Martes 4 de Agosto de 2020

La ofensiva norteamericana comenzó en 2009 en Honduras, cuando un fallo de la Corte Suprema de Justicia derrocó al presidente constitucional Manuel Zelaya. El mandatario provenía de sectores políticamente liberales pero estaba en proceso de incorporar a su país al ALBA (Alternativa Bolivariana por los Pueblos de América), el espacio de soberanía y cooperación continental creado por Hugo Chávez para depender menos de los centros de poder del capitalismo trasnacional.

El método de las derechas latinoamericanas pro-estadounidenses siguió en 2012 en Paraguay. El presidente Fernando Lugo, quien desde una posición de mucha debilidad conducía un intento de democratización del país y de reivindicación de los derechos populares, fue derrocado mediante un golpe de Estado parlamentario con aval del Poder Judicial.

En Brasil, las clases sociales privilegiadas y las corporaciones que expresan sus intereses -corporaciones económicas, militares, mediáticas, judiciales, organizaciones criminales con fuerte peso en la política, etc.- recuperaron la conducción del Estado mediante el triunfo electoral de Jair Bolsonaro luego de que jueces y fiscales corrompidos inventaran una condena contra Lula Da Silva para meterlo preso e impedirle participar de la elección.

El paso anterior había sido hostigar con acusaciones penales al gobierno de Dilma Rousseff y a dirigentes del oficialismo (el PT, Partido de los Trabajadores, fundado y liderado por Lula), mientras las cadenas mediáticas generaban en la opinión pública una creencia de que todos/as eran “corruptos/as”. Así obtuvieron un considerable apoyo social para justificar, en 2016, el derrocamiento parlamentario de la entonces presidenta.

En Ecuador, la clave para que las oligarquías locales y los intereses de Estados Unidos volvieran a controlar el Estado fue el cambio de bando de Lenín Moreno, un político tránsfuga que ganó la elección de 2017 en representación del partido de Rafael Correa, pero ni bien asumió su cargo cambió de orientación y empezó a ejecutar políticas neoliberales y pro-norteamericanas.

Con ese trasfondo, poco después de asumir fue destituido y encarcelado -siempre con excusas de “corrupción”- el vicepresidente Jorge Glass, leal al “correísmo”. Permanece como prisionero político desde octubre de 2017. Además, los jueces y fiscales del régimen realizaron simulacros de juicios contra el propio Correa para condenarlo y de ese modo -igual que a Lula en Brasil- impedirle ser candidato.

Actualmente, la misma judicatura corrompida está avocada a perpetrar la proscripción de Fuerza Compromiso Social, el partido “correísta”, a fin de que no pueda participar en las elecciones presidenciales del 7 de febrero próximo ni siquiera con otros/as candidatos/as.

Bolivia, por otra parte, sufrió -sufre- otra variante del plan de Estados Unidos contra los “populismos”. Allí el método consistió en desconocer el resultado electoral de octubre del año pasado, cuando fue reelegido el presidente Evo Morales. Con ese pretexto, bandas criminales de ultraderecha -vinculadas los servicios secretos norteamericanos y con sectores militares y policiales- desataron una ola de violencia contra dirigentes del oficialismo de entonces, y generaron así un clima de terror político generalizado.

Fabricado el contexto, el jefe de las fuerzas armadas intimó al presidente constitucional para que renuncie. “Renuncio para preservar la vida de los bolivianos”, dijo Evo Morales al dejar su cargo el 10 de noviembre, junto con el vicepresidente Álvaro García Linera.

Derrocado el gobierno constitucional y popular, se instaló la dictadura cívico-militar que encabeza la ex senadora derechista Jeanine Áñez. El régimen de facto está presionado para realizar elecciones debido al importante grado de legitimidad popular que conservan el ex presidente Morales y su sector político (el Movimiento al Socialismo, MAS).

