Sábado 12 de setiembre de 2020

 

 

Sí, la toma de tierras es un delito. Ahora bien, ¿qué implica que se debata el acceso al hábitat digno en términos del Código Penal? Sobran los ejemplos en los que dos derechos presentes en nuestra Constitución entran en pugna y el Estado tiene que arbitrar entre ambos. Los cortes de calle son el ejemplo más habitual -protesta versus circulación- pero quizás por esa habitualidad la urgencia en pedir que lleguen los palazos ante un corte de calle ya no está tan de moda.

Detrás de estos derechos en pugna hay una premisa: ningún derecho constitucional es absoluto, y el derecho a la propiedad de la tierra, que además cumple una función social, no es una excepción. Esto no quiere decir que irrumpir en la propiedad privada de alguien esté justificado ni mucho menos, pero sí pone de relieve lo estéril de encerrarse en la discusión sobre lo delictivo del acto.

La naturalización de un privilegio

Sobre esta tensión entre derechos le pregunté a Pablo Vitale, director de la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales. Su respuesta explica mi punto mucho mejor: “Es un enorme problema social y político cuando escandaliza más la ocupación de suelo sin uso que familias viviendo a la intemperie. Con esto lo que se evidencia es la naturalización del privilegio de la propiedad privada por sobre el derecho a la vivienda. Debería anteponerse la resolución de la necesidad de vivienda de las familias que ocupan a cualquier otra medida”.

También le pregunté a Pablo sobre la idea muy difundida en varios medios acerca de que las tomas de tierras siempre están orquestadas por mafias o “punteros”. “Habría que distinguir dos cosas muy diferentes”, me contestó.

La primera: “Las tomas con las que se inician los asentamientos (que a diferencia de las villas generalmente son colectivas, más planificadas y replican la trama urbana de los entornos) suelen contar con algún grado de coordinación, la participación de organizaciones sociales, de base o políticas (en los 80, de la iglesia, por caso) y referentes; esto efectivamente suele ser así, aunque siempre sobre la base de una necesidad de vivienda estructuralmente irresuelta que algún fenómeno contextual u oportunidad que cataliza e impulsa la ocupación. Esa misma necesidad habitacional irresuelta, en algunos episodios puntuales, se ha conjugado con intereses de desestabilización política, pero en todos los casos que conozco se sobredimensiona el rol de esos ‘punteros’ como forma de deslegitimar las tomas”.

La segunda: “Los fenómenos de mercantilización de acceso al suelo también se fueron expandiendo en las modalidades informales: alquileres y ventas en villas, especialmente, pero también en asentamientos, ocupaciones de viviendas en estos barrios y participación en tomas con fines de venta de los inmuebles. En otras ciudades del continente los ‘loteos pirata’, es decir la ocupación de tierras con fines de venta llega a ser una de las formas más extendidas de urbanización popular informal. No es el caso de las tomas en nuestro país, en el que puede haber casos puntuales que, nuevamente, son sobredimensionados mediática y políticamente como forma de deslegitimar las tomas”.

¿Oleada de tomas?

Si bien la toma de Guernica y otras que se dieron en los últimos meses tuvieron sus particularidades en la velocidad con la que se concretaron, las cifras oficiales contradicen las noticias acerca de “una oleada de tomas” en el país y en la provincia de Buenos Aires.

La ministra de Gobierno bonaerense destaca que el año pasado se dieron en promedio 140 tomas por mes y en lo que va de este año ese número desciende a 40. Pero los datos sobre el mercado inmobiliario informal no están seriamente sistematizados. Según datos del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos consignados en esa misma nota, el déficit de la PBA es de 900 mil viviendas y la gestión de María Eugenia Vidal dejó 5700 obras de vivienda paralizadas por más de dos años por falta de pago en cincuenta municipios.

Para Vitale, “los fenómenos de tomas de tierras son muchísimo más frecuentes y extendidos de lo que suele saberse, pero que cuando se transforman en noticia, desencadenan un inagotable cúmulo de desinformación, prejuicios, estigmatizaciones y pedidos de represión por parte de quienes, en tiempos regulares, ignoran que es una consolidada y creciente forma de producir ciudad en nuestro país y todavía más en  mayor parte de las urbes de la región”.

