Economía Nacional y el dilema del desarrollo
Esta semana el Indec dio a conocer la inflación de diciembre que completó el número de 2020: 36,1 por ciento. Si se compara con 2019, cuando el registro alcanzó 53,8 por ciento, podría cantarse victoria. Sin embargo, comparar contra una etapa desastrosa, como el último año del macrismo, no es buena praxis ni tampoco honesto intelectualmente.
El balance es que el número de 2020 fue muy alto (más si se anualiza el último trimestre, período en el que creció a una tasa superior al 50 por ciento) y que la persistencia de la suba generalizada de precios es un grave problema macroeconómico que, por sus múltiples consecuencias negativas, debe ser abordado.
Aunque se trate de una problemática repetida la proliferación de malas respuestas demanda insistir en la pregunta: ¿por qué la Argentina es una economía con alta inflación? Una pregunta que lleva inevitablemente a confrontar con las interpretaciones más tradicionales.
La primera -y muy probablemente la peor de estas interpretaciones- es la que sostiene que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, idea que a su vez se deriva de la “monetización del déficit fiscal”. En su versión más elemental el razonamiento sostiene que el Estado gasta más de lo que recauda y, por lo tanto, se ve obligado a emitir dinero. Como aumenta la cantidad de dinero más que la producción entonces los precios suben. El mecanismo por el que suben los precios sería el aumento de la demanda (dicho de otra manera la teoría cuantitativa es una variante de la inflación de demanda). Los defensores de esta perspectiva no parecen preguntarse por los mecanismos de transmisión. Por ejemplo, preguntarse cómo se transforma la mayor cantidad de dinero en demanda efectiva, es decir cómo llega ese dinero al bolsillo del consumidor. Tampoco parecen reconocer que en la mayoría de los casos (con excepción de los productos “no reproducibles”) el aumento de la demanda no aumenta los precios, sino que dispara el incremento de la producción. Para completar en el mundo real no existe relación estadística alguna entre variaciones en la cantidad de dinero y precios, ni siquiera aplicando el absurdo argumento de los “lags” o retrasos. Debe reconocerse no obstante que esta teoría ya fue abandonada hace tiempo por el mainstream de la profesión y sólo subsiste en las mentes más afiebradas de los autodenominados “libertarios” locales. Todo el edificio se sostiene en realidad por una razón ideológica: el enemigo es el Estado y la única propuesta de política bajar el gasto.
Otra interpretación, que se volvió tradicional entre sectores progresistas, es la de la inflación oligopólica, la que explica que los precios aumentan generalizada y sostenidamente debido a la concentración de la producción en unos pocos oferentes. Así, existirían unos capitalistas oligopólicos malos que se aprovecharían de su posición dominante para aumentar constantemente los precios. La economía más convencional, que suele ocuparse de lo que ocurre en el momento de la circulación, efectivamente explica que los precios monopólicos son más altos que los precios competitivos. Nótese sin embargo que la existencia de un precio más alto (aquel que incluye un diferencial oligopólico) es una cosa bien distinta al aumento constante de ese precio. Pero la refutación más fuerte a la inflación oligopólica es primero fáctica, el capitalismo es oligopólico en todos lados. En todos los países de América Latina, por ejemplo, la oferta de los principales productos es controlada casi por las mismas multinacionales en mercados igualmente concentrados. ¿Por qué entonces la inflación es muy alta en Argentina pero no, por ejemplo, en Perú o Chile? ¿No hay oligopolios en esos países? La noción disparatada de la inflación oligopólica subsiste no porque tenga alguna potencia teórica, sino porque funciona políticamente en tanto permite presentar en términos de buenos y malos un problema macroeconómico complejo. De nuevo, una cosa es la descripción de los oligopolios y la renta oligopólica y otra bien distinta el aumento generalizado de precios.
Otra interpretación, que no es una explicación sobre las causas, sino una banalización del problema, es la que sostiene que no importa la nominalidad de los precios, sino que los mismos no le ganen a los salarios. Se desdeña así uno de los principales efectos reales de la alta inflación, la imposibilidad de recuperar la función de reserva de valor de la moneda. Parece tautológico, pero se trata de un círculo vicioso. Como la moneda local no funciona como reserva de valor la “moneda dura” es la extranjera. En consecuencia el excedente económico, “el ahorro”, tiende a dolarizarse o, como vulgarmente se dice, “se fuga”. Esta situación profundiza por el lado financiero el otro gran problema macroeconómico local, la restricción externa, la escasez relativa de divisas. La economía local no sólo necesita dólares para hacer frente a sus obligaciones externas, sino también para ahorrar. El problema es que profundizar la restricción externa conduce a devaluar la moneda, a su vez una de las principales causas de la inflación.
Pasando a la definición correcta, es decir a la que efectivamente explica el problema y pasa la prueba del laboratorio de la historia, la inflación es un fenómeno de costos. Para el conjunto de la economía puede decirse que la inflación sube cuando aumentan los precios básicos, los que forman parte del precio de todas las cosas y que localmente pueden resumirse en tres: tipo de cambio, salarios y tarifas, incluidos los combustibles. Los básicos tienen además otra característica esencial, cada uno de ellos son en sí variables distributivas y, en consecuencia, llevan en su interior la verdadera causa de la inflación, la puja distributiva. Los salarios expresan la contradicción entre el capital y el trabajo, el tipo de cambio entre los exportadores y el resto de la sociedad y las tarifas entre los firmas energéticas y de telecomunicaciones y, también, el resto de la sociedad. En una economía como la local estos precios están además “acoplados”, es difícil que varíe uno sin que varíen los demás.
