Viernes 31 de julio de 2020
"Lamentablemente, no se
logró acordar ninguna de las condiciones exigidas. Hemos decidido
dejar aquí la negociación. Es un capítulo cerrado", señaló
el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, al describir
la situación en que quedó la frustrada negociación con los
directivos de Vicentin, en las que se buscaba acordar la formación
de un fideicomiso para ponerlo a cargo de la administración de
la firma concursada.
La segunda reunión de
conciliación convocada por el juez Fabian Lorenzini, a cargo del
concurso de acreedores de Vicentin, entre los representantes del
gobierno de Santa Fe y los directivos de la firma, terminó en la
tarde del jueves, cerrando definitivamente toda posibilidad de
acuerdo en torno a la continuidad de la gestión y administración de
la empresa.
El gobierno de Santa Fe había
solicitado anteriormente la intervención judicial de la firma,
entendiendo que los mismos directivos acusados de vaciamiento y mala
administración no podían seguir al frente. Como alternativa,
había ofrecido que un fideicomiso se hiciera cargo de la firma hasta
tanto se concluyera el proceso de convocatoria de acreedores.
"Las dos condiciones que
pretendía el gobierno provincial y que compartía el Estado Nacional
para participar del acuerdo, eran que los directores de Vicentin se
apartaran inmediatamente de sus cargos, y que las acciones de la
empresa fueran transferidas en administración al fideicomiso. Han
decidido no hacer ninguna de las dos, por lo cual hemos resuelto dar
por concluida la negociación. Ponemos aquí el punto de tolerancia.
Es un capítulo cerrado", sentenció Somaglia al finalizar el
encuentro.
La pretensión de los directivos
de Vicentin era permanecer con una participación minoritaria tanto
en el Directorio de la empresa como en el capital, a través de una
porción menor de acciones. Además, trascendió que habían
solicitado una suerte de inmunidad penal para evitar que pudieran ir
presos algunos de los responsables de la firma desde 2017 para
acá.
La instrucción que recibió Omar
Perotti de parte de Alberto Fernández, cuando le llevó la propuesta
de fideicomiso como "alternativa" a Olivos, fue que la
única posibilidad en la que dicho acuerdo sería viable era
con el clan Vicentin afuera de la empresa. Sin opciones, este jueves
Perotti debió dar por fracasada su gestión.
Sin resultados en la convocatoria
a conciliación, el magistrado deberá resolver sobre el pedido de
intervención judicial que reclamó la Inspección general de
justicia. Y si la rechaza, no haría más que dejar todas las
irregularidades del proceso concursal a la intemperie. Entre ellos,
la falta de balance, para el cual el juez le otorgó 40 días hábiles
más a la empresa para cumplir.
Desde el gobierno nacional, en
tanto, quedó planteada la encrucijada de cómo seguir con un proceso
que definitivamente se trabó por todos lados, pero que lo dejó
seriamente comprometido. Propuso una expropiación y debió mar
marcha atrás. Dispuso una intervención que no pudo cumplir su tarea
porque el juez comercial la desplazó. Se echó sobre los hombros el
impacto político del derrumbe de la cerealera y el plan alternativo
también falló. Se esperaba una definición oficial este jueves, a
última hora, que en definitiva no se tomó o quedó postergada.
En tanto, en la causa penal por
el posible fraude contra el Banco Nación por el otorgamiento de
créditos de prefinanciación de modo irregular, el fiscal Gerardo
Pollicita pidió el allanamiento de las oficinas de Vicentin en busca
de documentación que pudiera explicar el destino de los fondos. Pero
este jueves la acción no pudo ejecutarse, según había explicado el
juez federal local interviniente, Aldo Alurralde, porque no recibió
la aprobación del fiscal local al que le corrió vista del
requerimiento. El allanamiento recién tendría lugar este viernes,
24 horas después que los allanados ya hayan tomado conocimiento del
hecho.
Los delegados de la provincia de
Santa Fe se retiraron ayer de las negociaciones con Vicentin ante el
juez de Reconquista que tramita el concurso de acreedores, Fabián
Lorenzini, por la negativa del presidente de la empresa, Daniel
Buyatti y el vice Alberto Macua, de apartarse de sus cargos y ceder
las acciones del grupo a un fideicomiso que opere el salvataje
financiero. El plan del gobernador Omar Perotti quedó al borde del
fracaso. “Hemos decidido dejar la negociaciones y ponerle un punto.
