Domingo 6 de setiembre de 2020

(2da. Entrega)

PATRIARCADO, COLONIALISTA, CAPITALISTA, NEOLIBERAL ...

 

En los días de la peste, el pesado legado de la historia del pasado y del presente ...

 

Asunto de Mujeres

 

¿Dónde está el machismo? ¡En todos lados! En series, películas, canciones, publicidades, poesías… ¡está en el arte! Mujeres sin Corset forman parte de La Revolución de las Viejas y proponen un feminismo desde el juego y el arte. El desafío de lo desconocido como única carta a jugar. Proponen visualizar todo lo que durante años habían silenciando. Por tabú y vergüenza. Por ser chicas, por ser grandes, por ser viejas, por ser flacas o gordas, por ser altas o bajas, por ser blancas, tostadas, morenas… por ser mujeres.

Cuando en febrero de 2020, año tan particular, decidí unirme a La Revolución de las Viejas, el grupo que iniciara Gabriela Cerruti, jamás imaginé que este espacio sería la salvación para las casi 30.000 mujeres que integramos este grupo.

Desde que comenzó la cuarentena, las mujeres que conocí presencialmente primero, y virtualmente después, han sido una compañía casi a diario. Sin embargo, con el tiempo, se empezaron a presentar situaciones de tensión en el grupo. Por un lado las feministas aguerridas y por el otro lado, aquellas atravesadas por los mandatos patriarcales. Sumemos a esto, la cuarentena de casi 3 meses. Si bien sentía el impulso de querer hacer algo para visualizar lo que provocaba esas tensiones, no sabía cómo hacerlo.

¿Cómo se podía visibilizar estas cuestiones sin ser considerada soberbia? ¿Qué podía saber yo más que otras? Nada. Porque si había algo claro, era que ninguna se encontraba en condiciones de academizar el feminismo. El machismo nos afecta a todas, y su deconstrucción está en constante proceso. Compartía mis sentires con varias compañeras, especialmente con Sandra, una compañera feminista, socióloga y con militancia de décadas. Solíamos tener largas charlas sobre los enfrentamientos entre mujeres y sentíamos impotencia. Hacer descargos amorosamente para descomprimir, solo nos devolvía respuestas crueles e injustas.

Finalmente, a partir de una encuesta realizada por La Revolución de las Viejas, surgieron una serie de encuentros por Zoom.

En ella se enumeraban varios temas a tratar. Lo interesante fue, que teníamos la posibilidad de agregar aquellos que no figuraran en la lista. Sin dudarlo agregué: Machismo y su deconstrucción. Unas semanas después, al ser el segundo tema más votado, se programó el zoom.

El encuentro virtual sobre Machismo y su Deconstrucción fue muy concurrido. En él había mujeres de distintos puntos del país. Las compañeras de Mar del Plata, estaban tratando temas feministas con lo cual hubo una conexión inmediata. Esa tarde fue de un compartir profundo e intenso. Afloraron los sentimientos de impotencia por haber sido criadas para obedecer mandatos machistas. Fue un despertar profundo. Quedamos como encendidas por dentro.

Ese fuego fue solamente el principio de lo que se estaba gestando. Ya no se trataba de algo personal y propio. Era una necesidad imperiosa de organizar un espacio para que todas las mujeres que habíamos participado de ese encuentro, pudiéramos seguir juntándonos para hablar sobre todos los temas que no se hablaban. Desentrañar nuestras vidas, nuestras relaciones humanas, nuestros tabúes y vergüenzas, nuestros deseos y fantasías.

Gestando Mujeres sin Corset

En estos sentires e inquietudes, los encuentros con Sandra se volvieron más frecuentes. Empezamos a desarrollar una loca idea. Primero desde las entrañas. La sintonía que se había manifestado meses antes, estaba desembocando en un proyecto concreto que empezaba a tomar forma.

Desde el origen sabíamos que queríamos tratar el feminismo, pero de manera entretenida, desde lo lúdico. Alejado de lo académico pero convocando a mujeres especializadas para poder desarrollar los temas con una mirada idónea. Queríamos comunicarnos entre todas de manera horizontal.

¿Dónde está el machismo? ¡En todos lados! En series, películas, canciones, publicidades, poesías… ¡está en el arte! Era por ahí el camino: Feminismos desde el Juego y el Arte. La inspiración para completar el nombre de este nuevo grupo, llegó de la mano de la Miss Muriel Stacy, la maestra de “Anne With an E”. Esta maestra, era una mujer joven, moderna, que llega a un pueblo totalmente machista (fines del siglo XIX), con ideas nuevas y desconocidas, y encima, una mujer sin corset. Así nacía Mujeres sin Corset

A mediados de julio se materializó el grupo de Facebook LRDLV – Mujeres sin Corset. Feminismos a través del Juego y el Arte. Lo iniciamos con un enorme entusiasmo y con muchas ideas por desarrollar y volcar a la página, pero sobre todo, lo hicimos con mucho amor.

Se unieron mujeres de distintos puntos del país, CABA, Córdoba, Chaco, La Plata, Mar de Ajó, Mar del Plata, Paraná, Rosario, Salta, Tigre. Todas con las mismas ansias, el mismo entusiasmo y amor que nosotras. El desafío de lo desconocido era nuestra única carta y la jugamos sin dudar.

Y así, a través de diferentes actividades, se empezó a proponer visualizar todo lo que durante años habíamos silenciando. Por tabú y vergüenza. Por ser chicas, por ser grandes, por ser viejas, por ser flacas o gordas, por ser altas o bajas, por ser blancas, tostadas, morenas… por ser mujeres.

 

Abordamos de entrada la sexualidad desde la raíz. La idea era conocer y reconocer nuestros cuerpos. Propusimos una muestra fotográfica tomando como premisa, vencer la barrera que transmiten los medios gráficos y redes sociales sobre la imagen de la mujer. El hecho era poder mostrarnos naturales, con arrugas, con canas, siendo nosotras mismas. Divertidas, felices, reflexivas, con autonomía y actitud, hermosas. Descartar toda manipulación tecnológica que los filtros y/o photoshop nos proveen para tapar lo que “no gusta”.

Compartimos artículos periodísticos, propusimos series y películas, debatimos sobre las vejeces y las demandas Hollywoodenses para las mujeres maduras. Hablamos de los derechos sobre nuestros cuerpos, de sexo y erotismo. Y sentimos que con cada encuentro virtual nos liberamos y atrevemos a más.

Próximamente, estaremos conversando sobre el amor romántico, mitos y realidades. Cómo desde la niñez se nos predispone a un destino de amor eterno con cuentos de princesas salvadas por príncipes. De cómo a través de la ficción, se construye el ideal del amor que tomamos como ejemplo a seguir para nuestras vidas.

Si bien las actividades están ligadas a las premisas del grupo, cada propuesta que se presenta es una sensación de adrenalina mezclada con incertidumbre. Siempre esperando que nuestras queridas mujeres sin corset, las reciban con el amor que ponemos al compartirla.

Son infinitas las temáticas a tratar. Somos dos mujeres que nos hemos despojado del corset que nos comprimió desde nuestra concepción. Nos hemos propuesto militar las distintas perspectivas del feminismo hermanándonos y aprendiendo con otras mujeres, ayudándonos y deconstruyéndonos amorosa y sororamente. Nos hemos propuesto que cada día, haya una mujer menos cautiva del patriarcado.

( http://www.nuestrasvoces.com.ar/mi-voz/el-dia-que-las-mujeres-nos-sacamos-el-corset/ )

Cupo Transgenero

El cupo laboral travesti trans en la administración pública es un paso histórico porque reconoce una desigualdad estructural. Nuestras vidas están atravesadas por una violencia y discriminación desde la sociedad y las instituciones que surgen en el momento en que empezamos a expresar nuestra identidad de género. Esto se traduce muchas veces en la expulsión dentro de los ámbitos familiares y del ámbito educativo.

Venimos de años muy duros porque la falta de trabajo no solo se imprime en pobreza y hambre, sino que deja huellas en nuestras vidas y nuestra subjetividad. Junto a la falta de oportunidades, el destino pronto de la muerte parecía un horizonte muy cercano. La existencia de un cupo en que el Estado y las políticas públicas atienden a nuestras realidades repara distintos planos de nuestras vidas.

En lo personal todos los momentos en los que busqué empleo, desde que tengo 17 años, fueron puertas que se me cerraban. En los 90 y principios del 2000 iba pidiendo trabajo como tantas personas y nunca me aceptaban. Mi primer empleo, que no era formal, fue a los 26 años gracias al padre de una amiga. Me dio una mano porque ella le pidió por favor  y le dijo que me estaba muriendo de hambre.

La prostitución como un destino parecía marcarse siempre. Este cupo tiene que existir porque si lo dejamos librado a la buena voluntad no nos toman. Las personas trans hombres, mujeres, urbanas y rurales, todas las personas trans, hemos vivido el desempleo de manera estructural.

Esta decisión presidencial significa, por un lado, la posibilidad de ingresar a un empleo formal que haga sustentable a nuestra vida y la de nuestras familias: contar con una obra social, aportes jubilatorios, tener un proyecto de vida, vacaciones, todas cosas que las personas trans no tuvieron nunca en la vida. Por el otro, que efectivamente se pueda romper con la violencia y desigualdad estructural que está basada en la discriminación y la violencia. Es una reparación.

Todavía falta un marco normativo, una ley de cupo trans que también comprenda el ámbito de la justicia y el legislativo, pero estamos muy felices de este paso para avanzar en el acceso al empleo para nuestras compañeras y hermanas.

Hoy el cupo es una realidad en nuestro país más allá de los privilegios de las personas que ostentan el poder -y no hablo solo de heterosexuales- que a veces se sienten hackeados cuando se habla de ampliar derechos. Para nosotras el ejemplo más claro es lo que pasó con el matrimonio igualitario, que es el reconocimiento de los derechos de las familias diversas y no atenta contra nuestra sociedad, sino que amplía derechos y reconoce la diversidad que vivimos y habitamos. Si me dicen por qué no hay un cupo heterosexual esa es mí unica respuesta. El amor vence al odio. 

La claves del decreto 721/2020

QUÉ

▶️ Se establece el Cupo Laboral Trans. De esta manera se garantiza que un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos del sector público nacional, en cualquiera de las modalidades de contratación vigentes, serán ocupados por travestis, transexuales y transgénero.

