Miercoles 4 de marzo de 2020
La Corporación Judicial y los
aprietes mediáticos …
El frente judicial continúa
siendo un elemento conflictivo en las ya de por si conflictivas
realidad latinoamericanas. El lawfare, como estrategia política
alimentada y financiada por Fondos Buitres, Empresas de Asesoría
financiera puestas a asesorar legalmente a los que participan en los
negocios especulativos que emanan de Wall Street y a los sectores
ligados con el dinero fácil e ilegal que sostiene la maquinaria
neoliberal en la globalización reinante, tiene en Argentina
características propias.
La brillante defensa que hiciera Cristina Fernandez de Kirchner ante el tribunal oral por la causa de la obra pública armada también por Cambiemos, dejo expresada con claridad las susceptibilidades de la corporación judicial. La presión pública y la fuerza que las palabras de denuncia del tribunal que la enjuicia produjeron hizo que la corporación respondiera casi de inmediato, revocando el cierre de una denuncia por ser supuesta propietaria de un yate
En su mensaje inaugural, el presidente Fernández anuncia una reforma a la justicia federal y los servicios de inteligencia. Dos días después el procurador interino avala que la causa que investiga extorsiones, espionaje y apriete mediático pase a Comodoro Py, "sede" de la lawfare
El principal imputado en la causa cuya investigación llega adelante el juez con competencia Federal del tribunal de Dolores Alejo Ramos Padilla, el falso abogado y espía D´Alessio, es aceptado por la fiscalía como arrepentido involucrando a Comodoro Py, la agencia de inteligencia y legisladores macristas, todos alineados en la persecución judicial contra CFK
Es cierto. Por eso me parece que aprovecharon la designación para enviar un mensaje político, dejando constancia institucional de la confrontación político-judicial. O sea, si ellos nos tiran el Estado encima nosotros también podemos tirarselo …
La brillante defensa que hiciera Cristina Fernandez de Kirchner ante el tribunal oral por la causa de la obra pública armada también por Cambiemos, dejo expresada con claridad las susceptibilidades de la corporación judicial. La presión pública y la fuerza que las palabras de denuncia del tribunal que la enjuicia produjeron hizo que la corporación respondiera casi de inmediato, revocando el cierre de una denuncia por ser supuesta propietaria de un yate
En su mensaje inaugural, el presidente Fernández anuncia una reforma a la justicia federal y los servicios de inteligencia. Dos días después el procurador interino avala que la causa que investiga extorsiones, espionaje y apriete mediático pase a Comodoro Py, "sede" de la lawfare
El principal imputado en la causa cuya investigación llega adelante el juez con competencia Federal del tribunal de Dolores Alejo Ramos Padilla, el falso abogado y espía D´Alessio, es aceptado por la fiscalía como arrepentido involucrando a Comodoro Py, la agencia de inteligencia y legisladores macristas, todos alineados en la persecución judicial contra CFK
Es cierto. Por eso me parece que aprovecharon la designación para enviar un mensaje político, dejando constancia institucional de la confrontación político-judicial. O sea, si ellos nos tiran el Estado encima nosotros también podemos tirarselo …
Al poco tiempo es el mismo juez
de la Causa el que modifica la resolución de la Fiscalía … El
juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, rechazó tener a
Marcelo D'Alessio como imputado colaborador por cuanto consideró que
el falso abogado sólo se arrepintió en cuatro de los numerosos
hechos que se le imputan y que tampoco aportó elementos sustanciales
para avanzar en la investigación. El juzgado considera que ya tiene
probados gran parte de los delitos y, de hecho, piensa que la
justicia no debe pactar con quienes cometen ilícitos, sino que puede
lograr las pruebas con una buena investigación. Todo indica que la
defensa de D'Alessio, a cargo de Claudio Fogar, apelará la decisión
e incluso es posible que recuse al juez. También el fiscal podría
apelar.
En el acta que ahora se hizo
pública se confirmaron también los cuatro delitos que D'Alessio
reconoció.
*La extorsión a Pedro Etchebest,
es decir el pedido de 300.000 dólares a cambio de no involucrarlo en
la causa de las fotocopias de los cuadernos. En esta maniobra
participó otro imputado, Carlos Leñani.
*El espionaje ilegal al piloto
Christian Castañón, ex esposo de la actual pareja de Carlos
Stornelli. El espionaje se realizó por pedido de Stornelli, pero
D'Alessio admite que fue con intervención de la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI), que a través del comisario retirado Ricardo
Bogoliuk consiguió la información que Stornelli requería.
*El apriete a la novia del
financista Alejandro Talevi a quien D'Alessio y Stornelli querían
ubicar porque, supuestamente, se quedó con dinero de inversiones de
dirigentes del radicalismo
*El falso testimonio cometido por
el mismo D'Alessio en la causa de la compra del Gas Natural Licuado,
instruida también por Stornelli. D'Alessio aportó carpetas que
falsamente dijo que recibió de manera anónima, se presentó
"espontáneamente" a declarar cuando toda la maniobra fue
planificada y convirtió en declaración textos falsos que guardaba
de mucho antes en su computadora.
Hay otros datos aportados por
D'Alessio que, a primera vista, no constituyen delito, pero exhiben
el trasfondo de las maniobras: el falso abogado enumeró las
reuniones que mantuvo con un director de la AFI, Pablo Pinamonti,
junto con los comisarios Bogoliuk y Degastaldi. Eso permite reafirmar
el carácter para--estatal de toda la organización.
Hubo también una referencia a la
cámara oculta que se le intentó hacer al abogado José Manuel
Ubeira, por pedido de Stornelli. En su declaración, D'Alessio
sostiene que la idea era grabar a Ubeira proponiendo llevar al
arrepentido Leonardo Fariña a una escribanía y hacerle decir que se
arrepintió por presión de Stornelli. La cámara oculta no se
concretó, pero el juez sostuvo en su resolución de ayer que todo el
episodio lo tiene comprobado sin necesidad del arrepentimiento de
D'Alessio y que, en todo caso, lo que prueba son las razones que tuvo
Stornelli para impulsar la maniobra ilegal de grabar a un abogado.
"Ya Stornelli está procesado por ese hecho", cierra el
magistrado.
Ramos Padilla se negó a usar la
ley del arrepentido como una especie de comercio en el que un
imputado dice un par de cosas que el fiscal o el juez quiere escuchar
y a cambio recobra la libertad. "Esto no es una permuta de
información por libertad", sostuvo en el fallo. En la
resolución Ramos Padilla deja en claro que no acepta que "le
cuenten un cuento" livianamente. Sucede que D'Alessio viene de
una larga carrera de falsas declaraciones, armado de causas, aprietes
a personas para que declaren de tal o cual manera, por lo que la
evidencia a aceptar tiene que ser muy rigurosa, muy precisa. El
standard de prueba necesariamente tiene que ser exigente, considera
el juez, argumento que obviamente no es compartido por sus pares de
Comodoro Py.
Obscenos privilegios
Las
pirámides tienen bases anchas y populosas. Multitudes anónimas que
sostienen a cúspides que aspiran a tocar el cielo. Que lo tocan, lo
provocan, negocian con él. Y se le sientan a la par. Dieciséis
millones de cuerpos, historias, presentes, vejeces, frustraciones,
infancias, rabias, promesas, son pobres en esta tierra. En 850 mil
casas, (números
del Observatorio de la Deuda Social de la UCA)
se pasea el hambre, como la carroza trasnochada de estos carnavales
donde el festejo es tan falso como las máscaras que no terminan de
caer.
En
la cúspide,
tocando el cielo y negociando con todos los dioses están ellos.
Cobran entre 280 mil y 700 mil pesos de jubilación. Son los jueces
del sistema. Los que sentencian y determinan. Los arbitrarios. Los
que tienen la última palabra. Los que se sacuden la solapa y tiran
las migas hacia abajo. Los que arrojan la colilla en el piso, giran
la punta del pie y la apagan sobre las cabezas de la base de la
pirámide. La clase intocable. La protegida por sus empleados,
legisladores de la república. La clase por la que se rasgan
pantalones y faldas los cruzados de esa república, comparsas
desacreditadas que pierden las lentejuelas en el callejón
infranqueable donde acecha la verdad.
