Domingo 26 de julio de 2020
II
Las falacias del discurso neoliberal

El fuerte aumento en el saldo favorable, explicó la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, reflejó el “menor impacto en las exportaciones argentinas, en comparación con las importaciones”, en el marco del golpe de la pandemia de Covid-19 sobre el comercio mundial de bienes.



El superávit comercial acumulado entre mayo de 2019 e igual mes de este año “alcanzó los US$ 18.000 millones, el mayor valor nominal registrado en la historia de nuestro país”, destacó la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici).

El fuerte aumento en el saldo favorable, explicó la Aaici, reflejó el “menor impacto en las exportaciones argentinas, en comparación con las importaciones”, en el marco del golpe de la pandemia de Covid-19 sobre el comercio mundial de bienes.

La Agencia recordó que la Organización Mundial del Comercio (OMC) estima que, en el acumulado anual, el comercio internacional podría reducirse entre 13% y 32%.

“Al analizar las compras que realizan nuestros principales socios comerciales, se observa de manera unánime una reducción en las importaciones”, indicó el Monitor de Exportaciones de la Agencia.

Las compras de bienes de
China disminuyeron 13%, mientras que en el caso de los Estados Unidos la caída fue del 9%, en la comparación interanual para el mes de mayo.

Brasil, por su parte, ya dispone de información de junio, según la cual las importaciones se redujeron 23% respecto del mismo mes del año pasado, y en el caso de la Unión Europea el último dato disponible corresponde a abril y señala una desaceleración de las importaciones del orden del 25%.

También las importaciones de
América Latina bajaron, 13% en promedio en el acumulado de 2020, con Argentina y Chile como los principales países en recortar sus compras.

No obstante, a pesar del contexto mundial, indicó la Aaici, las exportaciones nacionales hacia China, principal socio comercial en mayo, con 19% sobre el total de envíos, crecieron 25% (US$ 193 millones) “por el aumento en las ventas de productos como porotos de soja, carne bovina y calamares congelados”.

En cambio, el caso del
Mercosur los envíos se redujeron 48% (US$ 491 millones) en mayo, respecto del mismo mes del año pasado, en gran parte por la caída en las ventas de manufacturas de origen industrial (MOI).

A la vez, las exportaciones a Brasil, principal socio y destino dentro del bloque, disminuyeron 53% interanual (US$ 432 millones) principalmente por la merma en los envíos del sector automotor.


 
La caída en las ventas de MOI también afectó las exportaciones al bloque Nafta (Estados Unidos, México y Canadá), que disminuyeron 51% (US$ 276 millones) respecto de mayo de 2019, mientras los envíos argentinos a la Unión Europea cayeron 26,5% (US$ 200 millones), detalló la Aaici.

El cuadro recesivo global, concluyó, también afectó la exportación de servicios basados en el conocimiento: según datos de enero-marzo las ventas al exterior del rubro fueron de US$ 1.420 millones, lo que implicó una disminución interanual de 10%.

Las negociaciones por la Deuda Externa no planea erogaciones durante el resto del año … por lo que la situación de las cuentas del Estado no está en crisis como supuestamente intenta instalar el relato neoliberal.

La nota periodística titulada "Argentina's Peronist president on the virtues of Henry Ford capitalism" (El presidente peronista de Argentina habla de las virtudes del capitalismo de Henry Ford) fue publicada este sábado por el corresponsal en Buenos Aires, Benedict Mander, quien entrevistó la semana pasada al mandatario en la residencia de Olivos.

"Yo creo en el capitalismo de [Henry] Ford, que un día se preguntó: "¿Por qué mis empleados no están usando mis autos?". Ese capitalismo mostraba más solidaridad, porque creaba empleo, producción y generaba inversión: eso es lo que necesitamos, no el capitalismo especulativo", señaló Alberto Fernández, según publica el diario económico

Además de resaltar el elogio de Alberto Fernández al fundador de la automotriz norteamericana, el mandatario se mostró partidario de "resolver los problemas económicos" más allá de las formulaciones ideológicas.

La pandemia ocupa hoy el primer plano de la escena política mundial y parece haber precipitado una recesión de la economía global y una orgía especulativa en el sistema financiero internacional de magnitudes inéditas. Los Estados Unidos, primera potencia del mundo, tiene la mayor cantidad de contagiados y muertos y se deshilacha al impacto de turbulencias pocas veces vistas en su historia contemporánea.