Un gran poder

Esos prejuicios a los que se refiere el Director de ACIJ muchas veces están basados sobre la idea de que la tierra tomada pertenece a alguien “como uno” y que estaba haciendo uso de ella. Sirve para empatizar, pero parece que no es tan así.

Sobre este punto Vitale indica que “en prácticamente la totalidad de los casos se trata de suelo abandonado, baldío, sin uso durante años; en caso de contar con información, obviamente quienes ocupan prefieren tierras fiscales, que suponen un potencial de regularización mayor que las privadas. Pero por regla, si hay un mínimo de organización se verifica que las tierras estén en las mejores condiciones para una regularización futura (por ejemplo, que no estén adjudicadas para la construcción de un equipamiento urbano) y es muy común que las tomas sean sobre terrenos baldíos que generan perjuicios al entorno (por daño ambiental, inseguridad, etc)”.

Acá entran dos variables que no suelen tenerse en cuenta a la hora de tener discursos punitivistas sobre las tomas: ¿A quién pertenecen las tierras tomadas? ¿Para qué se usaban esas tierras antes de la toma?

Virgilio Gregorini, presidente de la ONG Techo desarrolla de manera clara cuál es el rol de algunos de los dueños de estas tierras en desuso:

1. “Tengo un papel que dice que soy propietario de una tierra, pero no ejerzo ningún acto posesorio (es decir no cumplo mis deberes por ser titular de esa tierra)

2. Dejo que me ocupen la tierra o coordino la ocupación con algún político/a.

3. Espero hasta que algún día la Provincia expropie el terreno con fines sociales/políticos.

4. Uso mis influencias para que el valor de la expropiación sea de mercado como si no hubiera gente viviendo y como si yo hubiera ejercido responsablemente mis deberes sobre ese terreno”.

Lo que me pareció interesante de ese hilo es que destaca que los dueños de las tierras también tienen deberes. Algo así como lo que le dijo el tío Ben a Peter Parker antes de ser asesinado: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. Tener un pedazo de tierra en medio de una crisis habitacional tan profunda como la que transita hace décadas Argentina es un gran poder. No hacer un uso productivo de ella es una gran irresponsabilidad que genera una suba de precios y termina profundizando esa crisis.

Para romper con ese círculo vicioso hay un instrumento sobre el cual urbanistas de todo el mundo y organismos internacionales están de acuerdo: más impuestos al suelo urbano ocioso, en forma de vivienda vacía o de terreno baldío. Desde 2012, la provincia de Buenos Aires cuenta con el segundo de estos instrumentos.

Vacunas y remedios

La reurbanización de barrios populares una vez ya consolidadas las ocupaciones de tierras públicas o privadas en desuso es el remedio ante la ausencia del Estado en materia de acceso a la vivienda. La vacuna, sin embargo, sería ofrecer alternativas a la toma de tierras para la generación de barrios informales. Esta segunda opción es mucho más barata. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo urbanizar un barrio popular es entre 3 y 7 veces más costoso que generar una nueva urbanización que albergue la misma cantidad de familias.

Vamos primero con el remedio. La necesidad de reurbanizar los 4.400 barrios populares relevados en 2018 por la CTEP, Techo y el Estado nacional en 2018 se plasmó en una ley votada por unanimidad. También fue unánime la necesidad de expropiar los terrenos cuando los mismos estén en manos privadas. Al momento de aprobar esa ley no hubo cuestionamientos a las tomas que iniciaron esos barrios.

El Registro Nacional de Barrios Populares fue un avance claro para las organizaciones sociales pero su financiamiento quedó pendiente por casi dos años, hasta que en diciembre de 2019 se creó el fideicomiso encargado de financiar las expropiaciones y las obras de reurbanización. Parte del impuesto PAIS ahora va a financiarlo y el impuesto a las grandes fortunas se plantea que también. ¿Alcanza? ¿De dónde debería salir el financiamiento para reurbanizar?