Esta es la línea de tolerancia. Capítulo cerrado”, dijo el
secretario de Justicia Gabriel Somaglia en un mensaje de voz que
llegó a la Casa Gris apenas terminó la audiencia en el Juzgado
Civil y Comercial de Reconquista. Buyatti y Macua rechazaron las dos
condiciones que planteó Perotti con el apoyo del Presidente Alberto
Fernández, cuando ya habían transcurrido varias horas de un
allanamiento a la sede central de Vicentin, en Avellaneda, que ordenó
el juez de Comodoro Py, Julian Ercolini. El procedimiento lo pidió
el fiscal Gerardo Pollicita, que investiga el destino de los 300
millones de dólares del Banco Nación que recibió Vicentin antes
del default. Ahora, el juez Lorenzini deberá resolver el pedido de
la provincia en el concurso: que separe de sus cargos a Buyatti,
Macua y al resto del directorio y designe a los tres interventores
que propuso Perotti: Gabriel Delgado y Luciano Zarich por el Estado
nacional y Alejandro Bento, por Santa Fe.
El allanamiento a Vicentin generó
un revuelo político en Avellaneda. Somaglia y la inspectora de
Personas Jurídicas de la provincia María Victoria Strata se
enteraron cuando llegaron a Reconquista. El operativo había
comenzado alrededor de las 13 y la audiencia con el juez Lorenzini
era a las 15.30, aunque arrancó a las 16 y se extendió hasta las
17.30. “Fue bastante prolongada”, dijo Somaglia. Así que el
procedimiento en la sede de la empresa en la búsqueda de balances y
libros contables de la cerealera coincidió con la conciliación que
intentó Lorenzini. “¿Impactó en la audiencia?”, preguntó
Rosario/12. “Nos enteramos cuando llegamos a Reconquista. Es una
causa de naturaleza penal que se tramita en Buenos Aires, donde el
fiscal es Pollicita, pero que no guarda relación con el concurso de
acreedores. Lo que investiga Pollicita son delitos que pueden haber
cometido estos administradores de Vicentin que nosotros solicitamos
su apartamiento, pero que no quieren retirarse de sus cargos en estos
momentos”, agregó el secretario de Justicia.
“Lamentablemente no hemos
podido llegar a un acuerdo” porque Vicentin rechazó “las dos
condiciones que plantean el Estado nacional y el gobierno de la
provincia: que los directores actuales se aparten inmediatamente de
sus cargos, pero han decidido no hacerlo. Y tampoco aceptan
transferir las acciones de la empresa para que sean administradas por
un fideicomiso”, explicó Somaglia. “Por lo tanto, hemos decidido
dejar las negociaciones y ponerle un punto. Esta es la línea de
tolerancia. El doctor Lorenzini, como conductor y rector del proceso
(del concurso), puede convocarnos en cualquier otro momento, pero
este marco de negociación institucional ante el juez es un capítulo
cerrado.
Es que si Buyatti y Macua siguen
al frente de la empresa y no ceden las acciones al fideicomiso para
su administración, “no podemos avanzar con todos los detalles que
merecen ser consignados en un contrato de fideicomiso. Y tampoco
podemos entablar relaciones formales con los acreedores. Motivo por
el cual consideramos que esas dos condiciones que no se pudieron
consensuar son suficientes para que nos retiremos de la mesa ante el
juez. Por lo tanto, el resultado no fue satisfactorio”, insistió
Somaglia.
Ahora, Lorenzini deberá resolver
el pedido que hizo la provincia: que “separe a los administradores
de Vicentin y designe los tres interventores (Delgado, Zarich y
Bento). Se deberán de terminar de producir las pruebas y luego, el
juez tendrá que aceptar o rechazar el planteo de la provincia.
-¿Es optimista? Parece que la
empresa no acepta nada-, le planteó este diario.
-Entiendo que los elementos que
se aportaron en el proceso son bastante amplios y suficientes para
que el juez admita nuestra pretensión -respondió Somaglia.
-¿Sacar a los directivos de
Vicentin?
-Exactamente. Si el juez atiende
nuestros reclamos, tendría que removerlos de los cargos y designar a
los interventores que hemos propuestos nosotros.
La
Cámara
de Diputados
aprobó -con 250 votos afirmativos y dos abstenciones- un proyecto
consensuado entre todos los bloques parlamentarios que declara la
emergencia hasta el 31 de marzo de 2021 para procesos
de concursos preventivos y quiebras, en
el marco de la pandemia por coronavirus. En tanto, a continuación
tratarán el proyecto de moratoria
impositiva y previsional.
Los
proyectos que modifican de forma temporaria la Ley
24.522 de concursos y quiebras,
que determina la ampliación de los plazos procesales en el caso de
los concursos acreedores y la suspensión de ejecuciones por 180
días, y que fueran presentados por diversos bloques, fueron
debatidos esta mañana en la Comisión de Justicia de la Cámara
baja.
Durante
la reunión de labor parlamentaria que mantuvieron -previo a la
sesión- el titular de la Cámara de Diputados, Sergio
Massa,
y los jefes de bloque acordaron impulsar la iniciativa con la firma
de todos los espacios -excepto la izquierda, que optó por la
abstensión-.
La
reforma
de la ley de quiebras
fue reclamada por diversas entidades empresarias para evitar que se
sucedan decenas de quiebras cuando
se normalice la actividad en la justicia.
