Jueves
4 de Junio de 2020
No
es este gobierno ni el anterior, ni el anterior … el racismo no
esta exclusivamente en EEUU. El odio de genero (Contra mujeres o
contra colectivos de sexualidades alternativas), el odio de razas
(comunidades qom en el chaco o Mapuches en la patagonia) el odio de
Clases (habitantes de barrios de emergencias o asentamientos
precarios u obreros y trabajadores que protestan para conservar sus
fuentes de empleo, condiciones de trabajo y salarios), es condición
de individuos y de sociedades. Tan individual como colectivo.
Si
es el gobierno anterior (Cambiemos) y no el anterior (Cristina) y el
actual (Fernandez), que desde el Estado Nacional y los Estados
provinciales se defiende a los odiadores y no a las victimas. Se
sostienen doctrinas de represión (Chocobar) y alimentan la impunidad
policial y de las fuerzas de seguridad …
Lucas
Barrios tenía 18 años y el sábado recibió un balazo por cada año
que vivió. Los 18 tiros los hizo un policía de la Federal, Osvaldo
Nicolás Rendichi.
Lo
que se sabe es que el sábado a las cuatro de la tarde Rendichi, de
24 años, fue vestido de civil y acompañado de su hermano hasta la
Isla Maciel a venderle a Barrios una Play Station que costaba 17 mil
pesos. Entró por un pasillo y ahí, según dijo el policía,
apareció otra persona, lo emboscó para robarle y le disparó cuatro
tiros. Por eso él disparó a quemarropas, para defenderse. Pero el
blanco no fue quien habría intentado robarle, sino Lucas Barrios.
La
Isla Maciel es parte de Avellaneda y está pegada al Riachuelo, a
pocos minutos de la Ciudad de Buenos Aires. Todavía conserva los
conventillos portuarios, pero no es turística: es uno de los
sectores con más carencias del conurbano. La muerte de Lucas abre
algunas interrogantes: ¿Por qué un policía va a vender una Play
Station usada en la Isla Maciel y lleva su arma con el cargador
lleno? ¿Por qué – o para qué- acepta entrar de manera voluntaria
en un pasillo de una villa con un desconocido?
Después
de dispararle a Lucas, Rendichi fue a entregar su pistola y la otra
con la que supuestamente lo atacaron. Hoy dio su indagatoria frente
al fiscal Elvio Laborde, que está cargo de la Unidad Funcional de
Instrucción (UFI) 3 en Avellaneda. Según fuentes del Ministerio de
Seguridad la carátula es “homicidio agravado por el uso de arma de
fuego”. Está aprehendido.
Andrea,
una vecina de Lucas, cuenta que hace pocas semanas otro joven fue
acribillado en condiciones similares: “Juan tenía 23 años y una
policía de civil, sin identificarse, le pegó cinco tiros en una
parada de colectivo. La policía ni se gasta en decir que son
policías ni que están cumpliendo una función. Acá en el barrio
cuando vemos a alguien desconocido no nos sorprende que saque un arma
y dispare”.
El
beneficio de la duda tiene un color: la portación de cara y de piel
se paga. En Argentina decir negro de mierda es un insulto frecuente,
¿pero qué significa? Ser negro es ser pobre, de un pueblo
originario, de piel marrón o villero. Ser negro no es precisamente
ser un afrodescendiente: es ser alguien catalogado como peligroso o
de una clase social baja. “Son negros de alma”: una afirmación
ontológica que trasciende lo que se haga o deje de hacer.
El
productor rural Luis Espinoza fue detenido por la policía tucumana a
mediados de mayo. Estaba en un auto con su hermano, que declaró que
los amenazaron por violar la cuarentena y participar de una carrera
de caballos en la que, en realidad, no participaron. Eso fue lo
último que recuerda. Después recibió un golpe en la cabeza y
cuando se despertó no supo más nada de Luis.
A
la semana apareció el cuerpo de su hermano. Estaba envuelto en un
nylon y lo habían tirado desde un acantilado. El viernes los
resultados forenses dejaron evidencia de que la bala que lo mató
salió de un arma reglamentaria de la policía tucumana. Una pistola
Jericho calibre 9 mm que pertenecería al auxiliar José Morales, uno
de los nueve oficiales imputados por el asesinato.
Ser
negro es mucho más que un color.
Alex
Juan Campo, de 16 años, tenía hambre y salió a buscar liebres que
anduvieran sueltas por el campo. Fue el 24 de mayo. Estaba con dos
amigos y sus perros. Cuando el dueño del campo, Rodolfo Pablo
Sánchez, los vio, apretó el acelerador. Lo pasó por arriba con su
camioneta y le reventó un riñón. La hermana de Axel contó que
“fue directo a chocarlos” y les dijo “levanten el cuerpo y
váyanse”.
Al
otro día, frente a la Fiscalía 2 de Cañuelas a cargo de Norma
Pippo, Sánchez dijo que no quiso matarlo. Que “llamó al 911 y
pidió una ambulancia”. Ahora está preso por “homicidio simple”.
Las
imágenes que llegan por la muerte de George Floyd en Estados Unidos
pusieron un tema en la agenda: el racismo, el odio de clase y el
desprecio por algunas vidas. Acá a la vuelta de la esquina también
pasa. Todas las semanas.
Algunos
casos no tienen ni visibilización ni nombre, porque la desigualdad
estructural los naturaliza. Según el Centro de Estudios Legales y
Sociales, en 2019 hubo 95 muertes violentas en manos de fuerzas de
seguridad. Pero esto solo cuenta las que la policía reconoce y en el
territorio bonaerense.
Aunque
pasen acá a la vuelta las muertes de Lucas, Axel y Luis son menos
espectaculares que otras: no tienen cámaras ni épica porque se dan
en campos, villas o lugares olvidados por la “civilización”.
Pareciera que sin cámaras sus muertes no importan. No venden.
Los
mismos medios de comunicación que durante el gobierno anterior
dieron mas prensa a la contestación de la Ministra de Seguridad de
entonces, Patricia Bulrich, respecto del informe elaborado y dado a
conocer por la CORREPI
“ Unos
días antes que Mauricio Macri asumiera la presidencia de la Nación,
se anunciaron su gabinete, y los de la Ciudad y provincia de Buenos
Aires. CORREPI publicó la semblanza de los elegidos para dirigir la
política represiva en ese escenario, con el nunca tan oportuno
título de “Comando unificado para la represión”. Es que, bajo
el mando coordinado de Patricia Bullrich, Martín Ocampo y Cristian
Ritondo, secundados por especímenes similares, como Eugenio Burzaco,
Diego Santilli y Pablo Nocetti, por primera vez en nuestra historia
reciente la policía federal, la policía bonaerense, la
metropolitana, la gendarmería, la prefectura y la PSA, con todo su
poder de fuego, estarían contenidas en un mismo puño de hierro. A
eso había que sumar los aparatos represivos de Jujuy, Mendoza y
Corrientes, gobernadas por Cambiemos a través de la UCR, y la obvia
coordinación que tendrían con las provincias conducidas por el PJ o
por expresiones de historia no menos letal en la materia, como el
sapaguismo en Neuquén o el Partido Socialista en Santa Fe.
Lejos
estábamos de imaginar entonces que el título de nuestra nota de
diciembre de 2015, “Comando Unificado”, sería, desde diciembre
de 2017, el nombre oficialmente elegido para denominar uno de los
mecanismos represivos novedosos que veríamos desplegarse en todo el
país para aplastar la resistencia popular, con las fuerzas federales
y provinciales coordinadas bajo mando común.