POR QUÉ

▶️ Porque toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal digno y a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo.

▶️ Porque es necesario promover una medida que garantice la inclusión laboral que presenta obstáculos mayores debido a las desigualdades que afecta particularmente a esta población.

▶️ Porque las personas travestis y trans han sido históricamente marginadas de los ámbitos educativos y eso dificulta la obtención de trabajos formales y estables.

▶️ Porque el Estado Nacional debe resguardar los derechos de toda la población, especialmente aquella atravesada por una vulnerabilidad estructural.

QUIÉNES

▶️ Travestis, transexuales y transgénero, hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen en su DNI.

CÓMO

▶️ Se establecerán reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero.

▶️ Se garantizarán los medios para finalizar la formación educativa obligatoria y la capacitación a fin de adecuarse a los requisitos de los puestos de trabajo. 

▶️ Se capacitarán a las autoridades y el personal del Poder Ejecutivo Nacional, para asegurar que la inclusión en los puestos de trabajo del sector público se realice en condiciones de respeto a la identidad y expresión de género de las personas. 

▶️ Se crea, en el ámbito del MMGyD, el Registro de Personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero aspirantes a ingresar a trabajar en el Sector Público Nacional donde habrá constancia de: 

✅ Los perfiles laborales de las personas inscriptas; 

✅ Los puestos de trabajo vacantes;

✅ Las ofertas de contratación de personal disponibles;

✅ Cantidades de cargos cubiertos con personas travestis, transexuales y transgénero.

 

▶️ La inscripción en este Registro no se considerará requisito, en ningún caso, para el ingreso a un empleo en el Sector Público por parte de esta población. 

▶️ Se crea, en el ámbito del MMGyD, la Unidad de Coordinación Interministerial cuyas funciones serán:

✅ Elaborar el Plan de Implementación;

✅ Garantizar los mecanismos y procedimientos para el cumplimiento del cupo establecido;

✅ Garantizar los espacios de educación necesarios para las personas que requieran completar los estudios obligatorios, y las capacitaciones para el empleo y la formación laboral;

✅ Promover mecanismos de acompañamiento para la permanencia en el empleo;

✅ Proponer guías de actuación y capacitaciones específicas para las áreas de gestión de los recursos humanos para la prevención de comportamientos discriminatorios y a fin de que se promueva el trato digno e igualitario;

✅ Promover espacios de coordinación y participación de las entidades gremiales con representación en el sector público;

✅ Promover instancias de participación de las organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia.

▶️ La Unidad de Coordinación Interministerial estará integrada por:

✅ Ministerio de Las Mujeres, Géneros y Diversidad; 

✅ La Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros;

✅ El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo;

✅ El Ministerio de Educación;

✅ El MMGyD podrá invitar a formar parte a otros organismos de la Administración Pública Nacional en caso de considerarlo necesario para el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas.

( http://cosecharoja.org/el-cupo-trans-tiene-que-existir-si-lo-dejamos-al-azar-no-nos-contratan/)

Toma de Tierras 

 

Cuando era pibe había disponibilidad de tierras y todos los fines de semana había loteos. Era habitual que con gran sacrificio los trabajadores construyeran sus casas los fines de semana en los lotes que habían comprado en cuotas. Hasta que los terrenos buenos, altos, que no se inundaban, se acabaron. Sobre todo con la construcción de barrios cerrados llamados «countries». Mientras piensan en este tema absolutamente crucial, disfruten de estas versiones de Cuando tenga la tierra, de Ariel Petrocelli, por Daniel Toro, y El funeral de un labrador, uno de los primeros temas de Chico Buarque, cuando todavía firmaba sus obras con el aditivo «de de Hollanda», en la extraordinaria versión de Zelia Barbosa.* Iustración: El general Julio Argentino y otros militares ocupantes de la Patagonia argentina.

 

El derecho al techo

POR ERNESTO JAURETCHE

 

El asunto de la toma de tierras es un conflicto que afecta a todas las naciones donde impera una injusta distribución de la riqueza.
El célebre Movimiento de los Sin tierra del Brasil, la pelea por las parcelas andinas en Perú que relata Manuel Scorza, las masacres campesinas de los cafetaleros en Guatemala, la antigua y siempre vigente consigna zapatista de la revolución mexicana Tierra y Libertad, son ejemplos de la disputa por la tierra que ocurre en toda nuestra América.

Nadie puede no saber de las diarias denuncias de los mapuches en nuestra Patagonia.

Y sin ir tan lejos de aquí, de la ciudad de La Plata: son derechos sagrados para nuestra iglesia católica el Trabajo, y también la Tierra para los campesinos y el Techo para la familia y los hijos. Sí: derechos. Eso sí, son derechos los que se conquistan, los que se ejercen, los que se materializan. No los que cuentan y discursean los demagogos, los políticos mentirosos.

 

 

Los argentinos no podemos hacernos los distraídos: en la Capital y en el Gran Buenos Aires, siempre, desde los años 1930 por lo menos, han existido y existen poblaciones desamparadas que salen a recuperar un pedazo de tierra urbana donde vivir y donde morir. ¿Porqué? Porque son trabajadores que necesitan un rincón, por precario que sea, donde descansar y procrear, donde educar y criar a sus hijos. A partir de esas decisiones audaces y de sacrificios sin límites, se han formado lo que hoy son barriadas prósperas y felices.

Menos aún tenemos derecho a ignorar que existe una doble vara en la calificación de la tomas de tierra por familias necesitadas: el principio de la defensa del derecho a la propiedad que se invoca será relativo, por lo menos hasta que no se expulse al magnate norteamericano Joe Lewis de Lago Escondido. Y eso por mentar sólo un caso, paradigmático, no de unos tristes lotes, sino de miles de hectáreas de montañas y lagos que son tan patrimonio privado como los suburbios de Guernica.

No tendrá legitimidad, menos aún en un gobierno peronista, aunque sea legal, la persecución de las familias de humildes trabajadores que ocupan tierras urbanas o semiurbanas deshabitadas y abandonadas.

El Estado debe ampararlos. Son prenda de las empresas inmobiliarias loteadoras que lucran con una necesidad protegida por el art. 14 bis de la Constitución Nacional: la vivienda digna.

Las tomas de tierras generaron un fuerte debate, incluso dentro del oficialismo.

Para Sergio Berni los que ocupen tierras deberán ir presos. Para la ministra Frederic, la toma de tierras «no es un tema de Seguridad».
El gobernador Axel Kicillof admitió que existen «muchas dificultades para avanzar en las soluciones» a las tomas de tierras. PERO «Tiene que haber una respuesta del Estado», admitió.

«Es innegable que hay una necesidad», dijo el gobernador, que consideró que «puede ocurrir» que haya intereses políticos detrás de la toma de tierras”.

«Que hay necesidad es innegable -dijo-. Queremos reconocer ese derecho desde el Estado. Queremos ver cada caso particular. Es difícil implementar grandes programas en medio de una pandemia. No prejuzgo. Hay que darle una solución.»

«Sabemos que la provincia tiene un enorme déficit habitacional pero esto no se resuelve con intrusiones ilegales», agregó el mandatario provincial, para advertir que los planes habitacionales fueron abandonados los últimos cuatro años.

“No hay una bajada política clara», dijo el primo Jorge Macri, militante del PRO y alcalde de Vicente López.

 

La vía que ellos proponen es la del neoliberalismo de Cambiemos. De menor a mayor, sus propuestas expresan la defensa de la justicia pero no el cese de las injusticias.

El diputado Alex Campbell, ex secretario de Asuntos Municipales de María Eugenia Vidal, planteó que «no podrán acceder a los programas de asistencias sociales provinciales las personas u organizaciones sociales que participen o fomenten usurpaciones de terrenos y propiedades». El legislador recordó que a los usurpadores les pueden corresponden de hasta tres años de prisión.

Pero la oposición macrista no pierde el tiempo en declaraciones y va a los hechos: propone agilizar los desalojos mediante una modificación del Código Procesal Penal.

En la legislatura provincial Juntos por el Cambio propone que no sea necesaria una orden judicial para avanzar con la recuperación de bienes ocupados y que el proceso no pueda ser suspendido por el uso de algún recurso jurídico.

La iniciativa pretende que un fiscal pueda ordenar «provisionalmente la inmediata restitución de la posesión o tenencia del inmueble al damnificado, cuando el derecho invocado por el peticionante fuera verosímil», incluso antes de que exista una notificación o declaración judicial.

«para la procedencia de dicha restitución no será necesario haber notificado previamente a todos los ocupantes del inmueble. (…) La resolución que disponga la inmediata restitución de la posesión o tenencia del inmueble será apelable en el plazo de cinco días, sin efecto suspensivo», especifica el proyecto.

La iniciativa fue presentada por los senadores de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, Andrés De Leo y Walter Lanaro.

Según fundamentaron los legisladores, el proyecto agilizaría la devolución de los bienes a las personas damnificadas y haría «cesar lo antes posible los efectos del delito».

 

Se puede entender la preocupación por preservar las normas legales, los derechos individuales, la propia Constitución; pero la necesidad de algunas familias de alcanzar acceso a una vivienda, es un problema estructural de la Argentina en general, de la PBA en particular y del conurbano específicamente, al cual hay que darle una solución estructural, tal como lo afirmó Alberto Fernández. Es central evitar la violencia de los desalojos compulsivos, que nunca terminan bien, y no deberían ser los métodos adecuados al programa político del Frente de Todos.

Mientras, apelemos a la memoria peronista. En las décadas del 60 y los 70 desde la Juventud Peronista impulsábamos, organizábamos y participábamos de las tomas de tierra urbana y campesina, porque militábamos junto a la gente la lucha por sus derechos.

 

En 1973, con la renuncia del Dr. Bidegain a la gobernación de la Provincia, se cayó un proyecto de la subsecretaría de Asuntos Municipales que castigaba con impuestos progresivos la especulación con tierras urbanas y semiurbanas improductivas, para evitar su valorización venal y ponerlas a disposición de un mercado al que pudieran acceder sectores sociales marginados del derecho a la vivienda.

