Lunes 10 de Agosto de 2020
Mientras los medios masivos de comunicación replican hasta el hartazgo los robos y las acciones delictivas que ameritan el accionar de justicieros o de jubilados que matan en la calle a escopetazos a los delincuentes y agresores, hay otros hechos que aparecen menos importantes para esos medios y prácticamente no ocupan lugar en sus informes e “investigaciones” … salvo alguno que adquiere el valor político de adjudicar responsabilidad (Que la hay, pero no es excluyente de otras que se ningunean) , a las acciones del gobierno actual o sus políticas o las supuestas confrontaciones respecto a como encarar la cuestión de la seguridad interna … mientras tanto tantas víctimas son lloradas y esperan respuestas.
Son tres los testigos que afirman haber visto a Facundo Castro subido a una camioneta Toyota Hilux blanca y negra, doble cabina, perteneciente a la Policía Bonaerense, el 30 de abril a las tres y media de la tarde. Había salido de su casa en Pedro Luro, sin permiso de circulación, para dirigirse “a dedo” a visitar a su ex novia en Bahía Blanca. Por tal motivo, efectivos de la Bonaerense le labraron un acta por incumplimiento del protocolo de aislamiento, mientras transitaba por la Ruta Nº 3. Es lo último que se sabe de Facundo.
Pasados más de dos meses y medio, el joven permanece desaparecido. Leandro Aparicio y Luciano Peretto, abogados que llevan la causa de la familia del joven luego de que su madre, Cristina Castro, realizara una denuncia el pasado 5 de junio, han asegurado que ya tienen identificados a los agentes que, según testigos, subieron al móvil a Facundo.
Ahora resta poder abrir el libro de guardia que les permitiría cerrar la cadena de responsabilidades y solicitar prisiones preventivas.
El caso pasó de la Justicia bonaerense a la Federal, luego de que la primera se declarara incompetente, y la causa ha quedado a cargo del fiscal Santiago Ulpiano Martínez. Mientras tanto, esta semana, la Prefectura Naval ha realizado dos rastrillajes, por tierra y agua, en búsqueda del joven, sin éxito alguno.
Como sucedió con Santiago Maldonado, quien permaneció desaparecido durante 78 días y cuyo cadáver apareció flotando en un río en 2017, también aquí comienzan a proliferar versiones, e incluso declaraciones que siembran dudas y generan confusión. El pasado martes 14 de julio, de hecho, la Policía Federal obtuvo un nuevo testimonio: la persona afirmó haber trasladado a Facundo en su camioneta y dejarlo en la entrada de la ciudad de Bahía Blanca. También circularon llamados telefónicos con versiones de lo más disparatadas, que los abogados de la familia denuncian como pistas falsas que distraen los esfuerzos en la investigación.
Lo policial, lo jurídico, lo político
Si bien la causa por “desaparición forzada de persona” sigue su curso en el ámbito judicial y la Policía Bonaerense ha sido apartada del caso, es en la distancia entre el derecho y los hechos donde se juega gran parte de las definiciones políticas en torno a la ausencia de Facundo, pero también, respecto de las líneas de gestión en torno a la seguridad.
A nivel nacional, tanto la
ministra de Seguridad, Sabina Frederic, como el secretario de
Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, han expresado públicamente su
preocupación y manifestado que el Gobierno no va a “avalar ni
encubrir a ningún policía”. También aseguraron que se están
poniendo a disposición de la Justicia todas las herramientas del
Estado para que Facundo “aparezca cuanto antes”. Incluso el
propio presidente Alberto Fernández, en diálogo con los bloques
opositores de Diputados Nacionales, expresó que “a él también le
preocupa la violencia institucional”. ¿Es suficiente? Al parecer
no, y no sólo para la izquierda y los organismos de derechos humanos
que no simpatizan con la actual coalición gobernante: el malestar
viene en aumento en las propias filas del Frente de Todos, no sólo
por este caso, sino por el nivel de protagonismo de las policías
durante el Aislamiento Social y Obligatorio por el CODIV 19, ya que
el accionar de las fuerzas de seguridad ha mostrado durante los meses
de cuarentena estar muy lejos de cualquier ideal de seguridad
democrática.
La disconformidad en el oficialismo crece, incluso, debido a la posición que prima en las altas esferas de la gestión de la Provincia de Buenos Aires. Si bien el gobernador Axel Kicillof se comunicó en más de una oportunidad con la madre del joven desaparecido, y expresó que desde el gobierno no iban a encubrir a nadie, también sostuvo que no pensaban “prejuzgar a nadie”. Por sobre todas las cosas, la figura del ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, exaspera a propios y ajenos. Desde sus declaraciones -asumiendo posiciones de derecha-, hasta ciertos aspectos que podrían ser caracterizados de “show mediático”, hasta los más recientes dichos sobre este caso. Esta semana, por ejemplo, declaró que la decisión oficial fue apartar a la Policía Bonaerense de la investigación, por más de que “no hay ningún elemento objetivo para pensar en una actuación policial” (declaración en A24, martes 14 de julio). En el mismo programa habló más como “padre” que como funcionario, con el rango más alto en la competencia vinculada a la desaparición de Facundo. Dos días más tarde, en declaraciones ante Radio Mitre, Berni reforzó: “hasta que la justicia ordinaria investigó, no había ninguna prueba ni ningún dato objetivo que involucrara a policías de la provincia”.
Al revuelo en las filas del
oficialismo se suman las ganancias que los pescadores (y las
pescadoras) de la oposición pretenden sacar de este río revuelto.
Desde la ex ministra de seguridad de Mauricio Macri, Patricia
Bullrich, llamando a la madre de Facundo, hasta el comunicado emitido
por el Comité Nacional del radicalismo junto a los bloques de
Diputados y Senadores de la Unión Cívica Radical, quienes alertaron
sobre el aumento de la violencia ejercida por agentes de las fuerzas
de seguridad contra la ciudadanía.
Violencia institucional y cuarentena
Al 23 de junio se habían registrado en Argentina al menos 23 casos de gatillo fácil, más de media docena se produjeron en territorio bonaerense. Por otra parte, fueron 50 las situaciones de violencia policial y de otras fuerzas de seguridad registradas en los primeros tres meses de cuarentena, de acuerdo con un informe publicado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). La primera de las victimas fue Nahuel Gómez, fusilado el 28 de marzo en Temperley. Le siguieron Lucas Nahuel Verón y Lucas David Barrios, ambos de 18 años, asesinados por efectivos de la Bonaerense (el primero de un disparo en el pecho, el 1o de julio en La Matanza; el segundo recibió 18 balazos, el 30 de mayo en Avellaneda). Alan Maidana, por su parte, fue asesinado el 24 de mayo en Berazategui por un agente de la PFA. Cinco impactos de bala recibió Nicolás Arzamendia, de 23 años, el 18 de junio, también en Berazategui, quien cuatro días antes había perdido en Plátanos a su amigo Augusto Oscar Iturralde, de 25 años, quien murió tras recibir cinco balazos de un arma disparada por un agente de la Federal. Brandon Romero, de 18 años, fue asesinado por cuatro tiros disparados por un efectivo de la Bonaerense el pasado 5 de julio en Mar del Plata.