En este punto del proceso antidemocrático cobra mayor protagonismo el aparato judicial boliviano. Sus maniobras actuales apuntan a proscribir a las/los candidatas/os del MAS, empezando por la fórmula presidencial que integran Luis Arce y David Choquehuanca.

En Argentina, “a mitad de camino”

A lo largo del siglo XX, las clases sociales privilegiadas y las corporaciones que las representan se valieron, para defender sus intereses, de la violencia física directa mediante los golpes de Estado militares. Siempre con participación civil, pero con las fuerzas armadas como factor principal.

En cambio, a partir del antes mencionado caso hondureño (2009) se modificó el método para atacar a gobiernos y/o a fuerzas y líderes políticos que, con distinto grado de profundización, cuestionan al orden social dominante y a sus corporaciones. El peso determinante del accionar antidemocrático se desplazó a los aparatos judiciales, aun cuando queda la opción -como ocurrió en Bolivia- de utilizar con fines sediciosos a las instituciones armadas del Estado.

En Argentina, la ejecución del plan quedó a mitad de camino. La judicatura corrompida viene persiguiendo desde hace al menos ocho años a Cristina Kirchner y a cientos de integrantes de su gobierno o dirigentes y militantes de su sector político. Ocurrió especialmente a partir de 2012, luego de que ella ganara la reelección en 2011. El más atacado, finalmente condenado y encarcelado, -y aún hoy preso político, solo que está con prisión domiciliaria- fue Amado Boudou.

(El cártel Clarín, en el diario del mismo nombre y a través de su operador propagandístico Daniel Santoro -actualmente investigado como parte de una banda dedicada a delitos extorsivos junto con el ex agente secreto y falso abogado Marcelo D’ Alessio-, cuando recién había asumido Macri publicó que entre 2003 y 2015 se hicieron 2.160 denuncias por “corrupción” contra “los principales funcionarios kirchneristas”.

El objetivo final del plan era impedir que el kirchnerismo volviera al poder. La maniobra fue desbaratada por la propia Cristina al impulsar una coalición político-electoral amplia, integrada por el conjunto de los sectores peronistas y por otros aliados. El movimiento estratégico más trascendente fue proponer que la fórmula presidencial la encabezara Alberto Fernández y no ella.

Generada así una alternativa que enfrentó y derrotó mediante el voto ciudadano al bloque neoliberal y pro-norteamericano, perdió sentido meter presa a la actual vicepresidenta y/o proscribirla. Aún pueden hacerlo, y de hecho las causas penales y juicios inventados en su contra siguen en marcha y amenazan su libertad, pero por el momento el régimen derechista tuvo que dejar el gobierno y eso no cambiaría llevando al extremo la persecución contra Cristina.

De todos modos, también en nuestro país el aparato judicial que defiende los intereses privilegiados mantiene su poderío casi intacto. Así lo demostró Fabián Lorenzini, juez en lo Civil y Comercial de la ciudad santafecina de Reconquista, quien con un par de decisiones arbitrarias impidió concretar la expropiación del Grupo Vicentin, la cual podría haber traído grandes beneficios al bien común y al interés general de la sociedad.

La magnitud de la disputa -o sea qué es lo que se juega- en torno de las estructuras judiciales, la entiende muy bien la derecha política y corporativa. Por eso salió a atacar con todo su arsenal propagandístico la reforma del fuero federal y la creación de una comisión consultiva lanzadas por el presidente Fernández.

Los jueces y fiscales antidemocráticos dominan gran parte de la política en Suramérica. Han sido determinantes para expulsar del poder a gobiernos y líderes populares, y ahora llevan a cabo la etapa de proscripción de esos mismos líderes y/o sus espacios políticos, particularmente en los casos ecuatoriano y boliviano.

En Argentina no consiguieron impedir que una fuerza representativa de los intereses populares ganara las elecciones y desalojara del gobierno al régimen de derecha. Pero los intereses que estuvieron representados por ese régimen siguen actuando a través de las corporaciones, entre ellas precisamente la de jueces y fiscales, conjuntamente con las cadenas mediáticas dominantes.

