Domingo 1 de marzo de 2020
A lo largo de sus cuatro años de
gestión económica, la alianza Cambiemos no hizo más que errar una
y otra vez sus proyecciones, basadas en los manuales neoliberales.
Los brotes verdes, la luz al final del túnel, el segundo semestre e
incluso un surrealista tercer semestre fueron sus más populares
pronósticos, pero hubo otros menos mediáticos, relativos al empleo,
el PBI o las exportaciones, que también exhibieron un rotundo
fracaso.
Uno de ellos estaba vinculado a
la proyección de ganar competitividad, un eufemismo que en la lógica
macrista significaba reducción salarial para así aumentar las
exportaciones. Por eso, una de las primeras medidas tomadas por el
macrismo fue una fuerte devaluación que redujo 6 puntos los salarios
en 2016. Pese a ello, durante aquel 2016 las exportaciones se
mantuvieron virtualmente estancadas, pues según el Indec nuestro
país exportó bienes y servicios por 57.737 millones, solo 1,7 por
ciento más que en 2015.
Sin embargo, la recesión que introdujo al país la caída de la demanda interna implicó una baja del 6,9 por ciento en las importaciones (55.610 millones de dólares), lo que de todas formas implicó un superavit anual de 2128 millones de dólares, un resultado modesto si se tiene en cuenta que entre 1999 y 2015 el superavit fue la constante y solo hubo un año de déficit.
Sin embargo, la recesión que introdujo al país la caída de la demanda interna implicó una baja del 6,9 por ciento en las importaciones (55.610 millones de dólares), lo que de todas formas implicó un superavit anual de 2128 millones de dólares, un resultado modesto si se tiene en cuenta que entre 1999 y 2015 el superavit fue la constante y solo hubo un año de déficit.
Frente al claro fracaso en su
política para alentar las exportaciones por la rebaja salarial, en
un mundo que a diferencia de los noventa se cierra al comercio
exterior, y atendiendo a que el 2017 era un año electoral, el
gobierno giró su rumbo en 180 grados en diversos aspectos. En el
caso del dólar, se apeló al atraso cambiario como en los últimos
años del kirchnerismo pero sin regular las importaciones, a
diferencia de lo que se hizo entre 2011 y 2015.
El enorme costo, no percibido por
la sociedad debido al frenético ritmo de endeudamiento, fue que
mientras las ventas al exterior se mantuvieron estables, las
importaciones aumentaron en un impactante 19,7 por ciento interanual,
llegando a los 66.899 millones de dólares, lo que implicó el mayor
déficit desde 1994, es decir 8471 millones de dólares. El triunfo
electoral en las legislativas de 2017 y el lubricado financiamiento
para saldar los saldos negativos en el frente fiscal y el comercio
exterior llevó a Cambiemos a proyectar la posibilidad de sostener
este modelo en el tiempo para fortalecer su hegemonía política, lo
que en los hechos propició que, sumada a la sequía del campo, el
primer semestre de 2018 fuera el peor de la historia argentina en el
comercio exterior, con un déficit de 5101 millones de dólares.
Para entonces, los mercados
financieros globales, a los que la alianza Cambiemos había sellado
el destino de los argentinos, ya habían dejado de confiar en un
gobierno que no solo había hecho añicos todas sus proyecciones
macroeconómicas de equilibrio fiscal, balanza comercial, crecimiento
y baja de la inflación a un dígito, sino que, fundamentalmente,
usaba sus préstamos de forma descontrolada, con el solo objetivo de
sostenerse en el poder y propiciar la fuga de divisas por parte de
las élites.
El resultado fue la repentina
falta de financiamiento para sus experimentos macroeconómicos y la
consiguiente cesión del timón de la economía al FMI, lo que en los
hechos demostraba su incompetencia para conducir el destino económico
de los argentinos. A partir de ese momento, el gobierno se transformó
en un gestor de un verdadero programa neoliberal impuesto por el FMI,
que como bien es sabido persigue un shock estabilizatorio de la
macroeconomía a costa de minar los derechos del grueso de la
población. Si bien también allí fallaron varias proyecciones, para
fines de 2018 la suba del tipo de cambio de un ciento por ciento
sumado a la profunda recesión que se generó a partir de mediados de
ese año se tradujo en la esperable disminución del déficit
comercial, que cerró 2018 con un rojo de 3823 millones de dólares,
es decir un 54 por ciento menos que el de 2017. Como era de esperar,
dicho déficit se transformó en superavit al año siguiente, el
mayor desde 2009, ya que totalizó 15.990 millones de dólares. Y es
que en base al programa del FMI, la aguda recesión llevó a que las
importaciones registraran una baja del 20 por ciento. En cambio, los
salarios perdieron cerca de 12 puntos aquel 2019 pero las
exportaciones solo subieron un 5,4 por ciento y mayormente por el fin
de la sequía y las ventas de productos primarios, que aumentaron un
25 por ciento.
Dicho resultado se ajusta a los
esquemas de los denominados “ciclos cortos” o de “stop &
go” vinculados a los tradicionales programas de estabilización del
FMI, que incluían fuertes devaluaciones que propiciaban una
transferencia de recursos de obreros y pymes al campo y grandes
industriales exportadores. La mejora en la balanza comercial se
explica por la caída de importaciones debido al menor poder de
compra de trabajadores y pequeños empresarios, así como mayores
ventas al exterior debido a la mejora en los términos de
intercambio, fundamentalmente para el sector concentrado
agroexportador.
Así, uno de los pocos logros de
la alianza Cambiemos fue obtenido no solo pese al fuerte sufrimiento
que imprimió a la población, sino debido en gran medida a la cesión
del manejo económico al FMI, abandonando todo proyecto de
sustentabilidad social y política. Se trata, igualmente, de una
plataforma de despegue que si es acompañada por la crucial
reestructuración de la deuda que está llevando a cabo el gobierno,
podrá acompañar un nuevo período de crecimiento en base a un
programa que sí cumpla con sus proyecciones.
Las patas del poder real
A pocas horas del inicio de
temporada oficial en el Congreso Nacional donde el presidente de
“todes les argentines” expondrá frente a las distintas
representaciones políticas expresadas en ambas cámaras
parlamentarias los lineamientos principales de las políticas
públicas y las ejecuciones administrativas a su cargo para el año
corriente, uno de los aspectos que definirá su posibilidad de
responder al mandato popular que se expresó en las urnas el pasado
Octubre, dependerá de la capacidad para desarticular esta trama
siniestra del lawfare nacional.
Los sectores monópolicos de la
economía con fuerte capacidad de extorsión
Los sectores financieros y
bancarios transnacionales, especulativos, socios de negocios
extranjeros.
Los sectores de la justicia
extorsionados o susceptibles del juego de lobbystas mediáticos o
presiones mafiosas o cuasi-mafiosas
Y el poder de los medios como
corporaciones al servicio y parte del financierismo sostenido por
Wall Street, las agencias de inteligencia nacionales y extranjeras y
los fondos buitres y de inversiones que alimentan el negocio de tales
entramados transnacionales y corporativos que, pese a que la forma de
nombrarlos e identificarlos parece grandilocuente, expresa sin
embargo, una realidad de minorías capaces de imponer condiciones a
las grandes mayorías.
Tierra y alimentos
El hambre y la pobreza en un país
como el nuestro, con una extensión territorial formidable y recursos
que exceden en mucho las necesidades, solo es explicable a partir del
sometimiento a un sistema pensado para otros y por otros en
detrimento del bien vivir de la mayoría de los Argentinos y el
desarrollo equilibrado del país
El patrón de distribución
inicial de la propiedad rural argentina fue muy concentrado. En la
región pampeana, la mayor parte de las tierras quedaron en manos de
unas pocas familias terratenientes. Con el tiempo, la concurrencia de
distintos factores (políticas oficiales que fomentaron el acceso a
la propiedad por parte de los arrendatarios, subdivisión
hereditaria) generó un tibio proceso desconcentrador que afectó el
histórico latifundio ganadero. De todas maneras, la mayor parte de
la tierra permaneció en poder de los terratenientes. Otras naciones
(Estados Unidos, Canadá) impulsaron un modelo de desarrollo agrario
asentado en una distribución más equitativa de la superficie
productiva.
El coeficiente de Gini –que
normalmente es utilizado para medir la desigualdad de los ingresos–
también puede calcular el grado de concentración de la propiedad
rural. El indicador varía entre 0 (equidad absoluta) y 1
(concentración total). La Organización de la Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) desarrolló una base de datos
que contiene información —discriminada nacionalmente— sobre ese
coeficiente. El continente latinoamericano se encuentra entre las
regiones del mundo con mayor concentración de la tierra. Los
coeficientes de México, Chile y Paraguay superan el valor de 0,90.
En los casos de Costa Rica, Colombia, Venezuela, Brasil, El Salvador
y Panamá los valores oscilan entre 0,79 y 0,85. En el caso
argentino, el indicador es 0,83 denotando una elevada concentración
en la propiedad de la tierra.
La importancia de la
concentración dominial mantiene su vigencia porque los propietarios
(produciendo en campos propios o ajenos o arrendando sus campos) se
siguen apropiando de una importante porción de la renta agraria. La
porción de la renta capturada mediante el arrendamiento de inmuebles
rurales es relevante. El alquiler de los campos suele representar del
36 al 40 por ciento del total de las erogaciones de un productor. En
países donde la tierra está bien distribuida, la renta fortalece
una clase media rural; en donde está distribuida à la Argentina, es
un factor más de concentración de la riqueza, impulsando
comportamientos rentistas.
En medio del conflicto con el mal
llamado campo, allá por 2008, se sostenía: “ Al mismo ritmo
sostenido del crecimiento de los precios internacionales de los
granos en los ya largos 120 días de conflicto, los representantes
del campo privilegiado han ido sumando argumentos para cuestionar los
Derechos de Exportación móviles de cuatro cultivos clave. Estudiar
el extraordinario proceso que vive el sector agropecuario permite ir
eludiendo esas sucesivas trampas al conocimiento, siendo una de ellas
la que identifica a las vulgarmente denominadas retenciones como una
medida que fomenta la concentración de la tierra. Como en tantas
otras peculiares alianzas que se han podido observar en esta disputa,
han coincidido en esa idea uno de los reyes de la soja en tierras
arrendadas, Gustavo Grobocopatel, y el titular de la Federación
Agraria Argentina, Eduardo Buzzi. Así, ambos agregan una cuota más
a la confusión de una población rehén de una crisis que no termina
de entender. En los últimos quince años, el proceso de
transformación en la forma de organización y de desarrollo
técnico-productivo del campo ha provocado una acelerada
concentración de la producción y no así la de la tierra. Esta ya
se encontraba históricamente en pocas manos y no fue precisamente
por la existencia de retenciones a las exportaciones.
En la producción agraria se
produjo una revolución tecnológica, que en la región pampeana
empezó a verificarse desde mediados de la década del noventa,
basada en la siembra directa y las semillas transgénicas. Este nuevo
patrón productivo generó una fuerte caída de los costos, una
reorganización de los modos de cultivar y el surgimiento de nuevos
actores económicos en el sector. Este cambio tecnológico demanda
mucho menos trabajo manual y mucho más capital. Se necesitan
millonarias inversiones en maquinaria para siembra directa, que son
distintas a las tradicionales. Por eso mismo surgieron contratistas
–la mayoría son además medianos o grandes productores– que van
por los predios con sus maquinarias a realizar el trabajo, que en la
agricultura tradicional podía llevar de uno a dos meses, según la
extensión, y hoy se realiza en uno o dos días. A la vez, los
transgénicos exigen la utilización creciente de agroquímicos, como
herbicidas y fertilizantes, que elevan el rendimiento por hectárea.
El profesor Horacio Giberti, uno de los mayores especialistas en
política agropecuaria, explica en una entrevista realizada por Isaac
Grober, miembro del Consejo Editorial de la Asociación
Civil-Cultural Tesis 11, que “en la agricultura tradicional el
chacarero araba, sembraba, lo que le demandaba un mes de trabajo en
una chacra corriente y luego hacía algunos trabajos culturales, como
en el caso del maíz, o ninguno, como en el trigo. No había defensa
del cultivo, en el sentido de que no se aplicaban herbicidas, ni
fertilizantes, de manera que el chacarero veía crecer bien o mal el
cultivo. Luego venía el período de cosecha, lo que implicaba la
cosecha en sí misma, el transporte y la comercialización. Ese era
el trabajo, de tres a cuatro meses relativamente duros”. Hoy, la
realidad es muy diferente. Con la soja, el trabajo es de un par de
jornadas, y en muchos casos es subcontratando la labor.
Esa transformación productiva se
desarrolló con un Estado que abandonó su tarea de intervención
para ordenar esa revolución tecnológica y para brindar asistencia
técnica a los pequeños productores. En ese contexto, aparecen los
fondos de siembra –pools– que tienen el capital suficiente para
comprar y aplicar ese nuevo paquete tecnológico en economías de
escala. Pero son los tradicionales grandes propietarios de tierras
más que los pools los que han avanzado en concentrar cada vez más
la producción en sus manos. Y esto fue así porque los chacareros
que no pudieron acceder a ese nuevo paradigma productivo-tecnológico
les resulta mucho más rentable alquilar la tierra que trabajarla.
Entonces, lo que se ha verificado es una enorme concentración de la
producción sobre tierras arrendadas, lo que ha provocado una
profunda alteración de la estructura económica y social del campo.
La propiedad de la tierra sigue tanto o más concentrada que antes,
fenómeno que no tiene nada que ver con el actual proceso de
concentración de la producción. Y obviamente, ni en una ni en otra
concentración, los derechos de exportación tienen influencia
directa. El economista Eduardo Basualdo que está trabajando en este
tema desde hace años y en la actualidad lidera un estudio al
respecto en el área de Economía y Tecnología de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), destaca que en la zona
pampeana el 86,4 por ciento de la producción agrícola sigue en las
mismas manos que hace un siglo y que esas familias y grupos
tradicionales la realizan más de la mitad en sus tierras y el resto
en otras que ellos mismos arriendan, que suman a las propias para
mejorar la escala de producción.
