La libertad solo es fruto de la justicia ...
Si fuese la “Libertad” un valor sobre valores, dónde la vida como tal pierde su sentido si se pierde, en su forma de voz, palabra o decir, significaría la misma muerte … es decir “no decir es morir” … “La libertad de prensa” se asume como “vida” y su impedimento o el ejercicio de violencia sobre ella significa “asesinato” o “intento de asesinato” … Esta subjetividad que instalan las empresas y corporaciones con mayor peso en el universo de la información y el establecimiento de las agendas sociales se imponen como mediadores de “la voz de la gente” “lo que siente y dice la ciudadania” “guardianes de la verdad de todos”.
El neoliberalismo se ha asentado, despues de exterminar los focos reales de procesos subversivos, violentos e ideológicos respecto a “cambiar” o “transformar” el capitalismo de clase por un gobierno comunista o socialista y reducirlos a meras expresiones de voluntarismo progresista. Este proceso le fue parte constitutiva en tanto logró instalarse acompañado de dictaduras e imposiciones imperiales que lograron colocar al dólar como “patrón” de intercambio de bienes y productos en la globalización que lideró EEUU a partir de los primeros años de la década de los 70 y acompaño a cuanta dictadura en el mundo le favorecía y le hizo la guerra a todo proceso “democrático” o no que se le oponía.
La caída del muro fue el “hito” que demostró al mundo el triunfo de EEUU sobre el resto del mundo y su liderazgo en la nueva globalización no tenía contendientes.
La falta de enemigo externo rapidamente se convirtió en el peor enemigo de los EEUU, en tanto comenzaron a resurgir conflictos locales, regionales y Territoriales que venían siendo subsumidos y absorvidos por la polarización en la que sumergieron al planeta en tiempos de Guerra Fría.
Había que inventarlo. Y que mejor que aprobechar los delicados equilibrios que se iban logrando en una convulsionada como poco entendida región del Planeta que, con mas historia que la propia, resultaba un laberinto inintelegible para las caducas mentalidades del occidente Europeo liderado desde Washington … Que mejor, además, que situar el enemigo en territorio ajeno y alejado … surgen así los “terrorismos islámicos” que, si en principio se inventan … de tanto repetir la mentira se convierte en realidad en tanto quienes sufren hostigamiento e invasiones y muerte constante comienzan a organizarse y a defenderse y cuándo pueden, atacar. El enemigo imaginario se vuelve real. Ya porque pudieren haber sido culpables del 11S o no (Aunque se tratase de una estrategia de “doble bandera”, el resultado real es que los Arabes crearon facciones que produjero atentados en Europa y en otras partes del mundo), dificl saber cuales propios o cuales ajenos funcionales a sostener la mentira.
Mientras tanto, el neoliberalismo avasalló toda idea de diversidad ideológica, de posiciones políticas respecto a las administraciones de los territorios soberanos de los Estados/Nación y la creación de un “poder” diverso y transnacionalizado, de una elite mundial financiarizada que perdía pertenencia a bandera, territorio o alguna idea de patria para convertirse en Capitalistas financieros globalizados … solo importa la renta y la ganancia en una “locura” imaginada de que el dinero hace dinero y esa concentración da poder … ilusión que igual que el enemigo, de tanto repetirse termina impactando en la realidad como si realmente ocurriese que el dinero tiene la capacidad de convertirse en mas dinero.
Nunca fueron procesos separados. En EEUU el poder real es Financiero/militar/farmaceutico … y tiene sus órganos de ejecución en las mas de 10 Agencias de inteligencia que funcionan sin control del Congreso o del gobierno de los EEUU, regenteados por la FED y Wall Street que permanecen inmunes a la adminsitración publica del Estado en la imaginada democracia yankie.
Esa misma trama sostiene administrativamente una gran cantidad de Organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que son sostenidas por esos capitales, para oponerse a los organizaciones libres del pueblo que se administran como pueden con la solidaridad de los que comparten objetivos contrarios. En la Argentina se evidencia en las diferentes ONG que se agrupan para sostener el neoliberalismo y oponerse a las organizaciones de Derechos humanos o ecologístas y Asambleas ciudadanas que proponen democracias participativas y defienden o luchan por garantizar derechos u obtenerlos, de esos que son arrebatados por el poder financiero.
Obviamente los grises y entrecruzamientos dada la guerra subjetiva y de concienia en la que nos han instroducido a partir del comienzo de siglo, genera una nebulosa dificil de limpiar para distinguir unas de otras, salvo las pocas que han logrado sostenerse coherentes a lo largo de los años, desde la resistencia a las cruentas dictaduras que surgieron en el continente bajo el paraguas del Plan Condor y el programa de defensa de los EEUU.
Algunos textos para ampliar las reflexiones …
Seamos honestos, a muchos de nosotros nos cae pésimo Donald Trump. Añado, en mi caso, desde que condujo un reality hace años que se llamaba El aprendiz, y era una oda a lo peor del sistema. Una verdadera exacerbación de todo cuanto -me- resulta desagradable. Recuerdo una temporada –creo que fueron varias- donde los miembros del equipo “ganador” vivían en una mansión… y los del equipo “perdedor”, en un campamento montado en el jardín de la mansión. Algo así como las villas montadas sobre el paredón del country, pero versión norteamericana. Y metáfora feroz de cómo funciona el sistema. La desigualdad como espectáculo. Y el maltrato como lógica admisible.
Ya entonces tenía el mismo color naranja artificial, la misma melena rubia también plástica y los mismos modos de grosero con dinero que conoceríamos después.Varios años antes del programa, la adolescente que fui había celebrado la pelea de la que resultó victoriosa la primera esposa de Donald, que logró un muy ventajoso acuerdo de divorcio. Y me reí fuerte cuando en la película El club de las primeras esposas, Ivana hace una breve intervención para decirles a las protagonistas: “No hay que enojarse con ellos, hay que sacarles todo”. Lección que no olvidé, por cierto, y que me ha resultado de lo más inspiradora. El concepto de indemnización por el daño moral en los vínculos sexoafectivos, resulta a veces la única reparación posible -y palpable- de situaciones dolorosas que no tienen remedio. El amor es el amor y no se indemniza. El dinero es el dinero, y si bien no repara un corazón destrozado, le permite a una persona sentirse que no todo fue pérdida y humillación. “Nemo me impune lacessit” (Nadie me hiere impunemente) como aprendí de Poe en un cuento maravilloso que se llama El barril de amontillado.
Que un personaje como Donald Trump llegase a presidente de los Estados Unidos fue algo desde mi perspectiva, realmente sorprendente… y desconcertante. Que llegase de la mano del partido republicano –Grand Old Party– tan clasista y aristocrático, me hizo acordar a las familias argentinas con dinero que casaban a sus hijas con nobles europeos empobrecidos.
Paradójicamente –o no– Donald Trump llegó a ser presidente porque lo votaron una enorme y silenciosa multitud de “rednecks” –-blancos pobres con los cuellos enrojecidos por el trabajo rural al sol–, conservadores y con la condición de hombres blancos como activo importante en su capital simbólico. El estereotipo también los agrupa en la categoría “white trash” –basura blanca–, son pobres, groseros y poco educados.
A ese universo conquistó Trump. Como expresó una historiadora norteamericana llamada Nancy Isenberg, “la razón por la cual a una parte de la clase trabajadora blanca le gusta Trump es la manera en que habla: como un estadounidense cansado de la política. Su grosería lo hace auténtico. Y eso nos lleva a una reflexión: lo que se quiere en muchos casos de los políticos es que se parezcan a nosotros. Trump ha adoptado la política del Sur, aunque es de Nueva York. Todo lo que pretende ser no lo es y creo que muchos de sus votantes saben que es un espectáculo, un fake, como en el wrestling (lucha libre).” Me cuesta horrores no extrapolar esto a la realidad autóctona, lograr ese logro, yendo en Subtrenmetrocleta.
El gobierno de Trump fue un reflejo de esa suma distópica de valores que encarnaba Trump, al menos discursivamente. Y sus consecuencias sociales son visibles en una sociedad que se presenta como el modelo de democracia occidental y que a la luz de los hechos más recientes, ha mostrado sus lados más oscuros y poco democráticos.
Y señalo, no sólo es la violencia racial, el abuso de las fuerzas policiales, la bravuconada como política exterior, la manipulación social a través de herramientas tecnológicas, la legitimación de discursos de odio o la reacción violenta de los seguidores de Trump en el Capitolio como epílogo lo que desnuda las falencias democráticas. También quedaron expuestas dichas fallas en los mecanismos implementados para combatirlas.
Para decirlo con claridad, la política no es como las matemáticas, de modo que conductas no democráticas por conductas no democráticas, no da un resultado positivo. Muy por el contrario en política, la ecuación “menos (–) democracia por menos (-) democracia, solo da menos (– ) democracia”. Y eso revela además un riesgo cierto para las democracias modernas, que no son métodos matemáticos sino formas de funcionamiento que adopta la sociedad. Porque las personas no son números, sino precisamente personas.
