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Lunes 3 de agosto de 2020

II

Del orden Jurídico y la constitución nacional

"Hemos llegado a la conclusión de que el Estado debe ser al mismo tiempo respetuoso de los derechos individuales pero también un estado presente en cuanto a las necesidades de los ciudadanos. Parece que el ciudadano tiende a reclamar asistencia por parte del Estado, y al mismo tiempo, que no intervenga de ningún modo en exigirle", aseguró Domingo Rondina

Todos los caminos conducen a la Constitución Nacional, el acuerdo político del Estado Argentino que sirve de base de todo el ordenamiento jurídico. Es el rio cuyos por cuyos cauces discurren todas las ramas del derecho, por ello su estudio y comprensión es esencial a la hora de analizar las implicancias jurídicas de cada ley, decreto, sentencia, resolución y toda otra decisión que implique efectos jurídicos.

En un contexto de pandemia, aislamiento y emergencia de salud, los límites que impone la Carta Fundamental han sido puestos en consideración. Desde la disyuntiva sobre la libre circulación o las restricciones en nombre de la salud de la población, la aplicación de sanciones penales para quien viole el Aislamiento, la capacidad del Poder Ejecutivo Nacional para adoptar esas decisiones, hasta la posibilidad de que una provincia viole ese acuerdo político y se “independice” del Estado Federal, pasando por los límites legales a las actividades de inteligencia. Todos los caminos conducen al Derecho Constitucional.

Extractamos tres reportajes del trabajo realizado por “Diario Judicial” ( https://www.diariojudicial.com/nota/87047/notas-de-fondo/hablando-de-la-constitucion.html)

Tres prestigiosos constitucionalistas analizaron la realidad desde la óptica de su disciplina. Las restricciones a la circulación por la cuarentena, el espionaje ilegal y su relación con el derecho a la libertad de expresión y La separación de Mendoza, inauguran el debate de Conversatas. Son ellos Miguel Berri, Domingo Rondina y Diego Armesto, han participado de un debate moderado por Tomas Ressa y Cindy Monzón, en el que cada uno brindó su postura sobre los temas de actualidad, cuyas principales apreciaciones forman parte de este artículo:

“ Dju: Se interpuso un amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, en tanto argumentan que el DNU 576/2020 violenta el derecho a la salud y la libertad, ya que obstaculiza el ejercicio de la actividad física en lugares públicos. ¿Qué elementos se deben ponderar?

Miguel Berri: La realidad fáctica es la que va a determinar la ponderación respecto de las decisiones jurídicas. Tenemos que visualizar cada una de las situaciones conforme el territorio, y en este sentido la idoneidad, razonabilidad, son las que deben primar a la hora de la ponderación de las decisiones  en el Estado de emergencia. A mi modo de ver a la hora de ver los hechos respecto a la circulación desde el punto de vista respecto a la actividad física debe ponderarse según la situación de cada lugar y de acuerdo a las competencias del poder de Policía que tiene cada uno de los ámbitos. Las provincias y CABA son competentes para definir conforme su poder de policía en materia de salubridad pública las posibilidades de contagio o sensaciones de posibilidad de alto riesgo para la vida y la salud. Creo que desde este punto de vista lo cierto es que hay una supervisión general por parte del Congreso, que está funcionando, al igual que los tribunales. La relación de la idoneidad de la medida con respecto a lo que puede ser la afectación de otros derechos debe ser juzgada por el legislador en el ámbito de la competencia de cada provincia, y por el legislador nacional en el ámbito de la competencia federal.

Dju-¿Podría re-pensarse la legislación y el rol del Estado a raíz de lo sucedido con la Pandemia?