Finalmente está el contexto, lo coyuntural que también impacta en costos y que suele llevar a malentendidos como la “multicausalidad”. Si por ejemplo se abre el paquete de la inflación de 2020 se encuentra la importancia que tuvo un precio básico como el dólar, que sin embargo fue compensado por la regulación de tarifas y salarios. Fue la coyuntura de la pandemia la que evitó que los salarios crezcan más que el resto de los precios, aunque desde el cambio de gobierno y hasta octubre inclusive habían crecido el 26,5 por ciento y seguramente tardarán en recuperar la pérdida de los últimos dos meses. Lo mismo puede decirse de la regulación de tarifas y su desregulación relativa el último trimestre. Otro rubro determinante en el IPC fueron los alimentos, que aumentaron por la suba del tipo de cambio, pero también por la disparada de las commodities agropecuarias en torno al 60 por ciento en dólares en los últimos meses, un factor que para el caso argentino podría denominarse “inflación importada” y cuyo desacople será uno de los problemas centrales de la macroeconomía de 2021. La mejora del precio de las commodities es mayor ingreso para los exportadores, pero menor para los asalariados, lo que puede llevar a estancamiento económico.
La síntesis provisoria es que la economía local presenta alta inflación porque no tiene resuelta la puja distributiva que se manifiesta en la variación de sus precios básicos. Coyunturas como las del Covid-19 sólo explican variaciones en el margen, pero no desacoplan la interdependencia de los precios básicos. Por ejemplo, el aumento del dólar se traslada a precios pero inmediatamente ello se traduce en una demanda por mejoras salariales, algo que por ejemplo no sucede en países como Chile, Perú o Brasil. Luego, la falta de definición histórica sobre el modelo de desarrollo se traduce en una falta de consenso sobre el precio del dólar, que se vuelve altamente inestable cuando se lo pretende hacer muy “competitivo”, es decir no está resuelta la puja entre exportadores y nivel de salarios. Estos factores son a su vez sazonados por el problema estructural de la restricción externa que suele resolverse con saltos cambiarios cíclicos, es decir y valga la redundancia, con más puja distributiva en un agotador ciclo sin fin.-
Claudio Scaletta Lic. en Economía (UBA). Autor de “La recaída neoliberal” (Capital Intelectual, 2017). en El Destape web.
Rubén Manasés Achdjian Politólogo (UBA). Director de la consultora Tramas & Tendencias, escribe en Página 12 Cómo opera el circuito del contrabando y la simulación de importaciones de la oleaginosa
Dólar, soja y fuga
En 2020 la Argentina perdió 1900 millones de dólares por el rulo de importar soja para su procesamiento y exportación. Doscientos camiones semanales, sin embargo, llevan previamente los granos desde la Argentina a Paraguay y a Brasil para su reingreso posterior. Las sospechas de la UIF. Por qué no se sostienen los argumentos de productores y exportadores del complejo sojero sobre una maniobra que les reditúa fortunas y al país le provoca una sangría de divisas.
“En casa de herrero, cuchillo de palo” es un viejo refrán que alude a la paradoja de un bien que debería abundar en cierto lugar y que, muy por el contrario, escasea. Tal parece ser el caso de la economía argentina, considerada como la tercera productora mundial de porotos de soja pero que aun así debe importar desde terceros países esos mismos porotos que sus tierras producen en abundancia.
Si esta paradoja ocurriera en
nuestra economía solo de manera excepcional -por ejemplo, ante una
disminución coyuntural de la producción agrícola por causas
estacionales o por emergencias climáticas- o en contextos donde la
existencia de importantes stocks de divisas disipara cualquier
expectativa devaluatoria, no habría mayor motivo de preocupación.
Sin embargo, la economía argentina no transita por ninguna de estas
dos situaciones
Por el momento, el gobierno logró superar con éxito la tormenta cambiaria que se desató hacia fines de octubre cuando el dólar ilegal, el CCL y MEP iniciaron una escalada que parecía no tener techo. En esos días, los habituales voceros del establishment vaticinaban una inminente y brutal devaluación que, por otra parte, asumían como inevitable. Finalmente, ello felizmente no ocurrió y hoy la situación del mercado de divisas pareciera estar controlada.
Claro que la estrategia de intervención para tranquilizar al mercado cambiario no fue gratuita y tuvo su trade off: el precio de esta tranquilidad se pagó con reservas del BCRA que, como ya todos sabemos, son escasas. El stock bruto de reservas al cierre de diciembre (39.216 millones de dólares) mostró que, durante la última turbulencia, el Central debió desprenderse de poco más de 2.100 millones en divisas para lograr que volviera cierta calma al mercado.
Por su parte, el último balance cambiario publicado por la entidad señalaba que, al cierre de noviembre, se registró un nuevo déficit de 753 millones de dólares y que, a esa altura del año, la economía acumuló un “rojo” de 5.795 millones, lo que pone en relieve la clásica evidencia de que la economía argentina consume muchos más dólares que los que logra producir.
La magnitud de déficit no es grave en sí -hablamos de un punto del PBI- sino que la gravedad que hoy representa se debe al contexto económico en el que tiene lugar. Por ejemplo, durante la gestión del macrismo en el Banco Central (2016-2019) se registró en el balance cambiario un déficit acumulado en cuatro años de 57.983 millones de dólares, a un ritmo promedio de casi 14.500 millones por año que fue cubierto a través de un gigantesco endeudamiento, de mayores liquidaciones de agrodólares y del ingreso masivo de capitales especulativos. Hoy, el actual directorio debe enfrentar una situación menos relevante en términos cuantitativos pero seriamente agravada por el hecho de no poder contar con ninguna de las alternativas mencionadas.
