La fragil y fuerte subjetividad que sostiene nuestro sistema de representación de la realidad.
El derecho a compartir un “cafecito” sentados en un bar, la demanda por nuestros ingresos que determinan nuestro nivel de consumo y los deseos y expectativas respecto de los productos o servicios que queremos adquirir o disfrutar, sin pensar ni conocer formas y procesos que hacen que esto sea posible.
Como sea, las sociedades del mundo actual, en sus diversidades y en sus aspectos comunes producidos por las manifestaciones de la globalización y el imperio de lo financiero en la determinación de las relaciones, generan esta dualidad de Fragilidad pero al mismo tiempo fortaleza en deseos, demandas y expectativas que no modifican la raíz materialista y capitalista del orden que nos damos para producir, consumir e intercambiar el fruto de nuestros esfuerzos diarios.
En el centro mismo de tales cuestiones, se hallan los intereses, en especial de aquellos que por su nivel de concentración financiera, tienen la posibilidad de que sus decisiones impacten de formas mas determinantes que las del resto. En ese mismo centro, los Estados Nacionales y sus gobiernos, con la política como herramienta casi exclusiva y excluyente en la solución de los conflictos e intereses que las disputas entre las elites que concentran finanzas y poder y el resto de los comunes mortales que vivimos como sea nuestra cotidianidad, definen políticas públicas y el resultado de esas tensiones, ya a favor de los intereses concentrados, ya a favor de las ciudadanías que con mayor o menor conciencia de tales cuestiones, viven sus días en esa dualidad de la fragilidad y fortaleza de la globalización, neoliberal actual, que se ve además, fuertemente modificada por una inédita Pandemia global, que pone en cuestión mas de una cosa.
En este humilde blog, intento, no siempre con éxito, transmitir información y lecturas que nos ayuden a interpretar la complejidad de la realidad del mundo en el que vivimos.
Un recorrido no siempre ordenado, en tanto la realidad no tiene un orden riguroso, por los temas y los actores que influencian y definen como se piensa y se vive en estos días de la peste…
Aquí vamos…
Primero Argentina
El
Gobierno iniciará febrero con una
nueva prórroga del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio
(DISPO)
y la mira puesta en tres
objetivos centrales: el retorno de la presencialidad en las escuelas;
el avance del plan estratégico de inmunización a "un ritmo
creciente e importante" y la consolidación de la recuperación
económica,
informaron fuentes oficiales.
En relación con el plan de
vacunación, la Casa Rosada confía en que en las próximas semanas
se dispondrán de millones de vacunas de distintas procedencias,
mientras en el plano de la recuperación destacan las gestiones que
viene realizando el gabinete económico con vistas hacia el futuro
Consejo Económico y Social, añadieron las fuentes.
Los salarios
La
expectativa en este último punto apunta a acordar con empresarios y
gremialistas un promedio de actualizaciones salariales para 2021 que
concluya en uno o dos puntos por encima del 30% (la hoja de ruta del
presupuesto de este año prevé una pauta inflacionaria del 29%).
En
relación a la continuidad del DISPO, esta vez habrá un rasgo
distintivo respecto de etapas previas:
el Ejecutivo intervendrá activamente para promover el retorno de las
clases presenciales en el ámbito educativo, uno
de los objetivos trazados para el mes de febrero e inicios de marzo,
informaron las mismas fuentes.
Las clases
Pero el retorno a las aulas
se terminará de definir en cada jurisdicción y de acuerdo a los
parámetros que establezca el Consejo Federal de Educación.
Otra
prioridad del Ejecutivo es la consolidación de la agenda
internacional del Presidente tras su visita de Estado a Chile, el
primer viaje de Alberto Fernández fuera del país tras 13 meses y
una semana de gestión, producto de la pandemia.
Las relaciones exteriores
Para
marzo, el
Presidente tiene previsto un viaje a Brasil para
participar de una conferencia con empresarios de la región que es
organizada por la influyente federación industrial de San Pablo
(Fiesp) y en la que podría haber un encuentro con el mandatario
brasileño Jair Bolsonaro.
Para el primer semestre, en tanto, en
el Gobierno no descartan que se concrete un viaje presidencial a
China (si las circunstancias epidemiológicas lo permiten), en cuyo
territorio se encuentran algunas de las compañías farmacéuticas
más grandes del mundo -un ejemplo es el China National
Pharmaceutical Group, conocido también como Sinopharm- con las que
el gobierno tiene, en algunos casos, negociaciones abiertas para la
provisión de vacunas contra el Covid-19.
Para el jefe de
Estado, la agenda internacional también es prioritaria y así debe
leerse, subrayan en la Casa Rosada, que el mandatario haya
intercedido activamente para que Evo Morales pudiera regresar a
Bolivia, o que haya sido uno de los primeros presidentes de la región
en felicitar al entonces electo, hoy ya en funciones, presidente
estadounidense Joe Biden.
Con el mandatario de EEUU mantuvo una conversación telefónica a fines de noviembre.
La integración regional
Por
otro lado, en materia de integración regional, desde el gobierno
apuestan a que los desarrollos tecnológicos de ARSAT se conviertan
en un factor motorizador de asociaciones y emprendimientos con los
países cercanos.
Un primer logro en ese sentido fue el
acuerdo
con el gobierno chileno para asociarse en el proyecto del cable
submarino Transpacífico 'Puerta Digital Asia Sudamérica',
que podría convertirse en el primer cable submarino de Internet que
conecte Sudamérica con el área Asia-Pacífico.
En paralelo al
viaje a Chile, el posicionamiento internacional tuvo otro capítulo
con el discurso del presidente
en la cumbre del Foro Económico Mundial de Davos 2021, en donde
llamó a los gobiernos a hacer posible que la vacuna contra el
coronavirus se convierta en "un bien público global".
En
esa intervención por videoconferencia, el Presidente planteó que
"la pandemia demostró que debe haber cooperación entre lo
privado y lo público" y puso como modelo las asociaciones o
esquemas de integración productiva como el que unió a la Argentina,
a México, a la Universidad de Oxford y a la farmacéutica
AstraZeneca "para elaborar vacunas para toda Latinoamérica".
Un
día antes, en Santiago de Chile, en el marco de una reunión de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el
jefe de Estado definió a la pandemia de Covid-19 como una "auténtica
tragedia" que a su vez dejó expuesta "la insuficiencia de
un sistema, que se llevó vidas y economías enteras".
En
esa misa exposición, Fernández citó al Papa Francisco al advertir
que "nadie se salva solo" y convocar a la "solidaridad",
tras lo cual ratificó su convicción de que "el
multilateralismo es el único camino".
