Martes 8 de setiembre de 2020

 

 

Si hay algo que la pandemia global esta dejando en evidencia, es la precariedad de los sistemas de servicios básicos que el capitalismo neoliberal fomenta, al concentrar recursos y esfuerzos en “miradas hacia el mundo” esperando que regresen los recursos que se llevan. 

 En esto no ha habido grandes diferencias se tiña del color que se tiña el gobierno nacional, aún y cuándo en los procesos populares, hay una mejor distribución en favor de los que menos recursos tienen y de equilibrar el mercado interno con el impulso exportador … pero pretender ambos no es tarea sencilla cuándo el poder faccioso lo ejercen quienes dominan agroexportaciones y definen el flujo de dólares en el país.

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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, ha recordado que la salud “no es un artículo de lujo” para quienes pueden pagarla, sino que es una necesidad y un derecho humano, por lo que ha pedido a los países aumentar la inversión en sanidad pública.

“La salud pública es la base de la estabilidad social, económica y política. Eso significa invertir en servicios basados en la población para prevenir, detectar y responder a las enfermedades”, ha dicho Tedros en una rueda de prensa.

Y es que, tal y como ha avisado, la pandemia del covid-19 no va a ser la “última” dado que la historia de la humanidad ha evidenciado que las pandemias “son una realidad”, si bien ha destacado la necesidad de que el mundo esté mejor preparado para enfrentarse a futuras crisis sanitarias.

En este sentido, el director general de la OMS ha lamentado que en los últimos años “demasiados” países hayan “descuidado” sus sistemas sanitarios más básicos, los cuales son la “base” para responder a posibles brotes de enfermedades infecciosas.

“Parte del compromiso de cada país para reconstruir mejor debe ser invertir en salud pública, como una inversión en un futuro más saludable y seguro”, ha dicho.

Además, Tedros ha destacado la labor realizada por algunos países, como por ejemplo España, Italia o Mongolia, en la lucha contra la transmisión del nuevo coronavirus.

 “Muchos de estos países lo han hecho bien porque aprendieron lecciones de brotes anteriores de SARS, MERS, sarampión, polio, ébola, gripe y otras enfermedades. Por eso es vital que todos aprendamos las lecciones que nos está enseñando esta pandemia”, ha recalcado.

Por todo ello, el director general de la OMS ha pedido a todos los países que inviertan en salud pública y, especialmente, en los servicios de Atención Primaria.

En este sentido, ha informado de este martes va a comenzar a andar el Comité de Revisión del Reglamento Sanitario Internacional, el cual evaluará el funcionamiento del Reglamento Sanitario Internacional durante la pandemia, y recomendará cualquier cambio que crea necesario.

( http://www.cuantaprensa.com/revista/298/Revista-Proceso.html )

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La salud pública importa a la formación de profesionales, a la mantención y equipamiento de hospitales y salas de atención médica, al acceso a servicios elementales como los de agua potable, cloacas, energía, servicios de recolección de residuos y ahora los servicios digitales, que la pandemia ha convertido en esenciales.

Tambien el acceso a vivienda digna …

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El problema de la tierra no es solo de los pobres. Los sectores sociales más acomodados también son protagonistas del problema de la subdeclaración fiscal de la tierra que poseen en countries, barrios cerrados y clubes de campo

Cien mil lotes y 50 mil viviendas terminadas en 590 barrios cerrados, clubes de campo y countries de la provincia de Buenos Aires figuraban como baldío o pagaban impuestos como tierra rural.

La utilización de figuras legales para ocultar patrimonios y la escasa vocación por el cumplimiento impositivo son las principales razones que llevaron a que más de la mitad de esos lugares en la provincia de Buenos Aires figuraran como baldíos o tierras rurales, pagando una porción mínima de los tributos correspondientes.