La soja es hoy el “cuchillo de palo” del sector externo. Según datos del Indec, entre febrero y noviembre de 2020 se importaron poco más de 5 millones de toneladas de porotos de soja por un valor total de 1.900 millones de dólares, una cifra que tampoco sería relevante si no fuera por el contexto crítico que atraviesan las posiciones cambiarias.
El 92 por ciento de la oleaginosa sin procesar proviene de Paraguay, el resto de Brasil y, en muy menor medida, de Uruguay. ¿Cuál es la razón que justificaría que Argentina le compre porotos de soja a los países vecinos cuando es capaz de producir 50 millones de toneladas al año? Los productores y exportadores del complejo sojero suelen recurrir a los siguientes argumentos.
En primer lugar, destacan la necesidad del sector aceitero de cumplir en tiempo con sus compromisos de producción. Esto lo lleva a aprovisionarse en otros mercados de suficiente materia prima que ingresa al país en calidad de importaciones temporarias para, luego, procesarlo y exportarlo al mundo bajo la forma de aceite, harinas y pellets. Hasta aquí la respuesta parece más que atendible, si no fuera por algunas otras evidencias que la tornan inconsistente.
Entre febrero y noviembre, mientras el sector aceitero importaba un promedio mensual de poco más de medio millón de toneladas de soja sin procesar, no se registraban faltantes que justificaran estas compras. Tampoco se interrumpió la exportación, lo que hubiese sido aconsejable para abastecer a la industria local en vez de importar.
El ejemplo más claro para graficar esta situación tuvo lugar en agosto pasado: mientras los productores informaban la existencia de un stock de 14 millones de toneladas de porotos de soja, las aceiteras importaron 471.400 toneladas. Los agroexportadores, por su parte, declaraban ese mismo mes ventas al exterior por 250.150 toneladas que, de haber permanecido en el mercado local, hubiesen servido para absorber más de la mitad de los suministros externos demandados por las aceiteras.
Estas operaciones cruzadas y aparentemente descoordinadas tienen, por cierto, nombre y apellido. En agosto, más de la mitad de las exportaciones de soja a granel (132.000 toneladas) fue realizada por la cerealera santafesina Díaz y Forti SA, firma que también exportó en el mismo mes 25.000 toneladas de aceite de soja. Recordemos al lector que hace un mes el BCRA suspendió las operaciones de cambio de Díaz y Forti SA, una módica empresa que creció exponencialmente gracias a vínculos bastante opacos -hoy minuciosamente investigados- con la intervenida aceitera Vicentin.
Otra razón aducida por el complejo aceitero en favor de la importación es que la soja sin procesar de origen paraguayo posee un mayor contenido en proteínas que la que se cosecha en Argentina. Ello permite un proceso más eficiente de la molienda del poroto y, por ende, una mejor colocación del producto final en los mercados internacionales. Este problema planteado como una falta de aptitud de la naturaleza parecería no tener solución.
Sin embargo, un estudio producido por Martha Cuniberti y Rosana Herrero, investigadoras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) muestra que, entre 1997 y 2018, la soja cultivada en la Zona Núcleo (conformada por los principales departamentos agrícolas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) perdió 5 puntos porcentuales de valor proteico y que esta pérdida podría haber sido corregida con una adecuada rotación de cultivos y combinando, durante el proceso de industrialización, cantidades adecuadas de soja de 1ª (que tiene mayor contenido de aceite) con soja de 2ª (con mayor contenido proteico). “Estas pérdidas -señala este interesante estudio que el sector sojero parece haber ignorado- se trasladan al productor que recibe un precio menor, a la industria que disminuye su capacidad de molienda y al país por disminución de las primas de harina argentina implicando una caída importante en los ingresos por exportación, como primer exportador mundial de harinas proteicas”. De modo que no se trataría, entonces, de la falta de una aptitud natural de nuestros suelos ya que, luego de leer el informe, queda bien claro que “lo que natura non da, el INTA sí presta”.
Una tercera respuesta al fenómeno de la importación de soja es la que el propio sector evita comentar. Recientemente, las autoridades policiales y tributarias misioneras detuvieron y decomisaron en la localidad de San Vicente una decena de camiones cargados con soja (aproximadamente 250 toneladas) que se dirigían a Colonia Alicia, en la frontera con Brasil. La fuga de soja argentina desde Misiones al Paraguay y Brasil para eludir el pago de derechos de exportación es una modalidad recurrente del contrabando y, según algunas fuentes, moviliza cerca de 200 camiones semanales que se desplazan desde Chaco, Santa Fe e, incluso, de Buenos Aires hacia la frontera noreste.
En torno a este problema, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz, señaló que “cuando los granos no se liquidan oportunamente, no es sólo que quedan en el silo, sino que son objeto de contrabando”. Precisamente, parte de la soja que se fuga por la canaleta del contrabando es la misma que vuelve a ingresar al país bajo la modalidad de importación temporaria para ser procesada en las plantas de molienda locales.