A estos casos se le deben sumar las veinticinco personas fallecidas en lugares de detención, los demás casos de gatillo fácil perpetrados en la Ciudad de Buenos Aires y otros sitios del país, y la larga lista de episodios de violencia institucional que no derivaron en muertes. Esto último no significa que no hayan sido menos graves, tal como destaca en uno de sus informes el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), titulado “Violencia policial en todo el país: es urgente reformar las fuerzas de seguridad” (https://www.cels.org.ar/web/2020/06/https-www-youtube-com-watchvjfmvu-aurmo).
Lamentablemente, éstos no son datos coyunturales, ya que desde 1983 a la fecha las fuerzas de inseguridad del Estado se cobraron la vida de más de 7.000 personas, en su mayoría jóvenes, y casi 200 permanecen desaparecidas.
Esta realidad ha llevado a investigadoras universitarias como Sofía Tiscornia a sostener que, para que esta forma de violencia -que pretende encubrir “falsos enfrentamientos”- pueda existir, otras “violencias más usuales” las tuvieron que ir habilitando. En ese sentido es que Pita, en su texto titulado “La violencia institucional. Vox populi y categoría política local”, ha rescatado que no es sólo una categoría sociológica o analítica, sino que se trata de un concepto que ha contribuido a gestar una categoría con valor político, es decir, con capacidad de intervenir en el debate público.
Los gobiernos pasan. La violencia institucional, no
El 8 de mayo de 1987 se produjo el asesinato de tres jóvenes por parte de una “patota” de la Policía Bonaerense, episodio que desde entonces conocido como la “Masacre de Budge”. Aunque existían antecedentes, supo escribir alguna vez el periodista Ricardo Ragendorfer en este medio, “el caso pasó a la historia como ícono de la violencia estatal en democracia” y, desde allí, el concepto de “gatillo fácil” se comenzó a popularizar, ya que tristemente los casos se sucedieron, gobierno tras gobierno.
Como supieron señalar Oscar Blanco y Emiliano Scaricaciottoli en “Las letras del rock en Argentina”, en la década del ochenta la democracia implicaba una “demo-razzia periódica de jóvenes”: una suerte de movimiento de desplazamiento de la represión militar contra la “subversión” a la represión policial contra la juventud de los sectores populares, que en muchos casos canalizaba su rebeldía a través de un “revulsivo” rock, poco tolerado por los agentes del orden. De allí que los edictos policiales, por ejemplo, hicieran estragos entre el público rockero, y (sin quererlo) gestaran las primeras manifestaciones contra la violencia policial. Rock, juventud y sectores populares se cruzaron en la vida de Agustín Ramírez (asesinado el 5 de junio de 1988 por la Bonaerense, en un caso que aún permanece impune). Joven militante de las Comunidades Eclesiales de Base, editor de una revista/fanzine barrial y promotor de los “Fogones” donde muchachos y chicas de la zona sur del Conurbano se juntaban a tocar la guitarra.
Fueron, estos, los casos del radicalismo alfonsinista. Pero no los únicos, ya que durante la década del noventa, el secuestro del estudiante de periodismo Miguel Bru, a manos de la Bonaerense, el 17 de agosto de 1993, fue el caso más resonante de los años menemistas, sin dejar de tener en cuenta que también numerosas personas fueron asesinadas en otros casos de gatillo fácil y -como en los dos gobiernos siguientes, del radical Fernando De La Rúa y el Justicialista Eduardo Duhalde- en protestas sociales, cuyos picos más altos fueron diciembre de 2001 y junio de 2002.
Las huellas del terror militar siguieron operando en el conjunto del cuerpo social, e incluso, fueron doctrina en las fuerzas de seguridad durante todas estas décadas. Si bien el poder militar perdió peso en la sociedad argentina -sobre todo desde la anulación del Servicio Militar Obligatorio-, y las fuerzas armadas fueron nuevamente juzgadas por los crímenes perpetrados durante el denominado “Proceso de Reorganización Nacional”, incluso en los primeros años del kirchnerismo el “Circuito Camps” mostró las esquirlas de su poder de fuego, secuestrando y desapareciendo al testigo Jorge Julio López, militante de los años ya secuestrado con anterioridad durante la última dictadura cívico-militar. La desaparición de Luciano Arruga en La Matanza (2009) y las masacres de Pergamino, Esteban Echeverría y San Miguel del Monte (2019), durante la gestión neoliberal de Cambiemos, son otra muestra de esta constante con variaciones de una policía violenta (la Bonaerense, pero algo similar se podría pensar de otras bravas policías provinciales, como las de Córdoba o Tucumán, herederas del “Navarrazo” de 1974 y el “Operativo Independencia” de 1975).
“La violencia policial es estructural, la violencia continúa siendo el ADN de la agencia”, sostiene Esteban Rodríguez Alzueta, quien agrega que el “carácter selectivo de la violencia (física y moral) nos está alertando sobre los criterios discriminatorios (clasistas, racistas y sexistas) que utilizan a la hora de ejercer la violencia para reproducir desigualdades sociales”. El autor de “Temor y control. La gestión de la inseguridad como forma de gobierno”, insiste en que no se trata de “sacar la manzana podrida”, sino de “cambiar el cajón” que la contiene. Para el investigador, el carácter estructural de la violencia policial es un dato que no se les puede escapar a muchos gobernadores, por lo que advierte que la tentación de usar a la policía para controlar el territorio es algo que quedó en evidencia durante la cuarentena, donde muchos funcionarios apelaron a su despliegue masivo para hacer cumplir una medida sanitaria. De allí que en “El hombre fuerte”, una nota dedicada a analizar el accionar del ministro Berni publicada en su Blog “Crudos”, Rodríguez Alzueta remate: “Esos funcionarios juegan en el límite haciendo equilibrios muy difíciles, creyendo que pueden controlar sus efectos con el lápiz de la política”.
La desaparición de Facundo Astudillo Castro profundiza la vieja herida de la democracia argentina: cómo -no- se investiga una causa caratulada como “desaparición forzada”. La lupa sobre la Bonaerense. La desinformación como sistema. El Poder Judicial encubridor. El rol del Estado, y el del gobierno. La memoria de las familias de Luciano Arruga, Daniel Solano y Santiago Maldonado como caminos para construir otras respuestas.
hay una noticia que sigue siendo la misma, cada día, cada hora, desde el 30 de abril: Facundo Astudillo Castro, joven de 22 años, oriundo de la localidad bonaerense de Pedro Luro, apasionado de la batucada e hincha de Boca, está desaparecido.