Domingo Rondina: Hemos llegado a la conclusión de que el Estado debe ser al mismo tiempo respetuoso de los derechos individuales pero también un estado presente en cuanto a las necesidades de los ciudadanos. Parece que el ciudadano tiende a reclamar asistencia por parte del Estado, y al mismo tiempo, que no intervenga de ningún modo en exigirle. Tenemos que analizar nuestra ecuación de derechos y deberes, y admitir que un Estado presente requiere participación compromiso y algunas responsabilidades ineludibles para con nuestro rol de ciudadano. No se puede ser solo beneficiario de la actividad estatal sin colaborar con ella. Hemos profundizado el criterio de tutela. La pandemia despertó el inciso 19 y 23 del art. 75. Ha empezado a fortalecerse la idea de un Estado más presente, con intervención en la economía, y me parece que hemos visto también la responsabilidad de la gente frente a las dificultades y la aceptación mayoritaria de las reglas razonables. Creo que es importante la amplísima libertad de expresión que estamos teniendo y que permite en gran medida internet. Eso asegura que cuando haya desvíos y abusos puedan ser rápidamente marcados. Se vieron los primeros días de aislamiento que la policía maltrataba a los ciudadanos que encontraba en la calle. Todas esas cosas mientras se puedan denunciar garantizan la protección de los derechos de los ciudadanos.

Dju: Si bien el dictado de medidas extraordinarias como el aislamiento encuentra su razón de ser en la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus, después de más de 100 días ¿existe todavía un equilibrio?

Domingo Rondina: creo que si. El criterio constitucional que nos debe orientar siempre es la razonabilidad y la restricción de derechos que implica el aislamiento tiene que estar vinculado a datos fácticos. Esto se resume en que no hay una medida única para todas las provincias sino que cada una se adapta a su contexto, como es Santa Fe que se encuentra en lo que se denomina zona DISPO. Hasta el momento las decisiones son claramente legítimas, a tal punto que se han hecho presentaciones judiciales y en ningún momento se logró conmover  la razonabilidad de las decisiones del gobierno.

Dju: Qué pasa, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene un negocio y es su única fuente de ingreso. A pesar de la prohibición decide abrir igual. ¿Cómo se soluciona esa colisión de derechos?

Diego Armesto: Se vuelve al concepto de la ponderación. Es decir, evaluar los elementos que se ponen uno por encima del otro para preservar la salud. Si tomamos el primer decreto que decretó el aislamiento, esa persona estaría infringiendo las normas del código penal, el 205 y el 239 puntualmente. Así de práctico funciona. Ahora, lo que yo entiendo es que toda restricción de libertades debe hacerse por medio del congreso.

La realidad de esta persona que nombras se repite en varios sectores, como franquiciados o cafeteros, por ejemplo, y el Estado debe ponderar dichas situaciones porque el concepto de salud implica lo físico, mental y social. Si yo no tengo recursos, no tengo salud, por lo que se está jugando constantemente con limitaciones de derechos basadas en el cálculo de cuantas camas tengo ocupadas. Es el Congreso donde debe debatirse todo esto.

Dju: Por una causa judicial se conoció un mecanismo de espionaje ilegal, puntualmente a periodistas. Desde el punto de vista constitucional, ¿cuál es el límite entre las tareas dedicadas efectivamente a mantener el orden y el socavamiento de derechos?

Miguel Berri: el espionaje es ilegal. No existe ninguna defensa. La posibilidad de juzgar a un periodista por la fuente de información viola la constitución porque, a diferencia por ejemplo de la constitución de Estados Unidos, acá existe un resguardo expreso que no obliga al periodista develar su fuente. Es necesario separar las dos situaciones, una cosa es que se lleve a cabo espionaje por parte del Ejecutivo y otra pretender juzgar a un periodista por usar fuentes que provengan de los servicios de inteligencia. La única manera de condenar a un periodista es demostrar la real malicia.

Diego Armesto: No se corresponden ya este tipo de actividades en democracia. La libertad de expresión es la libertad de libertades, entonces que haya una opinión distinta a la mía y que yo diga que esa opinión no puede ser publicada, anula la libertad que creo que tengo.