 

Sobre esto hablé con Sebastián Welisiejko - voz disonante en el eco punitivista de Cambiemos- y ex Secretario de Integración Sociourbana durante el gobierno macrista.

“El RENABAP no tuvo en 2019 partidas presupuestarias de un volumen consistente” admite. Sin embargo aclara que “se creó una secretaría de Estado nueva y de toda la masa de dinero que ejecutó el Ministerio del Interior una parte iba a los barrios del Registro. Ese ritmo de inversión no alcanzaba pero tampoco alcanza el que se anunció ahora. Creo que el debate tiene que ir más allá de estas partidas porque se necesita otra escala. Lo que sale del impuesto PAIS y de un eventual impuesto a las grandes fortunas es un primer paso pero tiene que ser una plataforma para atraer dinero de otras fuentes, integrando a la fuente pública con el mercado de capitales y organismos multilaterales”, analiza, porque está claro que ningún presupuesto público va a poder invertir 26 mil millones de dólares, el dinero que se necesita para reurbanizar todos los barrios populares del país”, analiza.

Ahora vamos con la vacuna. Si bien Welisiejko maneja datos menos desalentadores, en este informe de CIPPEC se revela una baja en el presupuesto aprobado por ley dedicado al hábitat durante la gestión de Cambiemos: “(...) el presupuesto asignado por Ley para el hábitat (...) pasó de representar el 6,5% del total nacional en 2014, al 5,3% en 2017”. Para completar el panorama, según esta nota de las investigadoras Paula Shabel y Virginia Nessi en 2018 y 2019, la baja acumulada en el presupuesto dedicado a políticas habitacionales fue del 79%. Medido en dólares y según cifras oficiales de la gestión anterior, la inversión en barrios populares bajó más de un tercio. De 390 millones a 104 millones.

Para que la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat no quede en otro acto simbólico, ese financiamiento -que posiblemente se juegue concretamente en la discusión del presupuesto 2021- va a ser clave. Como contracara de las tomas, el anunciado Plan Nacional de Suelo busca aumentar la oferta de suelo urbanizado. En paralelo, hoy vuelve oficialmente el Procrear con sus líneas de crédito para construcción y ampliación en terreno propio.

Hay tomas y tomas

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ayer sacó Un comunicado llamando a una mesa de diálogo por la toma en Guernica- (https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2020/09/Presentacion-Guernica-con-adhesiones.pdf )

Hoy, en conjunto con más de 130 organizaciones sociales, políticas, de promoción de derechos y académicas, funcionaries, legisladores y defensores, le pedimos al juez que interviene en el proceso judicial relacionado con la toma en la localidad de Guernica que se abra un espacio de diálogo.

La situación de las 2500 familias que están allí requiere la creación de una mesa de gestión integrada por representantes del Poder Ejecutivo provincial, como el Ministerio de Infraestructura, del Ministerio del Desarrollo de la Comunidad y de Jefatura de Gabinete, así como también de instituciones encargadas de la protección de derechos humanos, como la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial, la Defensoría del Pueblo, los defensores oficiales y los representantes legales de quienes fueron demandados.

El propósito de este espacio debe ser resolver la situación habitacional de quienes hoy ocupan el predio y suspender las medidas de desalojo, con el fin de evitar mayores riesgos para la integridad y la vida de las personas involucradas tanto por la acción de particulares como de agentes de seguridad.

