Lunes
29 de Junio de 2020
Se
cumplieron 100 días desde el anuncio del Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio. En ese lapso fueron alterados los hábitos
de la población, el humor social tiene oscilaciones previsibles por
los bruscos cambios de la vida cotidiana y el circuito comercial y
productivo se está adaptando a nuevos protocolos sanitarios y
laborales.
La
pandemia ha dejado al descubierto hasta qué punto pueden ser tóxicos
para la convivencia en la diversidad algunos medios de comunicación,
analistas, conductores/as de noticieros y, por supuesto, la activa
legión de economistas ortodoxos dominantes en el espacio público.
Otra
vez, como es habitual, con o sin pandemia, la realidad no se acomodó
a sus burdos pronósticos. A continuación se detallan siete falacias
económicas diseminadas en estas 2400 horas de una estrategia
sanitaria, con fuerte impacto socioeconómico, que ha salvado miles
de vida e igual la combaten con impudicia.
1.
La emisión monetaria provocará más inflación.
Desde
el primer momento en que el gobierno de Alberto Fernández presentó
un amplio programa de rescate de empresas y trabajadores financiado
con emisión de dinero, apareció el alerta por el ineludible
desborde de los precios.
La
prensa conservadora fue el amplificador de las opiniones de un elenco
estable de economistas del establishment que amenazaba con que la
tasa de inflación iba a subir. Pero esas proyecciones no se
verificaron.
Por
el contrario, el índice de precios al consumidor en abril y mayo fue
de 1,5 por ciento en cada uno de esos meses, registros de los más
bajos desde noviembre de 2017. Además de la recesión, esa evolución
de precios se debe a una política deliberada de frenar la inercia
inflacionaria con el congelamiento de tarifas, un prudente ajuste
alcista del tipo de cambio oficial y con la política de precios
máximos.
Para
evitar que el colapso de la economía no se convierta en una tragedia
social la emisión de dinero es la principal y más efectiva medida
de política económica.
2.
En el segundo semestre habrá una aceleración inflacionaria con
rumbo a la híper.
Como
el pronóstico de alza de precios no se concretó en estos meses, la
forma de eludir el papelón es amenazar con que en la segunda mitad
del año la inflación se desbordará. Más aún, advierten que la
hiperinflación está tocando la puerta y que ingresará en el 2021.
Es
una proyección temeraria que no toma en cuenta algunos
factores objetivos: el Gobierno adelantó que las tarifas
seguirán congeladas, que la política de control de precios
continuará y que no habrá un deslizamiento fuerte del tipo de
cambio.
Plantear
ese riesgo es grotesco en términos teóricos
y prácticos , además de cruel para la mayoría de la sociedad.
Es una muestra del desprecio de esos promotores del miedo en la
economía por los sectores vulnerados que sufrirían aún más si se
limitara la expansión monetaria.
En
realidad, esa presión para limitar la emisión es la expresión de
una disputa política acerca de la capacidad de intervención del
Estado.
El
reclamo debería ser para que se emita más y que el Gobierno no se
inhiba por una visión fiscalista desubicada del actual contexto
local e internacional. La economía argentina tiene muy limitado el
acceso al financiamiento local en pesos y cerrado el externo por el
desastre financiero dejado por Macri.
3.
Como no hay plan económico y por miedo a que en la cuarentena se
imponga un corralito los ahorristas no renovarán los plazos fijos en
pesos.
Fue
una convocatoria a una corrida bancaria que no tuvo observaciones
críticas de las almas bellas de los medios de comunicación.
El
resultado fue el opuesto. El último Informe Monetario mensual del
Banco Central detalla que a partir de la medida de obligar a los
bancos de fijar una tasa de interés positiva en relación a la
inflación esperada, con el objetivo de proteger los ahorros en pesos
de personas y empresas, los depósitos a plazo en pesos del sector
privado crecieron 8,1 por ciento nominal en mayo respecto al mes
anterior, que representa un alza de 5,4 por ciento en términos
reales.
A
fines de mayo, el saldo de las colocaciones a plazo se ubicó 7,1 por
ciento por encima de los niveles previos al ASPO.
4.
Las cotizaciones del dólar blue y dólar Bolsa seguirán subiendo
con un mercado cambiario descontrolado.
El
mes pasado, el consenso de analistas de la city fue que la emisión
monetaria había provocado el salto de esas paridades. Y que la
escalada continuaría porque se intensificarían la emisión y la
consiguiente fuga de la moneda nacional hacia el dólar.
Otro
pronóstico que no se cumplió. Luego de que el Banco Central y la
Comisión Nacional de Valores intervinieran sobre filtraciones en el
control de cambios, el precio del dólar Bolsa se desplomó .
La
brecha cambiaria con la paridad oficial que había trepado hasta poco
más del 80 por ciento bajó a la mitad, y el último viernes se
ubicó en 45,9 por ciento. El dólar MEP cerró en 102 pesos,
mientras que el dólar contado con liquidación, en 105 pesos.
Como
el dólar Bolsa frenó la suba y, por el contrario, empezó a
bajar, dejó de ser noticia para promotores de corridas. Esto no
significa que no haya futuras turbulencias cambiarias, pero lo
relevante para este análisis es que no sucedió en estos meses lo
que alentaban esos economistas.
5.
Las acciones y títulos públicos no se recuperarán del derrumbe.
Las
cotizaciones de los activos bursátiles registraron un muy fuerte
derrape. La crisis global provocada por el coronavirus implicó una
fuga de capitales especulativos de los denominados mercados
emergentes por casi 100 mil millones de dólares.
Desde
el máximo del 30 de enero, cuando el índice MerVal marcó 40.395
puntos, descendió 45 por ciento hasta el mínimo del 18 de marzo, al
anotar 22.087 puntos. Tocó un pico de 48.8812 puntos el 8 de junio,
para cerrar el viernes pasado en 40.490.
En
esta primera mitad del año, ese indicador bursátil subió todo lo
que había bajado. Los negocios bursátiles seguirán moviéndose
en un escenario de mucha incertidumbre e incluso el FMI advirtió
acerca de la posibilidad de una segunda ola del crac bursátil.