Es importante recordar, además, que el régimen de importación temporaria permite que el industrial aceitero pueda deducir el valor de la importación de la materia prima de la base imponible sobre la que se aplican los derechos de exportación que debe pagarle al fisco argentino, de modo tal que solo debe abonar el gravamen por el valor agregado del procesamiento industrial. Ahora bien: ¿qué sucede en términos tributarios si una empresa lograra pasar de contrabando soja a granel a través de alguna de nuestras fronteras con destino a una filial o empresa asociada, por ejemplo, en Brasil o Paraguay para, luego, importar legalmente esa misma soja, en carácter temporario, para producir aceite, venderlo al exterior y pagar derechos de exportación solo por la diferencia de precios existentes entre el aceite y la materia prima? La respuesta es bien sencilla. Tan sencilla, que obliga a mencionarla en voz baja.
En muchos meses consecutivos de esta larga pandemia y sus consecuencias más evidentes (retracción económica, caída de reservas y restricción cambiaria), las miradas del gobierno y de los principales medios estuvieron puestas en el goteo incesante de reservas para satisfacer el deseo de atesoramiento de los pequeños ahorristas, habilitados a comprar de a 200 dólares por mes con el fin de preservar sus ingresos o para obtener una pequeña renta diferencial haciéndolos puré en el mercado ilegal. No intento minimizar este fenómeno sino señalar apenas que, mientras esto ocurría, también sucedían estas otras fugas más relevantes y sofisticadas, sin duda. Fugas sobre las que se habla muy poco y distorsionadas con operaciones mediáticas e infundadas denuncias sobre un supuesto avance del gobierno sobre la propiedad privada.
Una decidida estrategia de intervención pública en el mercado de granos, que no se agote en su aspecto exclusivamente cambiario y que se proponga coordinar la demanda y la oferta, evitando faltantes para el proceso industrial y, al mismo tiempo, combatiendo el contrabando y otras operaciones más complejas de evasión o elusión impositiva, aconsejan a todas luces que la cuestión un lugar de primer orden en la agenda pública. Sin estridencias ni anuncios oficiales que luego deben ser retrotraídos.
En nuestra economía el complejo agroexportador en general -y el complejo sojero en particular- es, tradicionalmente, el principal generador de divisas. Es razonable pensar entonces que el control, la regulación y la transparencia en todas estas actividades merecen una acción coordinada y efectiva de numerosas agencias gubernamentales, y no solo de la cartera económica o del Banco Central de manera aislada.
Por lo pronto, el esfuerzo público por frenar el drenaje de más de 1.900 millones de dólares anuales que van a parar a otras economías en vez de reinvertirse en el país bien vale la pena.
CLAVES: contrabando dólares
* El 92 por ciento de la soja sin procesar proviene de Paraguay, el resto de Brasil y, en muy menor medida, de Uruguay.
* La fuga de soja para eludir el pago de derechos de exportación es una modalidad recurrente del contrabando.
* En agosto, más de la mitad de las exportaciones de soja a granel fue realizada por la santafesina Díaz y Forti SA, vinculada a la intervenida Vicentin.
* El control, la regulación y la transparencia del complejo sojero merece una acción coordinada de las agencias gubernamentales.
¿A que Juega la Mesa de Enlace?
¿A quién representa la Mesa de Enlace? Mientras el gobierno lograba juntar a la más amplia representación del complejo agroindustrial en la denominada Mesa Sectorial de Maíz (una iniciativa privada para buscar concertar con las autoridades políticas para el consumo interno y la exportación), tres de las cuatro entidades rurales de renombre iban a un cese de comercialización de tres días. "Una medida banal, sin efectos en la práctica", señalaron en el sector, teniendo en cuenta que el cierre de registros de exportación de maíz se planteaba en un momento con muy poco movimiento en materia de nuevas solicitudes de embarque. "Sólo los mueve el interés de mostrarse como opositores", apuntaron también algunos sectores de la actividad. Los por qué de la medida quizás haya que buscarla en la composición actual de cada una de las entidades que fueron al lockout: Sociedad Rural, Confederaciones Rurales (CRA) y Federación Agraria. La cuarta, Coninagro, desistió de acompañar la medida de fuerza y terminó sumándose al debate de la Mesa Sectorial.
Sociedad Rural Argentina
Históricamente, representó a los grandes hacendados, primeros dueños de grandes extensiones de tierras en el país, Llegó a tener más de mil socios, siempre fue una entidad muy exclusiva. Pero hoy tiene nada más que 800 socios y, de ellos, más de la mitad no tiene ni dirige ninguna actividad agropecuaria. Eso sí: conservan apellidos ilustres.
Entre los menos de 400 que siguen en alguna actividad, gran parte son cabañeros. Es decir, se dedican a la cría de animales de raza, que una vez al año se lucen y buscan premios en la exposición tradicional (Angus, Hereford, Brahman, Brangus, etc). Otra parte importante, a las razas caballares. Ni uno ni otro tiene mucho que ver con las oscilaciones de los precios del mercado, financiación para capital de trabajo o traslado de hacienda a frigoríficos.
Daniel Pellegrina, presidente de la Sociedad Rural desde que reemplazó a Miguel Etchvehere, cuando Macri lo convocó para su gabinete, no es productor. Es lo que se diría un "funcionario de línea" de SRA, entidad a la que se vinculó de muy joven participando de las actividades de El Ateneo, más tarde condujo la escuela de formación de posgrado de la SRA (en el barrio porteño de Belgrano) y se ubicó finalmente como secretario general de la entidad, un puesto administrativo desde donde cautivó la atención de Etchevehere. Poco afecto a mover papeles, lo consideró el candidato ideal para acompañarlo como vice. Luego, con su salto al gobierno, lo convirtió en presidente.
