Martes
28 de Julio de 2020
El
Poder Judicial tiene la función de garantizar el Estado de derecho,
resolver los conflictos que se presentan en toda comunidad y asegurar
la vigencia de los derechos. Desde hace ya muchos años padece tres
órdenes de problemas que dificultan el cumplimiento de estas
funciones.
Estos
problemas –de orden institucional, funcional y cultural– han
provocado una grave crisis de legitimidad del Poder Judicial. Según
diversos estudios, alrededor del setenta por ciento de los argentinos
descree del Poder Judicial. Estos números son más preocupantes
respecto de la Corte Suprema, que exhibe un nivel de insatisfacción
que ronda el ochenta por ciento, según un estudio de la Universidad
de San Andrés. Lo cierto es que el desprestigio de una parte del
Poder Judicial se derrama sobre el resto de los magistrados que
cumplen adecuadamente sus funciones.
Ningún
órgano de gobierno puede funcionar adecuadamente con semejantes
niveles de desconfianza ciudadana. A diferencia de lo que ocurre con
los poderes políticos, el Poder Judicial no puede resolver sus
problemas de legitimidad en las urnas. Se trata, además, del único
órgano de gobierno en el que la opacidad es la regla tanto para su
administración como respecto de la forma en que construye y hace
públicas sus decisiones. En efecto, carece de las instancias de
vigilancia y control ciudadano de los poderes políticos.
Entre
los problemas de orden institucional son particularmente graves la
falta de independencia externa, respecto del poder político,
económico y mediático; como interna, respecto de tribunales
superiores o magistrados influyentes; la opacidad de su
administración y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas.
Por otro lado, la carencia de una cultura de diálogo
interinstitucional –el viejo sistema de frenos y contrapesos–
obtura la posibilidad de arribar a decisiones judiciales con mayor
respaldo democrático.
La
excesiva concentración de poder es inadmisible en una república. En
la Corte solo cinco personas tienen la última palabra sobre la
constitucionalidad de leyes, decretos y actos administrativos
emanados de autoridades elegidas por el voto popular. Si consideramos
que los fallos suelen ser divididos, la mayoría se logra con apenas
tres votos, y en consecuencia la jurisprudencia tiende a ser más
variable. Por otro lado, una Corte reducida ofrece menos
posibilidades de pluralidad de género, de especialidad, de carrera
profesional, de procedencia geográfica, etc. Es tiempo además de
que la cabeza del Poder Judicial tenga una integración con paridad
de género.
Es
necesario revisar el funcionamiento de la Corte. Desde 1909 y por una
construcción pretoriana, se atribuyó la competencia de revisar
hechos y derecho de las sentencias de tribunales inferiores,
convirtiéndose en una instancia más tanto en materia federal como
de derecho común. Esta competencia autoatribuida representa la mayor
actividad de la Corte y la razón del abarrotamiento de causas. En
busca de una solución, en 1990 se introdujo otro problema: el
artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
que permite al tribunal rechazar sin fundamento alguno las causas que
no quiere resolver.
La
concentración de poder en la justicia penal federal porteña –un
fuero que fue reconfigurado en la década del noventa para ser
garante de la impunidad de los hechos de corrupción, al tiempo en
que se profundizaba su connivencia con los servicios de inteligencia–
se ha revelado como un grave problema institucional en los últimos
cuatro años, en los que se han armado causas penales con testigos
guionados, pericias fraguadas, imputados extorsionados o remunerados
por el poder político, y se ha hecho un uso abusivo de la prisión
preventiva.
El
Consejo de la Magistratura es una institución fallida que no ha
cumplido adecuadamente las funciones de selección, sanción y
remoción de magistrados, que continúa disputando la administración
del Poder Judicial con la Corte, y que no tiene una integración
equilibrada tal como prescribe la Constitución.
Los
problemas de orden funcional se manifiestan en los obstáculos
materiales y simbólicos para el acceso a la justicia, como la
ausencia de un patrocinio gratuito en todos los fueros para quienes
lo necesiten, los elevados costos de litigar, el problema de la
centralización geográfica, las deficiencias de infraestructura y
digitalización, la incapacidad para resolver problemas comunes de
los ciudadanos en forma eficiente, en plazos y con costos razonables;
la lejanía del Poder Judicial respecto de la ciudadanía en general
y, en particular, de las necesidades e intereses de los sectores
populares y vulnerados.