Por eso la reforma judicial que propone el gobierno se convirtió a partir de ahora en el nuevo blanco de ataque de los poderes de facto que, para sostener a las estructuras dominantes, sabotean a cada paso el ejercicio de la voluntad democrática de la Nación.

( http://vaconfirma.com.ar/?articulos/id_11764/aparatos-judiciales-antidemocraticos-dominan-suramerica )

¿Qué es el Lawfare?

Es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos),de forma talque éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción.

¿Qué significa Lawfare?

El término “describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”( http://harvardnsj.org/2012/04/offensive-lawfare-and-the-current-conflict/) y es utilizado con este sentido en Unrestricted Warfare, un libro de 1999 sobre estrategia militar. En2001 el concepto comienza a ser manejado en ámbitos diferentes a las Fuerzas Armadas Estadounidenses, tras la publicación de un artículo escrito por el General de Fuerza Aérea, Charles Dunlap, de la Duke Law School (https://www.lawfareblog.com/about-lawfare-brief-history-term-and-site).

Estados Unidos (por medio de la USAID) es uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en América Latina( Pásara, Luis (2012) “International support for justice reform in Latin America: worthwhile or worthless?” Latin American Program. Woodrow Wilson Center, Washington DC. ) y el Departamento de Justicia estadounidense ha estrechado en los últimos años los vínculos con los aparatos judiciales de la región en la lucha anticorrupción (http://globalinvestigationsreview.com/insight/the-investigations-review-of-the-americas-2017/1067464/anti-corruption-enforcement-in-latin-america.)

Aspectos fundamentales del Lawfare

1)El rol del Poder Judicial:

El PJ se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes. Es el único que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen. Esto le permite operar políticamente bajo un completo manto de institucionalidad. Se persiguen objetivos similares a los que otrora buscaban las Fuerzas Armadas: deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses. Lo hacen a través de “expertos”, que manejan un lenguaje técnico objetivo (el lenguaje jurídico), que se jacta de no estar “contaminado” por la política.

2) Ajuste estructural y lucha anti-corrupción: Elproceso de recorte del Estado y lo público impulsado por las Instituciones Financieras Internacionales y organismos bilaterales estadounidenses desde principios de los ’80en América Latina,incluyóla reforma jurídica como parte de la batalla contra la “ineficiencia del Estado”(http://www.oas.org/JURIDICO/spanish/RepoBM.htm). Se sostiene que la corrupción en el Estado debe ser extirpada apelando a las “buenas prácticas” del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la “lógica” de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de “los políticos” (léase: militantes, gente con trayectoria en partidos políticos), apostando a la formación de técnicos apolíticos(https://www.wilsoncenter.org/publication/international-support-for-justice-reform-latin-america-worthwhile-or-worthless).

La persecución judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos donde el Estado recuperó su protagonismo en materia económico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo público. A su vez, la corrupción va ocupando los primeros puestos entre las principales preocupaciones de los latinoamericanos, igualando a los problemas económicos (http://www.infobae.com/2013/11/02/1520855-las-10-mayores-preocupaciones-los-latinoamericanos/).

Tres dinámicas y un actor clave que confluyen para construir el Lawfare:

• Timingpolítico:implica que el caso judicial (utilizado como un arma) se hace público en momentos de alto costo político para la persona o grupos que son desprestigiados.

• Reorganización del aparato judicial:las élites con el control del aparato del Estado colocan en espacios clave a “técnicos” (abogados, jueces, fiscales) vinculados al poder de turno, para atacar al adversario político y/o prevenir situaciones hostiles que puedan provenir de éste.

• El doble rasero de la ley:si bien pueden salir a la luz varios casos de corrupción, se “elige” seguir de cerca a unos, invisibilizando o desestimando otros.

