Puja distributiva y puja de poder en los días de la peste ...
El año económico arranca con una profunda puja por la distribución de la riqueza en la Argentina. Como en otras oportunidades, el detonante es el movimiento alcista de los precios internacionales de algunos alimentos que nuestro país exporta: maíz, trigo, carne vacuna.
La favorable coyuntura internacional se traduce en un alza incesante de los precios internos, que no afecta sólo a los consumidores finales de estos productos, sino a todos los demandantes de la cadena agroindustrial, que utilizan trigo o maíz como insumo para la producción de otros productos y alimentos con mayor valor agregado.
El gobierno ha intentado frenar el deslizamiento que se empezó a registrar en los últimos meses del año pasado —45,5% aumentaron los alimentos en todo el año—, pero se ha encontrado con la resistencia y el boicot de los sectores cuya rentabilidad se ha visto incrementada por las condiciones internacionales.
Como viene ocurriendo desde hace tiempo en la Argentina, las minorías que se benefician con la exportación de esos productos se organizan y hacen sentir su peso en la escena pública, mediante declaraciones altisonantes y alarmistas, acciones directas ilegales y generación de climas agresivos a través de los medios.
Mientras tanto los millones de consumidores, y miles de productores que necesitan que esos precios guarden alguna relación con los precios internos, no se hacen presentes en la discusión pública, sea porque no comprenden de qué se trata, porque la única explicación que les llega del conflicto es la de los ganadores, o por una profunda despolitización o desmovilización.
El gobierno queda tironeado entre fuerzas sumamente desparejas: las minorías ricas y organizadas y las mayorías ausentes, que ni siquiera aparecen para defender cuestiones mínimas como son los precios de los alimentos que devoran sus ya reducidos ingresos.
El vacío político, organizacional y programático del campo mayoritario, que ya era un problema durante el macrismo, se disimuló por la aparición de la alternativa electoral victoriosa del Frente de Todos. Pero ese vacío se nota cuando pujas distributivas tan claras como la del maíz muestran las falencias de la construcción política popular.
Uno de los elementos centrales que caracterizó la irrupción del neoliberalismo a escala global ha sido la ofensiva permanente del capital sobre el mundo del trabajo. Esta situación de continuo retroceso de conquistas y derechos ha sido consagrada como una lógica social ineluctable por los sectores dominantes, que desatan su furia cuando aparece algún obstáculo en el mundo de la política –o de la salud— que perturba o contradice esa dinámica.
A pesar de que se van acumulando indicios sobre la creciente obsolescencia de la forma de organización neoliberal de la vida social, los hábitos mentales y los mantras aprendidos continúan trabando las posibilidades de cambio.
Unidos para el subdesarrollo
El Foro de Convergencia Empresarial (FCE), una entidad creada en 2013 que agrupa a importantes fracciones del empresariado local y cámaras de empresas extranjeras, emitió un comunicado en el que se solidariza con “el campo” en su lucha por exportar todo el maíz que pueda, aunque eso desabastezca al mercado interno.
Dice el comunicado: “La repetida intervención del Estado en las actividades del sector privado de la economía, a través de medidas similares a las tomadas en el pasado que tuvieron efectos adversos, afecta el crecimiento económico y el proceso de inversión privada, que ya está en mínimos históricos”.
Posteriormente, la entidad enumera los diversos sectores que sufrirían la intromisión del Estado: telecomunicaciones, exportadores de maíz, productores de alimentos, empresas de electricidad y gas, servicios de medicina prepaga, entre otros.
El Foro de Convergencia señala que “la gravedad de la situación económica requiere adoptar políticas que permitan rápidamente revertir las expectativas, contribuir al crecimiento y generar oportunidades de progreso para todos los argentinos, consensuando medidas económicas que promuevan el crecimiento y la inversión en los distintos sectores de la economía, con el objetivo de recuperar el nivel de actividad, generar empleo registrado y promover las exportaciones al igual que el abastecimiento del mercado local”.
Por supuesto que el argumento de “revertir las expectativas” de los empresarios está directamente relacionado con concederles sus demandas, que es la particular interpretación que tienen del consenso. Su propia visión de la sociedad, expresada en documentos de fondo, los lleva a la intransigencia y la negación de la complejidad.
Por ejemplo, el FCE formuló en mayo de 2015 un documento titulado “El rol del Estado y el buen gobierno republicano”, en el que explicitó su visión ultra-conservadora sobre el lugar del Estado en la sociedad. Vale la pena su lectura íntegra, y tener en cuenta que fue difundido en el contexto de un momento de fuerte movilización y militancia anti kirchnerista del gran empresariado.
Entre otros párrafos imperdibles, señala textualmente que “la ciudadanía no debe permitir que los gobiernos –nacional, provinciales y municipales—, se apropien del Estado”. Es importante recordar que buena parte del Estado ya había sido apropiada directa o indirectamente por fracciones privadas para su propio beneficio. El gobierno de Cambiemos, apoyado por el FCE, es la aclaración práctica de esa frase: los gobiernos no pueden ni deben tomar control sobre el Estado, porque ya estamos nosotros.
La actuación del gobierno “debe circunscribirse al respeto irrestricto del orden jurídico y de las instituciones en detrimento de la arbitrariedad”, es decir no tocar nada, ni el florero de la Casa de Gobierno. En términos más concretos: prohibido tocar el entramado de negocios y privilegios acumulados desde la dictadura cívico-militar hasta el presente. Llaman arbitrariedad a la propia acción política no autorizada por ellos. Las múltiples arbitrariedades a favor de sus intereses no entran en la cuenta, porque sirven al “progreso”.
“El Estado tiene el rol fundamental de respetar la forma representativa republicana federal de gobierno. También debe resguardar la seguridad de los habitantes, su libertad y sus bienes”, dice el documento del FCE, que pretende transformar a la Constitución en la garantía del inmovilismo social y de la consolidación del subdesarrollo, colocando al Estado en un rol extremadamente pasivo. Un entramado jurídico dedicado a la represión del cambio en la sociedad.
“La actuación estatal debe afectar en el menor grado posible la libertad y la responsabilidad personal. Esto, sin perjuicio de que el Estado tiene un papel fundamental en la solución de aquellos problemas sociales complejos que exceden a las capacidades del sector privado”, dice otro de los párrafos del documento. Queda establecida así una curiosa división del trabajo: con el sector privado nadie debe meterse. Pero si del descontrol y la falta de regulación económica inteligente surge el caos y el desastre social, como ocurrió con cada uno de los experimentos auto denominados de “libertad económica”, bajo Martínez de Hoz, con la convertibilidad y con Macri, el Estado “tiene un papel fundamental en la solución”. Luego de nuestros desmanes, aceptamos bomberos, pero transitorios.
La injerencia del Estado “en el ámbito privado, interviniendo arbitrariamente en la toma de decisiones empresarias, lesiona gravemente la economía y obstaculiza el desarrollo económico y social”. Como toda la literatura proveniente de este sector, jamás habla del capitalismo realmente existente, sino sobre una fantasía completamente desconectada no sólo de la realidad argentina, sino de la realidad de los capitalismos que pueden exhibir mejores logros. Nuestra realidad muestra que los peores resultados en materia de políticas públicas ocurrieron cuando el aparato estatal se puso al servicio de satisfacer las necesidades de mayor rentabilidad de grandes grupos económicos, monopolios y actores concentrados, sin ningún criterio organizador.