En las últimas semanas, las tomas de tierra se multiplicaron en todo el país y especialmente en el conurbano de Buenos Aires. La pandemia agravó los obstáculos que tienen miles de familias para acceder a un hábitat digno y ahora la situación es crítica, lo que exige medidas urgentes y excepcionales.Los estados municipales, provinciales y nacional deben poner en marcha medidas de emergencia para mejorar las condiciones de vida de quienes residen en tomas, asentamientos y villas y de quienes están en situación de calle, a la intemperie. También deben crear espacios de diálogo para resolver los conflictos originados en que las personas no tienen donde vivir.  Si estos espacios no existen, los conflictos comienzan a resolverse a través del sistema penal. La respuesta punitiva, que criminaliza a quienes participan en las tomas, es una simplificación que tiene consecuencias graves: transforma en culpables a quienes son víctimas de la distribución desigualitaria de los recursos. Desconoce, también, que décadas de abandono estatal convirtieron a las tomas de tierras en la única forma de acceso a la tierra por parte de los sectores populares, y que son el origen de cientos de barrios actuales. En este contexto, el desalojo de las familias que están habitando las tomas a través del uso de la fuerza estatal es la peor de las soluciones, ya que abre la puerta a que a este cuadro de vulneraciones de derechos se sume la violencia.

Durante años, el Estado ha avalado las ocupaciones ilegales y la violación sistemática de las normas llevadas adelante por los emprendimientos privados de urbanización: solo en la provincia de Buenos Aires cerca de 500 barrios privados se construyeron sin permiso. Históricamente, esto fue posible porque no se sancionó a los desarrolladores inmobiliarios y luego se dieron facilidades para la regularización de estos emprendimientos ilegales, con reglas hechas a medida. Ahora, cuando están en juego las condiciones de vida de decenas de miles de familias en todo el país, el Estado debe actuar para  romper lógicas de apropiación desigual de la riqueza y avanzar con decisiones operativas alejadas tanto de la visión securitista como de la restricción del gasto público.

Vivir en una toma o en un asentamiento es vivir en una precariedad extrema. Una precariedad que ahora mismo se está multiplicando en decenas de miles de vidas. Desalojar implica volver a arrojar a esas miles de personas a otro tipo de precariedad e incertidumbre aún peor. Esa es la situación que requiere la solidaridad de la sociedad y la acción urgente del Estado. 

( https://www.cels.org.ar/web/2020/09/guernica-la-salida-es-la-solucion-habitacional/)

María Cristina Cravino, antropóloga y docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento, disecciona las tomas de tierras en Argentina en las últimas décadas. Un dato que menciona: “Desde 1976 la agencia de Hábitat de Naciones Unidas propone a los Estados que no desalojen los asentamientos populares y en cambio plantea radicarlos y ayudar a los habitantes a construir sus barrios y viviendas”.

Bonus tracks

• En medio de la quita de una parte de la coparticipación que Mauricio Macri le dio por decreto a Horacio Rodríguez Larreta, un poquito de venta de tierras sin romper nada, en esta nota sobre Tiro Federal. Además, ¿analizan vender Parque Sarmiento para equilibrar las cuentas?

• Quizás es el momento para empezar a pensar cómo va a ser la vuelta a la escuela, aunque todavía estemos lejos de que eso sea una realidad en el AMBA. Si el riesgo disminuye a cielo abierto, ¿podemos imaginar la escuela en la vía pública? 800 escuelas en Nueva York dicen que podemos. Si debemos, se lo dejo a la infectadura. Ah, re.

• Según un informe de Zonaprop, los precios de las publicaciones de alquileres en CABA (con un precio siempre mayor al que finalmente se paga) aumentaron un 19,2% en el último trimestre, por encima de la inflación. Imputar ese aumento sólo a la recientemente aprobada Ley de Alquileres es tan forzado como desconocer que tuvo un ¿esperado? efecto en el corto plazo. Para mí, hay que ver el mediano y el largo. Mientras tanto, ayer el estado de Cataluña aprobó una nueva ley de alquileres que establece precios máximos de referencia por zonas en 60 ciudades.

Eso es todo por hoy, amigue. Espero que hayas disfrutado leer estas líneas tanto como yo disfruté escribirlas.

( https://www.cenital.com/ )

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Las sociedades como resultado del Neoliberalismo globalizador como etapa actual del capitalismo, empezaron a practicar el distanciamiento social mucho antes de que la crisis sanitaria llegara a poner a prueba su resistencia y a exponer sus vulnerabilidades. Se trata de un distanciamiento social causado por la extrema desigualdad en la región, que socava la fe de los ciudadanos en el bien común y amplía la brecha entre ricos y pobres.