Por otro lado,
durante esa visita de Estado a Chile, el mandatario aportó detalles
de la estrategia con la que el Gobierno implementó su plan de
vacunación: a tono con la convocatoria al multilateralismo,
Fernández reveló que "lo que hizo Argentina fue poner fichas
en todos los lugares donde se hicieran vacunas" y en esa línea
informó que en la actualidad la Argentina está "en discusiones
con las empresas Sinopharm, Johnson & Johnson y Moderna".
"Lo
hicimos convencidos de que cualquier vacuna iba a ser una vacuna
saludable, porque los que las estaban desarrollando son
organizaciones, en términos científicos, de primera magnitud,
reconocidas en el mundo entero, sean privadas o públicas",
argumentó.
Gigantes con pies de barro
Los servicios de comunicación son un derecho, no simples mercancías
Por Graciana Peñafort en “El cohete a la luna”
En estos días en la Argentina se han puesto en crisis las facultades regulatorias del Estado en una materia crucial para buena parte de los argentinos: los servicios de comunicación.
Estos servicios estuvieron regulados con dos regímenes distintos: aquellos que eran claramente servicios públicos, es decir sometidos a un control más estricto por parte del Estado en sus condiciones de prestación a los usuarios –la telefonía fija es el ejemplo más claro—; y los servicios de interés público, donde la regulación estatal era más morigerada – la televisión por cable, a título de ejemplo. Es justo señalar que el avance tecnológico y el crecimiento exponencial de la demanda de los servicios de interés público requirió mayores regulaciones estatales en sus condiciones de prestación.De la mano de la situación inédita –e inesperada— de la pandemia por el Covid-19, la regulación estatal en materia de comunicaciones se consolidó mediante el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el decreto N° 690/20, que declaró como servicios públicos tanto a los servicios de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (básicamente la tv por cable y los servicios de internet), como así también la telefonía móvil, esto es los celulares, que hasta el dictado del Decreto 690/20 eran servicios de interés público.
Ironías del destino, a finales del 2015 el Presidente Mauricio Macri había modificado también por decreto de necesidad y urgencia el status jurídico de los servicios de TV por cable, sacándolos de la órbita de la regulación de los servicios de comunicación audiovisual y llevándolos a la órbita regulatoria de los servicios de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). ¿Por qué Macri hizo eso? La respuesta es fácil, los servicios TIC no están sometidos a las regulaciones estrictas en materia de controles antimonopólicos como si lo están los servicios de comunicación audiovisual.
En buen criollo, fue la forma de cumplir el deseo de las empresas titulares de los servicios TIC de la Argentina, cuyo nivel de concentración oligopólica sería calificada de ilegal –al punto de ser tóxica— para buena parte de las regulaciones del mundo. La ironía es que aquella declaración del cable como servicio TIC de los sistemas de televisión por cable ha devenido, por el dictado del decreto 690/20, en la reciente consolidación de esos servicios TIC como servicios públicos. En materia de asuntos regulatorios, como en el amor, a veces las cosas no resultan como uno espera.
La declaración como servicios públicos tanto de los servicios TIC como de la telefonía móvil tiene consecuencias concretas. Implica en primer término que los servicios públicos están sujetos lo que en derecho administrativo se llama régimen exorbitante, esto es regímenes de derecho público bien diferentes al derecho común. Como señala Agustín Gordillo, “el poder público se hace así presente a través de un régimen jurídico especial que subordina los intereses privados al interés público, fundamentalmente en razón de proteger la continuidad del servicio”.
Ello implica –como he escrito miles de veces— que ese servicio debe reunir las siguientes características: a) debe ser general (generalidad), esto es que todos los habitantes tienen derecho a gozar del servicio; b) deben ser prestados uniformemente (uniformidad) esto es que todos tienen derecho a exigir el servicio en igualdad de condiciones; c) deben ser prestados de modo regular (regularidad), esto significa que deben prestarse conforme reglas y condiciones prestablecidas; y d) deben ser prestados en forma continua (continuidad), esto es que deben prestarse sin interrupciones, cada vez que aparezca la necesidad de contar con el servicio por parte del usuario.
Además los prestadores de servicios públicos tienen el deber de ofrecer prestaciones básicas, universales y obligatorias, es decir servicios a tarifas diferenciadas, más baratas para que puedan acceder a ellas todos los ciudadanos.
Ello porque los servicios públicos tienen un control estricto del Estado sobre el precio que pagamos los usuarios. Ya que en los servicios públicos se ponen en juego ni más ni menos que derechos, cuyo acceso no puede ser condicionado al pago de dichos servicios conforme determina la no tan invisible mano del mercado.
Y es en este punto donde está el inicio de la historia acerca de por qué fueron declarados servicios públicos los servicios de comunicaciones. Respecto del conflicto que vino después (SPOILER ALERT), la respuesta la cantaron Liza Minnelli y Joel Grey en Cabaret: “Money… [is what]… makes the world go round”.
Las empresas TIC y las de telefonía móvil sostuvieron aumentos de sus servicios, durante los cuatro años de gobierno macrista, en porcentajes que superaron ampliamente los índices de inflación. La llegada de la pandemia, la declaración de emergencia sanitaria y el dictado de las normas relativas primero al aislamiento social y luego al distanciamiento fueron la fuente primaria de limitación de las tarifas.
El 24 de marzo de 2020 el gobierno nacional dispuso que las empresas de “telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el artículo 3°, en caso de mora o falta de pago de hasta TRES (3) facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020. Quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso».
«Si se tratare de servicios de telefonía fija o móvil, Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, las empresas prestatarias quedarán obligadas a mantener un servicio reducido, conforme se establezca en la reglamentación».
«Estas obligaciones se mantendrán por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a contar desde la vigencia de la presente medida” (Decreto 311/20).
El 18 de mayo de 2020 el gobierno nacional acordó con las empresas que los servicios de telefonía móvil y fija, Internet y TV paga suspenderían los aumentos de precios hasta el 31 de agosto de 2020.
Ya cerca del 31 de agosto, las empresas habían presentado propuestas de aumentos que, en honor a la verdad, desconocían la acuciante necesidad de la población, cuya actividad económica había descendido a niveles dramáticos, mientras el valor de dólar se desbocaba como un caballo enloquecido de la mano de maniobras especulativas.
Para sorpresa y desazón de las empresas y sobre todo, sin que desde gobierno se filtrase una sola palabra —fracaso mayúsculo de los lobistas acostumbrados a enterarse de todo mucho antes que salga publicado en el Boletín Oficial—, el 22 de agosto de 2020 se dictó el Decreto 690/2020, que declaró a los servicios TICs y la telefonía móvil como servicios públicos y, en lo que fue percibido por la industria como una tragedia, se dispuso “en el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC, incluyendo los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vinculo físico o radioeléctrico y los correspondientes al servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades. Esta suspensión se aplicará a los servicios de televisión satelital por suscripción”.