Lamentablemente, toda esta mirada conservadora y arcaica de cómo deben funcionar las instituciones en un país con unos problemas de subdesarrollo enormes, con un potencial extraordinario y con trabas políticas y sociales severas para movilizarlo, es la que continúa primando en la mayoría del empresariado que hoy presiona sobre el gobierno nacional.
Las ideas que provienen de ese sector son tan antisociales, que el propio gobierno nacional le tiene que pedir ayuda –al menos discursiva— al FMI para limitar el ajuste que le pide el capital concentrado local. Ya lo vimos durante 2020, con el intento de golpe devaluatorio.
Así, la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva tiene que declarar públicamente que continúa sosteniendo el apoyo a “un crecimiento fuerte e inclusivo” de la Argentina. Traducido a política económica, esa expresión nunca podría implicar un ajuste fiscal violento, ni excluir la utilización de políticas de ingresos para impedir que millones de personas queden estacionadas en la miseria.
En un país menos deteriorado moral y políticamente, estas serían incluso banderas de una derecha lúcida. Crecer e incluir no debería ser objeto de debate. Pero sí lo es en Argentina, donde las políticas económicas favoritas de les sectores concentrados llevan inexorablemente al estancamiento económico con redistribución regresiva del ingreso.
¿Queda alguna duda luego de la experiencia macrista, reclamada y avalada por el FCE?
Macroeconomía y política económica
Si está bastante claro que el establishment se opone a cualquier cambio regulatorio que mejore la distribución del ingreso y fortalezca el poder del Estado, el gobierno –que no comparte los raquíticos objetivos económicos del poder real— parece apostar a un buen funcionamiento macroeconómico, evitando que se produzca una confrontación significativa con los factores de poder.
Sin embargo, el listado de situaciones enojosas del comunicado del FCE muestra varios puntos de malestar empresarial, en los que el gobierno debió actuar básicamente en salvaguarda de los niveles mínimos de vida tolerables en contexto de pandemia y paralización económica. No fue dogmatismo ideológico ni cristinismo. Fue pragmatismo y conexión con lo que ocurre en la calle.
Las novedades en materia de pandemia nos sugieren un 2021 aún afectado parcialmente por el virus. Parece razonable, sin embargo, que pueda haber un crecimiento económico del 5% o más. Por lo exigido en materia de política económica por las cámaras empresarias –si alguna discrepa, sería bueno que lo dijese— la expectativa es que todo ese crecimiento sea embolsado por las grandes empresas. Que la única mejora social es que haya un poco más de empleo.
Eso significaría que en 2021 el nivel de vida de 3/4 de la población se mantenga exactamente como el actual. Que no empeore, pero que tampoco reciba ninguna mejoría palpable. Efectivamente si el gobierno escuchara al establishment, y actuara en consecuencia, no tendría nada para exhibir en materia económica y social en las elecciones de octubre, salvo el importante avance en la vacunación. Las mejoras macroeconómicas no tendrían valor para el hombre y la mujer de la calle, porque no las disfrutarían. Serían una entelequia útil para economistas y analistas políticos.
Es decir que no alcanza con una buena performance macroeconómica –reducción del déficit fiscal, saneamiento externo, inflación bajo control, mejora de la recaudación, baja progresiva de la tasa de interés— para cumplir con las promesas electorales y obtener el reconocimiento político de una parte considerable de la ciudadanía.
Se hacen necesarias políticas de intervención eficaces para dar cuenta, por ejemplo, del complejo tema de los precios. Son precisamente los precios, las tarifas, los costos del transporte y de la salud, las que están en juego en este momento, y donde parece repetirse el episodio del maíz: sólo chillan los que quieren ganar más. Los que pierden –trabajadores, jubilados, consumidores, usuarios— están ausentes, favoreciendo lecturas conservadoras de la coyuntura en el propio seno del oficialismo.
La revolución
“Hay gente en el Frente de Todos que sueña con una revolución; no es mi idea”, dice el periodista Eduardo van der Kooy que dijo el Presidente de la Nación en una especie de reportaje que le realizó recientemente el medio opositor, Clarín.
Si alguien votó al gobierno del Frente de Todos pensando en que protagonizaría una “revolución”, debería reflexionar sobre su capacidad de lectura de la realidad argentina. Si esos sectores revolucionarios existen, hoy no se expresan ni tienen relevancia. Si la referencia es al kirchnerismo, es repetir un equívoco absurdo fomentado por la derecha retrógrada argentina, que ve a cualquier reformismo como comunismo.
Pero, ¿qué sería hoy una revolución en Argentina? Si el comentario fue efectivamente proferido por Alberto Fernández, es una forma bastante cómoda de congraciarse con los conservadores argentinos, que en realidad tampoco están preocupados por ninguna revolución.
La verdadera discusión política en la Argentina actual se parece bastante a la observación que en su momento hizo el senador norteamericano Bernie Sanders sobre su país. Se preguntó si el Congreso norteamericano era capaz de regular a Wall Street, o si no era Wall Street el poder que terminaba controlando al Parlamento.
El primer año del gobierno de Alberto Fernández fue atravesado por la pandemia. El gobierno cuidó y protegió, pero también mostró temor a la voz de los factores de poder. No encontró en ese año su propia voz firme, una voz capaz de convocar y reflejar los sentimientos de millones en temas económico-sociales. En 2021 la pandemia comenzará a ceder, y la mirada de la sociedad se posará sobre las mejoras que puedan ocurrir. Y no es que el gobierno carezca de una agenda progresista en materia impositiva, de recuperación de ingresos de sectores populares o de promoción de numerosas actividades productivas.
El desafío estará en su capacidad para hacer prevalecer los intereses colectivos sobre las fracciones que se unen para defender las hiper-rentabilidades sectoriales, a costa de las mayorías.
El miedo a la voz del poder no es bueno en un gobierno popular. La inhibición para actuar frente a poderosos vociferantes tampoco. La parálisis política de los partidos y organizaciones populares es aún peor.
Los funcionarios saben que, o se desacoplan los precios de ciertos bienes y servicios de las ganancias exorbitantes que reclaman ciertos sectores, para que la sociedad comience un sendero claro de recuperación y la brecha social se reduzca, o el gobierno se acopla al “no plan” económico de los poderosos, y se profundiza un desgarro social que puede hacer ingobernable a la Argentina.
(https://www.elcohetealaluna.com/el-dilema-del-gobierno/ )
Impuesto a la riqueza: un magnate de Estados Unidos pidió que su país “siga el ejemplo de Argentina”
La propuesta de Morris Pearl para que los millonarios ayuden a enfrentar la crisis derivada del coronavirus
El magnate norteamericano, presidente de aseguró que en medio de la crisis “a los ricos les va mejor que nunca” y les corresponde hacer un aporte.
El magnate norteamericano Morris Pearl, presidente de Patriotic Millionaires, grupo conformado por personas de alto poder adquisitivo, dijo que Estados Unidos debería “seguir el ejemplo de Argentina” y aprobar un nuevo impuesto a las personas más ricas para ayudar a enfrentar la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, en referencia a la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas sancionada por el Congreso a fines de año.