Este complejo proceso permite
acercarse a la comprensión de la actuación de la Federación
Agraria en el conflicto, que ha desorientado a quienes todavía
consideran que sigue siendo una entidad que defiende a los pequeños
productores arrendatarios. La transformación productiva por la
aplicación del paquete tecnológico siembra directa-semillas
transgénicas alteró la estructura económica y social en el campo.
Giberti ilustra que “el clásico chacarero arrendatario, la imagen
tradicional del socio de la Federación Agraria, prácticamente
desapareció porque muchos se transformaron en propietarios. Esa
entidad era para los arrendatarios modestos una institución
necesaria porque a través de su departamento legal les proporcionaba
el apoyo jurídico necesario en su lucha contractual y legal con el
propietario. Al transformarse en dueños, esos socios ya no tienen la
necesidad de ese servicio”. Y muchos pasaron a ser arrendadores de
los pools o de los grandes propietarios de tierras, lo que explica la
indiferencia que manifestaron al proyecto de Ley de Arrendamiento y
sólo se preocupen por la defensa de la renta sojera, que es la que
le brinda el alquiler de sus tierras. Por eso Giberti señala que
“ese cambio de estructura social hace que el chacarero típico de
hoy tenga enfoques muy distintos del de antaño. Es un pequeño
propietario, a lo mejor más conservador que el mediano o grande”.
La FAA se ha convertido en una entidad que representa
fundamentalmente a pequeños propietarios que no trabajan la tierra,
sino que la alquilan para vivir de rentas. Como el arrendatario
–pools y grandes dueños de tierras– apela al alza de los
derechos de exportación para bajar la retribución del alquiler,
esos pequeños productores rentistas se rebelan.
Una de las tantas paradojas del
actual conflicto es que la forma de intervención de la Federación
Agraria puede acelerar el proceso de concentración, no ya de la
producción que se define con el modelo siembra directa-semillas
transgénicas, sino el de la tierra. Las arengas dramáticas,
exageradas y alejadas de la realidad respecto de la posibilidad de
quiebra de los productores por una imprescindible medida de
intervención de política económica pueden provocar un clima de
confusión y desánimo entre pequeños productores. Estos, atrapados
en una lógica de crisis que no es tal, pueden terminar convencidos
de que el mejor negocio es vender sus campos pese a las fabulosas
perspectivas de la actividad. Como se sabe, las crisis son el factor
disparador de la concentración y centralización del capital.
Los valiosos aportes de Giberti y
Basualdo, rigurosos y alejados de los intereses sectoriales en
disputa, son fuentes donde deberían volver a abrevar dirigentes
sociales, políticos y gremiales que durante años han luchado por la
dignidad de los trabajadores y de los excluidos de un modelo injusto.
De esa forma podrán recuperar la brújula y volver a identificar,
como lo han sabido hacer en otros momentos, quiénes son los
representantes e integrantes del poder económico emergente del nuevo
siglo.
Fuente:
Alfredo Zaiat en Página/12 – 12.07.2008
En
la actualidad:
DISTRIBUCION
DE LA TIERRA
Según
el “Censo
Nacional Agropecuario de 2002, el 2% de las explotaciones
agropecuarias argentinas controlan el 50% de la tierra del país,
mientras que el 57% de las explotaciones agropecuarias controlan
apenas el 3% del recurso”. (International
Land Coalition-La tierra un recurso en disputa-mayo 2015)
“Cabe
aclarar que, asimismo, los censos agropecuarios subestiman la
concentración de la propiedad de la tierra ya que la unidad censal
es el establecimiento o la explotación agropecuaria, lo que implica
que no pueda identificarse a los productores que posean más de una
explotación”. (MAGyP-Florencia
Gómez Galizzi y Eduardo L. Polcan-2011)
“El
Censo Nacional Agropecuario del año 2002 determinó que de los
174.508.564 de hectáreas agropecuarias de todo el país, 74.000.003
estaban en poder de tan sólo 4.000 dueños. Son las propiedades que
van desde las 5.000 has en adelante.
Esto implica que el 1,3% de los propietarios (sobre un total de casi 300.000) poseen el 43% de la superficie; y que de las 297.425 explotaciones existentes en el país, 246.947 tenían menos de 500 hectáreas; lo cual significa que las propiedades que excedían las 500 hectáreas eran 50.478; y que habían desaparecido 104.000 productores (con relación al censo de 1998). Estableció además que la superficie media para la explotación agropecuaria en la Argentina era de 470 hectáreas frente a las 180 de EE UU y a las 50 de Europa. En EE UU, sólo en los Estados de Nueva México, Nevada, Wyoming y Arizona, hay ranchos que alcanzan las 2.000 hectáreas. En Argentina los mega emprendimientos oscilan entre las 350.000 y 600.000 hectáreas”. (FIDA-La problemática de la tierra en argentina-agosto de 2011)
Esto implica que el 1,3% de los propietarios (sobre un total de casi 300.000) poseen el 43% de la superficie; y que de las 297.425 explotaciones existentes en el país, 246.947 tenían menos de 500 hectáreas; lo cual significa que las propiedades que excedían las 500 hectáreas eran 50.478; y que habían desaparecido 104.000 productores (con relación al censo de 1998). Estableció además que la superficie media para la explotación agropecuaria en la Argentina era de 470 hectáreas frente a las 180 de EE UU y a las 50 de Europa. En EE UU, sólo en los Estados de Nueva México, Nevada, Wyoming y Arizona, hay ranchos que alcanzan las 2.000 hectáreas. En Argentina los mega emprendimientos oscilan entre las 350.000 y 600.000 hectáreas”. (FIDA-La problemática de la tierra en argentina-agosto de 2011)
“…en
la Argentina,…el promedio de las fincas en el 1% superior es de más
de 22.000 hectáreas.
“América Latina es la región del mundo más desigual en cuanto a
la distribución de la tierra. El coeficiente de Gini para la tierra
-un indicador entre 0 y 1 donde 1 representa la máxima desigualdad-
es de 0,79 para el conjunto de la región, siendo 0,85 en América
del Sur y 0,75 en América Central. Se trata de niveles de
concentración muy superiores a los observados en Europa (0,57),
África (0,56) o Asia (0,55)”.
“…los
datos comparados de los CNA (Censos
Nacionales Agropecuarios)
de 1988 y 2002 indican que hubo una reorganización en la estructura
agraria argentina, con una disminución de 82,824 productores en el
estrato de menos de 500 ha (lo cual representa 5 millones de ha) y un
aumento de 2 mil productores en los estratos de entre 500 a 5,000 ha
(lo que representa 4 millones más de hectáreas). Por su parte, la
escala superior de más de 5 mil ha se encuentra prácticamente
inalterada; es decir, mantiene la misma cantidad de empresas
agropecuarias (EAP) y la misma cantidad de superficie (Sili y
Soumoulou 2011: 52). Ahora bien, desde el punto de vista de las
regiones, aquellas que se vieron más influenciadas por estos cambios
en los estratos de menos de 500 ha fueron la región Pampeana (54,000
productores menos) y el NEA (11,500 productores menos). En cambio, la
región que más productores ganó en la categoría de explotaciones
de entre 500 y 5,000 ha fue la Patagonia, con 1,525 productores
adicionales, y las que menos crecieron en este segmento fueron el NOA
y Cuyo”.
“La
tenencia de la tierra en Argentina se ha ido concentrando en pocas
manos. Actualmente (publicado
en mayo 2015),
existen menos explotaciones agropecuarias que hace 2 décadas y solo
4 mil propietarios poseen el 50% de la tierra productiva del país”.
• Terratenientes
Oxfam también presentó hace semanas otro informe sobre el reparto de la tierra en América latina, donde evidenció que solo 1% de las fincas acapara más de la mitad de la superficie productiva, es decir, que este 1% concentra más tierra que el 99% restante.
En el país, el 0,94% de los dueños de las grandes extensiones productivas maneja el 33,89% del total del territorio argentino. El 99,06% restante controla apenas el 66,11%.
Se trata de explotaciones agropecuarias que tienen en promedio más de 2.000 hectáreas (equivalentes a 4.000 canchas de fútbol), aunque en países del Cono Sur están muy por encima de este tamaño: por ejemplo en la Argentina, donde el promedio de las fincas en el 1% superior es de más de 22.000 hectáreas.
El director de Oxfam para América Latina y el Caribe, Simon Ticehurst, reconoció que las cifras son "alarmantes" y estimó que "solo llevarán a una agudización de la violencia y a retrocesos democráticos", porque esta situación "no ofrece un camino para el desarrollo sostenible, ni para los países, ni para las poblaciones".
La entidad responsabiliza a las dirigencias políticas por la creciente concentración en pocas manos, incluso, las extranjeras. "La mayoría de los gobiernos de la región, independientemente de su color político, han mantenido la apuesta por el extractivismo -un modelo productivo basado en la extracción y explotación de los recursos naturales para obtener grandes volúmenes de materias primas- como el principal motor de sus economías", evaluó el reporte. Los combustibles fósiles, metales, madera, carne y vegetales representan juntas más de la mitad de las exportaciones totales en la mayoría de países de la región.
En el extremo opuesto a las grandes fincas se encuentra la pequeña propiedad, un sector mayoritario al que pertenecen cuatro de cada cinco explotaciones agropecuarias en la región, destacó la organización sin fines de lucro. En base a los censos agropecuarios en 16 países de la región, Oxfam determinó que las pequeñas fincas utilizan menos del 13% de la tierra productiva total, con una superficie promedio de 9 hectáreas en América del Sur y 1,3 hectáreas en América Central.
En la Argentina existen 246.947 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) registradas, que ocupan 23,2 millones de hectáreas. Las UPA nacionales computan 94 hectáreas cada una, lo que implica una extensión diez veces mayor al promedio de sus vecinos cercanos. El 83% de esas UPA solo abarca al 13,3% del total de tierras lucrativas del país. "En países como Argentina o Uruguay, el tamaño promedio de la pequeña propiedad está cercano a las cien hectáreas, lo que se consideraría gran propiedad en países centroamericanos donde en promedio las fincas pequeñas apenas oscilan entre una y tres hectáreas", sostuvo el trabajo.
La Argentina es miembro destacado de las "repúblicas unidas de la soja", que también integran Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, por orden de importancia. Según Oxfam, estos países producen más de la mitad de la soja consumida en todo el mundo. "Entre 1990 y 2014, triplicaron el área de cultivo y quintuplicaron la producción hasta alcanzar conjuntamente más de 150 millones de toneladas en 60 millones de hectáreas, una extensión más grande que la superficie de Paraguay y Uruguay juntos", señaló.
Si bien remarcan que los modelos agroexportadores pueden impulsar el crecimiento económico, mejorar los servicios públicos y favorece la inversión social, también advierten que la dependencia de los sectores extractivos implica riesgos importantes, asociados a la volatilidad en los mercados internacionales y elevados costos ambientales y sociales. ( https://www.ambito.com/politica/se-profundiza-la-concentracion-la-tierra-la-argentina-apenas-1-acapara-33-del-territorio-n3969517 )
Oxfam también presentó hace semanas otro informe sobre el reparto de la tierra en América latina, donde evidenció que solo 1% de las fincas acapara más de la mitad de la superficie productiva, es decir, que este 1% concentra más tierra que el 99% restante.
En el país, el 0,94% de los dueños de las grandes extensiones productivas maneja el 33,89% del total del territorio argentino. El 99,06% restante controla apenas el 66,11%.
Se trata de explotaciones agropecuarias que tienen en promedio más de 2.000 hectáreas (equivalentes a 4.000 canchas de fútbol), aunque en países del Cono Sur están muy por encima de este tamaño: por ejemplo en la Argentina, donde el promedio de las fincas en el 1% superior es de más de 22.000 hectáreas.
El director de Oxfam para América Latina y el Caribe, Simon Ticehurst, reconoció que las cifras son "alarmantes" y estimó que "solo llevarán a una agudización de la violencia y a retrocesos democráticos", porque esta situación "no ofrece un camino para el desarrollo sostenible, ni para los países, ni para las poblaciones".
La entidad responsabiliza a las dirigencias políticas por la creciente concentración en pocas manos, incluso, las extranjeras. "La mayoría de los gobiernos de la región, independientemente de su color político, han mantenido la apuesta por el extractivismo -un modelo productivo basado en la extracción y explotación de los recursos naturales para obtener grandes volúmenes de materias primas- como el principal motor de sus economías", evaluó el reporte. Los combustibles fósiles, metales, madera, carne y vegetales representan juntas más de la mitad de las exportaciones totales en la mayoría de países de la región.
En el extremo opuesto a las grandes fincas se encuentra la pequeña propiedad, un sector mayoritario al que pertenecen cuatro de cada cinco explotaciones agropecuarias en la región, destacó la organización sin fines de lucro. En base a los censos agropecuarios en 16 países de la región, Oxfam determinó que las pequeñas fincas utilizan menos del 13% de la tierra productiva total, con una superficie promedio de 9 hectáreas en América del Sur y 1,3 hectáreas en América Central.
En la Argentina existen 246.947 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) registradas, que ocupan 23,2 millones de hectáreas. Las UPA nacionales computan 94 hectáreas cada una, lo que implica una extensión diez veces mayor al promedio de sus vecinos cercanos. El 83% de esas UPA solo abarca al 13,3% del total de tierras lucrativas del país. "En países como Argentina o Uruguay, el tamaño promedio de la pequeña propiedad está cercano a las cien hectáreas, lo que se consideraría gran propiedad en países centroamericanos donde en promedio las fincas pequeñas apenas oscilan entre una y tres hectáreas", sostuvo el trabajo.