6.
Guzmán (Martín, ministro de Economía) es un intelectual, pasante,
inexperto y no entiende cómo funcionan los mercados para poder
negociar con los acreedores.
Quienes
menosprecian la tarea de Martín Guzmán están desubicados frente a
los avances en la negociación. En realidad, les molesta que defienda
los intereses nacionales y no se entregue mansamente a firmar las
demandas de los grandes fondos de inversión.
Es
evidente que la paciente labor de Guzmán se impuso a la arrogancia
de los acreedores, que cuentan con una amplia red de repetidores
mediáticos de sus intereses. Los "lobos de Wall Street",
como son mencionados en algunos medios, tuvieron que aceptar las
condiciones de negociación planteadas por el ministro.
Cada
uno de los grupos acreedores presentó una contraoferta por escrito
teniendo en cuenta la sustentabilidad de la deuda, la reducción de
la tasa de interés y la extensión de los vencimientos. O sea, la
línea conceptual de la renegociación presentada desde el primer
momento por Guzmán.
El
avance de las conversaciones en estos días no es con el valor de la
oferta piso de Guzmán, que deliberadamente fue muy bajo, ni el del
techo de los acreedores, que era elevado. Así son este tipo de
negociaciones.
La
firmeza de Guzmán, en caso de cerrar el acuerdo en un valor total de
52 dólares, implicaría un alivio de 33.800 millones de dólares
respecto al valor de canje pretendido inicialmente por los
acreedores.
7.
La cuarentena es la más larga del mundo y está destruyendo la
economía.
Medios
y periodistas opositores siguen repitiendo una sentencia que no se
verifica en la realidad. Casi todo el país no está en cuarentena
como la que se registra en el Área Metropolitana de Buenos
Aires.
No
hay una sola cuarentena sino varias . A partir de datos que elabora
Google, la consultora PxQ de Emmanuel Álvarez Agis concluye que la
movilidad de las personas en la Argentina está por encima de la que
se registra en países vecinos para el caso de los traslados a
lugares de trabajo, movimiento en estaciones de tránsito y locales
de comidas y farmacias.
Quienes
proponen el rápido reinicio de la actividad económica a partir de
la necesidad social de recuperar la deseada normalidad pasada
aseguran que la cuarentena generó la crisis. No es así. El
coronavirus fue el que provocó la fulminante alteración del
funcionamiento de la economía.
Con
o sin cuarentena, más estricta o más flexible, el colapso de la
economía ya es inevitable . La pandemia provoca que los comercios no
puedan abrir y, si abren, vendan poco y nada. Además que las
industrias funcionen a media máquina.
Las
diferencias entre una y otra estrategia es la cantidad de muertos.
Con una política sanitaria preventiva, es menor, mientras que con
una laxa, es mayor.
El
último informe de proyecciones 2020 del FMI expone con frías cifras
que economía o salud es un falso dilema. Hay diferencias de pocos
puntos porcentuales de caídas del PIB en los países, desde el 12,8
por ciento de España e Italia, pasando al 9,9 de Argentina y 9,1 de
Brasil, hasta el 8,8 de Estados Unidos y 7,8 por ciento de Alemania.
La
diferencia no es en la evolución estimada del Producto, sino que
aparece a la hora de contar fallecidos por la pandemia . Proteger la
salud no interfiere con el desarrollo económico, lo promueve.
Tóxicos
El
Estado está recobrando su importancia como ordenador social y
proveedor de servicios básicos y esenciales a la población, como es
la salud pública.
Aparece
como un actor relevante para evitar quiebras masivas de empresas y
bancos.
Se
presenta como el protector del trabajo y, por lo tanto, de los
trabajadores, como así también de los grupos sociales desplazados
del circuito productivo y de consumo tradicional. Hace mucho y puede
hacer más y mejor. En ese espacio debería estar el centro de la
controversia y las tensiones políticas, eludiendo la vía
inconducente entre más o menos apertura comercial e industrial en el
AMBA mientras el virus circula con intensidad.
Por
unos días, en la primera etapa de la cuarentena, daba la impresión
de que había un cambio de clima social y político. Había
miedo y el primer shock generó la fantasía de que los medios de
comunicación tóxicos dejaban de serlo. Incluso se promovió una
edición de diarios de papel con una tapa igual que convocaba con la
frase "Al virus lo frenamos entre todos. Viralicemos la
responsabilidad".
Hubo
comunión entre trabajadores y empresarios acerca de que había que
privilegiar la salud en lugar de la economía. Incluso había
conversaciones de balcón a balcón de las clases medias que reunían
al gorila y al antigorila en un abrazo simbólico.
Los
aplausos eran para los castigados y olvidados trabajadores de la
Salud. Fue una ilusión.
El
espacio público sigue dominado por medios de comunicación de
derecha que promueven la anticuarentena y economistas reaccionarios y
conservadores que siguen publicitando políticas y teorías
económicas que han fracaso en términos del bienestar general. Son
esas mismas políticas de ajuste que explican la debilidad de los
Estados para atender la emergencia sanitaria.
Entre
Vicentin y el impuesto a las grandes fortunas:
LAS
INTENCIONES TRUNCAS
A
más de cien días, siguen las indefiniciones respecto a temas
claves que definirán el escenario de los próximos años.
El
poder real libra su batalla en el escenario global de la pandemia que
azota al mundo, con los atisbos de Estados que se debaten entre su
“razón de ser”, equilibrando pujas distributivas o Asociados al
poder real, con la posibilidad cierta de confirmar el discurso
transnacional de su ineficacia, inutilidad o necesidad de convertirse
en instituciones de gestión profesional, Coaching y gestión de
riesgos y crisis.
El
gobierno ha fijado fecha para la presentación en el Congreso del
impuesto a las grandes fortunas: será el 14 de julio, en cuanto
terminen las dos semanas de endurecimiento de la cuarentena en el
AMBA anunciadas el viernes por el Presidente Alberto Fernández. Tal
vez se postergue unos pocos días, dado que la cuarentena reforzada
concluye el 17.