La respuesta de las empresas fue furibunda. Largas editoriales anunciando la llegada de “lapocalisis”. Foros de discusión gestados de la noche a la mañana donde se discutía la medida tomada por el gobierno sin que los usuarios tuviesen representación alguna. Básicamente eran los gerentes y entenados de las empresas diciendo en coro “que barbaridad”. Embajadas extranjeras y asociaciones de empresas lanzaban al aire no tan veladas amenazas y predicciones apocalípticas. Pero mientras tanto, las tarifas no aumentaron.
En esos meses causaba gracia que mientras se desgarraban las vestiduras, una de esas empresas repartió ganancias millonarias entre sus accionistas mientras que otra de las empresas que también controlaba la que repartía ganancias, solicitaba asistencia estatal para pagar sueldos. Cosas veredes, Sancho…
También veíamos las usuales estrategias de judicialización de las medidas gubernamentales. Mientras intentaban judicializar el decreto, las empresas negociaban con el gobierno la reglamentación, teniendo en la mira el 31 de diciembre, fecha en la que finalmente podrían aumentar las tarifas. Y debo decir, las solicitudes de aumentos presentadas por las empresas al Estado para su aprobación llegaron a superar el 20% de aumento.
Pero ya les adelanté, a veces las cosas no salen como uno espera. El 18 de diciembre se dictó la Resolución ENACOM 1466/2020 por la cual se autorizaba un 5% de aumento a las grandes empresas y un 8% a las pequeñas (menos de 100.000 accesos). También se dictó ese día la Resolución ENACOM 1467/2020 que establece las prestaciones básicas y universales que todas las empresas deben garantizar a los usuarios. Podría decir que la enorme mayoría de las empresas estuvieron en estado de emoción violenta en esos días.
Algunas, argumentando que ya habían emitido las facturas a pagar el mes de enero, cobraron el aumento, aunque luego se comprometerían a restituir lo cobrado a los usuarios.
Pero una empresa insistió en cobrar los aumentos que NO había sido autorizados. Para hacer eso básicamente desconocía la ley argentina y le explicaba a los usuarios que el aumento “autorizado por el ENACOM es insuficiente para poder seguir invirtiendo, asegurando la calidad de los servicios que te brindamos y ampliando las redes para acompañar el incremento de consumo. Tené en cuenta que solo durante 2020 a raíz de la pandemia, el consumo promedio aumentó un 40% y nuestras redes pudieron afrontarlo gracias a las inversiones que realizamos en los últimos años”. El hecho de que estuviese legalmente prohibido ese aumento era para la empresa en cuestión apenas un detalle. Como también omitía señalar que además de las inversiones que habían hecho, el 29 de abril de 2020 la empresa en cuestión había autorizado “la distribución de dividendos por más de 800 millones de pesos, luego de haber reportado una utilidad de 2.774 millones en el primer trimestre del año”, como relató David Cufre. Verán que a primera vista no se trata de una empresa en estado de necesidad.
También y en lo que ya era un escándalo, la empresa sostenía que podía aumentar los precios porque “todas las empresas del sector Tecnologías de la Información y la Comunicación han iniciado acciones administrativas y judiciales en defensa de sus derechos”. Omitiendo groseramente que los recursos administrativos y/o judiciales no suspenden los efectos de las normas legales, que gozan de obligatoriedad y ejecutoriedad, esto es, que son de cumplimento obligatorio para los administrados.
Quien informaba esto a los usuarios era la empresa Telecom, que lo hacía desde sus múltiples personalidades como Fibertel, Cablevisión y Personal. Y que todos conocemos como las diversas personalidades de un viejo amigo de la casa, el Grupo Clarín. Y sin animo de recordar viejas cuitas, resulta ser un grupo que detenta a nivel nacional una privilegiada posición dominante en el mercado de las comunicaciones y a nivel local posiciones prácticamente monopólicas en múltiples localidades de la Argentina. El grupo Clarín fue en su momento el principal grupo empresario que se opuso a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el promotor de su modificación –hoy de irónicas consecuencias, como ya expliqué— por parte de Mauricio Macri.
Hace ya muchos años, ARPA (asociación de televisoras abiertas de Argentina) había impugnado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, invocando entre otras causas la presunta catástrofe económica que su aplicación traería aparejada. Y había ofrecido como prueba abrir al escrutinio judicial los balances de las televisoras. El organismo estatal regulador de entonces, llamado AFSCA, que era parte en el juicio, decidió aceptar dicha prueba e incluso exigirla. Tres días después de la presentación el ente estatal, ARPA desistiría de aquel juicio. Y los balances no se someterían al escrutinio judicial.
Algo similar sucedió a Telecom con su impugnación al decreto 690/20. Invocó. entre otras razones para solicitar una medida cautelar que suspendiese el precitado decreto, el presunto perjuicio económico “irreparable “que su implementación le causaría. Lo que omitió enunciar Telecom fueron los efectos concretos que podría acarrear el hecho de afrontar dichos costos, en relación al giro normal de sus actividades. Porque, a decir verdad, invocan fácil el perjuicio económico –mientras reparten ganancias al mismo tiempo— pero suelen ser reacios a abrir para el escrutinio sus estructuras de costos y precios. Ari Lijalad escribió hace tiempo, al relatar que, en noviembre de 2020, Telecom repartió 430 millones de dólares entre sus accionistas: según informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), “los dividendos en especie que se acreditarán corresponden a resultados generados a partir del 1° de enero de 2018”. Lo curioso es que Telecom informó que tuvo pérdidas por 10.582 millones de pesos en 2018, por 22.151 millones en 2019 y por 1.249 millones en lo que va de 2020. ¿Cómo acumularon dividendos si tenían pérdidas?”
Por la falta de acreditación del perjuicio económica y otras razones de orden procesal, el juez que debía resolver la cautelar solicitada por Telecom resolvió denegarla. Nuevo SPOILER ALERT: la discusión judicial continuará sin dudas, pero no deja de ser una pequeña victoria para los usuarios.
Como señaló Rafael Bielsa: “Si se pudiese admitir por un instante que, por efecto de los contratos de concesión, la voluntad de los concesionarios pudiera poner en jaque las decisiones tomadas por la Administración en un fin de utilidad pública, necesario sería condenar irremisiblemente el sistema de concesión como contrario al interés general.”
Envejecer tiene también consecuencias. Una de ellas es que las personas tienden a repetirse. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner una de las estrategias favoritas del Grupo Clarín fue motorizar sus reclamos a través de asociaciones de usuarios. Recuerdo con particular cariño la acción cautelar que en su momento interpuso una asociación de usuarios de Fibertel por sanciones que le habían sido aplicadas a la empresa. El detalle delicioso de la anécdota fue que la asociación de usuarios en cuestión se había constituido con domicilio en el estudio de abogados del Grupo Clarín. Y el dato de color que completa la anécdota: era el estudio de Carlos Rosenkrantz, quien dejó de ser miembro de ese estudio para convertirse en miembro de la Corte Suprema durante el gobierno de… Mauricio Macri, en una polémica designación como juez de la Corte por decreto.