La Argentina es miembro destacado de las "repúblicas unidas de la soja", que también integran Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, por orden de importancia. Según Oxfam, estos países producen más de la mitad de la soja consumida en todo el mundo. "Entre 1990 y 2014, triplicaron el área de cultivo y quintuplicaron la producción hasta alcanzar conjuntamente más de 150 millones de toneladas en 60 millones de hectáreas, una extensión más grande que la superficie de Paraguay y Uruguay juntos", señaló.
Si bien remarcan que los modelos agroexportadores pueden impulsar el crecimiento económico, mejorar los servicios públicos y favorece la inversión social, también advierten que la dependencia de los sectores extractivos implica riesgos importantes, asociados a la volatilidad en los mercados internacionales y elevados costos ambientales y sociales. ( https://www.ambito.com/politica/se-profundiza-la-concentracion-la-tierra-la-argentina-apenas-1-acapara-33-del-territorio-n3969517 )
(Publicación
de 9/2011)
“…grupos argentinos poseen grandes extensiones de tierra: Amalia
Lacroze de Fortabat, 220.000 has; el grupo Grobocopatel, 170.000 has
(reconoce como propias 15.000, al resto, como arrendadas…); el
grupo Bemberg (ex dueños de la cervecería Quilmes), 143.000;
Whertein, 100.000; la familia Blaquier 45.000; Adecoagro (como socio
aparece Soros), 200.000 has; Victorio Gualtieri (vinculado al ex
Presidente Eduardo Duhalde y con causas penales) 20.000 has en el
delta entrerriano. Deben mencionarse además a los grupos IRSA y El
Tejar. Según el Censo Nacional Aropecuario del año 2002, de las 35
familias tradicionales que en el Censo de 1913 concentraban la mayor
parte de las tierras, 30 seguían siendo grandes propietarios;
destacándose los Anchorena con 40.000 has y los Gómez Alzaga con
60.000”.
De todo la anterior resulta
claramente un alto grado de concentración de la tierra y
además tendencia en ese sentido, lo cual expulsa
permanentemente de la producción a pequeños y medianos propietarios
y otorga a la oligarquía terrateniente un gran poder económico,
mediático, judicial y político, que ha jugado siempre de manera
retrógrada para los intereses populares y en particular para el
impulso a un desarrollo industrial.
(
https://www.tesis11.org.ar/aportes-para-un-programa-de-gobierno-la-cuestion-agraria-en-argentina/
)
Más
de 12,5 millones de hectáreas se encuentran en manos de extranjeros,
de las cuales casi dos son de firmas radicadas en paraísos fiscales.
Mientras el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner buscó
limitar el desembarco de foráneos, Cambiemos hizo modificaciones
para atraer inversiones y decidió “liberar las tranqueras”
territoriales.
“Ese
árbol lo plantó mi abuelo”,
dice Artemio Quintriqueo, el miembro más anciano de la comunidad Pu
Lof que lleva su nombre en un rincón del Parque Nacional Nahuel
Huapi. Señala con el dedo a un ejemplar en el medio de las coníferas
patagónicas, indistinguible en el bosque. Pero él está seguro, es
ese. Y eso, para
él, es evidencia suficiente para reclamar ese lote como propio.
Quintriqueo
es una comunidad mapuche reconocida por la Ley de Comunidades
Indígenas 26.160. Pero a unos 80 kilómetros, en Villa Mascardi,
otro
grupo irrumpió de forma violenta para reclamar cinco hectáreas en
un predio que está a nombre de la familia estadounidense Grehan, en
un conflicto que quebró la paz del lugar.
Hacia el sur, por la ruta 40, un grupo de vecinos realizó el año
pasado la marcha por la “soberanía al Lago Escondido”. Fue para
reclamar por senderos públicos dentro del predio que pertenece al
empresario inglés Joseph Lewis. A escasos kilómetros, en Chubut,
murió ahogado Santiago Maldonado durante un operativo de la
Gendarmería. El joven estaba allí en apoyo a la causa mapuche, que
reclama tierras dentro de la estancia Leleque, de los empresarios
italianos Benetton.
La
Argentina tiene 266.711.077 hectáreas de tierras rurales con
posibilidad de explotación agropecuaria, ganadera, vitivinícola o
minera. Es 15 veces la superficie total de Uruguay, nueve veces la
superficie de Italia o cinco veces la superficie de España. De
acuerdo con datos
del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) -dependiente del
Ministerio de Justicia de la Nación-, un
5,57% de ese territorio rural argentino hoy está en manos de
extranjeros.
Son
12.520.826 hectáreas, equivalentes, por ejemplo, a casi la mitad de
la provincia de Misiones o a 622 veces la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
De
acuerdo con el libro Tierras SA, de los periodistas Andrés Klipphan
y Daniel Enz, entre
los grandes terratenientes argentinos hay extranjeros como Luciano
Benetton y Joseph Lewis, pero también conocidas figuras locales.
Entre ellos, “ex ministros de Economía, como Pedro Pou y Roque
Fernández; ex gobernadores, como Ramón Puerta; estrellas del
deporte, como Gabriel Batistuta y Manu Ginóbili; y ricos y famosos,
como Marcelo Tinelli y Huberto Roviralta”.
Otros
propietarios de la tierra argentina, en cambio, son ignotos. Sus
nombres se ocultan detrás de sociedades offshore,
empresas de papel que muchas veces le otorgan el beneficio del
anonimato a sus verdaderos dueños. En
el país, casi dos millones de hectáreas están en manos de firmas
radicadas en paraísos fiscales,
según los datos provistos por el Registro Nacional de Tierras
Rurales ante un pedido de información pública que cursó Chequeado.
Es más que la suma de las superficies de Liechtenstein, Bahamas,
Islas Caimán, Barbados y las Islas Vírgenes Británicas, cinco de
los más afamados enclaves offshore.
La
cantidad y la calidad del territorio que puede venderse a personas o
empresas extranjeras quedó regulada por la Ley 26.737,
que estipuló el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la
Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Sancionada en
diciembre de 2011 e impulsada por el kirchnerismo para frenar “la
extranjerización de nuestra tierra”, esa norma estableció, entre
otros puntos, un límite de mil hectáreas a un titular extranjero en
la denominada zona agrícola núcleo (que está ubicada en el norte
bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba) o las
equivalencias de cada provincia.
La
ley fija topes. Las
tierras en manos de extranjeros no pueden superar el 15% a nivel
nacional, provincial y departamental.
Por nacionalidad, a su vez, no puede superar el 30% de ese 15 por
ciento. O sea, una
misma nacionalidad no puede tener más del 4,5% de las tierras de un
departamento, de una provincia o del país.
La
normativa no afectó los derechos adquiridos. Si una empresa o una
persona extranjera poseían tierras por fuera de los límites
impuestos por la Ley 26.737, el Estado argentino no pudo retrotraer
la situación, porque hubiera sido inconstitucional, explicaron desde
el RNTR. Hoy
hay 50 distritos en “offside”, que superan los límites que
impone la ley,
de acuerdo con documentos provistos por dicho organismo.
Según
el Registro de Tierras Rurales, creado por la Ley Nacional 26.737,
aproximadamente 62 millones de hectáreas de la República Argentina
(35% del territorio Nacional) figura como propiedad de 1.250
terratenientes (0,1% de los propietarios privados). Esta proporción
aumenta cuando nos referimos específicamente a la Patagonia
Argentina.
Más
de 12,5 millones de hectáreas se encuentran en manos de extranjeros,
de las cuales casi dos son de firmas radicadas en paraísos fiscales.
Mientras el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner buscó
limitar el desembarco de foráneos, Cambiemos hizo modificaciones
para atraer inversiones y decidió “liberar las tranqueras”
territoriales.
“Ese
árbol lo plantó mi abuelo”, dice Artemio Quintriqueo, el miembro
más anciano de la comunidad Pu Lof que lleva su nombre en un rincón
del Parque Nacional Nahuel Huapi. Señala con el dedo a un ejemplar
en el medio de las coníferas patagónicas, indistinguible en el
bosque. Pero él está seguro, es ese. Y eso, para él, es evidencia
suficiente para reclamar ese lote como propio.
Quintriqueo
es una comunidad mapuche reconocida por la Ley de Comunidades
Indígenas 26.160. Pero a unos 80 kilómetros, en Villa Mascardi,
otro grupo irrumpió de forma violenta para reclamar cinco hectáreas
en un predio que está a nombre de la familia estadounidense Grehan,
en un conflicto que quebró la paz del lugar. Hacia el sur, por la
ruta 40, un grupo de vecinos realizó el año pasado la marcha por la
“soberanía al Lago Escondido”. Fue para reclamar por senderos
públicos dentro del predio que pertenece al empresario inglés
Joseph Lewis. A escasos kilómetros, en Chubut, murió ahogado
Santiago Maldonado durante un operativo de la Gendarmería. El joven
estaba allí en apoyo a la causa mapuche, que reclama tierras dentro
de la estancia Leleque, de los empresarios italianos Benetton.
La
Argentina tiene 266.711.077 hectáreas de tierras rurales con
posibilidad de explotación agropecuaria, ganadera, vitivinícola o
minera. Es 15 veces la superficie total de Uruguay, nueve veces la
superficie de Italia o cinco veces la superficie de España. De
acuerdo con datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR)
-dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación-, un 5,57% de
ese territorio rural argentino hoy está en manos de extranjeros. Son
12.520.826 hectáreas, equivalentes, por ejemplo, a casi la mitad de
la provincia de Misiones o a 622 veces la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
De
acuerdo con el libro Tierras SA, de los periodistas Andrés Klipphan
y Daniel Enz, entre los grandes terratenientes argentinos hay
extranjeros como Luciano Benetton y Joseph Lewis, pero también
conocidas figuras locales. Entre ellos, “ex ministros de Economía,
como Pedro Pou y Roque Fernández; ex gobernadores, como Ramón
Puerta; estrellas del deporte, como Gabriel Batistuta y Manu
Ginóbili; y ricos y famosos, como Marcelo Tinelli y Huberto
Roviralta”.
Otros
propietarios de la tierra argentina, en cambio, son ignotos. Sus
nombres se ocultan detrás de sociedades offshore, empresas de papel
que muchas veces le otorgan el beneficio del anonimato a sus
verdaderos dueños. En el país, casi dos millones de hectáreas
están en manos de firmas radicadas en paraísos fiscales, según los
datos provistos por el Registro Nacional de Tierras Rurales ante un
pedido de información pública que cursó Chequeado. Es más
que la suma de las superficies de Liechtenstein, Bahamas, Islas
Caimán, Barbados y las Islas Vírgenes Británicas, cinco de los más
afamados enclaves offshore.
La
cantidad y la calidad del territorio que puede venderse a personas o
empresas extranjeras quedó regulada por la Ley 26.737, que estipuló
el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad,
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Sancionada en diciembre
de 2011 e impulsada por el kirchnerismo para frenar “la
extranjerización de nuestra tierra”, esa norma estableció, entre
otros puntos, un límite de mil hectáreas a un titular extranjero en
la denominada zona agrícola núcleo (que está ubicada en el norte
bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba) o las
equivalencias de cada provincia.
La
ley fija topes. Las tierras en manos de extranjeros no pueden superar
el 15% a nivel nacional, provincial y departamental. Por
nacionalidad, a su vez, no puede superar el 30% de ese 15 por ciento.
O sea, una misma nacionalidad no puede tener más del 4,5% de las
tierras de un departamento, de una provincia o del país.
La
normativa no afectó los derechos adquiridos. Si una empresa o una
persona extranjera poseían tierras por fuera de los límites
impuestos por la Ley 26.737, el Estado argentino no pudo retrotraer
la situación, porque hubiera sido inconstitucional, explicaron desde
el RNTR. Hoy hay 50 distritos en “offside”, que superan los
límites que impone la ley, de acuerdo con documentos provistos por
dicho organismo.
https://www.chequeado.com/investigacion/quienes-son-los-duenos-de-las-tierras-en-la-argentina/
En los últimos 30 años, la
pobreza siempre afectó a 25 por ciento o más de la población del
país. La pobreza deriva en múltiples vulneraciones de derechos de
las personas que la padecen y además impide un desarrollo social y
económico sustentable del país en su conjunto. En consecuencia, se
trata de uno de los principales desafíos del país. A menudo se
piensa en la pobreza como una situación homogénea, que afecta a
quienes se encuentran en ella de igual modo. Sin embargo, hay
múltiples formas de vivir esta situación en la Argentina. Atender a
esa diversidad es fundamental para diseñar e implementar políticas
públicas específicas para cada escenario.
Hay una dimensión temporal que
es preciso tener en cuenta. Alrededor del 28 por ciento de las
personas en situación de pobreza la empezaron a experimentar en los
últimos dos años, como consecuencia de la recesión económica, la
espiral inflacionaria, la destrucción de puestos de trabajo y la
pérdida de poder adquisitivo de los salarios. En el caso de estos
“nuevos pobres”, la respuesta del Estado debe estar orientada a
la promoción de medidas económicas y laborales que permitan generar
puestos de trabajo decente y cubrir así sus necesidades de consumo.
Aquí, el crecimiento económico juega un rol fundamental, dado que
viene acompañado de oportunidades de empleo para esta clase media
empobrecida.
No obstante, existe otro grupo de
personas que padece la pobreza de forma crónica. Es el 10 por ciento
de la población con menores probabilidades de salir de esta
situación de vulnerabilidad, incluso en períodos de alto
crecimiento económico. Las respuestas de política pública son
diferentes en este caso. Primero, porque según un estudio de CIPPEC,
PNUD y CEDLAS, esta población está inserta en el mercado laboral.
Sin embargo, ocupan puestos de trabajo de baja calidad, informales,
con remuneraciones esporádicas y sin acceso a la protección social.