Es
imposible resumir en pocas palabras las iniciativas represivas del
gobierno de Cambiemos. Algunas fueron derrotadas con la movilización,
como el protocolo antipiquete o el corralito para encerrar a las y
los trabajadores de prensa en manifestaciones. Otras, la mayoría,
fueron consagradas, como la declaración de emergencia nacional en
seguridad ciudadana, la profundización del uso de las herramientas
para interceptar y detener personas arbitrariamente, la
militarización extrema de las barriadas populares, las reformas
represivas de la legislación penal, contravencional y procesal, la
creación de la Policía de la Ciudad, el “comando unificado” de
fuerzas federales y locales para la intervención en manifestaciones,
el incremento de la presencia policial de civil y la infiltración y
espionaje sobre organizaciones y militantes.
A
mediados del año 2017, la desaparición forzada y muerte de Santiago
Maldonado y el fusilamiento del joven mapuche Rafael Nahuel marcaron
el inicio de una etapa superior de la avanzada represiva del gobierno
de Cambiemos. Escuchamos a la ministra Patricia Bullrich, a la
vicepresidenta Gabriela Michetti y al presidente Mauricio Macri decir
cosas como “No voy a tirar un gendarme por la ventana”, “La
versión de las fuerzas es versión de verdad”, “El beneficio de
la duda es siempre para las fuerzas” o “Hay que volver a la
lógica de que la voz de Alto significa que te entregás”. Estas
declaraciones oficiales tuvieron inmediato acatamiento de las fuerzas
de seguridad, como se vio el 1º de septiembre en CABA, con 31
detenidos y detenidas; en Córdoba, cuando la Marcha contra el
Gatillo Fácil en Córdoba esa misma semana fue seguida por el
allanamiento simultáneo a 11 locales de organizaciones populares, y,
naturalmente, en la lógica bélica de los operativos conjuntos para
reprimir las manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires el 11, 13,
14 y 18 de diciembre.
En
el mismo cuadro hay que incluir el “Informe sobre la RAM”,
publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación junto a los
gobiernos de Chubut, Río Negro y Neuquén, plagado de inexactitudes
y mentiras para deslegitimar las luchas en todo el mundo por la
liberación de los pueblos y convertir en el “enemigo interno” a
quienes las protagonizan o son solidarios y solidarias con ellas.
Así
como, frenado por la movilización popular el intento del 2×1, el
poder judicial rápidamente se acomodó a la orden de aliviar la
situación de los genocidas de la dictadura con los indultos “a
goteo” de las domiciliarias, también jueces y fiscales se sumaron
a la ofensiva contra el pueblo trabajador. La justicia federal fue la
primera encargada de prolongar las detenciones en movilizaciones, y
de agravar las imputaciones, con una nueva lógica persecutoria y
usando todos los recursos tecnológicos disponibles para invadir la
privacidad de las personas y violentar el derecho a la libre
expresión. Los fallos de los jueces y la Cámara Federal en las
causas contra lxs manifestantes del 1º de septiembre, el 12, 14 y el
18 de diciembre, instalaron la tesis de que personas comunes y
corrientes deben permanecer presas aunque estén acusadas por leves
delitos excarcelables. Llevó muchos meses de lucha, incluso casi un
año, lograr las libertades de compañeros y compañeras que aún hoy
siguen sometidos a proceso por movilizarse, como es el caso de César
Arakaki (PO) y Daniel Ruiz (PSTU) por el 18/12; Juan Pablo Mourenza y
Ezequiel Medone (RNMA) por el 1/9 o Natalia Pérez y Hernán Centeno
(CS) por el 12/12, mientras sigue perseguido, también por la
movilización del 18/12, Sebastián Romero (PSTU).
La
irrupción de la DOCTRINA CHOCOBAR en diciembre de 2017 completó un
escenario que sólo pudimos definir como “estado de excepción”.
Era evidente la suspensión provisional y extraordinaria del orden
jurídico, con la restricción de derechos fundamentales de la
población, convertida en paradigma normal de gobierno.
Con
el abrazo presidencial al policía bonaerense fusilador y la frase
“Ud. es un héroe, necesitamos más policías como usted”, se dio
a todos los agentes de las fuerzas de seguridad la orden explícita
de disparar y matar en cualquier circunstancia, con la certeza de que
contarían con la defensa de sus jefes políticos: “Los jueces que
hagan lo que quieran, para nosotros es política pública defender al
policía en acción”, confirmó Bullrich.
Enfrentamos,
durante estos cuatro años, un gobierno que reivindicó el terrorismo
de estado de la dictadura, que nos forzó a salir a las calles a
reafirmar “¡Fueron 30.000 y es genocidio!”, que trató como
“víctimas” a los represores, los hizo participar de desfiles
oficiales, los recibió en sus despachos y, cuando frenamos el
intento del 2×1, recurrió al “indulto a cuentagotas” de las
domiciliarias.
Enfrentamos
un gobierno que decretó la pena de muerte a punta de reglamentaria
en los barrios, contra las y los más vulnerables, y criminalizó y
persiguió militantes y organizaciones del campo popular, y usó el
aparato judicial para encarcelar a sus opositores.
Enfrentamos,
en estos cuatro años, un escenario de excepción, con record
absoluto de muertes por el gatillo fácil y la tortura en democracia
y el mayor índice de la historia en detenciones arbitrarias.
Enfrentamos
en las calles operativos con un despliegue bélico cada vez más
marcado, con decenas de heridos de arma de fuego en las
movilizaciones, con presas y presos políticos, y centenares de
nuevas causas con imputaciones gravísimas contra manifestantes.
El
gobierno de Macri y Bullrich nos deja un aparato de seguridad
recargado, con las picanas Taser y la doctrina Chocobar, consagrada
en la resolución 956/2018 e incluida en el proyecto de reforma del
código penal; con nuestros pibes y pibas arrojados al “servicio
cívico voluntario en valores” de gendarmería; con el sistema de
reconocimiento facial y la resolución 845/2019 que masifican la
intercepción, identificación y detención de personas en los medios
de transporte; con el hostigamiento y persecución constante a
migrantes y a quienes sobreviven con tareas precarias en la vía
pública.
Cambiemos
nos deja un sistema penal especializado en criminalizar pobres, con
cárceles con una superpoblación como nunca se vio en Argentina,
mientras genocidas y represores de la democracia se van a sus casas.
Una agenda urgente para llevar a las calles
Durante
estos cuatro años pusimos todo nuestro esfuerzo en fortalecer la
organización de la lucha popular, con la mayor unidad y coordinación
posibles, para enfrentar el peor período en materia represiva desde
el fin de la dictadura cívico-militar eclesiástica.
A
pesar de la complicidad y la entrega de las cúpulas sindicales
burocráticas, a pesar de las campañas deslegitimadoras de la
protesta en los medios hegemónicos, el pueblo trabajador estuvo en
las calles, contra el ajuste y contra la represión. Con dificultades
y altibajos, porque nos falta mucho por andar, cada ataque fue
respondido con movilizaciones, algunas sectoriales, otras masivas y
con capacidad para poner en crisis parte del proyecto macrista, como
las de diciembre de 2017, que pusieron un freno parcial a la reforma
laboral.
La
denuncia y la movilización contra la represión estuvieron a la par
de las luchas contra el ajuste, los tarifazos, los despidos y la
pobreza. La masividad de algunas movilizaciones, como la que repudió
el 2×1 a los genocidas o las posteriores a la desaparición forzada
de Santiago Maldonado, mostró que nuestro pueblo tampoco se deja
arrebatar sin pelea sus conquistas en materia de DDHH.
Hoy
iniciamos una nueva etapa, con cambios pero con continuidades. El
Frente de Todos, con su heterogénea amplitud, asume la gestión del
gobierno nacional y de la mayoría de las provincias, entre ellas la
de Buenos Aires. El macrismo continúa gobernando la ciudad de Buenos
Aires y las provincias de Mendoza, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos.