En estos días una asociación de usuarios está reclamando judicialmente contra el decreto que limita los aumentos de tarifas de las empresas. Afirma que “que la negativa a autorizar el aumento del 20% compromete la competencia y sustentabilidad de las empresas y, por ende, la efectiva prestación de los servicios de telecomunicaciones a todos los usuarios”. A estas alturas no sorprenderá a nadie que la asociación de usuarios está vinculada a un funcionario de … el gobierno de Mauricio Macri. Precisamente a quien fuese el Director de Defensa del Consumidor durante el gobierno de Cambiemos, quien renuncio a la asociación para asumir el cargo en cuestión.
Mas allá de los debates judiciales, que son siempre apasionantes, creo oportuno recordar que “en el derecho comparado más moderno se reconoce como un derecho humano el acceso a las TIC. Así se verifica, por ejemplo, en los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, donde en 2013 se consagró en el artículo 6 de su Constitución Política el derecho de acceso a Internet, y también en la República de Francia, donde fue consagrado por el Conseil Constitutionnel como derecho fundamental el acceso a Internet en el año 2009”.
«Es un deber indelegable del Estado nacional garantizar el acceso y uso de las redes de telecomunicaciones utilizadas en la prestación de los servicios de TIC así como el carácter de servicio público esencial y estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones en competencia, estableciendo no solo las pautas para el tendido y desarrollo de la infraestructura en término de redes de telecomunicaciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional sino también las condiciones de explotación de aquella, de modo tal que se garantice la función social y el carácter fundamental como parte del derecho humano a la comunicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”.
No son más que algunas de las razones que enuncia en sus fundamentos el Decreto 690/20, que a la fecha ha sido ratificado por el Senado de la Nación. Concluyo enunciándolas porque es importante entender que mientras algunos reducen la discusión a balances números y dinero, lo que estamos discutiendo en verdad son los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Con o sin pandemia, todos necesitamos de los servicios de comunicación para trabajar, estudiar, entretenernos, pagar las cuentas, hacer trámites e incluso poder decir “te quiero”. Y cada una de esas actividades son modos de ejercer nuestros derechos y que no pueden estar librados al capricho y la rentabilidad de unas pocas empresas. Porque —y precisamente— son derechos y no mercancías.
El juez Juan Ramos Padilla insistió con el juicio político a la Corte Suprema
El referente de los juicios de Derechos Humanos reclamó por una acusación constitucional a los miembros del máximo tribunal. “Participar y peticionar, sin violencia y con inteligencia. Recuerden la lucha de las Madres de la Plaza”, señaló.
El juez Juan Ramos Padilla volvió a insistir con el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. El referente de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en la Argentina reclamó que “el 1 de febrero comiencen las urgentes reformas del Poder Judicial”.
Cabe recordar que el magistrado había sido muy crítico del rechazo de la Corte a tratar el recurso extraordinario de Amado Boudou. En ese momento, aseguró que los ministros de la Corte “dan vergüenza”. En ese sentido, Ramos Padilla remarcó que “con Boudou, la Corte está humillando al Pueblo y limitando el estado de derecho”.
Con respecto al pedido de juicio político a los jueces de la Corte, el jurista destacó que “los dos tercios del Parlamento son necesarios para destituir a la Corte. Mientras tanto participar y peticionar. Sin violencia, con inteligencia.”
“Recuerden la lucha de las Madres de la Plaza”, concluyó. + (PE/APU)
El presidente, Alberto Fernández, firmó el decreto reglamentario de la ley 27.605 votada por el Congreso llamada “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia” o más conocida como “impuesto a la riqueza”.
Mercedes Marcó del Pont, directora ejecutiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) quedó habilitada desde este viernes 29 de enero para notificar a los más de 11 mil contribuyentes que tienen un patrimonio superior a los $200 millones y que están obligados a pagar
La norma establece que la tasa a cobrar se irá elevando según el rango de fortuna que se haya declarado: será del 2,25% para quienes se encuentren entre los $300 y los $400 millones, del 2,50% para aquellos que tengan entre $400 y $600 millones, y del 2,75%, para aquellos patrimonios entre $600 y $800 millones.
El aporte subirá hasta el 3% en el caso de las fortunas entre los $800 y $1.500 millones y se extenderá hasta el 3,25% para quienes tengan entre $1.500 y 3.000 millones. Por último, a quienes tengan bienes que superen este último valor se les cobrará un 3,5%. De esta manera, estarían obligados a pagar alrededor de 12.000 contribuyentes
Además, la ley 27.605 determina específicamente cuál será el destino de los fondos recaudados, que serán distribuidos, a saber: en un 25% a exploración, desarrollo y producción de gas natural; otro 20% a adquirir equipamientos de salud para enfrentar la pandemia; un 20% a apoyar a empresas Pymes; un 20% para financiar el relanzamiento de las becas Progresar creadas para apoyar a jóvenes estudiantes, mientras que el 15% restante se utilizará para la urbanización de barrios populares mediante cooperativas organizadas por los vecinos de cada barrio.
La ley de Aporte Solidario y Extraordinario fue pensada para que el fisco sume una contribución adicional de las personas físicas con mayor capacidad económica en un contexto de emergencia, como la pandemia global de Covid-19. +(PE/AF)
Tras la reglamentación del Aporte Solidario y Extraordinario votado a fines de 2020 por el Congreso, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró hoy que “los momentos excepcionales exigen medidas excepcionales y el compromiso de toda la sociedad”.
“Reglamentamos el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, impulsado por @DiputadosTodos y votado en el Congreso. Los momentos excepcionales exigen medidas excepcionales y el compromiso de toda la sociedad”, señaló Cafiero en Twitter.
Los detalles
De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, se establece que la tasa a cobrar se irá elevando según el rango de fortuna que se haya declarado: será del 2,25% para quienes se encuentren entre los $300 y los $400 millones, del 2,50% para aquellos que tengan entre $400 y $600 millones, y del 2,75%, para aquellos patrimonios entre $600 y $800 millones.
El aporte subirá hasta el 3% en el caso de las fortunas entre los $800 y $1.500 millones y se extenderá hasta el 3,25% para quienes tengan entre $1.500 y 3.000 millones.
Por último, a quienes tengan bienes que superen este último valor se les cobrará un 3,5%.
(Prensa Ecuménica – El Economista)
Atrás quedaron la épica y la euforia. El gobierno nacional ahora se mueve con cautela y bajo perfil. La guerra desatada a nivel mundial por las vacunas, que repercutió en la demanda hacia los laboratorios y países con los que Argentina tiene contratos de provisión, dio cuenta del acierto de la anticipación ante la avalancha de países más poderosos. Por lo pronto, el acuerdo que garantizaba la entrega de la vacuna Sputnik V para finales de marzo por un total de 20 millones ahora pasó a 30 millones. Esto tranquilizó a los funcionarios del área de Salud de la administración Fernández.
