Domingo 27 de setiembre de 2020
Economía y poder en
los días de la peste …
I
Los medios de comunicación hegemónicos y concentrados han sido crecientemente concurridos estas últimas semanas por los economistas que constituyen hace décadas la representación permanente del establishment. Hacía mucho tiempo que ese coro no tenía el nivel de presencia actual. Broda, Kiguel, De Pablo, Cachanosky, López Murphy, Melconian han retornado para pregonar las políticas que siempre han promovido, evocando sus momentos de brillo mediático cuando el neoliberalismo se proclamaba como vencedor definitivo de la Historia. Es coincidente y constante su referencia al déficit fiscal como problema clave y central de la economía argentina. Todos ellos plantean la necesidad de recuperar la confianza y lamentan que el acuerdo con los acreedores externos privados no haya provocado un aquietamiento del mercado de divisas y el advenimiento de una euforia inversora, responsabilizando de ese acontecer a errores de política económica.
Lo que no distinguen (no quieren distinguir) es que la Argentina sorteó con éxito esa etapa de la refinanciación de su deuda, y que esta no se hizo “rápido” y siguiendo los tradicionales cánones de amigabilidad y sumisión a los bonistas acreedores. Al contrario, el acuerdo se alcanzó defendiendo los intereses nacionales, lo que permitió reducir 37.000 millones de pesos dólares de la deuda a pagar y ganar años de aire para recuperar la actividad económica y regenerar la capacidad de pago, sin acudir al ajuste que es la medicina por la que los economistas neoliberales se apasionan. No hubo tal acuerdo market friendly que hubiera despertado los festejos de victoria de los beneficiarios de la financiarización.
Aún falta la renegociación con el FMI de la deuda que supo construir el gobierno de Cambiemos por más de 44.000 millones de dólares y que el gobierno argentino se plantea renegociar sin ceder a condicionalidades de ajustes estructurales ni a la imposición de políticas de consolidación fiscal. Las razones del hostigamiento del establishment se deben a estas definiciones y actitudes del gobierno nacional y popular. No pudieron hacer a su antojo en las refinanciaciones de deudas privadas, ni tendrán negocios por el despliegue de reformas estructurales de las jubilaciones, la salud o la educación. No se cercenarán esos derechos con mercantilización de servicios esenciales. Tampoco hay ni habrá un sistema financiero de libremercado. Lo que ya comenzó, en cambio, es la creación de líneas y apoyos crediticios con orientación sectorial y regulación de tasas como parte de una política económica de desarrollo. Estas definiciones estructurales explican las acciones desestabilizadoras del mercado de cambios, que utilizan en forma oportunista el vaciamiento de reservas que dejó el gobierno de Cambiemos. Estos argumentos no eximen de los necesarios e imprescindibles ajustes en las políticas implementadas en el mercado de cambios, pero la raíz de la ofensiva del poder económico y sus intelectuales orgánicos que apuntan a desestabilizarlo se debe adjudicar al sentido de la política desplegada. Porque se terminaron las épocas de deuda y fuga libre.
Algunos planteos de quienes se presentan como los dueños del “saber objetivo” de la economía resultan burdos y jocosos.
Cachanosky todavía no aprendió (no quiere aprender) que las peras no se suman con manzanas, entonces compara deuda cuasifiscal (deuda en letras emitidas en pesos por el Banco Central) con la deuda en bonos a fondos de inversión externos. Con tales martingalas construye la idea de que Cambiemos heredó la deuda del gobierno de Cristina Fernández. Menos precisos, pero con el mismo criterio, los demás voceros del capital financiero condenan al déficit fiscal, los subsidios y otras medidas del régimen popular del kirchnerismo 2003-2015 como responsables del gigantesco endeudamiento externo que habría tomado Macri con la excusa de ordenar las cuentas fiscales.
Su discurso saltea consideraciones sobre el período más negativo de la economía argentina de los últimos años, en el que cayeron el producto y el salario, escaló el endeudamiento y aumentó la pobreza. En esa etapa el gobierno cambiemita se arrojó vergonzosamente y sin dignidad al recetario del FMI, cerró miles de pymes y provocó un fuerte proceso de desindustrialización de la economía.
Las hadas de la confianza
Ahora, su insistencia es el tema de la confianza.
¿Cuál es la receta para la confianza?
Reducir el déficit fiscal.
¿Cómo proponen hacerlo?
Con reducciones del gasto público y medidas que atraigan los capitales externos y las siempre invocadas y nunca llegadas –bajo sus recomendaciones— inversiones productivas.
¿Cuál es su consejo maestro?
Marchar a una liberalización del tipo de cambio para generar confianza. Reducir el gasto público para mostrar que el Estado puede comprar con pesos las divisas para pagar la deuda sin emitir y sin aumentar impuestos, para generar más confianza aun.
Estos cráneos –que nunca reconocen representar ningún interés económico, sino la pura verdad— sostienen que aumentar impuestos atenta contra la propiedad privada y, por lo tanto, se oponen al aporte a las grandes fortunas. Tributo que en verdad debería adoptar en el futuro una estructura de impuesto permanente para avanzar en los objetivos de justicia social.
El coro de economistas ortodoxos es apologeta de los modelos chileno, peruano y colombiano. Los que hicieron los deberes que el FMI, el Banco Mundial, las calificadoras de riesgo, los fondos de capitales financieros especulativos les han impuesto. Por eso tienen un andar menos tumultuoso, pero con derechos educativos conculcados, con jubilaciones miserables y desiguales, con sistemas de salud desarmados y precarizados, con empleos flexibilizados, con salarios de pobreza e indignidad.
Esta amalgama de voces de liberalismo neo presume del “saber único” de la economía y gusta de los ejemplos que construyen analogías entre la economía pública y la del hogar, entre el funcionamiento de la física y el de la economía política, entre la conducta del carnicero de la esquina y la del hipermercado, entre el comportamiento del consumidor que percibe un salario y el del que posee una fortuna de miles de millones de dólares. Estos devotos de la categoría del homo economicus han incorporado a su discurso de la confianza la necesidad de mano dura para con las familias sin vivienda que ocupan tierras. También sumaron a su verba la supuesta defensa de las instituciones, en la que abreva “el gobierno de los jueces”, como titulaba un editorial Horacio Verbitsky. Algunos de ellos rehúyen a caracterizar al gobierno boliviano como una dictadura surgida de un golpe, destacando a la señora Añez como una organizadora de elecciones.
En 2011, el economista Robert Skidelsky en Project Syndicate reseñó los conceptos con los que el Premio Nobel Paul Krugman había ridiculizado el discurso conservador sobre los déficits presupuestarios, usando las expresiones vigilantes de bonos y hada de la confianza. «A menos que los gobiernos recortasen sus déficits, los vigilantes de bonos les apretarían los tornillos forzando un alza de las tasas de interés. Pero si efectivamente hacían un recorte, el hada de la confianza los recompensaría estimulando el gasto privado más de lo que los recortes lo deprimieran».
Krugman en su ironía sobre las hadas de confianza sostenía que “recortar un déficit en un período de recesión nunca puede generar una recuperación. La retórica política puede impedir que se adopte una buena política, pero no puede impedir que tenga éxito. Por sobre todas las cosas, no puede hacer que una mala política funcione”. Por eso la retórica neoliberal se empeña en impedir la aplicación de una política expansiva.