Su mamá, Cristina Castro, pidió la intervención directa a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic: “Estoy cansada de luchar contra un sistema corrupto”.
La ONU le exigió al Estado argentino “inmediatez y exhaustividad” en la investigación, mientras se mantienen las medidas de prueba, rastrillajes, declaraciones testimoniales, contradicciones policiales y una sospecha sobre el accionar de la Policía Bonaerense, y la causa que tramita en el Juzgado Federal Nº2 de Bahía Blanca continúa orientada a establecer o corroborar la hipótesis delictual: desaparición forzada de persona.
Una más este año, luego de Luis Espinoza en Tucumán.
Una más en democracia.
Una más en el país de los 30.000.
Cómo se distorsiona
«Hoy tenemos que gritar que Facundo está desaparecido, que su mamá lo último que supo es que a las 10 de la mañana le labraron una infracción en Mayor Buratovich (localidad a 30 km de Pedro Luro, también en el partido de Villarino) por salir sin permiso para circular, y que hay tres testigos que declararon que lo vieron subirse a una camioneta de la Bonaerene a las 15:30”, dice a MU el abogado Leandro Aparicio que, junto a Luciano Paretto, compone la querella de la familia. “La única forma que nos puedan cambiar esto es que aparezca Facundo con vida. Pero, hasta el momento, lo que tenemos es que la policía ha dejado huellas de encubrimiento por todos lados”.
Una telaraña de testigos, filtraciones a la prensa local y contradicciones policiales anudan para la familia esas huellas que, no de forma casual, se repiten en cada caso de desaparición forzada y que evaden la pregunta central de qué pasó con Facundo, mientras hay patrones que se repiten en tres dimensiones complementarias:
Las fuerzas estatales. El abogado Aparicio enumera: “En los primeros días de junio, un amigo va a denunciar que Facundo no aparece: le dicen que tiene que ir con la madre. Va una segunda vez y le toman la declaración en un papel de rotisería: le dicen que tenga paciencia que ya va a aparecer. Luego, a partir del 15 de junio empiezan a entrar sin orden de allanamiento en distintas casas de hermanos de la exnovia, a otro hermano lo llevan a Mayor Buratovich, lo hacen esperar en la comisaría, lo meten en una habitación con cuatro policías, lo amenazan y después de que declara, lo siguen vigilando. Luego, el 19 de junio se hace el rastrillaje. Querían ir a la comisaría de Mayor Buratovich. A la mamá la frena el comisario, le dice que no tiene nada que hacer allí. Había cinco patrulleros bloqueando el ingreso. Allí aparece otra policía, que era una de las hermanastras de una de las oficiales que lo había parado a las 10 de la mañana, y dice que lo llevó a Facundo hasta Teniente Origone, donde surge otro policía y otra declaración contradictoria: afirmó que Facundo se subió a una camioneta en dirección a Bahía Blanca luego de una infracción. Días más tarde, declaró que se había ido caminando. Al día siguiente, un policía declara que lo vio a Facundo en Cerri, un pueblo al lado de Bahía. Es la primera denuncia que lo ubica ahí. Pero no declara como policía, sino como empleado de un comercio. El fiscal de la Procuvin le cortó la declaración porque estaba incurriendo en falso testimonio”.
La Justicia. Durante la primera parte de la búsqueda, la investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Médanos-Villarino, en manos del fiscal Dimás García, en una causa por “averiguación de paradero”. García rechazó asistencia de la propia provincia alegando que Facundo sólo estaba perdido y se valió de la propia Bonaerense, la principal sospechada. La causa pasó luego al Juzgado Federal Nº2 de Bahía Blanca, a cargo de la jueza María Gabriela Marrón, y de la Fiscalía Federal Nº1, en manos de Santiago Ulpiano Martínez, funcionario que llegó a la justicia gracias a un pliego que habilitó Mauricio Macri como Presidente, a pesar de las objeciones de los organismos de derechos humanos que lo señalaron como uno de los principales obstáculos en los avances de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia en Bahía Blanca. La familia lo recusó por temor de parcialidad: lo acusa de no haberla recibido, de dilatar medidas de prueba, dar crédito a las versiones que desviaban la atención, y de “filtrar información distorsionada” a los medios locales, entre ellas, la de la persona que el 15 de julio declaró que había llevado a Facundo cerca de Bahía Blanca. Aparicio señala que esa testigo fue aportada por los mismos policías que le labraron la infracción durante la mañana del 30 de abril: “En ningún momento dice que fue Facundo y brinda una serie de datos que no coinciden con él”.
Los medios. La familia sostiene que La Nueva Provincia y La Brújula son las empresas de Bahía que terminan completando el eslabón, y “los principales difusores de las noticias falsas” del caso. Aparicio: “Con la declaración de la flamante testigo, no había ningun dato de que sea Facundo. Pero el día anterior, un editor de La Brújula tuitea que iba a ir a declarar una persona, y que habría novedades. Luego, publican una nota poniendo que hubo un ‘vuelco fundamental en la causa’, con toda una serie de datos falsos. ¿Cómo se filtra una testigo de identidad reservada?”.
No es la primera vez que Aparicio está frente a una causa por desaparición forzada. Fue uno de los abogados que acompañó a Gualberto Solano en la búsqueda para saber qué pasó con su hijo, Daniel, el joven salteño de 27 años desaparecido en Choele Choel (Río Negro) el 5 de noviembre de 2011, tras reclamar por su sueldo como trabajador rural a la empresa Agrocosecha, tercerizada de Expofrut Argentina. El 1° de agosto de 2018, después de 7 años, la Justicia condenó a siete policías por ser coautores de “homicidio calificado agravado por alevosía”, fallo que aún espera la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante un recurso de queja por parte de la defensa de los efectivos. Aparicio: “Están condenados por doble sentencia, pero llevan arma, cobran sueldo y siguen trabajando de policías a la espera del fallo”. El cuerpo de Daniel sigue desaparecido, y Gualberto -luego de años de huelgas de hambre, acampes y encadenarse reiteradas veces al juzgado- murió sin haber llegado siquiera a la sentencia.
Cambian geografías y nombres, pero los mecanismos se repiten. “Con Solano nos decían que estaba en Conesa, en Neuquén, en Bolivia, de la misma manera en que ahora nos dicen que Facundo está en Viedma, en Bahía Blanca o en González Chávez. Lo único que te da son ciertos reflejos para prever lo que va a venir. El fiscal quería poner una recompensa para ayudar a la búsqueda. Le dijimos que si hacía eso ibamos a tener 5000 testigos, una hora cada uno, desviando la investigación. Dijimos basta”.
