Jueves 16 de Julio de 2020
Cuando
los ministros de Hacienda y gobernadores de los bancos centrales del
G-20 se reunieron en abril de este año, el mundo se encontraba en
medio del Gran Confinamiento forzado por el brote de COVID-19. Esta
semana se reúnen de manera virtual, en un momento en que muchos
países están reabriendo gradualmente, aunque la pandemia todavía
está entre nosotros. Sin duda, hemos entrado en una nueva fase de la
crisis, una fase que exige nuevas medidas y más agilidad en las
políticas para asegurar una recuperación duradera y compartida.
El mes pasado, el FMI anunció un
deterioro de las perspectivas económicas y proyectó que el
crecimiento mundial se contraería un 4,9% este año. Una noticia
algo alentadora es que la actividad económica mundial, que registró
un descenso sin precedentes a comienzos de este año, ha comenzado a
fortalecerse de manera gradual. Se prevé que la recuperación
parcial continúe en 2021. Las medidas excepcionales adoptadas por
muchos países, incluidos los del G20 —con medidas fiscales de
aproximadamente USD 11 billones e inyecciones masivas de liquidez por
parte de los bancos centrales—, frenaron la caída de la economía
mundial. No debe subestimarse este extraordinario esfuerzo .
Pero todavía no estamos fuera de
peligro. Una segunda oleada mundial de la enfermedad podría
perturbar nuevamente la actividad económica. Entre otros riesgos
están las valoraciones sobredimensionadas de los activos, la
volatilidad de los precios de las materias primas, el aumento del
proteccionismo y la inestabilidad política.
Por el lado positivo, los avances
médicos en vacunas y tratamientos podrían dar un impulso a la
confianza y la actividad económica. Estos escenarios alternativos
dejan ver claramente que persisten los niveles sumamente elevados de
incertidumbre.
En muchos países la crisis
dejará cicatrices económicas muy profundas. Los graves trastornos
en el mercado laboral son una preocupación importante. En algunos
países se han perdido más empleos en marzo y abril que los que se
han creado desde el final de la crisis financiera mundial. Los
cierres de los colegios también incidieron en la capacidad de la
gente, en particular las mujeres, de participar en el mercado de
trabajo. Afortunadamente algunos empleos se han recuperado desde
entonces, pero la proporción de la población en edad laboral que
está empleada es mucho menor que a comienzos de 2020. Además, es
probable que el impacto en el mercado laboral tenga un alcance mucho
mayor, ya que muchas de las personas que están empleadas están
trabajando menos horas.
Las quiebras también son cada
vez más habituales a medida que las empresas agotan sus reservas de
liquidez.
Y el capital humano también está
en riesgo: la educación de más de 1.000 millones de alumnos en 162
países se ha visto interrumpida.
La
cuestión de fondo es que la pandemia probablemente incrementará la
pobreza y la desigualdad, lo que una vez más dejaría dolorosamente
al descubierto las deficiencias de los sistemas sanitarios, la
precariedad del empleo y las difíciles perspectivas a las que se
enfrentan los jóvenes para poder acceder a las oportunidades que
tanto necesitan.
Para que la recuperación sea más
inclusiva y resiliente, debemos actuar en dos esferas fundamentales:
1) políticas nacionales y 2) esfuerzos colectivos.
1.
Políticas nacionales: Sostener fuentes vitales de actividad
específicas
Los países se encuentran en
diferentes etapas de la pandemia, por lo que sus respuestas también
variarán. Como el FMI ha subrayado, los países de mercados
emergentes y en desarrollo serán los más afectados por esta crisis
debido a que se enfrentan a retos mayores y a disyuntivas más
pronunciadas que las economías avanzadas, y necesitarán más apoyo
durante un período más prolongado. Dicho esto, existen varios
imperativos en materia de políticas nacionales que son de aplicación
general.
Proteger
a las personas y los trabajadores.
En todo el mundo, los países han reforzado las fuentes vitales de
actividad económica de las personas y los trabajadores. Estas redes
de seguridad deben mantenerse según sea necesario y, en algunos
casos, ampliarse: desde la licencia retribuida por enfermedad para
familias de bajo ingreso, hasta el acceso a asistencia sanitaria y
seguros de desempleo y la ampliación de las transferencias
monetarias y en especie para los trabajadores del sector informal,
siendo a menudo los mecanismos digitales la mejor opción para su
prestación. Resulta alentador que los países con mayores niveles de
desigualdad hayan dedicado porcentajes mayores de apoyo a los
hogares, entre ellos los pertenecientes a grupos vulnerables.
Al mismo tiempo, muchos empleos
nunca se recuperarán debido a que la crisis ha desencadenado cambios
duraderos en los patrones de gasto. Se debe continuar apoyando a los
trabajadores, entre otras formas mediante la reconversión laboral,
para que puedan moverse desde sectores que se están contrayendo
hacia otros que están en expansión.