Es necesario destacar que la investigación de estos hechos debe ser llevado a cabo de manera seria por la justifica federal. La libertad de expresión es un camino que va por el medio y cuando los gobiernos comienzan a preocuparse, terminan chocando.

Domingo Rondina: hace muchos años sostengo que la AFI debe ser desarticulada, que no debe existir un organismo como ese. La inteligencia debe estar en manos de las fuerzas policiales para investigaciones criminales y puede haber dependencias judiciales al servicio de la fiscalía o instructores. Una inteligencia centralizada, dependiente del Ejecutivo, es dañina y siempre va a traer problemas. Los episodios, tantos anteriores como este, son todas ilegalidades sostenidas con presupuesto público.

Dju: Teniendo en cuenta las declaraciones del ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que aseguró que “Mendoza podría funcionar tranquilamente como un país autónomo”, ¿existen realmente posibilidades concretas dentro del ámbito de la Constitución que admita la separación y la declaración de independencia de una provincia Argentina?

Miguel Berri: Supongo que las declaraciones de Cornejo son de tinte político, que no pretende realmente llegar a la secesión, porque sabemos que Argentina no es una Confederación. No existe un pacto de alianza ofensiva-defensiva, con lo cual si nos une una Constitución Federal y nos dice que la Corte Suprema tiene una jurisdicción dirimente en el caso del artículo 127 creo que obviamente se refiere a una declaración política que pretende más actuar como una crítica. Nadie en su sano juicio podría sostener que podría producirse una secesión y menos aún de una provincias que aceptaron en su totalidad la constitución de 1853. En algún momento por el Pacto de San José de Flores algunos legisladores de la Provincia de Buenos Aires decían que  de no cumplirse el pacto, de carácter internacional, podría traer como consecuencia una situación de esa naturaleza. Sin embargo, no sucedió y Buenos Aires decidió sumarse a la federación. Reitero que es exclusivamente político.

Diego Armesto: Argentina no es una confederación, no es Estados Unidos, sino como decía Alberdi en sus bases, es un “federalismo mixto”. Las declaraciones de Cornejo se condicen con la obra muy grande llamada “Portezuelo del viento”, donde hubo cambios de posturas de las provincias que integran  un organismo que resuelve el tema de las aguas en aquella zona del país, y que llevó a que el ex gobernador tomara esa definición para vislumbrar políticamente las diferencias que existen entre la provincia de Mendoza y el gobierno Nacional, y creo que es una discusión que tenemos desde 1994, el tema de la coparticipación federal. Desde hace años la distribución del dinero de la coparticipación en nuestro país depende del color político y del amiguismo según el gobernador, cuando la Constitución establece un mecanismo para resolver la división de la coparticipación. Podemos estar horas discutiendo ese mecanismo que creo el Convencional Constituyente en el ´94 que todavía no pudimos resolver y hemos incumplido. Las declaraciones de Cornejo pretenden reflejar esta discusión en la distribución de la coparticipación y las obras, pero no es una idea que vaya a existir.