A ellos, un puñado de la clase
privilegiada que decide quién es culpable y condena y siempre la
culpa es de la base multitudinaria de la pirámide que jamás podrá
escalar, a ellos les quieren rebanar la punta del haber jubilatorio
que es diez, quince, veinte veces más que el de la mayor parte de
los viejos que cobran 15 mil. Y que se mueren de faltas de servicios
sanitarios y alimentarios básicos.
Entonces
ellos despliegan
todo su poder de resistencia. Son un puñado pero tienen armas de
destrucción masiva. Tienen la justicia y el ministerio público en
sus manos. Timonean un poder crucial del estado. Amenazan renunciar
en masa para no perderse vivir veinte años cobrando 300 mil pesos
sin trabajar.
En el norte anónimo y profundo
la infancia indocumentada se muere de hambre y de sed. Son niños y
nacieron acá.
En
los hospitales del conurbano
los viejos se mueren de una tos o de un hueso que se quiebra. No
comen porque no tienen qué o porque no tienen dientes. Les prometen
turnos a un año. Prótesis a dos. Viven meses. Les robaron los
juicios y les mintieron reparaciones adjetivadas históricas.
Pero el poder político cómplice
se encolumna detrás del puñado que toca el cielo, en defensa del
privilegio que paga. Como no paga la infancia indocumentada que muere
de hambre y de sed. Por la que a esos mismos no se les movió un
pelo.
El
día que la base de la pirámide
saque fuerza de la tierra misma y la dé vuelta, el día que al cielo
tengan acceso esas mayorías de los confines, habrá que ver quién
sostendrá en la cúspide a la base ancha y populosa. Para que la
Justicia
ponga las cosas en su lugar.
Los silencios también pueden ser
estruendosos. Avanza la discusión pública sobre el debido proceso y
el Estado de Derecho en casos de resonancia pero la Corte
Suprema sigue callada. Calla en sus opiniones colectivas o
individuales. En sus fallos. En sus acordadas. En sus resoluciones. Y
hasta en los trascendidos que otras veces dejó correr. La extrema
falta de definiciones cobra una dimensión institucional todavía
mayor después de la revelación de Carlos Pagni en su programa
Odisea Argentina. Callar, para la cúpula de uno de los tres poderes
del Estado, también es una definición. La Argentina sigue en
peligro.
El columnista de La Nación,
Carlos Pagni, confesó desde el corazón del propio diario de los
Mitre y los Saguier, el apriete y la extorsión destinados a exigirle
a los jueces federales que detengan a dirigentes del kirchnerismo.
"Los jueces de Comodoro Py --contó Pagni-- empezaron a hacer un
uso compulsivo, indiscriminado y violatorio de las prisiones
preventivas cuando el diario La Nación, un domingo, estuvo por
publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Py que
eran responsables de la impunidad del kirchnerismo. A raíz de ello,
varios magistrados pensaron que debían producir una noticia para
desplazar esa tapa, y metieron preso a Ricardo Jaime. La opinión
pública y la prensa es lo que hizo que contrafóbicamente
sobreactuaran los jueces con las prisiones preventivas, que ahora en
muchos casos las vemos como aberrantes". De esta forma, Pagni
desnudó una parte del mecanismo de la persecución política: la
amenaza de escrache y presión a los jueces, todo ejecutado junto a
las otras dos patas del lawfare: los grandes medios y los dirigentes
políticos de Cambiemos. Y no se trata de un fenómeno aislado, sino
de una estrategia continental que se vio en Brasil, Ecuador y ahora
en Bolivia.
El relato de Pagni muestra
descarnadamente la forma en la que se usó la justicia para enfrentar
a las fuerzas opositoras al neoliberalismo:
*Les hicieron saber a los jueces
que los iban a escrachar con una foto si no detenían a integrantes
del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
*Supuestamente asustados, los
jueces aceptaron detener a Ricardo Jaime. No por las pruebas ni por
la situación procesal, sino por la amenaza del escrache. El fiscal
de aquella causa, Federico Delgado, se asombró ante los dichos de
Pagni: "esto es gravísimo. Pagni debe ser llamado a declarar".
*Una vez abierta la compuerta
--redondea el columnista de La Nación--, los jueces supuestamente
sobreactuaron, desplegaron toda su fobia, "con prisiones
preventivas aberrantes".
La versión de Pagni deja
planteado un delito, extorsión, que consiste en "usar una
intimidación para que otra persona haga o deje de hacer algo".
En este caso sería extorsión agravada, por cuanto los supuestamente
extorsionados son jueces. Un argumento usado para alivianar la
confesión es que esos mismos jueces jugaron a garantizar la
impunidad de los funcionarios kirchneristas, durante el kirchnerismo,
pero la realidad es que gran parte de los expedientes se iniciaron
durante el gobierno de CFK, sólo que en ese momento los jueces no se
despacharon con un festival ilegal de prisiones preventivas.
(...)
La detención de Ricardo Jaime se
produjo en abril de 2016, o sea al principio del gobierno de Mauricio
Macri. Eso demuestra que la extorsión y la persecución fue
conjunta, medios, justicia y gobierno, porque la Casa Rosada dio el
visto bueno e hizo jugar a sus operadores. Entonces se produjo la
andanada. Pocos días después de la detención de Jaime, cuando
viajaba a Buenos Aires a declarar, con el insólito argumento de que
no tenía plan de vuelo, también fue apresado Lázaro Báez, a quien
pasearon por toda la ciudad de Buenos Aires para que las imágenes
fueran transmitidas por las cámaras de television.
Llegaron a usar causas grotescas,
como la acusación por traición a la patria por la firma del
Memorándum de Entendimiento con Irán, un tratado que votó el
Congreso y que nunca entró en vigencia. La Nación apoyó las
acusaciones y las detenciones, que incluyeron al actual procurador
del Tesoro, Carlos Zannini, pero también a Luis D'Elía, Jorge
Khalil y Fernando Esteche. En ese mismo expediente hubiera sido
encarcelada CFK, pero la protegieron los fueros.
Utilizaron causas armadas de
manera escandalosa, como la del Gas Natural Licuado, con una pericia
falsa y un perito que ahora irá a juicio por falso testimonio
agravado. En este caso detuvieron a Julio De Vido y Roberto Baratta,
y tuvo la insólita intervención del falso abogado, pagado por la
Agencia Federal de Inteligencia, Marcelo D'Alessio. La Nación le
hizo coro también a esta causa y a las detenciones.
El apresamiento de Amado Boudou
igualmente tuvo el respaldo de La Nación. El Tribunal Oral que lo
juzgó y condenó en el caso Ciccone nunca había detenido a nadie
después de un juicio sino que se esperaba la apelación a la
Casación, la famosa doble instancia. Esta vez, se ve que influyó la
amenaza del escrache del que habló Pagni este lunes.
Las detenciones masivas de
funcionarios y empresarios también se originaron en las fotocopias
de los cuadernos que hizo públicas La Nación. La estrella fue el
arrepentido chofer Oscar Centeno, quien dijo que quemó los cuadernos
en una parrilla. Después, casi todos los cuadernos --menos los que
convenían-- reaparecieron intactos, otra vez de la mano de La
Nación.
Y no sólo persiguieron a
integrantes del gobierno de CFK sino también a los medios que se
oponían al neoliberalismo y a las políticas del gobierno de
Cambiemos. La Nación encabezó una ofensiva para detener al titular
del Grupo Octubre --que integra Página/12-- Víctor Santa María,
con reiteradas notas tratando de forzar su encarcelamiento. Y también
La Nación fue el diario que encabezó la campaña para que los
jueces manden a la cárcel a Fabián De Sousa y Cristóbal López,
causa que arrancó a raíz de una nota del diario de los Saguier, con
datos, que ahora se demostraron falsos y armados por el gobierno de
Macri.