El comportamiento que exhiben contribuyentes con alta capacidad económica demuestra que el problema de la tierra es mucho más complejo que las tomas que protagonizan sectores populares, generalmente víctimas de fuertes grados de exclusión y estigmatización social. El aprovechamiento de la posición de poder de aquellos sectores suele pasar desapercibido, aunque una de las consecuencias sea la profundización de las desigualdades que luego se traducen en acciones desesperadas, como la ocupación de terrenos para la instalación de viviendas precarias.

La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (Arba) estimó que en 2018 la provincia se privó de recaudar “al menos 2000 millones de pesos” por el ocultamiento fiscal en los barrios cerrados.

“En el territorio bonaerense existen alrededor de mil countries y desarrollos similares. De ellos, menos de la mitad están regularizados y tributan lo que corresponde, mientras que hay otros 590 que pagan impuestos como parcelas rurales o baldíos, a pesar de que la mayoría tiene concluida toda su infraestructura”, advertía el entonces titular del organismo, Gastón Fossati.

La mayoría de los barrios con irregularidades están en distritos como Tigre, San Isidro, Pilar, Escobar, Presidente Perón, Esteban Echeverría, Ezeiza y La Plata, mientras que 118 se encuentran en Exaltación de la Cruz, Zárate, Luján, Campana, Mercedes, General Rodríguez, San Vicente, Berisso, Magdalena, Marcos Paz, Lobos, Las Heras, Navarro, Baradero, San Andrés de Giles y Carmen de Areco. Unos 100 mil lotes y 50 mil viviendas terminadas en estos emprendimientos privados fueron detectados pagando menos impuestos de lo que debían.

“Hay urbanizaciones enteras que están terminadas desde hace una década o más y continúan figurando como terrenos rurales o baldíos”, denunciaba Arba en 2018. Las demoras en las gestiones de escrituración se deben, en la mayoría de los casos, a maniobras dilatorias de los desarrolladores y a la utilización de figuras como fideicomisos, que entorpecen la identificación de los contribuyentes obligados. 

 Es una realidad que la actual gestión de Arba, a cargo de Cristian Girard, sigue verificando, a pesar de los avances conseguidos los últimos dos años.

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Nueva legislación

En 2018 la provincia aprobó una ley para apurar la regularización impositiva. Estableció que los barrios cerrados deben tributar el impuesto inmobiliario en forma proporcional a su desarrollo. La normativa creó una cuarta categoría de valuación fiscal de la tierra, que se sumó a las existentes: rural, urbana no country y urbana country. La nueva categoría se denominó urbana country en desarrollo.

El esquema definió que si el country, barrio cerrado o club de campo tiene aprobado solo el estudio de factibilidad, lo que permite a los inversores salir a vender los lotes, tributará el 25 por ciento de lo que corresponde para la categoría tierra urbana country. Si tiene calles y servicios de iluminación, pagará el 50 por ciento, y si tiene casas habilitadas, el 75 por ciento.

De acuerdo a una estimación de Arba para 2018, citada en aquel momento por el portal Todo Provincial, “un barrio cerrado de zona norte que tenía la tierra valuada como urbana no country y pagaba 7,5 millones de pesos al año de impuesto Inmobiliario, pasará a tributar 20,4 millones cuando se constate que las obras poseen un avance del 75 por ciento y sea considerado como country en desarrollo”. Al ascender a la siguiente categoría, como tierra urbana country, el impuesto se elevaba a 25,8 millones anuales.

El ejemplo permite visualizar la proporción de “ahorro impositivo” que habilita la subdeclaración de tierras. Hace dos años la pérdida de recaudación proyectaba era, como se indicó más arriba, de 2000 millones de pesos para los 590 emprendimientos con atrasos en las escrituraciones.

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Inspecciones

Desde la sanción de la ley, los administradores de countries están obligados a informar al fisco las características y el grado de desarrollo de cada urbanización, así como los avances en la obras. Entre otros datos, deben aportar plano de mensura, factibilidad, masterplan, ubicación, titular de dominio y servicios disponibles.