 

En 1973 hubo políticas de legalización de los asentamientos. El Escribano General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires no esperaba a los vecinos; concurría personalmente a los barrios. Iba con los libros para protocolizar los títulos de las tierras tomadas. Algunas cátedras universitarias llevaban las clases a esos barrios en apoyo de sus habitantes, desde futuros arquitectos que brindaban ideas de orden urbano hasta abogados, escribanos y agrimensores que ayudaban a resolver los problemas que implican la edificación de barrios enteros.

En esos lotes se puso en evidencia la proverbial industriosidad de los trabajadores argentinos, que con su esfuerzo resolvieron todos los obstáculos que implica la autoconstrucción. Un auxiliar fundamental fue la MINGA, un modelo de trabajo colectivo propio de las comunidades quichuas y aymaráes donde se intercambiaban entre los vecinos el ejercicio de los oficios: plomeros, gasistas, electricistas, techistas, hasta un albañil y un maestro mayor de obras canjeaban entre vecinos jornadas de trabajo, generalmente de fines de semana. En una economía de pleno empleo el Estado no sólo brindaba apoyo legal. El Banco Hipotecario Nacional invertía en créditos blandos a largo plazo, las empresas públicas de servicios brindaban electricidad, gas y agua con tarifas sociales a veces subsidiadas. Al mismo tiempo se llevaban a cabo censos de población, necesidades y posibilidades, se resolvían cuestiones de seguridad ambiental y policial, se iniciaban tratamientos de prevención de salud, primeros pasos escolares, capacitación laboral y formación política. Y más.

Esos asentamientos fueron luego barrios donde hoy una propiedad vale cien mil dólares.

En enero de 1988, a solo un mes de llegar al gobierno Antonio Cafiero, hubo ocupaciones grandes de tierras. Entonces se creó PROTIERRA, como alternativa legal a la ocupación de tierras: un programa de lotes con servicios que se vendían preferencialmente a los necesitados de vivienda. Hoy se podría convocar y sumar a las organizaciones sociales y políticas territoriales a un programa de esas características.

Con el sólo anuncio en un discurso del Gobernador y acciones muy rápidas, en aquella ocasión se pararon las ocupaciones y se ganó el agradecimiento de sectores importantes de la población en toda la provincia. En estos casos ni se pensó en acudir a penalidades judiciales, ni a la policía, a los desalojos o la represión, porque imperaba una concepción peronista de la justicia.

El derecho a la propiedad era eso, un derecho, garantizado por el Estado con todos los recursos existentes, y no un privilegio.

Desde esa perspectiva es claro lo que hoy se debe hacer: En vez de reprimir y sacar a la gente con la policía, dialogar con los vecinos y propietarios para lograr un loteo social donde el Estado esté presente

Como decía el general Perón: «dentro de la ley todo, fuera de la ley nada».

“La ley es tela de araña, y en mi inorancia lo explico,
no la tema el hombre rico, no la tema el que manda,
pues la rompe el bicho grande y sólo enreda a los chicos”.

¿DE QUÉ LADO DE LA LEY ESTAMOS

No es correcto abusar de los apotegmas peronistas sacándolos de contexto.

 

Odio las tomas 

POR JUAN GRABOIS ***

Todo el sistema político, incluidos varios dirigentes del espacio político al que todavía pertenezco, se han apresurado a decir que las ocupaciones de tierra son delito. Algunos incluso han sostenido su posición con afirmaciones que atentan contra la dignidad de familias pobres, desesperadas, que buscan un pedacito de tierra para dejar de padecer el hacinamiento, porque no pueden pagar más el alquiler de la piecita o porque directamente están en la calle. Otros, sin llegar a tales extremos, buscan cubrirse de los huevazos mediáticos poniendo adelante el cuerpo de algún “ocupa”. Se lavan las manos.

Puedo tolerar a los que siempre tuvieron la misma posición; me indigna hasta las tripas ver hombres y mujeres comprometidos con la justicia social ceder tan fácil en una cuestión ética crucial del pensamiento humanista y popular: nunca se debe responsabilizar a los excluidos de sus propios padecimientos. Nunca se debe criminalizar una demanda social. El peronismo enseñó que donde hay una necesidad, nace un derecho… no un delito.

Nuestra posición es clara y la decimos a cara descubierta: toda familia que se mete en un terreno lo hace por necesidad. No hay ninguna otra explicación. Esas familias son víctimas, no culpables. Llamarlos delincuentes es una bajeza moral y una claudicación ideológica.

La acción de estas familias no es delito sino denuncia. Es el grito de los excluidos. Es una acusación contra los verdaderos responsables de su situación, contra un sistema de exclusión y descarte.

¿Quiénes son los responsables? Varios.

Algunos bien reputados miembros de la sociedad. Los desmontadores de bosque nativo por ejemplo. ¿Dónde piensan que van las familias que pierden su hábitat natural en la zona rural? A las villas de las ciudades. La patria sojera es uno de los grandes responsables del crecimiento de las ocupaciones desde mediados de los noventa. Hay otros muchos del sector privado: desarrolladores inmobiliarios que no respetan los humedales, especuladores que compran tierra para revenderla impidiendo la ampliación del parque habitacional y una larga lista de etcéteras.

Especialmente responsables son los gobernantes y funcionarios, nacionales, provinciales y municipales, de todos los signos políticos, que tienen en sus manos la posibilidad de brindar una alternativa digna a las tomas, no solo para evitarlas, sino porque es justo y necesario ¿Qué hicieron? Nada o muy poco. Siempre hay una excusa, algún argumento burocrático o una descarada indiferencia. No voy a nombrar a nadie pero ¿no deberían estos funcionarios condenar sus propias falencias e incumplimiento antes de reprender la conducta de las familias necesitadas?

La tarea que tienen por delante no es tan difícil. No es una central termonuclear. No es un satélite interestelar. Son cloacas. Son cables. Son caños. Son veredas. Es voluntad y empatía.

Urbanizar los barrios es una deuda moral, pero también una deuda legal. Existe una ley que lo exige. ¿Incumplirla no es delito? La ley de barrios populares fue impulsada por los movimientos sociales, negociada con el gobierno macrista, firmada por los líderes de Cambiemos, sancionada por unanimidad en ambas cámaras. Este año, Máximo Kirchner impulso que una parte del impuesto PAIS y del futuro impuesto a las grandes fortunas se aplique para financiar esta Ley.

Hay ley, hay fondos ¿Qué se ha ejecutado hasta ahora? Casi nada. ¿No debería la política reflexionar sobre su propia inoperancia antes de levantar el dedo acusador frente a la reacción de los desesperados?

Los 4400 barrios populares que hoy existen no salieron de un repollo. Fueron también ocupaciones; ocupaciones que se fueron consolidando y se transformaron en barrios. Ocupaciones que se produjeron con un promedio de 130 por año, unas diez por mes, durante todos los gobiernos desde que se tiene registro. La ocupación de tierras para vivir no es un fenómeno nuevo. Sin planificación ni acceso a la vivienda, es un fenómeno inevitable. Cuando la familia se agranda y el espacio se acaba, la gente en algún lugar se mete. No es ideología, es física.

¿Cómo puede ser que este país no le pueda dar un lote a cada familia? Insisto. Ni siquiera una casa. Eso ya sería Dinamarca. Pero sí un cachito de tierra para que los propios vecinos puedan edificar. Sí… que lo paguen, para que nadie se indigne con esa indignación que se enciende tan fácil frente al bien ajeno. La tierra debería estar gratuitamente al alcance de todo el que la necesite. Es un bien de la naturaleza, no debería ser una mercancía. Nadie debería pagar para tener un lugar donde dormir. Pero el mundo es como es, ¿no? Bueno, aún en este mundo horrible, aún en este sistema injusto, se puede resolver este problema.

Conozco miles de hombres y mujeres que viven en la peor pobreza: todos están dispuestos a pagar hasta el mango que no tienen para tener un terreno legalmente y construir ladrillo a ladrillo su proyecto de vida. Hay tierra, hay tierra fiscal, hay tierra que el estado puede comprar a bajísimo costo, hay gente dispuesta a trabajar para urbanizarla, hay demanda. La base está. Sin embargo, el estado y el mercado les niegan esa posibilidad a millones ¿Qué espera la política? ¿Qué espera el resto de la sociedad? Que se queden como sardinas en un getho contaminado, abandonado y cada vez más superpoblado viendo cómo crecen pastizales o se crean basurales en la tierra que ellos podrían usar para vivir.

La lógica más elemental indica que si el Estado no garantiza un terreno para cada familia las tomas seguirán produciéndose. Es un hecho. Va a suceder.

Pero analicemos un poco las valoraciones morales y las legales que tan en boga estuvieron estos días.

Yendo a las valoraciones morales. Cuando Marcelo y Rosa (cartoneros) y dos hijitos ya no pudieron seguir cohabitando con 8 adultos y 12 niños más en una casilla de dos habitaciones en la Cava de Villa Fiorito se metieron en un terreno abandonado, un pastizal. Lo limpiaron y pusieron unas maderas. Empezaron a vivir ahí. Yo los comprendo, los justifico, los acompaño y los defiendo. Yo y toda nuestra militancia. ¿Se entiende? Los comprendemos, justificamos, acompañamos y defendemos. Nunca les vamos a dar la espalda. Personalmente, considero que Marcelo y Rosa hicieron un acto moralmente válido. Considero que quien pretende echarlos, sin darles una alternativa mejor, comete un acto moralmente inválido. Siempre voy a estar del mismo lado.

Yendo a las valoraciones legales. Ocupar no es usurpar. Le guste o no a nuestros políticos y opinólogos, existe algo llamado derecho penal. Los delitos están tipificados. Usurpar es ingresar en un inmueble con clandestinidad, violencia o abuso de confianza. Su hay un pastizal abandonado, sin alambrar, y la gente entra, les guste o no señores, no hay delito. Ningún delito. El que dice que ocupar es delito miente. Hay en todo caso un problema de derecho civil. Que algún abogado serio me refute. Pero en la Argentina cada uno usa la ley como le conviene a su sector. La república se respeta cuando le conviene a su sector. La constitución se recuerda cuando le conviene a su sector… Porque si mal no recuerdo, el derecho a la vivienda es de raigambre constitucional.

“¡Ahh pero entonces ud promueve las tomas!”, dirá algún malnacido. En la Argentina de la posverdad y el lawfare volvió el delito de opinión hace tiempo. Dos diputados cambiemitas, muy costosos para el estado por cierto, gastaron su valioso tiempo denunciándome por tener una opinión sobre este tema. Quisiera contestarles.