El festival de detenciones,
supuestamente originado en la amenaza de la foto de La Nación,
derivó hasta en una doctrina, a la que le pusieron el nombre del
camarista Martín Irurzun. A cualquier ex funcionario debía
imponérsele la prisión preventiva porque contaba con "relaciones
residuales", o sea vínculos que le podrían ayudar a tapar los
delitos. Y no era necesario probar nada: ni que había alterado una
prueba ni que escondió algo ni que fuera protagonista de algún
engaño. Con ser ex funcionario, bastaba.
En sus palabras de este lunes en
el canal del diario centenario, Pagni se volcó hacia el final en una
interpretación casi psicológica hablando de contrafobia , como si
se tratara de una especie de enfermedad o psicosis que le agarró a
los magistrados de Comodoro Py, que empezaron a detener como una
obsesión después de aquel domingo en el que se iba a publicar la
foto. El columnista esconde que el lawfare fue una política, no un
problema aislado de unos jueces o camaristas. La prueba es que se
aplicó en la Argentina, mucho más todavía en Brasil con Dilma
Roussef y Lula, en Ecuador con Rafael Correa y recientemente en
Bolivia con Evo Morales. Todo hace pensar que el diseño proviene de
los think--tanks de la derecha norteamericana y lo fueron aplicando
en los distintos países de diferentes formas, pero siempre con la
misma alianza política—mediática--judicial.
No es casualidad que en la
Argentina hayan citado a Cristina a ocho indagatorias en el mismo día
y que a Lula le hayan imputado ser dueño de un departamento en el
que nunca pasó una noche, nunca estuvo a su nombre y que la
constructora usó como garantía demostrando que era propio y no del
dirigente del PT. No es casual que aparezcan escuchas entre los
fiscales y el juez Sergio Moro tramando la detención de Lula,
mientras en la Argentina aparecieron en Dolores las escuchas que
muestran como actuaba el fiscal Carlos Stornelli en yunta con
D'Alessio y otros operadores de inteligencia.
La política del lawfare logró
excluir a Lula de las elecciones en Brasil, ahora veda la
participación de Evo Morales en Bolivia y mantiene en el destierro a
Correa en Ecuador. En la Argentina, tal vez pensaron en encarcelar a
CFK para sacarla de la cancha política.
No pudieron. Por el contrario,
buena parte de los juicios y los expedientes de Comodoro Py empiezan
a naufragar, porque aparecieron los Leonardo Fariña comprados y
guionados, las pericias falsas de David Cohen, las visitas de los
jefes de la AFI al juez Luis Carzoglio y todo el conjunto de las
operaciones que se utilizaron. No significa que no hayan existido
delitos y que deben investigarse como corresponde, pero lo que
nuevamente puso sobre la mesa el columnista de La Nación es la forma
en la que se usaron las extorsiones y aprietes.
Lo que Pagni confesó es el
detrás de la escena: la pata mediática de toda la trama. Las
evidencias y las pruebas pasaron a un lejano segundo plano: las
órdenes detención se firmaron para no salir en la foto de tapa del
domingo, pero siempre con la mirada puesta en destruir a las fuerzas
opositoras.
Pagni cuestionó muchas veces en
público, por TN o en sus columnas de La Nación, el revoleo de
prisiones preventivas por parte de los jueces. También cuestionó la
promiscuidad entre Justicia y servicios de inteligencia en tiempos de
Carlos Menem, de Néstor y Cristina Kirchner y de Mauricio Macri.
La novedad del lunes último es
que Pagni sumó un dato sobre el diario donde escribe. Dijo: “Los
jueces de Comodoro Py empezaron a hacer un uso compulsivo,
indiscriminado y violatorio de las prisiones preventivas cuando el
diario La Nación estuvo por publicar la foto de todos los jueces
federales que eran responsables de la impunidad del kirchnerismo”.
Entonces, “varios magistrados pensaron que debían producir una
noticia para desplazar esa tapa, y metieron preso a Ricardo Jaime”.
Según Pagni, “la opinión pública y la prensa es lo que hizo que
contrafóbicamente sobreactuaran los jueces con las prisiones
preventivas”, como si fuera “una contracara de la impunidad que
disfrutó su propio equipo cuando ellos estaban en el poder”.
Un rastreo en el archivo permite
dar con la principal noticia de La Nación del domingo 3 de abril de
2016. Título: “Ricardo Jaime se convirtió en el primer detenido
del kirchnerismo por corrupción”. Foto: Jaime con chaleco
antibalas, escoltado por miembros de la Policía Federal. Comienzo de
la nota, fechada en Córdoba: “Al grito de ‘ladrón’,
‘corrupto’ y ‘devolvé la que te robaste’, el ex secretario
de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime salió esposado y con un
chaleco antibalas de la delegación de la Policía Federal de esta
ciudad. Eran las 13.20 de ayer cuando subió a un móvil de
Gendarmería y emprendió el viaje por tierra a la Capital Federal”.
Agregaba la nota que el lunes 4 a primera hora Jaime prestaría
declaración ante el juez Julián Ercolini en la causa por la compra
de trenes usados a España y Portugal. Informaba que el viernes 1°
de abril Ercolini había enviado un exhorto a Córdoba para que el
juez Ricardo Bustos Fierro detuviera a Jaime y lo enviara a Buenos
Aires. La Nación consigna al final declaraciones de Andrés Marutian
(de paso, aunque no esté en la nota, defensor de Jaime tras haberlo
sido del dictador Roberto Viola) en las que indica que Jaime ya tenía
pasaje aéreo para viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
presentarse a indagatoria el martes 5.
La teoría contrafóbica de Pagni
es muy discutible. Si fuera cierto que hubo impunidad, lo contrario
no es la violación del proceso legal sino, sencillamente, la
administración de justicia. Más allá de las tapas. (…) El tema
de fondo es ése, el de violación del debido proceso en la
Argentina. Incluso cuando afecta los derechos de una persona que,
como Jaime, no aparece en los reclamos del propio kirchnerismo.
El actual interventor en
Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aníbal Fernández, hizo una
aproximación penal en Twitter: “Entendí bien? Pagni acusó a los
dueños del diario LN de instigadores a cometer delitos contra la
libertad personal en concurso ideal con el prevaricato”.
Traducción: presunta complicidad entre los propietarios de La Nación
y jueces para que alguno de éstos incurra en el (definición de
“prevaricato” en el Diccionario de Ciencias Jurídicas de Víctor
di Santo) “incumplimiento malicioso o por ignorancia inexcusable de
las funciones públicas que se desempeñan”. Sería una “injusticia
dolosa o culposa cometida por un juez o magistrado”.
Alejandro Rúa, el abogado que
defendió a Cristina Fernández de Kirchner y a Héctor Timerman y
ahora es el letrado de Amado Boudou, dijo en el programa radial “Lo
peor ya pasó” que debe prestarse atención a un acuerdo de la
Corte Suprema del 26 de diciembre pasado. Trató sobre el caso de
Liliana Vázquez y Lucía Cecilia Rojas, condenadas por la Justicia
misionera. Una llevaba 14 años de cárcel sin sentencia firme. La
otra, 11. La Corte ordenó liberarlas.
Dijo el máximo tribunal: “Esta
Corte Suprema considera oportuno recordar (...) que toda persona debe
ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le
reprochan, hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se
demuestre lo contrario mediante una sentencia firme (...).”
El 26 de diciembre ya había
terminado la Era Macri, tal vez la etapa no dictatorial más profusa
desde 1983 en violaciones de las garantías individuales de los
presos que fueron funcionarios y de los que jamás lo fueron pero
sufren preventivas que son una condena de hecho.
Queda por ver en el futuro si la
decisión del 26 de diciembre es una señal de cambio o un arranque
fugaz. Hasta ahora, de señal no hay nada.
Luego de la confesión de Pagni,
las repercursiones no se hicieron esperar. Por caso, Gregorio Dalbón,
uno de los abogados de la vicepresidenta Cristina Kirchner, escribió
en su cuenta de Twitter que "Esto es delito. Entiendo que algún
funcionario de nuestro Gobierno debe hacer la denuncia. El periodista
Pagni nos cuenta del LawFare de una manera bien simple. Todavía
crees que no existió el Law Fare? Ojalá Pagni sirva como lección y
logremos erradicar tanta injusticia".