 

Arba sigue encontrando fuertes atrasos en esas presentaciones. El organismo realiza fiscalizaciones satelitales y presenciales, aunque estas últimas se vieron afectadas por la pandemia. El ocultamiento de información para pagar menos impuestos sigue siendo un problema grave a resolver.

La razón que aludían desarrolladores, empresarios y propietarios de inmuebles para justificar la subdeclaración fiscal era la demora de los organismos públicos intervinientes en los procesos de registro, en sus distintos niveles. Desde Arba sostienen que esa situación ha mejorado los últimos dos años y que más allá de cuestiones burocráticas, la dificultad principal son las maniobras de contribuyentes para eludir los pagos que corresponden.

En la reforma tributaria que prepara el gobierno nacional se buscará ampliar la base imponible de los gravámenes progresivos. Entre otros, los que recaen sobre patrimonios invisibilizados.

( https://www.pagina12.com.ar/289955-la-usurpacion-del-country )

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Simplifica, miente simplificando, que algo quedará. La derecha política o mediática reformula el consejo de Goebbels y lo aplica cotidianamente. El Consejo de Juristas se cifra en “Berardi”. La Reforma judicial en “la cláusula Parrilli”. Confundir, adrede, la parte con el todo.

Demonizar a determinados protagonistas “garpa” al menos para una platea ideológicamente afín y emocionalmente predispuesta a la ira. Desde ya, la máxima generadora de los males es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Inventar problemas, exagerarlos, exasperar, constituyen labores diarias. Cuando no hay un problema, se inventa. Más fácil es magnificar o distorsionar los que existen. La inseguridad, por ejemplo, que afecta y preocupa a la gente común. Para narrarla, también se miente, manipula y simplifica. Minga de contexto, me ne frego en la historia y los precedentes. 

Una narrativa falaz propone un puro presente, exclusiva responsabilidad del actual gobierno. O de otros chivos emisarios: los pobres, los vagos, los piqueteros, los barones del conurbano. Hasta los mapuches caen en la volteada.

Contrato de lectura o spoiler de esta columna: aspira a encuadrar los hechos, sistematizar, recorrer precedentes, darles contexto.

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De las violencias a las tomas: El número de delitos creció en 2019 pese a la política represiva del macrismo. Bajó el número de homicidios, una tendencia de años. 

 En pandemia las violencias se incrementan, en todo el planeta. Crecen desde el pie, acrecientan tendencias preexistentes, no arrancan de cero. Michelle Bachelet, funcionaria de las Naciones Unidas, da cuenta del fenómeno global, con especial énfasis en delitos graves intrafamiliares o femicidios. En la Argentina ocurre lo mismo. Las explicaciones son evidentes: el hacinamiento o la convivencia más extendida, las dificultades de las víctimas para pedir auxilio. Montado sobre la base anterior, de por sí tremebunda.

Las estadísticas criminales, como todas, pecan de imperfección en la inédita coyuntura. Registran la rareza de marzo-abril, los meses de la cuarentena intensa en todo el país. A ojo, funcionarios avezados registran que durante ese lapso creció la violencia a nivel privado mientras bajaron de modo atípico e insostenible en el tiempo ciertos delitos que requieren “gente en la calle” desde arrebatos o salideras hasta venta de droga al menudeo. Como los accidentes de tránsito, otra variable dependiente de la “normalidad” que volverá a subir.

La violencia institucional, las violaciones recurrentes de derechos Humanos, se agravan con la omnipresencia de las Fuerzas de Seguridad, empoderadas por discursos benevolentes o elegíacos que algunos uniformados traducen a su manera.

El empobrecimiento general agranda las necesidades. Estos trazos (por si hace falta remarcarlo) no justifican las violaciones a la ley ni las reparan. Apenas tratan de encuadrarlas. Simplificar, el designio de las derechas. Complejizar, comprender sin resolver, el karma de los progresismos, las centro izquierdas, los nacional -populares.