Medios de comunicación masivos y concentrados:operan como “periodismo de guerra” de modo transversal a estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar otros, a la vez que “manufacturan consentimiento”8sobre la corrupción como “enfermedad” del Estado y de lopúblico, a diferencia de las buenas prácticas de lo privado.

Lawfare. La judicialización de la política en América Latina Camila Vollenweider Silvina Romano (https://www.celag.org/wp-content/uploads/2017/03/LawfareT.pdf )

La participación de los Servicios de Inteligencias Nacionales estatales oficiales o para estatales de carácter clandestino, muchas veces entrecruzados por miembros de Fuerzas de seguridad que entrelezan sus actividades legales con “servicios adicionales” de carácter dudoso, son el otro eslabón de la trama.

ONG de distintas índoles, que licuan capitales para financiar las operaciones constituyen el otro eslabón de las cadenas con las que el poder imperial va generando las condiciones regionales y estaduales propicias a sus intereses y el de sus empresas transnacionales que esparcen el poder del financierismo neoliberal por todo el planeta.

Estos grupos son, además, agentes residuales que han tenido diversas participaciones en el plan Condor que coordino las dictaduras militares en la región hasta entrado los años 80 y que ¿Culminaron? Con la caída del muro, pero que volvieron a activarse con la invención de un nuevo enemigo para el Imperialismo yankie: El Terrorismo Internacional, necesario para seguir alimentando y nutriendo de fondos federales a todo el complejo científico, industrial, farmaceutico, militar que compone la primera actividad económica de los EEUU, Israel y sus aliados de la OTAN.

Ya en 1961, el presidente de los EEUU advertía “Nuestro trabajo, los recursos y los medios de subsistencia son todo lo que tenemos; así es la estructura misma de nuestra sociedad. En los consejos de gobierno, debemos evitar la compra de influencias injustificadas, ya sea buscadas o no, por el complejo industrial-militar. Existe el riesgo de un desastroso desarrollo de un poder usurpado y [ese riesgo] se mantendrá. No debemos permitir nunca que el peso de esta conjunción ponga en peligro nuestras libertades o los procesos democráticos.” ( Andreas, Joel, Adictos a la guerra: ¿Por qué los EE.UU. no pueden golpear su Militarismo, The Military–Industrial Complex; The Farewell Address of President Eisenhower Basements publications, 2006,)

Dwight D. Eisenhower en su discurso de despedida a la nación, 17 de enero de 1961

Al parecer no tuvieron éxito y tales actividades se convirtieron en el principal polo de desarrollo del Imperio del Norte.

Algunos años después, el senador J. William Fulbright, del Partido Demócrata, hombre íntegro y lúcido, declaró sospechar que alguna fuerza extraña estaba por detrás de los diversos acontecimientos que fomentaban la Guerra Fría e impedían a los Estados Unidos alcanzar un entendimiento con la Unión Soviética. Alguna cosa “no usual” – comentó él - siempre sucedía toda vez que las dos super-potencias iban a mejorar sus relaciones.

El senador Fulbright exceptuó que no podía probar nada, empero, incluso si tales acontecimientos habían constituido una mera coincidencia, fueron aprovechados por aquellos – “todos llamados conservadores” – que creían que los rusos eran la encarnación del mal y que cualquier relación si era con ellos era un pecado mortal. Él recordó a Fulbright que el propio presidente Harry Truman cierta vez había comentado que siempre que comenzaba a darse algún progreso en los entendimientos con la Unión Soviética, “something seemed to happen”.

Fulbright calificó los años en que el presidente Ronald Reagan estuvo en el gobierno de los Estados Unidos como una “irresponsible era” (“era irresponsable”) y advirtió que los Estados Unidos iban a emerger de un desastroso período, la culminación de antiguas tendencias para la militarización de ambas, la política y la economía. Y adujo que el aura de patriotismo paraba el debate, pero lo que los conservadores iban a defender era exactamente la sobre-facturación, tecnología sofisticada muchas veces redundante y algunas veces simplemente sistemas bélicos innecesarios. Como siempre, con mucha lucidez, el senador Fulbright denunció que la economía de los Estados Unidos se había tornado militarizada y, proliferado por el involucramiento global militar del país, el complejo industrial-militar se convirtió en una poderosa fuerza para la perpetuación de la carrera armamentista, de la cual obtenía grandes lucros. Y adujo que la “violencia se tornó la principal industria de la nación. Según comentó el slogan en los Estados Unidos durante la guerra en Vietnam era: “Fuerza! Más dinero para bombas! Más poder! Nosotros debemos ser el número uno”.