“América Latina y el Caribe, en particular son una de las regiones más desiguales del mundo en materia de ingresos. El 10% más rico de la población capta 22 veces más de la renta nacional que el 10% más pobre. El 1% de los más ricos se lleva el 21% de los ingresos de toda la economía, el doble de la media del mundo industrializado. Además, las marcadas diferencias en materia de ingresos representan apenas una de las diversas formas de desigualdad que socavan la cohesión social y el sentido de pertenencia a algo más grande que uno mismo”, según un trabajo elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (Bid) “La crisis de la desigualdad: América Latina y el Caribe en la encrucijada / editores, Matías Busso, Julián Messina.p. cm. — (Monografía del BID ; 837)” (https://events.iadb.org/calendar/event/22522?lang=es&j=443796&sfmc_sub=10051381&l=295_HTML&u=8825465&mid=100028582&jb=12 )

“El género, la raza y la etnicidad, al igual que los ingresos, son poderosos determinantes del acceso a la atención de la salud, la educación, el empleo y el sistema legal. Las desigualdades comienzan temprano en la vida y se hacen más grandes durante la infancia y la adolescencia, dando a los niños de distintos orígenes oportunidades diferentes para crecer y desarrollarse.

 

Los pobres y las clases medias bajas viven en vecindarios diferentes, asisten a escuelas diferentes y visitan clínicas diferentes. Es mucho más probable que quienes pertenecen a estos grupos sean víctimas de delitos violentos que aquellos que pertenecen a la clase alta y que estén mucho más expuestos a los efectos destructivos del cambio climático, a la vez que tienen menos herramientas para hacer frente a las consecuencias de estos dos fenómenos.En materia de educación, los niños de las familias más ricas tienden a estar mejor preparados para ingresar a la escuela que los de las familias pobres. Al comenzar la escuela, los niños de niveles socioeconómicos altos tienen un desempeño sustancialmente mejor que sus pares más pobres en el desarrollo socioemocional, cognitivo y lingüístico.

Estas disparidades se amplían con el tiempo, y cuando los jóvenes llegan al mercado laboral, sus efectos se hacen muy evidentes. Las personas mejor preparadas tienen la primera opción para elegir los empleos de alta calidad en el relativamente pequeño sector formal de la región, mientras que las menos preparadas, que proceden, en forma desproporcionada, de las clases más pobres, probablemente pasarán el resto de su vida trabajando en el sector informal. El empleo formal da acceso a redes de seguridad, como las pensiones contributivas y, en algunos países, el seguro de desempleo. Por el contrario, la mayoría de los trabajadores del 40% de la parte inferior de la distribución de ingresos tienen trabajos informales que carecen de redes de seguridad”, afirma en el prefacio del trabajo citado, el presidente de la entidad financiera transnacional Luis Alberto Moreno.

En el plano Nacional, el presidente Alberto Fernández puntualizó que las acciones de su gobierno no son para “sembrar discordias sino igualdad” y remarcó su voluntad de diálogo aún con aquellos a los que “les duele renunciar a algunos privilegios”.

“Vamos a seguir dialogando. Ningún diálogo se rompe”, remarcó el jefe de Estado en lo que fue una respuesta de soslayo al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien salió a cuestionar al Presidente por el DNU que retomó un punto de la copartipación que en 2016 y por decreto le había traspasado a la Ciudad el ex presidente Mauricio Macri.

Fernández habló durante un acto en el que anunció obras públicas para las provincias de Chubut, Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán y Tierra del Fuego, con una inversión de 31 mil millones de pesos. Las obras incluyen infraestructura ferroviaria, ampliación de redes de agua potable y saneamiento, mejoras viales y trabajos de infraestructura hídrica. 

“Lo que estamos haciendo no es sembrar discordias sino igualdad” y en ese marco “vamos a seguir dialogando” porque “ningún dialogo se rompe”. Lo que ocurre es que “a veces, a algunos le duelen renunciar a algunos privilegios”, pero “el diálogo es el modo (de resolver las diferencias), no conozco otra manera”, aseveró Alberto Fernández durante un acto de anuncio de obras públicas.