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El default novedoso: El lunes pasado el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán anunciaron el resultado de canje de deuda con acreedores privados. El martes un editorialista de Clarín anunció la existencia de “default en Seguridad”. Alejado en parte el económico, la guerra enfila hacia otros frentes.

Tras cartón llueven novedades sobre el punto. “Las encuestas”, aseguran, revelan que la inseguridad es la máxima preocupación de los argentinos, por delante de la economía o la salud. La encabezaban hasta que se cerró el canje, mirá vos. Los sondeos no se detallan, su unanimidad es sospechosa. Este cronista es ateo frente a esa religión, las encuestas de opinión suelen fallar por problemas técnicos, mala fe. A veces, devoción a quien las paga. Añádale la dificultades para medir durante la peste… no les crea, lectora o lector. 

Se visibilizan crímenes urbanos, dolorosos, cuyas víctimas son personas comunes, trabajadoras. La empatía de otros argentinos es automática, justificada tanto como la noticiabilidad de los delitos. Se carece de indicadores cuantitativos, por ahora. Los opositores resuelven que se incrementaron. Se torna imposible convalidar o refutar de plano las afirmaciones.

La mirada dominante enfoca las “tomas”, ocupaciones de terrenos. No nacieron en agosto ni de un repollo. Son una constante que se prolonga desde décadas atrás. Muchos barrios o villas actuales comenzaron así. De nuevo, suceden y alarman a las autoridades (intendentes en especial) de cualquier bandería.

La derecha punitivista propugna soluciones rústicas para cuestiones multicausales. El reduccionismo se expande. Las argumentaciones sociales se desechan con desdén. No son grupos de personas pobres, señalan con el dedito en ristre, sino un negocio inmobiliario de un puñado de vivos.

La escalada verbal alisa terreno para una réplica represiva. El ala derecha de la coalición gobernante entra en el juego, motivando un internismo que debilita a Fernández y al gobernador Axel Kicillof. 

 El ministro de Seguridad Bonaerense Sergio Berni es el emisor más potente e irresponsable. Parece dedicado al divisionismo. Viene “diferenciándose” de su par nacional Sabina Frederic desde el comienzo de la gestión. Con franqueza tan proverbial como reprobable, emite spots de campaña. Frente a las tomas copa el lado derecho del mapa político. Acusa al Movimiento Evita, en general y a Fernando “Chino” Navarro en especial. Es el segundo funcionario nacional al que descalifica. Su verborragia preocupa al presidente quien --comentan fuentes indubitables de la Casa Rosada-- le encareció más de una vez que se callara. Berni, describe con gracia el periodista Martín Rodríguez, se define como soldado pero obra como francotirador.

La desmesura verbal más grave la comete Berni al discutir con Cristina Castro, la madre de Facundo. Lo hace a cielo a abierto, en franca disparidad de poder. El respeto a las víctimas es una de las mejores claves de la historia reciente, maltratarlas la contradice.  El funcionario, para peor, viene derrapando en esa cuestión. Prometió encontrar vivo al pibe, un exceso de voluntarismo o de soberbia.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, siempre busca oro en el filón de la mano dura. Se aparta de sus labores específicas para anunciar que se privará de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los supuestos okupas. Un despropósito, ajeno a su competencia, no previsto en las normas respectivas. Un derecho social no se quita así como así solo por una denuncia… menos que menos en un gobierno peronista. Massa lo sabe pero su objetivo es armonizar con sectores de opinión pública encolerizados. Azuza la estigmatización de los “planeros”.

Otros integrantes del Gobierno aluden a la génesis social de las tomas. La necesidad, agravada por la larga recesión y el derrumbe económico en los meses recientes. La polémica los condiciona y pone a la defensiva. Las preguntas por “sí” o por “no” operan como un arma para quitar densidad a los debates. “Por sí o por no. ¿Ocupar terrenos es delito?” Queda bárbaro responder afirmativamente, es derechísticamente correcto. Algunos funcionarios caen en la celada o quedan entrampados.