Por otra parte, sin poner fechas tan precisas, en el gobierno estiman que “para marzo” habrá 9 millones de dosis en el país. Es, como se ve, una perspectiva que deja plazos.
“Argentina se preparó desde el inicio para asegurar vacunas seguras, eficaces y a tiempo. Por eso encaró acuerdos con empresas farmacéuticas y países desde el inicio”, relató la asesora presidencial Cecilia Nicolini, encargada, junto con la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, de supervisar el operativo de provisión de la vacuna Sputnik V.
Ante este contexto, desde el gobierno nacional aclararon que se encuentran en constante diálogo con el instituto Gamaleya y aseguran que desde Rusia comunicaron con anticipación la demora en la entrega de los lotes que llegaron el jueves al país en el avión de Aerolíneas Argentinas. Fuentes encargadas de monitorear el proceso aseguraron a Tiempo que en esa comunicación se va dando un informe de manera permanente sobre los avances en la producción. El cronograma se va modificando en función de la demanda que tiene el instituto.
Según evalúan fuentes de presidencia, fue la respuesta de eficacia superior al 90% que tuvo la vacuna lo que llevó a otros Estados a comenzar a establecer acuerdos con la Federación Rusa. En respuesta, el país euroasiático multiplicó sus plantas de producción dentro y fuera de sus fronteras para garantizar el abastecimiento. Si bien Rusia aseguró a Argentina que escaló su producción, los más de cien años de historia del Instituto Gamaleya sedimentaron sus estrictas tradiciones de control de calidad de estos productos biológicos.
Apenas se pudo, el año pasado Argentina se lanzó a hacer acuerdos con laboratorios y Estados, sin miramientos ideológicos ni geopolíticos. En diciembre el laboratorio Pfizer trabó la provisión con pedidos de último momento. Fue el propio Ginés González García quien contó que la megaempresa farmacéutica pidió la sanción de una segunda ley para cumplir el contrato, requisito de último momento que apareció luego de que la negociación ya estuviera cerrada. Pero Gamaleya no es una farmacéutica. Es un instituto y su lógica no coincide del todo con la del mercado.
Argentina forma parte del acuerdo de producción, junto con México, de la vacuna de Oxford, la de AztraZeneca, compañía a la que la Unión Europea reclamó celeridad esta semana a través de una medida judicial. En ese contexto mundial, los países de renta media o baja se ven obligados a apelar al multilateralismo para no correr con tanta desventaja. En el gobierno evalúan que solo son algunos sectores de Francia, Alemania o España los que están pidiendo cerrarse. Descartan que prime el nacionalismo por sobre el multilateralismo y la cooperación. Asimismo, dan cuenta de que Rusia no tiene un criterio de priorización interna. “Vacuna a su población y ayuda a otros países”, destacan.
Otra de las consecuencias geopolíticas de la temprana avanzada Argentina es que ahora es tomada como referencia en la región. El presidente boliviano, Luis Arce, hizo público su agradecimiento y esta semana Alberto Fernández instó a su par chileno, Sebastián Piñera, a trabajar juntos en la gestión de la pandemia. De hecho, fue el propio Fernández quien durante los foros internacionales del G20 y de Davos ofreció la ayuda argentina a otros países y volvió a bregar por un acceso público y universal de las vacunas. “Al haber viajado a Rusia, fuimos los precursores en esta alianza estratégica, andamos un camino y podemos compartir información y prácticas”, explicaron a Tiempo.
Por lo pronto, después de los vaivenes que hubo esta semana, prefieren comunicar con hechos. Ante la ansiedad de la población por saber cuándo se podrán estar vacunando, señalan que la producción tiene contingencias. Y más en este contexto internacional. “No somos una isla”, señalan.
En el marco de la decisión del Gobierno de garantizar los dólares para la producción, el Banco Central decidió suspendió a 9 importadores por no vender los bienes por los que accedieron al mercado de cambios y giraron las divisas. En total, las operaciones de estas empresas sumaron unos u$s15 millones, según revelaron fuentes oficiales.
En el marco de los controles de rutina, en octubre los funcionarios del BCRA iniciaron las inspecciones sobre los importadores ahora suspendidos, y realizaron por lo menos tres intimaciones para que despachen a plaza los productos por los que accedieron a los dólares.
Fuentes oficiales explicaron que “al no recibir respuesta, se procedió a la suspensión” mediante sendas comunicaciones emitidas este viernes 29 de enero. A partir de esta decisión, las empresas podrán devolver los dólares que le fueron autorizados oportunamente o despachar la mercadería.
Entre los importadores suspendidos, está la concesionaria de autos de lujo Modena Auto Sport S.A.; el importador de calzado de niños Grupo Addnice S.A, otro de productos odontológicos Implantes CLP S.R.L; de leds y paneles solares Coresa Group S.R.L.; de bicicletas Specialized Bicycle Components Argentina S.R.L.; de prestación de servicios de perforación y mantenimiento de pozos petroleros y gas Petrex S.A.; de productos de construcción Ikonman S.R.L; de productos de ortopedia Ortopedia Medicare S.R.L. y de insumos de impresión G&G Argentina S.A..
En las comunicaciones enviadas a los importadores, el Central indica que “en el marco del Decreto N° 609/19 modificado parcialmente por el Decreto 91/19, y de la Ley 19.359 (t.o. 1995) y de la Comunicación “A” 6770 y “A” 6844 y complementarias, mediante Resolución N°07/2021 de la Gerencia Principal de Control, se ha dispuesto que, sin la previa autorización de este Banco, no deberán dar curso a operaciones de cambio correspondientes a EGRESOS POR EL MERCADO DE CAMBIOS”.
Vale recordar que el pasado 6 de enero, el Central creó el registro especial para que grandes exportadores e importadores informen la compra y liquidación de dólares en el mercado oficial con el objetivo de simplificar trámites burocráticos.
La creación del Registro de Información Cambiaria de Exportadores e Importadores de Bienes, dentro del marco de las facultades delegadas a la institución por la Ley Penal Cambiaria, "surgió del diálogo entablado con las principales cámaras empresarias para mejorar los controles reduciendo instancias burocráticas", dijo el BCRA.
Las empresas se inscribirán en el Registro a través de la página web de la AFIP y detallarán las operaciones de compra y liquidación de divisas.
La AFIP deja de recaudar el equivalente a unos 37.000 millones de dólares anuales por todo tipo de maniobras de elusión y evasión impositiva de las multinacionales. Ese monto es una estimación realizada por la prestigiosa ONG británica Tax Justice Network en base a información que publica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sólo por el desvío de ganancias hacia países con baja o nula tributación el fisco argentino pierde 2600 millones de dólares.