Para obturar su éxito
Skidelsky afirma que la secuencia de acontecimientos en la Gran Recesión que comenzó en 2008 confirma estas conclusiones. “En un principio, los gobiernos la atacaron con todo lo que tenían a mano. Esto impidió que la Gran Recesión se convirtiera en la Gran Depresión II. Pero, antes de que la economía tocara fondo, se cortó el estímulo y la austeridad —liquidación acelerada de déficits presupuestarios, principalmente mediante recortes del gasto— se volvió la orden del día… Los conservadores que querían cortar el gasto público por cuestiones ideológicas encontraron que la historia del vigilante de bonos/hada de la confianza se ajustaba perfectamente a su objetivo. Hablar claro sobre el derroche fiscal anterior hacía que un ataque del mercado de bonos a los gobiernos altamente endeudados pareciera más plausible (y más probable); el hada de la confianza prometía recompensar la austeridad fiscal haciendo que la economía fuera más productiva… Con la ayuda de profesores como [Alberto] Alesina [experto emblemático en políticas de austeridad], la convicción conservadora pudo transformarse en predicción científica. Y cuando la cura de Alesina no produjo una recuperación rápida, hubo una excusa obvia: no había sido aplicada con suficiente energía como para ser creíble«. Clarito: los sabiondos que volvieron a ocupar los espacios televisivos no sólo copian las recetas de los conservadores de los países centrales sino que repiten como loros sus mismos argumentos (excusas ante el fracaso). Así predican Espert y Milei: los cambiemitas habrían fracasado por gradualistas. Así clama Broda: haría falta un shock ortodoxo.
Volver a donde menos lo quieren
Las disputas del presente en el plano del mercado de cambios asoman como presiones frente a la futura negociación con el FMI.
Este organismo multilateral podrá tener como directora-gerente a una señora que se muestra sensible ante la pobreza. Pero como señala Noemí Brenta en su artículo El FMI en la crisis del Covid: “Antes de la explosión global de la pandemia, en el seminario que organizó el papa Francisco, a principios de febrero, la directora gerente Kristalina Georgieva, presentó [estos temas] como prioritarios para la economía mundial: es necesario disminuir la desigualdad excesiva, impulsar el crecimiento, reducir las brechas de la globalización y combatir el cambio climático. Todo muy ponderable. Pero [advirtió Brenta que] en el plano de las propuestas asomaba la pesada historia fondomonetarista. Para el crecimiento inclusivo, bella expresión, propuso adoptar las reformas económicas, demasiado sabemos cuáles son y sus resultados. ‘Abordar la concentración del mercado’, como dijo Georgieva, suena bien; pero implica abrir las importaciones de bienes y servicios en desmedro de la producción nacional; [y] permitir el capital extranjero en cualquier sector, como las compras del gobierno, perdiendo la posibilidad de influir en las decisiones para orientar la estructura productiva en interés del país».
Será difícil la negociación con el FMI. El poder no está en su directora-gerenta sino en el departamento del Tesoro norteamericano y en la Casa Blanca, donde no predominan las reflexiones ni expresiones del papa Francisco, sino un gobierno racista que se enroló en las peores políticas sanitarias frente a la pandemia dejando un tendal de muertos, que se empeña en el intervencionismo en la política de América Latina, como lo hace en Venezuela y lo hizo en Bolivia. Gobierno que se encuentra en una encarnizada y belicosa confrontación con su oposición en vísperas de las próximas elecciones. Así lo refiere Mónica Peralta Ramos en su artículo de El Cohete A la Luna del domingo 20 de septiembre, donde escribe que “el establishment del partido Demócrata, aliado a un numeroso grupo de dirigentes republicanos neo conservadores, ha gestado diversas organizaciones que por diferentes vías buscan presionar a las Fuerzas Armadas para impedir la reelección de Trump en caso de que se niegue a dejar la Casa Blanca en medio de una crisis constitucional.
El coronel Lawrence Wilkerson, jefe del Estado Mayor del ex Secretario de Estado Colin Granderson y vocero de estas organizaciones, ha dejado entrever distintos escenarios provocados por Trump que podrían derivar en una intervención militar. Entre estos se incluye la ocurrencia de un hecho grave e imprevisto de orden internacional”. No es un clima que pueda augurar un giro comprensivo frente a un gobierno democrático, nacional y popular que brilla en América del Sur como una luz de independencia y autonomía rodeado de un conjunto de regímenes sumidos en el neoliberalismo y adocenados y subordinados a la globalización y a las estrategias de la superpotencia mundial.
En Historia Crítica del FMI, el gendarme de las finanzas (Capital Intelectual, 2016), Oscar Ugarteche concluye con «un aspecto no menor para los latinoamericanos». Rodrigo Rato y Dominique Strauss Kahn «terminaron envueltos en escándalos tan fabulosos como el poder que supo ostentar la institución que dirigieron. Sin embargo, bajo la dirección de Christine Lagarde y por primera vez en casi cincuenta años, en 2015 la asamblea del FMI tuvo lugar en suelo latinoamericano, en Lima. La coyuntura actual permite intuir que no fue por casualidad. Tal vez el Fondo ensaye su regreso triunfal allí donde menos lo quieren”. Anticipatorio, Ugarteche. Luego de varias incursiones financieras de menor cuantía, el dúo Trump-Lagarde jugó muy fuerte en la Argentina. Suficiente advertencia para entender la dureza de la tenida que se avecina. La derecha argentina sabe tanto de la lógica del Fondo, como de la disposición del Frente de Todos a defender un proyecto de país. Por eso no se aviene a consenso alguno y se comporta con ánimo destituyente.
Pero el gobierno del Frente de Todos tiene un mito fundante en la autonomía que Néstor Kirchner construyó frente a las políticas de ajuste del FMI. Ese es un lugar donde es imposible que se resigne a doblegarse. Por eso la derecha, más que en obstruir el programa del gobierno democrático, está obsesionada en la construcción de un camino para expulsarlo.
“Tal vez ensaye su regreso triunfal allí donde menos lo quieren”. Aquí vinieron. Donde hay una creencia, una fe en la necesidad de volver a decirles “chau Fondo”. Como afirmara Mariátegui, más tarde les tocará a los filósofos codificar el pensamiento de la gran gesta multitudinaria que alcance ese deseo colectivo. La negociación con dignidad habrá de construir un acuerdo que sea el punto de partida de un camino hacia ese destino, sin ningún ajuste que caiga sobre las espaldas populares. Por eso, el poder concentrado está empeñado en la estrategia de “Acoso y derribo”
(https://www.elcohetealaluna.com/sin-ajuste/)
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II
Los tiempos se han acelerado, dado que el gobierno no retrocede. Por el contrario y, más allá de errores y vacilaciones, señala un rumbo definido y en distintos frentes. Entre otros:
La negociación exitosa con los acreedores privados;
La advertencia al FMI de que no hay espacio para un ajuste sobre trabajadores activos y en retiro;
El tratamiento en el Congreso de la contribución extraordinaria sobre las grandes fortunas;
La recuperación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES;
El rechazo de los pliegos de los jueces que se negaron a comparecer ante la Comisión de Acuerdos del Senado;
La decisión de defender las divisas imprescindibles para el funcionamiento de la economía, tema del que ayer por la tarde el Presidente habló con sus dos principales alfiles: el ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente del Banco Central Miguel Pesce, en un encuentro que disipó equívocos entre ambos;
El ajuste a su costo real de las remesas a la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal;
El impulso a las causas por el espionaje ilegal realizado por el anterior gobierno sobre los adversarios políticos, comenzando por Cristina durante la campaña electoral de 2017, pero también contra las líneas internas de Cambiemos que aspiraban a un juego propio, los movimientos sociales, la hermana del entonces Presidente MM y hasta los familiares de los tripulantes de un submarino que se le perdió a la Armada en alta mar, episodios que se investigan en juzgados federales de Retiro, Dolores, Lomas de Zamora y Mar del Plata;
El incremento en la inversión en salud, vivienda e infraestructura contenida en el presupuesto para el año próximo;
La perspectiva de género incorporada a todas las políticas públicas;
La prórroga de la prohibición de despidos y la doble indemnización.
