más jóvenes. Además varones y pobres, son representados como el rostro de la inseguridad, la corporización de aquello que genera temor e incertidumbre. Sus acciones violentas son visibilizadas y multiplicadas en los medios de comunicación, se mantienen vivas en las conversaciones cotidianas, reclaman intervenciones urgentes.

Paralelamente, se han extendido también otras violencias que, sin embargo, no logran consolidarse como foco de atención, más allá de aparecer en forma intermitente en ciertos ámbitos sociales, políticos y de opinión pública. Se trata de usos ilegales de la fuerza física desplegados por miembros de instituciones policiales contra esos mismos jóvenes que son retratados por las voces dominantes como “emisores” de la violencia que preocupa y atemoriza. Mi objetivo en este espacio es contribuir a la visibilización de estas “otras” violencias, describiéndolas, y llamar la atención acerca de algunas de las maneras en las que aquellos discursos, que condenan ciertas violencias, habilitan formas de actuar que vulneran derechos fundamentales, generan daños sociales y construyen dinámicas de estigmatización y exclusión.

Históricamente, en distintos contextos culturales, las instituciones policiales han mantenido relaciones conflictivas con los jóvenes. De múltiples maneras, estos personifican buena parte de lo que desde la mirada policial constituye el “desorden”. Despliegan sus actividades en los espacios públicos –aquellos sobre los que el celo policial coloca su mirada–, desafían a las “buenas costumbres”, construyen identidades a partir de transgresiones y reversiones de normas “convencionales” –y también legales–, priorizan la espontaneidad y la diversión antes que el respeto y la circunspección. Debido a estas permanentes puestas en tensión de ciertas concepciones del “orden social”, que se han venido replicando –tomando formas y matices divergentes– a lo largo y a lo ancho de todas las grandes ciudades del mundo, las policías siempre han tenido como una de sus “poblaciones objetivo” a las juventudes.

No obstante, en nuestro país parecemos estar ante una exasperación de esas relaciones conflictivas. Estudios recientes producidos desde las ciencias sociales en distintos centros urbanos –elaborados fundamentalmente a partir de las voces de los victimizados– han mostrado y analizado la amplia gama de prácticas policiales violentas que se despliegan sobre un muy vasto número de jóvenes, varones, pobres, habitantes de territorios urbanos en los que la retirada de las instancias estatales no coercitivas, en particular de la escuela, ha puesto a la policía en el lugar de agencia principal de control social.

¿En qué consisten esas violencias? Parece importante trazar aquí distinciones. No estamos frente a un desborde indiscriminado de acciones que involucran usos de armas de fuego y “gatillo fácil”. O, al menos, no se trata solamente de eso. Hay otros usos de la fuerza, microfísicos, capilares, que se diseminan en nuestros escenarios urbanos. Algunas veces, a la vista de todos; la mayor parte, a partir de la construcción institucional de efectivos espacios de opacidad.

Una primera serie de usos de la fuerza policial comienza cuando los chicos son muy jóvenes. Con mucha vida pública, desde la primera adolescencia empiezan a adquirir estilos vitales y a asumir una estética que los hace encajar en las categorías policiales –y, claro está, no sólo policiales– acerca de aquello que debe ser vigilado y controlado (la visera, el buzo, las “llantas”).

Mientras se mueven en sus propios barrios serán, más que nada, observados. Pero cuando intenten transitar la ciudad, ir más allá de ciertos límites geográficos o simbólicos –vías, avenidas– y acercarse a vecindarios en los que habitan clases más privilegiadas, pasarán a constituir, según la gráfica expresión de un funcionario policial, “la mosca en la leche”, y serán entonces objeto de intervenciones concretas. Demoras, cacheos, detenciones, traslados, golpes, empujones. Acciones acompañadas siempre por “el verdugueo”: malos tratos verbales, insultos, referencias despectivas. La intensidad del despliegue de violencia física efectiva por parte de los funcionarios depende en estos casos, parcialmente, de la actitud que los jóvenes asuman: no se tolerará un desafío a la autoridad, no se permitirá que alguien se niegue a aceptar quién manda y quién obedece. En definitiva, son marginales, y deben volver a los márgenes –“cada cosa a ‘su’ lugar”–. Para ello, en numerosas ocasiones los policías que participan de esas operaciones de “reterritorialización” ni siquiera invocan norma jurídica alguna. Estas interacciones no tienen que ver con el derecho –que en todo caso se utiliza como una herramienta más si es necesario–. Se trata de mantener el orden.