¿Qué evaluación hace?
Esto no lo solucionás con ningún parche. No es solo la policía: es un sistema judicial corrompido hasta la médula. Entiendo que el cambio se va a dar con la movilización. Y si se da, tiene que salir de abajo y en contextos de crisis, porque esto no da para más.
El estado es el problema
Los pedidos de Cristina y la explicación del abogado Aparicio sobre el encubrimiento, en medio de la falta de certezas de lo que pasó con Facundo, apuntan a echar luz sobre esa oscura matriz que no solo se revela ante cada caso de desaparición forzada, sino que además edifica el nudo central donde los tres eslabones se combinan para que estos casos se repitan sistemáticamente: la construcción de impunidad.
A la situación del caso Solano, otros dos ejemplos:
11 años después de la desaparición y muerte de Luciano Arruga, su familia sigue exigiendo que, sin tener novedades en la causa principal (“todo lo que no se hizo es prueba de lo significa una desaparición forzada”, dicen), se avance en el pedido de jury al juez Gustavo Banco y a las fiscales Celia Cejas y Roxana Castelli, cómplices del encubrimiento judicial. Pero ni la comisión bicameral de la Legislatura bonaerense ni la Procuración provincial acusaron, por lo que la familia quedó sola teniendo que afrontar una caución de 260 mil pesos para continuar con el proceso. Tuvieron que hacer un escrito apelando.
3 años después de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, la Sala IV de Casación Penal resolvió no hacer lugar a la recusación del juez Gustavo Lleral, cuando fue el propio magistrado el que decidió cerrar la causa aconsejando por escrito “el cese” de su intervención en el expediente.
Sergio Maldonado dice a MU: “La lucha en las calles, la difusión, todo va generando otra conciencia, pero también me doy cuenta que con eso solo no alcanza. Más allá de que la matriz del Estado de desaparecer, encubrir y matar siempre es la misma, va cambiando: aparece un remedio pero la enfermedad se agrava. Podés presentar leyes, hacer marchas, decir ‘No al gatillo fácil’, ‘Con vida lo llevaron, con vida lo queremos’, todas consignas, pero si no hay una reforma judicial enserio, y empezás a entender que fiscales y jueces son parte del problema porque te encierran en el famoso ocho, donde vas y venís, te dan vuelta y te desgastan, solo son palabras. El único que tiene la facultad de desaparecer, encubrir y mentir es el Estado. Entonces el Estado no puede ser el solucionador, porque va en contra de su forma de ser Estado: sos parte del problema”.
En el caso de Luciano Arruga seis años después de haber encontrado el cuerpo de su hermano, desaparecido el 31 de enero 2009 (había sido visto por última vez también en contacto con la Bonaerense), Vanesa Orieta se pregunta si es correcto hacer recortes temporales en relación a los gobiernos constitucionales. “El rol que han tenido las familias y la organización ha sido apuntar que las desapariciones forzadas, los casos de gatillo fácil y las torturas las enmarcamos en medio de una lógica represiva que se viene dando en todos los gobiernos desde la vuelta de la democracia. Y para que esta impunidad exista hace falta la participación de un poder nefasto como el judicial, pero también la decisión política de que estas causas se mantengan en ese proceso”.
En ese camino, Vanesa destaca la lucha de las familias. “Hay momentos en que las palabras encuentran un vacío cuando las repetís sistemáticamente y no hay una respuesta contundente frente a eso. Entonces las lucha de las familias es admirable, y ojalá algún día la sociedad entienda el enorme sacrificio, sobre todo de esas mujeres madres, que les arrebataron a sus hijos. La lucha de esas mujeres logró visibilizar la problemática. Es una solidaridad tremenda, porque esos cuerpos hoy están cansados, con dolores, porque entendieron que no pueden avanzar con sus casos y la lucha es colectiva. Yo ya no pienso que vaya a obtener justicia por la causa de mi hermano ni que logremos condena a los responsables materiales, económicos y judiciales, pero sí me entregué a la idea de organizarnos para que haya algún caso que siente precedente para todos”.
Gatillo e ideología fácil
Por historia y memoria, pero además por condenas internacionales por desapariciones en democracia, el Estado argentino está obligado a tener una formación estructural respecto a desaparición forzada: no sólo es un compromiso luego de la aprobación de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Persona en 1995, sino que es una exigencia de la condena de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la desaparición de Iván Torres, en Chubut, en 2003. En 2020, y con la búsqueda de Facundo, el incumplimiento queda a la vista.
Sergio: “El Estado no está capacitado porque no sabe buscar ni investigar. Y sobre organismos, no hay nada por encima de Madres, Abuelas e Hijxs: el resto puede estar y apoyar, pero no entienden la lógica del derecho a saber la verdad. Me remito a las pruebas: ninguna de las cuatro querellas en la causa de Santiago fueron capaces de recusar a Lleral, un juez que dijo que Santiago se había ahogado solo, y tampoco ninguna acompañó el pedido de sostener la investigación de desaparición forzada. Es decir, ¿qué hace la familia que no se pone al frente? Acá encima las distancias son enormes: la fiscalía en Esquel, el juez en Rawson, la Cámara en Comodoro Rivadavia, y en Capital Federal están Comodoro Py y la Corte Suprema. Si yo no estuviera, la causa se habría caído o estarían investigando cualquier cosa, y tendríamos resultados como juzgar algún policía de alguna fuerza, diciendo que fue homicidio, pero sin cuerpo. Ese derecho a la verdad es desde donde yo me paro. Y es el valor que tenemos las familias”.
¿Es posible que ese valor se transforme en mecanismos que puedan romper la matriz? Sergio plantea algo concreto: “Los únicos que pueden entender esto son los propios familiares: no sabés cuál es la solución, pero sí conocés una gran parte del problema. La secretaría de Derechos Humanos tendría que tener un observatorio o una mesa en el que me gustaría que estuvieran distintas familias de distintas épocas. Que sea algo amplio, y se proponga avanzar y fortalecer los derechos humanos, sin ideologías partidarias”.
Vanesa: “Nosotros tuvimos que plantear que podíamos sufrir una desaparición forzada en democracia igual que cualquier otra persona en un contexto mucho más complejo y horroroso. Si depositara una cuota de confianza en el Poder Judicial y político, entiendo que es un trabajo muy serio e interdisciplinario donde se tiene que pensar que hay un gran porcentaje de seres humanos que viven arrasados por situaciones de empobrecimiento y vulneración, muchos sin voz, que no tienen el mismo apoyo, y no queremos que la vida humana se valorice por su condición de clase. Lo que las familias intentamos es concientizar y que sea la sociedad la que genere cierto temblor en las estructuras institucionales. Creemos que algo fue pasando. Que el presidente Alberto Fernández mencione en su discurso al gatillo fácil es por la lucha de esas familias. No basta, pero entiendo que cada día más van quedando un poco más acorralados”.