Digo esto a propósito de la censura que empresas como Facebook y Twitter impusieron a los mensajes de Donald Trump.
Vamos en orden, tanto Facebook como Twitter son empresas norteamericanas. Y están reguladas por las normas de derecho interno de EEUU. Al menos en lo que respecta a su funcionamiento allí. Ello implica que respecto a Donald Trump –norteamericano que reside en EEUU– lo que hicieron parece en términos legales, perfectamente válido. Podremos discutir si es válido en términos democráticos y de derecho a acceso a la información, pero esa discusión es del orden político y filosófico, más no de orden legal.
Pero Facebook y Twitter son además empresas globales, es decir que brindan sus servicios en países que tienen diferentes regímenes legales. A modo de ejemplo, Argentina tiene suscrita e incorporada a su Constitución la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica para los amigos) que contiene regulaciones específicas sobre la libertad de expresión. Diferente es la situación de EEUU que, si bien ha suscripto dicha Convención en 1977, a la fecha no ha adherido ni ratificado la misma. Es decir, que la Convención Americana de Derechos Humanos no es exigible a los Estados Unidos.
Para ser claros, en materia de libertad de expresión, EEUU se rige por la primera enmienda de su propia Constitución, que en lo específico establece que “el Congreso no podrá hacer ninguna ley (…) limitando la libertad de expresión, ni de prensa”. Léase, la concepción más clásica de la garantía de libertad de expresión, esto es una garantía del ciudadano frente al Estado.
Esta limitación no es absoluta como pretenden los exegetas de su literalidad. La Corte Suprema norteamericana ha permitido excepciones cuando se trate de obscenidad (la regulación de las publicaciones obscenas, basada en regulaciones de los diferentes Estados es una historia deliciosa que algún día contaré), incitar a la violencia, hechos falsos, calumnias, injurias, pornografía infantil y de derechos de autor. Restricciones impuestas en base a las garantías civiles. Y también regulaciones en términos económicos, tales como las regulaciones antimonopólicas. Aún hoy se discute y fuerte, si la libertad de expresión es un ejercicio de la autonomía individual o por el contrario como sostienen entre otros Meiklejohn, Fiss y Sunstein “el propósito fundamental de la primera enmienda radica en promover un debate público, rico y valioso, que permita una verdadera autodeterminación colectiva. Los defensores de esta teoría argumentan que las reglamentaciones de la libertad de expresión no deben ser evaluadas en función de si restringen o no la autonomía personal de un orador determinado, sino sobre la base de si promueven mejor la deliberación democrática. Robert Post caracteriza como «colectivista» esta visión de la libertad de expresión, porque «subordina los derechos de expresión individuales a procesos colectivos de deliberación pública». Según Post, el principal problema de la teoría colectivista es que promueve la reglamentación del discurso público de acuerdo con criterios regulatorios que quedan exentos de la lógica de la autodeterminación y sujetos al control mayoritario.” (Eduardo Bertoni Julio C. Rivera (h), El Estado frente a la Libertad de Expresión Robert C. Post, Colección de Ciencias Jurídicas. Yale Law School. Facultad de Derecho- Universidad de Palermo. 2011)
Aunque el libro con los artículos de Post me hizo echar espuma por la boca, ya que claramente yo estoy enrolada con las tesis “colectivistas” no deja de ser un libro muy recomendable para aprender a pensar y argumentar.
Pero el problema al que nos enfrenta lo sucedido con Trump es de otra naturaleza. Porque en el caso de Trump no ha sido el Estado ni una regulación específica lo que ha determinado la censura. Han sido empresas privadas.
Cuando escribo esto me acuerdo de mi profesor de Derecho Internacional Público, el doctor Baquero Lazcano cuando en su libro escribió que el mayor problema del Derecho Internacional Público radica en su dificultad para ser obligatorio respecto a los involucrados –Estados- y señalaba con agudeza y más de 30 años de anticipación, que el problema se presentaba incluso respecto a corporaciones –privadas– cuyas ganancias superaban ampliamente el presupuesto de algunos países. Es difícil concebir normas jurídicas obligatorias sin la posibilidad cierta de instar su aplicación coactiva si hiciese falta. Difícil entre los Estados naciones y más difícil aún respecto a las corporaciones privadas.
Desde la Argentina, lo que sucedió con la censura a Trump, vulnera nuestro concepto jurídico de libertad de expresión. En su faz individual, porque si en efecto los mensajes de Trump incitaban a la violencia o contenían discursos de odio, la evaluación de los mismos debería haber correspondido a un juez y no a una empresa.
Hay quienes sostienen que Twitter, Facebook y otras empresas que brindan plataformas de similar naturaleza le hacen saber a sus usuarios las reglas del contrato que suscriben. Y las sanciones que la empresa puede imponer a los usuarios por incumplir dichas reglas. Una defensa cerrada de las reglas de la empresa privada y de los contratos. Pero esta tesis desconoce que, en este tipo de contratos, la voluntad de una de las partes –quien se suscribe– no está libremente dada. Lo que en la Argentina conocemos como contrato por adhesión, mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente, por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción. Al respecto y considerando que una de las partes sólo puede adherir al contrato, nuestro Código Civil y Comercial establece que: “en los contratos previstos en esta sección, se deben tener por no escritas:
las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente;
las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente, o amplían derechos del predisponente que resultan de normas supletorias;
las que, por su contenido, redacción o presentación, no son razonablemente previsibles”.
Es decir, para nuestra legislación, serían abusivas y por lo tanto no válidas, las cláusulas donde una de las partes debe renunciar a garantías derivadas de los tratados de Derechos Humanos.
Esto es, la tesis de la propiedad privada, encuentra en nuestro país ya un obstáculo. Pero esto se hace aún más notorio si analizamos la situación desde la faz colectiva de la libertad de expresión, ya no entendida como un derecho individual, sino como el derecho de todos a recibir y conocer tales puntos de vista, informaciones, opiniones, relatos y noticias, libremente y sin interferencias que las distorsionen u obstaculicen. A este respecto, se ha precisado que para el ciudadano común es tan importante el conocimiento de la opinión ajena o la información de que disponen otros, como el derecho a difundir la propia.
Pregunta: ¿Qué sucede con un historiador o un periodista que desea acceder a los mensajes de Trump en redes sociales? ¿Es válido que la sociedad no pueda acceder a esa información por decisión de una empresa privada, que tomó esa determinación sin someterla al correspondiente control judicial?
Tengo la intuición que desde ninguna de las aristas de la libertad de expresión –como derecho individual y como derecho colectivo– la censura basada en la mera propiedad de las plataformas es válida en términos democráticos. Y en nuestro país tampoco lo sería sin intervención judicial que así lo dispusiera.
Como
se pregunta Martín Becerra en un artículo
maravilloso,
“¿cuál es el trámite adecuado, según los estándares
respetuosos de la libertad de expresión que comprende tanto el
derecho a decir como el derecho a recibir opiniones diversas, para
proceder a una remoción, a un bloqueo de cuenta o a la reducción de
su alcance?”
El problema no es nuevo, pero ahora ha tomado una dimensión mayúscula. A nadie le quedan dudas que los mensajes de un presidente tienen eminente interés público. Si esto sucediese en Argentina, es decir si se demandase por censura a empresas como Twitter o Facebook, estas interpondrían una excepción de falta de competencia, reclamando dirigir el reclamo a la jurisdicción de los Estados Unidos. Google lo hizo recientemente en una demanda que inició Cristina Fernández de Kirchner. Sin resultado, por cierto. Pero el planteo existe.
¿Pueden las corporaciones, dada su dimensión, imponer condiciones a los habitantes de todo el planeta? ¿Pueden determinar qué podemos ver, leer o acceder? ¿Pueden las plataformas privadas ejercer facultades que incluso los Estados tienen vedado ejercer? ¿Pueden las corporaciones imponerse frente a las normas protectoras de los Derechos Humanos?
Mi intuición a esta altura está gritando que no pueden hacer eso. Y que menos aún pueden hacerlo cuando a la par de arrogarse decisiones de corte editorial como en el caso Trump, en los casos que son demandadas por contenidos que publican ciertos usuarios, estas empresas se defienden señalando que no son ellas las responsables del control editorial de las publicaciones de los usuarios. El principio de no contradicción me grita desde la esquina que algo no puede ser y no ser en el mismo tiempo y lugar. Y tiene razón.
¿Cuál es la naturaleza exacta de los contenidos destinados al público en general que son transmitidos o publicados en plataformas privadas? ¿Cómo debemos articular el conflicto existente entre interés público, derechos humanos y propiedad de las plataformas?
Para ser clara, me importa un carajo Trump, pero sí me importan y me afectan las posibles respuestas a estas y otras preguntas que ponen a la democracia como centro de una discusión. Como señaló de modo magistral la Corte Interamericana de Derechos Humanos «no sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor. Como tampoco sería admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista.”