Privilegiar
este proyecto implica una admisión tácita de los errores cometidos
en la explicación pública de la intervención a Vicentin, y la
voluntad de enmendarlos.
El cumpleaños del pequeño Néstor Kirchner
La
intervención/expropiación de la cerealera santafesina concita
aproximadamente las mismas adhesiones y repudios que se expresaron en
los guarismos electorales de octubre de 2019, lo cual se debe en
parte a la falta de preparación oficial para formular un anuncio del
que no estuvieron al tanto con suficiente antelación ni el ministro
de Agricultura, ni el Procurador del Tesoro, ni el Inspector General
de Justicia y al que se le asignó una importancia desmesurada, sobre
la base de frases simples pero de significado impreciso como
soberanía alimentaria o empresa testigo. Esta fue una oportunidad
que no desaprovecharon los grupos políticos que desde el 19 de marzo
estaban buscando cómo golpear a un gobierno cuyas decisiones ante la
pandemia le granjearon uno de los niveles de aprobación más altos
para el primer semestre en la Argentina post-dictatorial.
En
cambio, el impuesto a las grandes fortunas atrae al 70% de la
población y es una señal hacia el conjunto del patronato, no sólo
hacia una oveja negra enredada en sus propios chanchullos.
En
los últimos días se definieron las dos cuestiones que aún seguían
pendientes sobre la instrumentación del impuesto, en el que
trabajaron los diputados Máximo Kirchner, Carlos Heller y Hugo
Yasky, y que dio lugar a consultas con el Presidente y con el
ministro de Economía, Martín Guzmán:
- El piso a partir del cual se aplicará será un patrimonio de 200 millones de pesos.
- Lo recaudado tendrá asignación específica.
El
piso de 200 millones de pesos circunscribe a 11.000 personas la
población que será alcanzada por la contribución extraordinaria,
es decir el 0,024% del total de lxs argentinxs, lo cual no deja dudas
sobre la justicia de la medida.
Los
aproximadamente 3.000 millones de dólares que se recauden no irán a
paliar el déficit fiscal, como deseaban algunos funcionarios, sino
que se destinarán a tres propósitos:
- El financiamiento de las inversiones comprometidas por la ley que creó el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
- La inversión en proyectos gasíferos, tanto de YPF como de compañías privadas, y
- Créditos blandos a las pymes, que dinamicen la economía.
El
proyecto de ley del Renabap fue inspirado por el Papa Bergoglio y
presentado en el Congreso por el radical Mario Negri, la heroína
cívica libertadora Elisa Carrió y el diputado de PRO, Nicolás
Massot, y fue apoyado por las distintas fracciones del peronismo. Fue
promulgado en noviembre de 2018 pero transcurrido un año y medio, no
se ha avanzado en su aplicación por falta de los más de mil
millones de dólares que debían invertirse por año para expropiar y
urbanizar terrenos dentro del régimen de integración socio urbana y
regularización dominial. Kirchner incluyó el financiamiento de este
programa como prioridad para la asignación de los recursos que
generará la contribución extraordinaria. El 14 de julio cumplirá
siete años su hijo Néstor. Es también un nuevo aniversario de la
Revolución Francesa.
Entre
los anuncios presidenciales del viernes, pasó desapercibido lo que
dijo del Ingreso Familiar de Emergencia, IFE: se pagará por tercera
vez en el AMBA y en Chaco. Es decir, sólo allí y no en el resto del
país donde la reapertura de actividades no lo torna imprescindible
para la supervivencia. Todavía no está decidido, pero es posible
que la restricción geográfica vaya acompañada por un incremento en
el monto de la transferencia, que en vez de 10.000 pesos podría
llegar a 15 o 20.000.
Selvas de marfil
Un
par de subcomandantes descienden de sus selvas de marfil para
escarnecer al gobierno por lo que consideran un retroceso en el caso
Vicentin, y las redes se recalientan con declaraciones de apoyo a la
medida, para consumo de lo que Artemio López definió como
audiencias redundantes. Esto tranquiliza a las distintas alas de la
militancia del send
y el enter
y no le hace cosquillas a la realidad.
En
cambio, el director ejecutivo del grupo, Máximo Padoan, nieto de
Máximo Vicentin, aseveró en forma categórica que el plan de
rescate del gobernador Omar Perotti “es mucho peor que el DNU de
Alberto Fernández”: el Presidente dispuso la intervención por dos
meses, el gobernador hasta la conclusión del concurso de acreedores.
Por eso, el juez provincial Fabian Lorenzini no lo aceptó e insistió
en mantener al directorio en sus puestos, si bien ha empezado a
indagar sobre el patrimonio de algunos de sus integrantes.
Son
dos visiones excluyentes. O Fernández arrugó, como sostiene la
agrupación Animémonos y Vayan, o afinó la puntería y está más
cerca del blanco. El gobierno nacional presentó un pedido de
reposición ante el propio Lorenzini, y el de Santa Fe reclamó que
la causa pasara al fuero contencioso administrativo federal de la
Capital, recurso que está a consideración de la jueza María
Alejandra Biotti, aquella que impidió que diversos juzgados del
interior pusieran freno a los tarifazos del gas en 2016.
Gianfrancamente
Biotti
también rechazó el pedido del entonces diputado Felipe Solá de
inconstitucionalidad del artículo 6 del Decreto N° 1.206/2016 por
el que Macrì amplió la posibilidad de blanquear dinero sucio a
familiares de funcionarios, causa que ya llegó en apelación a la
Corte Suprema de Justicia. Sobre el mismo tema presentó esta semana
un proyecto de ley la diputada Graciela Camaño. Solicita dejar sin
efecto ese artículo del decreto, “por resultar nulo de nulidad
absoluta e insanable por contravenir normas y principios básicos de
orden público constitucional”. Sus argumentos son que un decreto
reglamentario no puede modificar una ley y que el Poder Ejecutivo ni
siquiera por vía de necesidad y urgencia puede legislar en materia
tributaria.