Apoyar
a las empresas. También
se apoya a las personas y a los trabajadores al ampliar las fuentes
vitales de actividad para incluir negocios viables. En el G-20, se ha
proporcionado apoyo a más empresas mediante el alivio en el pago de
impuestos y contribuciones a la seguridad social, donaciones y
bonificaciones de intereses. Una proporción significativa se ha
dirigido a pequeñas y medianas empresas (PYME), algo especialmente
importante dado que las PYME son un motor fundamental de empleo. Sin
este apoyo, el análisis del personal técnico sugiere que las
quiebras de PYME se podrían triplicar, desde un promedio del 4%
antes de la pandemia hasta un 12% en 2020, amenazando con aumentar el
desempleo y perjudicar los balances de los bancos.
Un aumento de las quiebras
obligaría a los gobiernos a adoptar difíciles decisiones sobre si
apoyar a las empresas y cómo hacerlo. Un análisis sólido de las
perspectivas de liquidez y solvencia de las empresas puede orientar
estas decisiones. La provisión de liquidez podría ser suficiente,
por ejemplo, en sectores en que las pérdidas de ingresos son
temporales, mientras que podrían ser necesarias aportaciones de
capital a algunas empresas insolventes que son esenciales para luchar
contra la pandemia o de las que dependen muchas vidas y medios de
subsistencia.
Los costos fiscales de este apoyo
son sustanciales y el aumento de los niveles de deuda es una
preocupación seria. Sin embargo, en esta etapa de la crisis, los
costos de un repliegue prematuro son mayores que la continuación del
apoyo donde es necesario. Por supuesto, las medidas deben estar
focalizadas y los presupuestos deben evaluarse con vistas a la
eficacia en función de los costos y la sostenibilidad de la deuda a
mediano plazo.
Mantener
la estabilidad financiera. Las
pérdidas de empleo, las quiebras y la reestructuración de sectores
podrían presentar importantes retos para el sector financiero, como
por ejemplo pérdidas crediticias para las instituciones financieras
y los inversionistas. La regulación y la supervisión deben apoyar
el uso flexible de las reservas de capital y liquidez existentes, en
consonancia con las normas internacionales, lo que a su vez
facilitaría la continuidad del suministro de crédito a empresas
viables. La política monetaria debe seguir siendo laxa en los casos
en que las brechas del producto sean importantes y la inflación esté
por debajo del nivel fijado como meta, como es el caso de muchos
países durante esta crisis.
Una prioridad nacional importante
para las autoridades económicas es velar por el funcionamiento
eficaz de los mercados monetarios, los mercados de divisas y los
mercados de valores. La coordinación entre bancos centrales y el
apoyo adecuado por parte de las instituciones financieras
internacionales seguirán siendo esenciales en este sentido.
En efecto, la cooperación
internacional es vital para minimizar la duración de la crisis y
asegurar una recuperación resiliente. Los ámbitos en los que la
acción colectiva es fundamental incluyen:
- Garantizar suministros sanitarios adecuados: a través de la cooperación en la producción, compra y distribución equitativa de vacunas y terapias eficaces, llevada a cabo inclusive en forma transfronteriza.
- Evitar nuevas fracturas en el sistema de comercio mundial: los países deben hacer todo lo posible por mantener abiertas las cadenas de suministro mundiales, acelerar la iniciativa de reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y buscar un acuerdo integral sobre tributación digital.
- Velar por que los países en desarrollo puedan financiar sus necesidades críticas de gasto y responder a los retos de sostenibilidad de la deuda: continuar los avances en la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G-20 es especialmente importante.
- Fortalecer la red de seguridad financiera mundial: entre otras cosas, considerando nuevas ampliaciones de las líneas de crédito recíproco y el uso mejorado de los derechos especiales de giro (DEG) del FMI.
El FMI, por su parte, ha
respondido a esta crisis de forma sin precedentes, entre otras cosas,
con financiamiento de emergencia a 72 países en tres meses. Con el
apoyo de nuestros 189 países miembros, aspiramos a hacer aún más
en esta próxima fase crítica.
Podemos
inspirarnos en el gran poeta libanés, Khalil Gibran, quien dijo una
vez: «Para
entender el corazón y la mente de una persona, no te fijes en lo que
ha logrado sino en lo que aspira a hacer» .
Estoy
convencida de que, pese al dolor y el sufrimiento que esta pandemia
ha causado, podemos aspirar
a transformar nuestro mundo. Tenemos una oportunidad única de hacer
que el futuro sea mejor: un mundo que sea más justo y equitativo;
más verde y sostenible; más inteligente y, sobre todo, más
resiliente.
Para aprovechar esta oportunidad
y lograr una mayor resiliencia es necesario tomar las siguientes
medidas: 1) invertir en la gente, en educación, salud y protección
social, y en evitar el fuerte aumento de la desigualdad que esta
crisis podría desencadenar; 2) promover un crecimiento de baja
intensidad de carbono y que fomente la resiliencia climática, por
ejemplo mediante una asignación racional del gasto público; y 3)
aprovechar la transformación digital, ya sea ampliando el uso de
plataformas de gobierno electrónico para mejorar la eficiencia y la
transparencia y a la vez reducir la burocracia, o recurriendo al
aprendizaje a distancia o el teletrabajo.