No señor, no señora, yo no instigo tomas, no las fogoneo, no las organizo, no las promuevo. Si lo hiciera, lo haría a cara descubierta. Le digo más, señor, señora, yo odio las tomas. En las tomas la gente pasa frio, hambre, sufre lo indecible. Es víctima de todo tipo de situaciones espantosas, se expone a la represión. Los vecinos del barrio de enfrente muchas veces los repudian y a veces se producen enfrentamientos entre pobres. Si la ocupación se consolida, ese barrio se sumará a los 4400 ya existentes, sin trama regular, sin manzanas, sin calles, sin agua, sin luz, sin cloacas.

Odio las tomas. Quisiera con todo mi corazón, igual que todos mis compañeros, que en vez de tomas hubiera acceso a la vivienda para todos. La cuestión es que no lo hay. Y odio esa exclusión más que las tomas, odio más el sufrimiento indecible de quien no tiene un techo o no puede seguir cohabitando en semejantes condiciones de hacinamiento. Por eso comprendo, los justifico, acompaño y defiendo a cualquier familia que se vea empujada a ocupar un pedazo de tierra.

Quiero referirme a otro argumento muy conveniente para demonizar las tomas y evitar el debate de fondo: las tomas están todas armadas por mafias. Es cierto es que en las tomas muchas veces intervienen transas, punteros y sobre todo policías y comisarios. También es cierto que algunos avivados se agarran dos terrenos y los revenden. Todo eso es cierto. Pero ninguno de estos actores sociales genera la ocupación. La ocupación se produce por necesidad, por desesperación, por una deuda insatisfecha que ninguna Nación que se digne de tal puede permitir. Y al final, los que quedan ahí son los pobres.

A mis compañeros del Fdt: nosotros no luchamos contra el macrismo para escuchar los mismos argumentos de antes, más o menos edulcorados. Tampoco para escuchar bonitas palabras pero ver nulas acciones. Nosotros luchamos para que el gobierno popular avance en políticas de tierra, techo y trabajo para los pobres de este país, la mitad de los argentinos. Queremos un plan claro sobre cómo se va a abordar la emergencia habitacional y laboral. Los funcionarios tienen que actuar ya; las obras no pueden seguir demorando. Las internillas no pueden seguir estando por delante de la gente. Y sobre todo, no puede ganarnos la ideología del descarte y la crueldad.

Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados.

Nosotros, siempre del mismo lado.

( https://pajarorojo.com.ar/?p=50226 )

Grupo de Curas en la Opción por los Pobres

“… los humildes poseerán la tierra y gozarán de una gran felicidad” (Sal 37,11)

 La tierra, y el consecuente hábitat humano, es uno de los bienes considerados “bendición de Dios” por el pueblo de Israel. Es promesa que busca cumplimiento en esta historia. Pero el pecado del hombre, a través del tiempo, lo ha convertido en un “botín de guerra”.

El conflicto por la tierra no es nuevo. Es “el” conflicto que recorre la historia de la humanidad y nuestra propia historia nacional. Hoy, este conflicto, en forma de “tomas de tierras” en el conurbano bonaerense y en otros lugares del país, se ha convertido en una realidad que pide respuestas de fondo que busquen resolver y no dilatar el problema.

 “El destino universal de los bienes no es un adorno discursivo de la doctrina social de la Iglesia. Es una realidad anterior a la propiedad privada” (Papa Francisco a los Movimientos Populares, 9/Jul/2015). Este es el marco para pensar una política de tierras para todos y todas.

 La injusticia en la distribución de la tierra es flagrante. Extensiones inmensas con títulos de propiedad privada, barrios exclusivos, casas y departamentos vacíos, inmuebles ociosos, por un lado. Y, por otro, multitud de pobres y no tan pobres buscando un lugar en el mundo, a la intemperie del hogar imposible porque se les niegan sistemáticamente un pedazo de tierra y una casa digna.

 

 Ya decía Carlos Múgica que “…el Código Civil fue una avivada de doscientas familias que ya se habían apoderado de las tierras y por eso podían decir: “cada uno tiene derecho a ser propietario de aquello que tiene”… “hay que respetar la propiedad privada”. La única propiedad privada que tiene la gente de las Villas es el aire. Ninguna otra”. Tremenda descripción de una injusticia que lleva décadas en el país.

 

 La toma de tierras fomentada por las innumerables familias expulsadas de la Capital Federal hacia el conurbano bonaerense en tiempos de la Dictadura Militar y por las migraciones internas y externas fue crítica. Pero tenía un gran caudal de solidaridad, de deseo de futuro, de lograr la casa propia. Y, no sin dificultades, esas tomas fueron inicio de muchos de nuestros barrios del conurbano bonaerense.

 Desde hace ya muchos años, las tomas se han complejizado muchísimo. El atravesamiento de negocios oscuros como la venta de droga; la compra-venta y alquiler de lotes; y otras inconfesables actividades, por mano de verdaderas bandas (generalmente al cobijo de funcionarios que “miran para otro lado” y del personal de seguridad que termina siendo socio del delito) complican este escenario. Las tierras de los pobres, de esta manera, se convierten en lugares invivibles. Y, en tiempo de pandemia, son espacios donde el riesgo de contagio del covid se une al de enfermedades preexistentes propias de la pobreza

.En este contexto, de ninguna manera se puede avalar “la toma” como alternativa. Nos preocupa que se aliente esta iniciativa. Pero, al mismo tiempo, debemos decir que esto no significa renunciar al justo reclamo de la tierra y la vivienda digna. La toma de tierras expone a las familias pobres a innumerables padecimientos y al conflicto con la ley.

 Seguimos creyendo que la raíz del problema es la injusta distribución de la tierra y la concentración de la misma en pocas manos. Pero la salida tiene que ser más creativa que exponer la carne de los pobres a nuevos sufrimientos.

 Nos parece que el camino y la tarea por un acceso justo al hábitat pasan, entre otras iniciativas:

– por la creación de ordenanzas de Consejos Locales de Tierra y Hábitat en nuestros municipios. Y, desde allí, realizar aportes a la Ley Provincial de Acceso Justo al Hábitat en el caso de la Provincia de Buenos Aires. En esos Consejos locales confluyen las diferentes miradas: del estado municipal, de las organizaciones sociales, de la universidad pública y, en algunos casos, de la Iglesia.

– por proyectos de lotes con servicios para los trabajadores donde la gente se construye la casa propia con planes de autoconstrucción. Valoramos los planes de vivienda terminada, pero el ingreso a la tierra y a la casa propia es urgente.

– por generar espacios de formación en ámbitos académicos. Celebramos, en este sentido, la diplomatura en tierra y hábitat que ofrece la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela para los compañeros de las organizaciones sociales.

 

 Creemos que, especialmente en este tema, nadie es dueño de “la verdad” o posee “la solución”. Las miradas aisladas no sirven. Necesitamos sentarnos a la misma mesa, comenzando por aquellos y aquellas que no tienen casa ni tierra, y compartir miradas que concreten este sueño de multitud de familias. Y abrir esta mesa es una responsabilidad de las autoridades políticas de nuestros distr

tos.

 “Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes”, canta el salmista (24,1). Desde esta mirada del Dios Padre y Madre de todos y todas es que queremos mirar nuestra querida tierra, digna de vivir para todos sus hijos e hijas.

Grupo de Curas en la Opción por los Pobres

( https://ecupres.com/2020/09/06/ante-la-toma-de-tierras/ )

Impuesto a las riquezas

 

La contribución sobre las grandes fortunas podría significar el comienzo de un debate más profundo sobre la distribución de ingresos y el rol de la política tributaria, con miras a reducir las desigualdades y brindar herramientas para que se cumplan los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. En las últimas décadas, los impuestos progresivos han perdido su importancia dentro de la estructura tributaria –hoy fuertemente regresiva—; entre ellos, el impuesto sobre los bienes personales, que pasó de representar el 2,17% al 0,62% de los ingresos tributarios entre 2003 y 2019.

El proyecto del impuesto a las grandes fortunas consiste en un gravamen por única vez a aproximadamente 12.000 personas que poseen bienes personales declarados que superan los 200 millones de pesos. Para esas 12.000 personas, la alícuota será escalonada para distintos tramos de patrimonio, entre el 2% y el 3,5% para los bienes en el país y entre el 3% y el 5,25% para los bienes en el exterior. En cuanto a los últimos, en el caso de verificarse la repatriación del 30% de sus tenencias financieras del exterior, dentro de los 60 días de la publicación de la ley, se suprimirá el diferencial de la alícuota con respecto a los bienes situados en el país.

Muchos debates sobrevuelan el proyecto. Más allá de que este tributo contribuya a la recaudación fiscal –que, de todas formas, pareciera ser significativo, por cuanto rondaría alrededor de los 300.000 millones de pesos—, la importancia crucial de esta medida es poner en valor la capacidad del sistema tributario como nivelador de la estructura social. Sin duda, el aspecto más trascendente consiste en abrir el debate en torno a una reforma amplia del sistema tributario con una perspectiva progresiva que permita reducir los actuales niveles de desigualdad social, acentuados por la pandemia, como así también disminuir la brecha de género.

Desde ya, el debate no se agota en la redistribución de ingresos que permitirá la mayor recaudación, ni implica aceptar la distribución primaria de ingresos tal cual se manifiesta hoy en día. Por el contrario, es el puntapié inicial para comenzar a debatir no solo la distribución secundaria –a partir de la intervención del Estad—, sino también la primaria en la cadena de producción. Esto involucra poner en discusión una serie de desafíos, tales como la modificación de la estructura productiva y de los patrones de consumo, el aumento de los salarios reales, la creación de puestos de trabajo dignos, la supresión de la precarización laboral y la tercerización, el reconocimiento y la redistribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, políticas favorables al cooperativismo y pymes, la participación de la/os trabajadores en las ganancias de las empresas, políticas de defensa de la competencia, control de precios y tarifas máximas, la reforma de la ley de inversiones extranjeras y la de entidades financieras, entre otras políticas necesarias, además de una reforma progresiva y completa de la legislación tributaria.