La república a oscuras
Con precisión, el más antiguo diario de la trifecta dijo que «centenares de manos» sostuvieron velas, linternas, encendedores o celulares en un corto tramo de la calle Talcahuano entre el Palacio de Tribunales y la Plaza Lavalle, en respuesta a la convocatoria que denominaron Una luz por la república. Con nostalgia aportó su llamita el ex ingeniero Juan Carlos Blumberg, que en otro tiempo convocó multitudes. La crónica también recogió el testimonio de una de las damas presentes: dijo que volverían la semana próxima y esperaban ser mayor número. Le faltó decir, si Dios quiere.
La presión sobre la Corte Suprema de Justicia y contra las reservas del Banco Central son las dos patas sobre las que se montan las amenazas al gobierno. Les falta una tercera para sostener el proyecto, porque ninguna red social ni medio de comunicación pueden suplir el control de la calle, que se atribuyen cada vez que desfilan autos de alta gama o suenan cacerolas en los barrios más acomodados de la Ciudad Autónoma, los municipios limítrofes hacia el norte y algunas capitales del interior. Intentan simularlo, porque dan por sentado que los partidarios del oficialismo no les disputarán ese lugar, debido a la recomendación de su gobierno del mayor cuidado para obstaculizar la circulación comunitaria del virus. Para la oposición, en cambio, esa posibilidad es un incentivo, porque coincide con su visión ideológica (según la frase que el ex Presidente le dijo al actual al comienzo de la pandemia: «Que mueran los que tengan que morirse pero no se puede paralizar la economía») y porque suponen que el malestar recaería sobre el gobierno. Aún así, no es imposible que desde las bases políticas, sociales y sindicales se genere al margen de la voluntad oficial una demostración de fuerza con la consigna de parar al fascismo, porque la provocación cotidiana harta.
De mal en peor
El gobierno cree que el presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fernando Rosenkrantz se reunió con Maurizio Macrì, quien lo designó por decreto en comisión en ese tribunal. El Judá León de Los Abrojos le habría pedido a su Golem que sostuviera a los tres delegados que con el mismo dedo colocó en Comodoro Py y que ahora se autoperciben como jueces naturales de las causas que les fueron encomendadas. Para Macrì serían garantía de impunidad, es decir aquello que su bandería le reprocha a Cristina. Ese encuentro habría decidido a Rosenkrantz a comunicar que en uso de las pocas atribuciones que sus colegas le dejaron, convocó a un acuerdo extraordinario para tratar la solicitud de que la Corte se salteara instancias, porque alega que las instituciones republicanas dependen de la firmeza de los asientos de Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (sic). Rosenkrantz descuenta el acompañamiento de Horacio Rosatti, hechura del mismo mago cabalista. Cuando Rosenkrantz dice blanco, Ricardo Lorenzetti replica negro, y a la inversa. El equipo de difusión de Rosenkrantz se comunicó con El Cohete para negar el contacto con Macrì y atribuir al obispo de Rafaela haber transmitido al Presidente esa versión que reputan falsa. Sea espontáneo o inducido el planteo de Rosenkrantz, todos presumen que Elena Highton no lo apoyaría. Si la decisión recae en Juan Carlos Maqueda, lo más probable sería la cronoterapia: abrir el per saltum pero no resolver el fondo de inmediato.
Además:
El martes ya hay acuerdo ordinario de la Corte, cuya agenda no la fija el presidente;
Ese día también tiene acuerdo la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, a la que los magistrados les pidieron lo mismo que a la Corte y cuyos fallos recientes no hacen presumir una respuesta positiva.
Hasta ahora, los reclamos tan estruendosos como impertinentes del trío no han cosechado más que rechazos:
En forma unánime, el Senado les negó el acuerdo por no asistir a la audiencia a la que fueron citados (la oposición se retiró de la sesión con argumentos formales de los que enamoran a la UCR);
Sendos decretos del Poder Ejecutivo dejaron sin efecto sus traslados por no contar con acuerdo del Senado;
El Consejo de la Magistratura notificó esas decisiones a la Cámara Federal de Casación Penal;
La jueza María Alejandra Biotti no aceptó el amparo de Bruglia y Bertuzzi contra los poderes Legislativo y Ejecutivo y dijo que ser camarista o juez de tribunal oral eran jerarquías distintas, por lo cual se requería el acuerdo del Senado;
La jueza Macarena Marra Giménez hizo otro tanto con el de Castelli;
El fiscal Miguel Gilligan no concedió el recurso presentado por Castelli contra el Consejo de la Magistratura, porque ya han intervenido el Senado y el Poder Ejecutivo;
La Cámara en lo Contencioso Administrativo entendió que no estaba acreditada la verosimilitud del derecho invocado ni el carácter arbitrario de la decisión (voto del juez Guillermo Treacy);
Para el camarista Jorge Alemany, ex letrado de Enrique Petracchi y una de las plumas más vivaces del fuero, Bruglia y Bertuzzi podrán volver al tribunal oral y no serán afectadas sus remuneraciones. Además del derecho administrativo deben tenerse en cuenta «los principios y reglas del derecho constitucional relativos a las atribuciones del Senado y a la naturaleza del acuerdo». Con una cita de Hamilton en El Federalista, agregó que el acuerdo del Senado “seria un excelente freno para el espíritu de favoritismo del Presidente y tendería grandemente a evitar el nombramiento de personajes ineptos”. Nada menos.
La Cámara Federal de Casación Penal, como tribunal de Superintendencia, decidió dejar sin efecto los traslados y dar por terminadas la subrogancias de los jueces que cubrieron las vacantes que dejaron Bruglia, Bertuzzi y Castelli para que regresen allí desde sus destinos militantes.
La Cámara Federal de la Capital dio por devueltos a sus tribunales de origen a Bruglia y Bertuzzi y reordenó sus vocalías de modo de cubrir todos los espacios con sus únicos dos miembros, Martín Irurzun y Mariano Llorens.
Si bien esto es Argentina, la probabilidad de que la Corte Suprema consiga una mayoría de tres votos para rever todas estas decisiones es mínima. La sobreactuación de Rosenkrantz, ex abogado de América TV, Cablevisión (del Grupo Clarín), y La Nación; de Ogden Rural, Carbap, McDonald’s, la cervecera Quilmes y Pan American Energy, no tiene más sentido que demostrarle al rabino de Praga que está listo para barrer la sinagoga.
Los argumentos del trío que llora por los rincones del Estado Libre Asociado de Comodoro Py no pueden ser más endebles:
Afirman tener cosa juzgada administrativa a su favor, y
derechos adquiridos.
La mal llamada cosa juzgada administrativa sólo rige para el procedimiento administrativo, dijo la Corte Suprema en 2007. Para Miguel Marienhoff sus efectos o alcances «se agotan en el ámbito de la Administración Pública». («Tratado de Derecho Administrativo», T. II, ed. Abeledo Perrot, ed. 1993, página 617). La afirmación de presuntos derechos adquiridos contradice el argumento de que el traslado fue a un cargo de la misma jerarquía.
La Corte está tan floja de papeles como los tres jueces, quienes invocan en su favor la Acordada 7/18. La mayoría formada entonces por Lorenzetti, Rosatti y Maqueda respondió a una consulta del ministro de Justicia, Germán Garavano. Desde el fallo “Mendoza”, de 1865, hasta “Fernández de Kirchner, de 2020, la Corte Suprema sostiene que sólo interviene en controversias entre partes opuestas. «No puede pedirse a la Corte Suprema que emita su opinión sobre una ley, sino aplicándola a un hecho y señalando al contradictor», firmaron el 14 de noviembre de 1865 los jueces supremos Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, José Barros Pazos y José Benjamín Gorostiaga. El 24 de abril de este año Elena Highton, Lorenzetti, Rosatti y Maqueda rechazaron la acción declarativa de certeza que había presentado Cristina como titular del Senado, porque la Corte no es un órgano consultivo y no hay caso o controversia. Más de un siglo y medio después, la jurisprudencia no se ha modificado.