Nos
queda, como saldo de estos cuatro años de Cambiemos, la más
profunda crisis económico-social de las últimas décadas, y también
nos queda todo lo que lograron avanzar en la profunda transformación
de la política represiva en el país.
Por
eso, hoy exigimos al nuevo gobierno algunas medidas urgentes e
imprescindibles para terminar con la doctrina Chocobar, para frenar
la militarización de los barrios y calles, las detenciones
arbitrarias, las torturas y el gatillo fácil:
- Derogación de la Resolución 956/2018 que habilita el uso del arma reglamentaria de las FFSS en cualquier circunstancia.
- Derogación del Programa Restituir. Vigencia efectiva de las normas que imponen la separación provisoria del servicio activo de los integrantes de las fuerzas sometidos a procesos penales, y la inhabilitación para la reincorporación a cualquier fuerza en caso de condena.
- Fin de la provisión por parte del estado de defensa penal gratuita y calificada a policías, gendarmes, prefectos y servicios penitenciarios a través de las direcciones jurídicas de los ministerios de Seguridad, a costa de quienes, en casos similares, debemos optar entre la defensa oficial o pagar un abogado particular.
- Cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio vs. Argentina, del 18/09/2003, que ordenó la derogación de todas las facultades normadas y la eliminación de todas las prácticas no normadas de las FFSS para detener personas fuera de las hipótesis constitucionales y de los convenios internacionales de orden judicial previa o delito flagrante.
- Fin de los programas de reconocimiento facial que provocan identificaciones erróneas a diario.
- Derogación de la Resolución 845/2019 que sistematiza y masifica la intercepción y detención de personas “para identificar” en las estaciones de trenes.
- Cese inmediato del permanente y sistemático hostigamiento a las personas que se ven obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, etc.
- Derogación de las reformas regresivas que se llevaron adelante en estos casi cuatro años en toda la legislación represiva nacional, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al Código Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.
- Retiro inmediato de la agenda del Congreso Nacional del proyecto de reforma del Código Penal, que incrementa la criminalización de la pobreza y la protesta y consagra la impunidad de los represores, y del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que contempla la baja de edad de punibilidad de niñas, niños y adolescentes.
- Derogación del Decreto 489/2019 que creó el RePet (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento).
- Derogación de la Resolución 598/2019 que creó el “servicio cívico voluntario en valores” a cargo de GNA, para adoctrinar y militarizar a la juventud.
- Anulación del DNU 70/2017 que habilita la deportación exprés de migrantes.
- Prohibición del uso de las picanas Taser.
- Eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.
- Eliminación de los “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fuerzas federales y provinciales en las provincias y la Ciudad.
- Fin de la reestructuración de comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas que los organismos de DDHH, las organizaciones antirrepresivas y hasta la Defensoría Oficial de la Justicia de la Ciudad y defensas particulares puedan confirmar una detención y ubicar a la persona arrestada para asistirla.
- Cese de la militarización de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil.
Después
de cuatro años de Cambiemos, nos queda la imperiosa necesidad de
exigir respuesta a estas mínimas demandas populares con el método y
en el lugar donde mejor nos hacemos oír:
Siempre
con la lucha organizada, con protagonismo popular y en las calles,
para enfrentar la represión.
Reazaba
en su presentación el informe ..
En
la actualidad revelan periodicamente el accionar en el marco del
decreto de necesidad y urgencia que regula el aislamiento preventivo
y oblilgatorio …
A
75 días de vigencia del DNU 297/2020, el gobierno nacional ha
informado que más de 10 millones de personas fueron identificadas
por personal de las fuerzas de seguridad federales como infractoras
al cumplimiento del aislamiento obligatorio, una cifra a la que hay
que sumar lo actuado por las fuerzas provinciales. Aun con esos datos
parciales, es fácil concluir que, en dos meses y medio, se ha
imputado por delito o contravención, en el mejor de los casos, a
casi un cuarto del total de habitantes del país, o a la mitad de su
población activa.
La
misma fuente oficial indica que, además de las 10.113.236 personas
notificadas, 93.177 quedaron detenidas. Al 20 de marzo, la cantidad
de personas privadas de libertad estimada era de 120.000 en cárceles
federales y provinciales y 12.000 en comisarías y otros lugares no
penitenciarios. El informe no aclara si esas 93.177 personas siguen
presas, en cuyo caso estaríamos ante un incremento inaudito del 75%
de la población detenida en 75 días.
A
la par de este festival de detenciones, recrudecen los hechos
represivos en todo el país. Hemos denunciado en los últimos días
la desaparición forzada seguida de muerte de Luis Armando Espinoza
en Tucumán; los fusilamientos de gatillo fácil de Alan Maidana en
Berazategui y de Lucas Barrios en la Isla Maciel (¡18 tiros a un
pibe desarmado!); femicidios de uniforme; represión en barrios y
villas sitiadas por FFSS en lugar de enviar asistencia sanitaria y
material, entre muchas otras situaciones de gravedad.
Particularmente
denunciamos lo ocurrido en Fontana, una localidad a sólo 5 km. de
Resistencia, a partir de la difusión del video que muestra el
momento en que la policía entró golpes de puño y patadas a la casa
de una familia, y se llevó detenidas a dos niñas menores de edad, a
quienes abusaron sexualmente, rociaron con alcohol y amenazaron con
prenderlas fuego. El hecho tuvo tanta visibilidad que hasta el
presidente de la Nación tuvo que pronunciarse vía Twitter,
definiendo las imágenes como “inaceptables”. Como ya dijimos, el
gobernador de la provincia del Chaco forma parte del partido
oficialista, lo que compromete aún más al gobierno nacional y lo
obliga a dar respuestas más contundentes que la simple difusión.
La
ministra de Seguridad, interpelada por la serie de reiterados hechos
de extrema gravedad, también se puso en situación de mera
espectadora “preocupada”, alegando, como suele suceder, la
estructura federal del país: “No tenemos competencia sobre las
fuerzas provinciales que tienen autonomía y son comandadas por los
gobernadores. Lo que pasó en Chubut, San Luis, y Tucumán, escapa a
nuestras manos, pero elevé notas a las provincias manifestando
nuestra gran preocupación por las irregularidades y lo sucedido
invitando a tener un control riguroso de su personal”. No sabemos
cuál es el control “riguroso” ejercido por el ministerio de
Seguridad en los casos los policías federales Osvaldo Nicolás
Rendichi y Germán Bentos, asesinos de Lucas Barrios y Alan Maidana,
por poner los dos ejemplos más recientes.
Mucho
más escandaloso es el comunicado emitido por el PRO, partido que
desde febrero pasado tiene a Patricia Bullrich de presidenta, en el
que “condenan” las muertes de Florencia Magalí Morales y Franco
Maranguello en comisarías de San Luis, la desaparición forzada y
asesinato de Luis Armando Espinoza en Tucumán, la muerte, también
en una comisaría, de Hugo Coronel en Santiago del estero y la
tortura de las niñas Qom en Chaco. En el colmo de la caradurez, a la
vez que exhiben su mejor costado oportunista, no sólo
responsabilizan a los gobiernos provinciales, sino que reclaman
respuestas al gobierno nacional. Estaría muy bien, si no fuera que
lo firman quienes son responsables de la peor escalada represiva de
los últimos 30 años en Argentina, representantes del único
gobierno argentino que explícitamente reivindicó e impulsó el
gatillo fácil como política de estado y jamás se hizo cargo, más
que para enorgullecerse, de la retahíla de hechos represivos y
asesinatos cometidos bajo su dirección.