Tengo las preguntas y algunas respuestas posibles para un debate apasionante que está en pleno desarrollo. Pero adelanto la premisa principal que tengo para contestarlas a todas: la libertad de expresión es un derecho sistémico de las democracias, de modo tal que no se puede hablar de sistema democrático sino está garantizado su pleno ejercicio. Y eso, señores, alcanza y tiene como sujetos obligados también a las empresas privadas, que están sujetas a las normas de orden público internacional que establece el sistema universal de Derechos Humanos. Porque a las democracias tampoco se las hiere impunemente.
Escribe Graciana Peñafort en “Elcohetealaluna”
El humanitarismo en las relaciones internacionales (RRII) es definido como una serie de prácticas y principios que tienen el objetivo de restringir y limitar la violencia en situaciones de conflictos armados con respecto a las normas establecidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), derecho de los refugiados y derechos humanos (DDHH). Está orientado a la protección de la vida y la dignidad de los no combatientes en los conflictos. La principal condición de la actividad humanitaria es proporcionar alivio y protección sin tomar partido en un conflicto (Slim, 2001; Abrisketa y Armiño, 2005; Benavides, 2009). La Comisión Independiente sobre Cuestiones Humanitarias Internacionales (ICIH, 1988:12) resume su significado a una orientación básica hacia los intereses y el bienestar de las personas. El término humanitarismo es acompañado tanto de adjetivos (clásico, nuevo y neo), como de sustantivos (acción, ayuda, crisis, actores, gestión, etcétera). Para el presente estudio, presentaremos la estructura del régimen humanitario a partir de sus adjetivos “clásico” y “nuevo” y sus transformaciones en el actual sistema internacional. Por ello, también importa la definición de cómo se percibe la acción humanitaria “conjunto diverso de acciones de ayuda a las víctimas de desastres (desencadenados por catástrofes naturales o por conflictos armados), orientadas a aliviar su sufrimiento, garantizar su subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y defender su dignidad, así como, a veces, a frenar el proceso de desestructuración socioeconómica de la comunidad y prepararlos ante desastres naturales.” (Abrisketa y Armiño, 2005). La conformación de un ‘nuevo orden internacional" dentro de la arquitectura humanitaria ha provocado un nuevo diseño institucional, en el que el Estado se renueva y altera los ‘espacios humanitarios’. Si por un lado el humanitarismo clásico tenía un objetivo meramente paliativo, pautado por el “imperativo humanitario”; por otro lado, el nuevo humanitarismo4 se presenta desde un enfoque basado en derechos y no en las necesidades, reconociendo la sensibilidad del tema político. En este cambio se observa una correspondencia inusitada de intereses, que legitima muchos comportamientos y también limita el campo de acción del humanitarismo.
destacamos tres aspectos que orientan la participación estatal en el actual escenario. El primero, su participación como actor clave para garantizar los instrumentos de Derecho Internacional Humanitario (DIH) y Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en situaciones de conflicto armado. Segundo, su controvertido papel como donante principal, en el que, por un lado, se reconoce el papel de los Estados en la instrumentalización de la ayuda (Rieff, 2002); por otro, se ratifica el alcance de la ayuda ofrecida por las organizaciones humanitarias para el alivio del sufrimiento. Se considera también que el centro de la acción humanitaria se mantiene válido, es decir, no sufrió alteración su núcleo central. Y tercero, su doble acción (política y/o militar) en situaciones de “emergencias complejas” que son crisis humanas de gran dimensión y naturaleza multicausal, que abarca e involucra a todas las dimensiones de la sociedad, afectando a la vida de toda la población, causando violaciones sistemáticas de derechos humanos. De este modo, impulsa redes de relación de gobernanza estratégica que muchos estados occidentales utilizan para cumplir sus objetivos en materia de política exterior (Macrae y Hamer, 2003:1-2). En este contexto la gobernanza se configura como un diseño de biopoder, que puede resultar más igualitario, difuso e inclusivo (Duffield, 2005:2).Aunque se remonte a los años 1970, este proceso se intensificó con el fin de la Guerra Fría, a partir de la asociación entre derechos humanos y política internacional (Mills, 2005:164), que propició una agenda de seguridad colectiva y del humanitarismo. Sin embargo, del mismo modo que la presencia estatal fortaleció la causa humanitaria con más recursos, influyó también en su politización y militarización, sometida a los intereses de donantes y gobiernos, en detrimento de las víctimas, y poniendo en jaque fundamentos del humanitarismo, como la independencia, neutralidad e imparcialidad (Macrae y Hamer, 2003:2). Esta doble acción estaría asociada a las “redes de gobernanza estratégica” que ejercen una influencia interesada en moldear el “nuevo estado” emergente para su integración en el sistema global. Mark Duffield acentúa que la agenda no es explicita, ni está normalizada en cualquier documento. Resulta de una unión de espacios complejos, desde el área militar a las esferas comerciales y financiera, para una estabilización con vistas a “moldear el nuevo estado” emergente para su integración en el sistema global. (2001:107 y 131). Los principios son así puestos en jaque, pues ya no pueden ser neutrales, en la medida en que se integran las dinámicas del conflicto, al incorporarse directamente como factor determinante en la economía política de guerra. De este modo se entiende que la asistencia humanitaria modifica el conflicto y reequilibra las relaciones de poder (Duffield, 2001:248).
El humanitarismo en tiempos de emergencias complejas este estudio se enmarca en el proyecto de investigación: “Las respuestas del Derecho Internacional y Europeo a los nuevos riesgos y amenazas contra la seguridad humana” (DER2015-65906-P) MINECO/FEDER UE
Waldimeiry Correa da Silva Profesora de la Universidad Loyola Andalucía. Doctora en Derecho internacional Público y Relaciones Internacionales por la Universidad de Sevilla. Directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola Andalucía.
Universidad Loyola de Andalucía(España)
No por casualidad el proceso de auge de las Organizaciones no gubernamentales, adquieren mayor importancia luego de las recuperaciones democráticas o en las previas a las demostraciones colectivas contrarias a “dictaduras” en Oriente Medio o Africa.
Aunque su génesis es mucho más antigua, las entidades agrupadas bajo el término de organizaciones no gubernamentales (ONG) tuvieron un ascenso meteórico en los años 80 y 90 del siglo pasado y sus campos de intervención se han diversificado: emergencia humanitaria, alimentación, derechos humanos o medio ambiente.
Según los especialistas, este aumento coincide con el surgimiento del neoliberalismo impulsado durante los años de Reagan-Thatcher. Según la activista Ana Minski:
“La proliferación de ONG en el sur en la década de 1990 está indudablemente vinculada al debilitamiento de las capacidades del gobierno para proporcionar servicios públicos, el resultado de políticas neoliberales que se impusieron en el contexto del capitalismo. globalizado y altamente financierizado ”.
Debido a las políticas de austeridad y los recortes en el gasto público, los gobiernos han recurrido a las ONG para proporcionar servicios de bajo costo, que alguna vez proporcionaron en los sectores de salud, educación y salud. cultura, etc. Abundando en este sentido, el escritor indio Arundhati Roy especifica que las ONG distribuyen “gota a gota, en forma de ayuda o trabajo voluntario, a lo que la gente normalmente debería tener derecho “. Esto lleva a algunos especialistas a describir a las ONG como el “caballo de Troya” del neoliberalismo.
Con
el final de la Guerra Fría, las ONG se utilizaron para otros
fines. Se trataba de la “democratización” de los países
orientales que antes pertenecían al redil soviético, para
extraerlos de la influencia rusa. Con este fin, Estados Unidos
ha desplegado un arsenal de organizaciones específicamente dedicadas
a esta tarea. Los ejemplos incluyen: USAID (Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), NED (National
Endowment for Democracy) y sus cuatro satélites, Freedom House y
Open Society de G. Soros. Además de este último, que es
privado, todas las demás organizaciones están financiadas directa o
indirectamente, parcial o totalmente por el gobierno de los Estados
Unidos.
Los satélites NED son bien conocidos: IRI (Instituto Republicano Internacional), NDI (Instituto Democrático Nacional), Centro de Solidaridad y CIPE (Centro para la Empresa Privada Internacional).
Para reclamar el nombre de ONG, una organización debe cumplir al menos las siguientes cinco condiciones: el origen privado de su constitución, la organización sin fines de lucro, su independencia financiera, su independencia política y el concepto de interés. público de su misión. En el caso de estas organizaciones estadounidenses y los grupos que financian en los países seleccionados, estas condiciones nunca se cumplen.
El uso de estos organismos ha demostrado la efectividad del “poder blando” de los Estados Unidos en las operaciones de “cambio de régimen”. Esto fue evidente en las revoluciones de colores en Serbia, Georgia o Ucrania. Durante la “primavera” árabe, estas mismas organizaciones de “exportación” de la democracia estadounidense estuvieron involucradas en Túnez, Egipto, Libia, Siria y Yemen y ahora se conoce el resultado desastroso de su participación, especialmente en Los últimos tres países.
El modus operandi de esta “democratización” es siempre el mismo. Los activistas locales, agrupados o no en las ONG locales, son elegidos, financiados, capacitados y conectados en red en su región de origen (en el caso de los países árabes, esta es la región MENA: Medio Oriente y África del Norte). Durante posibles protestas populares legítimas causadas por problemas sociales reales, estos activistas se ponen a la vanguardia de las manifestaciones y tratan de dirigirlas de acuerdo con las agendas preparadas en el extranjero.