Berni, Axel y el mareo
Cristina Castro atiende a MU un día después de la audiencia de recusación del fiscal Martínez. “Siento mucha impotencia de ver cómo desde Bahía y Villarino se han fraguado cosas, intentando tapar todo. Duele mucho ver cómo la Bonaerense sigue aportando testigos falsos y el fiscal los avala. Por eso hablo de sistema corrupto: desde el primer día que no me dejaron entrar en Buratovich, el subcomisario desplazado que nos amenazó y el hecho de mirarles a la cara y saber cómo mienten los testigos falsos”.
También dijo que no quería que la llamaran más. “Me refiero a los funcionarios que dicen: ‘Lo siento’. No quiero que nadie lo sienta. Quiero que trabajen, actúen y hagan las cosas. No quiero que Sergio Berni venga y me diga que lo siente. No quiero que Axel venga y me diga que lo siente. Quiero que tomen cartas en el asunto porque es su policía la que está acusada de desaparecer a mi hijo. Berni de acá se fue sabiendo todo lo que se hizo, no soy tonta. Que lo esté cubriendo es otra cosa. O le mintieron demasiado bien o no quiere ver la realidad”.
Cristina sabe que todas las contradicciones y la falta de respuestas apuntan a otro factor que se repite en estos casos: marear a las familias. “No lo van a hacer. Sigo firme. Sé que mi hijo no salió de Buratovich. Yo sé que ahí le hicieron algo malo. No me van a convencer de otra cosa. Y lo voy a seguir gritando hasta que digan la verdad”.
( https://www.lavaca.org/mu149/nunca-mas-tres-meses-sin-facundo/)
Desde que comenzó la cuarentena, en Córdoba se han contabilizado cinco casos de gatillo fácil, incluyendo el caso de Valentino Blas Correas de 17 años. Se debe tener en cuenta que este es un recuento parcial de casos debido a la dificultad de acceso a la información. Con el correr de los días, no sería de extrañar que haya más casos de los que han sido publicados.
El caso de Valentino Blas Correas es la muestra clara de cómo actúa la policía, en un hecho que recuerda al caso de Franco Amaya, asesinado en el año 2017 en un control policial en Carlos Paz, y por el que fuera condenado a solo 12 años de prisión el oficial Rodrigo Velardo Bustos, mientras que su compañero José Ezequiel Villagra quedó absuelto.
El auto en el que circulaba Valentino junto con otras cuatro personas recibió al menos cuatro impactos de balas, aunque algunos testigos dicen que hubo una veintena de disparos. Todas estas detonaciones fueron de las armas de la policía de Córdoba.
Por el asesinato de Valentino, la justicia investiga a un total de cuatro oficiales, de los cuales dos policías están imputados, los cabos primeros Lucas Gómez y Javier Alarcón, bajo el cargo de homicidio calificado agravado, a diferencia de otros casos en donde se les baja el precio al asesinato de personas por miembros de las fuerzas, y se los cataloga como “exceso”. Lo que no cambia es la versión oficial, que habla del “arma” que llevaban las víctimas, otra mentira que nuevamente vuelve a caerse: a diferencia de lo que salió a declarar el comisario mayor Gonzalo Cumplido que habla de una supuesta arma. Ninguno de lxs ocupantes del vehículo estaba armado.
Aunque las fuentes oficiales declararon que hubo un tiroteo, la mentira de los policías se cayó rápidamente. Tal y como sucede en la mayoría de los casos de gatillo fácil, se intentó culpar a las víctimas, pero esta vez sin éxito. Este tipo de accionar que intenta incriminar a lxs jóvenes víctimas fatales del accionar represivo no es ni nuevo, ni una excepción: cabe recordar casos el de Rodrigo Sánchez de 16 años o el de Lucas Rudzicz de 13 años, donde lejos de investigar a los asesinos de estos pibes, se criminalizó a las víctimas, dando como resultado que a cinco años del asesinato de Rodrigo la familia aún debe seguir exigiendo justicia mientras que Lucas Gastón Carranza, su asesino, sigue sin pagar por su crimen; o en el caso de Lucas se haya dado una pena mínima al oficial Armando Martín Murúa, custodio del cura Oberlin, en un juicio donde quedó demostrada la complicidad judicial en favor de las fuerzas represivas.
Es de destacar la rapidez con la que los oficiales limpiaron la escena del crimen. Testigos declararon a medios locales cómo, en menos de dos horas, ya no había rastros del hecho, ni en las cercanías de la Plaza de las Américas, donde los policías efectuaron sus disparos, ni en la esquina de Corrientes y Chacabuco -pleno centro-, donde finalmente médicos del 107 informaron el fallecimiento del joven. La impunidad con la que se manejan los oficiales de Córdoba es una constante que tiene larga data, pero que se ha acentuado durante esta cuarentena. Así lo demuestran casos como el de José Ávila, ocurrido hace pocas semanas en Villa El Libertador, quien fuera asesinado por oficiales de la comisaría número 18 del mismo barrio, y a los cuales no les interesó siquiera informar del hecho en la dependencia policial, y que dejaron el cuerpo de José desangrándose al costado de su moto. Nuevamente la mentira oficial no alcanzó, y rápidamente quedó descartada la versión que decía que se trataba de un hecho de persecución policial: José Ávila fue abatido al costado de su moto sin que esta haya estado en movimiento si quiera. En tanto, las balas policiales siguen impactando en las espaldas de las víctimas, como fuera el caso de Franco Sosa, de 23 años, asesinado el 26 abril de un disparo en la nuca, en Ciudad Evita, barrio de la capital cordobesa.
Villa La Tela y Barrio San Roque.
Que la represión policial es una constante en todas las barriadas cordobesas es algo que no sorprende, pero la cantidad de hechos represivos en los barrios limítrofes Villa La Tela y San Roque son de destacar.
De los cinco casos de gatillo fácil que relevamos desde que comenzara la cuarentena en Córdoba, y que son los que trascienden, dos ocurrieron en esos barrios, provocando los fallecimientos de Gastón Mirabal y de Fabián Perea. Gastón fue asesinado de un disparo por la espalda por una pareja de policías, mientras que Ariel Verón, quien lo acompañaba en la moto, resultó herido. En tanto que Fabián fue asesinado por miembros de las fuerzas que atienden una pizzería, también de un disparo y desarmado.