Domingo Rondina: El tema de Mendoza no es posible desde lo inconstitucional, pero no es algo que sea imposible que suceda en los hechos, porque a veces ocurre en el mundo que hay territorios que se imponen en armas y “secesionan” por la fuerza. Sí Mendoza quiere separarse del país, tiene que entrar en guerra con Argentina. Pero no está previsto desde el esquema jurídico-constitucional la separación de una provincia y mucho menos de las originarias. Los santafesinos tenemos como lema “Santa Fe: mi país”, y no por eso tenemos pensado formar parte de otro Estado Nacional. Lo que está en crisis en el sistema constitucional argentino es la distribución territorioal del poder mediante el mecanismo federal. El federalismo no está funcionando desde hace años, y tenemos que pensar como vamos a avanzar desde este federalismo ineficiente hacia un mecanismo más moderno de distribución del poder porque en la actualidad estamos en una situación de centralización de los recursos y de federación de los gastos. Esto lleva a un esquema de enorme inequidad entre los centros urbanos y los territorios del interior, y a enormes injusticias en los derechos individuales que dependen del poder de los estados zonales para beneficiar a los vecinos. En esas deficiencias enormes que tiene el federalismo es que se generan estos planteos. Mendoza es el gran ejemplo de deficiencias del federalismo, porque está lisa y llanamente en alzamiento contra el Estado federal desde hace muchos años cuando la Corte Suprema la condenó a dejar de sustraerle las aguas del Atuel a la provincia de La Pampa. Mendoza tiene una sentencia firme de corte nacional que incumple, en perjuicio de su vecina La Pampa, y aún así el Estado Nacional se lo tolera.  ¡Vaya sí hay problemas de federalismo! Pero esto no se soluciona en ninguna parte del mundo con mayores divisiones estatales, se resuelven con políticas de concertación y entendimientos en beneficios de más ciudadanía, y no de separar a los ciudadanos.

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La relación entre el Gobierno y la Corte Suprema está rota. En tan solo 8 meses, la administración de Alberto Fernández se equiparó -en nivel de tensión- al del último año y medio de Mauricio Macri. La ruptura de puentes de comunicación (que nunca existieron con fluidez) se plasmó en las ausencias al acto de presentación del proyecto oficial de reforma judicial: los llamados de invitación del Ejecutivo (a las vocalías) fueron declinados sin siquiera haber intercambiado mensajes entre ellos. Esa es una novedad. Se ingresa ahora a una nueva dinámica en la que el máximo tribunal guardará silencio y dará por triunfador al Gobierno en la intentona de agrandar el tribunal y hacer todas las modificaciones que anunció. Con 90 días para que el Consejo Consultivo emita su veredicto sobre temas sensibles y 30 días más (mínimo) para que avance un proyecto legislativo de ampliación, la cuenta mínima de 120 largos días abre el escenario para la única materia prima judicial: los expedientes.

El ánimo no es beligerante ni de “contra poder”, pero en el cuarto piso del Palacio de Tribunales no solo repiquetearon las palabras del presidente sobre el “mal” funcionamiento de la Corte, sino el mensaje que transmitió la ministra de Justicia, Marcela Losardo, respecto de que no se iban a enterar de ningún cambio por la TV. El antecedente de la poda del régimen especial jubilatorio del Poder Judicial se complementó ahora con la ausencia de diálogo ante el megaproyecto de reforma anunciado para el nuevo fuero penal federal. No hubo contactos previos que detallaran los alcances de la iniciativa, pese a que en algunas vocalías destacan las buenas artes de Eduardo “Wado” De Pedro para hacer de puente con la política. “¿Cuál es el modelo de Corte que quiere el Gobierno?”, se preguntaban en la entrada de Talcahuano 555. El primer efecto del Gobierno fue abroquelar personalidades irreconciliables entre sí.

La primera respuesta llegó en forma numérica: 29 mil causas resueltas en 2019, como detalló Ámbito del informe de gestión estadístico que la Corte publicó en internet. Debe darse por análogos una gran mayoría tales como los previsionales (Caso “Blanco”) que acaparó más de un tercio del volumen, lo mismo que los reajustes por pago en negro del personal de fuerzas de seguridad. El próximo dato es que el Estado es el principal “apelante” con un 65% de los casos que escalan.

El siguiente paso será mostrar los costos. El nuevo fuero penal federal insumiría -sin calculadora- unos 10 mil millones de pesos al año. Eso sin contar infraestructura, alquiler de edificios y sin los costos que insumirá regresar a una nueva normalidad con atención al público con instalaciones adaptadas pos pandemia. El Consejo de la Magistratura está en emergencia edilicia desde hace un año. Las Cámaras Federales y Nacionales no pudieron unificar un criterios para colocar mamparas adecuadas en las mesas de entrada. El Consejo quedó sumido en el tironeo de fondos con la Corte. Si el Ejecutivo manoteara el atractivo “Fondo Anticíclico” sobre el que se sienta el máximo Tribunal podría disponer el pago de salarios total del Poder Judicial por cuatro meses completos. Después habría que buscar otra alcancía que romper. Todavía no se abonó la última cuota en la que se dividieron los aguinaldos.