Por su lado, el fiscal federal
Federico Delgado también se refirió a las declaraciones de Carlos
Pagni a en LN+ sobre la detención de Ricardo Jaime: “La primera
detención de Jaime era en una causa nuestra y me enteré por
televisión un sábado a la mañana, las declaraciones me dejan
helado, lo que dice es gravísimo y deberían llamarlo a declarar”
dijo y agregó, “celebro que dijera esto, ojalá no termine en el
testimonio de un periodista y que los actores que tienen
responsabildades estén a la altura”.
Cristobal López es uno de los
afectados por las detenciones arbitrarias. Recurrió a su cuenta de
Twitter para dar su versión: "Que determinados grupos
empresarios ejercieron presión para encarcelar arbitrariamente es
algo que recién ahora muchos empiezan a darse cuenta. Pero 'la
presión de la opinión pública' no es más que una excusa de
quienes saben que van a tener que explicar lo que hicieron".
Las
comisiones de Presupuesto y Hacienda, y la de Asuntos
Constitucionales del Senado realizarán el martes próximo una
reunión plenaria para tratar el proyecto de “capitales alternas”
enviado días atrás por el Gobierno. Tras esa discusión, la segunda
comisión analizará de manera individual una urticante iniciativa
que encendió las alarmas en la oposición: la “intervención
federal a la provincia de Jujuy en su Poder Judicial, a fin de
garantizar la forma republicana de gobierno y evitar incurrir en
responsabilidad internacional del Estado argentino”.
El
proyecto es empujado por el legislador kirchnerista Guillermo
Snopek,
enemigo personal y político del gobernador jujeño Gerardo
Morales,
el más peronista de los radicales. Esta cuestión elevó la
temperatura en el distrito, con anuncios de marchas y reuniones en la
legislatura local (ver Ámbito Nacional). La
iniciativa, que plantea una intervención por 365 días, prorrogables
por mismo plazo a través de una resolución del Poder Ejecutivo
-quien tendrá la facultad de designar al eventual interventor-,
podría avanzar sin problemas en la Comisión de Asuntos
Constitucionales, presidida por la ultra-K María de los Ángeles
Sacnun y con mayoría para dinamitar cualquier crítica de la
oposición.
Los
artículos 3 y 4 del proyecto son contundentes en cuanto al objetivo
del texto, ya que se declara “en comisión a los miembros del
Superior Tribunal de Justicia,
del Ministerio Público y a los Magistrados de los Tribunales
Inferiores, de la provincia de Jujuy”, por un lado, y se deja claro
que el interventor federal no podrá “ejercer por sí la función
judicial”, pero tendrá “la facultad de suspender en sus
funciones o de remover a los magistrados, funcionarios y empleados
que integran el Poder Judicial y el Ministerio Público de Jujuy, y
la de designar a sus nuevos reemplazantes en comisión hasta la
normalización institucional del Poder Judicial”.
“A
mí no me dio orden ni Alberto -Fernández- ni Cristina -de
Kirchner-”, aseguró Snopek
tras presentar el proyecto, a fines de febrero pasado, y dijo que no
deben tener “ningún temor” los magistrados que cumplieron sus
funciones “correctamente” y quienes hayan actuado “de otra
manera que no corresponde a la ley”.
Sobre estas cuestiones se explaya
Snopek en los argumentos del proyecto. Por caso, señaló: “Hoy, el
Poder Judicial de esta provincia demuestra su total dependencia a los
intereses del Poder Ejecutivo, que desde el año 2015 conformó los
diferentes estratos judiciales a su discrecionalidad y necesidades
políticas y personales. Llama la atención que a través del planteo
de supuestos escenarios de crisis -como ser la Judicial en su
oportunidad, la de caducidad de los mandatos, y ahora la de
seguridad-, los Poderes Ejecutivo y Legislativo arremeten contra
todas las garantías establecidas en la Constitución provincial y la
nacional, siendo convalidadas las nuevas normas, por el Superior
Tribunal de Justicia provincial”.
Para el legislador kirchnerista,
la intervención federal “resulta ser el único medio útil,
necesario y eficaz con el que se cuenta para restablecer el
funcionamiento de la Justicia, el cual es uno de los pilares
fundamentales de la convivencia en comunidad”, y que el
“avasallamiento no puede ser avalado por el Congreso de la Nación
y se debe propugnar por el restablecimiento de las instituciones
afectadas, a fin de salvaguardar los derechos y garantías
constitucionales” del pueblo jujeño.
El
Senado comenzará a debatir este miércoles por la tarde el proyecto
de ley que limita las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y
el Cuerpo Diplomático. El texto que ya cuenta con media sanción de
la Cámara de Diputados será discutido en plenario de comisiones. El
Frente de Todos buscará emitir dictamen y dejar al proyecto en
condiciones de ser tratado en el recinto la semana próxima. El
oficialismo confía en tener los votos necesarios para convertirlo en
ley.
Por
su parte, en Juntos por el Cambio prevalecía la idea de acompañar
el proyecto con disidencias y la propuesta de incorporar un artículo
que “evite” el promocionado “éxodo” de jueces y fiscales.
Sin embargo, los partidos que integran la alianza opositora definirán
una postura unificada en un encuentro previo a que comience el
trabajo parlamentario.
El plenario de las comisiones de
Trabajo y Previsión Social, que preside el pampeano Daniel Lovera, y
de Presupuesto, a cargo del cordobés Carlos Caserio, está convocado
para las 17 horas en el Salón Illia. En ambas comisiones, el FdT
tiene la mayoría necesaria para sacar dictamen al proyecto. También
cuenta con las manos para aprobarlo en el recinto.
La bancada del FdT que conduce el
formoseño José Mayans no aceptaría modificaciones que hagan que el
proyecto vuelva a Diputados. Quieren una sanción rápida que elimine
las condiciones de privilegio que gozan jueces, fiscales y
diplomáticos y que ayude a descomprimir la compleja situación del
sistema previsional. "Los tiempos apremian" para la
búsqueda de "soluciones al déficit que provoca el sistema
previsional argentino", dijo Mayans y advirtió que durante los
gobiernos peronistas "esto no ocurría".
El proyecto enviado por el
Gobierno eleva del 11 al 18 por ciento los aportes adicionales al
régimen general y, si bien mantiene para los funcionarios judiciales
el 82 por ciento móvil, establece que el cálculo se haga sobre un
promedio de las últimas 120 remuneraciones y no sobre el último
sueldo, como hasta ahora. Además, aumenta en forma gradual de
60 a 65 años la edad de los hombres para acceder al beneficio
jubilatorio.
El texto que fue aprobado hace
una semana por la Cámara baja también establece que para acceder al
régimen especial deberán haber trabajado 10 años seguidos en el
Poder Judicial o 15 años en forma interrumpida.
Desde la oposición, el
presidente del interbloque de JpC, Luis Naidenoff, no descartó
acompañar la iniciativa al señalar que aprueba el fin de los
regímenes de excepción en Argentina pero aclaró que no se
sometería "a ningún tipo de extorsión".
Para los opositores sería muy
complejo votar en contra de la iniciativa que dicen compartir en los
objetivos generales. Ya que el proyecto fue enviado desde el Poder
Ejecutivo luego de que la oposición lo reclamara en medios del
debate sobre el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva en el marco de la Emergencia Pública.
El
proyecto de Solidaridad Social estableció la suspensión de la ley
de movilidad jubilaría automática por 180 días –hasta aprobar un
nuevo sistema de cálculo-- y excluía de esa suspensión a varios
regímenes especiales: docentes, científicos, las pensiones
graciables para los hijos de víctimas de violencia de Género, y al
Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático. Estos últimos desataron las
críticas opositoras, que derivó en el compromiso de Fernández. Los
legisladores del oficialismo admitieron después que excluir a
jueces fue parte de una estrategia para evitar la
judicialización de la ley.