También Fulbright advirtió que la militarización de la economía iba a socavar internamente a los Estados Unidos, porque los armamentos no eran reproductivos. En efecto, dedicando una gran participación del poder industrial a los gastos de armamentos improductivos, los Estados Unidos iban a correr el riesgo de erosionar su base económica nacional, especialmente vis-à-vis potencias que concentraban una mayor participación de su renta en inversiones productivas a largo plazo.

Durante la Guerra Fría, la “amenaza soviética” había sido  amplificada por los Estados Unidos con el objetivo de obtener apoyo y justificar la intervención política y militar en los asuntos internos de otras naciones y las excesivas dotaciones presupuestarias, a título de defensa. Sin embargo, con la desintegración de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, el Pentágono, la CIA y demás servicios de inteligencia, dado que ya no había más otro Estado o bloque de Estados con capacidad de desafiar a los Estados Unidos y poner en riesgo su sistema económico, social y político, el Pentágono, la CIA y otras agencias americanas trataron de identificar nuevas amenazas, tales como el terrorismo y el narcotráfico, para fundamentar la continuidad de los abultados recursos, hasta entonces destinados al complejo industrial-militar.

El “terrorismo internacional”, que después de la revolución islámica en Irán había comenzado a configurarse, en el discurso de los gobernantes americanos, como el nuevo enemigo, otra nueva amenaza, sustituyó al “comunismo internacional”. Y, a fin de justificar el alto nivel de los gastos en defensa, e incluso aumentarlos, el aparato de seguridad de los Estados Unidos trató de enfatizar aún más esta “nueva amenaza”: el “peligro verde”, representado por el fundamentalismo islámico, sustituyó al “peligro rojo”,  el comunismo internacional, que la Unión Soviética y el Bloque Socialista habían configurado. Los burócratas del Pentágono, los neocons, CIA y otros órganos de seguridad desarrollaron entonces la nueva demoniología, aumentada por el concepto de rogue states (Estados irresponsables), los nuevos entes malignos. Con tal guerra contra el terrorismo y todavía provocando a Rusia, los años del presidente George W. Bush, en el gobierno de los Estados Unidos, conforman otra era aún más irresponsable que la del presidente Ronald Reagan.

Traducido para La ONDA digital por Cristina Iriarte

El autor de esta nota es Luiz Alberto Moniz Bandeira, de nacionalidad Brasilera. Tiene un doctorado en ciencias políticas de la USP, profesor de la UnB (retirado), doctor-honoris-causa de UniBrasil - Faculdades Integradas del Paraná y autor de más de 20 obras, incluida la Formación del Imperio Americano, que valió la pena ser elegido por la Unión Brasileña de Escritores Intelectuales del año 2005, ganador del Trofeo Juca Pato.

(https://web.archive.org/web/20071017032448/http://laondadigital.com/LaOnda/LaOnda/344/A61.htm )

El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), acordado por el Grupo de Puebla en su reunión inicial de Julio de 2019, nace con el objetivo de estudiar y combatir la utilización de la justicia como arma de guerra política y sus efectos devastadores en la gobernanza y la institucionalidad democrática de la región.

Esto, porque la región está experimentando una ofensiva desde poderes fácticos que, entre otros subterfugios, utiliza el sistema de justicia con el propósito político de atacar las experiencias progresistas de los gobiernos, sus partidos y líderes. De este modo, grupos comunicacionales, conglomerados económicos, gremios empresariales, organizaciones internacionales, agencias de calificación de riesgos, están haciendo política sin haber ganado un voto, y por tanto, sin responsabilidad pública y usando, como estrategia, la judicialización de la política.