En una nota de opinión publicada este domingo en Business Insider, un medio digital de noticias financieras y empresarias, Pearl dijo que “Estados Unidos debería seguir el ejemplo de Argentina y apoyar la promulgación de una medida similar para respaldar los esfuerzos de ayuda ante la pandemia”. “El 4 de diciembre de 2020, el Senado de Argentina aprobó un impuesto único del 2 por ciento sobre todo el patrimonio de las personas que supere los 200 millones de pesos argentinos, o alrededor de $ 2,4 millones”, destacó Pearl.
“Se espera que este ‘impuesto a los millonarios’ recaude casi 4 mil millones en ingresos federales para ayudar a compensar el costo del alivio de covid, mientras que en el proceso se reduce una brecha de riqueza que solo ha crecido en medio de la crisis de covid”, agregó sobre el modelo que, a su criterio, debería seguir Estados Unidos.
“Argentina puede ser el primer país en aprobar una medida como esta en respuesta a la pandemia global, pero no debería ser el último. Este tipo de legislación debería ser una obviedad para los legisladores estadounidenses que buscan formas de salvar la economía”, señaló el magnate.
La situación en Estados Unidos
En la actualidad, advirtió Pearl, Estados Unidos “enfrenta a un nivel de desigualdad que está desestabilizando a nuestro país”: “Casi 27 millones de adultos estadounidenses informan que su hogar a veces no tiene suficiente para comer. Entre 7 y 13 millones de niños a veces no comen lo suficiente. Más de 12 millones de inquilinos están atrasados con el alquiler”, detalló.
Además, subrayó que casi 85 millones de estadounidenses –uno de cada tres adultos en este país– informan que es difícil para su hogar cubrir sus gastos de manutención en los últimos siete días. “Todavía hay más de 10 millones de trabajadores desempleados en Estados Unidos, sin siquiera contar a las personas que han abandonado por completo la fuerza laboral”, declaró.
“Vivimos en medio de una crisis económica de proporciones bíblicas, y el gobierno federal, bloqueado por un Senado republicano que se niega a brindar la ayuda adecuada, solo ha aprobado proyectos de ley de compromiso, no lo suficiente, desde marzo”, alertó el magnate.
Mientras tanto, denunció Pearl, “a los ricos les va mejor que nunca”. El mercado de valores ya superó su pico anterior a covid, “dejando a muchos inversores millonarios como yo incluso más ricos de lo que éramos antes de que comenzara la pandemia”, ejemplificó. “En lo más alto de la escalera, las cosas son aún más rentables. La riqueza de los multimillonarios en Estados Unidos ha aumentado en casi un billón de dólares desde marzo, sin señales de que esta absurda tasa de crecimiento se desacelere”, agregó en el mismo sentido.
Luego de exponer la privilegiada situación que atraviesan los magnates de este país, resumió: “Este es el estado de nuestra economía: los ricos son más ricos que nunca, y todos los demás están luchando. No hace falta un doctorado en economía para ver cómo solucionamos esto. Gravar a los ricos y ofrecer apoyo a todos los demás”.
Patriotic Milionaries
En su página web, Patriotic Milionaries se define como un grupo de estadounidenses de alto patrimonio neto orgullosos de ser “traidores a su clase”. Allí señalan que “el grupo se unió por primera vez en 2010 para exigir el fin de los recortes de impuestos de (George) Bush (h) para los millonarios, lo que despertó instantáneamente la atención del público”.
El grupo está presidido por Morris Pearl, un exejecutivo de Blackrock que se retiró después de una larga carrera en Wall Street para trabajar a tiempo completo con los Patriotic Millionaires. Los miembros de Patriotic Millionaires incluyen inversionistas y dueños de negocios de todo el país que participan en una amplia gama de industrias, entre los que se encuentran Abigail Disney (cine); Steve Silberstein (tecnología); Lawrence Benenson (de Benenson Capital Partners); el empresario textil Great Neck Richman; la filántropa Molly Munger; y el magnate Dennis Mehiel, entre otros.
En julio pasado, en el marco de la Cumbre del G20 que fue presidida por Arabia Saudita, la organización Millonaires for Humanity –de la que Patrotics Milionaries forma parte– elevó una propuesta a los ministros de Finanzas del foro de países en la que propusieron el cobro de mayores impuestos a los sectores de mayores recursos. + (PE/Página 12)
SN 034/21
En cuánto al avance de la pandemia y la vacunación masiva iniciada, Pablo Esteban, periodista de Página12, informa:
“Los casos, que hacia mediados de diciembre se habían incrementado de una manera abrupta y a un ritmo vertiginoso, desde hace unos días se estancaron y, en algunos puntos del país, iniciaron una leve tendencia a la baja. El nuevo contexto epidemiológico, con un horizonte de millones de vacunas tan cercano, ilumina las esperanzas de algunos funcionarios. Desde la administración de Axel Kicillof, esta semana, se exhibieron “cautelosamente entusiasmados”. Las restricciones nocturnas y otras disposiciones en 118 municipios están dando sus frutos y eso no dejar de ser un alivio. El titular de la cartera sanitaria en Buenos Aires, Daniel Gollan, señaló que el objetivo de aquí en más es “empezar a bajar lo más rápido posible”. La cautela proviene de la experiencia: con este virus relajarse puede resultar riesgoso. Fernán Quirós, quien lidera ministerio de Salud en CABA, también afirmó que “los casos han descendido muy lentamente” y que, tras las fiestas de fin de año, las personas “habían vuelto a poner un poco de esfuerzo”. Eso, en definitiva, hizo que disminuyera la interacción social en la Ciudad.
En este marco, más allá del alivio momentáneo, ambas carteras sostienen que no es posible relajarse. ¿La razón? Empírica. Argentina promedia los 10 mil infectados por jornada y ello indica que aún se está muy lejos de achatar la curva de una manera decisiva. Página/12 rastreó las claves de la desaceleración actual de los infectados, la letalidad, las clases y la vacunación en marcha desde la óptica de especialistas que analizan datos y contextos. Y reflexionan sobre un país que ya se acerca a los 2 millones de infectados, cuyos fallecidos superan los 46 mil y los recuperados el millón y medio.
La propagación bajó un cambio
“Al 14 de diciembre teníamos un promedio semanal de 6.200 casos. Un mes después, el 16 de enero, teníamos 11.300 y en los últimos 7 días ese promedio disminuyó a, aproximadamente, 10.330. De alguna manera las cifras marcan cómo, durante el tiempo reciente, los casos se amesetaron”, señala Leda Guzzi, médica infectóloga de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). Y describe cuáles podrían ser las razones del estancamiento: “Habían subido de modo abrupto como producto de los encuentros sociales de fin de año: las festividades marcadas por calendario pero también las fiestas clandestinas que se realizaron más allá del 1° de enero. Pienso que ahora la gente se reconcientizó, al tiempo que aumentaron los controles que se habían relajado. Esto ayuda mucho a ver cierta estabilidad con tendencia a la baja. Lo ideal sería que el número de infectados disminuya un poco más, para que la época de temperaturas frías nos agarre mejor parados”, sostiene la especialista.
“Esta curva tiene una forma distinta a la anterior. Subió de una manera mucho más rápida y no se estacionó en una meseta eterna que no baja nunca, sino que rápidamente comenzamos a ver un leve descenso. En esta oportunidad, me da la impresión que está disminuyendo, a ritmo gradual pero marcado”, apunta Jorge Aliaga, físico y exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. La combinación explosiva, desde su óptica, sucedió en diciembre con el incremento de reuniones que transcurrieron en espacios cerrados. El comportamiento social, en esta línea, se combinó con el aumento de las temperaturas.