Es
necesario agregar que, en cuanto a muertes en lugares de detención,
debemos sumar un nuevo caso a los 23 ocurridos desde el 20 de marzo
de este año. Nuevamente en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de
San Luis, un adolescente de 16 años que había sido detenido el
domingo pasado a partir de un llamado anónimo que lo denunció como
“sospechoso de querer cometer un ilícito”, y estaba alojado en
la comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia de esa
ciudad, fue encontrado ahorcado con una remera en la celda. Es la
misma comisaría en la que, el 24 de abril, murió en idénticas
circunstancias otro niño de 16 años, Franco Maranguello.
En
la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria
presentó un hábeas corpus colectivo denunciando “las graves
condiciones de detención registradas en la Comisaría 5ª del
distrito, el riesgo inminente para la integridad física y la vida de
las personas detenidas y las condiciones sanitarias desfavorables
para el prevenir el contagio de coronavirus”. El escrito, firmado,
entre otros, por Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, señala que
en marzo había 22 personas alojadas, y 19 en abril, cuando la
capacidad de los calabozos es para cuatro. Por eso exigieron la
clausura de la dependencia y el arresto domiciliario a los detenidos,
y la provisión, mientras así se resuelva, de los insumos básicos
necesarios. Es la misma comisaría con jurisdicción sobre el
Frigorífico Penta, donde se han cansado de reprimir trabajadorxs, y
tiene un largo historial de denuncias de tormentos y violaciones.
En
Pico Truncado, después de la represión que sufrieron lxs
trabajadorxs municipales que reclamaban por sus salarios caídos, que
culminó con 18 detenidos y varios heridos, y nueva represión con
disparos de armas de fuego contra quienes al día siguiente
reclamaban la libertad, finalmente se logró la soltura de todas las
personas detenidas, aunque naturalmente quedaron imputadas en una
causa penal.
En
este escenario, algunos parecen haber descubierto la represión
policial a partir de la reacción popular, las protestas y las
movilizaciones en EEUU luego del asesinato de George Floyd por el
policía Derek Chauvin, el 25 de mayo, en Minneapolis.
Por
nuestra parte, seguimos diciendo:
Cuidémonos
colectivamente, del virus y de la represión.
La
salida para la clase trabajadora es la organización popular.
Es
interesante que los medios dan prensa a lo que antes no daban con
estos lamentables sucesos de violencia policial y de miembros de
fuerzas de seguridad pero no dedican los mismos espacios a la causa
por la cual se han imputado a miembros del gobierno anterior por
espionaje …
José
Luis Vila fue funcionario en el Ministerio de Defensa durante las
gestiones de Julio Martínez y de Oscar Aguad. Denunció, entre 2018
y 2019, cuatro hechos de amenazas, que terminaron con la colocación
de una bomba sin activar en un edificio en el que había vivido un
tiempo antes. En todos los casos, el mensaje era que se fuera de
donde estaba. Hace unos días se presentó ante la Bicameral
Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia para denunciar que la Agencia Federal de Inteligencia
(AFI) había estado detrás de esos actos y que se había valido de
una banda de delincuentes para realizarlos. Su testimonio provocó un
sismo en el lúgubre mundo de la inteligencia local y nadie se atreve
a adelantar dónde pueden terminar sus réplicas.
“Mi
presentación en la Bicameral de Inteligencia se debió a los avances
que hubo en una investigación a una banda narco llevada adelante en
Lomas de Zamora por el juez (Federico) Villena”, dice Vila, tras
ser contactado por El Cohete. “Un integrante de la banda dijo que
había sido contratado por una persona un agente de la AFI para poner
la bomba en un domicilio que había sido mi casa”.
Vila
es militante radical y, como ex liceísta, no es raro que haya
integrado las gestiones de Defensa, una cartera que Cambiemos delegó
en la Unión Cívica Radical. El director de El Cohete lo definió
como un estrecho colaborador de Horacio Jaunarena. Fue parte del
grupo de inteligencia que armó Enrique “Coti” Nosiglia para
rodear a Raúl Alfonsín en el gobierno, pero se integró formalmente
a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el
gobierno de la Alianza. Después, estuvo destinado a Estados Unidos y
se retiró al final de la gestión de Oscar Parrilli en la ya llamada
AFI.
El
episodio del artefacto explosivo tuvo publicidad al momento de
producirse. Fue el viernes 6 de julio de 2018, cuando la bomba fue
dejada con un panfleto en un edificio de la Avenida Callao al 1200.
—¿Cuáles
son las amenazas que denuncia?
—A
lo largo de estos años he sufrido distintos hechos. Cuatro en total
que he judicializado en todos los casos sin ningún tipo de
exposición en los medios porque no me interesa. Llevo dos años
colaborando con la justicia en todas sus instancias para que estas
investigaciones avancen. En el primer caso fueron un panfleteo
o volanteada en el Edificio Libertador del Ejército. En el segundo
caso amenazas telefónicas en las que me decían que renunciara de
donde estaba si quería proteger a mi familia. Luego hubo
panfleteadas en el edificio en el que yo ya no residía. Y finalmente
la bomba en ese mismo edificio. Yo no vivía allí, pero había sido
mi lugar de residencia hasta unos meses atrás. Un domicilio que
estaba en el padrón electoral y en mi legajo de AFI y que fue mi
dirección cuando entré al ministerio.
—¿Y
qué pasó con la bomba?
—El
tema de la bomba es complejo y voy a explicarlo. No estaba conectada
para explotar. La bomba tenía medio kilo de trotyl, que se consigue
con algún grado de dificultad, pero se consigue en el mercado
criminal. Se usa en la actividad minera. Luego tenía el tren de
fuego completo, que comprende las demás partes: un teléfono celular
como detonador y un estopín como fulminante, que tiene más
dificultades para ser conseguido porque es peligroso de manipular.
También tenía algo que me llamó la atención, que era una base de
aserrín, usado pocas veces y que se acomoda como asiento para
orientar la barra de trotyl.
—¿Entonces?
—Con
esto quiero decir que el aparato estaba muy bien armado. Hubo un
experto encargado de armar el explosivo, que fue el que lo hizo.
Pero, después, hubo otras personas que lo trasladaron desconectado
porque se necesita hacerlo así dado que esto es muy inestable. El
aparato debe conectarse en la proximidad del blanco. Yo creo que las
personas que debían conectarlo en el lugar finalmente no lo hicieron
y dejaron sobre el artefacto un cartelito. No se animaron a
conectarlo. Pero el que lo encargó lo hizo para explotar. Eso es lo
importante. La bomba tiene estopines, que también hoy pueden
conseguirse más fácilmente en la Triple Frontera.
—¿Y
cuáles serían las razones de la AFI para atentar contra usted?
—Las
razones yo no las conozco, pero tengo alguna hipótesis. Las amenazas
decían: “Si te interesa tu familia, andate” (de donde estás).
Lo mismo que la intimidación telefónica. ¿Y dónde estaba yo? Ya
no estaba en la AFI, me había jubilado en 2015. Sin embargo, estaba
en Defensa – en un lugar en el que creo que lo ocurría era que
molestaba a la AFI.
—¿Cómo
molestaba a la AFI?
—En
aquel momento hubo, por decirlo de alguna manera, un cambio de
dirección en las políticas de las fuerzas armadas para que
comiencen a trabajar en narcotráfico. Nuevas tareas sobre
narcotráfico y nuevos fondos para hacerlo. La AFI derivaba el
dinero. La inteligencia contra narcotráfico había que hacerla fuera
del país, por imposición del marco legal para la Defensa. Yo tuve a
mi cargo el despliegue en el exterior, incluida la jurisdicción de
la Triple Frontera. Ahí había de todo menos terroristas, saturada
como está de agentes de seguridad. Mi posición me facilitaba
enterarme de cualquier actividad propia, incluida la que implicara el
destino de los fondos reservados en el terreno. O sea que nos
acercamos a la posibilidad de control indirecto, al menos, del uso de
esos dineros. Y eso sí parece darle sentido a las amenazas e
intimidaciones que, de otro modo, por lo desproporcionadas serían
mucho más difíciles de explicar. En este contexto, aparecieron las
primeras amenazas. Primero calumnias. Una acusación por un supuesto
acoso con una foto confusa que terminé de entender que salió o que
pasó por la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica
Militar, que era el área que tenía coordinación directa con la
AFI.