Así, la policía participa activa y materialmente de un potente proceso de estigmatización que afecta a miles y miles de adolescentes y jóvenes. Para muchos de ellos, sin embargo, su relación con la institución no terminará aquí. Se trata de aquellos que se aproximan (ellos mismos o algunos de sus familiares o amigos) a lo que la policía define como “el mundo del delito”: comienzan a cometer robos y hurtos en las calles, consumen drogas ilegales, protagonizan conflictos y peleas y utilizan armas de fuego. Muchas veces, su participación en este tipo de prácticas –que siempre es intermitente– se expresa de una manera altamente visible –y a menudo más o menos permanente– en la adopción o la acentuación de rasgos de estilo (tatuajes, piercing, cortes de pelo, vestimenta) que representan para los agentes policiales la autoconfirmación por parte de sus portadores de una identidad desviada. En muchos casos, estas marcas pretenden simbolizar el pasaje por una institución de privación de la libertad o la oposición a la policía, y entonces estas expresiones de resistencia se convierten, al mismo tiempo, en señales que predicen nuevas detenciones y malos tratos.

Estas transgresiones –intermitentes– a las leyes penales y esas elecciones estéticas –más o menos permanentes– desarrolladas por los jóvenes generan las condiciones para que se produzcan cambios en sus interacciones con funcionarios policiales. Es que ambos elementos se conjugan para que, en las definiciones de los policías, esos jóvenes aparezcan como alguien más vulnerable, con una menor capacidad (o voluntad) de hacer públicas las condiciones de esos intercambios, de luchar por imponer versiones alternativas a las policiales sobre los hechos que coprotagonizan. Si esto sucede, es probable que esas definiciones habiliten otras violencias, diversas, más intensas.

Por un lado, usos de la fuerza dirigidos a obtener información, datos que sirvan para conocer detalles sobre supuestos delitos cometidos en su jurisdicción. Los funcionarios buscan que los jóvenes señalen a los responsables o bien que “se hagan cargo”. Se reactivan en distintos escenarios las viejas prácticas policiales violentas destinadas a “hacer hablar”. Estas coacciones respaldan las posiciones policiales en estas “transacciones”.

Por otro lado, violencias y abusos motivados por la voluntad de reforzar las posiciones que cada uno ocupa en la relación que comparten: el lugar del poder en los funcionarios policiales y el de debilidad en los jóvenes. Se trata aquí de que los chicos comprueben su falta de recursos para obtener protecciones de instancias públicas, y reproducir así la profunda desigualdad en los términos del vínculo que sostienen. En estos casos, los policías se quedan por la fuerza, y siempre de manera contraria al derecho, con las posesiones de los jóvenes, ya sean estas “legales” –zapatillas, ropa deportiva, teléfonos celulares, dinero– o “ilegales” –drogas, armas–. Los despojan así de elementos altamente valorados por los chicos, que constituyen símbolos de estatus en el contexto de la cultura juvenil y a los que los jóvenes casi siempre se refieren con fascinación y orgullo; consiguen así generar en ellos el sentimiento que buscan: la humillación.

Finalmente, hay otros usos de la violencia que son más extremos: aquellos que tienen lugar inmediatamente después de que los jóvenes aparezcan vinculados a la comisión de un delito, cuando son detenidos y trasladados a sedes policiales. En estos hechos, la intensidad del ejercicio de la fuerza puede variar de acuerdo con el tipo de comportamiento ilegal que se imputa a los chicos. Si son definidos como inaceptables desde el punto de vista de la moral de los policías –por ejemplo, por tener como blanco a ancianos o a niños o bien a funcionarios policiales– el castigo será mayor. En estos casos las violencias llegan a asumir formas dramáticas: variaciones diversas de apremios y torturas que nunca dejaron de estar extendidas en nuestras policías, desde golpes en las plantas de los pies hasta el tristemente conocido “submarino seco”.