Las intervenciones públicas deben, entonces, estar orientadas a la
mejora de la calidad de esos empleos, mediante políticas de
fiscalización y formalización laboral. Segundo, porque las brechas
de género en la participación laboral se amplían respecto de la
población no pobre. Esto es producto de las mayores
responsabilidades de cuidado y la ausencia de servicios de crianza,
enseñanza y cuidado para los niños más pequeños.
El rol del Estado es el de
generar espacios en donde los niños puedan estimularse y vincularlos
con ofertas de finalización de la educación obligatoria y formación
laboral para sus padres y madres. Finalmente, las políticas deben
tener en cuenta la sobrerrepresentación de niños y adolescentes
entre las personas que padecen pobreza crónica: son más de la mitad
de ese grupo. Las medidas públicas deben contemplar la garantía de
ingresos adecuados a las familias con niños, mediante el
fortalecimiento de las asignaciones familiares, sobre todo la
Asignación Universal por Hijo (AUH). A la vez, es preciso avanzar en
una estrategia contra la malnutrición infantil, que incluye la
desnutrición pero también el sobrepeso y la obesidad. En
consecuencia, es fundamental que el Plan de Lucha contra el Hambre
que lanzó el gobierno se convierta, paulatinamente, en una política
de garantía alimentaria que contemple lineamientos nutricionales
adecuados.
Otra dimensión fundamental a
considerar en una estrategia integral contra la pobreza es la
territorial. La experiencia del vivir en la pobreza no es la misma en
cualquier lugar, dado que cada jurisdicción tiene una estructura de
población y de oportunidades económicas diferente. El éxito de las
políticas mencionadas antes depende, en buena medida, de cómo se
implementen en los territorios. Para ello, es clave contar con un
mapeo preciso de la incidencia de la pobreza (y más aún, de los
diferentes tipos de pobreza) en cada provincia y departamento, para
así poder tomar decisiones informadas sobre qué áreas priorizar y
con qué batería de medidas.
En
resumen, solamente una estrategia bien informada, correctamente
diferenciada según las características de la pobreza, y
adecuadamente implementada en el territorio podrá perforar el piso
del 25 por ciento sobre el que se erige la pobreza en la Argentina
hace 30 años, explica
José
Florito, Coordinador del programa de Protección Social de CIPPEC. (
https://www.pagina12.com.ar/242707-bajo-supervision-del-estado
)
El Hambre nunca tiene que ver con
la producción de alimentos, siempre con la distribución de la
riqueza. Monseñor Helder Cámara (1909-1999), en un viejo libro se
preguntaba: ¿de qué sirve la carne colgada en el gancho de la
carnicería sino tengo plata para comprarla? El caso Argentino es el
más paradigmático de todos en este sentido.
La causa madre de todas las
inequidades alimentarias argentina es el modelo de producción
agrícola que nos asignó la globalización y que definimos como:
“monocultivo inducido, con concentración de tierras y rentas”.
El principal rol de la agricultura en tiempos del neoliberalismo no
es producir alimentos para la mesa familiar, sino excedentes
exportables. Para eso el macrismo bajó salarios y jubilaciones.
Menos consumo interno, más saldos exportables. Las tierras se
reorientan casi exclusivamente a cultivos de exportación, como la
soja, que se exporta el 97 por ciento de lo que se cosecha.
Este modelo le arrebató a la
ganadería alrededor de 10.000.000 de hectáreas en la pampa húmeda,
y deforestó cerca de 7.000.000 de hectáreas de bosque en los
últimos 20 años. Donde estaban las vacas se sembró y donde estaba
el monte natural se trasladó la ganadería y soja. Esto significo el
fin del consumo de cercanía, por lo que desaparecieron cerca de
200000 explotaciones.
La chacra mixta y los cordones
periurbanos que eran los históricos proveedores del consumo de
cercanía, ya no existen. Ahora los alimentos viajan miles de km.
Este modelo productivo produjo tres consecuencias graves a considerar
que impactan de lleno en el costo de los alimentos y que la derecha
inteligentemente invisibilizó en el debate político, y el campo
nacional y popular por negligencia se lo permitió:
a) La concentración de tierras y
rentas. La plataforma donde se producen los alimentos es el suelo y
si el suelo esta concentrado en pocas manos (latifundio) alguien paga
demás por esa concentración, ¿más que obvio, no?
b) Los monopolios alimentarios
integrados verticalmente. Esto funciona así: el suelo, más la
producción del suelo, más la elaboración de lo que produce el
suelo, más el transporte, y la venta de todo “eso” se concentra
en una misma y sola mano. Es lo que se llama integración vertical
agroalimentaria, léase: Paladini, AGD, Los Grobo, etc. Un modo de
producir letal, que hiere a la democracia y a los bolsillos populares
por igual.
c) La irracionalidad logística
de la producción de alimentos es total e increíble, y formadora de
precio. Todo el proceso antes descripto se hace en camión y con
costos dolarizados. Veamos algunos ejemplos: la leche recorre 1000km
promedio para llegar a la mesa de los argentinos, la carne alrededor
de 500km; todo el pollo y el huevo que consume el NEA y el NOA se
“fabrican” en Entre Ríos- Bs As-Sta. Fe, o sea que recorren 1000
km para llegar a los consumidores.
El 95 por ciento de la cosecha se
trasporta en camión, para lo cual necesitamos 5 millones de viajes,
mas otro millón para trasladar la hacienda (bovina, porcina, lanar
etc.).Todo va y viene por carreteras, miles de Km, todo a base de gas
oíl e insumos dolarizados. Ni hablar de la polución que genera, ni
de los accidentes viales que están directamente relacionados con
esta superpoblación de vehículos. La Argentina tiene los costos de
logística más altos de la región, un 33 por ciento de su PBI. El
35 por ciento promedio del precio de un producto es movimiento, y el
50 por ciento de esos costos están dolarizados. Si los alimentos
recorren miles de Km para llegar a los consumidores y todo es de modo
carretero y en dólares, y los salarios son en pesos; allí, sin duda
hay un problema grave, que tiene que ver con la accesibilidad a los
alimentos. ¿O no?
La lucha contra el hambre debe
incluir necesariamente un cambio rotundo de la matriz productiva. No
es solo poner dinero en una tarjeta para la compra de alimentos. Si
nos quedamos ahí, corremos el riesgo de que en vez de solucionar el
hambre que padecen millones de compatriotas, solo vamos a mejorar los
balances de Coto, La Serenísima etc. Los monopolios son parte del
problema en la lucha contra el hambre, no de la solución.
¿Que proponemos?: Volver al
consumo de cercanía; ¿cómo?, fácil, pero difícil. Crear una
secretaria de Estado que se ocupe de la promoción de la
agroecología, que verifique e impulse la reconversión productivas
de las franjas periurbanas prohibidas de fumigar. De allí debe
volver a salir el abasto de las ciudades y pueblos. Reformar la carta
orgánica del INTA y darle lugar a otros tipos y modos de
producciones, ¿porque tiene que tener la M.E. el monopolio de la
representación de los productores en el directorio del INTA? Nada de
esto se hace de la noche a la mañana, todo lleva su tiempo, pero en
algún momento hay que empezar antes de que sea demasiado tarde. El
camino es el del Movimiento Arraigo y la experiencia de San Antonio
de Areco durante la gestión de Paco Durañona. Es por allí no por
otro lado, escribe Pedro Peretti, Ex director de Federación Agraria
Argentina (FAA) .
"Sin tierra para el
productor no puede haber lucha contra el hambre." El coordinador
nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Nahuel
Levaggi, lo dice con la claridad de las decenas de "verdurazos"
que visibilizaron la ausencia de políticas públicas para la
agricultura familiar durante el macrismo; con la contundencia de las
14 mil familias productoras que representan en todo el país un
camino hacia la agroecología y con la certeza de los almacenes y
colonias agrícolas, que ya demuestran que ese camino es posible. Lo
que resta para la UTT es el avance de la Ley de Acceso a la Tierra,
que volverán a presentar en marzo, tras cuatro años de impulsarla
sin suerte en el Parlamento y con la esperanza de poder hacerla
realidad con el inicio del primer año legislativo tras el cambio de
Gobierno.
La propuesta de la UTT tiene dos
ejes centrales: la creación de una línea de créditos blandos
accesibles a los productores de la agricultura familiar, algo así
como un "Procrear agropecuario", y el acesso a tierras
fiscales para la creación de colonias agroecológicas, una
experiencia colectiva que la organización de la agricultura familiar
ya hizo realidad en seis localidades a lo largo del país,
produciendo verduras agroecológicas y potenciando otras lógicas de
comercialización.
2,5 % de la tierra explotada. El
modelo extensivo con la aplicación del paquete agroquímico en manos
de pocos propietarios es la regla.
"Comer en la Argentina es
caro porque tenemos un modelo de producción dolarizado en tarifas,
insumos, combustible y renta de la tierra. Todo está dolarizado
menos nuestros salarios.
Para garantizar que haya
alimentos de buena calidad y a precios bajos, el acceso a la tierra
es lo primero; sumado al fomento de la agroecología y los mercados
de cercanía. Si se combate el hambre solo con tarjetas
alimentarias, el esquema de producción se mantiene y la renta queda
en las mismas manos", describe Levaggi.
La opción por la agricultura
familiar no hizo mella en la gestión de Juntos por el Cambio, que
puso al frente a la cartera de Agroindustria, al ex presidente de la
Sociedad Rural, Miguel Etchevehere, y liquidó todas las líneas de
trabajo, de diálogo y beneficios para la agricultura familiar. El
contexto parece ser otro con el gobierno del Frente de Todos.
Justicia
El primer intento del kirchnerimo
por acotar las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos
resultó derrotado. Fue en mayo de 2012, cuando el entonces titular
de la Anses, Diego Bossio, se presentó en el Congreso para advertir
que esos sistemas previsionales generaban una desigualdad mayúscula
con el resto de los jubilados y provocaban un desequilibrio fiscal
cada vez más importante. La jubilación media de los jueces en ese
momento se ubicaba en 22.077 pesos, contra los 2.233 pesos del haber
medio del régimen general. La diferencia era prácticamente de 10
veces. El lobby de la corporación judicial, sin mayores grietas
entre progresistas y reaccionarios, logró en aquella ocasión
torcerle el brazo al gobierno y la iniciativa quedó en la nada. Fue
una victoria muy redituable para los sectores que defienden la
desigualdad social.
Ocho años después, cuando el
Frente de Todos vuelve a la carga con el tema, la distancia entre los
haberes de los jueces y el resto de los jubilados se ha estirado de
10 a 14 veces. Los primeros pasaron a ganar 293.107 pesos como
ingreso medio (la jubilación se multiplicó por 13 en esos ocho
años), mientras que los del régimen general quedaron en 20.575
pesos (la suba fue por 9 en relación a 2012). La ampliación de esa
brecha de manera tan notable demuestra que efectivamente era
necesaria la reforma de las jubilaciones de privilegio en 2012 para
evitar que la desigualdad se siguiera agigantando. Si la ley se
hubiese aprobado aquel año y los jueces hubieran conservado la
distancia de ganar “solo” diez veces más que la jubilación
media general, entonces en este momento cobrarían 205.750 pesos de
jubilación, no los 293.107 pesos que perciben en realidad. Son unas
200 pizzas que se apropiaron los jueces, en términos de Prat Gay.
Esta evolución regresiva debería
motivar alguna clase de autocrítica por parte de quienes se
opusieron a la reforma de los regímenes de privilegio a principios
de la década pasada. Pero el caso expone cuánto cuesta arrancar
avances en materia distributiva.
Ni siquiera la cuestión fiscal
movilizó a economistas y sectores de la oposición en este debate.
No se puso énfasis en el exceso del gasto público para pagar las
jubilaciones de jueces y diplomáticos, ni en ninguno de los otros
dogmas neoliberales que se usan habitualmente para cortar derechos a
las mayorías populares. A Juntos por el Cambio en esta ocasión lo
sensibiliza no afectar derechos adquiridos. Esa es su preocupación
principal, que se mantengan los beneficios extraordinarios para los
jueces y diplomáticos por el mayor tiempo posible. Es una actitud
loable. Garantizar derechos, aunque sean privilegios para unos pocos
en un escenario de emergencia social. Por eso el PRO, la UCR y la
Coalición Cívica reclaman la inclusión de un artículo que diga
taxativamente que ningún integrante del sistema judicial perderá
los derechos adquiridos. Esa defensa conmovedora contrasta con el
desprecio que mostró el gobierno de Mauricio Macri en relación a
los derechos adquiridos de la inmensa mayoría de los argentinos
durante su gestión.
El régimen de jubilaciones
especiales para los jueces ocasionó un déficit al Estado de 9.914
millones de pesos el año pasado, ya que los aportes de los
beneficiarios de esa caja no alcanzaron a cubrir los gastos que
ocasiona pagar haberes tan altos, de 293 mil pesos en promedio en
diciembre último. Esos 9.914 millones de pesos que tuvieron que
detraerse del presupuesto general para tapar el agujero de los jueces
hubieran alcanzado para pagar 704 mil jubilaciones mínimas del
sistema público de reparto (de 14.068 pesos en diciembre). En este
punto también se observa lo grave que fue no haber aprobado la
reforma de las jubilaciones de privilegio en 2012. En aquel año, el
déficit del sistema previsional judicial resultó de 433 millones de
pesos, lo que equivalía a 257 mil jubilaciones mínimas de 1687
pesos. Es decir, el impacto en términos distributivos creció
exponencialmente los últimos ocho años. Se pasó de utilizar los
recursos equivalentes a 257 mil jubilaciones mínimas en 2012 para
pagarles más a los jueces a 704 mil haberes mínimos en 2019.
El Ministerio de Trabajo proyectó
una agudización del problema hacia adelante si no se acotan los
privilegios de los magistrados y demás miembros del Poder Judicial.
En 30 años, estimó, el déficit fiscal que se produciría por
sostener sus jubilaciones pasaría de los 9914 millones de pesos de
2019 a 27.937 millones.
