Sábado 13 de junio de 2020
Al
instante de iniciarse la intervención de Vicentin, Clarín,
Infobae
y La
Nación
-lo cual implica gran parte de la trama gráfica, radial y
audiovisual argentina- lanzaron distintos rayos y variadas centellas.
Le añadieron, como condimento para indignados, el renacimiento del
tema Nisman con un informe reservado sobre Cristina, el viaje secreto
de dos fiscales españoles por la causa de las fotocopias llamadas
cuadernos, y unas cuantas cosas más que resulta innecesario
precisar.
Pensando en estas reacciones
lanzamos por distintas vías la idea de acelerar el tranco para
quebrar el liberalismo económico y promover un cambio de mentalidad
profundo (El dinero que el Estado vuelca sobre la sociedad pertenece
a la sociedad y es la garantía del crecimiento nacional). Una
campaña en toda la línea desde los medios públicos hubiera
entornado adecuadamente la acción oficial sobre Vicentin y todavía
puede abrir compuertas aún más interesantes a futuro.
El eje de este breve, empero, es
otro: recordar que el contraste entre la realidad y la información
suministrada por los monopolios no es un simple equívoco de la línea
editorial. Se trata de empresas que, insertas en grupos económicos
que incluyen espacios financieros, acreedores del país y sobre todo
agroexportadores, necesitan que a la Argentina le vaya mal para que a
ellos les vaya bien. Están dispuestas a dar batalla por la
primarización y la renta, contra el desarrollo industrial, porque en
ello les va la subsistencia.
Esta situación explica varias
cosas. En principio, porqué la política de acercamiento del
presidente no da resultados y lo deja malparado. Todo semeja un
diálogo de bar en el cual apenas el interlocutor se despide y sale
del lugar, los comensales comienzan a hablar pestes a sus espaldas.
Luego, que esa reacción trasciende la buena o mala relación que
algunos directivos puedan tener con Alberto Fernández. Héctor
Magnetto, como recuerda CFK en Sinceramente, almorzaba amable y
relajadamente con ella y con su esposo. Horas después, editaba tapas
destituyentes.
Estos dos puntos –la
responsabilidad propia, el interés ajeno- para nada justifican a
esas compañías que, con origen en este país, combaten a este país.
Pero sirven para comprender que las pautas publicitarias
sensacionales, los gestos hacia entrevistadores menores y
malintencionados, la orden de neutralidad para los medios públicos y
la desatención de los medios populares, no sirven absolutamente para
nada pues chocan con naves empresariales de timón fijo. Su rumbo
está ligado al declive nacional.
Para
nuestra preocupación, una de las Fuentes
consultadas habitualmente llegó a expresar, mientras observaba en
pantalla la portada web de uno de los medios citados: “pero qué
hijo de puta, si la semana pasada estuvo acá, charlando
amigablemente y comprometiendo apoyo a la campaña de salud. ¡Hasta
elogió al presidente, cara a cara!”. Preocupación por la
ingenuidad que denota el comentario y porque su interior desliza que
una gran parte de la administración supone que con unos buenos
avisos y un trato campechano los difusores de la división y el
rencor se comportarán como periodistas.
Están en otro juego. Los medios
que llevan adelante no tienen la menor intención de transmitir al
público lo que sucede. Son herramientas de presión para sostener y
ampliar el poder de las firmas que los contienen. Aunque no logran
cautivar a una mayoría social que respalda la acción gubernamental,
brindan letra, incentivo y altavoz a segmentos bulliciosos de triste
pensar y sucio sentir. Los movilizan. Incentivan sus odios pre
existentes. No les importa si una movida callejera origina contagios,
en tanto observan con interés esa curva que obliga a seguir la
cuarentena y les facilita clamar por “la economía”.
Al referirnos a estos medios,
poco tiempo atrás, recordamos que de nada sirve hacerles caras
lindas. Bien, hoy podemos complementar la expresión con otra que
puede aplicarse a la necesidad de potenciar una comunicación propia:
De nada sirve, escaparse de uno
mismo.