Lejos de subirse a un tractor, la gente de prosapia de la Rural tiene otros menesteres: recaudar lo que le rinde el alquiler de un espacio de entretenimientos en un lugar exclusivísimo del barrio de Palermo (gracias a una cuestionada concesión del Estado) y manejar el Registro Genealógico de los cabañeros. En definitiva, características que lo asemejan más a un club social exclusivo donde expresar su más rancio conservadurismo, que a una entidad gremial empresaria.
Federación Agraria
Con una rica historia de luchas agrarias y defensa del pequeño productor, hoy la Federación se convirtió en un instrumento muy util a intereses políticos muy ajenos a su identidad. Carlos Achettoni, su actual titular, fue destacado al asumir como "el primer presidente de la entidad con origen en economías regionales". Efectivamente, su origen geográfico es la localidad de Bowen, departamento General Alvear de Mendoza. Allí tiene una pequeña finca, herencia familiar, de unas ocho hectáreas, de escasa producción y que "luce abandonada", según descripción de vecinos.
Desde que se dedicó a la política, "anda poco" por la zona. De hecho, sus vecinos lo acusan de no haberse hecho cargo de la desaparición de decenas de fincas en la zona a manos de la política de destrucción masiva de Macri, sin hacer una sola convocatoria a una protesta en cuatro años. La extinción de pequeños productores jugó a favor de la concentración de la tierra. Pero Achettoni ya en 2016/19 era un referente importante de Cambiemos, a través de la UCR a la cual pertenece, como "puntero" de la zona de la ex ministra de Julio Cobos, Laura Montero.
Para muchos observadores, Federación Agraria dilapidó su capital político acumulado en un siglo para convertirse en un instrumento de los sectores más conservadores rurales, habiendo abandonado a los pequeños agricultores para otorgarle una pátina de "amplitud" a la Mesa de Enlace.
Confederaciones Rurales
Es, entre las tres, la más representativa. Con sus organizaciones de segundo grado (Carbap, Cartez, Carclo, etc), abarca la representación de unos 30 mil medianos y grandes productores en todo el país, principalmente en la "zona núcleo", la más rica en la pampa húmeda.
Su actual presidente, Jorge Chemes, reemplazó a Dardo Chiesa en la titularidad de CRA dos días después de la asunción de Alberto Fernández. Chemes, tambero mediano de Entre Ríos, surge como referente del sector en las luchas contra la Resolución 125 de 2008, de la mano de Alfredo De Angelis. Le tomó el gusto a la política, se convirtió en diputado nacional por UCR-Cambiemos, pero volvió a la actividad gremial empresaria "frustrado" (dicen allegados suyos) en el ejercicio de la actividad legislativa.
Quienes lo conocen le critican "la falta de criterio político propio", que sí reconocen en su antecesor, Chiesa. Los mismos conocedores del paño señalan los nombres de dos dirigentes de fuerte influencia sobre Chemes: Matías de Velazco (titular de Carbap) y Santiago del Solar (ex jefe de gabinete de Etchevehere en el Ministerio). Son "la línea dura" del ruralismo, los dirigentes más afines al macrismo. Los que sostienen la línea de que no hay nada para negociar con el gobierno: lo suyo es oponerse y que se escuche.
No solo Granos y Dólares
El litio, los salares y las comunidades de la Puna
Por una ecología de los saberes
Escribe Vanina Lombardi en Socompa
La minería de litio es postulada como una oportunidad para la transición energética y el desarrollo, pero estos objetivos no se condicen con las realidades que viven las comunidades originarias de la Puna. Una publicación agrupa experiencias e investigaciones que invitan a repensar modelos de producción y desarrollo alternativos que preserven los recursos de los salares andinos.
El salar, para nosotros, representa parte de la vida, nuestra pachamama, nuestra cultura y sabiduría ancestral, es la visión de nuestros antepasados que lo han cuidado y manejado tan bien, sabiendo cómo debería ser cosechado cada año y cuál era la sal para la producción ganadera, por ejemplo”, relata Clemente Flores, vocero de las comunidades de la Cuenca de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en la provincia de Jujuy.
Flores es uno de los autores del libro Salares Andinos: Ecología de saberes por la protección de nuestros salares y humedales [El libro está disponible en PDF en: https://cl.boell.org/es/2020/12/18/salares-andinos-ecologia-de-saberes-por-la-proteccion-de-nuestros-salares-y-humedales], una obra publicada en diciembre por el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL). Esta “ecología de saberes” busca funcionar como “un espacio concreto para la promoción de la interacción de conocimientos científicos y no científicos sobre la idea de una diversidad epistemológica del mundo”.
Así, a través de más de doscientas páginas, la publicación entrecruza historias de vida y experiencias en los territorios, a las que se suma el aporte de investigadores y profesionales de distintas disciplinas que desde hace años están trabajando en los salares andinos de la región. Se trata de una zona que abarca parte de la Argentina, Bolivia y Chile, y que es la principal reserva de litio en salmuera del mundo, lo que ha despertado el interés internacional en busca de ese recurso imprescindible para producir baterías para teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y la fabricación de vehículos eléctricos.