Luego de casi una década de flexibilización monetaria, tasas de interés cercanas a cero o negativas y endeudamiento creciente, la Reserva Federal no ha logrado superar las causas estructurales que detonaron la crisis financiera de 2008 y ha perdido la posibilidad de manipular las tasas de interés para gestionar una recesión. En un contexto de gran endeudamiento, el apagón económico global producido por la pandemia ha desencadenado una crisis económica ante la cual la Reserva Federal no ha encontrado otro recurso que seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo, pero con mayor intensidad.

Así, en poco tiempo ha inyectado dosis masivas de liquidez en el sistema financiero a fin de impedir un default de grandes corporaciones. El resultado ha sido una desconexión creciente entre la economía real y lo que pasa en las finanzas, creando condiciones para que la crisis trascienda el ámbito económico, impregne lo político y desborde al ámbito de los conflictos geopolíticos. Mientras cunde el desempleo masivo y una ola de defaults de créditos para el consumo (hipotecas, estudios, autos y gastos de tarjetas de crédito), se suma al cierre de empresas de distinto tamaño en distintos sectores de la producción. La fuerte intervención de la Reserva Federal en el mercado financiero para salvar a las corporaciones altamente endeudadas logró revertir momentáneamente la caída del precio de sus acciones, asegurado grandes ganancias en ciertos sectores, especialmente los  vinculados a la alta tecnología. Hoy el valor de las acciones de tres corporaciones representa el 16% del S&P 500 y más de un tercio del Nasdaq 100 (zerohedge.com 23 7 2020).

El costo de esta intervención ha sido un aumento de la especulación, conjuntamente con mayor endeudamiento y desigualdad económica y social. En este contexto de enormes contrastes, un crimen racial ha detonado una protesta social que expone una profunda crisis de legitimidad institucional. Sin embargo, mas allá de las características intrínsecas a la sociedad norteamericana, la crisis institucional es un aspecto inherente a la crisis sistémica que hoy azota al mundo que conocemos.

En los últimos años una ola de movimientos de protesta social, con distintos signos políticos y culturales, se ha esparcido por el mundo. La concentración del poder en pocas manos, como consecuencia de la expansión mundial del capitalismo monopólico global, ha dado lugar a una creciente desigualdad económica y social y a un aumento de demandas que, al no encontrar canales institucionales para expresarse, erosionan la legitimidad de las instituciones políticas. Este fenómeno también ha sido alimentado por una creciente incidencia de los medios de comunicación altamente concentrados sobre las decisiones políticas y sobre la formación de la opinión publica.

El uso de tecnologías cada vez mas complejas ha potenciado el rol de los medios y de las redes sociales sobre el control de la población a través de la manipulación de la información, de las opiniones y de la creación de un sentido común que reproduce a una estructura de poder basada en la maximización de ganancias en todos los ámbitos de la vida social. En este contexto, el desarrollo descontrolado de la pandemia ha contribuido a que la crisis institucional y el rol que en la misma juegan los medios de comunicación emerja a la luz del día en la mayoría de los países, independientemente de las ideologías y las especificidades de sus respectivas instituciones.



Polarización política y rol de las corporaciones tecnológicas
La pandemia avanza descontrolada en los Estados Unidos y arranca jirones del manto que ha ocultado por mucho tiempo la profundidad de una crisis de legitimidad institucional que viene de lejos. Trump ganó las elecciones de 2016, montado sobre esta crisis prometiendo “limpiar el pantano” de Washington DC “dominado por el establishment” de los partidos políticos y de los medios de comunicación. Sin clientela política propia, Trump confrontó hábilmente con la prensa liberal y utilizó a Twitter como base de su campaña electoral. Cuatro años después, la situación es muy distinta.

Las promesas hechas a los que lo votaron en 2016 han quedado en el tintero. Su administración incorporó a poderosos intereses financieros, y desarrolló una política económica que privilegió a la especulación y desembocó en la actual crisis económica. Paralelamente, aumentó el presupuesto militar dando fuerte financiación al complejo industrial militar e incorporó a su gabinete a conocidos dirigentes neoconservadores con participación en la gestión de las guerras de Afganistán e Irak. Su política exterior se caracterizó por una creciente militarización de la política económica. Habiendo prometido poner fin a las guerras, desencadenó una guerra comercial con China que al poco tiempo se transformó en una guerra tecnológica y hoy amenaza con convertirse en un enfrentamiento militar en algunas zonas sumamente sensibles.