El CLAJUD, buscará entonces, analizar los desafíos comunes con respecto al sistema de justicia de los diferentes países miembros, así como la búsqueda de iniciativas conjuntas para promover la justicia social y el estado de derecho democrático, en un permanente compromiso con la soberanía popular y la igualdad de derechos.

• Adoración Guamán Hernández – EQUADOR/ESPAÑA

• Aloizio Mercadante – BRASIL

• Baltazar Garzón –  ESPAÑA

• Carol Proner – BRASIL

• Damian Loreti – ARGENTINA

• Eli Gomez Alcorta – ARGENTINA

• Emilio Camacho – PARAGUAY

• Enrique Santiago – ESPAÑA

• Ernesto Samper – COLÔMBIA

• Gisele Cittadino – BRASIL

• Gisele Ricobom – BRASIL

• Hugo Humberto Gutiérrez – CHILE

• José Eduardo Cardozo – BRASIL

• Juan Martín Mena – ARGENTINA

• Juárez Tavares – BRASIL

• Marco Enríquez Ominami – CHILE

• Oswaldo Ruíz – ECUADOR

• Pedro Serrano – BRASIL.

• Roberto Manuel Carlés – ARGENTINA

• Gerardo Pisarello –  ESPAÑA

El tiempo pasa apenas sin darnos cuenta. Tempus fugit, como decían los romanos. Hace cuatro años, el 30 de mayo de 2016, tuve la oportunidad de caminar junto a las víctimas de Hissène Habré hasta el Palacio de Justicia de Dakar (Senegal) para asistir a la lectura pública de la sentencia para aquel dictador chadiano que asoló a su pueblo durante ocho años (1982-1990) dejando tras de sí a más de 40.000 víctimas mortales. Allí estaba él, envuelto hasta la cabeza en su bubú blanco (una prenda tradicional) y con gafas de sol, cubriendo enteramente su rostro para que no se pudiera apreciar ni una sola emoción.

El presidente de una de las Salas (tribunal) Extraordinarias Africanas que habían sido creadas precisamente para juzgar al exmandatario del Chad, un hombre de apariencia bondadosa y voz pausada y tranquila, dio lectura al fallo. Suponía el culmen de un proceso iniciado en el año 2000 cuando el juez instructor Demba Kandji admitió a trámite la querella de las víctimas, que el abogado Reed Brody y otros habían presentado en aplicación del principio de jurisdicción universal contra el dictador. Era el efecto del caso Pinochet aplicado en el continente africano. La intercomunicación de la jurisdicción universal también allí estaba funcionando en beneficio de las víctimas. Había sido un largo camino hasta que el tribunal internacional pronunció la condena a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, torturas, así como agresiones sexuales y violaciones.

En la Sala se hizo un silencio atronador. Todos estábamos con esa tensión que casi no te deja respirar ante un acontecimiento inmediato y que se intuye histórico. Las víctimas mantuvieron el máximo respeto al tribunal. Con una dignidad intacta, esa que les intentó arrebatar décadas atrás, se mantuvieron inmóviles en sus asientos entre el público hasta que los jueces se levantaron y se marcharon. Sólo entonces, con lágrimas en los ojos, comenzaron a gritar, a bailar, a reír, a llorar y a felicitarse. Se abrazaban, nos abrazábamos a ellas, con la extraña sensación que da a veces la Justicia. Manuel Vergara, colega que me acompañaba, y yo, también con las lágrimas asomando, les dimos la enhorabuena. Y, por momentos, fuimos inmensamente felices al ver que la Justicia había sido justa; que la razón judicial, contrastada y demostrada, se había impuesto a la barbarie. La idea de que estas ciudadanas y ciudadanos del Chad podían ir a buscar justicia a kilómetros de distancia en Dakar, donde Hissène Habré buscó refugio, venía inspirada por las víctimas chilenas y argentinas que, tiempo atrás, habían iniciado su peregrinaje internacional en demanda de justicia, que, a la sazón, se atendió en España a partir de 1996. La condena fue confirmada en apelación un año más tarde y, con ella, la obligación de Habré de reparar a las víctimas con 123 millones de euros de indemnización. Hasta la fecha, esas víctimas no han recibido nada. Pero, al menos, el dictador cumplía condena en una prisión senegalesa, sin arresto domiciliario, ni condiciones favorables que le distinguieran de los demás reclusos.