Más
difíciles de contrarrestar, en cambio, son los problemas de orden
cultural: el corporativismo, la endogamia, el nepotismo, el elitismo,
la escasa fundamentación de buena parte de sus sentencias, el uso de
un lenguaje críptico, la resistencia al cambio, el machismo y la
misoginia; la reticencia al examen, al control del desempeño, a la
rendición de cuentas y a la implementación del ingreso democrático;
el verticalismo, el apego a los privilegios y, en general, la falta
de un proceso de incorporación de valores y prácticas como los que
fueron adoptando los otros órganos de gobierno a partir de la
transición democrática.
El
Presidente ha demostrado que conoce estos problemas y las reformas
que se discuten van en la dirección correcta. Es importante que este
proceso de reforma sea participativo e inclusivo, que las políticas
que se impulsen tengan un sustento empírico y que, cuando se carezca
de los datos suficientes, se los produzca.
Más
allá de las distintas políticas públicas que pueden impulsarse
para resolver estos problemas del Poder Judicial, las reformas a
encarar deben promover un servicio de justicia basado en el acceso
igualitario, la proximidad, la transparencia y la eficiencia, con el
fin de potenciar las capacidades del sistema para ofrecer soluciones
concretas a los problemas de los ciudadanos, con una mayor
sensibilidad por las necesidades de los sectores más vulnerados. Se
trata, en definitiva, de garantizar la efectividad de los derechos.
Hoy
estamos muy lejos de eso. Bienvenido sea este primer paso.
Es
uno de los proyectos más anunciados por el presidente Alberto
Fernández y el más esperado por estos días en el Congreso.
Mientras en la Quinta de Olivos y Casa Rosada se pule el texto de la
reforma judicial que llegaría esta semana al Senado, Cristina
Fernández de Kirchner ya allanó el camino para su debate: el
decreto por el cual prorrogó la semana pasada las sesiones remotas
por otros 60 días --con el aval de todas las bancadas
parlamentarias-- no tiene límites temáticos y le pone fin a la
resistencia de Juntos por el Cambio de negarse a tratar en forma
virtual proyectos que no estén vinculados a la emergencia sanitaria.
En la Cámara alta, el Frente de Todos tiene las manos suficientes
para avanzar con la reforma judicial y le da tiempo al oficialismo en
Diputados --donde los números son ajustados-- para buscar los
consensos necesarios al calor del propio debate.
Todo
está listo en el Senado para recibir el proyecto. Las versiones
indican que podría llegar el miércoles o el jueves, pero que en
todo caso no pasaría de esta semana. Aunque nadie tiene la certeza
sobre una decisión que finalmente tomará el Presidente, que
pretende que la reforma judicial sea uno de los hitos institucionales
de su gestión. La pandemia fue demorando su lanzamiento.
En
la definición del texto del proyecto de reforma judicial trabajan el
propio Alberto Fernández, la ministra de Justicia, Marcela Losardo,
la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y también se suma
el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.
PáginaI12
accedió a algunos de los ejes del proyecto. “Va a ser lo que
denominamos una reforma corta", aseguraron altas fuentes del
Gobierno a este diario. La propuesta apunta a que sean 46 los jueces
federales, repartidos entre los doce de Comodoro Py, donde hay
algunos juzgados vacantes, a los que se sumarán 34 entre los fueros
penal y penal económico. También pondrá en funcionamiento el
sistema de juicios por jurados y no habrá modificaciones en cuanto a
la elección y los concursos de los jueces.
“El
sistema acusatorio ya pasó por el Congreso. Lo que falta sobre ese
tema también pasará por el Congreso", destacaron las mismas
fuentes ante las versiones que impulsaba la oposición sobre la
inclusión del sistema acusatorio en el proyecto de reforma.