Muy
cierto, pero desde que publiqué los datos del blanqueo de Gianfranco
Macrì, hermano del ex Presidente (622 millones de pesos, que
entonces equivalían a 35,5 millones de dólares), se arrastra un
equívoco: la autorización para hacerlo no provino del decreto sino
de la propia ley. El entonces Frente de Todos, cuyo expositor fue el
ex ministro y actual gobernador Axel Kicillof, propuso incluir en la
prohibición de blanquear a los familiares de funcionarios hasta el
cuarto grado de consanguinidad o afinidad. Esto hubiera alcanzado a
toda la parentela: hermanxs, abuelxs, nietxs, primxs, tíxs,
sobrinxs, cuñadxs. También Solá y algunos radicales plantearon lo
mismo. Pero el oficialismo y el adelantado camaleón Micky Vainilla
sólo prohibieron blanquear a progenitores, hijx y cónyuges. Es
decir que los hermanos, como Gianfranco, podían hacerlo.
Lo
que el decreto reglamentario hizo es permitir que también los
familiares excluidos pudieran beneficiarse siempre que demostraran
que esos bienes “se encontraban incorporados en su patrimonio con
anterioridad a la fecha” en que el familiar directo asumió su
cargo. Más útil que derogar el decreto, que en cuatro años ya
generó derechos adquiridos, sería averiguar si Franco Macrì,
Alicia Blanco Villegas o alguno de los cuatro hijos emancipados de
Maurizio se presentaron, lo cual ratificaría la presunción de que
aquel fue un decreto con nombres y apellido.
Casus belli
También
demuestra que el gobierno no desea convertir la intervención a
Vicentin en un casus
belli
con el sector agropecuario y mucho menos con el conjunto del
patronato, que es lo que intenta la oposición pura y dura, y
privilegiar otros temas que considera más importantes.
Pronunciamientos categóricos en favor de la intervención por parte
de gremialistas campestres, como el presidente de la Sociedad Rural
de Córdoba, el ganadero Pedro Salas, desaconsejan emblocar a todo el
sector como enemigo, cuando no lo es. Salas le dio un paseo
inolvidable en una entrevista por radio a un vocero del oportunismo
propatronal. “Hay que estar alucinado para comparar esta situación
con la de Venezuela. ¿Usted sabe que Venezuela importa alimentos?”,
le dijo. Nunca esta veleta había recibido semejante sopapo que le
hiciera dar varias vueltas en redondo.
Quedan
de todos modos muchas preguntas por hacer. Por ejemplo:
—¿Alberto
no sabía que el anuncio le vendría como anillo al dedo al ala dura
del PRO?
—No.
—¿
Cómo es posible?
—El
gobernador de Santa Fe le había transmitido que cuando se supiera
que el gobierno se haría cargo del rescate del grupo económico
transnacionalizado Vicentin, habría expresiones de júbilo en su
provincia.
Las
reacciones siguieron distintas líneas. En el norte santafesino,
donde Vicentin tiene su sede histórica, sus directivos se cuidaron
de pagar todos los granos recibidos de los productores y el banderazo
tuvo inserción social, lo mismo que en las comunas más prósperas
de la Ciudad Autónoma. En la zona de Rosario y el sur de la
provincia, donde los hermanos Nardelli y Beto Padoan dejaron un
tendal, nadie los considera víctimas de la voracidad estatal.
Otro
de los errores fue disponer en el DNU que la expropiación alcanzaría
a la sociedad Vicentin SAIC, lo cual implicaría asumir también sus
pasivos, en vez de circunscribirse a sus activos.
La
relación de Vicentin con el ex Presidente Maurizio Macrì tiene una
dimensión oculta que es conocida por los demás actores del negocio
de cereales y oleaginosas. La compañía de los hermanos Nardelli y
Padoan era el instrumento mediante el cual Macrì intentaba controlar
el principal negocio de exportación de la Argentina. Macrì y
sus empresas, no el Estado.
Una
de las constataciones más llamativas es que la capacidad de crushing
de la cerealera concursada creció en forma notable durante los
cuatro años del gobierno de Macrì, pese a que en el conjunto del
mercado había importante capacidad ociosa. La producción local de
soja ronda los 50 millones de toneladas y el volumen de procesamiento
posible es casi 50% mayor. Con capacidad para moler 50.000 toneladas
diarias entre sus distintas plantas, Vicentin llegó a representar el
24% de la molienda en el país.
Su
expansión se realizó sobre la base de crédito de la mesa de dinero
del Banco Mundial, de bancos agrícolas europeos y de bancos locales,
comenzando por los públicos (Nación, Ciudad y Provincia de Buenos
Aires). El Nación es su principal acreedor y le estuvo practicando
reanimación cardiopulmonar financiera cuando sus signos vitales ya
se habían extinguido.
Como
un vulgar esquema Ponzi, la pirámide se derrumbó en cuanto les
Fernández derrotaron a Juntos por el Cambio en las elecciones
presidenciales de octubre pasado. Los accionistas de Vicentin habían
sido los principales aportantes de la fórmula Macrì-Micky Vainilla.
Luego de recibir un último y suculento crédito del Banco Nación,
al margen de las relaciones técnicas que sus autoridades estaban
obligadas estatutariamente a seguir y de ceder la mayoría accionaria
de Renova a la suiza Glencore (entre cuyos accionistas se destaca el
fondo BlackRock), Nardelli, Padoan y sus familiares más próximos
emprendieron una veloz operación de insolvencia programada,
vendiendo y donando propiedades, para no responder ante los
acreedores estafados, en la fila donde comparten penas proveedores de
granos, trabajadores y bancos. La línea de tiempo elaborada por
Berco para sus Brotes
Verdes a
partir de los datos del expediente judicial no deja lugar a dudas.
Tampoco las tienen el Banco Mundial y los otros acreedores
internacionales, que pidieron que un juzgado de Wall Street
investigue donde fueron a parar mil millones de dólares que
desaparecieron de la vista entre julio pasado, cuando Vicentin
presentó estados contables rozagantes, y diciembre, cuando se
declaró abatida por el stress financiero.