Para ilustrar este punto, citemos a activistas como Slim Amamou (Túnez), Mohamed Adel (Movimiento del 6 de abril – Egipto), Ali Ramadan Abouzaakouk, (Foro de Desarrollo Humano y Político de Libia – Libia), Aussama Monajed (Movimiento por la Justicia y el Desarrollo – Siria) y Tawakkol Karman (Mujeres periodistas sin cadenas – Yemen).
En Argelia, varias ONG locales financiadas por organizaciones estadounidenses fueron muy visibles durante las manifestaciones, tanto en 2011 como durante el Hirak, en 2019-2020. Estos incluyen, entre otros, la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), el Rally de Acción Juvenil (RAJ), el Colectivo de Familias de Desaparecidos en Argelia (CFDA), etc. Sin embargo, es curioso observar que las ONG que reciben subsidios extranjeros están todas en la misma onda con respecto a sus reclamaciones. No hay una sola discrepancia.
Calificadas como ONG (que da igual no gubernamentales o no gratas), las organizaciones estadounidenses para “exportar” la democracia han sido prohibidas en ciertos países como Rusia, que ha prohibido a USAID por ” interferencia en la vida política rusa “. La lista de ONG “no deseadas” en Rusia ha crecido y actualmente incluye NED, NDI, IRI, Freedom House y Open Society of Soros.
En América del Sur, los países del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) firmaron una resolución en 2012 llamando a la expulsión inmediata de USAID de los países miembros de la alianza (Bolivia, Cuba, el ” Ecuador, Dominica, Nicaragua y Venezuela).
Por otro lado, algunos países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) tienen leyes que prohíben o fortalecen el control de las ONG en su territorio.
Desde 2014, las ONG que trabajan en Egipto tienen que registrarse con las autoridades, de lo contrario corren el riesgo de la incautación de sus bienes o procedimientos legales. Además, las autoridades también deben aprobar cualquier financiamiento del exterior.
Entre otros países árabes, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) cerraron las oficinas de varias ONG extranjeras en 2012, incluido el NDI. Por su parte, el parlamentario jordano Zakaria Al-Sheikh solicitó, en enero de 2016, a la cámara baja del Parlamento de Jordania que pusiera fin a las actividades de este mismo órgano argumentando que ” constituye un peligro para la seguridad nacional “.
Debe saber que tales actividades en suelo estadounidense se rigen por la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, que es una ley estadounidense que requiere el registro de cabilderos que representan intereses políticos o económicos extranjeros.
Finalmente, no debemos creer absolutamente que las ONG estadounidenses son las únicas activas en suelo argelino. Otros, europeos, están muy presentes allí.
¿Deberíamos legislar para supervisar, controlar o incluso prohibir la financiación extranjera de ONG en Argelia? Este es ciertamente un punto en el que es imprescindible considerar seriamente en un futuro muy cercano.
Ahmed Bensaada
Artículo original en francés:
L’ONGisme : du néolibéralisme au « regime change », publicado el 27 de mayo de 2020.
Traducido por Purificación González de la Blanca.
https://www.globalizacion.ca/ongismo-del-neoliberalismo-al-cambio-de-regimen/
Es interesante repasar lo que en este mismo Blog comentabamos hace exactamente un año a partir de un entredicho que protagonizaron mediante tweeter, la Ministra actual, que llevaba un mes en el cargo, Sabina Frederic, y su antecesora Patricia Bulrich.
La actualidad agrega hechos de la historia, del presente y nuevos personajes.
El hombre que sabe demasiado llama a la casa de su traductor, un antropólogo y activista por los derechos humanos kurdo que vive en Vicente López y maneja un local de comida armenia en San Telmo. Se comunica desde la cárcel de Ezeiza poco después de las ocho de la noche, cuando el encierro nocturno lo hace sentir un poco más seguro. Llama porque sabe muy bien que la exposición de su caso puede evitarle el destino que suele aguardarle a quienes se encuentran en su situación. Pertenece a esa rara especie humana que componen los espías que se han quedado sin cobertura: necesita hablar y mostrarse para evitar que sea demasiado fácil matarlo. El hombre que sabe demasiado ha desarrollado un saludable instinto de superviviencia.
“Por supuesto que hubiera preferido no haber vivido tantas cosas ni haberme enterado de tantas cosas,” dice por teléfono a través de su traductor. “Pero como viví lo que viví, estoy pensando siempre en denunciar los crímenes del gobierno turco y si puedo salvar aunque sea a un solo joven, hacerlo que pare de trabajar para este gobierno asesino, para mí es un honor.”
Serkan Kurtulus, así se llama, es el arrepentido más famoso de Turquía. Su caso ha generado una gran expectativa internacional, especialmente en Turquía, pero también en Europa y Estados Unidos, donde se han escrito decenas de artículos sobre él.
Kurtulus dice que el gobierno turco presidido por Recep Tayyip Erdogan le vende armas grupo terroristas como el Estado Islámico y el sucesor de Al Qaeda, Al Nusra, y que tiene nombres, testimonios y grabaciones que prueban su acusación. También dice saber de golpizas, extorsiones, atentados y hasta el derribo de un avión ruso, acciones del servicio secreto turco sobre las cuales estaría en condiciones de aportar valiosa información. Se describe a sí mismo como un patriota engañado y dice que si es enviado a una Turquía donde no hay justicia, su vida no valdrá un centavo.
En cambio el gobierno turco proclama combatir toda forma de terrorismo codo acodo con sus aliados de la OTAN y regirse bajo las normas de un Estado de derecho. Y denuncia en documentos presentados ante la justicia argentina que Kurtulus es un mafioso, un matón que se vende al mejor postor y el autor material o intelectual de 32 hechos armados, incluyendo dos asesinatos por encargo.
En ultima instancia será el gobierno argentino quien tendrá que decidir a quién le cree. O al menos cuánto valora las palabras de su prisionero en relación a las del régimen que lo reclama.
Serkan Kurtulus nació en 1978 en una familia de comerciantes ultranacionalistas. Dice que su vocación de servicio desde joven lo llevó a ingresar al servicio secreto turco, donde recibió entrenamiento militar. En el 2013 fue enviado a Siria para espiar a los grupos armados que actuaban y siguen actuando en ese teatro de operaciones del otro lado de la frontera sur de su país. Dos años más tarde fue condecorado por evacuar del norte de Siria a guerrilleros turcomanos heridos y llevarlos a resguardo en territorio turco, salvándoles la vida. Para un joven con la formación de Kurtulus, explica, nada más patriótico que luchar en Siria, siguiendo el ideal de una gran nación que se extienda desde Mongolia hasta Turquía, heredera de los imperios de Atila y Gengis Kan, como han soñado generaciones de nacionalistas panturcos.
En Siria, dice Kurtulus, se dio cuenta que Turquía, siendo miembro de la principal la alianza militar de Occidente, la OTAN, le vendía en secreto armas al Estado Islámico, el grupo terrorista más odiado y temido por los supuestos aliados de Turquía, los europeos y los estadounidenses.
El descubrimiento lo perturbó. O al menos eso le dijo al juez federal argentino Marcelo Martinez de Giorgi en un escrito que presentó el año pasado argumentando en contra de su extradición.
“Durante mis distintas misiones en Siria fui testigo y descubrí que la organización de inteligencia del gobierno del AKP de Turquía ayudaba a distintas organizaciones terroristas tales como Isis (Estado Islámico) y Al Nusra”, escribió. “A partir de ese momento empecé a cuestionar la política del gobierno turco que presentaba a estos terroristas como combatientes de la democracia de Siria. Cuando yo le pregunté a mis superiores, ¿por qué Turquía está entregando armas a estas organizaciones terroristas? la respuesta de mis superiores fue así: ´Los estamos usando contra los Kurdos y el gobierno de Siria, una vez que terminamos con ellos vamos a mandar a Isis y a Al Nusra a la basura´. Mi misión era recoger informaciones sobre estas organizaciones terroristas peligrosas y vi que estas mismas organizaciones terroristas eran protegidas y ayudadas por mi gobierno. Fue en ese momento que decidí retirarme de Siria.”
De regreso a Turquía en 2016, Kurtulus no la habría pasado bien. Ese año Erdogan sufrió un intento de golpe por parte de su ex socio, el clérigo Fetullah Gulen, hoy exiliado en Estados Unidos, lo cual dio pie a una gigantesca purga en el estado y las fuerzas armadas, acompañada por una brutal represión de opositores, críticos y periodistas no alineados. Kurtulus confiesa que en ese contexto el gobierno de Erdogan en su región, la provincia de Esmirna, lo usó para extorsionar a comerciantes a cambio de no acusarlos falsamente de golpistas, y que también le dio una paliza en una plaza pública a un periodista que molestaba a sus jefes. Para entonces, dice, ya acumulaba muchas dudas acerca de lo que le pedían que haga en nombre de la patria. La pregunta cae de madura. ¿Cómo no se dio cuenta antes?