“Va a haber 46 juzgados federales para tres millones de personas de la Capital Federal, mientras que en la Provincia de Buenos Aires hay 30 para 17 millones de personas”, analizó un operador judicial que argumentó con otro enfoque el mismo problema que señaló un juez. “Multiplicar juzgados federales va exactamente a contra mano a la implementación del sistema acusatorio. Es incompatible”, disparó. Esa crítica no es la única al proyecto de ley presentado en sociedad y que ingresó al Senado. A los 46 nuevos juzgados en Capital Federal para el nuevo Comodoro Py se le deben agregar los 94 que se crearán en todo el país para dividir los famosos “multifuero” en su faceta penal. Todo eso terminará en un cuello de botella por ahora sin atención: la mismas cuatro salas de Casación de Comodoro Py que se han convertido en una instancia de apelación ineludible durante el trámite de instrucción y que además debe revisar los veredictos de los tribunales orales como función primigenia.

En el cuarto piso del Palacio aseguran que nadie se pondrá en el camino hacia la concreción del proyecto. Pero así como causó malestar en el resto del Poder Judicial -inclusive en la línea más afín al kirchnerismo- el texto de la reforma, el proyecto resultó un lubricante impensado hacia la dinámica de circulación de expedientes, que muchas veces quedan trabados por el póker interno. Por eso serán, cuanto menos, 120 días largos.

( https://www.ambito.com/politica/justicia/reforma-judicial-120-largos-dias-la-corte-y-quien-paga-la-fiesta-n5121896 )

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Más allá de cualquier opinión o interpretación de los hechos que se pudiere tener, en este tema el presidente Alberto Fernandez no toca de oído. Ejerció y aún conserva su rol como abogado y profesor de leyes. Pero es obvio que el sitial desde donde ahora actúa debe tener en cuenta otras variables … por ejemplo, la violenta e irascible arremetida de los medios de comunicación a su gestión en claros intentos por evitar de los modos que fueren posible, un mandato exitoso de su paso por la rosada.

Pero al mismo tiempo que constituye una oposición muy poderosa, al mismo tiempo es síntoma de la debilidad de sus oponentes en las arenas políticas y en este caso, en las jurídicas. Decir que la Corte funciona mal es una verdad elocuente. Los medios saben que aunque intenten instalar como “nefasta” la iniciativa del Poder Ejecutivo de modificar el número de miembros de la Corte, el desprestigio de esta es mayor que el temor que intentan imponer para conservar sus herramientas de Lawfare y condicionar toda política a sus esquemas de negocio. Por otro lado hay otras dos obviedades que no escapan al mas sesgado sentido común por mas anti-peronista, anti-kirchnerista o anti-Albertista que se quiera ser, y es el de la no injerencia del poder Ejecutivo en asuntos del Judicial, pero al mismo tiempo, la realidad de que el poder judicial es incapaz de sanearse a si mismo … que por ende es el parlamento el ámbito de debate y son los mismos miembros del poder Judicial los que deben debatir en ese ámbito parlamentario. Todo encaja como un Puzzle bien diseñado … El comité de expertos a quién el presidente le encomendo la taréa de dar forma a la reforma de la justicia penal y penal económica de modo de descentralizar y democratizar el poder casi exclusivo que en esta área ostenta Comodor Py, y la ampliación de los miembros de la Corte Suprema para asegurar mayor transparencia y representatividad a los fallos y acordadas solo pueden ser cuestionada desde la sinrazón y las obtusas posiciones de quienes solo pretenden la derrota del gobierno.