“Le sigo poniendo una ficha al tema de las reuniones en lugares cerrados con mucho calor. La primavera colaboró porque al estar con mejor clima, estábamos más tiempo con encuentros al aire libre. En diciembre llegó el calor más intolerable y nos encerramos en sitios con aire acondicionado, un artefacto que no renueva el aire”, plantea el analista de datos. “Además, cuando enciende el aire muy poca gente deja alguna ventana abierta, porque justamente el objetivo es que el frío no se vaya sino que mantenga el ambiente a una buena temperatura”, completa.
Con ese criterio, ¿por qué, entonces, en enero disminuyeron los casos aunque el calor continúa? “Pienso que en enero cambió la dinámica de comportamiento: la gente sale más de vacaciones, los que no pudieron ir a la costa o algún lugar turístico, tratan de pasar sus días en quintas, en un patios con pileta, en parques”, plantea. Complementa su análisis con una línea adicional de abordaje vinculada al testeo. “También es cierto que, al menos en las regiones grandes, puede que estemos detectando mejor ahora que en agosto. Los casos que se confirman no son los que hay, sino los que vemos; la capacidad de detección desplegada influye en la cantidad de infectados que se ven”. “Es como si se cambiaran los anteojos”, ubica con una metáfora.
En este marco, la comprensión de los procesos de socialización y de los vínculos sociales que establecen los jóvenes en fiestas clandestinas no explica la dinámica general de la pandemia en territorio nacional. Por el contrario, tratar de entender un fenómeno tan complejo requiere de un esfuerzo mayor y obliga al relevamiento de diferentes variables. De hecho, según las mediciones que realiza Aliaga, los jóvenes no estarían contagiándose más en proporción a meses anteriores.
“Hace unos días publiqué unos gráficos en los que mostraba cuánto se habían contagiado a lo largo de la pandemia los menores y mayores de 60 años en Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe. En síntesis había una relación que explicaba que siempre los menores se infectaron más. Salvo en CABA, la proporción se había mantenido igual: si antes por cada infectado mayor de 60 años, se contagiaban 6 menores de esa edad, ahora también. En el único lugar en el que sube más la relación en favor de los menores de 60 es en la Ciudad”, enfatiza.
Siguiendo con este razonamiento, continúa: “Eso puede ser por el testeo de viajantes que hace CABA y que hoy viajan más los más jóvenes. También puede ser porque se modificaron los comportamientos. La verdad es que no le podemos echar la culpa a las fiestas clandestinas que realizan los pibes así tan livianamente. Una cosa es el sitio en el que se infecta un joven sin síntomas y otra el sitio en el que contagia a su padre o a su abuelo”.
¿Más o menos letal?
Uno de los discursos que circuló es que la letalidad era más baja porque al contagiarse más la gente joven, los fallecidos a causa de la covid terminaban siendo menos. Guzzi lo aclara: “En la actualidad, la letalidad es baja porque todavía no llegamos al pico de contagios. Estamos en un nivel intermedio de casos si lo comparamos con otros momentos de máxima tensión que experimentamos meses atrás”. En esta línea, detalla: “La letalidad tuvo un ligero descenso durante los últimos meses, pasó de 2.7 a 2.5. Sin embargo hay que saber que esa tasa implica una foto de un momento y no explica el despliegue de la pandemia en el territorio. A lo que, en verdad, deberíamos prestar atención es a la mortalidad final de la enfermedad y ello solo lo podremos saber más adelante. Hasta aquí, la mortalidad indica que en el país hay 1.017 fallecidos por millón de habitantes. En el presente, no estamos entre los peores pero tampoco entre los mejores”, asume la infectóloga. Vale recordar que mientras la letalidad indica el número de fallecidos sobre el número de infectados, la mortalidad expresa el número de fallecidos en relación a la población total del país.
Para Guzzi, se suelen realizar hipótesis apresuradas para explicar la disminución de la letalidad. Se alude a que mejoró el cuidado intensivo de los pacientes y a que como el sistema cada vez está mejor preparado ninguno se quedó sin su unidad de terapia intensiva. Desde su perspectiva, “son datos que influyen pero hay más, hay que ver la película completa, ya que establecer una causalidad directa es mucho más complejo. Podemos caer en errores frecuentes”. Según la información consignada en el último reporte, el porcentaje de ocupación general de camas de terapia intensiva en el país es de 54,3% y el de AMBA es de 59,9 %.
Clases presenciales: la ventilación como clave
La socióloga Sol Minoldo y el bioinformático Rodrigo Quiroga, ambos investigadores del Conicet, construyeron una perspectiva argumentada respecto al control epidemiológico posible en un regreso presencial a clases. Desde su punto de vista, el asunto no debe enfocarse tanto en la salud de los niños, sino en el incremento de la transmisión viral comunitaria que podría generarse con las escuelas. Aunque los más pequeños y los adolescentes no son “súpercontagiadores”, sí contagian de forma similar a los adultos. Pero, como suelen ser asintomáticos, se los testea menos.
Según los investigadores, existe evidencia de que las escuelas constituyen epicentros de contagio y son diseminadoras del Sars CoV-2 en naciones como Canadá, Reino Unido, Estados Unidos e Israel. Muchas instituciones, a lo largo de la pandemia, han cerrado sus puertas y vuelto a abrir de manera intermitente. Algunas, incluso, han apelado a modelos educativos mixtos, alternando presencialidad y virtualidad según los casos. En este marco plantean: “Por supuesto que cerrar escuelas tiene impacto económico y productivo, pero aumentar la transmisión comunitaria tiene impactos mucho mayores si obliga a otro tipo de restricciones debido a la saturación de la capacidad del sistema de salud”. Y rematan: “En términos del impacto sobre la pobreza, inequidad y deserción, se pueden tomar medidas mucho más convenientes como garantizar conectividad y computadoras a todos los alumnos, identificar deserciones para realizar apoyos o tutorías”.
En este marco, la ventilación de las aulas, el uso de barbijos y la puesta a punto de una logística que evite aglomeraciones en recreos y horarios de ingreso y egreso serán claves. Jorge Aliaga promueve la instalación de sensores de CO2 para medir la ventilación del aula, que en países como España y Estados Unidos tienen una gran difusión. “Estoy insistiendo mucho en que hay que prestar atención al tema de la ventilación en los espacios cerrados. Una manera de medir si el aire está muy respirado es calcular el nivel del dióxido de carbono”, propone Aliaga. Cuando las personas respiran emiten gotitas que quedan flotando en el aire, en las que puede haber virus y los individuos se pueden contagiar. Por ello, “cuanto más respirado esté el aire”, esto es, cuanto menos renovado esté, sube la probabilidad de infectarse. “El objetivo es garantizar que el aire se está renovando, medir cuánto sube el dióxido de carbono brinda una idea de cuánto se está acumulando y cuánto no se está renovando por el cambio de aire. En las aulas sería fundamental”, puntualiza el físico.
La apertura de los colegios a cualquier costo será riesgosa, advierten los especialistas: se hace difícil mantener la distancia social, la higiene de manos y superficies y, sobre todo, la ventilación necesaria. Los protocolos y las burbujas no se cumplen así como así, impican adecuación de infraestructura, dificultades logísticas que deben contemplarse y que, en muchos casos, no se están comprendiendo en su real dimensión. Al mismo tiempo, admiten que la vuelta a clases presenciales se configura una demanda social muy importante.