Más allá de la cuestión
presupuestaria, los jueces tampoco encuentran auxilio en otro
argumento usual de los sectores conservadores para defender sus
intereses: la comparación con “el mundo”. Argentina debe hacer
lo que se hace en el mundo, dicen, en referencia a los países
centrales de Occidente. En ese sentido, la legislación comparada les
juega en contra. En España, país de referencia para la estructura
jurídica argentina en materia previsional, no existe un régimen
especial para los jueces. El tope de ingresos es de 2600 euros
mensuales, según destacó la diputada Mirta Tundis en la sesión de
la Cámara baja. En Brasil, ya analizando la situación en la región,
tampoco existe un régimen especial para el Poder Judicial. En
Colombia los jueces se jubilan dentro del régimen general, y las
prestaciones no pueden superar el equivalente a 25 salarios mínimos.
En México los jueces están incluidos en el sistema previsional del
conjunto de los trabajadores del Estado. En Uruguay sí se aplica un
sistema especial, con 70 años como edad mínima para el retiro.
Los mismos conceptos que
involucran al Poder Judicial se pueden aplicar para los jubilados del
Servicio Exterior. En su caso, el haber medio era de 27.560 pesos en
2012, en tanto que en la actualidad alcanza a 335.934 pesos. Es decir
que la jubilación de los diplomáticos se multiplicó más de 12
veces, contra 9 veces de la jubilación media del régimen general.
En consecuencia, en 2012 su ingreso era equivalente a 12 haberes
medios del sistema de reparto (de 2233 pesos), mientras que ahora son
más de 16 veces (con una jubilación media general de 20.575 pesos).
Frente a tanta desigualdad, la
voluntad política que muestra el gobierno de Alberto Fernández para
retomar una antigua disputa de su vicepresidenta, Cristina Fernández
de Kirchner, refleja la continuidad de los procesos políticos. Algo
similar se observa en relación al debate por la suba de retenciones
para la soja. Son disputas que exigen una fuerte unidad del campo
popular para poder avanzar. Es de esperar que esta vez sea una
lección aprendida.
El
licenciado en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad
Nacional de La Plata, Julián Maradeo, dio detalles de "Lobby:
como se construye el (verdadero) poder detrás del poder",
su último trabajo junto a Ignacio Damiani donde exponen la
matriz de intereses que dominan la Argentina y que conocemos como
lobby:
la Iglesia, los sindicatos, las corporaciones empresarial y
financiera, la política y el poder judicial.
"La justicia argentina es opaca y está lejos del control de la ciudadanía", explicó el periodista cuyas investigaciones vinculadas a las estrategias de comunicación de los movimientos sociales, el integrismo católico, las cárceles bonaerenses y Jaime Perriaux, entre otros, fueron publicadas en Página 12, Tiempo Argentino, La Izquierda Diario y Revista Ajo.
"La mayoría de los políticos prefieren acordar antes que ir a fondo", señaló.
Según Maradeo, la causa de los cuadernos de la corrupción "es trascendental más allá de lo que pueda llegar a afectar políticamente porque afectó la reputación corporativa de muchas empresas argentinas".
( http://infobrisas.com/nota.php?id=18942 )
"La justicia argentina es opaca y está lejos del control de la ciudadanía", explicó el periodista cuyas investigaciones vinculadas a las estrategias de comunicación de los movimientos sociales, el integrismo católico, las cárceles bonaerenses y Jaime Perriaux, entre otros, fueron publicadas en Página 12, Tiempo Argentino, La Izquierda Diario y Revista Ajo.
"La mayoría de los políticos prefieren acordar antes que ir a fondo", señaló.
Según Maradeo, la causa de los cuadernos de la corrupción "es trascendental más allá de lo que pueda llegar a afectar políticamente porque afectó la reputación corporativa de muchas empresas argentinas".
( http://infobrisas.com/nota.php?id=18942 )
Los diputados que responden
exclusivamente a Roberto Lavagna no dieron quorum en la escandalosa
sesión donde se aprobó el nuevo régimen de jubilaciones
especiales. Se trata de un sector que supo ayudar al gobierno
nacional en otros temas como las leyes de emergencia. Pero esta vez,
a pesar de que el propio Lavagna había advertido sobre “recortar
privilegios”, la actitud cambió. Por un lado, se habla de un
mensaje a Sergio Massa por excluirlos de la comisión que debatió el
tema jubilatorio. Por otro, había hecho mella en la bancada del
exministro de Economía las presiones del lobby de los jueces. La
cuestión será determinante para el oficialismo cuando se discuta la
reforma judicial.
Sí contaron con los cordobeses
que integran el interbloque del lavagnismo, pero que no responden
directamente al economista.
Y
resultó muy extraño que después apareciera Alejandro
‘Topo’ Rodríguez
a votar junto con el oficialismo a pesar de que al principio tampoco
dio el presente.
La
ausencia de los lavagnistas fue un mensaje para Sergio
Massa,
que los habría excluido de las negociaciones por la norma y de la
comisión que debatió los cambios al régimen jubilatorio de jueces
y diplomáticos.
El
bloque de Lavagna emitió un comunicado oficial al respecto donde
dijo: "Nuestro
interbloque (Federal) ha sido absolutamente excluido de este debate,
privándosenos incluso de participar de la Comisión de Previsión
Social, que por composición del cuerpo nos corresponde. La
modificación al sistema previsional del Poder Judicial es un tema
emblemático, en el que era absolutamente necesario la búsqueda de
acuerdos y consensos".
Además,
detallaron que "el
sistema previsional ha sufrido los vaivenes de las coyunturas
políticas. Aún recordamos el recorte del 13% al que apeló el
gobierno de (Fernando) De la Rúa, cuando tenía como ministra a la
señora (Patricia) Bullrich, o el brutal asalto al bolsillo de los
jubilados del gobierno de (Mauricio) Macri cuando cambió la fórmula,
o el reciente decreto del Poder Ejecutivo".
"Es
un tema estratégico, que debe ser verificado de manera integral y
fundamentalmente considerando que se trata del sistema previsional
con lo que significa previsionar en la vida de las personas. Volvemos
a exigir la necesidad de que el oficialismo considere los resultados
electorales de las pasadas elecciones, fundamentalmente en lo que
hace a su propia composición a efectos de adoptar las actitudes de
respeto y consideración que merecemos todos los representantes del
pueblo",
insistieron.
Esa bancada también estuvo bajo
presión del lobby judicial que operó para hacer naufragar el
proyecto oficial sobre las jubilaciones…y que casi logra que no se
haga la sesión.
La
actitud de los lavagnistas anticipa cómo podrían actuar cuando
aterrice en el Congreso la reforma judicial que incuba Alberto
Fernández.
Los
lavagnistas ‘puros’ son los integrantes del bloque denominado
Consenso Federal Graciela
Camaño,
Jorge
Sarghini
y Alejandro
‘Topo’ Rodríguez.
A ellos se suman los del bloque Justicialista Eduardo
‘Bali’ Bucca
y Andrés
Zottos.
El interbloque lo completan cordobeses y progresistas como Enrique
Estévez y Luis Contigiani.
Son los que no dieron quórum,
excepto por los cordobeses.
Aunque el ‘Topo’ bajó más
tarde a la sesión y votó a favor del proyecto del Gobierno.
Otro dato: antes de la sesión,
el bloque de Lavagna, conducido por Bucca, y el de Schiaretti no
condicionaron su apoyo al proyecto a la negociación con los
gobernadores.
Pero algunos diputados plantearon
diferencias. Zottos firmó el dictamen y planteó la necesidad de
incluir en el debate los pasivos provinciales para con Anses y el
Tesoro Nacional.
Fue
uno de los que después no dieron quorum.
Antes
de la sesión, el ‘Topo’ había dicho: "Estamos
estudiando el proyecto. Requiere análisis de expertos en lo legal,
previsional y financiero. Ambos regímenes especiales necesitan ser
modernizados y actualizados. Me parece lamentable que el método que
quieran imponer en la Cámara sea el del ‘arreo’. Así no van a
llegar a ningún lado”.
Fue uno de los que después votó
a favor.
¿Y
qué dijo Lavagna al respecto de la ley? El 25/2 en una entrevista
con Radio Con Vos dijo que “hay
que recortar privilegios”.
Consultado
por el proyecto del Frente de Todos, resaltó que el cambio en la
fórmula jubilatoria “era
inevitable”
a pesar de la polémica generada.
“Decir
que nada se puede tocar es demagógico. Hay que pensar en los que
menos tienen y tratar de recortar privilegios. En el mundo en
general, los sistemas jubilatorios están quebrados y hay que
animarse a enfrentar el problema”,
dijo.
El Senado comenzará a debatir la
próxima semana, en un plenario de comisiones que será convocado
para el miércoles o el jueves, el proyecto de ley de reforma de las
jubilaciones de privilegio de la justicia y el servicio exterior que
ya cuenta con media sanción de Diputados.
La decisión fue adoptada en una
reunión de la comisión de Trabajo y Previsión Social que ayer
quedó formalmente constituida, y será presidida por el legislador
del Frente de Todos, Daniel Lovera.
En ese marco, el titular de la
comisión de Trabajo informó que coordinará con las autoridades de
la comisión de Presupuesto, que encabeza el peronista cordobés
Carlos Caserio, la convocatoria al plenario para debatir el
proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
A horas del discurso del
presidente Alberto Fernandez con el que quedaronan oficialmente
inauguradas las sesiones en el Congreso de la Nación, donde se
espera que Alberto Fernández adelante reformas en el poder judicial,
el ex juez Luis Federico Arias opinó sobre las funciones de los
magistrados. “El poder judicial no tiene vinculación con la
sociedad. Los jueces no sienten la necesidad de legitimarse frente a
la sociedad”, expresó Arias y sostuvo que es necesario que
haya mayor diversidad y representación dentro de la justicia. “Si
un juez tiene que enfrentarse con grandes poderes para defender el
derecho de la gente no lo va a hacer. Prefiere no pelearse con las
corporaciones que lo sostienen en el poder”, manifestó. Ante esta
situación, Arias sostuvo que el gran desafío es tener audiencias
públicas para cada postulante a juez o fiscal. “Un intendente dura
cuatro años en su cargo, un juez toda la vida”.
Sobre la discusión de la reforma
de las jubilaciones de privilegio de jueces y fiscales Arias
consideró que no está mal que los jueces y fiscales ganen bien,
pero tiene que haber límites por una cuestión de justicia
distributiva. “No puede haber diferencias tan elevadas”, expresó
el ex juez y sostuvo que de igual manera existe una generalización
en cuanto a los jueces dado que no todos cobran igual. “Hay mucha
demonización y mucho mito con respecto a los jueces. Miran al poder
judicial como si todos los jueces fueran de Comodoro Py”.
Medios de comunicación
WarnerMedia es una compañía
conformada como resultado de la adquisición de Time Warner por parte
de AT&T. Esta operación fue anunciada en 2016 pero fue
materializada dos años más tarde, luego de verse demorada por el
rechazo de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. En Argentina
WarnerMedia cuenta con la propiedad de las señales de TV paga
Cartoon Network, Boomerang, Space, TNT, TNT Series, Warner Channel,
TBS, TCM, CNN, I-Sat, Much Music, Tooncast, truTV, HTV. Turner
Broadcasting System es la división que opera la mayoría de estos
canales, mientras que Home Box Office está a cargo de Cinemax y las
señales premium, como HBO y Max Prime. La presencia de WarnerMedia
en el campo info-comunicacional es mucho más amplia que la
televisión. Entre otros activos, posee estudios cinematográficos,
la Warner Bros, DC Comics y CNN Radio.
AT&T es además dueña de
DirecTV, que tiene a su vez la mitad del paquete accionario de
Torneos, uno de los propietarios de la señal TyC Sports (el otro
propietario de este canal es el Grupo Clarín). De este modo AT&T
tiene en su posesión el 25% de la señal deportiva.
ViacomCBS es uno de los grupos
mediáticos más importantes en la televisión argentina. En 2016
compró Telefe a la española Telefónica por un monto de U$S 345
millones. Junto con en esa señal de aire adquirió otras ocho
emisoras de diferentes puntos del país: Canal 7 de Neuquén, Canal 8
de Mar del Plata, Canal 5 de Rosario, Canal 8 de Córdoba, Canal 11
de salta, Canal 9 de Bahía Blanca, Canal 8 de Tucumán y Canal 13 de
Santa Fe. ViacomCBS cuenta además con la propiedad de Nickelodeon,
Nick Jr, MTV, Comedy Central, Paramount y VH1.
Viacom fue creada en 1973 como
una división de la CBS, de la cual debió ser escindida por una
imposición de la Federal Communications Commission de Estados
Unidos. No obstante CBS fue adquirida por Viacom en 1999. En 2006
ambas compañías comenzaron a funcionar en dos divisiones distintas,
aunque tenían al mismo accionista mayoritario, National Amusements.
Finalmente a fines de 2019 se concretó la fusión de las operaciones
de Viacom y CBS, formando ViacomCBS. En diciembre de ese año este
conglomerado mediático compró el 49% de Miramax, el estudio
cinematográfico fundado por Harvey Weinstein. La actuación de
Viacom en el cine no se limita a la propiedad de Paramount Pictures y
su participación en Miramax, sino que controla además la cadena de
cine Showcase, que llegó a la Argentina en 1997.
Otros actores de la TV paga son
NBCUniversal (Studio Universal, Universal Channel, SyFy, E!
Entertainment), Discovery Communications (Discovery Channel,
Discovery Kids, ID Investigación, Discovery Home & Health,
Animal Planet, Golf Channel, Discovery Turbo, TLC) y AMC Networks
(AMC, El Gourmet, Europa Europa, Mas Chic, Film & Arts). Sony
Pictures Entertainment es propietaria de las señales Sony y AXN,
pero además participa como una de las dueñas en el canal Lifetime,
en sociedad con A&E Networks.