(
http://laseñalmedios.com.ar/2020/06/12/de-nada-sirve-escaparse-de-uno-mismo/
)
La Argentina no tiene en la
actualidad una empresa testigo en el comercio exterior de granos y en
la producción de alimentos. Tenerla, como es fácil advertir,
mejoraría la capacidad del Estado de intervenir en dos áreas muy
sensibles de la economía, como lo son el acceso a las divisas y el
abastecimiento de comida. En el mercado de trigo, por ejemplo, un
comprador de último recurso, como proyecta el Gobierno a la nueva
YPF Agro Vicentin, podría terminar con distorsiones del sector
privado, regular la provisión interna y los movimientos de precios.
Esa empresa testigo bajo control
estatal compraría el trigo a los productores y administraría las
ventas a la molinería a lo largo del año, facilitando al mismo
tiempo las operaciones de exportación. Sería en amplio beneficio de
los pequeños y medianos productores, con mejoras en las condiciones
de comercialización y financiación en relación a las que imponen
las cerealeras y las grandes industrias. También funcionaría como
una herramienta de control de la inflación, al transparentar
actividades y bajar costos.
Algunas de estas ideas forman
parte de la propuesta que Alberto Fernández puso sobre la mesa esta
semana. El objetivo es rescatar a Vicentin de la quiebra, desguace y
probable extranjerización, y transformarla en un instrumento de
gestión potente en los mercados de granos, aceites, alimentos y el
dólar. Ese plan tiene como beneficiarios principales a los segmentos
más desprotegidos del campo y a los consumidores. También es una
forma de que la banca pública y el fisco recuperen la monumental
deuda que dejó Vicentin, por la cual deberán rendir cuentas Javier
González Fraga, ex presidente del Banco Nación, y el gobierno de
Cambiemos.
La reacción en bloque de las
cámaras empresarias que representan a los grandes capitales
nacionales y extranjeros, como AEA, el Foro de Convergencia
Empresarial y la Sociedad Rural, expone la trascendencia que le
asignan a la transformación en marcha. Lo mismo hay que decir de la
respuesta de las entidades pymes vinculadas a la producción para el
mercado interno, que también salieron con fuerza, pero a respaldar
la iniciativa.
El Gobierno tendrá que ser
efectivo en la explicación de su proyecto a los chacareros, que por
razones económicas y de interés sectorial deberían ponerse al
frente de los apoyos, pero que en términos ideológicos en su
mayoría son refractarios a cualquier intervención del Estado. La
lucidez de la dirigencia agropecuaria que los nuclea y los caminos
que encuentre el Gobierno para acercar al movimiento cooperativo y a
los trabajadores serán factores decisivos para la implementación de
la nueva Vicentin.
En cuanto a la Unión Industrial
Argentina, en su reunión de junta de esta semana hubo gritos y
peleas por la posición a asumir, ya que la movida del Gobierno
proyecta un modelo de desarrollo con base en la agroindustria y
derrame sobre distintas producciones fabriles, pero a los dirigentes
de las empresas más grandes les gana su corazón liberal, el
antiperonismo y el rechazo a la presencia del Estado en negocios y
prácticas del sector privado, que opera bajo la ley del más fuerte.
Esos grupos son al mismo tiempo propietarios de grandes explotaciones
agropecuarias y sacan provecho de la desregulación del sector.
Desde el punto de vista del
Estado, el Gobierno analiza que YPF Agro Vicentin determine valores
de referencia para las exportaciones de cereales y oleaginosas. Ello
pondría en evidencia maniobras de elusión y evasión impositiva por
parte de las grandes exportadoras, la mayoría multinacionales, que
generan un drenaje de divisas al exterior mediante la subfacturación
de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones. Se sospecha
que lo hacen de manera reiterada en operaciones de comercio
intrafirma, algunas con sede en paraísos fiscales. Esa es una razón
central de por qué el proyecto genera tanto rechazo entre los
grandes exportadores del campo y sectores empresarios asociados.