Buena parte de estas prácticas son aceptadas por los jóvenes con la resignación que suele acompañar a lo percibido como inmodificable. La policía puede vedar el acceso de ciertas personas a algunos sectores de la ciudad, quedarse con sus pertenencias, encerrarlos, trasladarlos, violentarlos. De hecho, lo viene haciendo de manera sistemática desde hace mucho tiempo, sin que nadie pueda (o quiera) tomar medidas efectivas al respecto. El Poder Judicial y los responsables políticos de la institución policial basculan entre la tolerancia de esas prácticas –en la mayor parte de los casos– y la impotencia para hacerles frente. Estas situaciones han contribuido a la instalación de un patrón de conducta entre los jóvenes y sus padres que los lleva a no radicar denuncias por estos episodios. Estas decisiones se basan en un cálculo bastante realista de las posibilidades que tiene un trámite de este tipo de alcanzar un resultado aunque sea medianamente satisfactorio. Los pocos chicos que han tenido el coraje de denunciar estas acciones e intentar hacer valer sus derechos han fracasado en sus tentativas y, además, han tenido que soportar represalias y amenazas. Sin embargo, junto a la aceptación y naturalización de estas prácticas han ido brotando entre estos grupos también sentimientos y emociones, acumulados y sedimentados, que trascienden a los individuos y que están incorporados a sus universos simbólicos y vitales. Humillación, rabia, resentimiento, marcan estas trayectorias de vida y se mezclan con el extendido malestar generado por la pobreza y la exclusión social.

En definitiva, “violencias invisibles” contra los supuestos autores de las “violencias visibles”, y contra todos aquellos que se les parezcan. ¿Es este un problema de la policía, que se agota en el marco del vínculo entre estos dos colectivos que, como hemos dicho, siempre fue conflictivo? En estos días se ha hecho bastante obvio que no. No vamos a terminar de comprender la violencia policial contra estos jóvenes reafirmando que las culturas policiales son violentas, autoritarias, militarizadas –aunque indudablemente lo sean, en mayor o menor medida–. De hecho, es posible detectar entre los funcionarios policiales opiniones y sentimientos con respecto a estos temas que no circulan rebotando nada más dentro de unos imaginarios límites institucionales de las policías. Los atraviesan hacia el territorio más o menos indefinido de lo social, de la “opinión pública”. Y a su vez, también se puede ver cómo muchas de las voces que se pronuncian desde “fuera” de la institución se replican “dentro”, en los pareceres de los agentes policiales.

Estas opiniones, definiciones y sentimientos –tanto dentro como fuera de la institución– son precisamente aquellos que remiten a un impresionante incremento en la cantidad de delitos que se ha producido en los últimos años. Esta mayor difusión ha sido acompañada, de acuerdo con estos relatos, por un aumento en la violencia de quienes llevan adelante esas acciones delictivas, y por una disminución de sus edades. Además, se adjudica a un fenómeno que se define como “la droga” la presencia de una mayor irracionalidad e imprevisibilidad en los sujetos que transgreden la ley. Por detrás de estas opiniones ha coagulado una imagen del transgresor: joven, pobre, varón, que no tiene “códigos” y que, por lo tanto, se ha vuelto más “peligroso”. Y se han estabilizado una serie de emociones y sentimientos colectivos entre los que se mezclan el miedo, el temor, la indignación y –aquí también– el resentimiento.

Por otro lado, una gran cantidad de policías y numerosas voces desde fuera de la institución coinciden también en afirmar que las transformaciones en las cantidades y las modalidades de los delitos se deben, por lo menos en gran parte, al déficit en las intervenciones estatales, fundamentalmente punitivas, frente a este problema. Se critica a una supuesta benevolencia de las leyes, a una indolencia política, a un pretendido garantismo judicial. Está instalado que el Estado “castiga poco”, que una mayor presencia del sistema penal podría incidir sobre aquellas transgresiones. Si las leyes fueran más duras, los responsables políticos más firmes, los jueces más severos, los índices de delitos violentos bajarían. “Algo hay que hacer”, se repite una y otra vez. Esos reclamos de restablecimiento de un supuesto orden añorado se presentan en muchas ocasiones de formas apasionadas, buscando comunicar públicamente aquellos sentimientos.