En
marzo, cien días después de la cesación de pagos, Gustavo Nardelli
fue detenido por la Prefectura, que le secuestró su yate Champagne,
cuando navegaba por el río Paraná en violación de la cuarentena,
en compañía de una mujer. El yate, de casi 20 metros, está tasado
en más de un millón de dólares.
El
4 de diciembre de 2019, el conglomerado se declaró en cesación de
pagos, el 6 le ofreció al Presidente electo el 60% del paquete
accionario, siempre que permitiera a los Nardelli-Padoan conservar el
40% y eludir la responsabilidad por el ostensible vaciamiento.
En
la segunda reunión con los nietos de los fundadores, el ya
Presidente Alberto Fernández dijo que, mirando la documentación del
caso, le llamaba la atención la cantidad de empresas del grupo
familiar. El almirante de aguas turbias Nardelli respondió con
displicencia: “Esos son sellos que creamos para contraer deudas”.
El cinismo de la expresión ante la pregunta presidencial describe la
calaña de su interlocutor.
Estos
entretelones no son conocidos por el conjunto de la sociedad, porque
Alberto trató de no profundizar la polarización con un sector que
en la Ciudad Autónoma y en el centro del país está dispuesto a
creer que el Presidente huele a azufre y que su Vice tiene pezuñas.
El
Presidente tiene el propósito de narrar esta historia en detalle, en
una presentación que haría el martes 30, aunque esto responde más
a una necesidad de desahogo ante lo que siente como una injusticia
que a una decisión meditada, dentro de un plan mejor pensado que los
pasos iniciales. Lo que tiene por delante es un dilema donde cada
solución tiene su contra:
- Seguir acompañando la alternativa Perotti, aunque por segunda vez las previsiones del gobernador no coinciden con los datos de la realidad, lo cual no asegura el resultado.
- Derogar el DNU de la intervención, para no dejar en pie el precedente de que un juez de pueblo puede prevalecer sobre la voluntad presidencial, consignada en un decreto que, mientras no sea repelido por las dos cámaras del Congreso, tiene fuerza de ley. Ambas variantes alimentarían los desbordes interpretativos desde las diversas izquierdas de papel.
- Enviar al Congreso el proyecto de expropiación, precisando los activos del grupo que interesan. En este caso, el riesgo es que no haya número suficiente y se repita el rechazo legislativo como en 2008.
Vicentin
no debería convertirse en una sinécdoque de la imprescindible
reforma institucional que permita conocer y regular el comercio
exterior y el trasiego de divisas. Esto vale para todos los rubros
centrales de las exportaciones e importaciones argentinas. Al día de
hoy, el Estado Nacional no posee una empresa dotada de la tecnología
actual que le permita saber cuál es la cantidad exacta de petróleo
que extraen las empresas privadas, lo cual no afectaría el dominio
provincial de los yacimientos. Aunque cueste creerlo, impuestos y
regalías se basan en la declaración jurada de esos grandes
mentirosos. Los tratados bilaterales de inversiones, que atan al país
al arbitraje de las propias empresas multinacionales en el CIADI o la
Cámara de Comercio de París, las leyes de entidades financieras y
de inversiones extranjeras, el control de cambios y la
legislación impositiva tienen infinita mayor relevancia que el
destino de una empresa particular, por importante que sea. Si nada de
eso se emprendiera, daría lo mismo bajo qué bandera quedara tal o
cual empresa. La palabra clave en el mundo de hoy es regulación.
Tomar el rábano por las hojas no es lo más aconsejable.
Mercado y Estado
Mientras
el gobierno medita el camino a seguir, tres dirigentes de la primera
línea del oficialismo accedieron a un encuentro solicitado por cinco
capitostes del empresariado, en el que se abordaron con franqueza las
perspectivas de la relación entre el peronismo en el gobierno y el
patronato. De un lado se sentaron:
- Un ministro del Poder Ejecutivo,
- Una autoridad política del Frente de Todxs y
- Una representación institucional del Congreso de la Nación.
Del
otro, formaron:
- El líder de una de las más antiguas cámaras patronales, que observa con más interés que nadie lo que sucede con Vicentin y no porque le preocupe el interés nacional;
- Un banquero representativo de buena parte de sus colegas locales, que ha sido convencido oficialista con todos los gobiernos que se sucedieron desde 1983;
- Uno de los grandes petroleros con intereses en Vaca Muerta;
- Un gran constructor que pasó una semana detenido en la Encuadernadora del Doctor Glock, hasta que confesó haber pagado para que el Estado le cancelara deudas por obras realizadas, y
- Un inversor en emprendimientos energéticos, de intrincada relación con el ex Presidente Maurizio Macrì y sus negocios.
La
autoridad política dijo que el gobierno necesita empresas privadas
fuertes, que contribuyan al crecimiento y a la creación de empleo,
pero que los hombres de negocios necesitan de un Estado fuerte que
fije y haga cumplir reglas del juego.
Uno
de los asistentes del otro bando expresó entre cuatro paredes la
preocupación que el macrismo vocifera en público acerca del respeto
oficial por la propiedad privada.
—Si
tuviéramos vocación por avanzar sobre la propiedad privada
hubiéramos planteado la expropiación de Cargill, no de Vicentin,
que es un agujero negro de deudas y estafas —fue
la respuesta.
Sería
excesivo decir que hubo grandes coincidencias o que se llegó a
acuerdos de algún tipo. Pero la apertura de canales de diálogo es
en sí significativa.
Sobreactuaciones
Siempre
existe el riesgo de sobreactuaciones, como el encomio presidencial al
testaferro del ex Presidente Maurizio Macrì, Marcelo Mindlin,
ofensivo para quienes denunciaron y combatieron la promiscua relación
de este tipo de hombres de negocios con el poder político capturado
por sus pares.