Fue el primer acto oficial tras el anuncio de Rodríguez Larreta de que irá a la Corte Suprema de Justicia para intentar frenar el traspaso de un punto de coparticipación a la provincia de Buenos Aires.

Fernández dispuso a través del DNU 735/20 retomar el punto de coparticipación extra que Mauricio Macri le había dado unilateralmente a la Ciudad tras el traspaso de la Policía Federal. Con esos fondos, alrededor de 35 mil millones de pesos, el gobierno nacional creó el Fondo de Financiamiento con el que la administración bonaerense solventará la recomposición salarial a los policías provinciales.

Durante el acto desde la Quinta de Olivos y en teleconferencia con varias provincias, el primer mandatario recibió el apoyo de varios gobernadores y funcionarios que participaron del anuncio de obras. Entre ellos el bonaerense Axel Kicillof y el tucumano Juan Manzur, quien ratificó el respaldo de los mandatario provinciales al Presidente: “Vamos a estar al lado tuyo” porque “tenés nuestra confianza” para “poner a la Argentina de pie”, dijo.

En su discurso, Alberto Fernández anticipó que para construir un país federal se “tomarán medidas que van a causar perjuicios en unos y beneficios en otros”. Pero aclaró que “el ‘perjuicio’, entre comillas, no es quitarle a alguien lo que necesita sino quitar la abundancia de algunos lados para distribuirla en las carencias que existen en otros”.

 

 

“No hay una Argentina central y otras argentinas periféricas. Hay una sola Argentina y punto”, afirmó y lanzó una crítica por elevación al jefe de gobierno porteño: “Al país no se lo tranquiliza con discursos condescendientes sino con acciones equilibradas” como las que toma Nación, dijo.

De la misma manera, criticó a la administración de Mauricio Macri. "Venimos de un tiempo difícil en que se dilapidó mucho dinero” y en el que “nos endeudamos y después el dinero desapareció”. “Esta es la peor deuda porque no es que nos endeudamos para producir, nos endeudamos para que la habilidad o la picardía hagan que ese dinero desaparezca de las arcadas del Estado y no beneficie” a los argentinos.

“Al país se lo tranquiliza con acciones equilibradas para que allí donde la desigualdad aparece, aparezcan acciones que igualen” y para que “allí donde los recursos abundan, se distribuyan de otro modo para quienes lo están necesitando”, definió.

Antes del Presidente habló el ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, quien subrayó que el gobierno nacional toma “decisiones federales que tienden a reparar el daño hecho en los últimos cuatro años” de macrismo.

“Nadie toma decisiones en contra de ningún argentino. La que se toman son en pos del federalismo” y “tienen que ver con la redistribución de los recursos que antes se administraban de manera centralista y hoy se lo hace de manera equitativa”.

 

 

En tanto, Kicillof relanzó la continuidad de la Autopista Presidente Perón, que había sido frenada “por el gobierno anterior que hacía toc toc en el asfalto pero paró las obras y las hizo más lenta. Mucho marketing y pocos resultados”. ( https://www.pagina12.com.ar/291382-alberto-fernandez-ningun-dialogo-se-rompe )

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… Y en esto de judicializar toda acción que intenta equilibrar desigualdades, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió en sus redes sociales a la decisión judicial de anular los procesamientos del exministro de Transporte Guillermo Dietrich, el extitular de Hacienda Nicolás Dujovne, el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y el exdirector de Vialidad Javier Iguacel en la causa por irregularidades en los peajes.

"AYER se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios", escribió CFK y compartió la tapa de Página/12 sobre el tema.

La designación de Leopoldo Bruglia, al igual que la del juez Pablo Bertuzzi, es cuestionada por el irregular mecanismo de traslado utilizado por el macrismo. Ambos integraron el TOF-4 hasta 2018, cuando Macri dispuso trasladarlos a la Cámara sin concurso ni acuerdo del Senado, en reemplazo de Jorge Ballestero y Eduardo Farah. Juntos por el Cambio busca evitar que el Senado revise sus designaciones.