La vacunación masiva calienta motores
Mientras que los casos se desaceleran y se discute la vuelta a clases presenciales, el panorama no es tan desolador porque los lotes de Sputnik –con millones de dosis– comenzarán a llegar la semana próxima. Además de los miembros del personal de salud –en especial aquellos que se encuentran a la vanguardia en la lucha contra el virus– tras la recomendación realizada por Anmat, podrán inmunizarse los mayores de 60 años, uno de los grupos que ha presentado los índices de mortalidad más preocupantes desde que inició la pandemia en Argentina y en el mundo. De hecho, Alberto Fernández, Ginés González García y Daniel Gollan recibieron las propias como muestra de confianza hacia las drogas que se inoculan y se inocularán en los cuerpos de los ciudadanos argentinos.
Además de la fórmula rusa, para marzo se esperan millones de dosis provenientes desde México: el Laboratorio Liomont está, en el presente, envasando la sustancia activa que produjo y envió la planta local de mAbxience (Grupo Insud, del empresario doméstico Hugo Sigman). Asimismo, se aguarda por el millón de dosis acordada con la empresa estatal china Sinopharm y los millones convenidos con la plataforma Covax administrada por la OMS. La inmunización masiva en el país calienta motores. El entusiasmo es tal que en la provincia de Buenos Aires, a través de la página dispuesta por el gobierno provincial, ya se anotaron más de un millón de personas a la espera de la asignación de un turno y de inyectarse la protección frente al Sars CoV-2. Falta mucho, pero falta menos.”
https://www.pagina12.com.ar/319480-coronavirus-en-argentina-contagios-que-se-desaceleran-y-una-
Las causas judiciales que el oficialismo catalogó como “lawfare” están todas en pleno desarrollo en tribunales, en etapa de juicio o en camino hacia él. Y pasan cosas llamativas, sorprendentes.
En el proceso por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu escucharon el desafío de la principal imputada, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “¿Preguntas?, preguntas tienen que responder ustedes”.
Fue mucho más que una bravata. La causa llegó a juicio con una acusación de irregularidades y sobreprecios que fueron rebatidos por testigos, incluso testigos de cargo. Los valores pagados por las obras adjudicadas a la constructora de Lázaro Báez fueron los de mercado; el índice de incumplimiento, menor al 0,2 por ciento.
En el juicio oral por una supuesta maniobra económico-impositiva de la empresa Oil Combustibles, la refutación de la acusación es demoledora. Mediáticamente se instaló que los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa se habían quedado con 8000 millones de pesos del impuesto a los combustibles. En rigor, lo que había era una deuda por el 25% de esa cifra. Pero más del 70% de la deuda real ya se había pagado. Sin embargo, ambos pasaron dos años en prisión, por disposición del juez Julián Ercolini. En 2018, los camaristas Jorge Ballestero y Carlos Farah concedieron la excarcelación. Ballestero fue empujado a jubilarse y Farah marchó al ostracismo de un tribunal oral bonaerense. Ercolini sigue en su cargo.
El empresario Oscar Lascurain y el exintendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna fueron condenados por una avenida que no se terminó de construir. Durante el juicio oral explicaron que la obra no se concluyó porque cuando asumió el gobierno de Cambiemos canceló el financiamiento. “Si yo hubiera tenido plata de la municipalidad la obra estaría lista. Pero no tenía el dinero”, explicó. Afectado por una enfermedad pulmonar que lo obliga a utilizar un aparatoso dispositivo para respirar, terminó en una celda de una cárcel común.
El juicio conocido como “Ruta del dinero” está cerca de terminar y todo indica que el empresario Lázaro Báez será condenado. En su indagatoria denunció que poco después de ser detenido, en circunstancias difíciles de comprender, se le acercó una abogada con presuntos vínculos con servicios de inteligencia. "Si yo colaboraba recuperaría mis empresas, mis bienes y mi libertad. A cambio, tenía que decir que yo era el testaferro de la familia Kirchner". No lo dijo y sigue preso (desde septiembre pasado en domiciliaria).
La acusación se basa en buena medida sobre el relato como arrepentido del financista Leonardo Fariña, quien llevaba dos años preso. Declaró contra Báez y recuperó la libertad. Su propia abogada denunció que fue “guionado”, pero Fariña lo niega. Asegura que su arrepentimiento fue genuino.
La dirigente social jujeña Milagro Sala fue detenida por una acampada de protesta. Por ese hecho, que es una contravención (no un delito), ni siquiera fue condenada: el juicio fue anulado. Sala fue primero detenida y luego le buscaron las causas. Hace cinco años que está presa. Dos jueces del Tribunal Superior jujeño son los mismos que la acusaron como legisladores. Fueron designados por el gobernador Gerardo Morales, uno de los que denunció a la líder de la Tupac Amaru.
El presidente, Alberto Fernández no tiene relación con Amado Boudou. Sus allegados aseguran que no lo quiere nada. Sin embargo y pese a ello, expresó que también la condena en su contra no fue consecuencia de un juicio justo.
Dólar futuro irá a juicio probablemente a fines de 2021, pese a que un peritaje demostró que no hubo perjuicio contra el Estado causado por los imputados. En ese expediente, el difunto Claudio Bonadio decidió cuál era el precio del dólar blue. Hasta donde se sabe, Bonadio no era economista.
Bonadio fue responsable indirecto de la muerte del excanciller Héctor Timerman. Lo procesó y así impidió que viajara a Estados Unidos para continuar su tratamiento contra un cáncer. Bonadio siempre se negó a escuchar al extitular de Interpol Ronald Noble, quien desmintió la denuncia del fiscal Alberto Nisman en la “Causa Memorando”. Ahora fue aceptado su testimonio, pero Timerman está muerto y la causa, camino a juicio oral.
En Cuadernos, la Cámara de Casación avaló a todos los arrepentidos, aun cuando –contrariamente a lo que establece la ley, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri– ningún arrepentimiento fue registrado por un “medio técnico idóneo”. La decisión definitiva sobre la validez de esos arrepentimientos la tendrá el Tribunal Oral Federal Nº 7, que está integrado por el juez Germán Castelli, quien –según la Corte Suprema– no debió estar allí.
En la causa GNL, la importación de gas natural licuado, por la que estuvo preso el exministro de Planificación Julio De Vido, el primer procesamiento se basó en un peritaje de David Cohen, hoy procesado y camino a juicio oral por falso testimonio, justamente por ese peritaje, que se reveló “trucho”.
Cuando la causa se caía, apareció un testigo que la revivió. Por entonces no era muy conocido, pero el tiempo y sus propias conductas le dieron relevancia: Marcelo D’Alessio. «
En su discurso de toma de posesión, el presidente Alberto Fernández, apeló a la misma frase que el fiscal Julio César Strassera utilizó al finalizar su alegato en el Juicio a las Juntas que comandaron el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. La frase de Strassera fue tan contundente que quedó para siempre en la Historia: “Nunca más”. Eso fue lo que el presidente planteó para lo que describió como "los sótanos de la democracia".