Otro motivo es que esas empresas
apetecen los activos y mercados que manejaba Vicentin. De pasar a
incrementar su posición dominante en el sector, a las grandes
compañías como Cargill, Dreyfus, Cofco, Bunge, Noble, Aceitera
General Deheza, entre otras, les está por surgir un competidor bajo
dominio estatal que vendría a regular sus operaciones, controlar la
liquidación de impuestos y el manejo de las divisas.
Otra idea en estudio para la
nueva Vicentin es reconocer con mejores precios la materia prima de
mayor calidad. El hecho de que los exportadores no trasladen un
diferencial de precio por calidad al productor generó un deterioro
constante de los granos argentinos, tanto en soja como en trigo,
provocando un perjuicio en sus cotizaciones en los mercados
mundiales.
Con una empresa testigo en manos
del Estado se podrá facilitar la compra de insumos como semillas,
agroquímicos y fertilizantes, disminuyendo los costos de producción
y atenuando los perjuicios de prácticas oligopólicas de los
proveedores de esos insumos. El objetivo de fondo es favorecer la
exportación de manufacturas agroalimentarias con mayor valor
agregado.
El Gobierno deberá trabajar
intensamente para asegurarse los votos en el Congreso que le permitan
aprobar la ley de expropiación. Tanto de legisladores propios como
aliados. Es un proyecto bisagra como lo fueron en su momento las
estatizaciones de las AFJP e YPF. Igual que entonces, se le oponen
los aliados del PRO y la UCR, las grandes corporaciones empresarias y
los medios de comunicación del establishment.
Las iniciativas del campo popular
requieren la construcción de mayorías consolidadas para imponerse.
Esta semana hubo una prueba de que ello es posible con esfuerzo,
paciencia y perseverancia, como se vio con la aprobación de la nueva
Ley de Alquileres. El desafío de la nueva Vicentin va por la misma
senda.
La
Unidad de Información Financiera (UIF)
acusó a la empresa Vicentin
de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y
lavado
de dinero
en el exterior e involucró en las supuestas maniobras al ex
mandatario Mauricio
Macri,
al ex presidente del Banco Central, Guido
Sandleris;
al ex titular del Banco Nación, Javier
González Fraga;
y a los dueños de la cerealera.
El organismo antilavado formuló
la acusación en un escrito que presentó ante la Justicia Federal
con el que solicitó ser tenido por querellante en el marco de la
causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el
otorgamiento créditos por 18.500 millones de pesos por parte del
Banco Nación a Vicentin durante el gobierno de Cambiemos.
"Existen
indicios que nos permiten sostener que Vicentin no solo habría
simulado su estado de cesación de pagos sino que, a su vez, habría
utilizado su estructura en el exterior y/o la de Glencore para
remitir sus ganancias al extranjero", sostuvo la UIF, que
conduce Carlos
Cruz,
en la presentación realizada ante la fiscalía a cargo de Gerardo
Pollicita.
En el mismo texto se agregó que
"Vicentin Saic no es una isla, sino que forma parte de una red
corporativa que incluye 16 firmas en el país y otras tantas en
Uruguay, Paraguay, Brasil y España".
"Es
de destacar el rol de Renova, firma que canaliza parte del negocio de
granos del grupo y en la cual se materializa el acuerdo estratégico
que Vicentin tiene con el Grupo
Glencore,
uno de los mayores traders de granos del mundo", indicó.
Para la UIF, "tanto estas
maniobras fraudulentas como sus instigadores, autores, participes y
encubridores surgen también claramente dado que las gerencias
operativas habrían sido instruidas personalmente por González Fraga
para beneficiar a la firma, y éste, a su vez, habría sido instruido
al respecto por el entonces Presidente de la Nación".
El organismo destacó, además,
que "el control de esa actividad estaba en cabeza del Banco
Central de la República Argentina, por entonces presidido por el
señor Guido Sandleris.
En ese contexto, la UIF le
reclamó al fiscal Pollicita y al juez Julián Ercolini que se
"ordene la inhibición general de bienes respecto de Macri,
González Fraga, Sandleris y los empresarios Alberto Padoan y Gustavo
Nardelli, y se "proceda a efectuar un estudio de su patrimonio y
el de las empresas señaladas a los efectos de reemplazar estas
medidas por embargos preventivos suficientes".