A estos casos se suman los de Alejandro Amaya de 15 años, que sufriera un disparo policial y quedará herido de gravedad y fuera internado en el Hospital de Urgencias. En tanto, también damos cuenta del caso de Horacio Romero, atropellado por un patrullero, y luego siendo brutalmente golpeado hasta quebrarle la pierna y encerrándolo, sin recibir la atención médica adecuada, durante días en el EP9 por violar la cuarentena.
En este lugar la violencia de los allanamientos sin orden judicial son una constante, evidenciando una política dirigida a ese sector. Al menos se han registrado tres desde que comenzó el año, dos de ellos en plena pandemia, amedrentando a lxs vecinos a los tiros con balas de plomo y de goma. Entre los mentados allanamientos, el que tuvo mayor repercusión mediática fue en enero, cuando la policía allanó el comedor “Sonrisa de Ángel”, en el que la policía golpeó y baleó a lxs vecinxs que trabajan ahí. El cuadro se cierra, cómo no, con una felicitación del ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera, a los oficiales que participaron y resultaron heridos durante el allanamiento, mostrando “el apoyo” que hace el gobierno a los represores; lo que debe leerse como el estado apoyándose en la represión para llevar a cabo un ajuste brutal sobre los sectores vulnerados.
Los casos que se nombran en esta nota, y sus familias, no son los únicos pero nos recuerdan la necesidad de transformar el dolor en encuentro y organización, y convertir la bronca en lucha por justicia, por cárcel y castigo a los culpables, por un verdadero nunca más.
¡Justicia por Valentino Blas Correas y todxs lxs pibxs asesinadxs por el estado!
¡Basta de gatillo fácil!
¡Cárcel y castigo a los asesinos!
¡El estado es responsable!
( https://argentina.indymedia.org/2020/08/07/cordoba-gatillo-facil-y-las-mentiras-de-siempre/ )
Las democracias latinoamericanas se distinguen de formas de democracia con mayor calidad institucional porque la efectividad de los derechos políticos no suele ser acompañada en la misma medida por la efectividad de losderechos sociales y civiles (O ́Donnell, 2004). Según una extensa literatura, entre las violaciones a los derechos humanos más preocupantes de la región están los casos de violencia cometidos por fuerzas de seguridad, violencia que incluye apremios ilegales, torturas y asesinatos (Ahnen, 2007; Brinks, 2004; CELS y HRW, 1998; Méndez, O’Donnell y Pinheiro, 2002). Dentro de este contexto regional, Argentina se destaca por las dimensiones y el peso político del activismo legal contra la violencia estatal( Utilizaremos el término “violencia estatal” para referirnos a las agresiones contra la integridad física y la libertad de las personas cometidas por integrantes de las fuerzas de seguridad y de los servicios penitenciarios.) (Kecky Sikkink, 1998; Smulovitz y Peruzotti 2002).Los colectivos y las organizaciones sociales que luchan contra este tipo de violencia suelen considerarse como actores importantes y positivos en la regulación del sistema policial y penitenciario (Smulovitzy Peruzzotti, 2003; Stanley, 2004; Fuentes, 2005; y Brinks, 2004). Existe una mayor discusión respecto a las diferentes estrategias que utilizan para lograr sus objetivos.
Organizaciones como Amnesty International o Human Right Watch han sido efectivas porque construyeron redes de apoyo al activismo legal que se dedican a identificar las violaciones más aberrantes a los derechos humanos (vg. asesinatos, torturas) y con responsables más claros/directos, confiando en los canales institucionales de la democracia liberal para resolverlos ( Keck y Sikkink (1998, p. 9) identifican como actores principales de las redes de activistas a: organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales; movimientos sociales locales; fundaciones; medios de comunicación; iglesias, sindicatos, organizaciones de consumidores, intelectuales; sectores de organizaciones internacionales intergubernamentales; sectores de las ramas de gobierno.).
Estos trabajos internacionales nos parecen convergentes con la lectura de Peruzzotti (2000) y Smulovitz (2007) sobre el aporte del movimiento de derechos humanos a la construcción de la democracia en Argentina.Pero el activismo contra la violencia estatal en Argentina ha estado alimentado por organizaciones, redes y colectivos de izquierda, cuya estrategia discursiva apela a la confrontación conlas instituciones de la democracia liberal.
Estas organizaciones son críticas de las estrategias institucionalistas de otros organismos de derechos humanos, pues consideran que esquivan el problema de fondo, legitimando gobiernos que favorecen al capitalismo y a la represión (Verdú, 2009; Alonso, 2009). En efecto, existe una polémica sobre los modos de enfrentar desde la sociedad civil a la violencia estatal, sobre qué estrategias y actividades desarrollan las organizaciones y las consecuencias que producen en la prevención, conjuración y castigo de las violencias generadas por integrantes de los cuerpos policiales y penitenciarios. Dentro de este campo problemático, el objetivo de nuestro trabajo es indagar en los modos de uso del discurso de derechoscontra la violencia estatal ( El uso del discurso de derechos contra la violencia estatal puede desarrollarse en múltiples arenas: en el territorio, en medios de comunicación, en las cortes, en el parlamento, etc. Este discurso, en las diferentes arenas, suele plantear distintas víctimas y victimarios, además de distintas estrategias de prevención, conjuración y condena de los delitos. ) y en sus consecuencias, a partir del estudio de dos organizaciones pioneras en Argentina como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Elegimos los casos de CELS y de CORREPI por ser dos organizaciones principales en la lucha contra este tipo de violencia, que han inspirado a otras organizaciones en la temática, y porque tienen estructuras y accionares diferentes que se alinean en cierta forma con las posiciones teóricas mencionadas más arriba. Algunas preguntas clave que nos formulamos para guiar nuestro trabajo son: ¿Qué estrategias y acciones han desarrollado estas organizaciones? ¿Qué vínculo han establecido con las ramas de gobierno y sus burocracias? ¿Qué consecuencias en materia de prevención y penalización de la violencia estatal han generado?
Para responder a estas preguntas desarrollamos un estudio exploratorio basado en fuentes secundarias y entrevistas a informantes clave sobre el activismo legal contra la violencia estatal. Las principales fuentes secundarias han sido los sitios web y los informes generados por las dos organizaciones bajo estudio. Los entrevistados han sido dos integrantes de CELS, cuatro de CORREPI, además de tres activistas contra la violencia estatal pertenecientes a otras organizaciones. También dialogamos sobre nuestro objeto de estudio de forma menos estructurada con integrantes del Ministerio de Seguridad de la Nación y bonaerense, del Poder Judicial nacional y bonaerense, e investigadores sociales que conocen el trabajo de estas organizaciones, en diferentes foros. La validez y la confiabilidad de la información recabada fue testeada a partir de la triangulación de los datos y la redundancia (George y Bennet 2005).