La flagrante excepción es la Acordada 7/18, del 11 de abril de 2018, donde el propio tribunal reconoce que no responde «dentro de los cauces correspondientes a las funciones jurisdiccionales» y fuerza el artículo 108 de la Constitución para aducir que lo hace «en ejercicio de las funciones connaturales de gobierno del Poder Judicial de la Nación». Pero cuando se trata de la organización judicial, el artículo 114 de la Constitución atribuye esa responsabilidad al Consejo de la Magistratura. Además, soslayar el mecanismo constitucional para la designación de jueces, con participación del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación, contradice su propia jurisprudencia…
Nada de esto preocupa demasiado a la oposición política, que pretende llevarse por delante a la Corte Suprema, indicándole cómo debe fallar. Un proyecto de resolución de los diputados cambiemosos Mario Negri, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, Gustavo Menna, Pablo Tonelli y Mariana Stilman, pretende que salvo en las dictaduras “nunca en toda su historia se desplazaron a jueces de los cargos que titularizan en un juzgado o tribunal, por decretos del Poder Ejecutivo”. Ignoran o fingen ignorar las decisiones de los presidentes radicales Hipólito Yrigoyen (que en 1930 dispuso trasladar de Salta a La Rioja al juez federal Martín Gómez Rincón) y Arturo Frondizi (quien en 1958 desconoció la inamovilidad que reclamaba el juez de paz José María Sagasta). En ambos casos, la Corte Suprema avaló las decisiones presidenciales, una vez que llegaron a su escritorio por recurso extraordinario …
Proyecciones y expresiones de deseos.
En una entrevista con un diario uruguayo, el asesor de Macrì en política internacional Diego Guelar dice que hace dos semanas Juntos para el Cambio propuso cuatro puntos para un “acuerdo nacional de emergencia”. El Presidente Fernández los rechazó sin siquiera leerlos. «El Presidente tiene la investidura y el apoyo para cambiar 50 años de herencias recibidas con una autocrítica que nos abarque a todos, superando errores y desencuentros. Pero no lo hace… elige la división y volver al pasado… Game over: este juego está terminado, nos toca enfrentar una nueva etapa cargada de incertidumbres y preguntas que solo podremos responder si sabemos inspirarnos en los mejores ejemplos nacionales y universales».
Según el acartonado senador Esteban Bullrich, los gobiernos de María Eugenia Vidal y Maurizio Macrì perdieron las PASO de 2019 porque alguien (no identificó si terrestre o alienígena) les hizo fraude. La afirmación sería sólo risible, si no hubiera seguido a la proclama que Macrì publicó en La Nación, según la cual la alternativa «es elecciones libres o no habrá transparencia en los resultados», y al anuncio de Patricia Bullrich de que el año próximo podrían «substituir al gobierno».
También los análisis económicos siguen esa lógica proyectiva o la lisa y llana expresión de deseos, mediante palabras performativas, es decir que producen o procuran generar actos. El más prestigioso vendedor de pronósticos económicos errados, Miguel Ángel Broda, postula que el país está en caída libre. Broda atrasa casi un año: ese desplome ocurrió en el último año del gobierno anterior y las nuevas autoridades lo detuvieron. El consultor Sergio Berensztein (socio del padre del agente de inteligencia Marcelo Sebastián D’Alessio, detenido en una de las causas en las que serán indagados por espionaje político prohibido Gustavo Arribas y Silvia Majdalani), vaticina la gran devaluación que intenta forzar.
Marcelo Bonelli destrató en forma brutal al jefe de gabinete Santiago Cafiero, afirmando que sus respuestas lo aburrían. «No tengo en la cucaracha un genio malévolo que me dicta qué tengo que preguntar», le dijo, para minimizar su inocultable identidad con el Grupo Clarín. Es cierto, después de tantos años tiene esa voz bien internalizada. En el diario del grupo escribe que la Asociación de Bancos que preside Claudio Cesario alega que «la pésima instrumentación del BCRA impidió operar con dólares y permitió que circulen las habituales fake news del mercado: que se viene el corralito, se incautan los dólares y se abren las cajas de seguridad».
Ni habituales, ni del mercado ni por culpa del Banco Central. Esos mensajes, idénticos a los difundidos entre las PASO y la elección general, esta vez grabados por un actor, entonces por una actriz, se hicieron circular desde Israel, llevan la marca de una conocida granja de trolls y procuran desatar el caos, sobre datos cuya falsedad puede demostrarse con unos pocos números elementales, como la sobreabundante liquidez en dólares de los bancos, pero que no están al alcance de los portadores sanos de telefonitos envenenados: el sistema financiero tiene resto de sobra para hacer frente a cualquier corrida contra el peso. Por cada dólar depositado los bancos tienen 90 centavos en efectivo.
(https://www.elcohetealaluna.com/el-dolar-y-la-balanza-de-la-justicia/ )
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III
Algunos ubican el origen de la decisión en la columna que publicó Mauricio Macri a su vuelta de sus vacaciones europeas, otros en la revuelta policial bonaerense que llevó la protesta hasta el portón de la quinta de Olivos. Pero en los últimos días se hizo clara la intención del Gobierno de salir a mostrar una postura más dura ante la oposición macrista y los medios afines al mismo tiempo que buscará exhibir una gestión más activa y en recuperación para la pospandemia, de manera de revertir la imagen que incansablemente se intenta instalar desde esos sectores. "En estos meses subimos las retenciones al agro, hicimos que bajaran las tasas de interés de los bancos, congelamos las tarifas de los servicios y declaramos servicio público internet, tv paga y telefonía. Todo eso no es gratuito y ahora tratan de hacernos pagar. Así es la política, eso no va a hacer cambiar nuestros objetivos", explicaba un importante funcionario del Gobierno.
En los últimos días hubo varios registros de esta nueva posición, de réplica y sin más concesiones. El mismo miércoles que el Presidente encabezó un acto en Entre Ríos en el que hizo una referencia directa a Macri y a los dirigentes que lo rodean de buscar desestabilizar la democracia y acusar a algunos medios de publicar mentiras, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, protagonizó un picante cruce en uno de los programas de la señal TN. Allí, Cafiero dejó una clave de lo que se viene discutiendo internamente entre quienes trabajan en el discurso oficial cuando mencionó que hay una disputa en torno al sentido que ahora el Gobierno busca salir a dar.
En los primeros meses en la Casa Rosada imaginaron que bastaba hacer bien las cosas y mostrar que lo que decían oposición y medios era falso, que con eso alcanzaba para obtener el respaldo de las mayorías. Lo sucedido hasta el inicio de la pandemia pareció darles la razón, cuando Fernández trepó niveles récord de imagen positiva. Pero la cuarentena se extendió más allá de imaginado y generó efectos diversos. "Si la pandemia hubiera durado tres meses, salíamos como el mejor gobierno de los últimos tiempos", se lamentaba -mitad en broma, mitad en serio- esta semana un funcionario.
Sostienen que primero surgió el malhumor de un sector de la sociedad, con origen en los motivos más diversos que van desde quienes realmente vieron sus ingresos afectados por la cuarentena hasta los que no creen en el virus, los antivacuna, los antibarbijo y demás tribus. La oposición más ultra buscó montarse en ese malhumor y los medios opositores -cada vez más desembozadamente- fueron direccionando el rechazo hacia diversos objetivos. Las características particulares del encierro -que intensificó el uso de las redes sociales y el consumo de los medios de comunicación-terminó por potenciar el caldo de cultivo.