No podemos acceder a los complejos procesos a partir de los cuales se conforman esas opiniones y emociones que, como un espejo, se replican entre ciudadanos que son funcionarios policiales y ciudadanos que no lo son. Es muy difícil conocer sus genealogías, los mecanismos a partir de los que se instalan, se difunden y se consolidan; saber qué participación tiene la institución policial en la configuración de esos discursos y sensibilidades colectivos; acceder a la forma en la que están engarzados en transformaciones estructurales que han conmovido a nuestras sociedades. Pero son potentes valoraciones y descripciones sobre el orden social y su crisis, y se apuntalan mutuamente.

Ahora bien, no es significativo si estas definiciones son adecuadas o no, o si son lecturas de la realidad más o menos apropiadas. Lo importante es que esas opiniones y sentimientos cada vez más extendidos acaban, en muchos casos, habilitando y legitimando las acciones policiales violentas contra los jóvenes. La difusión de estas posiciones –que por momentos vuelve muy difícil encontrar voces alternativas a ellas– favorece la expansión de esas prácticas de diversas maneras. Una de ellas, muy importante, es que son las que permiten a los policías construir justificaciones para esas prácticas que resultan “aceptables” no solamente para ellos sino para otros grupos y colectivos.

Sustentan aquellas definiciones policiales a las que hicimos referencia acerca de la imposibilidad que tendrán estos jóvenes de imponer un relato, una versión, una verdad. Les sirven a los policías para responder a una hipotética pregunta que se les hiciera acerca de por qué actuaron de esa manera. “Porque no queda otra”, es necesario actuar frente a esto que mucha gente define como un verdadero “flagelo”. “Porque no le hago mal a nadie”, el mal lo hacen “ellos”. “Porque no se puede hacer otra cosa frente a delincuentes de este tipo, violentos e irracionales, que no entienden por otros medios”. En la medida en que los funcionarios puedan prefigurarse que estas justificaciones serán aceptadas en distintos grupos o en círculos sociales cada vez más amplios es más probable que desarrollen sus acciones violentas.

En definitiva, la difusión de la inseguridad y del miedo, el temor generado por la extensión de la violencia delictiva y sus pretendidas amenazas al orden social, la condena aterrada de esa violencia visibilizada y multiplicada, contribuyen a generar algunas de las condiciones sociales necesarias para la expansión de otras violencias, menos visibles, que afectan a vastos sectores de la población reforzando su situación de vulnerabilidad.

https://www.vocesenelfenix.com/content/polic%C3%ADa-y-j%C3%B3venes-orden-social-inseguridad-y-violencia-institucional

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• En la noche de ayer, el Senado Argentino dió media sanción a la ley de reforma del poder Judicial.

• Con Críticas y pedido de renuncia sobre el actual ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, se sigue adelante con la investigación de parte de Fuerzas federales, por la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Su madre se reunión ayer con el gobernador de la provincia Bonaerense Axel Kicillof

• En el día de hoy se anunciará un plan integral que intentará aumentar y mejorar la presencia policial en los distritos del país dónde se han registrado un mayor aumento de los delitos

Muchas veces hacer no es hacer bien … El Estado se enfrenta a un laberinto que no creó ni este gobierno ni los anteriores, pero tiene herramientas para hacer mas y mejor … Aunque ya es un paso adelante que el presidente reciba a las víctimas y no a los Jefes Policiales y ministros del área aplaudiendo su buena gestión.

Daniel Roberto Távora Mac CormacK 

 Imágenes:

(1) 
PENCZ, Georg (¿Núremberg? h. 1500-Leipzig 1550) El triunfo de la Muerte. De la serie Los triunfos de Petrarca (5 estampas), h. 1539 Buril, 208 x 147 mm. 

(2) 
Tres estudios de figura en la base de una crucifixión, de Francis Bacon.

(3) 

Eduardo Sívori,
La muerte del marino, óleo s/tela, 1888, 190x242cm.

(4)  

Jacques-Louis David. La muerte de Marat (fragmento), 1793. Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica

(5)
La muerte de Pablo Escobar
Óleo (58 x 38 cm.)Herning Museum of Contemporary Art, Herning (Dinamarca)

(6)

Muerte y funerales de Caín, por David Alfaro Siqueiros, 1947, piroxilina sobre madera comprimida, 76,5 x 93 cm, Museo de Arte Carrillo Gil.