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"Los intentos de reforma judicial fracasan recurrentemente porque apuntan a cambiar leyes, pero no trabajan sobre la subjetividad de los trabajadores judiciales. No conozco proyectos cuyo núcleo sean las personas que hacen diariamente la Justicia. Es más, ni siquiera se los consulta y así, la historia se repite", advierte el fiscal federal Federico Delgado en República de la Impunidad, su tercer libro. Fue publicado por el sello Ariel, de Editorial Paidós, en plena cuarentena, y desarrolla un trabajo político y antropológico sobre las miserias, trampas y virtudes del sistema judicial argentino, que el entrevistado integra hace tres décadas. El trabajo retrata los calambres culturales más dramáticos y menos mencionados del fuero federal. Describe a los actores más perniciosos de la Justicia, como el juez "rockstar" o el "datero", que trafica información con la prensa para cobrar notoriedad. En sus páginas se puede conocer la trastienda política del armado de causas, el caso de los "perejiles" que son detenidos y la enorme capacidad que tienen los jueces para acomodarse con el poder de turno. Gran parte de esas características estructurales se pondrán en juego con la reforma judicial que el presidente Alberto Fernández envió esta semana al Congreso. En diálogo con Tiempo, Delgado analiza el texto desde el prisma de su obra. Se muestra abierto a analizar cambios en la Corte y reconoce que una parte de los cambios ya comenzó con la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), junto al decreto que le impide auxiliar a la Justicia.

–Usted se ha mostrado escéptico de los intentos de reforma judicial de los últimos 15 años. ¿En qué se diferencia este nuevo proyecto de los fracasos anteriores?

–Yo diría que uno puede pensar la reforma en un afuera y un adentro. Lo que está haciendo el presidente es reformar el afuera, y es importante. Porque aunque parezca un cambio del organigrama, y por eso hace tanto ruido, estás discutiendo poder. El proyecto reparte el poder político de la Justicia, primero entre muchos más jueces y después entre jueces y fiscales. Apunta a aplicar la ley que suspendió Macri por decreto. Me parece que el segundo momento va a ser la reforma desde adentro, pero eso no se lo podemos pedir al presidente, no podemos ser injustos.

–¿Cuál es la reforma de adentro a la que se refiere?

–A la que tienen que hacer la Corte y el Poder Judicial. No le podemos pedir a ningún diputado, senador, ministro, presidente, que haga una reforma con lo que tiene que ver con las cuestiones interiores de la Justicia. Ahí, la Justicia sabe. Venimos en un tobogán cada vez peor y hay que aprovechar la experiencia de lo malo para hacer lo bueno.

–¿Cómo se debería hacer esa segunda reforma?

–Los judiciales tenemos una capacidad muy loca, que es poder torcer las leyes: no cumplirlas pero tampoco incumplirlas, torcerlas. Es hacerle decir a una pizza que es una sopa. Entonces, ahí hay que trabajar, porque el sistema judicial argentino no tiene plan B. Da por sentado que todos van a ser leales a la Constitución, pero no hay plan B para los pícaros.

–¿Qué hacer con ellos dentro de la Justicia?

–Hay que construir incentivos institucionales para castigar a los malos y premiar a los buenos. Esto parece abstracto pero no es abstracto. Esto es castigar al que no cumple plazos, al que trabaja poco, al que en vez de pedir un informe a un empresario a las 3 de la tarde le allana la oficina a la hora del prime time. Hay que trabajar la dimensión moral porque las leyes no hacen milagros.

–Precisamente, ese tema está en el proyecto. Plantea que no se pueden presentar a las eventuales subrogancias aquellos jueces que hayan incumplido plazos, pero no define cuáles. ¿Cree que ese bache es para abrir una negociación en el Congreso con la oposición?

–No se cómo será la negociación. El tema de los plazos está en todas las leyes. Lo que hay que hacer es sujetar la Justicia de nuevo a la Constitución. La vida pública argentina requiere eso; tiene desafíos por arriba de los que tienen demasiado dinero y poder, y por abajo de gente que no tiene para comer.