Su política de devolver la grandeza de América que habría sido “saqueada por China” contó con el apoyo del Pentágono y la reticencia de las grandes corporaciones tecnológicas con fuerte penetración en el mercado chino (zerohedge.com 26 5/7 12 2018; 13 5 2019). A pesar de los esfuerzos de Trump y del Pentágono por cortar una relación que «pone en peligro a la seguridad nacional», estas corporaciones tecnológicas continúan con fuerte presencia en el mercado chino y mantienen intrincadas relaciones tecnológicas con este país. La presión del gobierno norteamericano sobre las mismas ha incluido el intento de regular su actividad monopólica y la utilización de los contratos del Pentágono para fomentar la rivalidad entre corporaciones y disciplinar a las que han sido más adversas a Trump y a sus políticas (zerohedge.com 25 10 2019; 15 4 2020).

Durante su gobierno, Trump sufrió varios intentos fallidos de juicio político en el Congreso liderados por el partido Demócrata, funcionarios de los organismos de inteligencia y la prensa liberal. Ahora, en vísperas de las elecciones de noviembre, enfrenta a todos estos sectores a los que se ha sumado el núcleo más duro de neocons que buscan quitarle apoyo dentro del propio partido republicano. Asimismo las grandes corporaciones tecnológicas que dominan Internet y las redes han pasado a la ofensiva para impedir su triunfo electoral. Trump no logró doblegar su poder monopólico ni interrumpir sus intrincados lazos tecnológicos con China (zerohedge.com 2 6 2019; nationaldefensemagazin.org 13 5 2019; cnbc.com 23 5 2020; zerohedge.com 24 6 2020). Ahora ha redoblado la apuesta y busca quitarles su protección legal ante posibles juicios por el contenido de la información que manejan (zerohedge.com 29 5 2020).

Así, tanto los medios de comunicación escritos y televisados como Internet y las redes sociales se han convertido en un verdadero campo de batalla. A la masiva y continua producción de fake news por parte de los principales medios liberales se suma el reconocimiento explícito del ejercicio de la censura por parte de Google, YouTube, Facebook y Twitter. Estas corporaciones admiten públicamente que utilizan técnicas complejas para censurar opiniones políticas, comentarios sobre la pandemia y la cuarentena, comentarios de política incluyendo opiniones sobre los gobernantes chinos y sus políticas (zerohedge.com 1 2/, 26, 27 5/ 2020 axios.com 30 6 2020). También censuran abiertamente los comentarios de Trump que consideran racistas y/o fake news al no adecuarse a la “verdad de los hechos”. Esta verdad depende de criterios propios que no son transparentes (axios.com 12 9 2019; zerohedge.com 30 6/11 7 2020).

La controversia entre Trump y las corporaciones tecnológicas no le ha impedido ser el principal usuario de Twitter y producir constantemente comentarios racistas y fake news para movilizar a sus seguidores y recuperar el terreno perdido en los ratings como consecuencia de su mal manejo de la pandemia y de la represión que desató sobre la protesta social por el asesinato de George Floyd. Esta represión, sin embargo, se ha convertido en el talón de Aquiles de su campaña política. En la ultima semana ha inaugurado una nueva estrategia electoral centrada en la intensificación de la represión, buscando gestar un clima de violencia preelectoral que polarice aun mas al electorado y le asegure la participación masiva de sus votantes.

Intensificando la crisis institucional

Esta estrategia consiste en usar fuerzas federales esparcidas en distintas reparticiones del Estado y limitadas a actividades específicas —como por ejemplo el control de la inmigración, del narcotráfico, de parques nacionales, etc.—. e inyectarlas en la represión de las manifestaciones en distintas ciudades, sin el consentimiento de las autoridades estatales e incluso sin previo aviso.



Trump fundamenta su decisión en la necesidad de resguardar los valores esenciales y la “seguridad nacional amenazada por la anarquía”. En la práctica, está intentando hacer lo que ningún Presidente hizo hasta ahora: crear una fuerza de policía con el objetivo de controlar la protesta social en todo el territorio nacional. Desde los orígenes del Estado norteamericano, una preocupación central a todos los gobiernos ha sido proteger el federalismo inherente a su sistema político del peligro que representa para la autonomía de los Estados la existencia de un poderoso Ejecutivo nacional capaz de mantener una policía permanente y con cobertura de todo el territorio nacional. Ahora Trump intenta imponer esta alternativa.