Los
fondos reservados son un área clave de la reforma que encara
Cristina Caamaño en la AFI. El área que menciona Vila acaba de ser
reformada por Agustín Rossi, recortando los fondos reservados y la
posibilidad de que operen agentes con alias.
El nexo
Vila
no quiere dar los detalles que proporcionó a la Bicameral. Sin
embargo, lo que habría anudado el atentado con la AFI fue la
detención de un presunto narco, que terminó declarando que lo
habían contratado para poner la bomba. Esta detención se produjo
por orden de Villena. La causa del artefacto explosivo tramita en
Comodoro Py. El juez Sebastián Ramos la delegó en el fiscal
Guillermo Marijuán y, por lo que explicaron fuentes tribunalicias,
esa causa no tuvo demasiado avance desde 2018.
El
detenido habría apuntado al abogado Facundo Melo como quien hizo la
“contratación”. Melo declaró semanas atrás en C5N que integró
la AFI entre 2016 y 2019 y está involucrado en la causa por el
apriete al juez Luis Carzoglio para que detuviera a Pablo y Hugo
Moyano. Él mismo se presentó el año pasado denunciando las
maniobras de la AFI en ese expediente.
El
fiscal Ramiro González, que tiene delegada la investigación, pidió
que se le levantara el secreto para declarar. La gestión de Gustavo
Arribas y Silvia Majdalani le contestó que Melo no había sido
asignado a ese caso. Todavía no resolvió si se le tomará
declaración o cómo lo hará. El juez Ariel Lijo habilitó a la
Bicameral para tomar vista de la causa. Hasta ahora, Arribas y
Majdalani habían quedado fuera de la investigación.
Probablemente
después de la detención ordenada por el juez de Lomas, Melo
presentó un Habeas Corpus ante la justicia de instrucción de la
Capital. En su presentación, Melo repetía lo que había dicho en la
carta que dejó en el juzgado de Lijo y en la entrevista televisiva.
El recurso fue remitido el 20 de abril por Villena a la Bicameral.
Después
de su intervención en C5N, la interventora en la AFI, Cristina
Caamaño, denunció a Melo por la violación del secreto, lo que
terminó de dejar en evidencia que el abogado reportaba en la agencia
de inteligencia. El fiscal Federico Delgado pidió que se lo indague,
aunque sea por videoconferencia.
Delgado
comparte el turno con Daniel Rafecas, el juez que está a cargo de la
investigación por los crímenes del Primer Cuerpo de Ejército. Para
el fiscal, la justicia debería mirar los casos de espionaje que
están saliendo a la luz como se hizo con las causas de lesa
humanidad. “Hay que conectar lo particular para entender lo
general”, dice Delgado.
El allanamiento
La
Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y
Actividades de Inteligencia se reunió el miércoles. Ese día se
trató la presentación de Vila y se decidió pedirle al juez de
Lomas que envíe la declaración del detenido que habría confesado
su participación en el atentado. También decidieron citar al
periodista Carlos Pagni, quien habría hablado directamente con
Arribas sobre la situación de Vila.
Ese
día se había conocido la renuncia al Servicio Penitenciario Federal
(SPF) de Emiliano Blanco. El Ministerio de Justicia aun no informó
si aceptó la dimisión. La presentación de la renuncia se produce
tras una violenta represión a una protesta en Devoto – que incluyó
dos heridos con balas de plomo – y un fuerte desgaste interno.
Blanco había sido propuesto como subsecretario de Asuntos
Penitenciarios, pero fue resistido por los organismos de derechos
humanos. El funcionario, que ingresó al Ministerio durante el
kirchnerismo, había estado a cargo del SPF durante toda la gestión
de Macri, cuando se hizo frecuente que los canales entraran a mostrar
cómo estaban detenidos quienes estaban ligados al gobierno de
Fernández de Kirchner. También en esa época hubo filtraciones de
llamadas entre los presos, sus familiares e incluso sus abogados.
Esa
misma noche, Villena ordenó una serie de allanamientos a áreas
sensibles del SPF, como la Dirección Nacional o el Área 50 –
conocida como el bastión de la inteligencia del SPF y donde se
supone que reportarían también integrantes de la AFI. El medio
periodistico, del cual comparto este artículo, había vinculado al
Área 50 del SPF con la transcripción de las escuchas a ex
funcionarios que estaban presos en Ezeiza. Las escuchas se habían
realizado por orden del juez Villena, que investigaba a Mario
Segovia, conocido como el rey de la efedrina, que orquestaba delitos
desde adentro de la cárcel e incluso habría pedido que gente de su
entorno se comunicara con internos de otros pabellones. La historia
es después conocida. En Py, por ejemplo, se usó como contrapeso del
D’Alessiogate.
El
área de inteligencia que allanó el juez actualmente se llama
Dirección Principal de Análisis de la Información y está a cargo
del inspector general Cristian Lionel Suriano, un hombre de extrema
confianza de Blanco. El 29 de abril, el mismo día que se presentó
una denuncia por los baleados en la protesta de Devoto, Suriano había
informado ante el juzgado de Villena movimientos que le hacían
pensar en una toma de distintas cárceles mientras se mantenía la
protesta en el penal de la Ciudad de Buenos Aires. La fiscal Cecilia
Incardona no consintió que se diera curso a la denuncia y no hubo
intervención judicial.
Ámbito
financiero informó el viernes que Villena secuestró importante
documentación, que incluso mostraría que jueces fueron blanco de la
inteligencia durante los últimos años. El Cohete pudo
establecer que en el allanamiento se hallaron en el escritorio de
Suriano informes sobre la composición política del gobierno
nacional y sus líneas internas, cosa que además de prohibida por la
ley de inteligencia, ni siquiera guarda relación con los objetivos
del Servicio Penitenciario, salvo que estuvieran pensando en la
conversión de algunos funcionarios en personas privadas de su
libertad. Pero sería una excesiva capacidad de anticipación, de la
que estos funcionarios no son sospechosos.
En
Lomas, siguen el tema con hermetismo.
La imputación
La
interventora en la AFI, Caamaño, fue la primera en responsabilizar
directamente a Macri por las tareas de inteligencia ilegal durante su
gobierno. Lo hizo en una denuncia que presentó el martes y en la que
incluyó también a Arribas y a Majdalani. Concretamente la
presentación se produjo tras el hallazgo de un disco rígido de la
marca Western Digital que no había sido borrado completamente y aun
conservaba rastros que daban cuenta de que se habrían espiado los
mails de 87 políticos, periodistas y abogados, así como el de la
Comisaría III de Avellaneda.
Lo
curioso es que la inteligencia se habría hecho también sobre los
propios integrantes de la coalición Cambiemos – Juntos por el
Cambio, incluyendo a funcionarios como Laura Alonso (ex Oficina
Anti-Corrupción) o diputados como Nicolás Massot y Mario Negri,
llegando al propio Ernesto Sanz – uno de los tres padres fundadores
de la coalición junto con Macri y Elisa Carrió.
La
denuncia quedó radicada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi
con la intervención de la fiscalía de Jorge Di Lello. El fiscal
dijo el viernes que la denuncia debe ser investigada y pidió una
serie de medidas que van desde peritar el disco rígido a otras que
pueden destapar la olla del recontraespionaje cambiemita. Di Lello
solicitó la nómina de todo el personal contratado durante la
gestión de Arribas y Majdalani. Según información proporcionada
por la intervención en la AFI, entre diciembre de 2015 y diciembre
de 2019, 803 personas fueron contratadas en la agencia, lo que
equivale a más del 60 por ciento de la planta actual.