–El texto establece un mecanismo de subrogancias para cubrir provisoriamente los futuros cargos vacantes y no aplica la ley de subrogancias vigente desde 2017. ¿Está de acuerdo?

–Es una parte muy controvertida del proyecto, sobre todo porque tuvimos experiencias muy malas con eso.

–¿Cómo se podría resolver para evitar una negativa cerrada de la oposición?

–Quizás se puede arreglar diciendo que el señor que va a ser subrogante no puede concursar, entonces aventamos ese tipo de sospechas. Un juez subrogante siempre es más vulnerable y tenemos experiencias horribles en ese sentido. El que quiere ser subrogante que no pueda concursar. Y si no, convoquemos jueces jubilados, que vuelvan a trabajar otra vez. Aparte, están mejor que nunca y son los más independientes porque no tienen nada que perder.

–La reforma implicará el comienzo de una serie de concursos. ¿Debería incluir cambios para mejorar y transparentar la selección de los futuros jueces para evitar el "forum shopping"?

–O hacemos concursos y gana el que más escribió y estudió o los sinceramos. Por eso recomiendo el libro de mi amigo Pablo Slonimsqui (NdeR: autor de Forum Shopping Reloaded, claves para entender la manipulación judicial), que cuenta cosas maravillosas de lo que pasa con los concursos. Pero terminemos con la historia de que el que quedó primero pasa a ser el décimo y el último queda primero. Porque hay una entrevista previa que define eso y no tiene que ver con los resultados sino con que algún amigo les dio una mano.

–¿Era necesario que el presidente presentara la reforma judicial junto a la creación del comité de juristas para analizar cambios en la Corte Suprema?

–No soy político, no entiendo bien de eso. Lo que sí sé es que cuando tenés problemas en la vida, tenés que enfrentarlos. No sé si hay un momento ideal. Lo de la Corte en definitiva es una comisión y no es más que eso. No sé qué hará la comisión. Sé que se armó un poco de revuelvo alrededor de Beraldi, pero salvo él y Arslanian, no conozco mucho a la gente que integra la comisión.

–¿Qué temas debería tener en cuenta esa comisión?

-El secreto de la Corte Suprema es que nadie sabe bien cómo funciona. Conozco mucha gente que pasó por la Corte, muchísima, que se fue angustiada y triste, que quiso cambiar cosas y no pudo. Y por ahí la comisión es un buen lugar para que un montón de personas que tienen ganas de trabajar encuentren un lugar para contar ideas. Es simplemente una comisión y hay que ver de qué forma decide trabajar en múltiples planos, pero en el plano de recoger experiencias, quizás sería un plano más aburrido, pero muy rico, porque cualquiera de nosotros cuando se manda tres o cuatro macanas, después se pone a analizar qué hizo para no volver a repetirlas.

-¿Por qué para usted es tan importante que el Congreso tenga presente la opinión de los trabajadores judiciales para avanzar en la reforma?

-Porque son los que de verdad conocen la hechura de los procesos. Y en esa hechura están los aciertos y los errores. Me parece que sería bueno que hablen con esa gente. Es una opinión mía, pero siempre quedo en minoría. Es como en un medio o en un diario. No importa tanto el dueño, porque el dueño podrá bajar una línea, pero el que hace el diario es el laburante. Sin articular eso es muy difícil.

-El radicalismo dice que la reforma multiplica cargos, aunque el texto plantea una serie de fusiones. Del fuero federal con el correccional de la capital, del comercial y civil con el contencioso y administrativo, entre otros. ¿Qué opina sobre esas unificaciones?

-Era una locura que existan tantas cosas distintas para cosas que son parecidas. Eso va a terminar y va a traer ruido porque  termina también con un gran "negocio". Había un gran artilugio, sobre todo con lo que tiene que ver con la división del contencioso administrativo, civil y comercial. Era un gran "negocio" para muchos abogados que juegan a lo que yo llamo la calesita judicial.