“Es que yo fui manipulado desde mi juventud con una ideología ultranacionalista,” contesta por teléfono a través de su traductor oficial ante la justicia argentina, Mehmet Dogan. “Nosotros creíamos que los armenios, los kurdos, los griegos y los judíos son el enemigo de la patria turca. Antes, los que golpeaban a los periodistas eran héroes para mí, ahora me arrepiento de haber participado en esos actos.”
Kurtulus dice que se terminó de convencer de que tenía que romper con el régimen cuando le ordenaron que asesinara a un famoso periodista turco y a un religioso estadounidense no menos notorio.
El periodista, Can Dundar, había filmado, fotografiado y publicado imágenes en 2015 de una transacción de armas entre Turquía y el Estado Islámico en Siria. Detenido por revelar secretos de estado, sufrió un atentado en pleno juicio y escapó del país para asilarse en Alemania, país que negó su extradición a Turquía, donde fue condenado en ausencia a 27 años de cárcel por espionaje y terrorismo. Dundar ha hecho público su oposición a la extradición de Kurtulus, a quien considera un testigo clave para que otros ex miembros arrepentidos del aparato represivo de Erdogan empiecen a contar lo que saben. “Kurtulus tiene mucho para decir y puede ser un ejemplo importante para que otros empiecen a denunciar. Si vuelve a Turquía es muy posible que lo maten,” dijo desde Alemania.
El religioso estadounidense al que tenía que matar, dice Kurtulus, era nada menos que Andrew Brunson, pastor evangélico de la Iglesia de la Resurrección de Esmirna. Detenido en 2016, acusado de asociar con terroristas y con Gulen, Brunson se convirtió en la moneda de cambio que forjó la alianza entre Erdogan y Trump una vez que el pastor fue liberado en 2018 y el presidente estadounidense levantó sus sanciones económicas a la economía turca. En su declaración a la justicia argentina y en varias entrevistas que dio a medios locales y extranjeros desde la cárcel de Ezeiza Kurtulus asegura que en 2016 sus jefes del servicio secreto de Erdogan en la provincia de Esmirna le ordenaron que mate al pastor en la cárcel utlizando como mano de obra a jóvenes que puedan ser vinculados a Gulen, de manera tal de que Trump crea que Gulen ordenó matar a al clerigo y se convenza de entregarlo a las autoridades turcas.
Fue la gota que rebalsó el vaso, dice Kurtulus. En septiembre de 2016 partió a Georgia. Cruzó la frontera con su documento de identidad, sin que existiera denuncia alguna que le impidiera salir del país. Al contrario: sus jefes se habían encargado de borrar toda huella de sus golpizas y aprietes. Tampoco tenía problemas económicos. Su familia tenía un buen pasar, eran dueños de negocios y concesionarios de autos en Alemania y Turquía. Él mismo no tardó en abrir un hotel en Georgia. Pero su conciencia no lo dejaba tranquilo.
Empezó a denunciar al gobierno de Erdogan a través de las redes sociales. En las mismas páginas de Facebook, Twitter, e Instagram en las que había posado orgulloso con su AK 47 durante su misión en Siria, ahora hablaba de transacciones entre el gobierno turco y el Estado Islámico, implicaba al servicio secreto turco en el derribo de un avión caza ruso en el 2015 en Siria y contaba cómo lo habían contratado para matar a Dundar y a Brunson.
Recién entonces Turquía pidió su captura, dice Kurtulus. No por los crímenes que había cometido y el gobierno había tapado, sino por 32 hechos armados ocurridos en Turquía, la mayoría de ellos en 2017 y 2018 cuando él vivía en Georgia. Según el pedido de captura presentado a la justicia argentina por las autoridades turcas vía Interpol, Kurtulus dirigía una asociación ilícita y ordenaba los crímenes desde Georgia. El pedido de extradición de Turquía no fue aceptado por Georgia y Kurtulus fue nombrado refugiado por la Cruz Roja. Dice que continuó con sus denuncias hasta que Turquía mandó a Georgia un equipo de sicarios para matarlo.
Entonces el gobierno de Georgia, después de desbaratar el atentado, le dio a Kurtulus y a otro asilado turco llamado Lider Camgoz pasaportes de Georgia verdaderos pero con nombres falsos y les pidió que se marcharan. Con esos documentos cruzaron la frontera a Azerbaiján y de ahí a Macedonia, burlando el pedido de captura internacional que seguía vigente a pesar del rechazo de Georgia. “No sabíamos cómo ni dónde seguir. Con el trascurso de los días nos enteramos que la República de Colombia no tiene tratado de extradición con Turquía, por lo cual nos compramos boletos de avión hacia Colombia,” Kurtulus escribió.
Kurtulus y Camgoz están presos en Ezeiza desde junio, seis meses después de llegar a la Argentina. Los habría delatado un empleado de la embajada de Turquía llamado Ozgur Demir. Según Kurtulus, Demir es un traidor que los había alentado a viajar a este país, presumiblemente para ayudarlos y sin decirles para quien trabajaba. “Dijo que nos podría ayudar para sacarnos de Interpol y vivir el resto de nuestras vidas en un país donde se respetan los derechos humanos y la democracia,” escribió Kurtulus al juez argentino. Vivieron en Palermo y Puerto Madero mientras Demir les tramitaba sus papeles de residencia en la Argentina. Poco después de descubrir que Demir trabajaba para la embajada turca cayeron presos en Puerto Madero. A las pocas horas el gobierno turco presentó todos los papeles para la extradición de ambos, cuenta una fuente judicial. A su vez Kurtulus y Camgoz pidieron que Argentina los acepte como refugiados.
En diciembre Martínez de Georgi falló en favor de la extradición. Cerca del juez explican que se trató de un fallo técnico. La sentencia aclara que no se investigaron los hechos denunciados en el pedido de captura porque por ley dicha evaluación le corresponde a quienes deben resolver el pedido de refugio. El juez también dio lugar a una apelación ante la Corte Suprema y supeditó el traslado a Turquía al resultado de la apelación y el pedido de refugio. En caso de que ambas instancias no prosperen, el gobierno argentino a través de su cancillería tendrá la última palabra. Como nación soberana puede aceptar o negar el pedido de Turquía.
Está claro que si el pedido de refugio o la apelación judicial prosperasen, Alberto Férnández evitaría la incómoda situación de tener que elegir entre complacer al gobierno turco o a los opositores al régimen de Erdogan dentro y fuera de Turquía.
La decisión de darle refugio o no a Kutulus y su ladero Camgoz recae sobre la Conare (Comisión Nacional de Refugiados), un organismo estatal integrado por funcionarios de cuatro ministerios del gobierno nacional y el Inadi (con voz y voto) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de ONGs locales (con voz pero sin voto).
El Conare ha recibido cartas de la Asociación de Derechos Humanos de Turquía, de la Liga por los Derechos Humanos de Argentina, asi como de periodistas turcos, incluso del que fue golpeado por Kurtulus, pidiendo que no lo manden de vuelta a Turquía. Se espera una decisión para fines de enero o principios de febrero.
Mientras tanto el gobierno turco ha estado activo en sentido contrario a los periodistas y activistas por los derechos humanos que pidieron por Kurtulus. Al menos eso da a entender el diálogo telefónico que Kurtulus mantuvo desde la cárcel de Ezeiza con Ahmet Aziz Nesin, un periodista turco exiliado en Paris, hijo del famoso escritor Aziz Nesin. La entrevista completa fue subida a YouTube. Entre otras cosas se dijeron esto:
--Nesin: La delegación que llegó de Turquía a Argentina, ¿sigue en Argentina?
--Kurtulus: Dicen que sí, que está acá. Que hay un equipo de cuatro personas que está acá por nuestro caso.
--N: ¿Cuál es su objetivo?
--K: Lo que escuché es que están estableciendo relaciones con el gobierno, tratando de convencer a las autoridades de aquí para llevarme a Turquía. No sé que tipo de trabajo hacen ellos acá pero sé que quieren llevarme, obtener mi extradición.
--N: Según las convenciones internacionales de refugiados no creo que acepte Argentina tal extradición.
--K: Georgia rechazó el pedido de Turquía pero no sé como funciona acá.
--N: Eso lo sabe muy bien el gobierno turco, que no puede obtener tu extradición. Por eso te pregunté con qué objetivo vino esa delegación.
--K: No sé, no sé. Escuché algunos rumores pero lo no sé.