Alberto
lo describió como un empresario nacional que invierte en el país,
sin mencionar que entre las distintas empresas que figuran a su
nombre, encabeza la lista de quienes mayores activos externos han
formado durante los cuatro años del macrismo, con 1.600 millones de
dólares, repartidos entre Pampa Energía, Petrobrás, Transportadora
de Gas del Sur y Edenor. Mindlin, quien blanqueó 44 millones de
dólares en 2017, figura como comprador de la empresa familiar de los
Macrì, IECSA, pero la investigación del fiscal Franco Picardi
determinó que la venta fue simulada y que Mindlin es socio de los
Macrì en una compañía offshore
establecida en el Estado norteamericano de Delaware, que a su vez es
accionista de SACDE (el nombre con que renació IECSA, para que se
perdiera mejor el rastro, una costumbre inveterada de los Macrì en
sus negocios en todo el mundo). Esa empresa se llama Emes
Energía Argentina LLC.
Emes son las iniciales de Marcelo Mindlin y Maurizio Macrì. Tampoco
la veracidad de la transferencia previa de Franco Macrì a su sobrino
Angelo Calcaterra estuvo libre de sospechas. Se realizó en 2007,
días antes de que Maurizio Macrì asumiera como alcalde porteño,
para evitar ostensibles conflictos de intereses. Franco Macrì
denunció que entre sus hijos y sus sobrinos lo habían despojado de
la empresa que creó y la familia se enzarzó en una disputa
judicial. Los hijos pidieron que se declarara demente al padre.
Cuando murió, Maurizio Macrì dijo que había sido parte de un
sistema corrupto. Ése no es el modelo empresarial en el que pueda
basarse el futuro argentino.
Fernández
alega que fue él quien dispuso que se investigara quiénes formaron
activos externos. Además, Mindlin fue el primero que aceptó sin
protestar la desdolarización de las tarifas. Cuando, además, el
gobierno las congeló, recurrió a Fernández para explicarle que
estaba en medio de una inversión de 350 millones de dólares, en la
principal central térmica nueva. El presidente le repuso que la
terminara con los fondos que sacó del país. Es la central que el
Poder Ejecutivo inauguró por videoconferencia, desechando la
propuesta de Sergio Massa de asistir en persona. En sus breves
palabras, Fernández trazó una comparación tácita con Vicentin. En
este caso no hubo agujeros negros en la contabilidad de los bancos
públicos, dijo.
Bien
dicho. ¿Alcanza? Creo que no.
En
1981, la SIP otorgó un premio a la libertad de expresión a Jacobo
Timerman. Durante la asamblea de la organización donde se entregó
el premio, el subdirector de La Nación, Claudio Escribano, pronunció
un discurso descalificatorio del colega perseguido y despojado por la
dictadura militar. “No te pedían tanto, Claudio”, le respondió
Timerman.
LA
ÚLTIMA VEZ
La redistribución debe ser
previa al crecimiento, para definir el perfil productivo
Objetivos
Cuando comenzaron las
negociaciones para la reestructuración de la deuda con los
acreedores privados el Presidente Alberto Fernández estableció tres
objetivos clave:
- No someterse a la elaboración de un plan económico que implicase políticas de ajuste.
- Que sea un plan sustentable, en el marco de lo planteado en el punto anterior, lo que significa no realizar un arreglo que lleve a futuras refinanciaciones por ser incumplible, y que no altere un sendero de desarrollo de la economía nacional.
- Dejar las bases construidas para que se cierren los ciclos de endeudamiento de la economía argentina.
Este tercer objetivo merece una
detenida reflexión, pues supone un cambio de época. Los ciclos de
endeudamiento han sido el rasgo característico de la época del
neoliberalismo. Deuda y fuga. En ritmo vertiginoso y catastrófico,
los gobiernos que promovieron la apertura financiera, las políticas
de consolidación y ajuste fiscal y la libertad de mercado como
funcionamiento predominante de la actividad económica, provocaron el
estancamiento, la regresividad distributiva y el endeudamiento.
Mientras que aquéllos que asumieron con la vocación de disminuir la
desigualdad y construir una Argentina con producción diversificada,
tuvieron que lidiar con los compromisos externos contraídos por el
bloque concentrado y financiarizado.
El giro del debate que pretenden
hacer los economistas ortodoxos, los cuales respaldaron las políticas
de liberalización y desintervención estatal, persigue enmascarar el
verdadero problema que tiene el actual gobierno nacional y popular.
Maniobran la discusión respecto
al origen del endeudamiento, a su total improductividad, y sin
ninguna contrapartida en términos de algún activo que lo
justifique. Esta deuda es un pasivo sin existencia de ninguna obra,
bienestar popular o ampliación del aparato productivo. ¿Dónde
están las divisas que se deben? Se fugaron. Sin embargo, el
enmascaramiento desplaza el debate sobre lo ocurrido: si el
gobierno negocia bien o mal la reestructuración del endeudamiento
que dejó el neoliberalismo de Cambiemos. Para ellos el arreglo
resulta un tema excluyente, y lo argumentan sobre la base de
recomponer el acceso a los mercados internacionales de crédito.
¿Para qué? Para volver a endeudarse y vivir otro ciclo de apertura
y fuga. Por eso desesperan en rogar al gobierno que no sea firme
frente a los acreedores, y postulan que lo único conveniente es
acceder a sus demandas.
El
Estado
Las preocupaciones del Frente de
Todos pasan por otros meridianos: cómo reconstruir una política de
crecimiento autónomo, desarrollo, construcción de igualdad. Este
proyecto requiere de la intervención del Estado, que ponga fin a la
autorregulación mercantil.
La etapa histórica es diferente,
pero hay una discusión necesaria en términos del proyecto que hizo
posible varias fases de industrialización del país: la sustitución
de importaciones. No para su reiteración, sino para pensar desde esa
experiencia concreta la construcción de un proyecto económico
social hacia el futuro.
María
da Conceicao Tavares en su valioso texto De
la sustitución de importaciones al capitalismo financiero,
describe que durante la primera etapa de la sustitución de
importaciones, la expansión de la economía residía en tres
frentes: una mayor utilización de la capacidad instalada productiva,
la producción de mercancías relativamente independientes del sector
externo y la puesta en funcionamiento de empresas que producían
bienes que previamente se importaban.