Consideramos que el análisis acerca de la organización y el funcionamiento de CELS y de CORREPI nos dará pistas importantes sobre las variantes en el activismo de derechos contra la violencia policial y penitenciaria en Argentina contemporánea, y sus consecuencias tanto hacia el interior de las organizaciones como con los actores y colectivos externos con los que se relacionan. Finalmente, exploraremos la articulación de dichas estrategias y su objetivo compartido de visibilizar, prevenir y penalizar la violencia de las fuerzas punitivas del Estado.
Las prácticas políticas se desarrollan estableciendo relaciones complejas, muchas veces conflictivas, entre los actores de la administración estatal y las organizaciones de la sociedad civil. Hace algún tiempo se debate sobre cómo han cambiado las relaciones Estado –sociedad en el mundo contemporáneo, luego de la caída del muro de Berlín y la creciente globalización del sentido común liberal y su modelo de democracia (cfr. Habermas, 2000). Para muchos, la diferenciación de la sociedad civil frente al sistema jurídico-político se ha profundizado de manera significativa en las últimas décadas, adoptando diferentes modelos estratégicos de acción política (cfr. Cohen y Arato 2000). De Zan (2008, pp. 49 y 50) y Giaccaglia et al. (2011, pp. 95 y ss.) tipifican tres estrategias de acción política de las organizaciones de la sociedad civil que consideramos útiles para pensar el uso del derecho contra la violencia estatal en Argentina.
¿Asedio o elusión? Luchas legales contra la violencia estatal en Argentina - Walter Báezy Gabriel Costantino – Revista Electrónica. Instituto de Investigaciones Ambrosio L. GiojaNúmero 24, junio-noviembre 2020, Buenos Aires, Argentina, ISSN 1851-3069, pp. 5-22
http://www.derecho.uba.ar/revistas-digitales/index.php/revista-electronica-gioja/article/view/454
Violencia policial en todo el país: es urgente reformar las fuerzas de seguridad
La cantidad de hechos graves de violencia policial registrados en todo el país muestra cuán necesario es que las autoridades impulsen reformas de fondo en las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.
Desde el inicio de la cuarentena, en distintos lugares del país las policías provinciales y las fuerzas federales reiteraron prácticas violentas, algunas graves como torturas y ejecuciones. También ocurrieron muertes de detenides en comisarías y la desaparición de una persona que fue hallada asesinada.
Reformas policiales pendientes e impostergables
Esta
sucesión de casos graves en estos pocos meses es un gran llamado de
atención sobre la persistencia de altos niveles de violencia
estatal. En muchos de estos casos los poderes ejecutivos separaron a
los efectivos sospechados y las investigaciones judiciales están
avanzando. Si bien algunas de las intervenciones policiales
comenzaron como acciones para hacer cumplir el aislamiento
obligatorio, aun no es claro cuánto incide este factor.
En todo caso, son prácticas abusivas de larga data: hostigamiento, detenciones no registradas, procedimientos con personal de civil, allanamientos violentos e irregulares, libros de registro fraguados, uso abusivo de la fuerza, ocultamiento de pruebas integran un repertorio de intervenciones policiales violentas y extremas que son toleradas y que, al mismo tiempo, son posibles porque el trabajo policial está degradado y el control político y judicial es bajo y deficiente. Como ocurre con otros aspectos de la desigualdad, la cuarentena permitió que se volviera a ver un problema estructural.
23 de marzo. La Pampa. En General Pico, Sebastián Britos fue baleado por un efectivo del Grupo GEO de la policía provincial mientras volvía a su casa después de comprar pan. Recibió varios impactos de bala de goma en el cuello y en el rostro.
27 de marzo. Ciudad de Buenos Aires. Enzo, de 22 años, salía de la casa de su novia en La Paternal cuando fue detenido por la Policía de la Ciudad. Lo golpearon con puños y tonfas, lo rociaron con gas pimienta a corta distancia y lo amenazaron diciéndole que tenían “una bala para él”.
29 de marzo. Chubut. Una mujer denunció que fue vejada por policías de Puerto Madryn, luego de que la demoraron por presunta violación del aislamiento cuando volvía de su trabajo. Fue obligada a desnudarse y hacer sentadillas frente al personal policial.
29 de marzo. Provincia de Buenos Aires. La Gendarmería Nacional intervino violentamente impidiendo un festejo en el barrio La Cava de San Isidro con la excusa del cumplimiento del aislamiento, aunque la regla allí es que se puede permanecer en los pasillos. Quince gendarmes fueron acusados de herir con balas de plomo a una nena de 7 años, golpear y herir a una joven de 18 años y de amenazar, golpear y someter a un simulacro de fusilamiento a un chico de 15 y a un joven de 28 años.
31 de marzo. Córdoba. La policía de Alta Gracia entró por la fuerza a un domicilio y detuvo a un joven acusado de violar la cuarentena. En el procedimiento irregular golpearon a la madre y al padre del joven, personas en riesgo por su edad y enfermedades crónicas. La policía amenazó con un arma de fuego a un integrante de la familia que filmó el operativo.
31 de marzo. Buenos Aires. Fabiana Donati fue a comprar a la sucursal del supermercado Coto ubicada en la Av. Lasalle 653, en San Isidro. Allí denunció a un encargado que no estaban respetando las medidas de distanciamiento entre personas dentro del supermercado. Como respuesta a esto, Fabiana fue golpeada por dos efectivos de la policía (un hombre y una mujer) y detenida, acusada de resistencia a la autoridad y disturbios. Pasó varias horas en la comisaría, en donde fue torturada
5 de abril. San Luis. Florencia Magalí Morales fue hallada ahorcada en la Comisaría 25º de Santa Rosa de Conlara, diez horas de después de haber sido detenida por andar en bicicleta a contramano sin portar su DNI.
1° de mayo. Santiago del Estero. Efectivos de la comisaría 10ª de Santiago del Estero detuvieron a Mauro Coronel en su casa. Su madre fue a la comisaría y escuchó que lo golpeaban. Esa misma madrugada fue ingresado por la policía en el Hospital regional, sin avisar a sus familiares. Cuatro días después de la detención Mauro falleció, el informe médico constató lesiones en las vías respiratorias.
1° de mayo. Santa Cruz. En Río Gallegos, Javier Astorga volvía de la casa de su madre cuando se encontró con un control policial. Seis efectivos de Infantería lo detuvieron y lo llevaron a la comisaría 6º. Allí fue golpeado y humillado por su orientación sexual durante seis horas. Cuando recuperó su libertad realizó la denuncia y fue derivado al hospital con hematomas y fisuras en el maxilar y en las costillas.