(https://www.pagina12.com.ar/316320-serkan-kurtulus-el-hombre-que-sabe-demasiado)
América Latina es hoy, más que nunca, un espacio en disputa. Parte de la conflictividad y de las tensiones políticas buscan ser dirimidas
en el campo de lo jurídico, en el marco de una “guerra contra la corrupción”, que promete ser de largo aliento, de tremendo impacto en la política y con intereses de fondo ocultos a la opinión pública. El impeachment a Dilma Rousseff y el posterior encarcelamiento de Lula da Silva en Brasil, así como la persecución judicial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios de su Gobierno en Argentina y el encarcelamiento del exvicepresidente, Jorge Glas –incluido el caso judicial abierto contra el expresidente Rafael Correa en Ecuador– son algunos de los ejemplos más evidentes de la apertura y legitimación de un nuevo frente de batalla: el lawfare o guerra judicial con fines políticos.El lawfare (o guerra jurídica) puede ser definido como el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política; la aplicación de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial.1 Considerando el escenario latinoamericano en la última década, donde se ha exacerbado la tensión entre Gobiernos/alternativas posneoliberales y Gobiernos/alternativas de derecha neoliberal, este proceso de judicialización de la política ha tenido un fuerte impacto. Opera “desde arriba”, por medio de un aparato judicial que se “eleva” por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, en detrimento de la pérdida equilibrio entre poderes.2 Así se allana el terreno para una juristocracia en ascenso, que tiende a reemplazar (y amputar) las instancias representativas y deliberativas de la democracia, otorgando rol protagónico a los tribunales.3 En este marco, se hace evidente el doble rasero de la ley, puesto que algunos casos se presentan como más escandalosos que otros, en virtud de la coyuntura e intereses políticos en pugna (alejándose de la “imparcialidad” y el “apoliticismo” con el que intenta asociarse la aplicación de la ley).Esta selectividad de casos, que resulta fundamental en la guerra jurídica, requiere de una articulación con los medios de comunicación y redes sociales, que operan manufacturando consenso en contra o a favor de determinadas personalidades, grupos o sectores políticos.4 La eliminación y desmoralización del adversario político se concreta especialmente en el plano de la opinión pública,5 en momentos políticos “clave” (durante campañas electorales, por ejemplo). La desmoralización orientada a eliminarlos de la esfera política formal, va desde el procesamiento judicial y el linchamiento mediático, hasta la cárcel y la ruina económica (pues se trata de procesos jurídicos extendidos en el tiempo, de altos costes, que deben cubrir los ex funcionarios).
El nombre Lawfare se refiere tanto al uso de la ley como arma de conflicto como, quizás más importante, a la deprimente realidad de que Estados Unidos sigue en guerra consigo mismo por la ley que rige su guerra con otros. Este último sentido de la palabra, que ciertamente no es su uso normal, une gran parte de nuestro trabajo a lo largo de los años. Tenemos la esperanza de proporcionar un comentario continuo sobre la guerra legal de Estados Unidos, incluso cuando participamos en muchas de sus escaramuzas.
Dado que el término “lawfare” es controvertido en algunos círculos y está sujeto a una variedad de interpretaciones y usos, es necesario dar una explicación un poco más sobre nuestra comprensión del concepto. la década de 1950 Desde , el término se ha utilizado con frecuencia en contextos totalmente ajenos a la seguridad nacional, que van desde la ley de divorcio hasta la defensa en los tribunales, el colonialismo y los pasajes aéreos para abogados. Pero su uso más prominente en la actualidad se refiere mucho a la seguridad nacional. Su primer uso en este contexto parece haber aparecido en " Unrestricted Warfare ", un libro de estrategia militar escrito en 1999 por dos oficiales del Ejército Popular de Liberación que usaron el término para referirse al uso de instituciones internacionales legalizadas por parte de una nación para lograr fines estratégicos. . Sin embargo, lo que es más significativo, el término "lawfare" se popularizó en el lenguaje moderno en un influyente artículo de 2001 del entonces coronel de la Fuerza Aérea (y más tarde general) Charles Dunlap, quien ahora es el Director Ejecutivo de del Centro de Ética de la Facultad de Derecho Duke y Seguridad Nacional .
La idea más influyente [del general Dunlap]. . . es "lawfare". No creo que haya sido el primero en acuñar el término, pero ciertamente lo popularizó y fue el primero en analizarlo seriamente. El general Dunlap utilizó el término por primera vez en un documento de 2001 que se produjo inmediatamente después de la campaña de Kosovo de 1999, en la que tanto los abogados como los debates públicos sobre la legalidad de la guerra ocuparon un lugar destacado. "¿La ley está convirtiendo la guerra en injusta?", Preguntó, y su respuesta básica fue "Quizás". El general Dunlap definió la "guerra legal" como el "uso de la ley como arma de guerra", que describió como "la característica más reciente del combate del siglo XXI". El documento dio muchos ejemplos de adversarios estadounidenses relativamente débiles que utilizaron principios legales de manera deshonesta y estratégica para "esposar a Estados Unidos" en un esfuerzo por "explotar nuestros valores para derrotarnos". Después de advertir contra las reacciones exageradas e insistir en la importancia de la observancia del derecho de los conflictos armados, concluyó que “existen pruebas alarmantes de que el estado de derecho se está convirtiendo en una forma más de luchar (lawfare), en detrimento de los valores humanitarios así como la propia ley ". Posteriormente, el general Dunlap escribió muchos más ensayos sobre "lawfare", y en parte (creo) para refutar las malas interpretaciones o apropiaciones de su trabajo, amplió la definición del término para que signifique "la estrategia de usar - o mal usar - la ley como un sustituto para que los medios militares tradicionales logren un objetivo operativo ".
No consideramos que el término tenga solo connotaciones negativas. Por un lado, nos parecía que el término también resonó a nivel simbólico, como sugirió la publicación inicial de Ben, con el simple hecho de que en la era posterior al 11 de septiembre, ha habido innumerables debates legales fuertemente controvertidos sobre a la seguridad nacional: una "guerra" por el contenido de la ley de seguridad nacional, por así decirlo. Además, la publicación inicial de Jack pasó a "ofrecer dos ejemplos en los que la guerra jurídica en el sentido de 'un arma de guerra' captura una realidad importante que de ninguna manera es despectiva para el estado de derecho":
En primer lugar, existe una especie de guerra sobre el contenido y la aplicabilidad de las leyes de la guerra a las actividades terroristas. Es una guerra en la que se libran batallas al otro lado del océano (Estados Unidos y Europa discrepan, por ejemplo, si puede haber una guerra contra grupos terroristas y si los terroristas pueden ser detenidos sin juicio o juzgados en comisiones militares); entre proponentes y opositores del Informe Goldstone ; entre el CICR y los abogados del gobierno sobre el significado y la aplicabilidad de la “participación directa en las hostilidades”; y entre abogados que representan a presuntos terroristas, abogados del gobierno y jueces del Circuito de DC . Todos los combatientes en esta "guerra" creen que están luchando en nombre del estado de derecho internacional, entendido correctamente, y todos utilizan argumentos legales estratégicamente para lograr este fin.
En segundo lugar, creo que es natural ver las operaciones de contrainsurgencia (COIN) estadounidenses contemporáneas como una forma atractiva de guerra legal, especialmente aquellos aspectos que involucran la construcción de instituciones legales como una herramienta para derrotar a los insurgentes. El último ejemplo es la nueva Fuerza de Campo del Estado de Derecho (ROLFF) en Afganistán, comandada por el temible general Mark Martins . La idea básica de ROLFF es reactivar las funciones de gobernanza y estado de derecho en el sur de Pashtun, donde la insurgencia es más fuerte durante la fase de "retención" de las operaciones COIN (es decir, justo después de que un área ha sido despejada de insurgentes). El general Martins, sus soldados y sus socios afganos están luchando literalmente para brindar a los afganos la capacidad de justicia penal, los servicios de resolución de disputas y las instituciones anticorrupción, todo con el objetivo de promover la legitimidad del gobierno afgano y derrotar a la insurgencia. Si eso no es “usar la ley como arma de guerra”, no sé qué es. . . (https://www.lawfareblog.com/about-lawfare-brief-history-term-and-site)
El lawfare, como abuso de la ley, materializa la asimetría, la colonialidad y la dependencia inscritas en las relaciones internacionales.10 Así lo define Twail (Thrid World Approches to International Law), un movimiento político y social derivado de la Conferencia de Bandung que denuncia las asimetrías y colonialidad inscritas en la ley internacional, en perjuicio de los países periféricos. Los Estados más poderosos (como EE. UU.) utilizan al Derecho para imponer (por vías más o menos violentas) un determinado orden que les resulta conveniente a sus intereses (económicos, políticos, de seguridad nacional, etc.).11 Desde esta postura, los sistemas legales y aparatos judiciales de países considerados “enemigos” de la libertad, la democracia, etc., son catalogados como fallidos, corruptos o que no reúnen los “estándares de legalidad correctos” (según los define EE. UU./Occidente).12 En una dinámica que reproduce esta lógica al interior de los países periféricos, el lawfare deviene en una herramienta utilizada desde el Estado, el Gobierno o desde minorías privilegiadas que “desde arriba”13 reorganizan el escenario a favor de los intereses de la red transnacional de poder.
Lawfare: guerra judicial y neoliberalismo en América Latina© Silvina M. Romano (compiladora)© Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), 2019www.celag.org
Uno de los exponentes de este tipo de entramado entre el financierismo y ongismo y las actividades de Lawfare en el planeta esta encarnada por la USAID.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (en inglés: United States Agency for International Development), también conocida por sus siglas en inglés, USAID, es la institución estadounidense encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de carácter no militar. Es un organismo independiente aunque recibe directrices estratégicas del Departamento de Estado.