La respuesta
La protesta de la Policía Bonaerense que llegó hasta Olivos y la columna de Macri en La Nación que apuntó a romper todo diálogo entre Gobierno y oposición convencieron al Presidente y a su entorno de que era necesario salir a dar pelea y retomar la iniciativa de la agenda política. De hecho, ya aquella respuesta que tuvo el reclamo policial, más allá de que el Presidente la anunció en su tono habitual calmo, mostró una nueva actitud: la decisión de transferir a la provincia de Buenos Aires buena parte de los recursos que hasta entonces se enviaban a la Ciudad tomó a la oposición por sorpresa.
Aunque a partir de entonces hubo algunos corocircuitos con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, la mira de la Casa Rosada está puesta en el sector ultra que encabezan Macri y Patricia Bullrich, con declaraciones ya abiertamente desestabilizadoras como cuando hablan de "sustitución" del Gobierno o del "fraude" con el que supuestamente ganó Fernández al que hizo referencia el senador Esteban Bullrich. "Culpar de la crisis a la pandemia es algo abstracto, está claro que el Gobierno tiene que personalizar las críticas en alguien y Macri es el indicado. Dejó el país hace unos meses incendiado, se fue de vacaciones al exterior mientras la gente padecía y en las encuestas es el dirigente de peor imagen", detallaba un funcionario que trabaja en el mensaje oficial. Eso explica que en las últimas apariciones desde Fernández para abajo se acentuaran las referencias al ex presidente.
En lo que se refiere a la disputa del sentido, saldrán a discutir cada medida que se toma y luego buscan cambiarle su razón. Un ejemplo, que la reforma judicial tiene como objetivo conseguir impunidad. "¿Me pueden decir de qué están hablando cuando dicen que es un sistema de impunidad? La explicación es que en verdad los que se quejan son los que siempre han manipulado los jueces y lo que sienten es que están perdiendo el poder de seguir manipulando", sostuvo Fernández en la entrevista que dio el jueves en la que, además, criticó directamente al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, por su convocatoria a un acuerdo extraordinario para tratar el per saltum de los desplazados jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. Se había enterado de un contacto reservado entre Rosenkrantz y Macri.
En paralelo a esta disputa apuntarán a dar de una vez vuelta la página a la situación pandémica para mostrar una gestión en marcha y saliendo de la crisis. La comunicación oficial, reconocían, no siempre funciona correctamente. Por ejemplo, admitían que se había transmitido mal las nuevas medidas para la compra de dólares.
Tampoco la tienen fácil: el día que el Gobierno consiguió el mayor éxito de estos meses con el canje de la deuda, los diarios de mayor tirada titularon con una explosión en El Líbano. En un zoom que mantuvo esta semana con todos los ministros, Cafiero cerró con un pedido de salir a mostrar gestión como respuesta a los indicadores duros que dejará el segundo trimestre del año que, adelantan, en buena medida están siendo revertidos. Fernández también seguirá una agenda más visible: irá dos días por semana a la Casa Rosada, viajará a alguna provincia y hará algún anuncio en el Conurbano referido a una actividad productiva.
Por otro lado, los gobernadores, la CGT y las organizaciones sociales vienen buscando la manera de hacer una demostración de apoyo masivo al Gobierno, donde quede expresado un respaldo popular al rumbo elegido. La intención es hacer un acto para el 17 de octubre, pero todavía se discute el formato para no contradecir las medidas de aislamiento. Estos sectores también impulsan que Fernández asuma la presidencia del PJ, algo que tal vez poco tiempo atrás no hubiera sido bien visto porque se pensaba más en la institucionalidad del Frente de Todos, pero las perspectivas cambiaron. "Todo lo que sirva para ganar volumen político es bueno", evaluaba esta semana un asesor.
(https://www.pagina12.com.ar/294967-una-pelea-frontal-contra-las-fake-news-y-el-desanimo )
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IV
El círculo de la persecución se aproxima a su cierre y deja a Alberto Abad y otros funcionarios de la AFIP al borde de la indagatoria. En el marco de la investigación que lleva adelante el juzgado a cargo de la doctora María Servini, donde se investiga la persecución administrativo-judicial que padecieran Fabián de Sousa y Cristóbal López junto a sus empresas, se acaba de producir un hallazgo impactante y escabroso que revela hasta qué punto determinados contribuyentes de interés político para el gobierno de Cambiemos padecieron todo tipo de excepcionalidades de seguimiento, control y tratamiento.
El hallazgo que se produjo en los últimos días es la confirmación oficial definitiva de lo que ya era un secreto a voces: la elaboración de un sistema informático de monitoreo exclusivo para las empresas del Grupo Indalo, es decir, un sistema de control propio para todas las empresas del grupo (sea cual fuere su tamaño o lugar de domicilio) separado del resto del universo de contribuyentes por el solo hecho de tener determinados accionistas en común.
Surge de la prueba hallada que este sistema específico para todas las empresas tuvo una “actualización diaria” en tiempo casi real y se gestó a comienzos del mes de abril de 2016, tal como queda reflejado de los elementos documentales recabados por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1.
La contundencia de este elemento de prueba es de enorme magnitud ya que pone al descubierto una nueva pieza de un rompecabezas que, visto en conjunto, empieza a tener un sentido global y direccionado a lo que en definitiva terminó ocurriendo. Cárcel, quiebra y desguace mediante un articulación de relojería entre organismos administrativos, estamentos judiciales y medios de prensa, bajo el comando de las máximas esferas del Poder Ejecutivo de entonces, tal como es la hipótesis que en definitiva se investiga en dicho juzgado.
El hallazgo coloca nuevamente a la AFIP de la era Cambiemos en el centro de las sospechas sobre un accionar sesgado respecto de determinados contribuyentes de interés político, es decir, totalmente alineados con los designios de la Casa Rosada de entonces. Sospecha de la que tampoco resultan ajenos otros organismos como la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) del macrismo, donde las evidencias de vasos comunicantes y actuación coordinada entre todos ellos se agigantan día a día.
La sorpresa de la magnitud de este tipo de “excepcionalidades” ejecutadas al amparo del gobierno anterior se expandió dentro de los funcionarios técnicos de carrera de la AFIP, quienes ante consultas de este medio negaron de plano que haya existido algo siquiera similar en toda la historia del organismo. No solo por el carácter centralizado de la “herramienta de monitoreo”, sino por el criterio de seguimiento “grupal” de lo que en teoría y de acuerdo a las normas oficiales son contribuyentes distintos. Los conocedores de los pasillos del edificio de Plaza de Mayo apuntan a que esa herramienta era una forma de esconder a plena vista la injerencia y acceso de los funcionarios de mayor jerarquía en las consultas y seguimiento de las empresas “del grupo”, que en casos normales se encuentran diseminada y delegada en cada una de las distintas Regionales. Es decir, atribuyen al sentido de la “herramienta” como una forma de monitorear el “grupo” sin ser detectados y sin tener que requerir la información a cada una de las áreas teóricamente competentes, dejando expuesto su interés.
Más aún, otras fuentes del organismo consultadas advirtieron que si funcionarios de una jurisdicción utilizaban la herramienta para acceder a otra empresa del grupo pero con asiento en otra jurisdicción, este tipo de mecanismos de control grupal centralizado pudo haber sumado otro elemento de ilegalidad manifiesta, cuyas implicancias estarían siendo aún esclarecidas al interior de la AFIP.