El operativo debutó una semana atrás con el desembarco en Portland de agentes de seguridad, pertenecientes al Departamento de Homeland Security (DHS) que tiene a su cargo la seguridad de las fronteras. Esto se realizó sin permiso ni notificación a las autoridades locales. Camuflados, sin identificación y usando vehículos alquilados y sin chapa, las fuerzas federales se metieron en una zona tomada desde hace semanas por una protesta social y reprimieron brutalmente secuestrando manifestantes e hiriendo severamente a uno de ellos (zerohedge.com 22 7 2020). Esta situación provocó la airada respuesta de las autoridades locales: el gobernador y la alcaldesa, y del Procurador General del Estado (US District Attorney), quienes iniciaron acciones legales contra DHS y las autoridades federales involucradas.

La cosa sin embargo no quedó ahí. El lunes de esta semana Trump anunció que Portland era solo el comienzo del operativo que continuará con el envió de tropas federales a “New York, Chicago, Filadelfia, Detroit y Baltimore y todas esas ciudades que son un desastre…todas gobernadas por demócratas liberales… vamos a enviar mas tropa federal de la que se imaginan» (theatlantic.com 21 7 2020). Esto provocó el rechazo inmediato de las autoridades locales involucradas (zerohedge.com 22 7 2020).

El operativo de Portland implica una ruptura violenta de la autonomía de los Estados y de la competencia de las autoridades locales. Atenta además contra autoridades federales como el Procurador General de cada estado (DA) y coloca al país en la peligrosa vía del enfrentamiento violento entre el gobierno nacional y los gobiernos estatales y autoridades municipales. Esta ruptura es acompañada de una profunda polarización política, y se da en circunstancias en que la protesta social no ceja, cunden los estragos de la recesión económica y se acercan unas elecciones que prometen ser las más cuestionadas de la historia contemporánea, en la medida en que ya existen decenas de juicios en distintos Estados y ciudades pidiendo la nulidad o cambios en las reglas estipuladas para la votación.

Así, presionado por los acontecimientos, Trump fuga hacia adelante y genera situaciones que agudizan la crisis institucional. En este contexto, la protesta social admite creciente participación de todas las razas y agrega al reclamo de la desfinanciación de los departamentos policiales, llamados a la huelga para mejorar condiciones de trabajo y salarios para todxs. En este clima crece la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones, su legitimidad y el futuro de la protesta social.

Cacerolas, fusiles y control de la post pandemia

La pandemia entró en una fase arrolladora superando los 6.000 contagios diarios. Así, el país ocupa el sexto lugar de más contagios diarios en el mundo. Esta noticia llega en plena flexibilización de la cuarentena, como resultado del embate de los anticuarentena liderados por dirigentes macristas y con amplio apoyo del “periodismo de guerra”.

La acumulación de pruebas en las causas judiciales sobre el espionaje ilegal de la era Macri y una reforma judicial que ya entra en gateras, parecen preocupar al macrismo y al periodismo involucrado. Mientras el abogado del ex Presidente reconocía que “hubo espionaje ilegal” durante su mandato, pero desvinculaba a su cliente del mismo, un diputado de JxC re twitteaba una convocatoria a cambiar las cacerolas por los fusiles. En un país con mas de 30.000 desaparecidos, esta barbaridad pasó de largo: no fue cuestionado por las autoridades de su partido y ninguna autoridad judicial se preocupó por el caso.


Otro sector anti cuarentena, la AEA —organización que nuclea a los grandes empresarios que apoyaron al gobierno de Macri—, se apuntó un gol esta semana al acordar con los dirigentes de la CGT trabajar “una agenda común para la post pandemia” en base a “inversión privada, eliminación de la presión impositiva y creación de empleos de calidad”. De paso, presionaron al gobierno para evitar el default (lanacion.com 21.7 2020). En esta asociación resuenan ecos de un pasado en el que los principales dirigentes sindicales se aliaban a grandes empresarios y a una dictadura militar, para sabotear hacia fines de los ’60 las mejoras salariales que reclamaban las bases obreras en todo el país. Por ese entonces, esta alianza entre una “burocracia sindical” y la “patria contratista” abrió un periodo de intensas luchas, signadas por la resistencia de las bases obreras a aceptar “planes” que implicaban ajuste salarial y pérdida de empleos, y prometían inversiones que nunca llegaban y eran sustituidas por subsidios de todo tipo, evasión de impuestos y fuga de capitales. Esta alianza generó una crisis de legitimidad institucional que abrió las puertas al Terrorismo de Estado.