De todas maneras, JpC insistirá
–como lo hizo durante el debate en las comisiones de Diputados - en
incorporar un artículo que mantengan los actuales beneficios para
aquellos miembros del Poder Judicial y del Servicio Exterior a los
que ya se les otorgó la aceptación de la jubilación. El argumento
es evitar un supuesto “éxodo” de jueces y fiscales del sistema
judicial. Aunque consideran que difícilmente el oficialismo lo
admita.
En tanto, el lobby judicial
comenzó su presión sobre la futura normativa. Ayer se conocieron
las renuncias solicitadas por 4 jueces y 1 fiscal, que el gobierno
aceptó y publicó en el Boletín Oficial con la firma del presidente
Fernández. Se trata de los camaristas Fernando Larraín y Oscar
Lemos (TOC y C 2 y TOPE 2, respectivamente); el juez Ricardo Rojas
(TOCyC 18); la jueza federal Rita de la Ascensión Garese (EFT 3); y
la fiscal general Irma García Netto (TOCy C CABA).
La
Corte Suprema de Justicia declinó contratar a la empresa
estadounidense Oracle Sun para la provisión de un sistema de gestión
informático por 6,3 millones de dólares. La cuestión se planteó a
raíz de la publicación en El
Cohete a la Luna de
la opinión del presidente de la Corte, Carlos Fernando Rosenkrantz,
de que debía contratarse ese sistema, dada la emergencia que
paralizó a la Justicia cuando el sistema de gestión LEX100 dejó de
funcionar. La dirección de informática de la Corte comunicó que
podía realizar el mismo trabajo sin costo. El argumento de
Rosenkrantz fue que Oracle lo haría en cuatro semanas. Pero no
informó que la Dirección de Informática sólo requería seis
semanas. A 3 millones de dólares por semana, hubiera sido la
quincena más onerosa de la historia. La publicación del Cohete
lo
impidió y Rosenkrantz dio marcha atrás. Su problema fue cómo
justificarlo.
Sus
colegas, Horacio Rosatti, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Juan
Maqueda no estaban dispuestos a acompañarlo y para adoptar una
decisión y publicarla en el Centro de Información Judicial (CIJ)
se necesitan tres votos. El viernes por la noche, Rosenkrantz
elaboró un comunicado que firmó en conjunto con el presidente del
Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones, en el que
afirman que entre otras alternativas se “recibió una guía de
exposición de la empresa Oracle, sin constituir una oferta formal”.
Lo que no explican es cómo sabía Oracle lo que necesitaba el
sistema de gestión judicial y cómo pudo prever el inminente colapso
informático. El comunicado se publicó el sábado en el CIJ, y fue
la alternativa que Rosenkrantz encontró para suplir la negativa de
sus pares. La última vez que la Corte trabajó de madrugada fue para
decidir sobre el aborto de un feto sin cerebro, que no podía
esperar. La única urgencia de este caso es salvar a Rosenkrantz del
escándalo de sus actos, en momentos de grave crisis económica y
mientras el Congreso discute los privilegios de los jueces.
El comunicado sostiene que es
“conjunto de la Corte y del Consejo de la Magistratura”. Pero
Rosenkrantz no expresa la opinión de la Corte ni siquiera en
materias administrativas, facultad de la que expresamente lo
despojaron, y Lugones no puede dar fe de lo que ocurre más allá del
Consejo que preside. Hasta la mañana del sábado, Rosenkrantz
intentó convencer a los otros magistrados. Como no logró
conmoverlos, propuso publicar el comunicado sin firmas. Los demás
jueces se negaron. Por eso, para difundir ese curioso texto que
confirma lo que pretende desmentir, debió colocar su firma junto a
la de Lugones. Es la opinión de ambos. Sostienen que la Corte no ha
sugerido ni considerado la contratación de los servicios de Oracle
ni tampoco ha tomado la responsabilidad de la administración y el
mantenimiento del sistema LEX100. La Corte no, Rosenkrantz lo hizo la
semana pasada y se retractó esta, ante la filtración del
presupuesto que intentó aprobar. El sistema es operado sólo por el
Consejo de la Magistratura, y ayer volvió a fallar, dejando aislados
a jueces, fiscales y litigantes. La abogada Graciana Peñafort
solicitó el sábado a mediodía que se prorrogaran los plazos.
El sistema de gestión judicial
está a cargo de la administración del Consejo de la Magistratura
(cuyo titular es el contador Carlos Alberto Bedetta) y de su
dirección de tecnología, conducida por Juan Antonio Franchino.
Bedetta llegó con Rosenkrantz luego de encargarse de la logística
de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Franchino había
trabajado en temas informáticos con Carlos Corach durante el
gobierno de Carlos Menem.
El sistema vigente también fue
provisto por Oracle, pero el Consejo no le dio el mantenimiento
necesario. La Corte, en cambio, desarrolló una plataforma propia. De
lo que se trata ahora es de migrar los datos de la base del Consejo
de la Magistratura a la de la Corte.
Rosenkrantz coordinó los pasos
a seguir con Agustín María Casares, a quien llevó del Consejo de
la Magistratura a la Corte, con el cargo de Director y una
retribución que el año pasado era de 300.000 pesos mensuales.
Puenteó para ello a su entenado Valentín Thury Cornejo, que atiende
la Secretaría de Desarrollo Institucional con jerarquía y sueldo de
camarista. El sistema ya había fallado en abril de 2016, cuando se
sorteó qué juzgado federal debía hacerse cargo de la causa por la
muerte del fiscal general Natalio Alberto Nisman. La elección recayó
en el juez federal Sebastián Casanello, pero debido a una indicación
de error en la pantalla, el camarista Martín Irurzun ordenó
realizar una nueva asignación, que esta vez recayó como
correspondía en el juez Julián Ercolini. Esta semana, Casares
recorrió las vocalías de la Corte en busca de las firmas que
respaldaran a Rosenkrantz, pero no las consiguió.
El
Cohete también
narró que Rosenkrantz ocultó a los demás jueces que el 2 de
febrero ingresó a la Corte Suprema un recurso extraordinario del
diputado nacional Máximo Kirchner, contra la intención de la AFIP
de cobrarle impuestos sobre bienes que están intervenidos por la
Justicia. La ley vigente dice que en tal caso el impuesto recae en la
intervención judicial de ese patrimonio. En el caso de Florencia
Kirchner, el tribunal oral que hizo la solicitud de determinación
del impuesto aceptó dirigirse a la intervención judicial, porque
ella carece de otros ingresos. En cambio, su hermano tiene la dieta
como diputado. La defensa de Kirchner respondió que la suma de sus
ingresos de dos años como diputado no llegan ni a la mitad de lo que
el órgano recaudador pretende cobrarle. El caso es muy simple porque
la ley es inequívoca, pero su importancia es como indicio de cuál
será la actitud del tribunal ante las demás causas que afectan a la
familia vicepresidencial.
Una
de las primeras medidas de Rosenkrantz como presidente de la Corte
fue quitar de la Secretaría de Derecho Administrativo de la Corte a
Sergio Nápoli, quien llegó por concurso. Rosenkrantz lo reemplazó
por Gustavo Naveira. Pero además se colocó en primer lugar para la
circulación de expedientes relativos a bancos, impuestos y aduana.
Cuando se traten temas que involucren a sus clientes (América TV,
Cablevisión, Supercanal, La Nación, Ogden Rural, Carbap,
McDonald’s, la cervecera Quilmes; Core Security Technologies, Pan
American Energy, los Fondos de Inversiones Aconcagua Ventures y
Pegasus, la petroquímica Cuyo; las empresas de medicina prepaga
Total, Itoiz, Galileo, Cruz Blanca, IMA y Buen Ayre; la telefónica
Claro y las provincias de Corrientes y Santa Fe, entre otros) deberá
abstenerse. Pero se entiende la importancia del conocimiento
adelantado de las causas y la posibilidad de influir en alguno de sus
colegas. Luego de la publicación del Cohete
sobre
el recurso del diputado Kirchner, Rosenkrantz le indicó a Naveira
que abriera el juego a los demás ministros. Lo hizo con la propuesta
de rechazarlo, porque no va contra una sentencia definitiva, y
también abrió la alternativa de darle vista a la Procuración
General. En cualquier caso, se permitiría el avance de una causa
ridícula contra el presidente del bloque de diputados del Frente de
Tods, lo cual define una nítida posición política.