De todos modos la creación de esta anómala herramienta a nivel “grupo” revela hasta qué punto la AFIP se encontraba en aquel tiempo en una “excursión de pesca” para encontrar delitos tributarios (o cualquier otro análogo en su especie) que pudieran sostenerse mínimamente, lo que a falta de resultados concretos de “evasión” le demandaba emprender una tarea de análisis “cuasi comercial” o de “gestión empresarial financiera”, jamás realizada en la historia del organismo por su absoluta indiferencia a los fines de presuntos delitos tributarios y a los fines de que los contribuyentes accedan a no a planes de pago, tal como vienen poniendo de manifiesto cada uno de los testigos que concurren al juicio oral del caso Oil.
Incluso, los documentos recabados por el juzgado arrojan luz de otros contrasentidos notorios de la acusación realizada a la firma Oil que revelan hasta qué punto la AFIP sabía que la acusación era de índole “política” (contra los dueños del grupo) y que no había desvío alguno de la normalidad en como tramitaron los expedientes de planes de pago individuales.
Bajo esta lógica todo el resto, es decir, los funcionarios públicos, eran piezas que se verían involucradas judicialmente “de rebote” en el objetivo político a lograr, tal como explican diversas fuentes de la AFIP, muchos de los cuales advirtieron y dejaron entrever esto mismo en la nota de reclamo elevada a Cuccioli en el año 2018 de la que diera cuenta Ámbito el 13 de mayo de 2019 (Rebelión de jefes en la AFIP por desmanejos en causas judiciales).
Las pruebas ahora recabadas evidencian esta errática actuación dado que es posible apreciar que, incluso la “herramienta sistémica” de monitoreo singular del grupo, también fue puesta en cabeza del contador Eduardo Nappa quien se desempeñaba en 2016 como Director Regional de Microcentro.
Lo paradójico es que, al mismo tiempo, dicho funcionario fue acusado por la misma AFIP como “partícipe de la Defraudación” por su rol de Director de la Regional Palermo en los años 2013-2015. La torpeza, contradicción y matiz político que se revela en el accionar del organismo es tal que, visto al día de hoy, es posible inferir que en su apuro de accionar con objetivos y bajo mandatos de tipo políticos, Alberto Abad puso a monitorear y a desarticular las supuestas maniobras fraudulentas “del grupo” a quien luego acusaría de haber sido partícipe en su generación. Incluso a quien mantuvo paralelamente en el cargo directivo hasta entrado el año 2018, donde el procesamiento judicial (apoyado por la propia AFIP desde su rol de querella) obligó a su reemplazo ante la furia y consternación de sus compañeros por la “doble vara” empleada con el caso Oil.
La contundencia de esta prueba abre ahora el interrogante de cuál es el margen que sigue teniendo la AFIP para sostener estas acusaciones, máxime de cara a los resultados de la pericia contable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la que se diera cuenta en nota del 5 de agosto de 2019 que, en prieta síntesis, echa por tierra el invento de la evasión de los famosos 8.000 millones de pesos, clarificando que la deuda en planes individuales al 10/12/2015 ascendía a menos del 10 por ciento de dicha cifra, precisamente a 660 millones y que, para peor, la totalidad de la deuda se encontraba a esa fecha regularizada en planes vigentes “al día", es decir, que se venían pagando regularmente volviendo la deuda legalmente inexigible, transformando directamente en absurda la tesis de la existencia del “plan defraudatorio” tal como fuera inicialmente alegada.
Ahora se sabe que la falsedad del eje central de la acusación que reveló la pericia fue siempre y desde un comienzo conocida en “tiempo real” por la AFIP de Cambiemos y sus altas esferas, ya que era la información que obraba precisamente en su “herramienta” sistémica grupal que ahora se descubre y que consistentes rumores indican no sería el único “grupo” que las padeció entre el 2016 y 2019 lo que de verificarse, permitiría arrojar nuevas revelaciones y conclusiones de cómo fue cooptado el funcionamiento de la AFIP de Cambiemos para hacerlo compatible con la persecución política judicial.
(https://www.ambito.com/politica/grupo-indalo/serio-las-maniobras-macri-reveladas-tribunales-n5135956 )
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V
Los
procesados exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI),
Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, enfrentarán en las próximas
semanas dos indagatorias cada uno, en el marco de distintas causas en
las que se los investiga por supuestas maniobras de espionaje ilegal
desplegadas desde la central de espía durante el Gobierno de
Mauricio Macri.
El exdirector de la AFI y la
exsubdirectora fueron citados en el marco del caso D´Alessio, en el
que se investiga a una supuesta asociación ilícita dedicada al
espionaje ilegal y la extorsión con terminales en los tres poderes
del Estado; y en la causa que tramita en Lomas de Zamora, donde se
analiza un supuesto armado para espiar dirigentes políticos y de
toda índole.
El derrotero de Arribas y Majdalani, que ya
están procesados por las maniobras de espionaje ilegal desplegadas
sobre el Instituto Patria y el domicilio de la vicepresidenta
Cristina Fernández de Kirchner, se reanudará el martes próximo con
la citación dispuesta por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos
Padilla.
El
cronograma es el siguiente: para el martes a las 11 está citado
Arribas y el día siguiente a la misma hora será el turno de
Majdalani; mientras que en Lomas de Zamora los esperan para el 8
(Majdalani) y el 9 de octubre (Arribas).
La causa D'Alessio
Aún no está definido si las indagatorias que se realizarán en el caso serán en forma presencial o por videollamada -por los protocolos en el marco del aislamiento social obligatorio- pero, por las dudas, el viernes el juez Ramos Padilla emitió resoluciones aclaratorias en las que indicó que los citados podrán elegir la modalidad siempre que se comuniquen con el juzgado con tiempo suficiente, informaron fuentes judiciales.
En
el caso D´Alessio, el juez Ramos Padilla citó a Arribas y Majdalani
como los responsables de la implementación del "Proyecto AMBA"
que implicó el despliegue de seis nuevas bases operativas de la AFI
en la provincia de Buenos Aires (y tres históricas) que habrían
sido utilizadas para realizar maniobras de espionaje político
ilegal, sobre todo, en derredor de las elecciones legislativas de
2017.
Arribas fue el "funcionario que ordenó
expresamente la realización de tareas de inteligencia con
orientación política al momento de disponer las funciones
específicas de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires",
mientras que Majdalani "habría sido la funcionaria que se
nutría diariamente de la información de inteligencia reunida por
las nueve delegaciones provinciales", sostuvo Ramos Padilla.
En
la misma resolución, el magistrado indicó que la exseñora 8 habría
sido quien, de acuerdo a sus funciones específicas en la central de
espías, "fijaba los objetivos de inteligencia y adoptaba las
decisiones en base a la información recopilada por sus
dependientes".
Arribas y Majdalani pusieron al frente
de las bases del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) al ahora
procesado abogado Pablo Pinamonti quien había estado en la exSIDE
durante el gobierno de la Alianza y reingresó a la AFI el 5 de mayo
de 2016 como asesor de gabinete del Director General, cargo que
mantuvo durante un año, hasta su designación como director de la
Dirección de Reunión de la Provincia de Buenos Aires.
Uno
de los elementos de prueba en contra de Arribas es la resolución
558/17, en la que el mismo definió las funciones de la Dirección de
Reunión Provincia de Buenos Aires y estableció que una de las
funciones asignadas era la de "planificar, dirigir y supervisar
las actividades de reunión de información que se requieran sobre
los factores de poder político, económico, psicosocial y en el
componente científico tecnológico".
De la
información recolectada en ese expediente, surge que las bases AMBA
–proyecto que duró un año- se utilizaron para espiar
organizaciones sociales, políticas y hasta comedores comunitarios
mientras que no surge ningún elemento que permita inferir que
trabajaron en el combate del crimen organizado, motivo por el cual
habían sido supuestamente creadas.
En el marco de esta
causa, el juez Ramos Padilla les impuso a los ex jefes de la AFI
cauciones reales de 20 millones de pesos que tendrán que pagar la
semana que viene, les prohibió salir del país y les exigió la
entre de sus pasaportes.