Hoy estamos lejos de ese entonces. Sin embargo, en plena pandemia y en una economía devastada, los grandes empresarios siguen reclamando subsidios de todo tipo sin considerar lo que pueden y deben aportar a la reactivación económica y a los costos de la pandemia. Mientras tanto, los dirigentes de la CGT, que aceptaron una disminución de un 25% de los salarios y pago en cuota de los aguinaldos de sus representados durante la pandemia, nada reclaman de sus nuevos socios de AEA a pesar de que saben que la falta de inversiones, la evasión impositiva y la fuga de capitales han sido dos arietes del vaciamiento económico que nos llevó a la situación actual.

Lo que está en cuestión por estos días no es si los grandes empresarios participan o no de la lucha contra la pandemia y de la reactivación económica, sino cómo lo hacen, cuánto aportan de su capital y cómo controlará el Estado el destino de subsidios que eventualmente pueda otorgar. Frente a este nuevo intento de marcarle la cancha al gobierno, este debería convocar a la participación activa de los movimientos sociales y organismos sindicales para elaborar medidas concretas e inmediatas para reactivar la economía. Asimismo, el mejor antídoto a los anticuarentena es mostrarle a la población los estragos concretos de la pandemia y el enorme esfuerzo que el gobierno hace para combatirla y para alimentar a vastos sectores sociales que se precipitan aceleradamente en la pobreza. El silencio, el aumento de las víctimas de la pandemia y la desmovilización crean el caldo de cultivo para la desestabilización del gobierno.

Cuatro eventos de los últimos días permiten observar con más nitidez cómo intervienen actores económicos relevantes en la disputa sobre el rumbo del gobierno de Alberto Fernández.
1. Los titulares de corporaciones reunidos en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), conducidos por Techint y Clarín, emitieron un comunicado, luego de la reunión virtual con dirigentes de la CGT, que es un pliego de condiciones ortodoxas de ajuste fiscal, desconociendo el papel central del Estado en la pandemia y minimizándolo para la pospandemia, además de no apoyar la estrategia oficial en la negociación con los acreedores. La declaración fue difundida el martes pasado y fue acompañada por la CGT.

2. Al día siguiente, esa misma conducción de la CGT reparó en parte haber participado de ese grotesco político contra el gobierno y emitió un comunicado afirmando que los acreedores deben comprender que la última oferta presentada por el gobierno es "el máximo esfuerzo que el país está en condiciones de realizar".
3. El viernes, el presidente Alberto Fernández tuvo un encuentro virtual cálido y de mucha densidad política con la amplia representación de dirigentes pymes y sindicales para anunciar la continuación del apoyo del Estado al tejido productivo y laboral a través del ATP mientras continúe la pandemia. Se amplió así la incompleta e insuficiente foto del 9 de Julio en la Quinta de Olivos.
4. Finalmente, ese mismo día las cámaras del establishment reunidas en el G-6 difundieron un comunicado constipado respaldando la oferta argentina, invitando a que "los acreedores externos cooperen con un esfuerzo final para concretar la reestructuración consensuada". Es mejor que nada.

Deuda

La reestructuración de la deuda en default de Macri, que está transitando el último tramo de negociación, es la pieza relevante y más notoria de la tensión estructural acerca del proyecto económico en disputa. Queda de manifiesto en las expresiones públicas que ha emitido cada uno de los actores económicos en estos meses. 
Un camino es intentar el complejo que propone el desarrollo nacional con inclusión social. Otro ofrece una economía subordinada y proveedora mundial de materias primas con fragilidad laboral y social.
 