Las noticias que ahora conocemos indican que aquel hombre que gobernó en Chad con puño de hierro y que ha sido condenado a perpetuidad por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, torturas, agresiones sexuales y violaciones, ha abandonado la prisión por un periodo de dos meses para permanecer en arresto domiciliario debido a su reciente contagio de coronavirus. Es una información escandalosa, pues de ella se destila la poca o nula sensibilidad que merecen las víctimas de crímenes tan graves. Poco después de la confirmación de la sentencia, llegaron a mis oídos los rumores de un posible indulto a Hissène Habré. Las más altas autoridades del país hasta hoy lo niegan. Expresamente rechazaron este extremo tanto el presidente Macky Sall como el ministro de Justicia, Malick Sall. Sinceramente espero que así sea, aunque desde hace unos días, tengo mis dudas.

Pandemia y arbitrariedad

Lo cierto es que, perplejo, veo cómo numerosos gobiernos están aprovechando esta crisis sin precedentes, que tanto sufrimiento está trayendo y tantas vidas se cobra, para tomar decisiones de una relevancia extraordinaria y que pasen, sin embargo, desapercibidas. En Chile, a la vez que se apaciguan en las calles los movimientos sociales que llevaban meses exigiendo derechos y bienestar y se aplaza el plebiscito para la nueva Constitución hasta octubre, el presidente Piñera aprovecha para dar suma urgencia al proyecto de ley que lo habilita para indultar a personas mayores, incluyendo a condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la época de Pinochet. Como prolegómeno, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago fragua la impunidad de 17 violadores de los derechos humanos absolviendo a los jerarcas de la DINA (la policía secreta de Pinochet) y reduciendo otras condenas hasta el ridículo, con argumentos todavía más ridículos e inverosímiles, que son otra bofetada, otra más, para las víctimas chilenas que, presas de la desesperación, han resumido así su rabia y su impotencia: “Denunciamos una vez más que la justicia chilena da ejemplo de impunidad para los crímenes de Lesa Humanidad”.

En Bolivia se mantiene el cerco policial (más de 100 policías) a la embajada mexicana que acoge a varios políticos y miembros del gobierno de Evo Morales, mientras la presidenta interina se eterniza en el poder aplazando sine die las elecciones del 3 de mayo que debían devolver la normalidad democrática tras la dimisión forzada de Evo Morales. En Ecuador, al hilo de la pandemia se ha condenado al expresidente Rafael Correa, supuestamente por haber instigado al cohecho, si bien todo el mundo sabe que el objetivo único es inhabilitarlo para la política. En Brasil, la política de Bolsonaro de represión aumenta contra defensores ambientalistas y pueblos originarios. En Estados Unidos, se decide el cerco marítimo a países como Venezuela y Cuba y se expulsa a mansalva a inmigrantes en la frontera con México. En Hungría, se otorgan poderes casi dictatoriales al presidente Orban. En Filipinas, las barbaridades que hace el presidente Duterte ya no son noticia. En la India las denuncias de Human Right Watch sobre la discriminación y violencia contra los musulmanes por parte de las políticas del primer ministro Modi, caen de forma inmediata en el olvido; como también lo hacen las acciones de represión en Siria, Palestina o Yemen, entre otros muchos casos.