El
Código Procesal Penal de la Nación aprobado por el Congreso en
2018, que adoptó el sistema de enjuiciamiento acusatorio a cargo de
los fiscales y dejo atrás el viejo sistema a cargo de los jueces, ya
comenzó a implementarse en distintas provincias. La demora de su
llegada a la Ciudad de Buenos Aires obedece, en gran parte, a la
resistencia de los magistrados de Comodoro Py.
La
decisión de ingresar la reforma judicial en el Congreso a través
del Senado se debe a que el oficialismo tiene una mayoría que le
permitiría atravesar la primera etapa legislativa sin sobresaltos.
En el FdT existe unanimidad en la necesidad de llevar adelante la
reforma en un fuero altamente cuestionado por moverse y reacomodarse
según los tiempos políticos.
Con
la apertura del debate en la Cámara alta, los diputados oficialistas
contarán con más tiempo para trazar su propia estrategia
legislativa en busca de acuerdos para transformar en ley la reforma
judicial. El FdT necesita sumar al menos una decena de legisladores
de los distintos bloques opositores para garantizar la mayoría en
Diputados.
Antes,
también allí deberá acordar --como en el Senado-- un protocolo
para el funcionamiento de las sesiones virtuales mixtas sin
condicionamientos, si el aislamiento social continúa. En la prórroga
que se extiende a lo largo de julio, Juntos por el Cambio impuso que
todos los proyectos que lleguen al recinto deben contar con “el
acuerdo de todos los bloques” y dictamen de comisión.
Alberto
Fernández ya definió los nombres de los integrantes del consejo
asesor de expertos a quienes encomendará el diseño de propuestas
para reformar (y tal vez ampliar) la Corte Suprema, el Consejo de la
Magistratura y para implementar el sistema acusatorio para el sistema
penal y el juicio por jurados a nivel nacional. El Presidente se
comunicó con los elegidos, que son 11, y los convocó para hacer una
presentación oficial este miércoles a las 16 horas. Todo indica que
los presentará junto con el proyecto de reforma judicial que enviará
al Congreso, que apunta a una reestructuración profunda y extendida
de la justicia federal. La comisión tendrá un plazo de 90 días
para presentar propuestas y el objetivo es que se puedan transformar
en proyectos de ley.
El
grupo de juristas es variado y equilibrado, en género,
especialidades y representación provincial. Así como formará parte
el penalista y profesor Alberto Beraldi, abogado de Cristina
Fernández de Kirchner, también fue convocada la jueza del Superior
Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Weinberg de Roca, que
fue la candidata que el ex presidente Mauricio Macri había postulado
(aunque su pliego no fue votado) para estar al frente de la
Procuración General, tras la salida de Alejandra Gils Carbó.
También estará, desde España, donde vive, el profesor de derecho
penal Enrique Bacigalupo. Fueron convocados los constitucionalistas
Andrés Gil Domínguez y Gustavo Ferreyra, el penalista, ex ministro
y ex camarista del Juicio a las Juntas León Arslanian, la jurista
Marisa Herrera, que se especializa en derecho de familia y participó
–por ejemplo— de la reforma del Código Civil, y tres juezas:
Hilda Kogan, de la Corte bonaerense, Claudia Sbdar, de la Corte
tucumana y María del Carmen Battaini, del superior tribunal de
Tierra del Fuego y presidenta de la Junta Federal de Cortes y
Superiores Tribunales (JuFeJus). Habrá también un miembro de la
Corte mendocina, Omar Palermo.
El
Presidente ya conversó con algunos de los juristas los ejes sobre
los que se le pedirá a la comisión que se expida. Funcionará con
un reglamento y podrá hacer dictámenes de mayoría y de minoría.
El trabajo de los asesores será ad honorem. Arslanian se perfila
como alguien que tendrá un peso importante en el equipo. Días atrás
almorzó con Fernández en la quinta de Olivos, donde también
comenzaron a analizar esta agenda de trabajo sobre los grandes temas
judiciales con el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.
Aun no está confirmado si el acto del miércoles se hará en Olivos
o en la Casa Rosada, pero ese es el día señalado.