9 de mayo. Santa Fe. En Villa Constitución, la policía ingresó con violencia a la casa de una familia porque uno de sus miembros había salido a la calle. Derribaron la puerta y, una vez adentro, dispararon e hirieron a varias personas, entre ellas a una mujer embarazada.
15 de mayo. Tucumán. En Melcho, policías de la comisaría de Monteagudo participaron de un operativo irregular para impedir una carrera de caballos. Los policías mataron a disparos a Luis Espinoza y ocultaron el cuerpo para encubrir el crimen. Luego de una semana de desaparición, Luis fue encontrado en Andalgalá, Catamarca.
28 de mayo. Buenos Aires. Adrián fue detenido y fuertemente golpeado por personal de la Policía Federal en la estación de tren de José C Paz. Adrián realiza tareas de recolección de basura en el partido de Tres de Febrero y, al momento de la interceptación policial, tenía el permiso para circular. Sin motivo, un policía lo golpeó violentamente.
31 de mayo. Chaco. En Fontana efectivos de la Policía de la provincia irrumpieron, varios de ellos sin uniforme, en la casa de una familia qom. Entraron sin orden de allanamiento, en horas de la madrugada, y les torturaron, golpearon, humillaron.
31 de mayo. Buenos Aires. En General Madariaga, Fabián Andina fue agredido por policías bonaerenses, luego de una discusión. Lo hicieron bajar del vehículo y lo golpearon en el suelo. Andina fue hospitalizado con golpes en el cuerpo y un desprendimiento de retina.
14 de junio. Buenos Aires. En Sierra de los Padres, la policía de la comisaría 14 ingresó a una finca sin orden de allanamiento y sin identificación. Allí detuvieron a tres trabajadores rurales de la UTT que recién habían ingresado en una camioneta Ford F100. La policía los acusaba de haber robado el vehículo. Los trabajadores mostraron los papeles del vehículo, pero los golpearon violentamente y los llevaron detenidos por atentado a la autoridad.
Hubo también tres noticias de casos muy graves de las fuerzas federales en barrios populares:
El 24 de mayo, Alan Maidana fue asesinado en Berazategui por Germán Bentos, un miembro de la PFA que actuó con su arma reglamentaria fuera de servicio. El policía -que estaba en su auto particular- recibió un golpe en la parte trasera del vehículo y respondió con 5 disparos. Alan Maidana, de 19 años, recibió un disparo en la espalda. El policía dijo haber sido víctima de un robo, pero nunca hizo la denuncia ni llamó al 911.
El 30 de mayo, Lucas Barrios fue asesinado por otro efectivo de la policía federal, Osvaldo Rendichi en la Isla Maciel. Supuestamente se encontraron para realizar una transacción comercial y otro hombre intentó robarle al policía. Rendichi, que estaba de civil, disparó 18 veces hacia Lucas.
El 17 de junio, Facundo Scalzo, de 20 años, fue asesinado por miembros de la Gendarmería, en el Bajo Flores. Luego de una discusión entre vecines, un grupo de gendarmes persiguieron a Facundo y a otro joven que se encontraba con él. La autopsia indicó que Facundo recibió 4 disparos, dos por la espalda y dos en el brazo.
En los últimos años, el Ministerio de Seguridad de la Nación tuvo un protagonismo desmedido con intervenciones que intentaron legitimar el uso irracional de la fuerza letal. La visibilidad de esa política hizo que los cuestionamientos se concentraran en las fuerzas federales. Sin embargo, queda claro que la reforma y modernización de las policías provinciales es tan importante como las que deben impulsarse a nivel nacional. Del mismo modo como es importante que los gobiernos intervengan políticamente sobre los hechos de violencia policial con una mirada que no se limite a trabajar sobre el caso a caso.
Las situaciones violentas de los últimos tres meses deberían poner a este déficit en la lista de los temas prioritarios. El presidente de la Nación expresó que este es un tema de primera magnitud. La nueva gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación comunicó su intención de que el Consejo Federal de Seguridad cobre relevancia. Se trata de una medida importante, ya que el Consejo reúne a les responsables de las políticas de seguridad de todas las provincias y a nivel federal y allí el gobierno nacional puede promover acuerdos políticos y establecer estándares mínimos de organización y funcionamiento para las fuerzas policiales de todo el país.
Es entonces necesario un compromiso político del gobierno nacional y de les gobernadores para impulsar reformas de fondo que transformen las prácticas de las policías de todo el país. En este sentido, hay que seguir con atención el proceso de reforma iniciado en Santa Fe, las propuestas de Chaco para reformar el órgano de control policial así como el anuncio de encarar cambios en la Policía Federal. El acuerdo político debe pasar, en todo caso, por fortalecer el gobierno efectivo de las fuerzas de seguridad sin contraponer eficacia y derechos humanos. Algunas cuestiones necesarias, en este sentido son diseñar organismos de control externos y con capacidad real de investigar la actividad policial; producir información estadística y cualitativa, sistematizada y de acceso público, sobre el funcionamiento de las policías (lo que incluye pero excede a las estadísticas sobre delitos); desarrollar protocolos de actuación con criterios claros de intervención policial; revisar los planes de formación y capacitación, así como desarrollar políticas de reentrenamiento en base a los estándares internacionales.
( https://www.cels.org.ar/web/2020/06/https-www-youtube-com-watchvjfmvu-aurmo/ )
La cuarentena permite visibilizar situaciones que vienen de hace mucho degradando y poniendo en peligro la vida de mujeres y jóvenes, en especial, pero de toda la sociedad en general, respecto a un problema estructural. Un sistema social que degrada las concepciones comunitarias y de respeto ético de los valores que nos permiten relacionarnos de modos mas igualitarios y equitativos y menos hipócritas.
Un sistema que exacerba el individualismo, alimenta la propiedad privada y genera profunda desigualdades pretende además que fuerzas de seguridad mal pagas y mal preparadas “cuiden” esas concentraciones desiguales y sostengan valores democráticos en una sociedad que no valora la democracia.
Víctimas y victimarios son a su ves, Victimas de un sistema que les tiene de rehenes y pone a pobres contra pobres alimentando la concentración de la riqueza y la muerte de los que “sobran”.
Si el Estado es el depositario del monopolio de la violencia institucional con la finalidad de proteger a quienes cumplen las leyes y normas establecidas para las convivencias y terminan siendo funcionales a formas desiguales e injustas de degradación de la vida y de las condiciones de humanidad, en escenarios de extrema pobreza y de creciente desigualdad, el Estado es responsable.
Una Deuda Interna que hasta ahora, ningún gobierno de ningún lado de ninguna grieta ha podido dar soluciones y respuestas.
Daniel Roberto Távora Mac Cormaack
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