El covid-19 se ha convertido, o corre el riesgo de hacerlo, no solo en el elemento más destructivo contra la humanidad en los últimos tiempos, un enemigo invisible y letal, sino también en el virus de la impunidad, el virus que se ocupa como pretexto para justificar esas políticas tramposas que algunos dirigentes ya ensayaron en el pasado y que, ahora, se empeñan en activar mientras el mundo tiene puesta toda su atención en la pandemia. Este es un momento en el que vivimos sucesos extraordinarios que requieren de medidas extraordinarias, especialmente desde el punto de vista de control ciudadano hacia el poder; las sinergias para acabar con la pandemia han de ir de la mano de la máxima lealtad y transparencia hacia los ciudadanos.

Un tercio de la población mundial se halla en pleno confinamiento por el coronavirus. Por ello, que los ejemplos referidos a las víctimas de Hissène Habré y los otros que se citan en relación con tantas otras víctimas, no sean atacadas por el virus de la impunidad que quiere otorgársele al dictador y a quienes ejercen el poder arbitrariamente: ellas, a diferencia de los jefes de Estado y de Gobierno, no gozan de inmunidad.

( https://www.grupodepuebla.org/pagina-12-el-virus-de-la-impunidad-por-baltasar-garzon/)

Frente a estas otras pandemias muy anteriores en sus letales y enfermantes efectos para las sociedades del planeta que la que esta afectando la salud de muchos en estos tiempos, y especialmente para las debilidades propias de América Latina y el Caribe, la información y la comunicación que alimente el fortalecimiento de este tipo de redes e iniciativas que refuercen el sentido profundamente democrático de nuestras sociedades pero que además, supere el infantilismo y cierta mirada idealizada y angelizada respecto al buen comportamiento y funcionamiento de las instituciones y las intencionalidades de los que ejercen poder de decisión en el mundo y en la particularidad de sus territorios, deben ser alimentadas, sostenidas, difundida no solo en terminos de viralización sino y también de participación ciudadana sin la cual, toda democracia termina siendo rehén de esas mismas minorías poderosas.

Hoy estamos viendo como son las fuerzas internas de seguridad las que operan a favor de la desestabilización aprovechando que, en esta crisis sanitaria, son considerados esenciales para sostener los confinamientos que eviten que el sistema de salud colapse y con el buena parte de la poca confiabilidad que le queda al sistema respecto de sus “bondades” para el desarrollo de la humanidad.

Se suceden los hechos de Torturas en comisarías, violencia institucional, aumento del delito callejero con inuscitada violencia que, además son amplificados y utilizados por los medios masivos de comunicación con claros fines de amedrentamiento social y actores del juego destituyente que sigue ejerciendo intacto el lawfare pese a que la Justicia dá indicios de intentar sanearse a si misma con los casos D`Alessio y el Espionaje ilegal que va desentramando su entretejido cuidadosamente construido durante los años de Macri en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires primero y en el Gobierno Nacional después, pero al mismo tiempo deja con claridad explicita su total servidumbre a como creen congraciarse con el Gobierno de Turno, sabiendo que, en este caso, no se trata ni de Justicia, ni de revancha sino una guerra declarada del poder anti-democrático respecto de las instituciones democráticas y la política que son asi afectadas en su confianza ciudadana e igualadas en esa idea de la “antipolítica” como parte de la guerra subjetiva que intenta deslegitimar todo relato transformador y toda política que procure democratizar y corregir los males del capitalismo y el neoliberalismo en el planeta.

Da lo mismo si cae preso Bouduo o Dujovne, Zanola o Gonzalez Fraga, Cristina o Macri … Si la política se ve “judicializada” según la “ideología” o tendencia de cada gobierno, lo que se destruye es la confianza ciudadana respecto a la igualdad ante la ley y a la independencia del servicio de Justicia respecto de las disputas de orden político, sometiendo todo al único poder real … el de la concentración del dinero.

Daniel Roberto Távora Mac Cormack

Imagenes: Xul Solar