La dinámica descripta puede
seguir hasta el límite del aprovechamiento máximo de los recursos
internos. Ese aprovechamiento está condicionado a la existencia de
divisas que sostengan la importación de bienes intermedios y
maquinarias que participan en la producción de los bienes que
sustituyeron a otros que antes se importaban. Dice Tavares que “la
pauta de importaciones tiende a perder toda su flexibilidad, antes
que el proceso de desarrollo haya adquirido suficiente autonomía por
el lado de la diversificación de la estructura productiva» y
advierte que «el proceso podría seguir mediante una selección
rigurosa de divisas”. La autora hace una lectura crítica del
proyecto de desarrollo por sustitución de importaciones de carácter
piramidal, que comienza sustituyendo los bienes de consumo para
avanzar “aguas arriba” hasta la producción de bienes de capital.
La restricción externa sobrevendría previa e inevitablemente. Para
Tavares la continuidad de una política de sustitución requiere de
una posibilidad de previsión y decisión autónomas que sólo le son
posibles al Estado, a algunos empresarios innovadores, o a la
asociación de ambos. Pero advierte que en el caso de las inversiones
de base, estas deben producirse —para evitar la restricción
externa— con cierta simultaneidad con las distintas etapas de
sustitución, y que las mismas requieren de decisiones
gubernamentales, ya sea que el Estado las emprenda en forma directa,
ya sea que las delegue en el sector privado.
Estas reflexiones de la
intelectual brasileña llevan a desechar la idea de la inversión
privada sin direccionamiento estatal como posibilidad de desarrollo,
y más aún, del posible rol de los movimientos de capital financiero
de corto plazo para financiarla. Privada, pública o mixta, las
mismas surgen de la dirección del Estado del proceso económico.
En el régimen de sustitución de
importaciones no sólo resulta necesario el impulso de la demanda
mediante una mejora en la distribución del ingreso, ni tampoco
alcanza combinarla con una dinámica de crecimiento, sino que
requiere de la dirección estatal que modifica los tiempos y los
escalones del proceso productivo. Esa intervención no sólo requiere
ser hecha en función de dilatar los problemas de falta de divisas,
ni tampoco solamente para impulsar las industrias más complejas
productoras de bienes de capital, sino también para garantizar una
distribución del ingreso que resuelva un significativo cierre de la
brecha de desigualdad, lo que provoca una producción de bienes de
orden diferente a la de una sociedad con el ingreso concentrado. La
redistribución debe ser previa al crecimiento porque si no el perfil
productivo queda definido con carácter desajustado si la primera se
efectúa con posterioridad. Los bienes que se producen para una
distribución no son los mismos que para otra, ni cualitativa, ni
cuantitativamente.
Al revés de como dicen los
liberales para justificar las políticas de austeridad, no se trata
de agrandar la torta para después distribuirla, sino lo contrario:
distribuir mejor la tortita chica, para garantizar el crecimiento.
Después habrá una torta más grande. Usando el lenguaje de la gente
de a pie, como en estas épocas se acostumbra decir, para evitar el
uso del concepto de pueblo, sancionado como anacrónico por los
creyentes en el fin de la historia. La prioridad de la obsesión por
el crecimiento, como variable fundamental del estudio de la economía,
no se corresponde con la tradición clásica. Decía el economista
más eminente de los fundadores de la disciplina, David Ricardo, que
“determinar las leyes que regulan esta distribución (de rentas,
beneficios y salarios) es el problema principal de la economía
política”.
Los clásicos no omitían la real
discusión que ocupa a la sociedad respecto de la economía: la
disputa del ingreso. El modelo de crecimiento depende de quién tenga
la hegemonía de poder para elegir uno u otro tipo de
desenvolvimiento económico. En épocas de la financiarización, la
valorización financiera es la forma mediante la cual, con la
apertura financiera, el capital especulativo promueve las
liberalizaciones para garantizar un vertiginoso ida y vuelta de
fondos que extraen rentas con consecuencias de estancamiento
económico y redistribución regresiva de ingresos y riquezas.
Final
del juego
El valor del objetivo de
establecer las condiciones que cierren el camino a nuevos ciclos de
endeudamiento es el instituir las bases de una legalidad que evite
que la Argentina vuelva a sufrir las políticas ortodoxas de
fuga-deuda-cinturón fiscal. Esa institucionalidad tiene como insumo
indispensable las otras dos condiciones que Fernández destacó.
También depende de reconstruir una política de desarrollo. Esa
política implica la recuperación de estrategias de sustitución de
importaciones, engarzadas con otros dispositivos, en los cuales el
papel estatal es más relevante.
Cuarenta años después del texto
de Tavares, las condiciones de un proyecto nacional, popular y
democrático de desarrollo no devienen sólo de su crítica, que
planteaba la necesidad de la autonomía de la inversión en la
industria de base respecto de la demanda sobre la misma, que implica
la decisión estatal de organizarla. El desarrollo tecnológico, que
se da en el contexto de una gran disparidad entre el centro y la
periferia, acentuó las condiciones de dependencia de las naciones
del segundo carácter. Dependencia es otra palabra que intentó ser
archivada en el anticuario cuando hoy adquiere una vigencia
dramática. Su determinación mutó desde la posesión, por
parte de los países centrales, de la industria de base —que
ocupaba ese lugar hace unas décadas— al dominio de la tecnología
por esas naciones desarrolladas. La deslocalización productiva
primarizó y maquilizó la industria de los países subdesarrollados.
El capital privado concentrado no resuelve esta situación en esos
países periféricos. Su perspectiva es la reproducción de las
especializaciones que sostienen la condición dependiente. Sus
empresas articulan, en cadenas globales, las producciones nacionales
en los eslabones más atrasados tecnológicamente. A su vez, se
engarzan en la valorización financiera y las maniobras de precios de
transferencia y fuga de capitales.
Más que ayer, hoy la condición
del desarrollo tecnológico propio requiere de un complejo
científico-tecnológico estatal con un presupuesto y un programa que
se plantee la transformación productiva. Ese objetivo requiere de
una participación decisiva del Estado en la decisión de lo que se
va a producir en el futuro. El desarrollo con estas características
no deviene como resultado de la autorregulación del mercado.