El debate sobre la posibilidad de
presos políticos en el marco de una democracia ha puesto en
evidencia ante el gran público, la existencia de un discurso
jurídico fuertemente normativista que aborda la realidad recurriendo
sistemáticamente a las tradicionales, y por ello consolidadas,
categorías y definiciones académicas.
Un elemento cuestionable de dicho
razonamiento es su dificultad para gestionar la complejidad, pues
para esta escuela la realidad es representada por un molde jurídico
prestablecido y cada fenómeno social o de poder que pretende
examinarse, es rápidamente convertido en una figura geométrica que
encaje en alguno de los espacios disponibles en dicho molde; ahora
¿que sucede si de repente tienen delante una figura no prevista y
que no encastra en ninguno de los espacios disponibles?
Dos cosas: esa figura no existe
(negacionismo) o la liman hasta que de una forma u otra encaje en
alguno de los espacios prestablecidos (reduccionismo).
Por ello, por ejemplo, ciertos
juristas sostienen que como en Bolivia no se clausuró el Congreso y
en realidad el presidente Morales presentó su renuncia, lo sucedido
allí (conforme las categorías y definiciones clásicas) no fue un
golpe de Estado, sino una crisis institucional generada por malas
decisiones que en su momento tomó el presidente Evo Morales y que
finalmente condujo a que las fuerzas armadas -por televisión- le
pidieran la renuncia a un presidente constitucional en ejercicio.
Este sistema de argumentación
negacionista aplica también respecto del concepto de “preso
político” que, por ser en términos teóricos sustancialmente
incompatible con la democracia, no podría suceder bajo dicho sistema
político.
Algo así como decir que por el
solo hecho de vivir en una democracia constitucional estamos todos
automáticamente a salvo de injusticias y desigualdades, pues según
dicho razonamiento es imposible que la democracia y sus instituciones
permitan que sucedan determinadas cosas, de lo contrario habría una
contradicción en los propios términos.
Ahora bien, si esto fuese
exactamente así, la población carcelaria no provendría de un mismo
sector socioeconómico, o frente a ciertas enfermedades no habría
quienes puedan pagar remedios y tratamientos médicos mientras otros
ni el colectivo al hospital, o todos disfrutaríamos de nuestra
vivienda digna y entonces no veríamos -en democracia- familias
viviendo en la calle, o todos tendríamos acceso a una alimentación
suficiente y como sociedad democrática no padeceríamos el flagelo
de la desnutrición en ningún rincón del país.
Sin embargo, a nadie se le
ocurriría concluir que como el sistema penal es selectivo, la salud
no está garantizada plenamente para todos por igual, vemos familias
con nenes viviendo en la calle o existe la desnutrición, entonces no
vivimos en democracia. ¿O será que incluso en democracia y en
el marco de un Estado de Derecho, pueden suceder cosas “imposibles”
sin negar por ello la existencia de la democracia misma y el Estado
de Derecho?
Afirmar lo contrario, es decir,
negar la posibilidad de ciertos fenómenos basados solo en que en
democracia no serían teóricamente posibles por la denominada
contradicción interna terminológica, nos hace correr el riesgo de
naturalizar injusticias y desigualdades, como pasa cuando -luego de
casi cuatro décadas de democracia- vemos niños revolviendo la
basura en pleno Estado constitucional y convencional de derecho.
Es
notorio que el Poder Ejecutivo se propone, con razón, cambiar la
organización judicial y, sobre todo, modificar el llamado fuero
federal.
Dicho de manera general, sin individualizar a juez o funcionario
alguno, parece obvio que el “rendimiento” de tal fuero no resulta
compatible con máximas jurídicas; antes bien, varias de sus
decisiones semejan haber sido dictadas por la conveniencia política
o, si se quiere, sin independencia
judicial
alguna como principio básico o, conforme a mí me parece más
correcto titular, sin
libertad
de
decisión (externa
e interna) de los integrantes de esos tribunales. Al parecer, se
entiende que una extensión de los jueces profesionales integrantes
de los tribunales federales –sobre todo en materia penal— por
reunión en un único fuero de los jueces llamados federales
–intitulados jocosamente Comodoro
Py,
Pro
o
Por,
por el lugar de la residencia de sus oficinas— y de aquellos
denominados ordinarios
(de la ciudad de Buenos Aires), traería aparejada la tan ansiosa
libertad
de decisión.
No
lo creo y he leído varias veces a Alberdi en sus Bases
para corroborarlo. Dicho en verdad, él fue demasiado parco en la
organización judicial, pero alcanzó a trasparentar nuestra
diferencia con los Estados Unidos: conformábamos una única Nación
–y no una asociación de ellas—, llámese al sistema “federación
unitaria” o “unidad federativa”; nuestras leyes principales
eran, en principio, únicas y procedían del Congreso de la Nación
(CN, 75, inc. 12 y 116).
Hoy
en día, desaparecidos los territorios nacionales, todo el territorio
de la Nación pertenece a las provincias y a la CABA. Mantener 27
sistemas judiciales distintos y completos es algo increíble en el
resto del planeta para la organización judicial de una Nación. Más
aún, conceder a cada juez, de los miles existentes en el país, el
poder de no aplicar una ley –en la práctica, declararla no vigente
y casi derogarla— por la opinión suya propia al resolver un caso,
sistema que llamamos difuso
y que sostenemos proviene de los Estados Unidos y su Constitución,
resulta no sólo oneroso sino, antes bien, más que ridículo. Por lo
demás, esto colide contra la definición universal de aquello que la
mayoría llama independencia
judicial
que, según yo recuerdo, se define no sólo por la prohibición
–externa— del Ejecutivo de inmiscuirse en funciones judiciales
(cf. CN, art. 109), sino que, además, supone la libertad
interna
de los integrantes de un tribunal en su decisión judicial
(horizontalidad
de
las decisiones y los tribunales en el ejercicio de su poder). Esto se
corresponde con la institucionalidad
democrática
que impide al PEN ejercer funciones legislativas (cf. CN, art. 99.
Inc. 3, II, con sus desgraciadas modificaciones actuales). Todo ello
erige al Poder Legislativo en el árbitro de las políticas internas
y externas del Estado, que los demás llamados “poderes” deben
seguir obligatoriamente.
Precisamente,
creemos que el llamado “Poder Judicial” debe concebirse como un
todo en la República, esto es, como un único sistema que respete
las pautas judiciales comunes. Para ello, la federación se mantiene
concediendo a las provincias y a la CABA, básicamente –según la
organización judicial de hoy en día— la creación, organización,
integración y procedimiento judicial de
mérito,
esto es, todo lo relativo al juzgamiento originario de los casos
judiciales que se presenten y confiriendo a la Nación el único
tribunal federal por excelencia, su Corte Suprema de Justicia, cuya
competencia e integración, naturalmente ampliadas, suponga la
interpretación y el custodio de las leyes de la Nación, sancionadas
por el Poder Legislativo, tribunal creado, integrado y procedente de
nuestra Constitución Nacional. Ello significa una Corte Suprema
dividida en Salas, cada una de las cuales responde a la
interpretación de las diferentes materias jurídicas que la
Constitución le encomienda al Parlamento nacional, función clásica
que responde a la inseguridad jurídica de que hoy la última palabra
sobre la interpretación de esas leyes nacionales corresponda a los
tribunales de casación de las provincias (cf. CN, art. 75, inc. 2).
Y una Corte Suprema que, en sesiones conjuntas de todos sus miembros,
sea la única que puede invalidar, por contraria a la Constitución,
una ley sancionada por el Parlamento nacional, que no representa otra
cosa que una elección política, propia de la Asamblea (piénsese en
la interrupción del embarazo).