Espionaje contra al menos 15 objetivos
La semana siguiente,
Arribas y Majdalani están citados a prestar declaración indagatoria
ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge y los
fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide en la causa en las
que se les atribuyen estar al frente de una organización que realizó
tareas de espionaje ilegal contra al menos 15 objetivos.
Entre
las víctimas de ese espionaje estuvieron la diputada nacional
Graciela Camaño y su marido el sindicalista Luis Barrionuevo, el
jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el periodista
Hugo Alconada Mon, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
y la pareja integrada por el empresario Salvatore Pica y Florencia
Macri, la hermana del expresidente.
"Consideramos
que el gran conjunto de actividades ilegales claramente era dirigido
y controlado por las máximas autoridades de la Agencia Federal de
Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani (…) pues eran
ellos los que dominaban y detentaban el poder sobre toda la
estructura institucional de la Agencia Federal de Inteligencia, y a
quienes reportaban el resto de los imputados", sostuvieron los
fiscales en la imputación de los exjefes de la AFI.
En
ese expediente también está citado a indagatoria el secretario
privado de Macri, Dario Nieto, quien para los investigadores también
recibía información de parte de los espías a través de la
exempleada de la Dirección de Documentación Presidencial, Susana
Martinengo.
Un dato que aún no fue despejado tiene que
ver con la visita que Nieto hizo a la AFI el 1 de marzo de 2018 a las
16:15 cuando, según los registros manuscritos de ingreso a la
central de espías, fue a ver al entonces señor 5, el escribano
Arribas.
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VI
El
presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz,
convocó a un "acuerdo extraordinario" para el próximo
martes con el propósito de tratar los recursos presentados por los
magistrados con traslados revocados por el Senado, Pablo Bertuzzi,
Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.
La máxima autoridad
judicial del país, designado en 2015 por el expresidente Mauricio
Macri, invocó el artículo 71 del reglamento de la Justicia
Nacional, que reserva al titular del cuerpo la potestad de convocar a
“acuerdos extraordinarios” cuando lo considere
necesario.
Rosenkrantz comunicó su decisión al resto de
los ministros en una reunión virtual que celebraron el último
martes e inmediatamente después la oficializó vía correo
electrónico al tiempo que hacía declaraciones públicas anunciando
la convocatoria.
"La Corte tiene la responsabilidad,
en casos como éste, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el
trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados”,
dijo Rosenkrantz y añadió: “Como dije hace una semana, la Corte
tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad
de los actos de otros poderes del Estado".
El titular
de la Corte se remitió a sus propias declaraciones al diario La
Nación del 11 de septiembre cuando señaló que “los planteos de
los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli son planteos de naturaleza
muy excepcional que, por esta y otra razones, requieren ser
analizados con muchísimo detenimiento".
Específicamente
la Corte debe analizar este martes los pedidos de los tres jueces
para que se les conceda el “salto por instancia” o “per
saltum”, que implica la intervención directa del máximo tribunal
en la cuestión de fondo, esto es, si sus traslados se ajustan o no
al trámite de designación previsto en la Constitución.
En
la discusión terció este viernesel presidente Alberto Fernández,
cuando en declaraciones radiales se preguntó retóricamente: “¿Qué
es lo que está buscando el presidente de la Corte? Me lo pregunto
porque cualquiera que haya estudiado Derecho sabe que esto es un
escándalo jurídico".
"Lo único que estamos
haciendo nosotros es establecer un orden perdido en el gobierno
anterior”, sentenció el mandatario y precisó que “lo que hizo
Cambiemos con la designación de jueces fue escandaloso. Los que se
quejan son los que siempre han manipulado a los jueces y ahora ven
que no van a poder hacerlo".
El Presidente se refirió
así al informe sobre traslados de jueces presentado a fines de julio
por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la
Magistratura, Gerónimo Ustarroz, que revisó y analizó todos los
traslados de jueces realizados desde 1998 hasta 2020 y advirtió
asimetrías e irregularidades manifiestas en los casos de Bruglia,
Bertuzzi y Castelli.
Los traslados
En
marzo de 2018, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados del Tribunal
Oral Federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires -primera instancia-, a la
Sala I de la Cámara Criminal Federal -segunda instancia-, mientras
que Castelli pasó del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín,
provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral Federal 7 de la Ciudad de
Buenos Aires.
Cuando la revisión dispuesta por el Consejo
pasó al Senado, el
principal cuestionamiento de los senadores fue que no habían dado su
acuerdo para esas funciones y citó a los magistrados para que
ofrecieran su punto de vista, aunque prefirieron no hacerlo, y
suspendió los traslados.
La
Corte
entonces deberá
evaluar
este martes si los argumentos de los tres magistrados para pedir la
intervención tienen entidad, si
se está ante una vulneración de la estabilidad de los jueces y si,
como sostienen y denuncian, existe un “plan de impunidad” detrás
de la medida tomada por el Consejo de la Magistratura y el
Senado.
En la Corte nadie arriesga un resultado de esta
definición pero sí está claro que la principal preocupación, y
voluntad, para intervenir es del presidente Rosenkrantz.
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VII
Guillermo Wierzba, miembro del Directorio del Banco Nación, se refirió en Radio Gráfica a las nuevas regulaciones para la compra de divisas: “Las medidas son necesarias, son previsibles y son justas”. Caracterizó a los grupos empresarios de la Argentina AEA y UIA, subrayó la importancia de “la conformación de un bloque donde estén las centrales de los trabajadores y el pequeño y mediano empresario” y describió el funcionamiento del sistema financiero.
Wierzba indicó que “las medidas son necesarias, son previsibles y son justas” y destacó las que se le impusieron a las grandes empresas: “En general se habla sobre los 200 dólares, si se pueden comprar, si no se pueden comprar; pero también hubo medidas muy importantes en relación a las deudas que las empresas privadas tienen con el exterior”.
“De aquí en más, el Estado es quien les provee la venta del 40% de los dólares que necesitan para pagar sus deudas, el resto, el 60%, lo van a tener que refinanciar”, explicó.
“Argentina necesita reconstruir un modelo productivo en un proyecto nacional nuevo. Las etapas neoliberales tienen que acabar. Hubo tres versiones, la de la época de la dictadura militar, durante el menemismo y su continuidad en la Alianza y, después, durante el gobierno de Cambiemos”, historizó y agregó que “siempre los resultados fueron malos, en términos de crecimiento, de endeudamiento externo, en términos distributivos, de estructura productiva y de brecha tecnológica con el mundo central”.
“Tenemos que trabajar por una Argentina en donde el papel del Estado sea mucho mayor, donde las definiciones de largo plazo en términos de planificación de la economía tengan que ver con la definición ciudadana y no con la definición de los mercados”, subrayó el funcionario.
En la misma línea, Wierzba opinó que “hay que construir un bloque social capaz de poder conformar un espíritu nacional y una opinión pública que esté convencida y que garantice un proyecto de esa dimensión, en el cual haya distribución del ingreso, en el cual haya un proceso productivo de orden nacional, en el cual se resguarden las divisas”.
“Macri dejó un país sin reservas. Es muy ridículo pensar que esta situación tiene que ser afrontada con apertura del mercado de divisas, porque sacarían a la Argentina todas las que le quedan. Sobre todo en un momento donde hay evidentemente, por parte del empresariado concentrado, la convicción de evitar que se modifique el patrón de acumulación argentina y que se establezca un modelo que favorezca a las mayorías de la población”, criticó.
Luego caracterizó que a parte del empresariado argentino: “La AEA (Asociación Empresaria Argentina) es un club de los empresarios más ricos de la Argentina, los más poderosos, que ha hecho del neoliberalismo un credo y, por lo tanto, en este momento se oponen a la participación del Estado”.