"Bruglia es el de barbita. El de al lado de pelo blanco se llama Martín Irurzun y es el otro camarista que anuló el procesamiento de los macristas. Es el autor de la doctrina con la que se encarceló a peronistas o kirchneristas (como prefieras) por la teoría del 'poder residual', agregó la expresidenta al comentar la foto que fue tapa de este diario.

Y continuó: "¿Se dan cuenta que han convertido al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares y darle impunidad a los poderosos que siempre manejan los hilos de la economía y la comunicación en nuestro país?".

Procesamientos revocados

Bruglia e Irursun revocaron los procesamientos de los funcionarios macristas con un argumento técnico: afirman que los imputados no tuvieron acceso a las pruebas en su contra antes de ser indagados, pese a que las habían requerido.

Dietrich, Iguacel y Saravia Frías habían sido procesados por administración fraudulenta, mientras que a Dujovne, el juez Rodolfo Canicoba Corral le atribuyó abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

Para el magistrado existió un claro negociado para favorecer a las concesionarias de la Panamericana y el Acceso Oeste, entre las cuales estaba la empresa Autopistas del Sol (Ausol), de la que el grupo Macri tenía el 7 por ciento del paquete accionario, lo que generaba un perjuicio millonario al Estado.

Los nombres de Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun están estrechamente ligados a la gestión Cambiemos. El primero, trasladado a la Cámara Federal a dedo por Mauricio Macri, pasó a la historia por confirmar como autómata los procesamientos contra CFK. El segundo por su responsabilidad en la oficina de escuchas de la Corte Suprema, un colador agujereado al servicio de operaciones contra la oposición, y como autor de la doctrina para justificar detenciones arbitrarias de ex funcionarios.

Junto con Pablo Bertuzzi, Bruglia integró el TOF-4 hasta 2018, cuando Macri dispuso trasladarlos a la Cámara sin concurso ni acuerdo del Senado, en reemplazo de Jorge Ballestero y Eduardo Farah, que habían revocado las detenciones de los dueños de C5N. Allí se encargaron de confirmar las decisiones contra la expresidenta que tomaban Claudio Bonadío y Julián Ercolini. Su independencia fue certificada por la pericia del celular del espía Marcelo D’Alessio, que tenía la confirmación del procesamiento de CFK en la causa de los cuadernos seis días antes de que lo firmara la dupla.

En estos días buscan evitar que el Senado revise sus designaciones. El viernes no asistieron a la audiencia pública de la Comisión de acuerdos. El motivo es “sencillo: no podían responder las preguntas que les iban a hacer”, twiteó CFK. La Comisión dictaminó rechazar el otorgamiento de sus acuerdos. Ambos jueces optaron por jugar en terreno propio y pidieron una cautelar que impida actuar al Senado, planteo que ya fue rechazado en dos instancias. La última palabra la tendrá la Corte si decide abocarse por per saltum.

Irurzun es camarista desde 1994 aunque su fama es reciente. Apenas asumió, Macri le quitó las escuchas a la Procuración y se las asignó a la Corte. Ricardo Lorenzetti le asignó la tarea a Irurzun invocando un sorteo que nunca se c´onfirmó. En 2017 le extendió el mandato por tres años y la Corte amplió las facultades de la oficina, que se transformó en una central de inteligencia ad hoc. Su gestión coincidió con un tsunami de filtraciones a la prensa amiga del gobierno. En octubre de 2017 creó la doctrina de las “relaciones residuales” para justificar detenciones arbitrarias de ex funcionarios kirchneristas.

(https://www.pagina12.com.ar/ )

Pensar la pospandemia es re-pensar el país de modos mas democráticos, federales, inclusivos y solidarios … es la única forma de crecer con sostenibilidad, minimizando los conflictos y pensando en el país que les dejaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.

Daniel Roberto Távora Mac Cormack