Di
Lello piensa que debe hacerse un muestreo de declaraciones y
preguntarles a los agentes qué directivas recibieron de los jefes de
la AFI para sus tareas, lo que podría llevar a entender cuáles eran
los blancos a los que apuntaba la central de inteligencia. Podría
levantar la tapa de una olla a presión.
Al
promover la investigación, Di Lello explicó que sostenía la línea
que había esgrimido en 2016 cuando pidió que se investigara una
denuncia que la gestión del escribano Arribas había hecho contra
sus antecesores.
Una línea que lleva a Dolores
Caamaño
ya anunció que tiene una serie de denuncias para presentar. Es
probable que todas incluyan a Macri porque lo considera responsable
por los lineamientos estratégicos y los objetivos generales de la
política de inteligencia nacional.
En
la denuncia están mencionados dos agentes que reportaban a la
Dirección de Bases de Datos y Archivos. Uno, ODS, era el agente que
usó el disco rígido. Otro, PCC, su jefe y quien estaba logueado.
La
denuncia incorpora también a Dario Alberto Biorci, que, además de
ser el ex cuñado de Majdalani, era su jefe de gabinete y quien
llevaba el ritmo del área operativa de la AFI durante la gestión
Macri. Durante esos años, Arribas tuvo a su cargo dos grandes áreas,
Jurídicos y Finanzas. Su número dos, la Señora 8 estaba a cargo de
las Operaciones y, para eso, su mano derecha era Biorci. De hecho, el
área que él manejaba se conocía como Gabinete B – por Biorci.
El
ex cuñado de Majdalani apareció mencionado en las declaraciones de
dos célebres exponentes de la inteligencia vernácula, Marcelo
D’Alessio y su socio Rolando Barreiro. En declaraciones ante el
juez Alejo Ramos Padilla, D’Alessio contó que quien le encargaba
tareas era el ex comisario Ricardo Bogoliuk, quien había trabajado
con el fiscal Carlos Stornelli cuando estuvo en el Ministerio de
Seguridad de la provincia. Según el falso abogado, le habían
prometido el cargo de director de asuntos complejos de la AFI si sus
gestiones con el empresario Pedro Etchebest daban sus frutos.
Barreiro,
por su parte, declaró que D’Alessio se reunía habitualmente con
Pablo Pinamonti, a quien describe como una especie de enlace dentro
de la AFI entre directores y asesores. Uno de los asesores que
mencionó el ex agente fue a Biorci. Pinamonti estaba a cargo del
proyecto AMBA, en el que revistaban Bogoliuk y Aníbal Degastaldi.
Tanto
D’Alessio como Barreiro, Degastaldi y Bogoliuk están procesados en
la causa de espionaje, que estaba hasta la semana pasada elevada a
juicio. Sin embargo, el juez Ramos Padilla decidió diferir la
elevación después de que el fiscal Juan Pablo Curi sostuviera que
había que esperar que la Cámara de Mar del Plata revisara los
procesamientos de Stornelli y del periodista Daniel Santoro. Ese
tribunal también debe definir si coincide con Ramos Padilla al
rechazar a D’Alessio como arrepentido.
Curi
propuso, por ejemplo, dejar fuera de la elevación algunos tramos
significativos de la causa como las maniobras de D’Alessio en la
causa Gas Natural Licuado (GNL), que fue la que después permitió
que Stornelli y Claudio Bonadio se arrogaran la competencia para
investigar la causa cuadernos, o las tareas de espionaje sobre el
abogado Gabriel Bouzat, ex socio del presidente de la Corte Suprema,
Carlos Rosenkrantz.
Escuchas
El
mismo día de la presentación de la denuncia de Caamaño, la
Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo trató – no
sin escándalo con la oposición – el Decreto de Necesidad y
Urgencia (DNU) con el Macri transfirió la oficina de escuchas a la
Corte y el que prorrogó el mandato del camarista Martín Irurzun al
frente de esa oficina. El diputado Marcos Cleri, quien preside la
Bicameral, figura en el listado de los espiados que denunció
Caamaño.
El
Frente de Todes firmó los dictámenes declarando la invalidez de los
DNU 256/2016 y 102/2017. Si las cámaras votan en consonancia, la
oficina de escuchas – actual Dirección de Asistencia Judicial en
Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) – debería volver
a la Procuración General de la Nación, actualmente a cargo de
Eduardo Casal hasta que el Senado de tratamiento a la nominación de
Daniel Rafecas. Desde la Procuración dijeron no haber mantenido
conversaciones sobre el posible retorno de la oficina.
Las
escuchas estuvieron, al menos, desde los años 90 bajo la entonces
Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La dirección, que
funcionaba en un edificio sombrío de Avenida Los Incas, se llamaba
de Observaciones Judiciales (OJ), por lo que históricamente se
conoció a esa dependencia como la Ojota. En 2015, Cristina Fernández
de Kirchner anunció una reforma a la ley de inteligencia y la
transferencia de las escuchas a la Procuración, que estaba a cargo
de Alejandra Gils Carbó.
La
procuradora designó a Caamaño para hacerse cargo de la oficina y
desembarcar con un grupo de trabajadores del Ministerio Público en
el espacio que todavía estaba ocupado por personal de la ex
Secretaría de Inteligencia (SI). El escenario era lúgubre. Las
ventanas estaban tapiadas. Había puertas cerradas. Un agente había
tenido un accidente cerebrovascular haciendo una escucha y había
sido obligado a reintegrarse sin más. Quizá el mensaje más claro
lo daba un calendario que colgaba de una pared. Era del año 1985,
como si la democracia todavía no hubiera dado más que mínimos
pasos en la oficina de escuchas.
Durante
la gestión de Caamaño, no hubo filtraciones – como sí ocurrió
durante la era Martín Irurzun. A los pocos días de asumir, Macri
firmó un DNU para sacarle la oficina a la Procuración en un intento
de ir minando el poder de Gils Carbó. El DNU se firmó el 24 de
diciembre de 2015. El traspaso fue anunciado en un lunch que el
entonces ministro de Justicia Germán Garavano compartió el 28 de
diciembre con periodistas. Un día después se publicó en el Boletín
Oficial. No hubo nunca necesidad ni urgencia para el traspaso, tanto
que la Corte difirió cualquier definición hasta después de la
feria de verano de 2016. También trascendió antes del sorteo – en
La Nación y Perfil – que la oficina iba a quedar a cargo de la
Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires que preside Irurzun. De
hecho, hubo una causa que promovió sin suerte el fiscal Delgado.
Desde
febrero, la DAJuDeCO está a cargo de Javier Leal de Ibarra,
presidente de la Cámara de Comodoro Rivadavia y hombre con buena
llegada al ex presidente supremo Ricardo Lorenzetti, que gestionó la
llegada de la oficina de escuchas a la Corte. Según la nómina de
personal de la Corte, hasta abril, trabajaban 271 personas en la
DAJuDeCO – que amplió sus funciones más allá de las escuchas –.
Un día después de la Bicameral, Julio Piumato, de la Unión de
Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), le pidió a
Rosenkrantz que efectivice a los contratados – de modo que, si las
escuchas finalmente vuelven a la Procuración – sean absorbidos por
otras áreas del Poder Judicial.
Piumato
fue elogioso del trabajo de la oficina a cargo de Irurzun, Leal de
Ibarra y, de manera ejecutiva, de Juan Tomás Rodríguez Ponte. “Si
hubo algún error, no fue en el ámbito de la DAJuDeCO sino en la
actitud de ciertos jueces que mandaron a desgrabar los audios cedidos
por DAJuDeCO a la AFI, en una actitud absolutamente incomprensible”,
escribió Piumato. En otra tónica, el Sindicato de Trabajadores
Judiciales (SITRAJU) celebró el anuncio del traspaso y reclamó que
se diluciden las responsabilidades de las autoridades de la DAJuDeCO
en las filtraciones de escuchas.