“Son los que dicen que la reactivación económica tiene que venir únicamente por el sector privado, que es este sector a quien le corresponde impulsar la economía. Han hecho declaraciones en contra de las intervenciones del Estado en cualquier aspecto que tenga que ver con el comercio exterior”, describió
“Se ha opuesto al aporte extraordinario a las grandes fortunas en función a la situación necesaria del financiamiento del presupuesto público para afrontar temas que tienen que ver con la pandemia. Te dicen que en Argentina hay muchos impuestos y proponen el modelo de la apertura en términos de la liberación de la economía”, añadió.
“Es el paradigma del neoliberalismo y que dicen que se hizo poco en términos de neoliberalismo y que hay que hacer más”, definió.
Sobre el sector empresario de la UIA, manifestó que “históricamente hubo dos líneas muy marcadas”, una de tinte liberal y otra desarrollista. “Es distinta que la AEA, porque ahí sí hay una participación más gremial del empresariado y mucho más heterogénea, porque participan las grandes extranjeras hasta pequeños y medianos empresarios”, dijo.
“Pero está hegemonizada por un sector, porque cuando uno lee el documento que sacaron hace un mes y pico, lee que tenemos que ir liberando progresivamente las restricciones a los movimientos cambiarios y al mercado de capitales- sumó- Y las divisas en el mundo de hoy la forma que uno tiene de cuidarlas es mediante las regulaciones por parte del Estado nacional“.
Sin embargo, expuso que estos mismos sectores promulgan una suerte de “el liberalismo vale para los demás, a mí ayudenmé”, como diciendo “nosotros sí necesitamos ayuda en esta emergencia, necesitamos el ATP”, entonces, evidenció Wierzba, “hay un estilo sectorial en donde las excepciones a lo que ellos mismos dicen, tienen que ser para ellos ”.
De manera tal que ahí sí opinan que “la intervención estatal tiene que ser la que ayude al empresariado industrial”, pero no solamente lo hacen con esto, “sino con cosas más graves”. Y siguió: “En realidad, están detrás de políticas devaluatorias“.
“Todos sabemos que las políticas devaluatorias lo que hacen en Argentina es provocar fuertes restricciones en el salario, eso les da la posibilidad de, tal vez, tener una competitividad externa, que no está originada en una mejora tecnológica o que sea resultado de la aplicación del avance científico técnico a la producción; sino de lo llamamos competitividad espuria, ganada por una medida macroeconómica, que es conquistada en general por presiones devaluatorias”.
Tienen una diferencia con la AEA porque “planean una política de tasa de interés más baratas, porque los favorece y por otro lado, también, plantean la creación de un banco de desarrollo“, pero cada vez que se habla de esto, hay que explicar de qué se trata el desarrollo: “Se trata de industrialización, pero también de un esquema de industrialización, en donde no estemos cayendo en recesión externa continuamente”.
Por otro lado, al ser consultado sobre el Consejo Económico y Social, el miembro del Directorio del Banco Nación manifestó que “es importante la conformación de un bloque donde estén las centrales de los trabajadores, como la CTA, la Corriente Federal de los Trabajadores y pequeño y mediano empresariado que han quedado debilitados por el neoliberalismo, pero que ahora se está dando un reagrupamiento”.
“El sector Pyme está haciendo un esfuerzo por una construcción mayoritaria que le dé más poder, y que tengan una silla más importante, y concurriendo en conjunto con los trabajadores, porque lo que se ve en ese conglomerado es algo así como un intento de recomponer lo que existió en algún momento en el ‘73”, remarcó, aunque con las diferencias del caso “porque la Argentina de aquel momento ha sido destruida”.
Pero, “se trata de construir un proyecto nacional que tenga a los mismos sectores, las mismas aspiraciones de autonomía nacional y las mismas aspiraciones de justicia social. Tenemos hoy un gobierno que, de algún modo, llegó para realizar ese programa”.
Sobre el sistema financiero argentino, sostuvo: “Creo que el direccionamiento del crédito es la misión fundamental de un sistema financiero y, tal cual como está en el espíritu de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central del 2012, el sistema financiero requiere tanto una actualización que implica la derogación de la Ley 21.526 y su reemplazo por otra ley que marque muchas más especializaciones en el sistema financiero, marque el direccionamiento del crédito, que impulse la regulación de las tasas de interés por sectores distintos de la economía, que impulse la orientación del crédito hacia distintas regiones y sectores productivos que se quieren desarrollar con mayor intensidad”.
“Hoy tenemos el sistema financiero donde la banca extranjera se dedica fundamentalmente a hacer negocios con la banca personal, particularmente, con las tarjetas de crédito, en general completando con la posibilidad de consumo de sectores medios que antes podían consumir con salario, y ahora lo consumen con crédito porque la redistribución del ingreso empeoró”, precisó.
Asimismo, se refirió a que este “no es un problema solo de Argentina, es un problema mundial; así como el negocio para prestarle a los Estados a tasa de interés para tener asegurado el recobro, como tienen los fondos de inversión internacionales, los fondos buitres y compañías, también están los negocios de la banca que tienden a capturar otros nichos que es la rentabilización de la banca sobre la base de la distribución de la capacidad de consumo de los sectores populares y de la financiarización para que puedan obtener sus créditos”.
Por último, Wierzba consideró que “esta mirada del sector financiero tiene que poder incluir dentro de los que son beneficiarios en el sistema a la emergente economía popular, que está más organizada y que en determinados sectores ha cubierto un importante rol, inclusive durante la pandemia”.
Entrevista realizada por Lucas Molinari en Punto de Partida (lunes a viernes de 8 a 10hs)
Redacción por Carolina Ocampo
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VIII
Esta claro que el poder de minorías en Argentina tiene perfectamente aceitado la trama de roles, troles, fakesnews y relatos para confundir a la población y generar mayor incertidumbre y duda en un escenario inédito y de por sí inestable.
El único objetivo es sostener sus privilegios y limitar o condicionar sino se pudiese alcanzar aquello de máxima … volver a desalojar del gobierno a las políticas contrarias al interés neoliberal financiero transnacional y concentrado que operó, a excepción hecha de un primer corto tramo del gobierno de Alfonsin y durante los doce años de kirchnerismo. Se intalaron con la dictadura y persisten en sus intentos con prácticas anti-democráticas e intentonas de golpes blandos, golpes de mercado y lawfare. De este lado sabemos de lo que son capacez pues venimos muchos de nosotros de aquella resistencia a la dictadura militar … Ya eran Macri, Blaquier, Noble Herrera, Magneto, los descendientes de los Mitre y Escribano, Los Roca, El citibank, el JP Morgan, La Banca Roberts, el HSBC, Martinez de hoz … Cavallo, Bulrich … Alsogaray y el Menemismo ...Stuzzenegger, Prat Gay, Melconian … Algunos fallecieron y tienen sus reemplazos … Gomez Centurión, Espert, Milei … y la caterba de economistas mediáticos que hacen de voz de expertos frente a los mismos Morales Sola, Pagni, Roa o Van Der Kooy, antes eran los Neustardt o Grondona, Hoy son Lanata y Majul …
¡¿habremos aprendido de la historia que debemos conservar la memoria para no repetirnos ciclicamente en esos actos de suicidios colectivos intentando cambiar por aquello que sabemos nos traerá mas dolor y sufrimiento?! ¡¿O de una vez por todas, decidiremos en democracia, sostener un rumbo Nacional. Popular, democrático, solidario, inclusivo … basado en la independencia económica, la soberanía política, la justicia social y un verdadero federalismo que haga parte de un todo cada rinconcito de nuestra tierra, nuestro mar y nuestro cielo, por nosotros, por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos ?! …
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
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