A&E Networks, que posee las
señales A&E y History, se encuentra bajo la propiedad, en partes
iguales, de The Walt Disney Company y Hearst. Disney y Hearst además
están asociados en ESPN, donde la primera compañía cuenta con el
80% de su control y la segunda con el restante 20%. Disney no solo
ejerce el control de ESPN sino también de Fox Sports, tras adquirir
los principales activos de 21st Century Fox. Si bien Rupert Murdoch
retuvo la propiedad de Fox Sports en Estados Unidos, vendió la
operación de esta red orientada a la programación deportiva en
América Latina. De este modo, Disney es propietaria de Fox Sports en
Argentina pero no en Estados Unidos. En la transacción con 21st
Century Fox, Disney además se hizo con el control de las señales
Cinecanal, FX, FXM, Fox, Fox Life y BabyTV, sumándose no solo a ESPN
sino también a Disney Channel, Disney XD y Disney Jr.
The Walt Disney Company es
posiblemente el conglomerado más importante en la distribución
cinematográfica en Argentina, ya que a través de su filial Buena
Vista suele contar con los títulos más taquilleros.
Las empresas mediáticas más
importantes de la televisión argentina controladas a su vez por
accionistas argentinos son el Grupo Clarín y el Grupo América.
A través de ARTEAR, Clarín
tiene bajo su propiedad las señales de aire Canal 13 del Área
Metropolitana de Buenos Aires (El Trece), Canal 7 de Bahía Blanca,
Canal 12 de Córdoba (El Doce) y Canal 6 de Bariloche. ARTEAR además
está a cargo de la representación comercial de señales que no les
pertenece: Canal 10 de Tucumán, Canal 9 de Resistencia, Canal 10 de
Río Negro, Canal 10 de Mar del Plata y Canal 9 de Paraná (Nueve
Litoral). Estos dos últimos son propiedad del Grupo Neomedia.
Las
señales de TV paga cuyo dueño es Clarín/ARTEAR son TN, Metro,
Magazine, Volver, Canal (á), Quiero y America Sports. Este grupo
además es accionista del Canal Rural, a través de la firma
Inversora de Eventos. Clarín cuenta también con una participación
minoritaria en el Canal 9 de Mendoza, a través del diario Los
Andes.
El Grupo Clarín cuenta además con la posesión del diario Clarín,
La Voz, Olé, Radio Mitre, la cableoperadora Cablevision y la empresa
de telefonía Telecom, entre muchos otros activos.
El Grupo América es dueño de
LS86 América TV. Las otas señales televisivas de aire bajo su
propiedad son Canal 7 de Mendoza, Canal 6 de San Rafael, Canal 8 de
San Juan y Canal 10 de Junín. En TV paga posee A24. El Grupo América
cuenta además con emisoras de radio en diferentes parte del país,
como La Red, Radio Nihuil, FM Blue, entre otras.
La señal de cable con mayor
audiencia de 2019 fue C5N, de Indalo. Esta compañía es propietaria
además de CN23, aunque su programación es totalmente controlada por
la Iglesia Universal del Reino de Dios.
Otras empresas de medios en
Argentina con canales de televisión son Telecentro (Canal 26,
Telemax), Grupo Olmos (Crónica, CM Canal de la Música), Perfil (Net
TV), La Nación (LN+), Kuarzo (KZO). En la televisión abierta
tradicional, algunas empresas licenciatarias son Albavisión (Canal 9
del AMBA), Imperio Televisión (Canal 13 de Río Cuarto) y Radio
Visión Jujuy (Canal 7 de Jujuy).
Las grillas de los servicios de
TV paga están ocupadas principalmente por señales pertenecientes a
grupos de origen extranjero (y particularmente de capital
estadounidense), y de hecho el canal de aire con mayor rating,
Telefe, está bajo control de una compañía norteamericana. La
extranjerización es una de las características esenciales de la
televisión argentina, donde la concentración mediática tiene a
WarnerMedia, Viacom y Disney como sus actores más importantes. Junto
a ellos, el Grupo Clarín está posicionado como el grupo de origen
argentino más influyente en el sistema mediático, incluyendo el
sector televisivo.
Los mapas de medios son útiles
pero no son la fuente de la sabiduría. Según cómo estén hechos,
sirven mucho para algunos objetivos y muy poco para otros. Como toda
cartografía es útil para ubicarse en el espacio, trazar relaciones,
vínculos y distancias. Muestran cantidad de empresas de medios y su
nivel de diversificación por rubros tradicionales pero dicen poco
sobre su relevancia ante las audiencias o su peso específico
económico. Por eso, no son útiles para basar en ellos deducciones
tajantes sobre cuestiones que seguimos evaluando como claves como si
Internet nunca hubiera ocurrido y como si las fronteras entre lo que
fueron los mass media y lo que son los new media no fuesen
crecientemente inestables y porosas. En tanto estructuras estáticas,
los mapas son además una foto de un instante en un ámbito técnico
y cultural que se caracteriza por su acelerado dinamismo.
Los medios masivos de
comunicación en Argentina, entendidos por supuesto como aquellas
tradicionales industrias culturales de la radiodifusión y la prensa
gráfica, fueron afectados en las últimas dos décadas por la caída
de los niveles de audiencia y por la fragmentación del público, la
globalización de la cultura y la política, y la formación de
conglomerados nacionales e internacionales de medios,
entretenimiento, telecomunicaciones y tecnología, ámbitos que
convergen hacia un mismo mercado. En ese contexto, el mapa de medios
nacional presenta regionalismos destacados: grupos de escala
provincial -diversificados o no- suelen dominar la escena en cuanto a
la relevancia informativa a escala local (Ick en Santiago del Estero,
Radiovisión en Jujuy, Aldrey Iglesias en Mar del Plata o Cadena 3 en
Córdoba, por ejemplo), que no consideraremos en este recorrido, en
el que nos centraremos en un panorama general sobre los llamados
“medios nacionales” -aquellos cuyo alcance, total o parcialmente,
se extiende a todo el territorio-.
En las tres décadas y media que
transcurrieron desde la recuperación de la democracia en 1983 hubo
distintos momentos en la configuración de la industria mediática.
Hasta 1989, una presencia mayoritaria estatal en la radiodifusión
-especialmente en la televisión-, una oferta deliberadamente acotada
de contenidos y una gran vitalidad de la prensa gráfica que se
fortaleció con la recuperación de mayores niveles de la libertad de
expresión y de prensa. En esos años aún regía la prohibición de
la propiedad cruzada entre esos dos tipos de medios, quien tenía
diarios no podía tener televisión ni radio. A partir de 1989, con
el nuevo gobierno peronista de Carlos Menem, regresaron los capitales
privados al sector audiovisual, que habían sido expulsados por otra
peronista, María Estela Martínez de Perón, en 1974, y la
derogación de aquella prohibición permitió nuevamente la formación
de conglomerados de la comunicación.
En un mismo punto arrancaron el
grupo Clarín y el grupo Atlántida, entre otros que accedieron a
señales de televisión abierta al participar de los procesos de
licitación de los canales. Hacia finales de la década de los 90 dos
grandes grupos rivalizaban en casi todos los segmentos del mercado de
los contenidos y la TV por cable (que ya era un tipo de medio
especialmente relevante por su penetración y rentabilidad): Clarín
y Citicorp Equity Investment (CEI), que funcionó en sociedad con
Telefónica de España. Para esta época empieza a ser nuevamente
relevante la presencia de capitales extranjeros en el sector -ya lo
habían sido a mediados de los 60- y la consolidación de
conglomerados diversificados.
El estallido económico de 2001
y la profunda crisis económica, social y política del país impactó
en la configuración del sector: muchos de los actores extranjeros
comenzaban a retirarse y una regulación sancionada por entonces
impidió que las empresas nacionales en default -como el resto del
país- quedasen bajo control de sus acreedores externos.
En 2003, cuando Néstor Kirchner
llegó a la presidencia de la Nación el grupo Clarín había logrado
sortear con éxito la turbulencia política y económica de los años
previos -y salvo por la venta de sus activos en la telefonía móvil
del interior del país- conservaba todas sus empresas y había
renegociado exitosamente su abultada deuda en dólares. El grupo Uno
(años después rebautizado como grupo América por el nombre de su
señal de TV) se presentaba como el segundo grupo diversificado con
intereses en televisión abierta, radio, prensa gráfica en el
interior del país y televisión por cable. Había dos grandes
editoriales de revistas, Perfil y Atlántida, y Telefónica
conservaba su presencia en televisión con Telefe -cosa que ocurrió
hasta 2016- y Canal 9, y en radio con AM Continental, que se
aprestaba a vender al grupo español Prisa, donde la empresa telco
tuvo participación en los últimos años.
Aunque rápidamente se enfrentó
con algunos medios -como la editorial Perfil, editora del semanario
homónimo y de la revista de actualidad Noticias- y el diario La
Nación, Kirchner buscó el favor de los medios nacionales para los
que hasta entonces había sido apenas el gobernador de una lejana y
despoblada provincia de Santa Cruz. En diciembre de 2007, aprobó la
extensión de las licencias de los canales de TV abierta y antes
había autorizado la fusión de las dos principales empresas de TV
paga del país, Cablevisión y Multicanal, que quedaron bajo control
del grupo Clarín -que por entonces ya expresaba su intención de
avanzar hacia el negocio de las telecomunicaciones, proyecto que
había tenido que postergar años antes-. El año señalado como
quiebre fue 2008, cuando el kirchnerismo enfrenta una fuerte protesta
agropecuaria cuya cobertura mediática disgusta al partido
gobernante.
Durante la década kirchnerista,
por las políticas gubernamentales, la aceleración de la
transformación tecnológica, la masificación de los nuevos medios
sociales y el cambio de hábitos de consumo de las audiencias,
comenzaron a verse cambios en el mapa general de los medios. El
kirchnerismo alentó -y financió con fondos públicos- la creación
de empresas de medios afines a su partido, cuyos mayores exponentes
fueron los grupos Veintitrés, Indalo y Electroingeniería, que
adquirieron medios y productoras de contenidos existentes y fundaron
nuevas. A la vez, a través de cambios regulatorios, como la ley
audiovisual de 2009 y la ley de telecomunicaciones de 2014, o de
presiones administrativas (a través de la entonces Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual-Afsca, la Comisión
Nacional de Valores-CNV y la
Secretaría de Comercio Interior, entre otros organismos), económicas
(por ejemplo, con la prohibición de que las cadenas de retail pauten
avisos en diarios y la discriminación en el reparto de la publicidad
oficial), fiscales (con inspecciones especiales de la AFIP),
judiciales (con el impulso de la causa Papel Prensa) o mediáticas
(hostigamiento desde la pantalla de la TV Pública o a través de
medios adictos) intentó perjudicar a las empresas de medios
tradicionales. La tendencia a la conformación de medios adictos se
aceleró a partir de 2011 durante el segundo mandato de Cristina
Fernández de Kirchner, que también profundizó el despliegue de
medios y subsidios públicos, y un aumento sin antecedentes en los
fondos destinados a la publicidad oficial, repartida además de
manera discrecional como confirmó la Corte Suprema en sus sucesivos
fallos Perfil, Artear y La Cornisa. En ese período el empresario
Daniel Hadad había logrado conformar una empresa audiovisual y
digital muy relevante, el grupo Infobae, cuyos activos de radio y
televisión terminó vendiendo a Indalo en 2012. Otra empresa que
consolida su presencia en el país es Albavisión, de capitales
mexicanos, que adquiere Canal 9 y algunas emisoras FM en Buenos
Aires. Durante el kirchnerismo también florecieron decenas de nuevos
medios públicos, en particular en radio y televisión universitaria,
provincial y municipal, destacándose las señales oficiales de Santa
Fe y Mendoza, fruto de las autorizaciones previstas en la ley de
medios de 2009. La legislación siguió frenando artificialmente
durante esos años la competencia en televisión por cable y el
despliegue de redes fijas y móviles que mejoraran la conectividad
del país, que se deterioró y afectó las comunicaciones
interpersonales.
En las elecciones de
presidenciales de 2015 triunfó el frente Cambiemos y llevó a la
presidencia Mauricio Macri, algo inesperado para buena parte del
sistema político y mediático. Uno de los mayores grupos de medios
paraestatales kirchneristas, el grupo Veintitrés, implosionó pocos
meses después: su señal de noticias, sus diarios y revistas y sus
emisoras de radio se descontinuaron, desaparecieron o entraron en
grave crisis y para mediados de 2016 ya no existían. El diario
Página 12 -el más beneficiado con publicidad oficial durante el
gobierno anterior- cambió de propietarios, quedando en manos de un
sindicato vinculado al kirchnerismo. A finales de ese mismo año,
Telefónica se desprendía del único medio tradicional que
conservaba en propiedad en todo el mundo, la red de TV abierta Telefe
(que también había sido uno de los canales que mayor cantidad de
publicidad oficial recibió durante el kirchnerismo). Los ámbitos de
la gráfica y la radio fueron los más afectados por el cambio de
época y la acumulación de debilidades estructurales en los modelos
de negocios y las plantas de trabajadores que no fueron atendidas por
los empresarios mientras duró la bonanza de los recursos públicos
en los años previos.
El nuevo gobierno sostiene que
reducirá los recursos públicos destinados a publicidad oficial
federal -que superan largamente los 100 millones de dólares anuales
desde hace varios años-, lo que podría acelerar la transformación
del ecosistema mediático, que ya está en marcha, con nuevos cierres
y cambios de manos. La administración Macri derogó artículos clave
de las leyes de medios de 2009 y Argentina Digital de 2014, cerró
todos los planes de adecuación de distintas empresas a las normas
derogadas, confirmó las licencias otorgadas por la gestión anterior
a medios audiovisuales comunitarios -que siguen accediendo a fondos
de fomento- y otorgó a la Editorial Perfil dos señales de TV
abierta digital, una FM y una AM en Buenos Aires, que habían sido
negadas a esa empresa por el gobierno anterior. Además, alentó la
llegada de capitales extranjeros al sector audiovisual,
particularmente el desembarco de Viacom en Telefé, de Turner y Fox
en la compra de los derechos de televisación del fútbol -y el
lanzamiento de nuevas señales- y el lanzamiento de una versión
local de CNN, cadena de noticias que emite algunas horas de
programación desde Buenos Aires. A la vez, la nueva gestión
mantiene la oferta de medios públicos que heredó del kirchnerismo.