En los últimos años, una palabra en inglés se acuñó para describir una práctica autoritaria quizás más sofisticada que las tradicionales persecuciones políticas: “lawfare” (guerra judicial). Es un mecanismo que, entre otras cosas, enmascara la persecución, en especial hacia líderes políticos y sociales progresistas y populares, con una supuesta lucha contra la corrupción. En América del Sur son emblemáticos los casos de los expresidentes Lula Da Silva, Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner. Y en la Argentina, los de Amado Boudou, Milagro Sala, Héctor Timerman y varios otros dirigentes políticos, sociales y empresariales, vinculados al ciclo kirchnerista.
Tres juristas de los que más peso tienen en la Argentina escribieron un libro para desentrañar los pilares sobre los que se monta este mecanismo: Raúl Zaffaroni, actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exministro de la Corte Suprema de Justicia, y uno de los juristas argentinos con más reconocimiento internacional; Cristina Caamaño, actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), secretaria de Seguridad durante el gobierno de CFK, fiscal criminal y correccional; y Valeria Vegh Weis, criminóloga, profesora universitaria en la Argentina y Alemania y, entre otras cosas, investigadora en el Instituto Max Plank de historia jurídica europea.
La virtualidad impuesta por la pandemia le permitió a Tiempo entrevistar en simultáneo a los tres autores de Bienvenidos al Lawfare, libro que tiene un prólogo de Lula Da Silva.
–¿Cómo sería una primera descripción del lawfare?
Valeria Vegh Weis: –Lo que sugerimos es poder definirlo como el intento de provocar la muerte política y jurídica de dirigentes políticos progresistas y populares. Tiene dos caras: la sobrecriminalización de los dirigentes populares y activistas sociales que llevan adelante una agenda de justicia social. Y la infocriminalización por parte del poder mediático corporativo. Los cuatro pilares del lawfare son el mediático, el Poder Judicial, los poderes internacionales y el poder corporativo. Usamos esta expresión, pero en realidad podríamos hablar de guerra judicial, persecución política y politización de la justicia.
–El ejercicio de instalarse en el escenario político a través de denuncias es muy viejo, ¿cómo diferenciamos esa práctica del lawfare?
Raúl Zaffaroni:–La persecución política judicial de opositores no es nueva, por supuesto. Nosotros la conocemos desde la época de Rosas. Se instigó a Lavalle a hacer un proceso falso contra Dorrego antes de fusilarlo. Lavalle, como era un tipo primitivo, no lo hizo, y el que lo aconsejó resultó ser ministro de la primera Corte de Justicia argentina. De modo que esto tiene larga historia. A Yrigoyen lo procesaron, también a Perón y a los diputados peronistas, acusándolos de traición a la Patria. Esa persecución política no es nueva. Ahora, esto de denunciar y denunciar es una forma perversa de publicidad política. Uno puede denunciar cualquier cosa y eso no significa que termine con un condenado o que haya delito. Otra cosa es que una banda termine metiendo gente presa. Hay algunos términos que uno tiende a confundir: judicialización de la política es una cosa y partidización de la justicia es otra. La judicialización de la política es un fenómeno universal. Se produce cuando los poderes propiamente políticos de un Estado son incapaces de resolver un problema y se lo tiran a la Justicia, que no lo resuelve porque no tiene capacidad de hacerlo. Otro fenómeno es la partidización de la justicia. Es que un cierto sector del Poder Judicial haga una maniobra delictiva.
Cristina Caamaño: –Comparto lo que dice Raúl. Creo que también la diferencia es que tenemos otra pata que son los medios de comunicación hegemónicos. Son los que empujan todo el tiempo y la justicia se engancha de eso. Hay un plus que no se daba antes o que ahora se ve más por las redes sociales. Y es que una denuncia, por más ridícula que sea o sin pruebas, se amplifica mucho.
VVW: –Otra particularidad es el alcance regional del fenómeno. No es que Elisa Carrió está coordinando con alguien en Venezuela, pero tenemos una serie de persecuciones judiciales en todo el continente a gobiernos populares y después una incidencia directamente electoral. Causas penales contra funcionarios hubo siempre, pero ahora hubo una causa penal contra Lula, que lideraba las encuestas para las elecciones presidenciales en Brasil. Las causas son siempre en momentos específicamente claves para incidir en el destino político del país y en forma sistemática a nivel regional. Es un fenómeno nuevo respecto al uso del derecho penal para judicializar a funcionarios públicos.
RZ: –Pasadas las tres décadas de oro de la economía de posguerra, hoy lo que tenemos es una forma de pardo colonialismo que se monta en nuestros países. No se da ocupando territorios, sino mediante la instalación de los equivalentes a los partidos políticos de los totalitarismos de entreguerras, que son los monopolios de comunicación. Asumen la función de un partido político. Crean y generan las candidaturas, desacreditan y se suman a la proscripción de los movimientos populares, a la estigmatización. De esa manera, llevan adelante las campañas electorales que instalan gobiernos.
–¿Cómo funciona la pata internacional del mecanismo?
RZ: –Se ve en el poder. Cuando llegan los gobiernos que privatizan todos los servicios públicos, malvenden las empresas nacionales, descapitalizan al Estado y lo endeudan y someten a la jurisdicción de los prestamistas. Ese es el objetivo final del lawfare.
–¿Intervienen las embajadas?
RZ: –Sí, pero hoy en el Hemisferio Norte este cambio de poder ha hecho que los políticos, a diferencia de los del viejo imperialismo, sean rehenes de las corporaciones trasnacionales. El poder lo tienen los gerentes. Los políticos del Hemisferio Norte son lobbistas de las corporaciones trasnacionales.
VVW: –En el caso de Brasil, se pudo probar una vinculación más específica entre la embajada norteamericana y el juez Sergio Moro. Pero cada caso en particular requiere de una investigación muy puntual para ver cuál es el entramado.
Zaffaroni: –La manipulación de la justicia no es algo que sirva sólo para el lawfare y perseguir políticamente a opositores; también es para la impunidad propia. En este momento no sé si los gritos que están pegando ciertos sectores ante cualquier tentativa de tocar el Poder Judicial no se deben más a este segundo aspecto. Han desaparecido 83 mil millones de dólares en la Argentina. No es la alcancía de un pibe, cualquiera que lo investigue sabe adónde fueron a parar.
–¿Qué pasa si la Corte Suprema, la última instancia, no revisa las causas con claros elementos de lawfare, como la de Boudou?
RZ: –Habría que articular soluciones políticas. Pensar en la amnistía, en una comisión de la verdad previa, en indultos. Esos mecanismos están previstos en las constituciones porque se sabe que por más que en la constitución todo está perfecto, en el campo del deber ser, en el terreno del ser se pueden desarticular los poderes.
VVW: –Los tres poderes podrían buscar una solución para este tipo de situaciones.
–Hay una reforma judicial que aprobó el Senado y está pendiente en Diputados. ¿Les parece que puede ayudar con esta situación?
RZ: –No. Es otro problema el que puede resolver, el de la concentración de poder en Comodoro Py, pero nada más.
CC: –Puede ayudar la separación entre el fiscal y el juez para que realmente el fiscal investigue y el juez sea de garantías. Que no sea el juez el que allane, escuche, secuestre información, el que haga todo. Para eso es la reforma. Para poder tener un sistema acusatorio en donde el fiscal investigue y el juez resuelva.
–Al plantear el lawfare de esta manera, como un tema político–cultural, ¿qué se puede hacer además de denunciarlo?