Al
inicio del debate, el diputado oficialista, Rodolfo
Tailhade,
destacó que se haya "podido avanzar a un acuerdo político en
torno a un texto".
En
tanto, su compañero de bancada, Carlos
Selva,
destacó que "el proyecto original tenía plazo de cobertura
hasta el 31 de diciembre y con muy buen criterio, los miembros de la
Comisión de Justicia interpretaron razonablemente llevar este plazo
hasta el 31 de marzo" de 2021.
"Se ha ahondado y se ha
ampliado y se han salvado situaciones que en el proyecto original
podrían haber generado mayor litigiosidad y conflicto", subrayó
Selva al destacar la unificación de proyectos del oficialismo y de
la oposición.
A
su turno, el titular de la bancada del PRO, Cristian
Ritondo,
indicó: "Entendimos que este proyecto era el complemento de la
ley de moratoria que vamos a tratar luego. El aislamiento obligatorio
ha planteado una serie de desafíos que nos demanda respuestas para
el aparato de producción. Miles de empresas están en riesgo y con
ellas muchos empleos formales".
“El desafío que hoy tiene la
política es extender esa mano para que los argentinos puedan
defender su trabajo. En esta ley, tanto oficialistas como opositores
hemos logrado llegar a un consenso común. Desde la política hemos
encontrado la forma de colaborar con leyes para salir adelante”,
agregó.
Por
su parte, la diputada de Consenso Federal, Graciela
Caamaño,
celebró el acuerdo de todos los bloques para “encauzar esta sesión
en este marco donde cerca de 100.000 empresas corren riesgo. Todos
entendimos que lo más importante era suspender por 180 días la
posibilidad de que estas empresas entren en riesgo y pongan en riesgo
las fuentes de trabajo”.
“Hay un sector al que no
tenemos que dejar solo y ese sector es el empresarial de nuestro
país. No podemos darnos el lujo de no acompañarlo. Tenemos que
sostenerlo para poder sostener la patria”, continuó y advirtió
que sin esta ley “vamos a tener un problema muy serio a partir de
la semana que viene”.
En
tanto, el titular del interbloque Unidad y Equidad Federal, José
Luis Ramón,
explicó que este proyecto busca congelar la situación de las
quiebras e hizo hincapié en la inclusión de personas humanas.
“Desde nuestro bloque
incorporamos la cuestión de las personas humanas. Poder ingresar al
consumidor y al trabajador en este proyecto es un avance enorme. Para
aquel ciudadano común que no es una empresa y que ahora tiene la
oportunidad de sanear un proyecto de quiebra es fundamental”,
indicó.
El
texto consensuado plantea la
suspensión del cómputo de los plazos procesales regidos por la ley
de quiebras por 180 días e indica que será el juez de cada proceso
el que deberá fijar un nuevo cronograma.
Además, quedarán suspendidos
“en pleno derecho y sin requerimiento de parte” los procesos de
ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones
financieras; la totalidad de las subastas judiciales y
extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias; la
prescripción y caducidad de los créditos.
También
se prohíben
“nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto para el caso de
los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos
laborales, y créditos de origen alimentarios”.
En
tanto, más tarde pasará a discutir el proyecto
que amplía la moratoria impositiva
-que obtuvo el martes dictamen de mayoría- y contempla que a los
beneficios podrán incorporarse las deudas vencidas al 30 de junio
pasado, incluye premios para los contribuyentes cumplidores.
Este viernes se cumplió la
medida dispuesta por el juez federal Julián Ercolini quien
libró una orden de presentación para que la empresa Vicentin
entregue documentación contable.
Ercolini hizo lugar a una medida
de prueba pedida por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien tiene
delegada la investigación por supuestos delitos en el otorgamiento a
Vicentin de créditos multimillonarios por parte del Banco Nación
durante el gobierno de Mauricio Macri, informaron fuentes judiciales.
El magistrado libró una “orden
de presentación” por exhorto con un “allanamiento en subsidio”,
que no fue necesario realizar porque la empresa accedió a entregar a
los enviados judiciales los libros contables requeridos.
Hace algunos minutos, en su
cuenta de Tweeter, el presidente Alberto Fernandez anunció el
decreto en el que resuelven dar marcha atrás con la intervención y
el envió al Congreso Nacional del proyecto de expropiación de la
empresa.
El juez interviniente en el
concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer
cuál es el pasivo real de la compañía.
Ha impedido también el acceso de
la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido
en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del
tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio
2019.
El
Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el
actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un
fideicomiso compartiendo la gestión del mismo.
Nuestra
intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos,
colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de
trabajo.
Pero
también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que
provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído.
La
intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a
Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su
verdadero estado patrimonial.
En
estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que
podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada
para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del
irresponsable proceder de los actuales administradores, Señalo
en sus tweets.
Daniel
Roberto Távora Mac Cormack
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