El
paquete de la reforma judicial (de los tribunales federales, dónde
habrá fusión de fueros y multiplicación de juzgados, entre otras
cosas), sumado al trabajo que se encomendará a la comisión de
juristas, pone a la vista un plan ambicioso en materia judicial por
parte del Gobierno. La propuesta que se enviará pronto, y que
entraría por el Senado, es la que apunta a toda una restructuración
de juzgados federales de distintas competencias, aunque todas las
miradas están puestas en el fuero penal, que es el más político,
donde se unirán los juzgados de Comodoro Py (12), diluyendo su
histórico podería, con los de penal económico (que son 11) y a la
vez desdoblarán, lo que generará 46 juzgados. También se
fusionarán las cámaras. El trabajo del grupo de expertos tendrá
sus primeras conclusiones en tres meses y analizarán temas sujetos a
históricas controversias:
*
La integración y el funcionamiento de la Corte Suprema. Hoy el alto
tribunal tiene cinco miembros, un número controvertido por la
concentración de poder que implica, más aún teniendo en cuenta que
para poder tomar decisiones tres votos supremos son mayoría
suficiente. Un sector de la comunidad jurídica alienta la ampliación
de la Corte y su división en salas, cada una con una especialidad
(por ejemplo penal, derecho público, derecho privado). Es una
propuesta con posibilidades de crecer. También analizarán los
asesores el funcionamiento y los alcances del recurso extraordinario
ante la Corte, los criterios de admisibilidad y los tiempos de
resolución.
*
El funcionamiento e integración del Consejo de la Magistratura,
organismo que elige y sanciona a los jueces. Hoy tiene 13 miembros,
de acuerdo a la última reforma, del año 2006, que todavía tiene un
fallo pendiente en la Corte. Se le suele recriminar falta de eficacia
y estar signado por manejos políticos. Esto último parece esperable
teniendo en cuenta que parte sus representantes/integrantes son
diputados y senadores, además de abogados, jueces y un académico.
El Consejo tendrá un papel clave ante la futura multiplicación de
cargos de jueces y juezas que traería la reforma judicial. También
será el tema que promete suscitar más discusiones entre los
juristas.
*
Sistema acusatorio: el nuevo sistema procesal ya está aprobado por
ley pero no se ha implementado; es el que da protagonismo a los
fiscales en los procesos penales y que otorga a los jueces papeles de
garantes, por lo que dejarían de revisar lo que ellos mismos hacen.
El proceso va camino a ser casi completamente oral y tener tiempos
más cortos. Todo esto requiere una reestructuración del
funcionamiento del ministerio público fiscal, también de la
defensa, y de la propia Procuración General. De esto se ocupará
también la comisión, mientras debería avanzar, además, la
designación de un/a titular de la Procuración, para lo que fue
postulado Daniel Rafecas.
*
Juicio por jurados. Los jurados integrados por ciudadanos comunes ya
funcionan en varias provincias para los delitos más graves, como los
homicidios. Suelen estar integrados por 12 personas, que se sortean
del padrón electoral con ciertos requisitos, que pueden declarar a
un acusado “culpable” o “no culpable”. Es un sistema que está
establecido en la Constitución Nacional pero nunca se implementó de
manera federal. La idea es que la comisión proponga cómo hacerlo.
Las
comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad de la
Cámara de Diputados llevaron a cabo este jueves la
tercera reunión informativa conjunta sobre justicia penal y género,
con la participación de funcionarias y especialistas en la temática.
“El
Estado en sus tres poderes debe estar presente, y por ello desde el
Legislativo estamos para aportar y mejorar las leyes al respecto”,
dijo Carolina Gaillard, titular de la Comisión de Legislación
Penal, al abrir la videoconferencia.
En
tanto, Mónica Macha, de la Comisión de Mujeres, explicó que esta
“línea de trabajo conjunto” apunta a “generar una legislación
que tenga perspectiva de género, una mirada feminista y
transfeminista”.
La
abogada feminista Soledad Deza, quien llevó adelante el caso Belén,
advirtió que “el
derecho penal nunca ha sido un lugar habitable para nosotras ni para
ninguna disidencia sexual, al contrario”,
ya que se han utilizado “tipos penales para criminalizar
decisiones”, como por ejemplo “utilizar la figura del homicidio
para castigar abortos”.