La
onda expansiva de la causa sobre espionaje ilegal que investiga el
juez Federico Villena alcanza al Servicio Penitenciario Federal
(SPF). Después de que se allanara –entre otras tantas áreas— la
Dirección Principal de Análisis de la Información del SPF su
titular, Claudio Suriano, presentó la renuncia El motivo formal es
su jubilación, pero lo real es que Villena está investigando su
presunta vinculación con hombres de la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI) que habrían desplegado operaciones de espionaje
ilegal en cárceles federales, y en particular en el penal de Ezeiza,
el de los ex funcionarios y empresarios.
El
juez Villena investiga por lo menos a 15 agentes de inteligencia. Se
llegó a ellos a través de la confesión de un narco llamado Sergio
Rodríguez, alias Verdura o Tomate, que contó haber sido contratado
por un abogado que revistaba en la AFI, Facundo Melo (que entre otras
tareas le asignó llevar una bomba de trotyl a la entrada de la casa
del ex subsecretario de Defensa José Luis Vila). A la vez Melo y
otros reportarían a Alan Ruiz, jefe de operaciones. Pero la sospecha
es que entre ellos actuaban también al menos dos agentes ligados al
SPF, uno retirado y otro en actividad. Como informó este diario, se
los llama “candados”. Una de las líneas de investigación del
juez es el rol de la llamada unidad 50, que era precisamente la de
inteligencia del SPF, dirigida por Suriano. Según fuentes con acceso
a la causa, en uno de los tantos teléfonos secuestrados a agentes de
la AFI aparece el contacto con Suriano.
El
SPF es por estos días escenario de convulsión interna, ya que
también presentó la renuncia su titular, Emiliano Blanco, aunque
todavía la ministra de Justicia Marcela Losardo, no definió si se
la acepta o no. La situación de Blanco era compleja y lo del
espionaje agravó el cuadro. Le atribuyen con anterioridad haber
perdido las riendas de las cárceles y el manejo de conflictos, como
ocurrió en el penal de Devoto en abril.
Por
el material que recolectó hasta ahora el juzgado se sabe que hay
unos 1500 dossiers de espionaje, con seguimientos y tareas de
inteligencia ilegales (fotos, videos, grabaciones) sobre dirigentes
de la política que respondían al propio gobierno de Mauricio Macri
que los espiaba y otros de la oposición. Están el jefe de gobierno
porteño Horacio Rodríguez Larreta, el vice Diego Santilli, la ex
gobernadora María Eugenia Vidal, el ex jefe de la bancada macrista
Nicolás Massot, el ex titular de seguridad bonaerense Cristian
Ritondo, entre otros. También está la hermana de Macri, Florencia.
Pero incluso aparecen, por ejemplo, Cristina Kirchner, su hija
Florencia, Cristina Caamaño, Luis Barrionuevo, Hugo Moyano y el
presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz y el obispo Jorge Lugones.
El
presidente Alberto Fernández buscará transformar en ley las
reformas al aparato de espionaje estatal que aplicó desde diciembre
mediante decretos de necesidad y urgencia. La reforma será más
amplia, pero tiene como disparadores dos cambios que, en algunos
casos, pasaron prácticamente inadvertidos y conmovieron a la eterna
autonomía de los aparatos de inteligencia del Estado desde la
recuperación de la democracia.
En
diciembre, junto a la intervención de la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI) y la designación de la fiscal federal Cristina
Caamaño como titular, el presidente dispuso el fin de los gastos
reservados de ese organismo y revirtió la decisión de su antecesor,
Mauricio Macri, de extender el secreto a todas sus multimillonarias
erogaciones. El segundo, mucho menos advertido, es el DNU 214/2020
que prohibió "en forma taxativa y sin excepciones" que
desarrollen tareas de investigación criminal a pedido de jueces y
que "desarrollen tareas represivas, tener facultades compulsivas
o realizar funciones policiales".
El
decreto impide esas tareas "auxiliares" desde marzo, pero
hasta ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación no definió
ningún mecanismo para articular sus alcances en los expedientes
abiertos en los tribunales federales antes de esa decisión. Esos
casos siguen contando con la intervención del aparato de espionaje
por requerimiento de distintos magistrados. El máximo tribunal no se
pronunció y no hay señales de que lo haga en el futuro inmediato.
Además, cuenta con el control total del aparato de escuchas
telefónicas desde que Macri decidió quitarle ese control a la
Procuración General de la Nación para entregárselo al máximo
tribunal con el rimbombante nombre de Dirección de Asistencia
Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCo).
El
traspaso fue ordenado por el DNU 256/2015 y luego fue sofisticado con
el DNU 102/2017 que les dio mayor poder de intervención a los
camaristas federales. Esos dos textos fueron analizados esta semana
por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. La sesión
terminó a los gritos y con un portazo de los diputados de Juntos por
el Cambio, que se negaron a darle tratamiento porque sostienen que
ambos tenían dictamen previo. Aun así, ambos decretos no contaron
con el aval de la comisión, pero su vigencia sigue en pie gracias a
una laguna reglamentaria del Congreso que desde la recuperación
democrática nunca anuló un decreto presidencial en ambos recintos.
Para hacerlo, ambas Cámaras deberían sesionar para terminar de
desactivarlos, un escenario que por ahora aparece remoto.
Para
ordenar parte de ese río revuelto, Caamaño firmó esta semana una
resolución que creó la Comisión para la Reforma de la Ley de
Inteligencia Nacional (25.520). Ese panel deberá "realizar una
revisión integral de las bases jurídicas, orgánicas y funcionales
del Sistema de Inteligencia Nacional". El punto es parte del
mandato que estableció el DNU 52/19, con el que Fernández intervino
la AFI y le asignó la misión de elaborar "un proyecto de ley
de reforma del sistema". La intervención de Caamaño tiene una
duración de seis meses. Su mandato está por culminar, pero,
Fernández le ofreció continuar como próxima titular de la AFI.
El
consejo para la reforma que fue convocado esta semana es la extensión
de otro, de carácter consultivo, que comenzó a funcionar en
febrero. Está compuesto a título personal por una serie de
investigadores y especialistas que forman parte de la Iniciativa
Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), un
espacio impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales
(Cels), el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia
(ILSED), la Fundación Vía Libre y el Núcleo de Estudios de
Gobierno y Seguridad (NEGyS) de la Universidad Metropolitana para la
Educación y el Trabajo (UMET).
Aunque
su creación es previa, durante los últimos cinco años la ICCSI ha
sido la única voz de la sociedad civil que alertó sin miedo sobre
el desarrollo de una nueva y vertiginosa crisis del aparato de
inteligencia nacional. Advirtió de la gravedad institucional que
implicaba el traspaso del aparato de escuchas a la Corte, también se
pronunció sobre la falta de idoneidad del escribano Gustavo Arribas
como titular de la AFI durante el mandato de Macri y también reclamó
el urgente final de los gastos reservados que reinstauró la
administración de Cambiemos.