 

Derechos económicos, sociales y culturales

 

Nuestra Constitución Nacional, a la que alguna/os se aferran para señalar –erróneamente— la confiscatoriedad del proyecto, es la misma que otorgó carácter constitucional a los derechos consagrados por el artículo 14 bis, que establece el acceso a una vivienda digna y la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, entre otros aspectos tristemente sepultados durante décadas. Así como la propia Constitución otorga jerarquía constitucional al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece que en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia y que los Estados Partes se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian. Sin embargo, quienes esgrimen la inconstitucionalidad de un proyecto de ley que impone un tributo a solamente alrededor del 0,026% de la sociedad argentina, no han alzado sus voces para exigir que se cumpla lo establecido en nuestra Carta Magna, denunciando el incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales que padecen los excluidos sociales de este país.

Es evidente que para determinados sectores —con privilegios— el derecho de la propiedad privada posee una preeminencia por encima del resto de los derechos humanos; aspecto, que cabe mencionar, no se desprende del cuerpo normativo de la ley suprema. Detrás de la protección de la propiedad privada y el principio de la no confiscatoriedad, existe una construcción dogmática que como un fantasma recorre la Argentina, aunque carece de anclaje normativo real. La propiedad privada es un derecho más entre los tantos que figuran en ese cuerpo legal y, quien otorgue preeminencia a este por sobre otros se posiciona, en rigor, en una tradición política e ideológica determinada, que defiende intereses concretos.

 

Peor aún, es posible observar que, a lo largo de las últimas décadas, el sistema tributario no ha ganado más que regresividad y el impuesto sobre los bienes personales ha perdido peso dentro de la estructura de ingresos tributarios, lo que ridiculiza aún más la postura expuesta anteriormente. A lo largo de los gobiernos kirchneristas, el impuesto a los bienes personales pasó de representar un 2,17% del total de la recaudación tributaria en 2003 al 1,18% en 2015 y en 2019, durante la gestión de Cambiemos, se redujo a 0,62%.

El neoliberalismo, en los últimos cuatro años de gobierno, arrasó con gran parte de los derechos económicos, sociales y culturales conquistados. Grupos económicos y empresas multinacionales obtuvieron ganancias fundamentalmente en base a las transferencias de recursos del resto de la sociedad, el endeudamiento externo, la fuga de capitales y los subsidios estatales, en contraposición a la teoría del esfuerzo personal y el mérito. Y hoy es el mismo poder económico el que intentará sacar provecho de la actual crisis, reduciendo aún más los salarios reales, pujando por una devaluación, aumentando precios, aprovechándose de la minimización de los costos que genera el teletrabajo en pandemia, precarizando derechos laborales y sociales, pretendiendo una modificación cada vez más regresiva de la matriz de distribución del ingreso y la riqueza.

Brecha digital

 

En el último informe especial Covid-19 N⁰ 7, CEPAL indica que el 46% de los niños y niñas de América Latina y el Caribe de entre 5 y 12 años vive en hogares que no están conectados a Internet, lo que implica la exclusión de más de 32 millones de niños y niñas. En este sentido, CEPAL propone a los países de la región garantizar una canasta básica de “tecnologías de la información y las comunicaciones” integrada por un computador portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión para los hogares no conectados, con un costo anual inferior al 1% del PIB.

En este sentido, el decreto de necesidad y urgencia 690/2020 constituye un primer paso en torno a la construcción de una sociedad digital más inclusiva. El DNU establece que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia.

En Argentina, según las estimaciones de la CEPAL, dentro de los hogares del quintil de ingresos más bajos (es decir, el 20% de los hogares con menores ingresos) cerca del 27% de los niño/as no poseen acceso a internet. Según las estimaciones de INDEC, el 39,1% de los hogares en la Argentina, a diciembre de 2019, no poseía acceso a una computadora y el 17,1% de los hogares no tenía ningún tipo de acceso a internet.

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet que implica el reconocimiento “de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas”, exhortando “a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países”.

 

 

Es preciso recordar que en la Argentina en el año 2010 se puso en marcha el programa Conectar Igualdad con el objetivo de reducir la brecha digital, educativa y social,  que otorgó alrededor de 5 millones de computadoras al año 2015; política que luego fue interrumpida por las medidas adoptadas por Cambiemos, y cuya continuidad hubiera sido de gran ayuda para docentes y estudiantes en este contexto de pandemia.

El camino a seguir implica debates complejos y confrontaciones con sectores que no estarán dispuestos a perder sus privilegios, pero que significan la única puerta de entrada a una sociedad más digna, justa e igualitaria.

( https://www.elcohetealaluna.com/riqueza-desigualdad-y-derechos-humanos/ )

EXTRANJERIZACIÓN ECONÓMICA: EL ETERNO SAQUEO.

 

En estos últimos tiempos en los que todos los cañones estaban apuntados a la pandemia, en épocas de fakes sobre la supuesta libertad y justicia en la que parece que vivimos los últimos cuatro años y no nos dimos cuenta, hay temas que pasan de largo a los ojos de la opinión pública. Y el hecho de que es lo que fundamentalmente nos aleja de un desarrollo sostenido que nos permita ser una nación no “desarrollada” como la llamarían algunos, sino más justa e igualitaria para disfrutar del bienestar generado, como más me gusta decirlo a mí, es todo un desafío del que todos merecemos estar al tanto y opinar.

y asuntos como la moneda, el dólar, la deuda, que, si bien son importantes, creo que están subordinados a dos que considero primordiales: una reforma impositiva progresista y LA EXTRANJERIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ARGENTINA.

​Otros, como vengo leyendo por ahí, cargan las tintas sobre la “debilidad” del peso, la dolarización… hasta le pusieron nombre a la nueva moneda: “el Argentino” y una nueva vuelta de tuerca hacia la ortodoxia al decir que sería “inconvertible”, haciendo del Banco Central un museo, “obligando” a la gente a aceptarla (ya sabemos lo que pasa) y separando el comercio interno del externo (es realmente loable el propósito, pero que me digan como una economía extranjerizada como la nuestra aceptaría esto sin chistar).

O sea que siempre volvemos al punto de partida… una economía DOMINADA por multinacionales extranjeras que frenan el desarrollo y que su única preocupación es la maximización de las ganancias EN DÓLARES para enviarlos a sus casas matrices. Es la típica política colonial mejorada y tecnificada. Igual que el oro del Perú, la plata del Potosí o los esclavos en África.  Las empresas (menos aún las extranjeras) no se interesan por la gente, solo por sus bolsillos. Aunque cuando son locales hay matices, lazos, hasta intereses en común… todas cosas que la extranjerización hace desaparecer, dejando solo el lucro.

 

 

 

Incluso, al leer la nota de Gretel Ledo (28/06/2020 en Perfil), me pareció acertada la idea de usar como ejemplo el concepto cíclico donde el retorno es eterno que se da en “Las Ruinas Circulares” (de Jorge Luis Borges), pero en vez de aplicarlo a una moneda que se desvaloriza para dar paso a otra, o de un país en un eterno sube y baja, me gustaría aprovechar la idea para el caso en cuestión: la extranjerización del país. Las empresas foráneas usan ese concepto cíclico, ese tobogán en el que en épocas de vacas gordas abaratan el dólar, producen, aprovechan las buenas ventas, mientras fugan las ganancias generadas a través de operaciones que no importa realmente si son legales o ilegales, ya que si no lo son su ejército de abogados, contadores, periodistas, políticos, fiscales y jueces o bien hacen que lo sean, o, si la cosa es muy grosera, lo esconden para que nadie (salvo ellos) sepa del asunto. Muy de vez en cuando hay un Panamá Papers que parece los va a hacer caer, para dejar pasar el tiempo mientras nos “venden” otros intereses que nos dicen deberían ser nuestros (pero nunca lo son) y ellos salen ilesos del asunto.

Cuando los bolsillos están llenos y aquello que nos vendieron como genial empieza a caerse a pedazos (sea convertibilidad, corralito, mega canje, blindaje, bono a cien años o enamoramiento con Christine Lagarde), liquidan lo que queda (y también se lo llevan), achican las operaciones lo más posible (ahí llegan los despidos y suspensiones), venden parte de sus activos (cuyo pago también va a la casa matriz) y se sientan a ver el desastre, saliendo en los noticieros y programas políticos o económicos de sus “amigos” (empleados sería un término más exacto), en los que nos dan consejos de como salir del atolladero, consejos que nunca siguen sus propios países de origen (haz lo que yo digo pero no lo que yo hago). Y así esperan a otro “populismo” que arregle los desastres que hicieron los políticos brillantes que nos dejaron en cueros (y que ellos elogiaron hasta que se desató el desastre), vuelven rápido a comprar a dos pesos lo que habían vendido a precio de oro, y la maquinita vuelve a producir… y dale vueltas a la manija que empezamos de vuelta…

Ese es el verdadero “avance infinito hacia el punto de partida” del que habla la autora de la nota. Ellos son los que destruyen la moneda haciéndole creer a la gente que es basura (a través de su manada de “comunicadores” y “voceros”), ellos manejan el valor del dólar en un mercado como el nuestro que les resulta “de bolsillo”, ellos corroen el espíritu del ciudadano común y lo empujan a la desconfianza eterna (no solo a la moneda sino a la política, a sabiendas que es lo único que los puede perjudicar).

 

Y nos “educan” con conceptos como el de la “seguridad jurídica”, seguridad para ellos por sobre la seguridad de toda una sociedad, avalados por organismos multilaterales como el Banco Mundial o el FMI que trabajan para ellos, y “siempre” van a fallar para defender los intereses empresarios por sobre los intereses de las naciones que, supuestamente, son socias de este club que las maltrata.

Y colocan a la propiedad privada en el altar del capitalismo, esa verdadera religión que hace que la propiedad de uno esté por encima del interés de toda una nación. No importa si ese uno es un delincuente, que estafe, engañe, evada y en última (o primera) instancia robe. Si es uno de ellos, estará a buen resguardo.

Una rueda eterna donde cuando el auto se frene, ellos quedarán arriba, limpios, cómodos, a resguardo. Y nosotros estaremos en la parte de abajo, sucios, incómodos y aplastados.

 

UN POCO DE HISTORIA RECIENTE.