Por
eso, Deza llamó a ejercer una “crítica feminista acerca de la
contradicción que supone apelar al derecho penal, que no solamente
es androcéntrico en sus estructura, sino que en la práctica es un
fuerte reproductor de estereotipos y subalternidad”.
Sin
embargo, Gaillard aclaró que
“el derecho penal no necesariamente está para aumentar penas” y
que los proyectos presentados en las comisiones en realidad buscan
“mejorar dispositivos y herramientas” con perspectiva de género.
Por
su parte, María Luisa Storani, parlamentaria del Mercosur y
exdiputada nacional de la UCR, consideró que el proceso de acceso a
la Justicia muchas veces se transforma en “un campo de espinas”,
y se refirió al impacto diferenciado de la pandemia del Covid-19
sobre las mujeres.
Storani
indicó que a pesar de que hoy existe un Ministerio de Mujeres,
Géneros y Diversidad, y de la inversión que se hizo en la línea
144, además de la habilitación de tres líneas de WhatsApp y
denuncias por Internet, “siguen
los femicidios”.
La
radical informó que, según la Oficina de Violencia Doméstica de la
Corte Suprema “han
disminuido las denuncias e incluso han disminuido las consultas,
y esto da un mensaje muy fuerte, porque todas las redes de contención
que había fuera de la casa están rotas por la cuarentena”.
Por
otra parte, llamó a “denunciar los hospitales que no permiten el
acceso a la ILE (Interrupción Legal del Embarazo)” durante el
aislamiento social.
Gabriela
Carpineti, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento del
Acceso a la Justicia, sostuvo que hay “dos grandes desafíos en las
medidas reglamentadas sobre violencia de género y en las que estamos
discutiendo en materia penal y de género: cómo reducir la
sobreintervención y cómo lograr la territorialización de las
políticas de género”.
En
tanto, la directora ejecutiva de la Asociación de Familiares de
Detenidos (ACIFaD), Andrea Casamento, señaló que “cuando hay una
persona detenida en sus familias, el rol que cumplen las mujeres
familiares de detenidos es muy pesado, porque nos transformamos en
sostén del hogar y de la persona que está presa”.
También
expusieron en la reunión Mariana Broggi, secretaria de Mujeres,
Géneros y Diversidad de Entre Ríos, y Ana Laura Ruffini, de la
Fiscalía de Delitos de Violencia Familiar y de Género de La Pampa.
Es
sumamente importante que Argentina tenga una Le y de Justicia Penal
Juvenil en línea con los estándares internacionales. Para es to se
re quiere un sistema de justicia especializado con un enfoque
centrado en la prevención del conflicto con la ley penal antes que
la represión, y una estrategia orientada a la reinserción social
que ofrezca a los adolescentes oportunidades educativas , de
formación laboral y recreativas , para facilitar su inclusión en un
proyecto de vida alejado del delito. Los estándares internacionales
para la justicia juvenil unánimemente consagran como objetivo
principal la resocialización de las y los jóvenes y la no
profundización de sus condición es de vulnerabilidad . La
experiencia muestra que un sistema basa do en los principios de la
Convención sobre los Derechos del Niño, que facilite la
reinserción, es mejor para la sociedad porque reduce la reincidencia
y la violencia y, además, en muchos casos esa clase de medidas
resultan también menos costosas en términos económicos.(Mc.
Carthy, P ; Schiraldi, V ; Shark, M. (2016)."T he Future o f
Youth Justice: A Community-Based A lternative to the Y outh P ri son
Model" en New T hinki ng in Community Corrections, Oct.2016-Nro
.2, H arvard Kennedy School/ National Institute of Justice.) Una
justicia especializada para adolescentes
y jóvenes debe garantizar el abordaje diferenciado desde el inicio
de la investigación hasta la finalización del cumplimiento de la
sanción, incluyendo cada una de las instancias superiores. Esto
requiere, además de la modificación de la ley de fondo , la
asignación de recursos económicos y el nombramiento de jueces,
fiscales, defensores y equipos técnicos
interdisciplinarios,
por medio de procesos de selección que contemplen efectivamente la
especialización en materia de niñez y adolescencia.