“En el nombre del libro, que habla de salar y no de litio, se deja ver cuál es la disputa política de sentido, porque el salar representa muchas cosas para el territorio, y el agua – que unifica el criterio de todas las comunidades con respecto a esta lucha en contra de esta actividad – es la fuente de vida de estos territorios tan áridos, no solo porque es necesaria para el consumo humano sino también para la cría de animales y el desarrollo de la agricultura de altura, que precisan de las vegas [Las vegas son humedales de altura presentes en la Puna. Cumplen, entre otras cuestiones, la función de regular los recursos hídricos. Por su elevada productividad sirven como fuente de alimento, tanto para animales domésticos como silvestres. Han sido y son un factor esencial para las poblaciones de la región.] y humedales que corren el riesgo de sequía y de salinización”, explica la investigadora Melisa Argento, autora de unos de los capítulos junto con su colega Florencia Puente. Las integrantes del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes destacan que el riesgo principal es que el costo de la actividad extractiva se traslade a los territorios debido, principalmente, a un uso indiscriminado del agua “sin control ni planificación estatal” y sobre poblaciones que no contribuyen a los efectos del cambio climático.
La Argentina exporta carbonato de litio desde Catamarca, donde la multinacional FMC MdA -ahora Livent Corporation – explota el Salar del Hombre Muerto desde mediados de los años noventa, un recurso que Jujuy declaró estratégico para la provincia en 2011. Desde entonces, se potenciaron los proyectos de exploración. También la movilización de las comunidades de la zona contra la minería del litio.
Tal como lo describen Argento y Puente en uno de los capítulos del libro, solo en los cuatro años de la gestión de Cambiemos se duplicaron los proyectos, que eran una veintena en 2016 y hoy son más de cincuenta. Además, recuerdan que – según datos del Ministerio de Minería – en pleno macrismo se proyectaba exportar 145 mil toneladas de carbonato de litio en 2022, casi cinco veces más que las entre 30 y 40 mil toneladas que se exportan en la actualidad.
“Lo paradójico del litio es que no hablamos de fracking ni de minería a cielo abierto, sino de un mineral que aparece como clave para la transición energética que efectivamente necesitamos. Se propone al litio como una salvación, pero como están las cosas hoy sería para la transición del norte global, pero no para la Argentina y muchísimo menos para los territorios, que van a sufrir los impactos de la minería”, advierte Argento.
“Un celular usa 0,2 gramos de litio, que es lo que usaríamos las personas de los pueblos y las ciudades. Sin embargo, casi todo lo que se extrae se destina a la producción de baterías para autos eléctricos. Un auto eléctrico usa sesenta y siete kilos”, ejemplifica Evelyn Vallejos, técnica en Gestión Ambiental Urbana y desde hace más de una década asesora de las comunidades originarias de Catamarca. Vallejos advierte sobre las pérdidas ambientales irreparables que puede estar provocando la minería en los salares de la provincia.
“Antofagasta de la Sierra es el lugar más parecido a la tierra prehistórica, por sus condiciones climáticas. Allí se encuentran los microorganismos más parecidos a las primeras formas de vida en el planeta, como los estromatolitos en la laguna Diamantes. Que se destruya todo eso es muy doloroso”, dice Vallejos. Además, advierte que Catamarca tiene la mayor concentración de volcanes de toda la Cordillera de los Andes, en los que hay minerales y tierras raras. Hoy, el setenta y cinco por ciento de ese territorio provincial ya se encuentra en manos de empresas mineras.
Vallejos agrega que los salares son los mayores reguladores de dióxido de carbono: “Paradójicamente, se dice que se necesita la batería de litio para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero para producir baterías destruyen salares que absorben dióxido de carbono, además de que son muy sensibles y los podemos degradar muy rápidamente”.
Promesas incumplidas
Uno de los argumentos para promover y avalar la exploración y explotación de la minería de litio en la Argentina es el potencial que presenta para las exportaciones y la oportunidad de desarrollo que esta actividad genera para el país y la región. Sin embargo, tras casi treinta años de minería instalada, Catamarca no solo es prueba de los impactos ambientales de esta actividad, sino que también es testigo de que esas ideas del derrame son promesas inclumplidas.
El progreso es una gran mentira. En Antofagasta de la Sierra, la gente no tiene gas, y luz eléctrica solo durante cuatro horas diarias, mientras que la minera tiene luz, agua y gas, que traen de un gasoducto”, cuestiona Vallejos. Debido a la minería del litio, en la zona se han secado una vega de once kilómetros y un río, lo que afecta directamente el desarrollo de la economía regional, basada en la cría de llamas y ovejas.
“Las vegas son como un patrimonio de la humanidad porque desde hace miles de años los indígenas las van extendiendo y ampliando para tener más disponibilidad de comida y agua, pero todo esto se está atrofiando y el impacto ambiental en la Puna puede ser casi irreversible. Hay una familia a la que se le murieron novecientos animales por falta de agua”, dice la gestora y destaca la necesidad de generar políticas públicas que revaloricen y promuevan las actividades productivas locales. La empresa, sin embargo, pretendía triplicar su producción abasteciéndose del agua del río Los Patos. La idea generó tanto malestar y movilizaciones sociales durante 2018 que la compañía se vio obligada a frenar el proyecto.
Flores también coincide en la necesidad de contar con políticas que promuevan las producciones artesanales de la Puna jujeña que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo. En el capítulo de su autoría relata los cambios que afectaron a su comunidad y cómo se fueron modificando los modos de producción. No solo la obtención de sal para consumo humano, que inicialmente se producía de manera artesanal y luego pasó a realizarse de manera cooperativa, sino también cómo ha ido disminuyendo la cría de llamas y otros animales autóctonos, así como el cultivo de alimentos característicos de la zona como, la quinoa y el maíz, a medida que los y las jóvenes se ven obligados a emigrar a otras ciudades.