De acuerdo a información a la que accedió Página/12, a partir de esta semana, el organismo a cargo de Mercedes Marcó del Pont tendrá un arma potente para reducir esa filtración: un acuerdo con el poderoso Internal Revenue Service (IRS), la AFIP de Estados Unidos, para acceder en forma automática a información restringida sobre las multinacionales estadounidenses.
El convenio garantiza a la AFIP recibir datos estratégicos sobre cómo operan las grandes firmas, lo que le servirá para hacer análisis de riesgo y evitar maniobras tributarias abusivas, por ejemplo en materia de precios de transferencia (operaciones intrafirma).
Una forma de recuperar gran parte de esos millonarios recursos es conocer cómo está organizada la empresa, lo que significa la localización de sus filiales, la cantidad de personal, las utilidades declaradas y los países elegidos para el pago de impuestos.
Es información clave para cerrar filtraciones de fondos que se pierden por la extraordinaria capacidad de esas firmas, apoyadas por grandes estudios contables y de auditoría internacionales, para el diseño de una planificación fiscal nociva que erosiona la caja del fisco.
La AFIP tiene hoy un sistema para controlar esas vías de elusión, como la supervisión de los precios de transferencia, pero a partir de ahora contará con información más completa para fortalecer su capacidad de intervención en la desarticulación de maniobras impositivas de las multinacionales.
El objetivo de este acuerdo es el mismo que presenta la AFIP con el Régimen de Información sobre Planificaciones Fiscales resistido en forma corporativa por los 24 Consejos Profesionales de Ciencias Económicas del país.
Como se ve, esa herramienta de fiscalización es utilizada a nivel global para reducir la opacidad, evitar la evasión y prevenir el lavado de dinero. Asesores fiscales y lobbistas mediáticos están confundiendo con comunicados públicos en la estrategia de oponerse a ese mecanismo de transparencia tributaria.
País por país
El miércoles pasado, la AFIP firmó el acuerdo con el IRS, como antes lo habían concretado organismos tributarios de Brasil, Colombia y México. Consiste en el intercambio de los denominados "reportes país por país (country by country reports –cbcr-)" en forma automática.
Los informes que recibirá la AFIP consisten en una declaración anual de las multinacionales estadounidenses que operan en el país y contabilizan ingresos anuales totales consolidados a nivel global superiores a 900 millones de dólares o 750 millones de euros.
La información sensible que en forma detallada el IRS proporcionará a la AFIP para que las multinacionales estadounidenses paguen los impuestos que corresponden en el país es la siguiente:
* Las jurisdicciones en las que operan.
* Las distintas firmas que conforman el grupo económico.
* Las actividades económicas que realizan.
* La cantidad de trabajadores.
* La información sobre la asignación de los ingresos, resultados, impuestos pagados y devengados de cada firma del grupo alrededor del mundo.
Es evidente que esa documentación será un insumo estratégico para la AFIP para prevenir posibles maniobras de erosión de la base imponible que realizan esas corporaciones.
Permitirá aumentar la transparencia fiscal y mejorará el acceso a la información sobre la asignación mundial de los ingresos, los impuestos pagados y ciertos indicadores sobre la ubicación de la actividad económica entre las jurisdicciones tributarias en las que operan estos grupos, para evaluar los precios de transferencia y otros riesgos relacionados con la erosión de la base imponible y desvío de beneficios.
El objetivo, en definitiva, es que esas corporaciones paguen los impuestos que les correspondan en las jurisdicciones fiscales en que se generan los beneficios. Esto significa que si consiguen ganancias en Argentina que paguen los impuestos como corresponde aquí.
Régimen local
El Régimen de Información sobre Planificaciones Fiscales creado en octubre de 2020 otorgó a la AFIP una importante herramienta para abordar potenciales maniobras de elusión y evasión fiscal de firmas locales. Es un recurso informativo similar al que ahora tiene a disposición de la mano de la IRS para ocuparse de multinacionales.
Como se mencionó al comienzo, esa medida para el ámbito doméstico derivó en una resistencia corporativa unificada de Consejos Profesionales, que buscan frenarla con medidas judiciales.
“Con esa norma Argentina se suma a los 27 miembros de la Unión Europea, Canadá, México, Sudáfrica y Estados Unidos que ya exigen a los contribuyentes o asesores financieros que informen sus esquemas tributarios”, señala la ONG británica Tax Justice Network, al referirse a los países que requieren a los contribuyentes reportar los acuerdos, esquemas, planes y acciones utilizados para obtener ventajas fiscales o beneficios con relación a cualquier impuesto y/o régimen de información.
Desde TJN enumeran distintas razones para “apoyar la imposición de la notificación obligatoria de los esquemas de evasión fiscal”. En primer lugar, “ayuda a las administraciones tributarias a identificar áreas grises en la legislación tributaria que deben aclararse o mejoras legislativas, orientación regulatoria o investigación adicional”.
Luego agregan que “proporciona a la administración tributaria información temprana sobre los esquemas de evasión fiscal lo que le permite evaluar los riesgos que plantean los esquemas antes de realizar la evaluación tributaria y enfocar las auditorías de manera más eficiente”. Y después que “es probable que exigir la declaración obligatoria de los esquemas tributarios disuada a los contribuyentes de utilizar estos esquemas porque saben que hay mayores posibilidades de que los archivos sean identificados, expuestos y evaluados”.
Fraude
Un reciente informe de la ONG británica Tax Justice Network "La justicia fiscal en tiempos de la covid-19" precisa que el mundo pierde más de 427 mil millones de dólares por año por el fraude fiscal internacional. Este consiste en mecanismos de evasión y elusión vinculados a la operatoria en guaridas fiscales, precios de transferencia, ocultamiento de activos.
A partir de la pandemia el informe compara la magnitud del fenómeno con el gasto sanitario: ese monto equivale al 9,2 por ciento del presupuesto sanitario promedio a nivel mundial o más de 37 millones de remuneraciones anuales para personal sanitario.
El 57 por ciento de esas pérdidas son por fraude fiscal corporativo: maniobras de multinacionales que transfieren sus ganancias a guaridas fiscales para ocultar que las obtuvieron realmente en los países en los que operan.
La pandemia profundizó las desigualdades en todo el mundo. Por eso, la respuesta de los gobiernos a la crisis debe ser garantizar que quienes pueden contribuir más lo hagan. La búsqueda de ingresos fiscales adicionales debe provenir especialmente de quienes más se benefician en estos tiempos turbulentos. De acuerdo a TJN, el sistema fiscal mundial está diseñado para dificultar la recaudación de impuestos sobre las ganancias, los ingresos y la riqueza en la parte superior de la distribución.