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A criminalizar, a criminalizar: Las tomas preocupan a los intendentes, atentos a las reacciones de los vecinos. El Estado tiene deberes varios respecto del derecho a la vivienda digna: prohijar ocupaciones de predios no se cuenta entre ellas. Puesto de otra manera: tiene deberes más estrictos. También la carga de preservar el orden público.

Los punitivistas cortan el nudo gordiano: criminalizan las tomas. Son delito, alegan. En una interesante columna de opinión publicada el sábado en este diario Juan Grabois (referente de MTE/UTEP) explica las tomas, desde un ángulo social y político. En materia jurídica, el abogado Grabois interpela “ocupar no es usurpar (…) existe algo llamado derecho penal”. Tiene razón. En un breve diálogo telefónico el profesor-presidente Alberto Fernández discurre parecido. “El derecho penal no resuelve todo. El delito de usurpación no está previsto para estos casos. Si yo fuera juez no condenaría a quien se instaló en estado de necesidad. Menos en pandemia cuando se le pide a la gente que se guarezca, que se quede en sus viviendas”. Redondea con un tecnicismo: “Sería una acción típica pero no antijurídica”.

El mandatario conoce, por boca de periodistas y alcaldes conurbanos, que hay personajes que venden tierras que no les pertenecen, o cobran un alquiler trucho, abusando de la necesidad de los humildes. Esas personas sí delinquen, agrega este cronista, cometiendo estafa solo para empezar. Pero explotan a gente común, carenciada: no la representan ni expresan a su conjunto. Eduardo de la Serna, integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, conoce como baqueano a esas prácticas y a los territorios en que vive. Publicó este sábado: “es de esperar que haya buenas políticas sociales, habitacionales que eviten la cantidad de personas que lucran con la necesidad: narcotraficantes, punteros políticos, avivados, fuerzas de seguridad, empresarios inescrupulosos”.

Otra vez se toma una partecita, la peor, para descalificar al todo… y clamar para que encanen a los que buscan una morada. Sin ser jurista, sin usar la jerga técnica, De la Serna da en la tecla desde un punto de vista moral: “los pobres, que deben dejar la casa paterna con sus nuevas familias y encuentran terrenos no aptos, pero al menos posibles, ¿roban?” pregunta. Como buen predicador, induce a la respuesta ética.

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La política también existe: La construcción de viviendas es, quizás, la política pública central entre los planes reactivadores de Fernández. La persistencia del virus lentifica la instrumentación. Se prolonga la gigantesca deuda interna.

Las controversias internas en el Frente de Todos (FT) corresponden a roles diferentes y a ambiciones distintas. El modo de participar en las futuras acciones diferencia a movimientos sociales e intendentes.

Existen también reyertas entre Berni y los alcaldes. El plan de seguridad lanzado el viernes complace de modo diverso a distintos protagonistas. Los intendentes, de todos las fuerzas políticas, celebran tener recursos técnicos, más efectivos, móviles, cámaras etc. Saben que eso sintoniza con los reclamos de la gente común. Berni pudo haber sido puenteado un poquito pero se atendió a una demanda iniciática suya: el envío de gendarmes para ampliar el número de uniformados en las calles.

De cualquier modo, las tensiones o los (válidos) objetivos diferentes necesitan sustanciarse con cuidado porque acecha una oposición a menudo salvaje que quiere erosionar al Gobierno. Su facción más extrema, temible y minoritaria va por más: coquetea con una opción destituyente. Los de afuera juegan y fuerte. La máxima del Martín Fierro tendría que llevar al autocontrol dentro las filas oficialistas.

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El revival de la guerra mapuche: Mezclar todo, otro artificio de los manipuladores. Se reaviva el espectro del peligro mapuche, utilizado por el gobierno del presidente Mauricio Macri hace tres años. En aquel entonces la violencia institucional causó los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Este último en la zona de Villa Mascardi. La ministra Patricia Bullrich envió a los Albatros de la Prefectura, un grupo de elite, que disparó munición de plomo contra ocupantes del lugar, familias enteras.