 

Desde la asunción de Menem, Argentina sufrió un intenso proceso de extranjerización de la cúpula del empresariado en todos los sectores de la economía. Este período se extendería hasta el año 2002 y su resultado fue una notoria pérdida de densidad y peso económico del empresariado que podríamos llamar nacional (por el origen de sus capitales y por pertenencia), a favor de grandes multinacionales extranjeras, que, poco a poco, fueron monopolizando vastos sectores de la economía, en general los que ofrecían mayor tasa retorno con menor inversión relativa con respecto al nivel de ganancias, la mayoría de las veces impensable en sus países de origen.

 

 

Sistemáticamente, las políticas económicas neoliberales con sus libretitos de siempre (ingreso de Argentina al “mundo desarrollado”, efectos derrame, liberalización del mercado laboral, necesidad de inversiones extranjeras sin importar el precio…), generaron una trayectoria declinante de las grandes firmas y conglomerados del país. La consecuencia es una economía no solo en manos de empresas a las que solo les interesa la “productividad” que les asegure una “tasa de retorno” inexistente en el mundo desarrollado al que nos prometen transportar, siendo más bien una tasa de ganancias propia de un sistema colonial, donde es marcado nuestro rol de satélite generador de riquezas que no aprovecharemos jamás.

A principios de los 90´s se dio un proceso de competencia internacional en busca de las ganancias que las empresas trasnacionales (ET) no conseguían en los mercados cautivos de su área de influencia. Eso los llevó a extender sus tentáculos a diferentes lugares del mundo, pero, particularmente a Europa del Este (que transitaba desorientada la salida del comunismo ruso) y a América Latina, dos lugares que le ofrecían la posibilidad de mano de obra más barata, gobiernos “accesibles” a sus demandas, y una tasa de ganancia exagerada para cualquier economía seria. En nuestro continente, y, en especial en nuestro país, esto se conjugó con un marco de crisis de deuda, apertura de la economía a las importaciones, y, la frutilla del postre, la privatización de empresas públicas y la desregulación de diversos sectores de gran importancia económica. Si agregamos una clase política permeable a la corrupción (Swift, IBM-Nación, la leche adulterada, ENTEL, Aerolíneas Argentinas, el espacio radioeléctrico con Thales Espectrum, la Aduana paralela e Ibrahim al Ibrahim en Ezeiza, el Yomagate -y el desfalco de bancos públicos, la liquidación de Bancos que habían hecho estafas y el nacimiento de otros con capitales de muy dudoso origen-, Monzer Al Kassar y las armas…) La mesa había sido servida.

Fue el comienzo del proceso de sojización del campo, el final de la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes de la mano del tándem Menem-Cavallo, la extranjerización de todas las empresas de servicios públicos prácticamente sin obligaciones para las empresas (extranjeras) adquirientes, el uno a uno posterior que permitió que las ganancias empresarias fuesen en dólares (los cuales religiosamente eran fugados del país) y Argentina contrajera una deuda externa que luego se demostró impagable. Esto fue acompañado de una desregulación de3l mercado del trabajo que generó empleo de baja calidad, tercerización, pérdida de estabilidad laboral y salarial… pobreza, hambre… y un final de “huida” de los capitales que habíamos alabado para que nos sumergieran en la crisis más importante del siglo XX en la Argentina.

 

Asimismo, se adaptó aún más una legislación ya de por si liberal sobre regulación del capital extranjero y con esto, en un marco económico dinámico era más que esperable que, ante una eventual flexibilización en el acceso a dólares (nada mejor que la convertibilidad sostenida a base de la propia extranjerización a través de las privatizaciones), la repatriación de utilidades hacia las casas centrales vaya a registrar un alza importante. El movimiento era virtuoso para los capitales foráneos. Ofertaban y se quedaban con los activos que habían sido fundamentales para subsidiar y promover la producción local, ya que su facturación era a base de clientes “cautivos” (por lo que era una facturación “asegurada”). Y así, trasladaban esos recursos que por décadas habían sido del Estado hacia sus casa matrices, generando un factor de tensión sobre el sector externo de la balanza de pagos. En el corto plazo se podía compensar por inversión extranjera directa o deuda externa (agrandando la dependencia), pero por historia ya deberíamos haber sabido que, en el mediano y largo plazo, el saldo será negativo porque las remesas futuras serían mayores que los ingresos de entonces.

Además, en una nación periférica (si lo quieren más bonito para dorarnos la píldora, “emergente”, aunque nunca terminemos de emerger) que obviamente es importadora de tecnología y capital industrial, no puede concebirse la formación y expansión de grandes empresas de "capital local" si no es en estas condiciones de dependencia. A partir del Proceso en los 70´s, se sentaron definitivamente las bases de ello (que el menemismo luego solidificó), por lo que el capital extranjero puede retirarse transitoriamente (2002-2003 ó 2009-2015) de la gerencia y la propiedad de algunas de sus empresas, pero sigue latente (participando como socio minoritario o como proveedor) a la espera de una nueva oportunidad (macrismo) para volver a la carga.

Así, asistimos al fenómeno de que no solo se extranjerizó la producción fabril y los servicios, sino que también asistimos a la extranjerización de la tierra, donde grandes empresas o multi millonarios europeos o estadounidenses, acaparaban grandes extensiones que contenían no solo riquezas actuales, sino recursos naturales que, a futuro y no tan lejano, van a ser el nuevo campo de batalla internacional por su posesión y explotación. La ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras (Ley 26.737, sancionada en 2011) fue un freno para esto, poniendo límites a la posesión. Otro tanto había hecho la Ley de Glaciares (Ley 26.639, promulgada en 2010), que los protegía de las multinacionales mineras y condicionaba el uso privado en un área de influencia de los mismos.

Lamentablemente, las provincias mineras, ávidas de recursos fáciles (y permeables muchas veces al dinero de estas ET), flexibilizaban las normas a través del dominio de los subsuelos que les otorgó el menemismo, y la llamada Ley de Tierras fue flexibilizada por Mauricio Macri en 2016, permitiendo el retorno de los particulares y empresas extranjeras al negocio inmobiliario y a la compra de tierras para explotaciones de dudoso cuidado ecológico.

Llegamos así al fin del siglo con un notorio retroceso de la burguesía local, que no se limitó a la desnacionalización de fábricas relativamente pequeñas e ineficientes, sobrevivientes del periodo sustitutivo; alcanzó a los negocios medulares de varios de los principales grupos económicos nacionales en los rubros más diversos: industriales y de servicios, orientados al mercado externo y al interno, en mercados regulados y privados.

 

Era tal el grado de concentración de las foráneas que, el 55% de las ventas totales de las 200 empresas de mayor tamaño del país estuvo explicado por las ventas de las empresas extranjeras.

La crisis del 2001 hizo que las extranjeras se achicaran o directamente se fueran del país. Pero a partir de 2003, con la llegada del Kirchnerismo, comenzaron con su operativo retorno (en realidad, como ya dijimos, estaban latentes, nunca se van del todo). La sequía de crédito, la necesidad de generar empleo y la obligación del gobierno de mayor recaudación para volcar los recursos del estado para cimentar la recuperación, fueron la puerta de entrada para el retorno de las ET.

Así, en 2007, mientras 66% del panel de las compañías más grandes de Argentina era de capital extranjero, su peso en el valor agregado era de 84% y en las utilidades alcanzó 90%

Y más allá del tibio proceso de nacionalización que hizo que en 2012, de las 500 compañías no financieras líderes del país, 179 fuesen de capital nacional y las 321 restantes fueran extranjeras (contra 160 nacionales y 340 extranjeras en 2003), este aumento de la presencia de grupos locales en la cúpula del poder económico, no modificó el valor de producción generado por estas empresas, manteniendo constante el valor de las nacionales nacional se ha mantenido casi constante en ese período (21,4 por ciento) en el total de ese lote de 500. O sea, hay más firmas nacionales entre las más grandes, pero las de capital extranjero con menos mantuvieron su participación en la producción. De ese modo, durante el kirchnerismo la extranjerización se ha mantenido en niveles muy elevados en volumen de producción, mientras que ha descendido en cantidad de empresas de ese origen. En el renglón de las utilidades, las nacionales describieron un importante salto, del 9,4 al 18,6 por ciento del total de ese grupo de empresas líderes de 2003 a 2012.

En ese entonces, el economista Andrés Asiain, de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche, basado en datos del INDEC, reveló que 324 de las 500 mayores empresas del país eran extranjeras. “Además, éstas eran las más rentables de la cúpula, concentrando 80% del valor agregado (las ganancias y los salarios) generado por ella. Las grandes empresas industriales muestran indicadores similares: 67% son extranjeras y concentran 82% del valor agregado”, analizó Asiain. El propio Aldo Roggio, luego de la venta de Avex (avícola) al poderoso grupo brasileño BRF cuestionó la situación afirmando que “… no estoy en contra de la inversión extranjera, quiero la inversión extranjera; pero para empresas nuevas, no para comprar empresas nacionales”, agregando que “…si tuviera que hacer una autocrítica del empresariado nacional, diría que no hay que vender y si se vende es para hacer otro negocio”.

 

Además, dentro de las 500 empresas más grandes, durante la posconvertibilidad, la participación del salario en el ingreso fue mucho más baja en las compañías extranjeras (16 por ciento) que en las de capital nacional (37 por ciento). Y entre otros aspectos a destacar, la tasa de ganancia de las corporaciones foráneas fue del 34 por ciento, mientras que la tasa de inversión alcanzó el 17 por ciento, lo que manifiesta una baja reinversión de utilidades (“reticencia inversora”). Es decir, que los inversores extranjeros no estarían potenciando las capacidades tecno-productivas domésticas, sino que, en buena medida, estarían girando las utilidades al exterior por diversas vías, lo que afecta la balanza de pagos.

La conclusión que nos muestra nuestra história reciente sobre el tema, es que la extranjerización económica redunda en una problemática sumamente compleja con hondas repercusiones sobre la dinámica macroeconómica a través de su influencia en variables como la inflación, la distribución del ingreso, la inversión, las cuentas externas y fiscales. Y sobre el margen de maniobra estatal: primero, por la superior capacidad de veto de las grandes corporaciones; segundo, por la ostensible pérdida de “decisión nacional” asociada a la notable expansión del capital extranjero.

 

CÓMO REACCIONAR ANTE EL PROBLEMA.

 

Ahora que ya vimos la historia, sus motivos y consecuencias la pregunta del millón que podría hacerse es si hay que aceptar esto así cómo nos lo venden o si se podría hacer algo al respecto para cambiar la ecuación y buscar un desarrollo sostenible, con mejor reparto de la torta y ganancias para todos y no para los de siempre.