Una Ley de
Justicia Penal Juvenil acorde con los estándares
internacionales en materia de protección de derechos humanos debe
crear un sistema especializado en el que se apliquen –como regla–
medidas no privativas de la libertad y medidas alternativas al
proceso judicial , dejando como sanción
excepcional (solo en casos de extrema necesidad) la restricción de
la libertad personal . Esos dispositivos deben estar monitoreados por
un organismo con independencia funcional y financiera que supervise y
garantice el acceso a sus derechos de los adolescentes privados de la
libertad . Es clave que una reforma legislativa esté acompañada de
una fuerte inversión en políticas públicas de protección integral
de la niñez y adolescencia. La intervención desde el Sistema Penal
Juvenil no puede ser utilizada como una respuesta tardía del Estado
por fallas u omisiónes de intervención previas desde el Sistema de
Protección de Derechos.
)
La
fragmentación del conocimiento y de las áreas de trabajo y
especialización sostenida y alimentada por el Sistema Capitalista y
la modernidad científica que se desarrollo bajo su preeminencia,
reserva a grupos y sectores sociales el acceso y la formación
respecto a esos temas de los que se convierten en “expertos” en
detrimento de la información pública y la participación colectiva
y verdaderamente democrática que, en sus representaciones, pueden
sintetizar y cohesionar las diferencias de interpretación,
percepción e intereses respecto a los temas que hacen al
funcionamiento de la sociedad.
La
fragmentación no constituye en si un error o un problema, si tales
fragmentaciones fuesen acompañadas de las confianzas necesarias para
que se validen esos saberes y acciones de quienes se especializan en
tal o cual taréa o conocimiento, y esa confianza solo es posible si
en los resultados percibidos y conocidos, resultan satisfactorios
para el resto de la comunidad que así se organiza.
La
fragmentación deviene en problema cuándo los intereses de esas
especializaciones se corrompen y deforman. La corrupción se
convierte entonces en un problema sistémico y no de una instancia en
particular. Tal el poder que encubren los medios de comunicación
devenidos en censores y medidores de tales corrupciones como si esta
no les hubiere impregnado y que precisamente deforman el ejercicio de
su actividad … la de informar y transmitir esos saberes, esas
decisiones fragmentadas y sostener esa confianza necesaria para que
tales formas funcionen y respondan a las expectativas y necesidades
del conjunto de la ciudadanía.
La
corrupción es el resultado del imperio del poder del dinero, sin lo
cual, parecería que nada es posible y por tanto, corrompe las
funcionalidades de esas fragmentaciones y las somete al imperio de la
acumulación de dinero, capital, poder e influencias que tales
ganancias producen.
La
Justicia, en esta decadente posmodernidad neoliberal, en
un
Sistema que no atina a identificar precisamente en el financierismo
la causa fundamental de toda corrupción, cae
en esa misma corrupción, sometiendo leyes y ejercicios del servicio
de justicia a las formas y poderes de acumulación financiera, de
dinero y de poder. Se convierte así en una herramienta del “Lawfare”
y en un instrumento de desconfianza y desestabilización de la
democracia.
Cualquier
intento por reformar la justicia penal que no admita la corrupción
de su funcionamiento al imperio del dinero y del poder financiero y
no ancle en reformas que permitan que el ejercicio de los servicios
de justicia se conviertan en un espacio donde la igualdad ante la
ley, y un “estricto” cumplimiento de las normas y de los premios
y castigos que deberían alimentar su funcionamiento, sean la única
motivación de sus actores, por lo que debe asegurarseles condiciones
de financiamiento y de recursos que hagan posible que su trabajo no
quede sujeto a las tensiones de las disputas políticas por el poder
del Estado, en cuanto a ascensos y nombramientos y de los poderes
económicos que les someten a las prácticas del “mejor postor” –
Es decir a quién mejor paga, destruyendo la igualdad ante la ley y
la confianza en esa fragmentación de abogados, tribunales, juzgados,
fiscales y defensores que públicos o privados, que eligen servir
desde allí a la comunidad y a ellos mismos, no privilegien sus
ingresos a su función.
Daniel
Roberto Távora Mac Cormack
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