CC: –Es que es un cambio cultural. Es igual a lo que pasó con el aborto legal. Cuánto costó que salga esto. Acá salen los medios y dicen: “Este tipo es culpable”. Lo repiten hasta el infinito y después sacarse eso de encima, por más que tengas todas las pruebas, es muy difícil. Son cambios culturales y de mucha educación.
RZ: –Esto no significa que no haya que hacer una reforma de la estructura judicial del país. De alguna manera, todos nos formamos dentro de una estructura y si estas tienen defectos grandes, básicos, naturalmente que salimos fallados.
–¿Qué pasa con el rol de los servicios de inteligencia?
CC: –La primera medida que nosotros vimos fue que se les avisó a todos los jueces que se iba a trabajar y colaborar al mínimo con ellos. Después, el presidente reforzó esa medida sacando un decreto donde directamente derogaba el artículo 4 inciso A, que sostenía que la AFI tiene que auxiliar a la Justicia. Antes esto permitía la promiscuidad entre los agentes de inteligencia y el juez amigo. Se generaba esto del “habilítame a escuchar a alguien porque me parece que este tipo podría…”. Era salir de pesca y los jueces aceptaban. Eso se cortó. La AFI ya no se dedica más a nada vinculado a la criminalidad. Se ocupa de las tareas de inteligencia estratégica. Es decir: terrorismo, qué pasa con nuestros recursos naturales, la pesca ilegal en Mar Argentino, por ejemplo. No vamos más al tema criminal. Obviamente que si nos enteramos que va a entrar una banda de narcotraficantes, actuamos, pero avisándole al Ministerio de Seguridad. Son ellos los que se encargan de eso.
–¿Cómo se controlan esas células que pudieron quedar activas?
CC:–No han quedado funcionarios del gobierno anterior en la Agencia. Todos renunciaron o se acogieron a la jubilación. Nosotros armamos la gestión en función de ocho lineamientos que nos marcó el presidente. Y los trabajamos con el área de inteligencia del Ministerio de Seguridad y el de Defensa. Para poder actuar, la AFI tiene que hacerlo en base a una directiva que tiene que estar relacionada con un lineamiento, por ejemplo, el terrorismo. Esa directiva la firma el director, en este caso yo como interventora. Nadie de la Agencia puede actuar sin una directiva y si ocurriera sería un acto ilegal. Yo misma debería denunciarlo si me entero. Es una manera de encauzar a la Agencia.
–¿Hay alguna forma de que esto se mantenga con los cambios de gobierno?
CC: –El SIN (Sistema de Inteligencia Nacional conformado por la AFI, el área de inteligencia de Seguridad y de Defensa) armó un consejo consultivo que colaboró con una nueva ley de inteligencia. Allí está todo plasmado. Si sale la nueva ley, esto debería seguir. Lo mismo pasó con los gastos reservados. Cuando nosotros llegamos a la AFI, el 99,5% de los gastos eran reservados. No había boletas de nada. Se hacía lo que se quería. Ahora redujimos al 10% los gastos reservados. Sobre el 90% restante se rinden cuentas y el otro 10 % figura en una carpeta de información confidencial. Es algo que, por ejemplo, se aplica si un agente tuvo que viajar a determinado lugar para ver si había una célula terrorista. Por otro lado, hacer ingresar a la SIGEN a la Agencia también es una manera de transparentar. Se audita cada gasto que hace la Agencia.
–¿Ese proyecto de ley ya está redactado?
CC: –Sí, se lo tenemos que llevar al presidente cuando lo pida. Él lo tiene que ver. Y a partir de ahí ver si quiere que se presente así o hacer alguna modificación para que lo eleve al Congreso.
–Más allá de la reforma judicial, hubo ideas respecto a una corte constitucional o la cantidad de miembros de la Corte Suprema…
RZ: –El ideal a mi juicio sería imitar los modelos que mejor funcionan en el mundo, es decir, Alemania, Austria, Italia, España. Ahí está el modelo de la Corte constitucional. Para tenerla debemos realizar una reforma constitucional. Lo que se puede hacer de momento es ver qué es posible con la Constitución vigente. Y ahí hay tres posibilidades. Una es la ampliación de la Corte Suprema con 15 o 18 ministros. Nuestra Corte es la más chica de toda América y Europa. Otra solución es algún modelo, que no sé si podría ser muy constitucional, de ampliar el número de jueces de la Corte y tener una sala constitucional dentro y que el resto se dedique a las causas por arbitrariedad. Y otra opción es el viejo proyecto de hacer un tribunal de arbitrariedad por debajo de la Corte, que tiene inconvenientes. El más grave es que la Corte va a seguir siendo "suprema" y en cualquier momento va a poder decidir revisar la sentencia y entonces la arruinamos porque tendríamos cuatro instancias en lugar de tres.
–El otro resorte institucional que genera polémica es el Consejo de la Magistratura…
RZ: –Se puede hacer una nueva ley del Consejo porque nació en 1994 mal alumbrado. Si leés la Constitución, crea un órgano y no dice cómo se integra. Dice que se conforma con representantes equilibradamente. Y ese "equilibradamente" dio lugar a tres leyes. Se fueron juntando capas geológicas de funcionarios. Está mal estructurado desde la reforma. No es un mal organismo como tal. Una de las justicias que más me impresiona ver cómo funciona y el resultado que ha dado es la italiana. Peleó contra un terrorismo y lo desarmó sin necesidad de violar los Derechos Humanos de nadie. Peleó contra la mafia. La justicia italiana sale de un consejo de la magistratura que se puso los pantalones largos. Y hubo una magistratura fascista que se fue renovando. Son resultados que hay que mirarlos.
VVW: –Ahora que Raúl trae lo del fascismo. La transición del Poder Judicial es una deuda pendiente que tenemos desde los Derechos Humanos en la Argentina.
–¿Qué casos de lawfare siguen en la actualidad?
RZ: –No opino de otros países de la región porque tengo incompatibilidad. Respecto de la Argentina, son unos cuantos, unos 30. Tal vez tendremos que hacer una comisión de la verdad que analice y sobre esa base buscar la solución política. Los dos casos más escandalosos son los de Amado Boudou y Milagros Sala, junto a sus compañeros y compañeras. Pero hay otros, por supuesto.
CC: –El de Lula en Brasil.
VVW: –Quizás podría formarse un tribunal de la verdad regional. Podría dar mucho más impulso y con soluciones regionales, incluyendo la democratización de los medios.