La respuesta es sencilla: Se puede hacer y por la vía que más se ajuste a las características del país y su aparato productivo. No existe una receta mágica para llegar al desarrollo. Los casos internacionales lo demuestran. Mientras Corea del Sur se desarrolló a través de una fuerte concentración del capital (los famosos chaebols, grandes conglomerados con presencia en múltiples sectores económicos), Taiwan lo hizo a través de un fuerte tejido de pymes. China, en la actualidad, tiene un desarrollo industrial basado en la IED (Inversión extranjera Directa). Más atrás en el tiempo, Alemania apeló a una fuerte concentración financiera para apuntalar su industria y formar los kartell (agrupaciones de empresas de un mismo sector para defender sus intereses controlando gran parte de la producción de ese mercado) a fines del siglo XIX, mientras Italia se apoyó en sus distritos industriales pymes.

No podemos permitir que, como por ejemplo sucede en la Industria automotriz, los productos fabricados “atrasen 20 años” con respecto a los hechos en sus países de origen o en mercados mejor regulados. Hay que entender que el capital no se retira porque sí. Trata de negociar y, aunque baje un mensaje pesimista, no quiere perder un mercado de 10, 20, 30, o 45 millones de personas (según que fabrique) como le brinda la Argentina. Ellos saben que una empresa que se va deja un hueco en el mercado, que siempre va a ser ocupado por otro.

El más claro ejemplo fue el de Evo Morales y la estatización del petróleo, dónde firmas extranjeras no dudaron en achicar sus ganancias astronómicamente (más allá de las protestas y amenazas de paralización al inicio de la negociación), para seguir trabajando en un mercado que, aun así, les seguía siendo rentable.

 

Entonces bien… ¿Qué hacer?

 

Primero, hay que saber qué el crédito hoy en día es fundamental para desarrollar proyectos empresarios, por lo qué es fundamental que la banca pública se fortalezca y oriente todo su potencial a ser parte importante de la transformación y fortalecimiento de las empresas de origen nacional. En idéntica línea, la banca privada debe cumplir un rol importante en este sentido, con regulaciones que vayan en ese sentido, y un férreo control de su implementación y aplicación, siendo inflexible en ello como manera de generar una verdadera “seguridad jurídica” en el desarrollo del plan. Obviamente, el Banco Central tendría un rol relevante en todo esto y en una correcta administración cambiaria en favor de los intereses productivos y no de la timba financiera.

 

Si observamos el tejido industrial argentino, los sectores de bienes intermedios, químicos, petroquímicos, metales básicos, son los que conocen mayor concentración de capital. Este hecho frena el desarrollo industrial cuando una pyme tiene que enfrentar, además de la competencia importadora, precios internos de sus insumos más elevados que el internacional. Para superar este escollo se debería redistribuir el ingreso al interior de las cadenas de valor junto a una política de comercio interior que logre disciplinar los actores más poderosos, medidas indispensables que permitan conjugar eficiencia, industrialización y distribución del ingreso.

También, las inversiones foráneas (si bien se expanden a lo largo del tejido económico) se acentúan en los mercados con ventajas comparativas y/o institucionales de privilegio (los más beneficiados durante la posconvertibilidad), como el procesamiento de recursos básicos con escaso grado de transformación local (como por ejemplo la minería, los hidrocarburos o la agroindustria), los commodities industriales y la armaduría automotriz.

Otro tema es trabajar en la integración con las pymes locales, hoy escaso debido a decisiones de compras tomadas a nivel global por las ET (en especial en el régimen automotriz). Teniendo en cuenta que el coeficiente de importación de las transnacionales es superior al promedio (agregado a la repatriación de utilidades), la sangría de divisas que supone la instalación de una empresa extranjera es nociva y está visto que no sirve remediarlo con leyes muy restrictivas en cuanto al uso de las divisas, ya que siempre encuentran un hueco o un atajo por dónde colarse.

El hecho nefasto para Argentina y que dificulta las cosas, es que la fuga de capitales no es excluyente de las empresas transnacionales: también la realizaron los grupos económicos locales. Esa ausencia de una poderosa “burguesía nacional”, que reinvierta en el país sus ganancias, significa para muchos economistas que los actores principales del desarrollo económico deben ser los trabajadores, a través de un gobierno popular.

 

Aunque los comunicadores de siempre (mercenarios a sueldo de los grandes grupos, del establishment asociado o de la Embajada) nos pinten una pintura diferente, nos anuncien cataclismos, o lo muestren como tarea imposible, o realmente perjudicial para la salud de las inversiones, es mucho lo que se puede realizar hoy (y aprovechar este momento de pandemia internacional para ello) para romper con el mandato neocapitalista que nos bajan como las tablas de los mandamientos, y atacar de una vez las problemáticas de la concentración y la extranjerización.

Es fundamental, por ejemplo, reemplazar la ley de inversiones extranjeras sancionada durante la última dictadura militar y, a la vez, denunciar los Tratados Bilaterales de Inversión aprobados profusamente durante el menemismo (que permiten barbaridades fiscales siempre a favor de los intereses empresarios por sobre los de la población).

 

Otro asunto a establecer son las limitaciones al giro de utilidades a través de la imposición de niveles de ganancias que deben reinvertirse en el país (algo que, en la práctica, se realizó en épocas de la segunda presidencia de Cristina Kirchner), con una ley especial sobre el tema.

Se puede implementar un régimen efectivo de “compre nacional” que condicione a las grandes empresas que reciben algún tipo de subvención estatal a demandarle sus insumos y bienes de capital a los proveedores locales. También, reformar y aplicar adecuada e integralmente la legislación vigente en materia de defensa de la competencia, y (algo fundamental) controlar rigurosamente las fusiones y adquisiciones, que son la principal modalidad de la extranjerización actual.

Para terminar, hacer una norma que excede el tema que estamos tratando pero no por ello deja de tener incidencia: una ley anti-monopolio clara que no permita la creación de pulpos de ningún tipo y active una sana competencia productiva para beneficio de los consumidores de esos productos.

 

La creación de un sistema basado en la cooperación y el consenso más que en la competencia, que abarca al conjunto del entramado socio-económico, desde el sistema financiero al industrial o al estado es fundamental para el crecimiento con justicia social del país.

Texto de JULIO ALBORNOZ para Revista Urbanave

( https://www.revistaurbanave.online/extranjerizaci%C3%B3necon%C3%B3micaysaqueo )

Los usos del odio

 

Aunque la estela viene de lejos, el origen más cercano de la política del odio puede rastrearse a la crisis financiera del 2008, que a diferencia de los shocks anteriores comenzó en los países desarrollados para desde ahí expandirse al resto del mundo, y cuyo impacto todavía se siente. Si hasta aquel momento los efectos negativos de la globalización neoliberal, sobre todo el aumento de la desigualdad, eran vistos por muchos como daños colaterales inevitables, la crisis terminó con la idea de la globalización como promesa: para amplios sectores de la sociedad, ya no había nada que esperar de ella. Esto produjo un desencanto democrático que hizo crujir grandes consensos, ese ideal con aires de Moncloa que organizó la política de buena parte del mundo occidental desde los años 90, y llevó a una progresiva dilución del centro político, lo que condujo al estallido de sistemas que en casos como España llevaban décadas de prolijo bipartidismo, y a la emergencia de fuerzas de extrema derecha incluso en países que parecían inmunizados, como Alemania y Gran Bretaña.

 

Las transformaciones del ecosistema mediático agudizaron este panorama. Lejos de la etapa de la radio y televisión de masas, cuando tres o cuatro canales y estaciones se disputaban una audiencia amplia y por lo tanto buscaban posiciones más moderadas, la multiplicación de emisores –radios FM, canales de cable, sitios web, blogs– produjo una fragmentación del público en grupos más pequeños, compactos y separados entre sí, una hipersegmentación que las redes sociales convertirían más tarde en hiperpersonalización (1). Las redes son en esencia empresas de publicidad cuya rentabilidad depende de que pasemos dentro de ellas la mayor cantidad de tiempo posible, lo que las lleva a ofrecernos información que nos haga sentir “cognitivamente cómodos”, es decir información con la que estemos de acuerdo. Aplicando la lógica predictiva, el algoritmo nos encasilla y nos sumerge en un mundo en el que pareciera que todos piensan como nosotros, como ocurre cuando nos encontramos con ese desconocido que nos habla dando por sentado que compartimos su posición, que todos piensan como él. En su último libro, Natalia Aruguete y Ernesto Calvo sostienen que la polarización no es un episodio pasajero sino la morfología misma del espacio público, la forma en la que conversamos en las sociedades actuales (2).

 

La combinación entre la crisis económica y esta transformación de los medios agudizó la polarización social. En “La era de la indignación” (3), Jonathan Haidt cita datos del estudio elaborado desde hace tres décadas por la consultora Gallup y el Centro de Investigación Pew, que revela un incremento sostenido de la polarización en Estados Unidos. Esto se verifica a través de diversas encuestas de comportamiento social que revelan por ejemplo un aumento del porcentaje de personas que responden afirmativamente cuando se les pregunta si creen que el partido rival constituye un peligro para el país o, lo que quizás resulte más preocupante, por el incremento de los que admiten que les molestaría que su hijo se casara con un demócrata (si son republicanos) o con un republicano (si son demócratas).

 

 

En este clima asfixiante, un sector de la población ha comenzado a responsabilizar por sus problemas a ciertos grupos sociales, étnicos o religiosos, en general vulnerables: pueden ser los migrantes mexicanos, los militantes del PT, los pibes chorros, los receptores de planes sociales o los árabes, lo importante es proyectar sobre ellos la carga de la culpa por lo que sucede a través de discursos agresivos y discriminatorios que configuran una nueva “política del odio”. Si el lenguaje político a menudo recurre a un apellido para connotar un proceso (peronización de los sindicatos, chavización de Argentina), desde hace al menos una década asistimos a una “bolsonarización” de la sociedad.