Yo
estimo que una organización de este modo corregiría los defectos
temporales tan elevados de nuestros tribunales. Nos quedan, sin
embargo varios problema por resolver, pero siempre limitados. La
competencia por razón de la materia,
a la que no quisiera abarcar aquí en beneficio de la arquitectura
jurídica. Se trata de los tribunales de mérito federales (cf. CN,
arts. 116 y s.), en los que la CSJN interviene por apelación.
Quitados los poderes territoriales de la Nación (competencia federal
por razón
del lugar),
hoy prácticamente inexistente, lo que queda, al menos en materia
penal, no es demasiado y tiene solución (cf. CN, art. 75, inc. 12),
especialmente leyes generales para toda la Nación sobre
naturalización y nacionalidad,
con sujeción al principio de nacionalidad natural
y
por opción en beneficio de la Argentina:
así como sobre bancarrotas, falsificación de la moneda corriente y
documentos públicos del Estado federal y establecer
el juicio por jurados.
La competencia federal o de la CSJN por
persona
no presenta mayores problemas. Resta, además, un enorme problema
político: la subsistencia o aniquilación del Consejo de la
Magistratura. Y constituye un gran problema, por fuera de su función
administrativa; se trata de saber si debe subsistir como instrumento
político. Aquí sólo deseo declarar hoy que no soy partidario de su
subsistencia.
No se achique Don Alberto, no
vuelva a pensar tan sólo en un problema de la ciudad de Buenos
Aires. La transformación no es sencilla, pero tampoco resulta
imposible y menos ahora. Usted, para colmo de bienes, la conoce
perfectamente.
Por
empezar desde algún lugar, voy a contarles que el jueves 22 de marzo
de 2018, el entonces Presidente Mauricio Macri le dio una entrevista
a Mariana Fabbiani en la que declaró: “Necesitamos una justicia
ágil, que nos defienda, que nos cuide, que haga sentir al ciudadano
de a pie que el poderoso es el primero que tiene que cumplir con la
ley, es el que menos impunidad tiene, sobre todo en la Argentina con
lo que pasó hace unos días que todos sentimos, de vuelta, un
revulsivo de decir: ‘No, esto no es lo que habíamos acordado’”.
¿A qué se refería el
Presidente con: “No, esto no es lo que habíamos acordado”? A la
liberación de Cristóbal López y Fabian de Sousa, ocurrida en marzo
de 2018. Estaban presos en prisión preventiva dictada por el juez
Julián Ercolini. Con quien o en qué términos había acordado el
Presidente la continuidad de la prisión preventiva de López y de
Sousa es un misterio. El cómo lo había acordado, no. Es un delito.
Porque el Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse en competencias
especificas del Poder Judicial. Y disponer de la libertad de las
personas es, sin lugar a dudas, una competencia especifica del Poder
Judicial. Lo era cuando Macri acordaba con Comodoro Py para que López
y de Sousa siguieran presos y lo es hoy cuando muchos le reclaman a
Alberto Fernández que intervenga para liberar a los presos
políticos. Y a mi me dan muchísimas ganas de decirles: “Señores,
dejen de pedir que Alberto haga macrismo”
Pero volvamos al pasado hostil.
Unos meses antes de la liberación de Cristóbal López, el macrismo
había dado el puntapié inicial para colonizar al Poder Judicial,
luego de nombrar dos jueces de la Corte por Decreto.
Ese puntapié fue comenzar con la
colonización de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que es
la que revisa las decisiones de los 12 jueces de Py. Porque el
sistema de Comodoro Py incluye jueces que a veces toman decisiones de
mierda y tomadas en contra de la ley y un sistema de control de esas
decisiones en manos de la Cámara. Los pocos limites que se le
pusieron a Bonadío, se los puso la Cámara. Yo aun tengo el modelo
de recurso ante la Cámara, para cada vez que Bonadío no me dejaba
acceder a los expedientes en los que mis defendidos estaban siendo
investigados.
La segunda víctima —la primera
fue el Estado de Derecho— del plan sistemático del macrismo para
apropiarse del Poder Judicial, fue fabricar una vacante en esa
Cámara. Lo hicieron a través de un operativo de pinzas que merece
algún reconocimiento por lo bien pensado que fue. Comenzó a finales
del 2015, cuando en lugar de hacer lugar al pedido de reemplazo del
consejero de la magistratura que le correspondía al Frente para la
Victoria, bloque mayoritario de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó
decidió hacer lugar al pedido conjunto del interbloque del PRO junto
con el Bloque del Peronismo Federal de Massa y designar a un
consejero del macrismo, Pablo Tonelli. Literalmente se robaron una
banca que correspondía a otro espacio político. Curiosa UTE (unión
transitoria de empresas), que se reedito este jueves con el tema de
las jubilaciones de los jueces
Cuatro años después el Frente
para la Victoria le devolvería la cortesía en algo que celebré
porque era justo, pero que me dejó un gusto amargo. Porque el
precedente lo había creado el macrismo, es cierto, y había sido
considerado legal por la propia cámara de Diputados, pero es
horrible en términos éticos.
Mientras en la Cámara de
Diputados ese diciembre de 2015 se robaban la banca del Frente para
la Victoria, en la Cámara de Senadores sucedían otras cosas. Entre
ellas que el abogado Alejandro Fargosi se había presentado para
reclamar la inconstitucionalidad de la designación del senador
Ruperto Godoy, del Frente para la Victoria en el Consejo de la
Magistratura, por no ser abogado. El requisito de ser abogado para
ser consejero se había derogado por ley, pero a quién le importa la
ley cuando es amigo del juez. A Alejandro Fargosi y su indignación
antiperonista sempiterna, claramente no.
Como sea, el Frente para la
Victoria, frente a la sentencia que ordenaba que Ruperto Godoy cesara
como miembro del Consejo de la Magistratura, se apresuró a designar
al senador Mario País en su reemplazo. El día que Mario País debía
jurar como miembro del Consejo de la Magistratura, también se
discutía en el consejo si se le iniciaba juicio político a Eduardo
Freiler, argumentando que el entonces juez no podía justificar su
incremento patrimonial. Freiler había sido ya sobreseído en una
causa por enriquecimiento ilícito el 11 de marzo de 2016… Pero, ¿a
quién le importa un sobreseimiento firme, cuando querés quedarte
con un lugar en la Cámara de Apelaciones de Py? Al macrismo sin duda
que no.
Todo
lo que sucedió debería contarse con la música de la escena final
de El
padrino.
El 16 de agosto salió la sentencia que ordenaba la remoción de
Ruperto Godoy. El 17 de agosto de 2017 Mario País se presentó a
jurar como miembro del Consejo de la Magistratura en la mañana. El
entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, le dijo a País
que fuese a tomarse un cafecito por ahí y volviese en un rato.
Porque justo estaba resolviendo la Claringrilla. Mientras País se
tomaba el cafecito, el Consejo de la Magistratura comenzó a sesionar
aprovechado la mayoría circunstancial de 1 miembro que tenía,
porque Mario País no había asumido aún. Y dispuso la suspensión
de Freiler como juez y el inicio del Jury de enjuiciamiento para
removerlo de su cargo. Para cuando Mario País pagó el café que se
había tomado, la historia ya se había escrito. Ya en aquellos días
de agosto, todos sabíamos que a Miguel Angel Pichetto, entonces jefe
de bancada del Frente para la Victoria en la cámara de Senadores,
también disfrutaba de colaborar con la resolución de las
Claringrillas del día.
Unos meses después de haber sido
suspendido se presentó un nunca identificado abogado llamado
Maximiliano Goetzner y como cuenta Raúl Kollman “dijo que
conocía que la causa estaba radicada allí, [en el juzgado donde
había tramitado la causa por enriquecimiento ilícito y se
había dictado el sobreseimiento de Freiler], pese a que estaba
cerrada. El individuo aseguró ser asesor del senado de la Provincia
de Buenos Aires, pero resultó imposible ubicarlo allí. Dijo
entonces que vio un programa de televisión en el que aparecía una
hostería, supuestamente de Freiler, en Quequén, y que eso nunca
había sido investigado. En verdad la hostería Costa Bonita era de
los padres del camarista y sí había sido investigada. Aun así, la
maniobra consistió en reabrir la causa para evitar que Freiler
alegara en el Consejo que ya estaba absuelto. El aparato de Comodoro
Py fue parte de la maniobra».