Como se sabe, el desastre financiero que dejó en tiempo récord de cuatro años el último experimento neoliberal será un fuerte condicionante de la economía durante muchos años, incluso con una renegociación exitosa de la deuda privada, en los tramos internacional y local, y de la acumulada con el FMI.
Pese a ello, y siendo una cuestión no menor para evaluar las restricciones de la economía en el mediano plazo, el acuerdo con los acreedores que impulsa el gobierno de Fernández es la apuesta oportuna para aspirar a reconstruir una economía pospandemia de desarrollo nacional.
A esta altura no es un misterio que no es el proyecto que quiere la conducción política del poder económico, que tiene su base de operaciones en AEA. Esa oposición no es sólo por una cuestión ideológica conservadora y política de rechazo al peronismo-kirchnerismo, también es por la defensa de sus propios intereses inmediatos (los titulares y sus empresas son también acreedores al poseer bonos de deuda) y estructurales, que están referidos a expandir la base material de sus negocios corporativos.

Impunidad

El último comunicado de AEA deja en evidencia que a ese club de dueños de grandes empresas no le interesa la expansión del mercado interno ni la reconstrucción del mercado de deuda en pesos.
Estos dos objetivos próximos son postulados por el equipo económico liderado por Martín Guzmán, que tiene la salida del default de Macri como precondición para desplegarlos en plenitud para financiar la pospandemia y comenzar la reparación del tejido productivo, laboral y social.
El plan que propone la cúpula del poder económico, en cambio, es arreglar rápido la deuda con los acreedores externos, sin importar si se supera el límite superior de sustentabilidad de la deuda. Pretende también pagar pocos impuestos y no tener controles de capitales para dolarizar sus excedentes sin restricciones.
No es necesario ser un experto en el lenguaje de gestos para darse cuenta de ese plan: la amplia red de economistas de la city postulan esa receta y sus medios de comunicación (Clarín, La Nación e Infobae) la amplifican en forma coordinada.
Como cada uno y entre ellos se miran en forma permanente al espejo no registran que para observadores atentos exhiben un nivel de impunidad e impudicia mayúsculo.
Si en el último tramo de una compleja negociación con los más poderosos fondos de inversión del mundo, liderados por BlackRock, cuyo dueño Larry Fink tiene estrechos vínculos con el gobierno de Estados Unidos (es agente financiero de la Reserva Federal), se vocifera que el ministro Guzmán que lidera las conversaciones "miente", como afirmó el economista Carlos Melconian en estos días, no se requiere mucho esfuerzo para darse cuenta del lado del mostrador en que se ubican.

Mesa

No mencionan -ni agradecen por lo tanto- al Estado como actor relevante en el diseño de un dispositivo de emergencia con recursos públicos para proteger empresas y trabajadores en la pandemia.
No hacen referencia a la necesidad de fortalecer el mercado interno.
No consideran que el Estado vaya a tener un rol central en la recuperación económica de la pospandemia.
No apoyan al gobierno en la negociación de la deuda en default con los acreedores privados.
Ese comunicado de AEA es revelador de cuál es el plan de la conducción política del poder económico. Para lecturas mezquinas es necesario aclarar que esas compañías deben ser parte de una mesa de diálogo y de elaboración de políticas específicas para rescatar la economía.
La clave se encuentra en quién se sienta en la cabecera de esa mesa; o sea, quién define los tiempos y la orientación de la política económica.
La conducción política del poder económico pretende definir las reglas de juego, como lo ha hecho en otras oportunidades, la más reciente en la gestión macrista. La prueba de ello es la Ceocracia de la administración del Estado en esos años.
El gobierno de Alberto Fernández está convencido de que al frente de esa mesa debe estar el Estado para impulsar el desarrollo nacional, lo que no significa desplazar al sector privado como confunde el discurso vulgar de defensa de escándalos empresarios, como Vicentin y Edesur, sino potenciarlo con políticas públicas para alcanzar ese objetivo.

Mercado interno

La estrategia oficial de la pospandemia no excluye sino que incorpora en sentido amplio a cada uno de los actores económicos del entramado productivo, laboral y social, estableciendo prioridades. 
 
Plantea que la economía necesita poner a trabajar los recursos ociosos y recuperar el mercado interno en forma inmediata (2021), al tiempo de generar las condiciones para aumentar las exportaciones posteriormente (2022-2023, cuando el comercio internacional también mejoraría).
De ese modo aspira a no toparse con la restricción externa, o sea la escasez relativa de divisas, origen de todas las últimas grandes crisis económicas locales.
Esa secuencia requiere como precondición el acuerdo de la deuda en default (alivio en los pagos próximos) para que haya margen fiscal para utilizar recursos públicos en esa política expansiva. Una mala resolución con los acreedores, que implica pagar lo que ellos quieren, no lo ofrecería.
Si se entiende ese recorrido queda al descubierto por qué la conducción política del poder económico combate el proyecto oficial, puesto que ella postula una secuencia inversa.
Propone un arreglo rápido con los acreedores, para poder así conseguir endeudamiento en dólares para sus compañías, privilegiar la salida exportadora con un tipo de cambio todavía más elevado, y postergar la mejora del mercado interno.