https://www.tiempoar.com.ar/nota/no-headline-251
La puja distributiva en la economía Argentina como reflejo de los alineamientos globales, las tensiones producidas por la pandemia global que agravan ese conflicto y el lawfare político que intenta desaminar políticas públicas que impulsa una distribución mas equitativa y pugne por el sentido democrático y equitativo en las instituciones publicas de gobierno para que las pequeñas minorías del privilegio entiendan que en estos tiempos es imposible sostener tamaña inequidad sin generar reacciones violentas y conflictos de difícil pronostico en sus resultados, aunque tienen en Argentina sus aspectos propios y particulares, son parte de un conflicto transnacional: El neoliberalismo produce una tremenda grieta entre las elites y el resto de los miseros mortales. Algunos de ellos como el comentado grupo “Patriotic Millionaires” entienden la gravedad de las tensiones, del mismo modo que desde el “Foro Económico Mundial” que en estos días se reúne como lo hace anualmente en Davos, Suiza, por este contexto, de forma virtual, viene trabajando y proponiendo desde los primeros meses de la crisis pandemica declarada en el planeta, la necesidad de pensar y tomar medidas en esa dirección, respecto de lo que denominan “El gran reseteo global”. En sus videos oficiales de difusión llaman a “apretar el botón reset del capitalismo”. ¿En que consistiría esta propuesta? Según ellos mismos postulan en un “nuevo contrato social” tras la pandemia de coronavirus, ya que “la crisis de salud global ha dejado al descubierto rupturas de larga data en nuestras economías y sociedades”. Las entidades globalistas fundamentan este reseteo económico global con retórica progresista: “es un compromiso para construir de manera conjunta y urgente las bases de nuestro sistema económico y social para un futuro más justo, sustentable y resiliente (…) centrado en la dignidad humana, la justicia social y donde el progreso social no se quede atrás del desarrollo económico”. La pregunta clave salta inmediatamente a la consciencia. ¿Hasta dónde es cierta y sincera la postura de las elites de resignar aunque sea en parte, algo de la riqueza acumulada y del poder que ejercen en beneficio de estructuras Estatales y de Servicios públicos que tornen mas humanos los sistemas de producción y reparto? ¿Hasta donde están dispuestos a “democratizar prácticas monópolicas y oligopólicas que les quiten poder y capacidad de determinación en los rumbos de la globalización?
El Foro Económico Mundial y el Fondo Monetario Internacional están impulsando lo que llaman un “Gran Reseteo” de la economía global. A este efecto realizarán en enero de 2021 en Davos un evento denominado “The Great Reset”. Convocan a la misma Klaus Schwab, fundador y presidente del World Economic Forum; el príncipe Carlos, hijo mayor de la reina Isabel II de Gran Bretaña; y António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. En sus videos oficiales de difusión llaman a “apretar el botón reset del capitalismo”.
El evento propone un “nuevo contrato social” tras la pandemia de coronavirus, ya que “la crisis de salud global ha dejado al descubierto rupturas de larga data en nuestras economías y sociedades”.
Klaus Schwab y Carlos de Inglaterra
El príncipe Carlos de la corona británica recupera las palabras que alguna vez hizo famosas Margaret Thatcher: “No tenemos alternativa” (We have no alternative):
Las entidades globalistas fundamentan este reseteo económico global con retórica progresista: “es un compromiso para construir de manera conjunta y urgente las bases de nuestro sistema económico y social para un futuro más justo, sustentable y resiliente (…) centrado en la dignidad humana, la justicia social y donde el progreso social no se quede atrás del desarrollo económico”.
La cumbre será tanto en persona como virtual, conectando a “líderes gubernamentales y empresariales globales clave en Davos con una red global de múltiples partes interesadas en 400 ciudades de todo el mundo, para un diálogo orientado hacia el futuro impulsado por la generación más joven”.
Entre los invitados especiales están:
-Bradford L. Smith, presidente de Microsoft Corporation y miembro de la junta directiva de Netflix.
-Jun Ma Jun, presidente del “Comité de Finanzas Verdes” (Green Finance Committee), Sociedad China de Finanzas y Banca (China Society for Finance and Banking), y miembro del Comité de Política Monetaria del Banco Popular de China.
-Bernard Looney, CEO de la petrolera británica BP (British Petroleum).
-Nick Stern, presidente del “Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio Ambiente“, Reino Unido.
Entre los “líderes jóvenes” invitados, está invitada la uruguaya Victoria Alonsoperez, desarrolladora de la plataforma “Chipsafer”. ¿En qué consiste esta plataforma? Ya en 2016 se presentaba en medios uruguayos de la siguiente manera: “Chipsafer consta de un chip, que se coloca en el ganado de forma similar a un collar, con el que es posible detectar y rastrear anomalías en el comportamiento de los animales, para luego enviar información al celular del responsable del establecimiento de forma automática”.
También disertarán Caroline Anstey, de la ONG global “Pact”, la que “trabaja en el terreno en casi 40 países para mejorar las vidas de aquellos que enfrentan la pobreza y la marginación”, con presencia en África, Sudamérica, Sudeste Asiática y el Este de Europa; Ajay S. Banga, CEO de Mastercard en los EEUU; Sharan Burrow, de la International Trade Union Confederation; Juliana Rotich, de Atlantica Ventures, fondo financiero de Kenya.
¿En qué consiste este reseteo económico global pospandemia? La respuesta en palabras de los propios convocantes:
“Solo tenemos un planeta y sabemos que el cambio climático podría ser el próximo desastre global con consecuencias aún más dramáticas para la humanidad. Tenemos que descarbonizar la economía en la breve ventana que aún queda y poner nuestro pensamiento y comportamiento una vez más en armonía con la naturaleza “, sostiene Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial.
“Para asegurar nuestro futuro y prosperar, necesitamos evolucionar nuestro modelo económico y poner a las personas y al planeta en el corazón de la creación de valor global. Si hay una lección crítica que aprender de esta crisis, es que necesitamos poner a la naturaleza en el centro de cómo operamos. Simplemente no podemos perder más tiempo “, explica el príncipe Carlos.
“The Great Reset es un reconocimiento de que esta tragedia humana debe ser un llamado de atención. Debemos construir economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles que sean más resistentes frente a las pandemias, el cambio climático y los muchos otros cambios globales que enfrentamos ”, afirma António Guterres, Secretario General de la ONU.
Schwab agregó: “La crisis de salud global ha dejado al descubierto la insostenibilidad de nuestro antiguo sistema en términos de cohesión social, falta de igualdad de oportunidades e inclusión. Tampoco podemos darle la espalda a los males del racismo y la discriminación. Necesitamos incorporar a este nuevo contrato social nuestra responsabilidad intergeneracional para garantizar que cumplamos con las expectativas de los jóvenes. COVID-19 ha acelerado nuestra transición a la era de la Cuarta Revolución Industrial. Tenemos que asegurarnos de que las nuevas tecnologías en el mundo digital, biológico y físico permanezcan centradas en el ser humano y sirvan a la sociedad en su conjunto, proporcionando a todos un acceso justo. Esta pandemia global también ha demostrado nuevamente cuán interconectados estamos. Tenemos que restaurar un sistema funcional de cooperación global inteligente estructurado para abordar los desafíos de los próximos 50 años. El Gran Reset requerirá que integremos a todos los interesados de la sociedad global en una comunidad de interés, propósito y acción comunes”, sostienen en el foro.
¿Hasta dónde habrán comprendido que por mas parte de la elite que se fuera, nadie se salva solo?
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
Imágenes: Antonio Berni
Antonio Berni (Rosario, 14 de mayo de 1905 - Buenos Aires, 13 de octubre de 1981) fue un pintor, grabador y muralista
argentino.Esta incluía una galería de personajes entre los que se
destacan Juanito Laguna y Ramona Montiel, representantes de los sectores
más bajos y olvidados del país. Fue nombrado miembro de número de la
Academia Nacional de Bellas Artes.
Antonio nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 14 de mayo de
1905. Su padre, Napoleón Berni, era un sastre nacido en Italia y fue uno
de los tantos inmigrantes europeos que se instalaron en la ciudad
durante esos años. Su madre, Margarita Picco, era argentina hija de
inmigrantes italianos radicados en Roldán, un pueblo de la provincia de
Santa Fe,
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