Las autoridades económicas del
G-20, y todos nosotros trabajando juntos, debemos aprovechar la
oportunidad de hacer que este futuro se convierta en realidad.
Si bien las reflexiones de
Kristalina Georgieva, elegida Directora Gerente del FMI el 25 de
septiembre de 2019. Asumió su cargo el 1 de octubre de 2019,
demuestran un giro interesante respecto a las posiciones mas duras y
ortodoxas de sus antecesores en el cargo, no dejan de formar parte
del discurso que el neoliberalismo propone como salida de la crisis
sanitaria para intentar salvar al sistema financiero del que forma
parte.
Antes de incorporarse al FMI, la
Sra. Georgieva fue Directora General del Banco Mundial entre enero de
2017 y septiembre de 2019, período en el cual se desempeñó también
como Presidenta Interina del Grupo Banco Mundial durante tres meses.
Previamente, la Sra. Georgieva
ayudó a configurar el programa de trabajo de la Unión Europea. Como
Vicepresidenta de Presupuesto y Recursos Humanos de la Comisión
Europea, estuvo a cargo de la supervisión del presupuesto de la
Unión Europea de €161.000 millones (USD 175.000 millones) y de
33.000 funcionarios. En ese cargo, participó activamente en los
esfuerzos para hacer frente a la crisis de la deuda de la eurozona y
a la crisis de los refugiados de 2015. Antes, como Comisaria de
Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las
Crisis, administró uno de los presupuestos más importantes del
mundo destinados a la ayuda humanitaria.
La supeditación de toda acción
política a las posibilidades de su financiemiento cuando estas estan
atadas a guerras de divisas, insostenibles deudas, crisis monetarias
y fuertes presiones de corporaciones privadas transnacionales que
dejan de ver a los Estados como socios, para convertirse en enemigos
y competidores de los Estados Nacionales en una alocada e irracional
carrera por mayores margenes de ganancias y excedentes financieros
que resultan alejados de la producción real de bienes y servicios y
de un mas justo reparto de los esfuerzos por producir riqueza en el
planeta.
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El ministro de Desarrollo Social,
Daniel Arroyo, afirmó hoy que el Gobierno avanzará con la idea de
implementar una renta básica universal, en el marco de un plan “que
será por etapas y atenderá en primera instancia a quienes no tienen
trabajo”, para paliar la crisis económica provocada por la
pandemia de coronavirus
Al referirse a cómo se
implementaría esta renta básica universal, Arroyo dijo que la idea
es “garantizar un ingreso de base y esto unirlo con planes para
generar empleo, como el plan Potenciar Trabajo y con la urbanización
de barrios populares”.
“En lo que llamamos la
reconstrucción nosotros la vemos con tres patas: la renta básica
universal, que garantiza un ingreso; el Plan Potenciar Trabajo, que
genera facilidades para insertarse laboralmente y la urbanización de
4.000 barrios populares”, explicó al hablar con AM 750.
El ministro añadió que
actualmente el Estado tiene “mecanismos de transferencia” de
recursos a los sectores más vulnerables a través del Ingreso
Familiar de Emergencia (IFE), los planes sociales y la Asignación
Universal por Hijo.
Arroyo indicó que “cuando
empiece a pagarse el IFE 3 tenemos que hacer el empalme y empezar a
pagar esta renta universal, y lo venimos conversando con actores
políticos, sociales y sindicales”.
Al ser consultado sobre el monto
de esta renta básica universal, Arroyo manifestó que “a nivel
mundial la referencia es el equivalente a un salario mínimo”,
aunque advirtió que “hay que ver cómo está la cuestión fiscal”.
El ministro dijo que “el pago
de la renta universal será por etapas, dando prioridad a los
sectores de menores ingresos, atendiendo a quienes no tienen
trabajo”.
“Por ejemplo, de los nueve
millones que cobran el IFE, hay tres o cuatro millones de argentinos
cuya situación económica ha caído mucho y allí debe estar el
foco”, señaló.
Sobre si la iniciativa de generar
una renta básica universal pasará primero por el Congreso, Arroyo
estimó que “estas políticas por lo general primero se ponen en
marcha y luego terminan transformándose en ley”.
En otro orden, al opinar sobre la
conformación del Consejo Económico y Social, Arroyo remarcó que
“tienen que estar representados los movimientos sociales, las pymes
y los pequeños comercios y no hay dudas de que el Presidente está
pensando en una convocatoria muy amplia”.
El
desarrollo de los acontecimientos de los próximos meses será
determinante para el futuro del Gobierno y de los próximos cuatro
años del país. Frente a un frente externo por demás complejo y
contrario a los intereses populares, las expectativas de cambios de
fondo parecen no ser las que marcaran el rumbo.
Daniel
Roberto Távora Mac Cormack
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