“El estado provincial dice que vende miles de toneladas de litio, pero, ¿qué han hecho para la comunidad o para el territorio? Nada. Se llevaron todo y siguen hablando de las ganancias de la minería, mientras que las familias en el territorio estamos peor, nos están sacando el agua y nadie tiene en cuenta que hay otras cosas por hacer”, cuestiona Flores. Su mirada recuerda que las treinta y tres comunidades originarias que viven en la cuenca de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc de Jujuy se unieron y comenzaron la lucha y la defensa del territorio en 2010. Posteriormente, elaboraron un protocolo de consulta denominado Kachi Yupi, en el que establecen qué cosas deberían informarse a las comunidades y de qué manera, antes de avanzar sobre sus territorios con cualquier actividad, no solo la minera.
“El estado debe cumplir con el Convenio 169 de la OIT y ayudar a la comunidad a cumplir lo que dice su derecho. Nos dicen que uno de ellos es la consulta y les decimos en el protocolo cómo deben hacerla, que no es una reunión y nada más. Sin embargo, hoy por hoy se establecen otros protocolos redactados desde un escritorio. Siguen sin respetar el protocolo del Kachi Yupi, que fue el primero que salió”, subraya Flores.
El surgimiento de la pandemia no ha hecho más que evidenciar las desigualdades existentes en estos territorios, en los que falta el agua y los servicios sanitarios son escasos. En contraste, a pocos días de que el gobierno decretara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en todo el país, la minería fue declarada como una de las actividades “esenciales” – al igual que los servicios de salud y los proveedores de alimentos – y, por lo tanto, habilitada para funcionar.
En Catamarca, casi el setenta por ciento de la población recibió el Ingreso Familiar de Emergencia que el Gobierno nacional distribuyó durante los primeros meses de la pandemia. Un refleja del alto nivel de pobreza y desocupación. En la Puna jujeña, los casos por Covid-19 se iniciaron en Susques, entre trabajadores de la Minera Exar, que en julio de 2019 representaban el veinte de los contagios a nivel provincial y que – como recuerda Flores – no solo no recibieron la atención necesaria, sino que fueron abandonados en la ruta para que volvieran a sus hogares. Los primeros que se movilizaron para atenderlos fueron los pobladores locales, a través de redes de cuidado y contención que las comunidades armaron para evitar la expansión del virus.
“La situación que estamos viviendo pone en evidencia la importancia de las lógicas del cuidado, no solo respecto de las poblaciones y en su relación con la naturaleza. También pone en evidencia cuán desprotegidas están esas poblaciones y cuán atravesadas por las tareas de cuidado respecto de la propia reproducción de su vida”, dice Argento.
Su lectura subraya que se trata de un momento clave para revalorizar los modelos alternativos que proponen los pueblos indígenas y campesinos. Con la excusa de pagar una transición energética se está trasladando la agenda de un norte global. Es necesario pensar en clave de transiciones múltiples, en una transición socioecológica que implique, efectivamente, lógicas democratizadoras para con los territorios. De lo contrario, continuaremos configurando imaginarios de territorios de sacrificio”, concluye Argento.
La pandemia reflotó ideas enterradas por obsoletas, cuando son las potencias del mundo quienes demuestran su vigencia. Interpelados, nos damos licencia para repensar una serie de cuestiones.
En la década de 1950, el estructuralismo latinoamericano ya hablaba de algo llamado heterogeneidad estructural. Este concepto combina la presencia de una menor productividad en los países periféricos respecto de los centrales, y también la coexistencia de niveles de productividad muy dispares entre los sectores productivos de los países periféricos frente a los niveles de productividad convergentes de los países centrales. El menor y más desigual nivel de productividad de la periferia, donde se ubica Argentina, provoca que trabaje a un nivel de costos mayor, resultando en una producción y valor agregado inferior y una apropiación menor y disímilmente distribuida de los ingresos, lo que se espeja en la calidad de vida de la población y su desarrollo económico. En el centro, sucede lo opuesto.
El nivel de heterogeneidad de los entramados productivos no es un atributo natural de los países, sino que es un reflejo del diseño de sus políticas públicas. Cuando estas se basaron en criterios de rentabilidad de corto plazo, nublaron la oportunidad de tener una intervención estatal orientada al desarrollo económico. En Argentina, atestiguamos el “descarte” de sectores productivos por no cumplir con estándares de eficiencia y productividad, en lugar de estimular su crecimiento dado su carácter estratégico para el progreso del país. Ejemplos en esa dirección, serían el de los fundidores en particular (transversal a toda la industria) y el de la industria manufacturera en general (mayor fuente de empleo y valor agregado del país).
En la experiencia de los países desarrollados, subyace una visión diferente. Su desarrollo es producto de la intervención inteligente de Estados que delinearon un andamiaje de políticas públicas para la promoción de sectores estratégicos, con esquemas de incentivos, creación y utilización de empresas públicas para la tracción de procesos productivos, política de comercio exterior alineada a sus objetivos productivos, financiamiento accesible, etc.
Múltiples son los casos donde las naciones de los países centrales encararon procesos de desarrollo económico a través de sus activos públicos, estimulando la generación de proveedores que fortalezcan la cadena productiva, procesos de innovación, educación y empleo calificado, favoreciendo su extensión y presencia a nivel internacional. Son empresas estatales como la hidrocarburífera Equinor en Noruega, la NASA en EEUU, la Corporación Estatal de la Red Eléctrica de China, entre otras. En 2019, la revista Forbes señalaba que Estados Unidos era el país con mayor cantidad de grandes empresas públicas, seguido por China y Japón respectivamente.