La ausencia de un método preciso para gravar más directamente a las grandes corporaciones y a los millonarios provoca tres grandes problemas, según TJN:
1. "Socava la capacidad de trabajadores, comunidades y gobiernos de apropiarse de la parte justa del valor que generan".
2. "Crea incentivos para mantener miles de millones de dólares de capital en el extranjero, en vez de reinvertirlo para crear empleos locales y aumentar la productividad".
3. "Acentúan las desigualdades entre los países".
Mapa
Los datos del IRS brindarán un mapa detallado de cómo están organizadas las multinacionales estadounidense en cada país que operan. Permitirán revelar si una de las firmas del conglomerado internacional triangula operaciones con una filial suiza o de las Islas Caimán, o si realizó transferencia de pagos de servicios de la propia multinacional a las Bahamas. Ambas operaciones, en general, provocan sospechas acerca de un eventual desvío de ganancias para pagar poco o nada de los impuestos correspondientes en el país.
A partir de ahora, con el acuerdo de transferencia de información automática, la AFIP tendrá más herramientas para poder investigar esa probable elusión o evasión impositiva.
No es el único acuerdo de intercambio de información que tiene el organismo recaudador local con pares de otros países. Tiene rubricados cerca de ochenta, pero éste con el IRS es muy importante por los jugadores involucrados.
Estados Unidos es uno de los países más relevantes en términos comerciales para Argentina. Una parte significativa de las principales empresas del país pertenecen a grupos económicos con controlantes radicadas en el territorio estadounidense.
Encriptado
Como se trata de información sensible, el IRS la enviará a través de un sistema encriptado una vez al año para evitar fugas de datos. El convenio es de reciprocidad y la AFIP enviará información al organismo de recaudación impositiva estadounidense. Los primeros informes referidos a 2020 de las multinacionales llegarán a partir de 2022.
Pero el acuerdo ya está operativo desde el 27 de enero cuando finalizó el procedimiento de firmas cruzadas entre autoridades de la AFIP y el IRS. Fue firmado en inglés y en español, garantizando que es oficial ambos textos, lo que es una rareza en este tipo de acuerdos y fue solicitada por Argentina porque en ocasiones anteriores sólo era oficial el rubricado en inglés.
La documentación estratégica sobre precios de transferencia a la que podrá acceder la AFIP forma parte de los estándares de transparencia impulsados por la OCDE y el G-20. La Acción 13 del Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) establece un régimen de información anual para la presentación de informes país por país a cargo de los sujetos residentes que integren un grupo de empresa multinacional. La Acción 13 también contempla el denominado “informe maestro” y los informes de precios de transferencia locales, dos instrumentos que ya están vigentes en Argentina.
Los regímenes informativos, como el que implementó la AFIP, constituyen una práctica extendida entre las administraciones tributarias de otros países. Un mecanismo similar al establecido por el organismo encabezado por Mercedes Marcó del Pont está vigente en países de la Unión Europea y también en Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, Canadá y México. De acuerdo a la OCDE, la planificación fiscal que llevan adelante las multinacionales genera una merma estimada entre 4 y 10 por ciento de la recaudación de impuestos a la renta corporativa a nivel global.
Informes
La AFIP utilizará los informes country by country para elaborar análisis de riesgo. Expertos fiscales explican que, por ejemplo, podrá detectar si una multinacional opera en una jurisdicción donde no tiene empleados (o posee muy pocos) y en esa firma concentra un nivel desproporcionado de ingresos. Es una habitual maniobra para evadir el pago de impuestos.
Por caso es lo que hacía Vicentin con su sede en Paraguay. Vicentin es un grupo local que ha imitado el comportamiento de compañías agroexportadoras extranjeras que utilizan a Uruguay o Suiza como base para la triangulación de operaciones y, de ese modo, pagar menos impuestos aquí.
La única forma de obtener esos datos de multinacionales estadounidenses es a través de los reportes del IRS. Mediante cruces de información se puede detectar cómo se vinculan las firmas de la multinacional con la actividad que tiene en Argentina.
La AFIP recibe hoy información de 10 mil contribuyentes sobre operaciones de precios de transferencia. A partir del análisis de riesgo con los informes "país por país" del poderoso IRS de Estados Unidos podrá identificar casos más relevantes a partir de parámetros objetivos para prevenir la erosión de la base imponible.
El informe que llegará de Estados Unidos permitirá a la AFIP conocer además con precisión las operaciones vinculadas a precios de transferencia; si la sede argentina paga intereses de manera permanente a determinada jurisdicción; si es la intermediaria en operaciones comerciales; si concentra el cobro de servicios.
Todas esas son maniobras tradicionales por donde se filtran miles de millones de pesos que no van a las arcas del fisco, lo que representa una pérdida extraordinaria más aún en un escenario fiscal complicado, agudizado por los gastos imprescindibles para amortiguar los costos ineludibles de la pandemia.
(https://www.pagina12.com.ar/320757-multinacionales-estadounidenses-pagar-los-impuestos-sin-tram)
Frente a las tensiones entre el gobierno Nacional y aquellos gobiernos provinciales, municipales o que gobiernan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que responden a otros intereses y otras formas de entender el rol del Estado Nacional en estas realidades y en este contexto particular, las tensiones que se han suscitado alrededor de las clases presenciales suma un nuevo elemento de tensión, ya que en la globalización, parece que ya no es del todo funcional mirar a las “grandes potencias del mundo” …
Angela Merkel anunció que Alemania no reabrirá escuelas
La canciller alemana habló sobre el peligro real que significaría el retorno a las escuelas y los jardines ante la mutación “altamente contagiosa” del virus.
“Todavía no estamos preparados para reabrir guarderías y escuelas” dijo este sábado la canciller de Alemania, Angela Merkel, en la emisión semanal de su videopodcast. El país europeo mantendrá las restricciones impuestas hasta el 14 de febrero y posterga la vuelta a clases para evitar contagios de la nueva cepa de la Covid-19.
“Cuidar
y enseñar a los hijos desde casa, ayudar a los hijos mayores con las
plataformas de enseñanza digital es un gran esfuerzo” agregó
Merkel en un comunicado. La canciller remarcó el trabajo que
ha significado trasladar las clases de la escuela a las casas. ”
Los departamentos se convierten en un patio de recreo, aula escolar y
lugar de trabajo en un solo espacio. Se necesitan buenos nervios,”
afirmó.
“Los niños y jóvenes que tienen que prescindir de
“muchas cosas que son tan importantes y agradables en esta etapa de
sus vidas”.
En su comunicado Merkel pidió alos alemanes ser consecuentes con las medidas para evitar contactos innecesarios. “Mantengamos la distancia, sigamos con las normas de higiene y usemos mascarillas” recomendó la canciller. En Alemania, las autoridades confirmaron más de 12 mil nuevos contagios de coronavirus y 794 muertes en las últimas 24 horas, aunque en la última semana se redujo la cifra de casos. La canciller habló sobre la peligrosidad de la nueva cepa del virus. “Por eso tenemos que ser cuidadosos y cautelosos a medida que avanzamos en las próximas semanas” advirtió.