 

Como sostiene Ezequiel Ipar (4), lo que se percibe en la superficie son una serie de liderazgos –políticos pero también mediáticos, de artistas, referentes sociales, youtubers– que vuelcan el peso de su influencia al servicio de este tipo de consignas. Sin embargo, la violencia que expresan no es una invención propia sino algo que estaba ahí, circulando por la sociedad, y que ellos recogen, reformatean y relanzan. Se trata, como explica Daniel Feierstein (5), de líderes que están dispuestos movilizar el odio contra un grupo social determinado como política, y que al hacerlo habilitan al resto de la sociedad a expresar su agresividad sin inhibiciones, la autorizan. Pero el fenómeno es de abajo hacia arriba: primero se bolsonariza Brasil, después gana Bolsonaro.

 

¿Podemos hablar de fascismo? Hay elementos en común con las experiencias de entreguerras. Como en aquella época, este “fascismo democrático”, según la definición de Alain Badiou (6), proyecta sobre ciertos grupos la frustración que le genera una situación de incertidumbre cuyas causas profundas no logra descifrar y, por lo tanto, siente que no puede controlar. Ese es el aire a Weimar que respiramos en estos días. En su tremenda novela Serotonina, Michel Houellebecq dibuja el paisaje social de una Francia profunda habitada por una serie de personajes empobrecidos, temerosos de que la competencia con los productos extranjeros reduzca sus ingresos, sumidos todos en la impotencia de una vida sin sentido que solo dejarán de lado para organizar protestas violentas en las rotondas (asombrosamente, lo mismo que hicieron los chalecos amarillos unos meses después de publicado el libro). Puede ser la pérdida de empleo industrial en el Rust Belt norteamericano, el cierre de las oportunidades de movilidad social ascendente en las clases medias de Argentina o la exposición al delito de los sectores populares paulistas, pero en todos los casos la percepción es la misma: desilusión, resentimiento y una intensa idea de injusticia.

 

Esta sensación angustiante de pérdida del “locus de control interno” –la sensación de que haga lo que haga mi destino no cambiará– es la arena mojada con la que los demagogos del siglo XXI construyen sus castillos de arena. Como los procesos que explican estos padecimientos no tienen una respuesta simple, como es probable que Estados Unidos nunca recupere los niveles de producción industrial de los que gozó hasta Reagan, o que el conurbano bonaerense vuelva a la tranquilidad de los niños jugando sueltos en la vereda, aparecen políticos que, como en los años 30, ofrecen respuestas mágicas a problemas que exigen soluciones largas y complejas (o peor aun, que no tienen solución).

 

Sin embargo, a diferencia del fascismo clásico, las fuerzas del odio hoy no buscan generar una nueva comunidad, no pretenden reconstruir el Lebensraum exterminando a los judíos de Europa, sino ampliar el margen para el ejercicio de la libertad individual sin interferencias: desde educar a mis hijos sin que el Estado me imponga una educación sexual integral (ESI) hasta salir a la calle y contagiarme de coronavirus si eso es lo que quiero, tal la noción extrema de libertad que guía estos reclamos (aun cuando la ESI apunte a generar las condiciones para una sociedad más democrática y cuando la cuarentena busque garantizar la capacidad de atención del sistema de salud). En contraste con el fascismo histórico, se trata de una propuesta profundamente anti-comunitaria, que conecta directamente con el individualismo exacerbado de las sociedades contemporáneas: Trump y Bolsonaro podrían haber aprovechado la crisis sanitaria para aumentar el control autoritario del Estado sobre la sociedad, podrían haber buscado crear su Stasi, pero eligieron el negacionismo irresponsable como sostén de su visión extrema del libre albedrío.

 

Los discursos del odio no son solo una respuesta a la frustración generada por la crisis sino también una reacción a los avances en materia de pluralismo, tolerancia a la diversidad y multiculturalismo registrados en las últimas décadas (la dimensión positiva de la globalización). Como en el aikido, la derecha extrema se nutre de la fuerza del enemigo mediante el recurso a la inversión retórica: así, por ejemplo, ha logrado transformar la idea de corrección política o igualdad de género en denuncias contra la “censura progresista” o la “ideología de género”, como si los negros, las mujeres o los que necesitan asistencia del Estado dominaran ya la sociedad y fuera necesario defender a los blancos, los hombres y los ricos de esta “dictadura de las minorías”. Quizás el caso más notable de esta capacidad de retorcer discursos hasta hacerles decir lo contrario a lo que planteaban originalmente sea la movilización convocada en España contra la política sanitaria y el uso obligatorio de barbijos, donde se veían carteles con la misma frase de las protestas tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos: queremos respirar.

 

Pero no hay que confundirse, no se trata de una vuelta a la Edad Media. Aunque en una mirada superficial puedan parecer arcaicas, se trata de tendencias muy actuales. Por lo pronto, las fuerzas del odio han descubierto mucho antes que las corrientes democráticas las oportunidades que abren las redes sociales y las apps de mensajes para difundir consignas en las que la verdad ha pasado a ser un resabio del pasado, mediante operaciones de “desinformación organizada” tan capciosas como efectivas.

 

Son, además, ágiles, como demuestra el caso de Tic Toc, el nuevo teatro de operaciones de la batalla digital, la red social de origen chino que en unos meses consiguió 2.000 millones de descargas y que amenaza la hegemonía de Facebook, Instagram y Twitter. Elemental en su concepción, Tic Toc se basa en una serie de videos cortos a pantalla completa, que en general no superan los 15 segundos y que se organizan según un algoritmo más agresivo que el de Facebook, ya que no prioriza seguimientos (órdenes conscientes) sino el tiempo que cada usuario pasa frente a ellos (interés inconsciente) (7). Aunque en un comienzo Tic Toc se alimentaba básicamente de adolescentes haciendo bailecitos, subiendo fotos de sus ídolos o microescenas de su vida cotidiana, la extrema derecha rápidamente vio la oportunidad: los seguidores del extremismo hindú de Narendra Modi, por ejemplo, difunden memes burlándose de las denuncias contra la persecución del gobierno a los musulmanes, en tanto los fanáticos de Bolsonaro se desafían (el “reto” es uno de los mecanismos favoritos de Tic Toc) a subir videos modulando sus frases más violentas como si las estuvieran diciendo ellos; el líder de Vox, Santiago Abascal, domina la red sin competidores.

Concluyamos. Vivimos tiempos de polarización y discursos de odio, de violencia –a veces retórica, por momentos real, pero creciente– hacia grupos sociales postergados, y de líderes que se permiten decir cosas que hasta hace unos años hubieran debido reprimir en honor a la corrección política. Pueden operar desde partidos tradicionales a los que obligaron a girar al extremo, como Trump; pueden llegar al poder con su propia fuerza política, como Bolsonaro, o pueden convivir con sectores más moderados, como sucede en Juntos por el Cambio, donde Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto comparten coalición con Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau. En todos los casos, van creando un contexto en el que todo –una idea, un artista, la validez de un resultado electoral e incluso algo tan neutro como una vacuna– es sometido al juicio inapelable de la posición política previa.

 

En un elocuente artículo publicado en el Dipló (8), el sociólogo Ernesto Calvo demuestra que este sesgo llega incluso a una dimensión tan íntima como la percepción del riesgo. Para demostrarlo cita encuestas que muestran que los votantes de los presidentes que minimizaron el coronavirus (Trump, Bolsonaro, López Obrador) perciben menos posibilidades de enfermarse que aquellos que votaron a la oposición, y más chances de quedarse sin trabajo. En cambio, los seguidores de los presidentes que desplegaron políticas sanitarias responsables le temen más al virus que a la desocupación. Aunque, como apunta Calvo, una cosa es no creer en el cambio climático y otra no sentir calor, esta sobredeterminación política desmiente el célebre apotegma del senador estadounidense Pat Moynihan (“todos tienen derecho a tener sus propias opiniones, pero no a tener sus propios hechos”) y fabrica una realidad que fluye autónoma, más allá de toda evidencia.

1. “La conversación imposible”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, abril de 2019.
2. Fake news, trolls y otros encantos, Siglo XXI, Buenos Aires, 2020.
3. Revista Letras Libres, 1-1-18.
4. https://oleada.com.ar/nuevas-mayorias/el-autoritarismo-como-refugio-intercambio-con-ezequiel-ipar/
5. La construcción del enano fascista. Los usos del odio como herramienta política en Argentina, Capital intelectual, Buenos Aires, 2020.
6. Contra Trump, Capital intelectual, 2020.
7. https://latrivial.org/tiktok-y-los-nuevos-fascismos/
8. “Enfermos de polarización”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, julio de 2020.

( https://www.eldiplo.org/255-el-odio-como-arma-politica/los-usos-del-odio/ )

Patriarcado colonial capialista neoliberal … Desde que el imperio Romano instauró la fé Cristiana como única religión oficial … Jesús, varón, hebreo e hijo de Dios, debió imponerse a deidades femeninas de fuerte raigambre popular. Lideras por igual por sacerdortes y sacerdotizas que prácticaban el culto a la fertilidad, al amor, al deseo … Devinieron en brujas y brujos simplemente por eso … sus deidades eran atributos de lo femenino … Igualmente varones Colón y los parias que llegaron a estas nuestras costas latinoamericanas, igualmente patriarcales y violentos, violaron, masacraron, torturaron culturas y civilizaciones enteras por avaricia y búsqueda de riquezas y poder.

Los imperios Colonialistas devinieron Capitalistas. La historia les concedió el privilegio de sostener el poder por simple herencia … la sangre de sus ancestros derramada para “tener”.

Y ahora, como no alcanzan los objetos materiales y la ostentación de la riqueza, hay que mantener a los esclavos en la ignorancia y la creencia de que ellos pueden mientras se lo impiden de todos los modos que existen.

 

 

Precarizan las organizaciones colectivas en aras de un “empresariado de si mismo” que inmola individuos en el trono del fetichismo al dinero. El dólar crea sus altares a diestra y a siniestra, allí las mujeres tienen alguna participación si demuestran que de varones tienen la misma condición: avaricia, poder, dominio sobre los cuerpos y las almas de varones y mujeres sometidas por igual a ser esclavos de un sistema que encontró en la tecnología la excusa perfecta para “automatizar” el dominio del dinero.

 

Pero apareció la peste que no distingue a poderosos de esclavos, a mujeres de varones, a imperialistas y esclavos coloniales, a Capitalistas y dueños de nada, a ricos y pobres … frente a la enfermedad y la muerte, aunque no somos tan iguales … la conciencia del mismo final todo lo subvierte ...

Daniel Roberto Távora Mac Cormack