Directamente o a través de agencias subsidiarias su objetivo es el de reforzar la política exterior estadounidense, cooperando con los países receptores en las áreas económica, agrícola, sanitaria, política y humanitaria.
La agencia ha sido objeto de duras críticas, acusándosele frecuentemente, al igual que en el caso de la Fundación Nacional para la Democracia, de trabajar en colaboración con la CIA o de realizar actividades propias de la misma en diversos escenarios, como desestabilización de gobiernos no alineados con las políticas de Estados Unidos usando distintos medios. Las propias autoridades del organismo han reconocido su apoyo a fuerzas políticas opositoras a gobiernos de América Latina, incluso en aquellos en que los regímenes son democráticos.
Bajo las premisas de la ayuda humanitaria y los Derechos humanos y la Defensa de la democracia, patrocina actividades y fomenta proyectos para las luchas contra “la corrupción política” (Uno de los cabalitos de batalla discursivo con la impregnan las acciones de jueces y fiscales y los medios de comunicación para demonizar y atacar opositores políticos) y la democratización de las acciones de gobierno y la libre información de las decisiones publicas alimentando acuerdos financieros directamente con municipalidades y gobiernos estaduales, provinciales o locales, para deteriorar el poder central de sus gobiernos de Estado o Nación.
Una de sus formas de operación de abierta informacion la obtenemos de “https://ve.usembassy.gov/es/usaid-y-el-banco-interamericano-de-desarrollo-lanzan-desafio-de-innovacion-por-us-135-millones-para-venezolanos-en-america-latina-y-el-caribe/”
Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
Oficina
de Relaciones de Prensa
Para su publicación inmediata
21
de octubre de 2019
En el día de hoy, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzaron el Desafío JuntosEsMejor. Con esta nueva alianza, USAID y el BID aportarán US$ 13,5 millones para convocar a una colaboración masiva, financiar y dar mayor escala a soluciones innovadoras que permitan ayudar a venezolanos dentro de su país y en toda América Latina y el Caribe, así como a las comunidades que los reciben.
Como plataforma que propicia la colaboración y nuevas alianzas, el Desafío JuntosEsMejor agrupará conocimientos y recursos, reunirá perspectivas locales, auspiciará eventos de creación conjunta y generará un mercado de soluciones probadas y listas para ser puestas en práctica que ayuden a los venezolanos y a las comunidades que los acogen. Las postulaciones para recibir fondos abordarán cuatro áreas centrales: personas, productividad, servicios y finanzas.
JuntosEsMejor puede adjudicar subvenciones, préstamos e inversiones de capital. Además del apoyo económico, los adjudicatarios podrán recibir otros beneficios, como asistencia técnica, acceso a redes y publicidad. Los niveles de financiación son los siguientes:
Nivel 1, Ideas: Hasta US$ 25.000 para desarrollar y poner a prueba ideas en etapa preliminar.
Nivel 2, Prototipo: Hasta US$ 250.000 para poner a prueba y evaluar un prototipo existente en el contexto de la crisis regional.
Nivel 3, Validación: Hasta US$ 500.000 para que las soluciones que superaron exitosamente una prueba piloto puedan ser evaluadas de manera más general para ser puestas en práctica en el contexto real.
Nivel 4, Mayor escala: Hasta US$ 1.500.000 para soluciones que se ha demostrado que son comercialmente viables o con alianzas con el sector público en el contexto de la crisis regional, lo cual es obligatorio para obtener financiamiento externo adicional.
Actualmente, las soluciones pueden implementarse en los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, y Venezuela.
JuntosEsMejor potenciará el apoyo continuo brindado por el Gobierno estadounidense a los venezolanos que están en Venezuela, así como a los venezolanos que han huido y a las generosas comunidades en América Latina y el Caribe que los reciben.
Desde el Año Fiscal 2017, Estados Unidos ha proporcionado más de US$ 631 millones, incluida asistencia humanitaria por casi US$ 473 millones y asistencia económica y para la salud y el desarrollo por más de US$ 159 millones.
El Desafío complementa asimismo el apoyo más general que el BID brinda a los países de la región que acogen a migrantes. El Banco ha lanzado una línea de subvenciones especiales que ayudará a los países a integrar a los migrantes en comunidades locales y contribuirá a su desarrollo. El BID aportará US$ 100 millones a esta línea de subvenciones, y se espera que la comunidad de donantes contribuya con recursos adicionales. Estas subvenciones se combinarán con préstamos tradicionales del BID por valor de US$ 800 millones.
Para postularse o contribuir como socio en el Desafío JuntosEsMejor, visite www.JuntosEsMejorVE.org.
Ver contenido original: https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/oct-21-2019-usaid-and-inter-american-development-bank-launch-135-million
Por U.S. Embassy Caracas | 21 octubre, 2019 | Categorías: Asuntos politicos, Documentos clave, Estados Unidos y Venezuela
En la actualidad el poder de Lawfare parecería comenzar a retroceder …
Muy lejos de la alharaca de la campaña mediática, este 2021 parece enfilarse otra vez hacia un naufragio sistemático de las causas contra Cristina Fernández de Kirchner y parte de los integrantes de su gobierno. En el juicio crucial sobre la obra pública en Santa Cruz desfilaron los testigos de la fiscalía que, uno por uno, terminaron favoreciendo más a la defensa que a la acusación. Pero ahora vienen los testigos de las defensas, incluyendo a todos los jefes de Gabinete de los gobiernos kirchneristas, empezando por el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y le seguirán Sergio Massa, Aníbal Fernández y otros. Todo indica que no habrá fallo en 2021 porque faltan 100 testigos, algunos que se llevarán una jornada completa. En situación de mayor naufragio aún está la causa de dólar-futuro, que podría caerse rápidamente: una pericia firmada de manera unánime derrumbó la acusación y ahora Casación debe resolver si hay juicio o no. Es posible que no haya juicio. También el caso del Memorándum de Entendimiento con Irán está diluyéndose: se espera una respuesta de Interpol y, aunque podría empezar el juicio, no terminará en el año que se inició. Es el mismo cuadro de situación que existe en el expediente de las fotocopias de los Cuadernos: tras un vergonzoso fallo de Casación, habrá que dedicar todo este año a la instrucción suplementaria. Y, sorpresivamente, se viene el estruendoso hundimiento de otra causa que estuvo en la tapa de los diarios opositores: el plan Qunitas. Una pericia aplastó la acusación.
Obra pública
El
juicio se inició en mayo de 2019 y los testigos que desfilaron hasta
ahora son los convocados por la fiscalía para sostener la acusación.
En este año y siete meses, desmantelaron las imputaciones
principales:
*Que se pagaron obras que no se hicieron. La discrepancia, según los testigos, fue de menos del 0,1 por ciento.
*Que Lázaro Báez patoteó a las otras empresas constructoras y las compró. Pasaron uno por uno los dueños de las compañías y dijeron todo lo contrario: sus empresas estaban en crisis, las negociaciones fueron normales y Báez demoró un poco en los pagos, pero cumplió.
*Que había atrasos en las obras de Báez. Se demostró que eran los atrasos parecidos a los de todo el país y de todas las empresas.
*Que hubo una maniobra para beneficiar a Santa Cruz por encima de otras provincias. Todas las obras se votaron en el Congreso Nacional y los presupuestos fueron armados por la Comisión de Presupuesto en base a los parámetros existentes.
*Que Báez ganó 51 de las 81 licitaciones, algo que no era inusual en otros distritos, donde empresas locales tienen la maquinaria y el personal en la zona y eso les permite ofertar más bajo que otros competidores. Aún mayor lógica tiene en Santa Cruz porque a pocas constructoras les tienta desplazar su maquinaria y personal a 1.800 kilómetros.
“Ni en nuestros sueños más optimistas esperábamos que casi toda la acusación se cayera con los propios testigos de la fiscalía”, aseguran los defensores de los imputados. Pero al mismo tiempo recuerdan que en este 2021 se vienen los testigos de las defensas.
Un momento cumbre lo tendrán los ex jefes de Gabinete, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza. También declararán Sergio Massa, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. El punto es que todos ellos conocen bien los mecanismos de cómo se decide la obra pública, cómo se hacen los presupuestos y, sobre todo, como se reasignan partidas. Todo indica que esos testigos terminarán con la acusación contra CFK porque el rol de un presidente es reducido: hay 26 instancias que le ponen la firma a licitaciones, precios y reasignaciones. Hasta el momento, a Cristina prácticamente no la nombraron en el juicio. Su abogado, Carlos Alberto Beraldi, prácticamente no tuvo que intervenir para responder a nada.