Los derechos de los pueblos originarios, crónicamente conculcados, fueron reconocidos por la Constitución reformada en 1994. Hacerlos operativos es complejo porque interfieren cosmovisiones diferentes, siglos de hostigamientos. La sangre derramada de Rafita Nahuel ahonda las disidencias.

El actual gobierno armó una mesa de diálogo encomendada a Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Es una prestigiosa dirigente rionegrina que fue senadora. La mesa hace su trabajo, en una maraña de malentendidos que no se resolverán en pocos meses. 

Las tomas de tierras derivan de reclamos ancestrales, del rechazo a los criterios de propiedad imperantes, razones religiosas. No las resumimos en una apretada nota de domingo. Pero poco o más bien nada tienen que ver con las ocupaciones en el Conurbano.

Las monsergas a favor de la propiedad privada carecen de sentido porque los terrenos ocupados son públicos. Los manifestantes se autoconvocaron con consignas temibles que describe con minucia el periodista local Santiago Rey (@santiagorey): “plomo y más plomo”, “repriman a esos delincuentes”, “nos juntamos unas 300 personas con palos, piedras y algún arma de ‘juguete’ y los sacamos como se debe” “prendan fuego y vallan (sic) armados”. Buenos vecinos.

Violencia privada en defensa del Parque Nacional Nahuel Huapi, cuyo nombre es una expresión mapuche.

La prensa dominante desliza opiniones de invitados ignotos quienes hablan de “terroristas”, agitan el espantajo de una guerra con Chile y otras lindezas. El ex presidente Eduardo Duhalde, por ahí envejeció mal o tuvo un desvarío temporario. Pero se cayó para el lado al que se inclina: no se troskeó ni volvió socialista… Lo que es peor, no está solo en su prédica protogolpista y antidemocrática.

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Los riesgos reales: La bancada de diputados nacionales de Juntos por el Cambio exige sesiones presenciales. No las hay en los Legislativos de la Ciudad Autónoma ni en Mendoza. En esta provincia se insta una reforma constitucional mientras el diputado radical Alfredo Cornejo vocifera que hay que evitar temas divisivos durante la pandemia. En su distrito, el gobernador Rodolfo Suárez resolvió reinstaurar restricciones preocupado por la ocupación de camas en terapia intensiva y la suba de contagios. La regresión a fases anteriores sucede en Santa Fe, en San Luis, en Jujuy, en Córdoba.

Contra toda evidencia el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta promueve reaperturas de bares y restaurantes en la vía pública, quiere habilitar terracitas internas. Mira sin ver el relajamiento de la conducta ciudadana mientras crece el número de contagios y muertes en su distrito y en todo el país. 

Profesionales de la salud, fatigados y sobre exigidos alertan a la sociedad civil y a mandatarios. El incremento de indicadores tremendos en materia sanitaria es una amenaza cabal, creciente, terrible. 

 

El peligro del desborde social o de una insurrección de pueblos originarios es incomparablemente menor, por decirlo con un eufemismo.

Estas historias continuarán.

( https://www.pagina12.com.ar/290113-toma-de-tierras-la-derecha-ataca-con-seguridad )

Daniel Roberto Távora Mac Cormack

Imágenes: Mario Mollari, Pinturas, Nacido en Buenos Aires el 1 de setiembre de 1930 y fallecido en La Lucila, provincia de Buenos Aires, el 30 de octubre de 2010. Cultivó un arte figurativo con matices expresionistas, practicando el compromiso social y arraigándose en la cultura americana. Se inspiró por sus viajes realizados a la América profunda, reivindicando lo vital, la luz intensa del mediodía, el gozo de vivir y también el aspecto tan doliente del campesino que es mostrado con una consistencia de barro y de roca, que parece fundido en la naturaleza.