Esto no nos pone en la falsa dicotomía de tener que elegir entre empresas públicas o privadas, sino que vigoriza la necesidad del trabajo mancomunado entre ambas, para tender a la robustez del engranaje productivo. Los casos citados no aseguran por sí solos el desarrollo económico de estos países, pero sí han actuado como condiciones necesarias para alcanzarlo dentro de una planificación integral. Ello nos da perspectiva y nos permite poner en valor empresas con participación estatal mayoritaria como la hidrocarburífera YPF, INVAP con sus desarrollos en tecnología nuclear y satelital, Astillero Río Santiago con sus construcciones navales y metalmecánicas, Trenes Argentinos con su ingeniería ferroviaria, etc.
Las empresas públicas poseen un elevado potencial para estimular eslabonamientos hacia adelante y atrás en las cadenas de valor. Generan demanda en áreas estratégicas, ya sea por el valor que agregan o por cubrir determinadas necesidades de la población, y traccionan el desarrollo de innovaciones por parte de proveedores que de otra manera no tendrían escala ni mercado para llevarlo adelante, de forma que luego se derramen al resto del entramado productivo, mejorando la productividad, los costos, y la apropiación y distribución de los ingresos. A su vez, en momentos de crisis como la actual pandemia, pueden utilizarse como medios de canalización de las inversiones públicas, o a modo de salvataje, como sucedió en las potencias.
Es imperioso reconocer en el Estado el agente indicado para conducir la explotación de determinados recursos y activos estratégicos. Con el sabor todavía amargo de las privatizaciones de los noventa, vemos que esta nunca fue una variable expedida al libre albedrío en el centro. La diferencia con un país periférico como Argentina, pareciera radicar en los avances y retrocesos propios de los virajes de nuestra historia económica, que no permitieron utilizar estas herramientas para delimitar un sendero virtuoso de crecimiento. Encontrar dicho camino no es tarea fácil, por lo que se necesita una mano que guíe y apuntale el rumbo. Esa mano, que debe estar bien visible, es la del Estado inteligente.
Estas ideas las propone Noelia Abbate, economista (UBA). Maestranza en Economía Política (Flacso) en un artículo publicado en Pagina 12.
La pregunta que siempre niega las contradicciones de las pujas y conflictos entre sectores que pugnan para sus “si mismos” o para sus socios extranjeros, globales, transnacionales y/o financieros especulativos, es la que nunca se hace ¿Como articular esos “si mismos” en un modelo Nacional que equilibre deseos y posibilidades, con formas que respeten una vida digna para todos los habitantes del territorio nacional? Obviamente la respuesta no está en la mística de un Estado omnipotente ni de un mercado “autoregulado”, sino mas bien, en una racionalidad que interprete y consensue los intereses de todos y los agrupe en una verdadero sentido de comunidad y patria.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
Imagenes: “Sobre el problema de la cultura y de la identidad nacional uno escucha hablar (y habla) siempre, pero lo primero que se me ocurre decir en torno a ese tema es que yo no pienso en eso cuando me pongo a trabajar. Sí me interesa reflexionar ahora sobre ese tema: porque presiento que las cosas no son hoy tan claras como hace 40 ó 50 años. Yo creo que cada pueblo tiene una psicología y una mentalidad particular. Quién puede dudar de que una cosa es un italiano y otra cosa es un alemán, o un español o un francés. Cada uno de ellos tiene una mentalidad que va más allá de las individualidades, de las personalidades individuales, que lo diferencia del otro. Esa psicología que lo singulariza significa un modo diferente de relacionarse con el objeto que, como artista, elige para relatar o para pintar o para hacer música. Ese modo de relacionarse es lo que diferencia a un italiano de un español, de un alemán, de un francés.”
Carlos Gorriarena nació en Buenos Aires, el 20 de Diciembre de 1925. En 1948, abandonó sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes para incorporarse al alumnado de Demetrio Urruchúa."A los 17 años de edad ingresé a la Escuela de Bellas Artes y tuve la suerte de tener dos grandes maestros, Lucio Fontana - el que luego partiría para Italia - en escultura, y Antonio Berni en dibujo. A los pocos años abandoné la escuela y proseguí mis estudios con el pintor Demtrio Urruchúa - un ejemplo de vida - el "anarquista" enrolado en un importante grupo de pintores sociales."Hizo su primera exhibición en 1959, y fue cofundador y participante del Grupo del Plata (1960-1964). En 1962 es invitado por la Michael Karoly Memorial, que dirigía Bertrand Russel, a Vence (Francia). Durante los años 1971-72, reside en Madrid.Gorriarena obtuvo el Gran Premio de Honor del Salón Nacional 1986, la máxima distinción a las artes visuales, por su obra Pin Pan Punk.Gorriarena es un destacado exponente de los que hemos denominado Arte Político, cuyo iniciador en la Argentina fue Antonio Berni, en la década del 30. Pero no esta una forma de propaganda realizada en favor de un partido, una ideología o un gobierno, sino un cuestionamiento ético de la realidad social, que constituye por sí sola un fenómeno político.Catálogo de la Exhibición Carlos Gorriarena por Joge Glusberg.Edición Agosto 2001Museo Nacional de Bellas Artes. Gorriarena luchó por la apertura de la democracia y, con el advenimiento de ésta, reabrió su taller, donde (re)comenzó a dar clases hasta el año 2007, hasta el momento de su muerte -que ocurrió en La Paloma, Uruguay-.
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