Confusiones

AEA dejó escrito lo que pretende en ese comunicado que incluyó a la CGT como representantes de los trabajadores. Es notable como esos dueños de grandes empresas ignoran la existencia de la parte de la economía que está en la informalidad. Postulan la necesidad de implementar "políticas específicas" y que ellas son "aún más urgentes en vista a la crítica situación económica y al esfuerzo enorme que implicará mantener en actividad al dispositivo productivo y al empleo formal en el país".
La pandemia dejó al descubierto la existencia de amplios sectores desamparados y en situación económica muy frágil, y ellos sólo hacen referencia al "empleo formal".
Es tan fuerte el antikirchnerismo de sus integrantes que los lleva a confundir el recorrido histórico de la economía local. Dicen que "Argentina viene de muchas décadas de un mal rendimiento económico". Podrían afirmar que no están de acuerdo cómo se creció en ese ciclo, pero las estadísticas públicas y privadas muestran que en esos años, con no tan buenos resultados en el último mandato de CFK, hubo un importante aumento del PIB. También lo hubo en el ciclo 1991-1998.
La clave es entender las razones de la posterior caída, no desconocer los períodos de auge. Lo que sucede es que avanzar en esa comprensión puede ubicarlos en el lugar de ser unos de los principales responsables de esas debacles.
El pliego de condiciones de AEA es el siguiente:
1. "El papel clave de las empresas privadas y sus cadenas de valor en el proceso de desarrollo y especialmente para la salida de esta crisis.
2. Políticas específicas para promover el empleo registrado.
3. Políticas públicas destinadas a movilizar la capacidad productiva y las exportaciones de bienes y servicios.
4. La inserción inteligente de la Argentina en el mundo. Específicamente, se aspira a un resultado positivo en las decisiones con los acreedores externos.
5. La necesidad de reducir gradualmente la presión tributaria sobre el sector formal de la economía, atendiendo a su vez a la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales.
6. Educación Técnica y Formación Técnico-Profesional".

Aire fresco

El último punto, así presentado, no ofrece mucha precisión de qué se trata. Reitera además el papel clave de las empresas privadas, como si el gobierno de Fernández no lo considerara ni tampoco un proyecto de desarrollo nacional.
Se trata de una consigna que la conducción política del poder económica está instalando en el debate público sólo con el objetivo de erosionar a la coalición gobernante.
Esa campaña no se sustenta en un análisis ni descripción rigurosa de lo que está pasando. Más aún cuando AEA fue uno de los principales soportes financieros y políticos de la administración macrista, que no se inhibió de atropellar al mundo empresario.
El macrismo, además de promover la destrucción de miles de compañías, en especial pequeñas y medianas, con su política económica, persiguió empresarios, los metió presos, incentivó el procesamiento de decenas de ellos con fotocopias de cuadernos, intentó que amigos de Macri y de funcionarios se quedaran con compañías, despreció a industriales, utilizó a miembros del Poder Judicial para apretarlos, los espió en forma ilegal y les hizo perder plata como nunca.
En esos años no había preocupación por la propiedad privada por parte del establishment y sus voceros, lo que deja al descubierto que esa consigna ahora es un instrumento para horadar la gestión Fernández.
El encuentro con las pymes, en el cual hubo intercambios fructíferos para construir un proyecto de desarrollo nacional, fue aire fresco ante el agobio permanente que la conducción política del poder económico somete a la mayoría de la sociedad.

La crisis es global. Con Pandemia o sin pandemia, la economía neoliberal no logró superar la crisis de finales del 2007 y daba serias señales de que de una u otras maneras, el colapso en ciernes era evidente. El asunto es que en estos tiempos de “Stand by”, las tensiones que se expresan en los poderes globalizados y transnacionalizados desarrollan sus estrategias para la mal llamada “nueva realidad” pospandemia … Argentina necesita pensarse y decidir su rol en ese juego de tensiones que supondrá alguna nueva forma de ordenar las piezas en el tablero mundial.


Daniel Roberto Távora Mac Cormack

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