Aunque algunos sindicatos subrayan como excepcional la pérdida de
empleos en el ámbito de los medios tradicionales las únicas cifras
oficiales disponibles señalan que esa pérdida de puestos de trabajo
en la edición de publicaciones y emisiones comenzó en 2008 y siguió
a un ritmo anual de 1000 empleos menos cada año hasta 2017. Una tasa
de retracción similar a la que muestran mercados desarrollados como
los Estados Unidos, lo que muestra que la transformación estructural
de la comunicación es un fenómeno global, más allá de que pueda
tener particularidades nacionales.
Todo este panorama coincide con
la expansión de servicios de contenidos a demanda vía Internet,
como Netflix o Spotify, y la masificación de las redes sociales, que
por primera vez en tres décadas le ponen presión a la TV por cable,
que muestra los primeros indicios de pérdida de abonados y a la TV
abierta, cuyo rating acumulado cae año tras año.
Habrá que seguir observando y
cartografiando los sectores, las empresas y las audiencias si se
quiere entender hacia dónde vamos. Y no alcanzará sólo con un
mapa.
José
Crettaz
secretario de Fopea, director de las licenciaturas en Ciencias de la
Comunicación y Gestión de Medios y Entretenimiento de la Fundación
UADE y coordinador general del Centro de Estudios sobre la
Convergencia de las Comunicaciones (ConverCom).
Teniendo en cuenta que la crisis
que transitan las empresas de medios en el mundo, y también en la
Argentina, modifica el ecosistema mediático, este artículo analiza
la situación desde la perspectiva local y el rol de FOPEA en este
escenario.
La industria de los medios a nivel
mundial está transitando una fuerte crisis estructural desde hace 10
años. La debacle financiera que se inició en el año 2008, y que
impactó especialmente a los Estados Unidos y Europa fue la punta del
ovillo para que los medios -ahora con enfoque multiplataforma-,
comenzaran a revisar sus modelos de negocios y sus modelos
organizacionales que heredaron de una industria de medios,
mayoritariamente gráfica.
Los reportes de la época indican
que entre 2008 y 2009, en Estados Unidos unos 35.000 periodistas
quedaron sin trabajo a raíz de despidos por reducción de planta o
cierre de medios, algunos de ellos centenarios. Sólo a modo de
ejemplo, en España, entre 2008 y 2016 cerraron 375 medios de
comunicación y perdieron su empleo cerca de 12.000 periodistas. Una
realidad nada lejana a lo que ocurre en otros países de Europa.
Pero la crisis financiera y
económica global no fue el único motivo por el que los medios
hicieron este feroz ajuste, las transformaciones tecnológicas a
partir de la fuerte penetración de Internet impactaron de lleno en
la industria de los medios de comunicación tradicionales. Por un
lado, cambiaron los hábitos de consumo de los contenidos noticiosos
por parte de las audiencias dispersando su atención a través de
múltiples plataformas digitales –muchas de ellas no dedicadas a
contenidos informativos- y por otro lado, también se requirió un
cambio en la producción de contenidos.
En este sentido, con la
incorporación de nuevas plataformas de distribución existe la
necesidad de introducir nuevas habilidades a la producción de
contenidos en los medios, antes exclusivamente gráficos o
audiovisuales; ahora híbridos y diferentes con la suma de nuevas
herramientas y modos de publicar los contenidos. Adicionalmente, gran
parte de los medios de comunicación qno acompañaron este proceso de
transformación capacitando a sus periodistas y ahora pretenden
generar adaptaciones impetuosas y cambios drásticos. Aún así,
estos cambios son inexorables y los periodistas que no fueron parte
de estos procesos de transición con el acompañamiento de los
medios, o que no se prepararon de forma personal, hoy se ven
afectados de forma ineludible.
Lo cierto es que este complejo
escenario demoró algunos años en reflejarse por completo en la
Argentina. Una razón tuvo que ver con la brecha tecnológica, ya que
en nuestro país el acceso a Internet y la adopción de nuevos
dispositivos de conectividad no se generó con tanta velocidad como
en otras regiones y eso permitió que los medios tradicionales
mantuvieran durante muchos años el liderazgo ante las audiencias.
Y como segundo factor
determinante para que este proceso de reestructuración impacte hoy
en la Argentina, y no años antes, se hace obligatorio mencionar el
reparto inusitado de publicidad oficial, que el Estado -en sus
diferentes niveles y sectores-, efectivizó desde 2003
hasta fines de 2015 beneficiando especialmente a medios afines
al Gobierno de turno. Más aún, gran parte de estos medios fueron
creados especialmente como parte de una estrategia de comunicación
oficialista que funcionó como usina informativa de los temas de
interés de dichos gobiernos. Este factor ayudó a sostener medios de
forma artificial en un contexto adverso a nivel global.
Los
efectos negativos del reparto discrecional de pauta oficial
En el marco del contexto
señalado, el periodismo argentino atraviesa una crisis laboral como
nunca ha visto en su historia. Y que responde a causas exógenas como
los cambios producidos a nivel mundial por las transformaciones
tecnológicas que tienen su prinicipal impacto en los medios gráficos
por las alteraciones en los patrones de consumo del público a través
del uso de Internet. Pero también su realidad laboral fue afectada
por cuestiones endógenas, que se dieron en forma casi excluyente en
nuestro país.
En este panorama ha calado en
forma particularmente profunda la implosión provocada por la
desarticulación de la burbuja artificial de la publicidad oficial.
Este fenómeno que caracterizó a los gobiernos kirchneristas que
durante años alimentaron a fuerza de recursos públicos la
existencia y proliferación de medios afines a su pensamiento, con un
sesgo discriminatorio hacia aquellos que no compartían su ideología
y que eran críticos de su gestión, desapareció o se redujo en
forma abrupta con el cambio de administración en la Casa Rosada, el
10 de diciembre de 2015.
Esa herramienta se utilizó sin
ningún criterio de transparencia y lógica para comunicar a una
mayor cantidad de ciudadanos las campañas públicas del Estado,
favoreciendo en particular a grupos empresarios que sólo les
interesó el dinero, sin preocuparse por el ejercicio del
periodismo. Ese modelo nacional se replicó también en gobiernos
provinciales y municipales (de diferentes partidos políticos) como
una forma de mantener empresas privadas de medios afines a sus
administraciones.
La
falta de un compromiso serio con el fomento del periodismo
profesional por parte de ciertos empresarios de medios (sobre todo
los advenedizos que sólo buscaron un rédito económico o fomentar
otros tipos de intereses -políticos, de influencia, o lo que fuera-,
con una mirada cortoplacista) fue determinante en el deterioro de la
calidad de la información y también en la credibilidad de la
sociedad en la prensa, principal sostén de su existencia. Lo mismo
ocurrió en muchos casos en los medios públicos (nacionales,
provinciales y municipales) que fueron interpretados por las
autoridades de turno como simples órganos de publicidad encubierta.
Es decir como medios gubernamentales, en lugar de medios públicos.
El
caso del Grupo 23
El caso más emblemático en el
ámbito privado, por dimensiones y características, fue el del
denominado «Grupo 23» en el que confluían las radios América,
Splendid, Vorterix y Rock&Pop, la señal de noticias CN23, los
diarios Tiempo Argentino, El Argentino -en su versión nacional
y sus ediciones locales-, Buenos Aires Económico y Diagonales -La
Plata-, el sitio de noticias Infonews, el semanario Miradas al Sur y
las revistas Veintitrés, 7 Días, Newsweek, Forbes, AutoBild, Lonely
Planet, Cielos Argentinos, entre otros.
El grupo, cuyos dueños visibles
eran Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, primero fue desprendiéndose
de algunos de esos medios -incluso antes de la derrota del
kirchnerismo- y después, con el cambio de gobierno, directamente
abandonó las empresas dejando prácticamente en la calle a
800 trabajadores de prensa. En algunos casos los periodistas
crearon cooperativas de trabajo para poder subsistir (como por
ejemplo en Tiempo Argentino e Infonews) y en otros aún hoy están a
la espera de una solución.
Pero este caso tuvo otras
particularidades que lo volvieron aún más emblemático: los
empresarios en cuestión no tenían prácticamente ninguna
experiencia en medios, creaban nuevos emprendimientos aparentemente
por el simple hecho de tener más «ventanillas» por donde recibir
publicidad oficial y, pese a que la mayor parte de sus ganancias
provenían del Estado, no tributaban al fisco ni hacian los aportes
previsionales de sus trabajadores siendo que sí le hacían sus
descuentos en cada salario. Esta situación fue denunciada por los
trabajadores pero las autoridades públicas nada hicieron al
respecto, pese a que el propio Estado era uno de los damnificados,
además de todos los empleados.
El Grupo 23, el que más dinero
recibió de publicidad oficial durante los gobiernos de Néstor y
Cristina Kirchner, llegó a facturar unos 814 millones de pesos sólo
entre 2009 y 2015, cifra que llegaría hasta los 2.000 millones si se
computa desde 2003. Sin embargo, ni siquiera ofreció pagar las
indemnizaciones correspondientes cuando abandonó a los cientos de
trabajadores a finales de 2015.
Este caso es el más emblemático
pero no fue el único. El mismo patrón se repitió en varios otros a
lo largo y ancho de la Argentina. Por ejemplo, en el diario
La Mañana de Córdoba se conjugaron condiciones similares
afectando a decenas de trabajadores.
La
situación actual en la Argentina
Como se detalla en este informe
la combinación de diferentes causas, externas e internas,
desencadenó la peor crisis de los medios vivida en la Argentina y
que impacta de forma directa en el trabajo de los periodistas.
Por supuesto que anteriormente,
se pueden señalar otros ajustes realizados por las empresas de
medios que han perjudicado de forma sustancial la calidad del trabajo
de los periodistas.
Durante la década del ’90, se
extendió con la crisis de 2001 y se profundizó en los últimos
años, la precarización laboral y el achicamiento de ingresos obligó
a los periodistas a conseguir diferentes empleos para garantizar
parámetros mínimos de supervivencia.
El multiempleo se generó por el
cambio de las reglas laborales que se dieron en los medios, donde la
exclusividad pasó a un segundo plano junto a la garantía de que con
un solo trabajo el periodista podía sobrevivir con cierta dignidad.
Los medios comenzaron a utilizar cada vez más mecanismos de
contratación a través de la facturación de los trabajadores como
si fueran simples proveedores de servicios, pese a que se pudiese
demostrar una continuidad y permanencia laboral encubierta.
Otra modalidad, que se dio
particularmente en las radios, fue la de reducir cada vez más sus
plantas de trabajadores formales, vendiendo los espacios a
periodistas que debían conseguir publicidad para poder tener sus
programas, con todo lo que eso implica. Esa práctica se extendió a
medios ya instalados como también a nuevos, a lo largo de todo el
territorio argentino. Y no fue exclusivo de las radios, también ganó
terreno en la televisión.
En
el caso de la TV ha tenido sus propias dificultades en cuanto a la
cuestión laboral de los periodistas. En un informe presentado
por Foro
de Periodismo Argentino (FOPEA),
en noviembre de 2015, sobre el «Estado de situación del periodismo
televisivo en la Ciudad de Buenos Aires»[1] se identificaron
varias de esas problemáticas que, a su vez, se replican y
multiplican en todo el país. Desde la cobertura de los denominados
«chivos» o «Sale o sale» (porque no había posibilidad de no
hacerlo), en muchos casos como publicidad encubierta de políticos o
empresas que eran presentados como informes periodísticos, hasta la
utilización cada vez más extendida de cámaras sin cronistas, son
sólo algunas de las cuestiones que emergieron en ese diganóstico y
que afectaron la calidad y la cantidad de trabajo de los periodistas.
Todo este panorama se agravó no
sólo por el multiempleo de los periodistas sino también por la
multitareas. Los periodistas se vieron obligados cada vez con mayor
frecuencia a realizar más tareas, a veces netamente periodísticas y
otras que no, para poder mantener sus empleos. En los mejores casos
esas tareas extras fueron reconocidas en los salarios pero en la
mayoría de las experiencias eso no ocurrió. O sea, se tuvo que
cumplir con más funciones por el mismo salario. Lo que afecta
nuevamente la calidad de su trabajo y las fuentes laborales para
otros colegas.
Lamentablemente este panorama se
acentuó con el paso de los años y se mantiene hasta la actualidad.
El
Monitoreo sobre la Propiedad de Medios en Argentina es una
investigación que revela la composición accionaria y los negocios
de diversos grupos mediáticos. La investigación, realizada por el
diario cooperativo Tiempo
junto a Reporteros Sin Fronteras, describe los efectos de la
concentración mediática:
el
rol del Grupo Clarín, el principal ganador durante el macrismo,
la
opacidad de los dueños de los medios, la destrucción provocada
durante los últimos 3 años. Y el significado del periodismo
autogestivo y cooperativo.
“El mapa de los medios de
comunicación y sus ramas en la Argentina actual dibuja altos niveles
de concentración, si se toma como referencia la participación de
las cuatro principales empresas en cada una de las industrias. El
nivel de concentración es mucho mayor si se considera que varios de
los grupos mediáticos líderes en una de las ramas (prensa online,
por ejemplo) son también dominantes en el resto (tv, radio, prensa
gráfica). La concentración en la Argentina es además geográfica,
puesto que las principales usinas de información y entretenimiento
están localizadas en la zona metropolitana de Buenos Aires”.