Días atrás, fiscalía a cargo
de la investigación por supuesta defraudación de la empresa
Vicentin recibió al menos 70 archivos con información y documentos
enviados desde el Banco Nación que ahora están siendo analizados.
La denuncia que dio origen a las
actuaciones se presentó a raíz de un informe de las actuales
autoridades del banco que dio cuenta de supuestos créditos
irregulares otorgados a la empresa cerealera por más de 18.000
millones de pesos.
En el informe presentado por el
director del Nación, Claudio Lozano, se advirtió que la deuda
acumulada violó normativa del banco en relación a préstamos a
grandes empresas.
Esta semana, el Gobierno nacional
dispuso a través de un decreto de necesidad y urgencia la
intervención por 60 días de Vicentin para, según argumentó,
asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus
activos y de su patrimonio, la protección de los puestos de trabajo
en peligro y evitar daños sobre el mercado agroexportador y la
economía en general.
Esta edición de Tiempo dedica
ocho páginas a reflexionar sobre dos resortes centrales del
periodismo argentino. Uno es el sesgo porteñocéntrico de la
información que circula en todo el país. El otro, el profundo
desequilibrio del sistema de medios, con actores muy poderosos que
imponen sus reglas al resto. Fuera de agenda, la dinámica noticiosa
tiñó este Día del Periodista de un color aciago: la revelación de
que el espionaje ilegal desplegado por la AFI macrista apuntó, entre
cientos de trabajadores de prensa, políticos y referentes sociales,
a otros tres integrantes de la cooperativa que edita el diario.
Hay, a partir de la página 18,
dos bloques de contenidos que buscan enfatizar el debate sobre los
medios en la Argentina. El primero es una cobertura nacional de la
cuarentena, escrita por colegas de cuatro medios cooperativos,
integrantes, como Tiempo, del Encuentro Nacional de Diarios
Recuperados, y realizada con el apoyo de la Fundación Friedrich
Ebert. En contraste con la realidad única vociferada desde la Ciudad
de Buenos Aires, construida desde los medios corporativos porteños,
la pandemia se vive en Resistencia, Rosario, Córdoba y Esquel de
maneras muy diferentes.
El mismo pluralismo que ilustra
esas crónicas se pone en discusión en las páginas siguientes,
donde reconocidos expertos en comunicación, como Martín Becerra y
Damián Loreti, señalan los dobleces de la política de medios del
actual gobierno, que lejos está de resolver los abusos que legitimó
el gobierno anterior. La direccionalidad de los programas de
asistencia para el pago de sueldos, destinados a los medios
comerciales, particularmente a los hegemónicos, como Clarín y La
Nación, deja de lado a los medios cooperativos y sin fines de lucro,
reproduciendo la disparidad en un sistema fuertemente concentrado.
Hasta ahí llegaba en esta
edición el aporte al debate a propósito del Día del Periodista,
pero hubo algo más en relación a nuestro oficio. Ya sabíamos que
la AFI había hackeado la casilla de correo electrónico de Gerardo
Aranguren, periodista de Tiempo. Ahora se suman Randy Stagnaro,
Claudio Mardones y Nicolás Eisler a la lista de espiados ilegalmente
por los servicios de inteligencia durante el gobierno de Cambiemos.
El Juzgado Federal Nº 11, a
cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, ya aceptó la solicitud de
Tiempo, acompañada por el CELS y el SiPreBA, para conocer la causa
iniciada una semana atrás por la denuncia de la interventora de la
AFI, Cristina Caamaño. La cooperativa procederá del mismo modo en
relación a estas nuevas revelaciones que, en una jornada que
deberíamos celebrar, proyecta más y más sombras sobre los oscuros
sótanos de la democracia.
En estos tiempos pandemicos, la
desigualdad nos devuelve su cara mas patética, la de los intereses
que se sostienen a como de lugar y aquellos que los ponen en …
Daniel Roberto Tàvora Mac
Cormack
Comentarios
Publicar un comentario