La apertura indiscriminada es
incompatible con estos objetivos de independencia. Los dólares
resultarán indispensables para emprender ese cometido de autonomía
nacional. Una nueva gestión como la de Macri rifaría en cuatro años
el esfuerzo que se podría emprender en veinte.
De allí la necesidad de una
reforma institucional de fondo en los textos legales que evite que se
produzca lo que ocurrió entre 2015 y 2019. Cambio en el régimen
financiero, modificación en la legislación de inversiones
extranjeras, régimen cambiario y de movimiento de capitales
regulado, intervención del Estado en el comercio exterior, reforma
tributaria. La pandemia ha revelado la injusticia neoliberal y tiene
la conducción efectiva del gobierno de la grave coyuntura, abriendo
la posibilidad para una organización adecuada de las
transformaciones imprescindibles para hacer realidad la postulación
más drástica de Fernández para salir del default en que dejó el
gobierno UCR-PRO al país: que la presente reestructuración ponga
fin a los ciclos de endeudamiento de la Argentina contemporánea.
Pese
a que los imbéciles, frente a la evidencia que destruye sus relatos
mentirosos, insisten en “infectaduras” y campañas mediáticas
que intentan instalar la inutilidad de las cuarentenas rígidas, el
número de muertos a ambos lados de esta nueva grieta pandemica
globalizada, da cuenta de lo contrario, y además los datos y
proyecciones del crecimiento de la economía mundial advierte que las
caídas de los PBI de los Estados no esta asociada directamente a la
mayor o menor dureza con que se insta a las ciudadanias a disminuir
el ritmo y la intensidad de sus actividades y advenga a movilizarse
lo menos que le sea posible para no contribuir con los contagios
masivos que colapsan los sistemas de salud no preparados para atender
a todos.
En
nuestro país, como en todos los países que está sufriendo la
pandemia del COVID-19, a
instancias de los misiles mediáticos de los grupos que ya conocemos,
se alimenta el
debate salud vs economía.
El
gobierno, en su primer etapa de la lucha contra el contagio masivo,
ha recibido un fuerte apoyo a la medida de cuarentena total por parte
de la ciudadanía. En ese sentido, su eslogan de cabecera “la
economía puede esperar, la salud no” (o el más directo
“preferible a que se pierdan algunos puntos del PBI a que se
pierdan vidas”), ha resonado intuitivamente en la opinión pública
casi sin encontrar opositores que se animaran a oponerse a semejante
verdad del sentido común.
Pero, como era de esperar y no
hubiese sucedido de ninguna otra manera, los medios de comunicación
y los sectores del poder económico transnacional y financiarizado
comenzaron a alentar las voces de enojo, cansancio y crítica ante la
cuarentena total.
Los grandes empresarios
consideran a los problemas económicos que ella desatará más
problemáticos que el efecto del coronavirus.
La
cuestión es tremendamente compleja, como demuestra lo que sucede en
países que, siempre
ávidos por elogiar lo externo y desconocido, con el que argumentamos
los deseos de lo que no es en el escenario Nacional, pero que
envidiábamos en
las ilusiones de creerlos superiores y modelos a seguir.
A pesar de todos los avances tecnológicos y nuestros satélites
oteando en los confines de nuestro sistema planetario, los gobiernos
occidentales han terminado usando el recurso más arcaico contra las
pestes: el obligar a la población a quedarse en sus casas.
La
acción monetarista inmediata de los Estados pone en evidencia la
falacia del financierismo en tanto no se necesita de los capitales
golondrinas o de los fondos buitres y especulativos para generar
divisas en tiempos de guerra y producir una base de redistribución y
acumulación moderada que se prepara para relanzar la economía
cuándo los efectos de la pandemia hayan menguado.
Obviamente,
los
grupos de banqueros y grandes empresarios, alienados en Davos y el
selecto Club Bilderberg,
han
comenzado a instalar por medio de los instrumentos del Lawfare que
tan aceitado tienen, las propagandas mediáticas y presiones lobystas
y judiciales en los distintos Estados para que, la falacia de la
dependencia financiera no sea expuesta de manera que la postpandemia
produzca una realidad que prescinda cada vez mas de sus intrumentos
de especulación y ganancia fácil.
Si
la crisis de las hipotecas subprime generó una oleada de recesiones
mundiales, La
deuda acumulada por los grandes Capitales coloca
frente al abismo de la crisis global a
todo el sistema financiero transnacional dirigido desde Wall Street y
la FED.
Aunque
los voceros del Capitalismo financiero insisten en advertir sobre la
manipulación del temor público atento a los encierros, a los que
sitúan en el plano de la confrontación política e ideológica, no
de intereses económicos, discurren por los mismos caminos de
manipulación de los temores para intentar introducir la idea de
abismos y cataclismos impredescibles si se sigue alimentando la idea
de una economía reducida a sus mínimas expresiones y vuelta a los
mercados locales y Nacionales para sostener la vida y la salud de sus
ciudadanos.
“
Ni
Carlos Marx, en sus días revolucionarios más afiebrados, imagino
que el capitalismo iba a ser jaqueado simultáneamente por una crisis
de su consumo y por una crisis de su producción. Y esto impide que
las recetas de arrojar dinero por el helicóptero (en realidad, ahora
un delivery electrónico a la tarjeta bancaria) ya baste para
reactivar a la economía. Si los empleados se quedan en sus casas, no
hay nadie que produzca, y no hay forma de que ese dinero vaya al
consumo reactivante de la producción. Cada uno de sus ciudadanos
pasan a experimentar el destino del Rey Midas -en una democratización
negativa- lo que no puede sino empezar como desabastecimiento y
terminar en una hiperinflación.” (El
gurú Luis Tonelli, como ejemplo …
(https://mundopoliticodiario.com/la-nueva-grieta-salud-y-economia/
)
El
debate entre epidemiólogos y economistas esta
siendo
utilizado por cada uno de los bandos que
tensan las decisiones,
y en realidad, como siempre que chocan valores contrapuestos, la
respuesta
será política, y
dependerá en buen grado, de como el poder real se vea tal y como es,
deshumanizado y atento solo a los números que ata la vida a las
finanzas.
Daniel
Roberto Távora Mac Cormack
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