La
canciller alemana también anunció que la próxima semana dedicará
la “Conversación con la canciller” a las madres y padres de
hijos en edad escolar para dialogar con ellos sobre sus experiencias
durante la pandemia. El ciclo de conversaciones es una iniciativa que
Merkel tiene desde hace unos años. Con la pandemia, decidió
multiplicar los encuentros en los que la ciudadanía dialoga con la
canciller vía Zoom.
“En el Gobierno somos muy conscientes de lo dura que es en este
momento la vida cotidiana para muchos padres y niños. Ninguno de
nosotros lo subestima”, añadió.
El Instituto Robert Koch, ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, informó que hasta la fecha más de 56 mil personas murieron por Covid-19. Además, contabilizó unos 237 mil casos activos en todo el país. El proceso de vacunación logró avanzar en Alemania, con más de dos millones 200 mil personas que recibieron la primera dosis de la vacuna. Mientras tanto las medidas para reducir la circulación de personas continúan vigentes: escuelas, restaurantes, establecimientos deportivos y de entretenimiento permanecen cerrados al público.
Las escuelas en Alemania han permanecido cerradas desde marzo del año pasado. Algunos estados como Hamburgo decidieron abrir las escuelas para el inicio del año lectivo en septiembre pasado. La insistencia de las autoridades de Hamburgo tuvo entre alguna de sus consecuencias: un brote con 40 infectados sólo en una escuela de ese estado. Además, los docentes tuvieron que arreglárselas por su cuenta, según informó la televisión alemana, Deutsche Welle. Las escuelas proporcionaron barbijos comunes aunque la mayoría de los docentes no recibió las mascarillas FFP-2 que cuentan con una mayor protección, los docentes que compartían clase con un alumno infectado tenían que aislarse por una semana y terminaba convirtiéndose en una limitante de tiempo y recursos. + (PE/Pagina 12))
La grieta es una categoría fabricada por el sistema corporativo de medios como traje a medida para un sector de la política cuyo único propósito es, paradójicamente, destruir la política. ¿El método? Sustraer lo que antes fue debate y construcción ciudadana para encerrarlo en el restringido espacio del marketing comunicacional operado en base a encuestas y algoritmos, fake news y titulares de medios corporativos concentrados. Es un ámbito donde corren con ventaja las billeteras abultadas y los poderes más consolidados.
Si por grieta se entendiera la división que generan en la sociedad las diferencias de todo tipo (económico, social y cultural) entre quienes tienen mucho y los que casi nada poseen, entre quienes ejercen el poder y aquellos que lo sufren sin elección, habría que decir que se trata de una realidad tan añeja como la sociedad misma. Un objeto de estudio tan antiguo como permanente para las ciencias sociales que siempre encontrarán inteligentes y a la vez farragosas elucidaciones para explicar una conducta originada en la ruptura de los lazos de solidaridad entre seres humanos. Aunque esta interpretación pueda leerse como una elucubración simplista, ingenua y hasta carente de rigurosidad científica.
Pero no se trata de eso. Hoy por hoy la grieta es una categoría y un método ideado por los beneficiarios del poder para perpetuarse en el mismo y seguir usufructuando de los beneficios de todo tipo que les brinda la sociedad capitalista. Y por este motivo no van a escatimar esfuerzos, acciones e iniciativas para perpetuarla.
No importan los ofrecimientos al diálogo, las concesiones o las negociaciones que se puedan ofrecer desde el otro lado. Porque la única metodología política (si es que así se la puede denominar) de los partidarios de la grieta es oponerse a todo, sin razones ni argumentos. Sin importar tampoco el tema y atribuyendo todos los males al circunstancial adversario que siempre será adjetivado como enemigo.
Primero se proclaman antivacunas y a renglón seguido se denuncia la falta de las mismas. Y si llegan, las vacunas no serán suficientes o no estarán en tiempo oportuno, o no serán administradas de manera adecuada. Lo mismo sucede con otra innumerable cantidad de temas y cuestiones.
Los promotores de la grieta no discuten ideas políticas ni actos de gestión. Reclaman consenso para utilizarlo como veto, y diálogo para luego ausentarse de las mesas de negociación a fin trabar cualquier posibilidad de acuerdo. Sin considerar siquiera la contingencia de contradecirse a sí mismos. La metodología es negarse a todo sin importar los argumentos. Se alinean en torno a la consigna de rompan todo, porque el malestar general es su mejor negocio.
La grieta intenta destruir la política entendida como escenario para el diálogo y la construcción colectiva desde la diferencia. Y para ello todo vale: fake news, lawfare, amenazas, presiones, corrupción, sabotaje. Los partidarios de la grieta descreen de la polítíca aunque la proclamen. También en eso mienten.
La grieta con todos sus condimentos es la estrategia elegida por Juntos por el Cambio para alcanzar sus objetivos políticos (o antipolíticos) de retomar en plenitud las riendas del poder institucional.
Frente a esto no valen sólo las buenas intenciones y la disposición al diálogo, porque se corre riesgo de quedar atrapado en las redes de una metodología de destrucción que carece de valores éticos y, sobre todo, de respeto por los derechos humanos, un pilar indiscutible de la democracia que proclamamos y defendemos.
La defensa de la democracia requiere además de manifestaciones de firmeza, en unos casos, y de energía y resolución en la toma de decisiones en otros. Sin otra consideración que la verdad, la justicia y la libertad.
Ante una estrategia de destrucción, el ejercicio del poder político necesita retomar la prioridad en las necesidades y en las demandas de aquellos cuyos derechos han sido vulnerados, que demandan de justicia y que, no casualmente, constituyen la mayoría de los votantes del hoy oficialismo.
Hacerlo antes de que sea tarde, sin abandonar el diálogo y la negociación, sin renunciar objetivos que formaron parte del contrato electoral y sin paralizar la acción. Porque como afirmaba el revolucionario mexicano Emiliano Zapata “es mejor morir de pie que vivir de rodillas”. (PE/Página 12)
Recuerdo el revuelo que se armó allá por 2014 cuándo un informe de la FAO declaraba que en Argentina había hambre cero y el por entonces ministro Aníbal Fernandez, expuso en medios nacionales la comporación de pobreza respecto de Alemanía. Por supuesto que por entonces se invalido con todo tipo de mentiras y falsedades el dato cierto en su momento que comparando estadística por estadística (Sin entrar en los análisis de los como y de los métodos para medir esos niveles de pobreza) , los números favorecían a la Argentina respecto de aquel país del primer mundo Europeo … Ahora parece que las comparaciones no tienen el mismo sentido … ¿Será que para algunos los datos son según los intereses que se defienden?
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
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