-¿A qué le llama "calesita judicial"?

-En esos fueros lo que se define es la relación patrimonial de las empresas o de las personas con el Estado, entonces qué es civil, qué es contencioso y qué es comercial, a veces lleva años y esos años significa ganar tiempo y con el tiempo pasan muchas cosas. A mí me parece bien que eso se haya sincerado. Es igual con la fusión del fuero penal económico con el federal. El gran secreto es multiplicar el poder y subordinar la vida a la ley. Si en vez de doce o veinte tipos hay 46, es mejor para todos los ciudadanos porque quiere decir que ninguno tiene la posibilidad de hacer alianzas o ponerse de acuerdo y ser desleal con la Constitución.

-Apenas asumió el presidente dispuso la intervención de la AFI. Nombró a la fiscal Cristina Caamaño al frente y anuló el artículo de la Ley de Inteligencia que le permitía a los espías ser auxiliares de la Justicia. ¿Cree que esta reforma se podría haber presentado sin ese antecedente?

-No. Me parece que parte de la reforma era eso y es algo que paso desapercibido para el gran público. Como buena fiscal que es, Caamaño sabía por donde se cuela la cola del diablo. ¿Cual es el problema de los servicios de inteligencia con la Justicia? Que había una excusa formal que permitía que ingresen a trabajar a las causas. Eso significaba que un panadero trabaje de florista.

-¿Por qué?

-Porque el lenguaje de los servicios de inteligencia es el secreto. Es estar al borde de la ley o fuera de la ley, mientras el lenguaje de los policías es la ley y la Justicia está pensada para que trabaje con los policías. Después veremos cómo hay que mejorar a las policías, porque es otra discusión. Sin embargo había una posibilidad de que los jueces puedan convocar a los servicios de inteligencia para que trabajen de policías. Y esa era la excusa formal que permitía que pudiera pasar cualquier cosa. Y eso lo cortó Caamaño, de una manera que quizás es invisible, que no se conoce, pero de ahora en más si un juez o fiscal trabaja con los servicios no lo puede hacer más de manera legal. Antes se podía empezar de manera legal y por ahí, después, que derive por otros caminos. Ahora no hay chances.

-Pero la Corte no firmó ninguna resolución para aplicar ese decreto a las causas que estaban abiertas antes del decreto.

-Los servicios ya no pueden trabajar más de este modo. La Corte mantiene la oficina de escuchas. En el libro hablo de hacer juicios en nombre de la ley que son profundamente ilegales. Bueno, gran parte de eso se colaba con esa trampita: como la cosa es tan compleja, en vez de que me ayude la policía que lo haga la AFI. Y eso, que puede parecer una zoncera, va a tener un efecto muy interesante porque dentro de cinco o seis años los jóvenes que trabajen en tribunales ni se van a representar la idea de que la AFI haga eso.  «

( https://www.tiempoar.com.ar/nota/la-reforma-judicial-trae-ruido-porque-termina-con-un-gran-negocio)

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De todos modos, cualquier reforma de cualquier índole respecto a cualquier área del funcionamiento del Estado o del encuadre legal que nos damos los Argentinos, de nada valdrá si el financierismo impone sus criterios modificando prácticas y gobiernos cada cuatro años que le sean afines a sus negocios y al lawfare que los posibilita. Pese a lo que se diga, hoy el Poder Judicial es el que tiene injerencia sobre la democracia y el resto de los poderes, pero esta subyugado a una mafia mediática y de espionaje que los tiene de rehenes o socios, según la interpretación que se le quiera signar, contrarios al buen desarrollo de la política y de la democracia representativa de carácter Nacional que privilegia el buen vivir de los Argentinos por encima de los negocios de una minoría que favorece intereses extranjeros y es capaz de vender o matar a la madre para consolidar sus negocios.

Daniel Roberto Távora Mac Cormack