Esa
una de las conclusiones del Primer Monitoreo sobre la Propiedad de
Medios en Argentina, un proyecto de investigación desarrollado por
el diario cooperativo Tiempo
Argentino
y Reporteros sin Fronteras, con apoyo de la Fundación Ebert
Stiftung.
El
informe, resultado de un trabajo de cinco meses
(http://argentina.mom-rsf.org/es/),
relevó 22 grupos de comunicación. Se detalla la composición
accionaria de los medios, sus negocios paralelos y quiénes son sus
dueños, además de una serie de datos respecto a la industria
periodística que pueden sintetizarse en imágenes bien concretas:
• El trabajo señala que es “imposible recrear” cómo es el mercado nacional de audiencias audioviduales, debido a que las mediciones de radio y TV están concentradas en una sola empresa, Kantar Ibope Media, cuyos datos “sólo son accesibles a través de lo que las empresas de radio y televisión, muchas veces a través de otros medios pertenecientes al mismo grupo, informan”.
• Sólo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), datos de 2017, los cuatro principales grupos televisivos concentran el 56,7 por ciento de audiencia, según se supone. Otro dato monopólico y centralista: “Clarín concentra el 22,6 de las audiencias, pero el 60 por ciento de los contenidos de canales locales de grandes urbes son contenidos repetidos que se distribuyen desde Buenos Aires”.
• La prensa gráfica perdió “influencia directa por la disminución dramática” de la venta de ejemplares diarios, pero sigue marcando agenda. “La concentración de los diarios impresos es mayor aún que la de la TV: los cuatro grupos económicos a los que pertenecen los periódicos con mayor circulación del país concentran el 74,18% de las ventas. Sólo el Grupo Clarín domina el 43% del mercado”.
• En radio, su arquitectura tecnológica permite una convivencia entre emisoras, pero la concentración es también alta: los principales grupos (Clarín, Indalo y Prisa/Albavisión) concentran el 53 %.
• Entre la actual situación de concentración y de crisis de la industria, con más de 3500 despidos y retiros voluntarios desde la asunción de Cambiemos en 2015, surge la experiencia de medios recuperados y cooperativos en la creación de contenidos a través de nuevas y creativas formas de organización.
• Sólo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), datos de 2017, los cuatro principales grupos televisivos concentran el 56,7 por ciento de audiencia, según se supone. Otro dato monopólico y centralista: “Clarín concentra el 22,6 de las audiencias, pero el 60 por ciento de los contenidos de canales locales de grandes urbes son contenidos repetidos que se distribuyen desde Buenos Aires”.
• La prensa gráfica perdió “influencia directa por la disminución dramática” de la venta de ejemplares diarios, pero sigue marcando agenda. “La concentración de los diarios impresos es mayor aún que la de la TV: los cuatro grupos económicos a los que pertenecen los periódicos con mayor circulación del país concentran el 74,18% de las ventas. Sólo el Grupo Clarín domina el 43% del mercado”.
• En radio, su arquitectura tecnológica permite una convivencia entre emisoras, pero la concentración es también alta: los principales grupos (Clarín, Indalo y Prisa/Albavisión) concentran el 53 %.
• Entre la actual situación de concentración y de crisis de la industria, con más de 3500 despidos y retiros voluntarios desde la asunción de Cambiemos en 2015, surge la experiencia de medios recuperados y cooperativos en la creación de contenidos a través de nuevas y creativas formas de organización.
El proyecto de Monitoreo sobre la
Propiedad de los Medios (que utiliza la sigla MOM, por Media
Ownership Monitor) analizó la situación de 14 canales y señales de
televisión, 14 emisoras de radio, 10 diarios impresos y 14 sitios
web de noticias. “Es imposible abordar la concentración de los
medios y de los flujos informativos en Argentina sin detenerse en el
Grupo Clarín”, apunta, y lo subraya como el principal beneficiario
de la distribución de publicidad oficial por parte del Estado,
además del principal beneficiario por la orientación política de
comunicaciones de Cambiemos, que posibilitó –entre otras cosas- la
fusión entre Cablevisión y Fintech (cable y telefonía celular) en
medio de la desregulación de la Ley de Medios.
La investigación aporta también
una línea de tiempo que permite entender una lectura histórica,
social y económica del desarrollo de los medios y las audiencias en
Argentina, además del contexto legal en el que se fueron
desenvolviendo las políticas en materia de comunicación.
La
falla del mercado
La presentación de los resultados del Proyecto MOM se realizó en el Anexo de la Cámara de Diputados. El director de Reporteros Sin Fronteras España, Alfonso Armada, abrió el seminario. “La libertad de información es imprescindible para la democracia”, apuntó. Si bien remarcó que “la democracia no puede existir sin la existencia de medios independientes, sean públicos o privados”, destacó que, durante el último tiempo, hubo un “crecimiento exponencial” de nuevos medios que van desde iniciativas digitales hasta cooperativas, “vías interesantes” para que otras voces contribuyan al debate político.
La representante de la Fundación
Ebert, Dorte Wollrad, subrayó que los medios son fundamentales en
medio de la “crisis de la democracia y de la representación” de
esta época.
Finalmente, el presidente de la
Cooperativa Por Más Tiempo, Federico Amigo, destacó el camino sin
patrón recorrido junto a sus compañerxs. “Estamos a pocos días
de cumplir tres años. Estar acá tiene que ver con una valoración
del camino recorrido por esta gestión llevada adelante por sus
trabajadores. Hay un reconocimiento: no nos caímos del mapa. Tiempo
es una cooperativa que está integrada por 90 socios, que son sus
dueños. Hoy los medios autogestivos tenemos un rol clave”.
Luego, previo a la presentación
de los resultados de la investigación, el director de MOM, Olaf
Steenfadt, destacó que este es el decimonoveno informe que han
producido en el mundo, con más de 100 mil visitas en la web.
“Lo que vemos es que existe una
falla del mercado, en el que hoy en día los medios dejaron de ser un
negocio rentable. Toda esta precariedad abre la puerta a malos
actores, que se conjuga con la llegada de la revolución digital y la
tecnología, que cambió el paradigma de nuestra profesión”.
Steenfadt recuerda que, en el
esquema tradicional de los medios, la creación de contenido era la
pieza clave que podría ampliar su difusión gracias a la tecnología.
“Pero hoy vivimos en una era en la que el contenido parece estar al
servicio de la tecnología, y no al revés”. En ese sentido,
apuntó, el informe permite conocer los intereses económicos y
políticos detrás de los medios de comunicación.
Durante la presentación, el
equipo marcó el caso de la propiedad de América TV, porque tiene
una compleja estructura societaria. El 40 por ciento pertenece a
Claudio Belocopitt, dueño del 76 por ciento de Swiss Medical. “Pero
el entramado del canal es una especie de mamuschka con sociedades que
poseen otras sociedades que, a su vez, son dueñas de las otras. En
ese esquema, es imposible saber las acciones de los otros
propietarios, la familia Vila y José Luis Manzano”.
Esa situación revela la opacidad
de muchas de las empresas de medios en Argentina. El investigador,
docente y experto en concentración, Martín Becerra, fue otro de los
que formó parte del equipo de investigación. “Obtuvimos
información sobre el Grupo Clarín porque es una empresa que cotiza
en bolsa, y entonces la información es pública, a diferencia de
otros grupos que están más vedados”. Becerra contó que pidieron
informes al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que tiene la
obligación legal de exigir esa información a las empresas. “Nos
contestaron que no tienen el registro”.
El equipo hizo hincapié en cómo
el Estado fue desarmando el marco legal del Enacom a través de
decretos desregulatorios: “Hoy es una entidad gubernamentalizada
por decreto, que se contradice con todas las leyes regulatorias. Fue
invitada a esta presentación. Esperamos que vengan”.
El
patriarcado mediático
El
informe también destina un apartado llamado La
deuda con las mujeres,
en el que analiza el impacto del movimiento feminista en la
estructura de los medios. Más allá de destacar que hay un cambio en
el lenguaje en cómo se presentan determinadas noticias fruto de la
lucha en las calles, y otro tipo de presencia en los contenidos, al
analizar la estructura de propiedad de los 52 medios pertenecientes a
los 22 grupos, surgió que “no hay ninguna mujer que sea accionista
mayoritaria o detente el control efectivo en las sociedades
propietarias de los principales medios de comunicación del país”.
Y en los máximos escalafones, los cargos son ejercidos por hombres
en el 88,5 por ciento de los casos. De los 52 medios, sólo hay seis
mujeres ocupando cargos de CEO y gerente de contenidos. Más datos:
- El 71 por ciento de las trabajadoras de prensa dijo que tiene un jefe varón.
- El 76 por ciento de los integrantes de la mesa directiva de sus medios son varones.
- Sólo 27 por ciento de las notas informativas de radio, televisión y diarios son reportadas por mujeres.
El
factor Macri
La investigación revela que la
llegada de Cambiemos al poder en 2015 provocó cambios profundos en
el panorama de medios argentinos. Los principales efectos pueden
sintetizarse en estos puntos:
- “El Grupo Clarín se fusionó con Telecom para generar uno de los tres grupos empresariales más grandes de la economía argentina y el más poderoso de la historia de las comunicaciones locales.
- Más de 2700 trabajadores fueron despedidos o tomaron retiros voluntarios en Buenos Aires, según datos del Sindicato de Prensa de ese distrito;
- El sistema de medios y producción de contenidos estatal perdió más de la mitad de las audiencias con las que contaba hasta 2015 y fue el sector mediático que más trabajadores despidió;
- 45 periodistas fueron heridos en coberturas callejeras por la Policía y otros 13 resultaron heridos por el accionar represivo de las fuerzas de seguridad;
- Durante 2016 y 2017 se discriminó a medios opositores en la distribución de publicidad oficial, aunque eso se revirtió en 2018 y los montos se redujeron, así como la discrecionalidad en su reparto”.
El
futuro es presente
Otro
de los “hallazgos” que presenta el informe es el presente de los
medios autogestivos, “con una mirada de la comunicación como un
derecho, independiente de los grandes poderes económicos y alejada
de la batalla mainstream por los clicks y la mercancía de la
información”. Allí se encuentran los medios recuperados por sus
trabajadores. Entre 2016 y 2018 se crearon ocho, como Tiempo
Argentino o
Pulso,
lo que duplicó la cantidad existente hasta ese momento). “Es un
espejo de otro hallazgo del informe, que es la crisis de los medios”,
explicó el periodista Gerardo Aranguren. “Desde la asunción de
Macri, cerraron alrededor de 30 empresas de medios. Eso significó
alrededor de 3500 trabajadores de prensa entre despidos y retiros
voluntarios. La contracara son los medios recuperados. Estos medios
no reducen sus costos, sino todo lo contrario”.
El
informe destaca la experiencia de las revistas culturales (131
censadas en el último informe de AReCIA –la Asociación de
Revistas Culturales e Independientes de Argentina- pero la cifra
supera las 300), radios comunitarias (215 en funcionamiento) y
emisoras de TV comunitarias (10 en todo el país). “Yo creo que es
una alternativa real, un camino concreto de poder brindar a todos y a
todas la posibilidad de tener el derecho de acceder a información
fidedigna. Los medios autogestionados brindan esta posibilidad frente
a un discurso único de las empresas de medios concentradas”,
destaca en el informe Julio Delgado, presidente de la cooperativa que
edita el diario El
Independiente
en La Rioja. “La lucha es despareja porque la diferencia de escala
y recursos lo hace muy difícil. Nuestras inversiones son lentas y
van detrás de los ritmos de las tecnologías porque priorizamos a
los trabajadores”.
En
este punto, la investigación precisa que la crisis actual del país
impacta en los costos de producción de los medios, tal como reflejó
AReCIA en su declaración de emergencia en 2018
(https://www.lavaca.org/notas/las-publicaciones-autogestivas-en-emergencia-una-declaracion-urgente-y-5-propuestas-para-equilibrar-la-balanza/).
En ese sentido, el trabajo retoma
la palabra de Natalia Vinelli, directora de Barricada TV y titular de
la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas: “Una de las
barreras que impide que el sector pueda desarrollarse es la
concentración. De propiedad, de línea editorial, de mercado, de
audiencia. Concentración que impide la diversidad de fuentes,
pluralidad de voces, que circulen otras miradas de mundo. Es difícil
pensar que medios chicos podamos ser un contrapeso, pero tenemos que
pelear para ocupar ese espacio que no debería ser una pelea solo de
los medios comunitarios sino de toda la sociedad.
Sobre el conglomerado que integra
AReCIA el informe cita a Franco Ciancaglini, editor de la Revista Mu,
quien destaca “el espíritu de la autogestión y la independencia
de los sectores comerciales del poder” de esas publicaciones. Y
otra diferencia, el rol de los trabajadores: “A estos medios
comerciales tan grandes los veo muy camaleónicos, pero claramente el
factor de ajuste son los trabajadores y ahí hay una diferencia
abismal con los medios autogestivos, que parten de la voz de los
trabajadores y de la construcción de cada una de esas personas que
las integran”. Allí está la base de otra propuesta que
plantea Vinelli en el informe: “El gran desafío es alcanzar
audiencias masivas y poder poner en circulación otras miradas del
mundo”.
La equidad en la distribución de
los esfuerzos y del acceso a los bienes y servicios que tales
esfuerzos producen, el servicio de justicia y el derecho a la
información constituyen eslabones claves a la hora de sostener
relaciones democráticas sanas e inclusivas y disminuir violencias y
conflictos. El privilegio de unos pocos no puede destruir el buen
vivir de muchos...
Que Dios y la Patria nos demande
… sino hacemos lo que debemos hacer como pueblo: Presionar a
nuestros representantes para que nos representen a nosotros y no a
las minorías, por mas poder que ejerzan.
Daniel Roberto Távora Mac
Cormack
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