El 17 de noviembre de 2017 se
removió a Eduardo Freiler como juez de cámara. Votaron
afirmativamente para removerlo la camarista Inés Cantisani; los
senadores Walter Barrionuevo (PJ de Jujuy), Silvia Giacoppo
(Cambiemos); el diputado Hugo Marcucci (UCR) y el juez Mario Márquez.
El representante de los abogados en esos días, Raúl Piaggio, votó
en disidencia parcial su destitución. La diputada Diana Conti
(FpV-PJ) fue la única que votó en contra. Cuando Mauricio Macri se
enteró de la destitución, cuenta Kollman, “estaba cenando con un
funcionario internacional en la Quinta de Olivos e hizo saber su
satisfacción por lo que decidió el Consejo. Su frase debería
quedar en la memoria: «Gracias a esto, van a venir inversiones al
país».
Las
inversiones no llegaron y el Poder Judicial no mejoró. Pero entre el
cafecito de Mario País y la destitución de Freiler pasó algo más.
El 17 de octubre de 2017 se dicto el fallo que consagró lo que
llamamos la doctrina Irurzun y que, como relatara Capiello sin
demasiados pudores en una nota celebratoria de la detención de Amado
Boudou publicada en
La Nación,
el 4 de noviembre de 2017, “Irurzun estableció en ese fallo nuevas
pautas para meter presos a los funcionarios acusados de corrupción e
inauguró una jurisprudencia más amplia, que debería preocupar a
otros ex funcionarios que enfrentan causas y gozan de la libertad”.
Ese mismo día, Héctor Timerman
había sido sometido a una verdadera sesión de tortura por Claudio
Bonadío y Eduardo Taiano, al hacerlo declarar en una indagatoria que
terminó con Héctor internado por una crisis cardíaca provocada por
el dolor físico de tener que afrontar esa indagatoria sin la
medicación para el dolor que le provocaba un cáncer feroz que se
extendía implacable por su cuerpo, mientras brindaban los verdugos.
Después de la detención de
Amado Boudou, ese diciembre de 2017 fue prodigo en detenciones. Entre
ellas la de Fabian de Sousa y Cristóbal López. Cuando en marzo de
2018, la Cámara de Comodoro Py dispuso su libertad, el infierno que
se había desatado en 2017 arreció con mas fuerza.
Mauricio Macri clamó enardecido
contra esa liberación. Los jueces que la habían dispuesto se
fueron. Jorge Ballestero terminó jubilado. Eduardo Farah pidió su
traslado al fuero penal económico. Y no había terminado 2018 cuando
la cámara de Py quedó conformada con dos jueces trasladados por el
Consejo de la Magistratura y un juez designado por concurso. Eso sí,
Martin Irurzun siguió en soledad en la Sala II de esa Cámara.
Disponiendo prisiones preventivas arbitrarias y tomando cafecitos con
Pepín Rodríguez Simón.
Tan circular es a veces la
historia que, en el juicio de Oil Combustible por el que estuvieron
presos Cristóbal López y Fabian de Sousa, esta semana declaró un
testigo llamado Jorge Schiaffini, jefe del departamento de
investigaciones de grandes contribuyentes de AFIP. Este hombre
reconoció que el macrismo creó un «Grupo de Tareas» para voltear
las empresas de Cristóbal López y Fabián de Sousa, integrado por
Rodríguez Simón, Daniel Angelici y José Torello.
¿Habrán sido ellos con quienes
“acordó algo distinto” el macrismo, como le señalaba Macri a
Mariana Fabbiani? Aunque no sé la respuesta, escribiendo esta nota
se me ocurrió la hipótesis.
Pero sí quiero señalar algo: la
causa que reabrieron fraudulentamente contra Eduardo Freiler, con el
denunciante nunca identificado y que tenia por objeto impedir que
Freiler pudiese decir que, de los cargos que lo acusaban para
removerlo, había sido absuelto, ayer comenzó a morir. Porque la
Cámara de Casación, en una de sus salas menos horribles, ordenó
dejar sin efecto la reapertura fraudulenta de la causa por
enriquecimiento ilícito de Freiler. Porque esa reapertura vulneraba
garantías constitucionales. Y le ordenó a la cámara de Py, Sala I,
hoy compuesta exclusivamente por jueces puestos ahí por el macrismo,
que dicte un nuevo fallo. Resulta difícil que la Sala I pueda fundar
la cuadratura del círculo en esta ocasión y sostener esa
reapertura. Lo tremendamente circular de la historia es que en esa
Sala, los jueces que allí se desempeñan como camaristas, son
precisamente los que ocupan las vacantes que dejaron Freiler,
Ballestero y Farah.
Repaso estas historias
horribles y comprendo por qué jueces y fiscales renuncian
antes de aceptar jubilarse de modo no privilegiado. Porque muchos de
ellos hace rato se olvidaron del valor justicia. Integran el Poder
Judicial por motivos que nada tienen que ver con cumplir las leyes y
la Constitución.
El Poder Judicial no imparte
justicia. Claro que hay quienes dan la pelea para que se imparta.
Pero es muy difícil impartir justicia cuando aceptás como legal y
justo que un jubilado de la mínima cobre, con el último aumento
$15.891 por mes. Y la jubilación promedio del Poder Judicial sea $
293.107 mensuales. Es decir que un juez que se jubile cobre por mes
casi el doble de lo que va a cobrar en todo un año un jubilado de la
mínima.
Eso no es justo. Y no puedo creer
que defiendan esa injusticia. Voy a resguardar la conducta correcta
de Alberto Lugones, representante de los jueces en el Consejo de la
Magistratura, que sostiene posiciones que no comparto pero que son
racionales y comprensibles desde una representación corporativa.
Pero no lo son desde el valor justicia. Disculpe, doctor, se lo digo
con muchísimo respeto que no siento por muchos de sus colegas pero
sí por usted, atendiendo al modo en que ha dado la discusión.
De la oposición sólo puedo
decir culebras y demonios. El 20 de diciembre de 2019 votaron en
contra del proyecto que suspendió por inaplicable la movilidad
jubilatoria que había implementado el macrismo. Dice el comunicado
que Juntos por el Cambio rechazaba la suspensión entre otras cosas
porque el congelamiento no se aplicaría a los regímenes especiales
“como diplomáticos y jueces”.
(…)
Nosotros queremos reformar al Poder Judicial para que los dignos sean
reconocidos como dignos. Pero por eso vamos a enviar un proyecto de
Reforma Judicial. No vamos a apretar a nadie. Vamos buscar aprobar
una ley. Que honre al Poder Judicial que ustedes, señores de Juntos
por el Cambio, degradaron. Para que los buenos jueces y los buenos
fiscales no tengan que obedecer nunca más a ninguna mesa judicial de
impresentables como los que tenían ustedes. Nosotros no apretamos
jueces, les damos la presidencia del Consejo de la Magistratura, aun
teniendo diferencias. Nosotros no creemos en las prisiones
preventivas ni el lawfare.
Nosotros no acordamos con nadie. Quienes conformamos el Frente de
Todos, creemos en la Democracia y en la República y en la separación
de poderes. Y leímos la Constitución, para recordarla y respetarla
y no para olvidarnos. Nosotros creemos en el Valor Justicia.
Y ustedes, señores de Juntos por
el Cambio, no solo no creen en nada de eso, sino que además exhiben
su indecencia y su cinismo político. Lean sus comunicados y háganse
cargo por una vez en la vida de su hipocresía.
Porque por milésima vez voy a
decirlo: la grieta, la verdadera grieta no es política, es moral. Y
yo agradezco y estoy orgullosa de estar de este lado.
¿y
vos, de que lado estas …?
Daniel
Roberto Távora Mac Cormack
Comentarios
Publicar un comentario