Choque
El desplome de las acusaciones es tan fuerte, que aparecen maniobras insólitas. El 3 de enero pasado, el diario Clarín publicó que hubo un escándalo por la declaración del auditor de Vialidad Nacional, Justo Pastor Romero, en la última audiencia, el 14 de diciembre. O sea, con medio mes de atraso, filtraron que los fiscales cuestionaron a Pastor Romero porque leyó parte de su testimonio. En verdad, falsearon lo ocurrido. Este diario visualizó las seis horas de la audiencia y lo que ocurrió es que el especialista hizo un cálculo, obra por obra, de los costos y destrozó la hipótesis de los sobreprecios. Los defensores de los imputados incluso pidieron que los papeles que tenía Pastor Romero se incorporaran a la causa, cosa que los jueces aceptaron.
El ingeniero estableció que el promedio del costo por kilómetro de las rutas construidas en Santa Cruz fue de 550.000 dólares, el mismo que en el resto del país. Cuatro obras de la Ruta Nacional Paraná-Coronda costaron también 554.000 por kilómetro, pero que hubo tramos de la Ruta Nacional 40 en Mendoza que costaron 1.600.000 dólares porque tenían mayores dificultades. Pero, además, Pastor Romero contó y calculó que durante el macrismo hubo tramos que se construyeron a 1.600.000 dólares el kilómetro, pero con la financiación privada del sistema conocido como Participación Pública Privada terminarían costando 5.500.000 dólares.
A diferencia de lo señalado por Clarín, el auditor siguió su declaración hasta el final, consultó sus cálculos y los mismos se entregaron después para ser incorporados como documentos del juicio. No hubo nada ni oculto ni oscuro.
Dólar futuro
Como se sabe, la imputación es contra CFK, su ministro de Economía de ese entonces, Axel Kicillof, el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli y otros exfuncionarios. La causa quedó en la nada a raíz de la pericia, realizada por peritos de la Corte Suprema, en la que se determinó que no hubo perjuicio para el estado, se mantuvieron las reservas, hubo pérdidas para el Banco Central pero se evitó una corrida cambiaria, que ningún funcionario se benefició -en verdad ganaron plata los que después fueron ministros de Mauricio Macri-, y que la operatoria era habitual en la Argentina desde hacía diez años y que también es habitual en otros países.
El caso quedó tan liquidado que se hizo una presentación para que todos los imputados fueran sobreseídos y se diera por cerrado el caso. El planteo perdió dos a uno -votó en disidencia el juez Adrián Grünberg- y ahora debe tomar la decisión la Sala I de la Cámara de Casación.
Los rumores indican que en esa instancia se podría terminar el caso porque hay pocos interesados en que el juicio se haga: ni siquiera los querellantes, dirigentes del PRO, insisten hoy en la acusación. La Sala I, con la disidencia de Ana María Figueroa, viene de convalidar de manera grotesca a los arrepentidos del caso de las fotocopias de los cuadernos, de manera que podrían inclinarse por una de cal, una de arena.
Como es obvio, nada es seguro en Comodoro Py, pero parece imposible que haya condenas en este expediente.
Memorándum
Es otra causa que está quedando en la nada. Como se sabe, la acusación es que CFK, el fallecido canciller Héctor Timerman y otros ex funcionarios y dirigentes firmaron el acuerdo con Irán y que eso benefició a los sospechosos iraníes de haber atentado contra la AMIA. El punto central es que contra esos cinco individuos se dictaron órdenes de captura con alertas rojas de Interpol y la imputación consiste en que con el Memorándum se levantaban las capturas con alertas rojas. Nada de eso ocurrió y, de hecho, las alertas rigen hasta hoy.
Los dos testigos claves, Ronald Noble y Joel Sollier, titular de Interpol y responsable legal, ya han dicho públicamente que la acusación, originalmente formulada por Alberto Nisman, es falsa y que nunca los funcionarios argentinos hicieron gestiones para levantar las alertas. Con su declaración antes del juicio o durante el juicio, la acusación se caería. Entonces. para evitar que testimonien se lanzó la descabellada acusación de que fueron cómplices del kirchnerismo. Por supuesto, el fallecido juez Claudio Bonadio le dio curso.
En ese marco, Interpol está reticente a que sus exfuncionarios declaren y la central mundial de policías tendrá que contestar en forma oficial al requerimiento.
Mientras tanto, es posible que se cite a una audiencia para preparar el juicio. Un dato exhibe el delirio de la acusación: las defensas pidieron que declaren todos los diputados y senadores que votaron a favor del Memorándum -unos 160 legisladores-, porque la hipótesis de la imputación implica que de alguna manera avalaron el supuesto delito que se cometió. Pocos creen que se llegará a semejante instancia.
Cuadernos
El reciente fallo de la Casación convalidando los arrepentidos pese a que no se registraron sus declaraciones y a que la ley es posterior a los hechos abre las puertas a la realización del juicio por las fotocopias de los cuadernos.
La lógica indica que los miembros del Tribunal Oral Federal 7, que incluye al juez que Cambiemos colocó a dedo, Germán Castelli, convocarán a una audiencia con las partes para que ofrezcan prueba. Lo más probable es que la realización de esas medidas tarde lo que resta del año. Es decir, que no habrá juicio en 2021.
Plan Qunitas
Otro de los casos que podría llegar a juicio es el expediente del Plan Qunitas, que mereció decenas de tapas en los diarios. Los imputados, tras una denuncia de Graciela Ocaña, son Aníbal Fernández, Daniel Gollán y Ernesto Kreplak -éstos dos últimos, ministro y viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires- entre otros. La denuncia se hizo en junio de 2015, es decir que en este 2021 cumplirá seis años. Como se recordará se trata de kits para madres de recién nacidos y el objetivo era reducir la mortalidad de bebés en sectores vulnerables.
El Tribunal Oral Federal 1 tiene en su poder una pericia que demuele la acusación. Ocaña presentó un kit, con sus precios, lo que según ella demostraba la existencia de sobreprecios. La pericia evidenció, sin embargo, que al kit presentado por Ocaña le faltaban elementos y que no contemplaba la logística, es decir la distribución y el almacenamiento. Valuado todo lo faltante, la pericia indicó que no se encontraron sobreprecios. Ya antes el TOF 1 ordenó que se distribuyeran los kits lo que también terminó con la acusación de que eran nocivos. El kit fue aprobado por el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial.
Con la pericia de por medio, parece difícil que existan condenas si el juicio empieza y se termina en 2021.
Hotesur y Los Sauces
Aunque no habrá definiciones en los juicios contra CFK en este 2021, el desarrollo de dos juicios impacta en causas de la expresidenta. Están pendientes los expedientes conocidos como Hotesur y Los Sauces, relacionados con alquileres de los Kirchner. Pero la acusación consiste en que hubo maniobras en la obra pública y se benefició a Lázaro Báez y a los dueños de Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián De Souza, en relación con su petrolera. Supuestamente, a cambio de beneficios ilegales, éstos le alquilaron propiedades a los Kirchner. Por esa razón, las causas Hotesur y Los Sauces son por lavado de dinero y -según la acusación- los delitos precedentes eran la obra pública en Santa Cruz y los beneficios a Oil.
La cuestión es que los dos juicios, sobre obra pública en Santa Cruz y el de Oil Combustibles están en desarrollo y en ambos casos no aparecen las pruebas de las irregularidades. En el de Oil Combustibles hay una pericia que indica que el grupo estaba al día en planes de pago de la AFIP y que esos planes fueron otorgados a muchisimas otras empresas. Al mismo tiempo está saltando a la luz la trama de la persecución política armada dentro del ente recaudatorio.
Si en esos dos juicios -obra pública y Oil- no hay condenas, quedan averiadas las causas Hotesur y Los Sauces. Más allá de que está probado que los alquileres se pagaron a valores de mercado, se facturaron, los contratos estaban declarados ante la AFIP y todo se hizo de manera bancarizada.
2021
Como se ve, parece imposible que haya alguna condena contra CFK en este 2021, aunque con el aparato político-judicial-mediático de Comodoro Py nunca se sabe. Pueden aparecer los que se quejen de la lentitud, pero la realidad es que la lentitud está dada por las dificultades que plantean acusaciones en su mayoría vacías, sin pruebas, o, mejor dicho, con pruebas en contrario.
La oposición necesita ruido para compensar su ostensible desventaja electoral y, como hasta ahora, contará con más ruido mediático que otra cosa.
En lo que rige la lentitud, la parsimonia, y la voluntad política de no avanzar es en las causas contra el macrismo: el negociado de los peajes, de los parques eólicos y la venta de Macri Air, por ejemplo. La causa Correo es un emblema: lleva 18 años.
Pero lo que exhibe las maniobras en todo su esplendor es la protección a Carlos Stornelli. Con procesamiento confirmado sigue en su puesto de fiscal, amparado por el aparato judicial alineado con el macrismo.
https://www.pagina12.com.ar/316343-las-causas-contra-cfk-camino-al-naufragio
Como sea, el covid 19 y el plan de las elites respecto del reseteo global encuentra en los resultados producidos por sus propias elucubraciones las respuestas negativas a su intento y la imposibilidad de salir indemnes de la crisis que se viene en la globalización, se logre vencer o no a la peste que es protagonista en estos días …
Daniel Roberto Távora Mac Cormack.
Imágenes: https://museo-del-hacker.blogspot.com/2013/07/sala-de-las-pinturas-representando-la.html
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