El
diseño de la nueva norma tendrá como eje la serie de planteos que
hizo la ICCSI en marzo del año pasado. Además de cortar el nexo
pernicioso entre el Poder Judicial y la AFI, también plantearon el
fin de los gastos reservados y sugirieron avanzar en una reforma que
no sea tan integral, sino que permita construir consensos
multipartidarios. Uno de esos ejes buscará regular el control de las
escuchas, pero también impulsar una ley de protección de las
comunicaciones, para que la AFI se dedique a analizar información de
alta calidad estratégica para el país y abandone las tareas de
investigación criminal. Ese giro abre otro desafío, porque esas
tareas son desarrolladas por las fuerzas de seguridad federales, que
siguen utilizando esa calificación para hacer espionaje interior,
una sospecha que también apunta a las delegaciones que tiene la AFI
en las provincias. "Si ya no tienen misiones de auxilio para la
Justicia, su misión se hace aun más vidriosa que antes",
confió a este diario una alta fuente vinculada al nuevo diseño.
El
tema de los gastos reservados requerirá una nueva definición del
alcance del secreto y del manejo de la información calificada,
"porque si no, todo lo que ocurre y está vinculado a la
inteligencia se interpreta como secreto, un error que ha propiciado
los desmanejos de la actualidad", detalló la fuente.
Los
cambios de la nueva ley tienen limitaciones, ya que implicará nuevos
mecanismos para ordenar el papel de las fuerzas de seguridad federal
y las policías provinciales, porque todas cuentan con áreas de
espionaje tan vidriosas como las que funcionan en la AFI o en el
Ministerio de Seguridad.
La
otra clave tendrá que ver con los organismos de control. Hasta ahora
la Comisión Bicameral tuvo poca o nula participación y la idea es
impulsar controles cruzados y compartimentados que incluyan al
Congreso, pero que también al Poder Judicial y otras instancias
ciudadanas para limitar el poder que hasta ahora tiene la AFI y la
decena de organismos de espionaje del Estado argentino más dedicados
a controlar a políticos, periodistas y organizaciones sociales que a
identificar amenazas estratégicas para la Nación.
Distintas
corrientes teóricas propias de las ciencias sociales han
desarrollado, en las últimas décadas, un análisis lineal de la
sociedad y la democracia, en la que el conflicto ha venido a ser
presentado como expresión de una enfermedad del “organismo social”
o bien, se ha entendido como superado con la desaparición de las
oposiciones políticas (democracia de consensos) 1.
Esto ha derivado hacia la limitación del debate político, a la
tecnocratización de la política y a la subvaloración de cualquier
discurso de transformación profunda de la realidad.
No
obstante, si realizamos una revisión del análisis sobre conflicto
político en perspectiva histórica, es posible observar que los
períodos de conflicto social y político han sido esenciales para
llevar adelante los procesos de cambio que han dado lugar a esquemas
sociales más democráticos (Rifo, 2016; Wagner, 1995, p. 13).
De
este modo, la democratización, que desde una perspectiva lineal
aparece como natural o bien se presenta como un proceso de buena
voluntad y aprendizaje dialogante de los miembros de una comunidad
política, ha sido más bien -la mayor parte de las veces-,
consecuencia de una serie de enfrentamientos sociales, y
principalmente de largas luchas por el reconocimiento (Honneth,
1997).
Democracia y conflicto: la democracia como movimiento histórico
Beatriz
Silva Pinochet Universidad de Barcelona, Barcelona, España.
Polis
[En línea], 46 | 2017, Publicado el 08 junio 2017,
consultado el 03 junio 2020.
En
una democracia idealmente constituida, al menos como intención, el
Estado se reserva para si las herramientas coercitivas y el monopolio
de la violencia. Resuelve de este modo las tensiones y conflictos que
surgen entre las libertades de grupos e individuos y las obligaciones
que esos mismos grupos se deben entre si, reglados por las leyes que
constituyen a ese Estado Nacional como formas y pautas de convivencia
y cohesión social.
Pero
las tensiones entre orden y libertad, Seguridad y libre albedrío,
derechos y obligaciones no siempre se resuelven de las mejores
maneras. Lo que el neoliberalismo a logrado instalar como
subjetividad es la negación o satanización de toda instancia que
medie entre los poderes del Estado. El verdadero logro de las
dictaduras en los años 70 fue precisamente despolitizar y
desmovilizar el entramado de organizaciones populares intermedias,
barriales, vecinales y territoriales, estableciendo esas brechas
abismales entre “la gente” y “el poder”, reducido a la
instancia política que es precisamente el eslabón mas débil y bajo
de las estructuras de poder que sostienen el sistema neoliberal,
Capitalista, colonialista, patriarcal.
Con
ese logro, les fue fácil instalar la anti-política y el relato
único de una realidad en la que solo queda adaptarse o morir, sin
ninguna posibilidad de transformación cierta y desterrando a la
memoria de los nostálgicos toda utopía revolucionaria. La caída de
una referencia concreta, histórica y anclada en una experiencia de
Estado como lo fue la URSS, contribuyó a aquello del “fin de la
historia” o el “Fin de las ideologías”.
En
medio de estas instalaciones subjetivas y plasmadas en gobiernos
abyectos a una globalización ácritica y servil a los intereses
imperiales de los EEUU y de sus socios de la OTAN, todo el entramado
de inteligencia y “guerra sucia y fría” que se había orientado
contra toda ideología o práctica que le de a las acciones de
solidaridad algún contenido político y a la lucha por los derechos
humanos algún contenido que se acerque a disputar poder, permaneció
prácticamente inmutable y sostuvo prácticas paralelas a las
oficiales con el fin de aleccionar a los gobiernos o instancias
democráticas dentro de estas construcciones. El neoliberalismo logró
así por medio del manejo de las instancias económicas que
comenzaban a transnacionalizarse y a perder el contenido de alguna
pertenencia o anclaje en sus Estados Nacionales y el carácter
corporativo que asumen, en la perdida de sus “dueños”
familiares, a un conjunto de Ceos y accionistas que deciden con el
único objetivo de crecer en la ganancias a como de lugar. La trama
entre el financiamiento y la continuidad de esos Estados Paralelos se
asegura mediante una nueva instalación mas “apolítica” en los
movimientos de ONG (Organizaciones no gubernamentales) que ya en sus
siglas instalan la mentada y falsa independencia de ideologías
políticas o posiciones frente a los poderes que no advienen a la
democracia y que se instalan por el propio ejercicio de sus
privilegios, expresados en las posibilidades de sus fuentes de
financiamiento.
Así
las cosas, faltaba apropiarse de uno de los mecanismos que, serviles
a las dictaduras, podían haber seguido un recorrido histórico mas
democratizador: Los medios de comunicación.
Por
el contrario, el imperio del dinero les impidió tal cosa. Y el
desarrollo de las empresas de comunicación masiva y producción de
contenidos audiovisuales y de usinas de la información, se cerraron
aún mas entorno a los negocios financieros y a los poderes
económicos que definen sus políticas editoriales y que completaron
el entramado que hacia fines de los 90 convergen en las prácticas de
lawfare.
Se
completa asi el doble circulo de presión. Por un lado un entramado
internacional y nacional de inteligencia, Jueces y fiscales, Medios
de comunicación y ONG que financian las tramas y secuestran para
intereses nada democráticos, voluntades políticas y de cualquier
otro ámbito para producir esta “guerra por otros medios” contra
toda ideología contraria al neoliberalismo. Por otro lado recoger
los frutos de la instalación subjetiva y el aprovechamiento de esos
odios basados en el racismo, la xenofobia, el desprecio al otro, la
instalación de las ideas “yoícas” y “meritocraticas” que
impulsan al individualismo y que evitan la participación política
organizada y la reconstrucción de redes de participación que pugnen
por el poder y busquen transformar la realidad y democratizar
genuinamente las instancias del Estado y las subjetividades de sus
ciudadanos en otras mas solidarias y constitutivas de una verdadera
comunidad Nacional que cuide su territorio y a sus habitantes y se
relaciones con el resto del mundo de modos mas pacíficos, solidarios
y humanos.
Las
fuerzas de seguridad interior y los organismos de inteligencia no han
podido ser despojados de esas subjetividades y de esos intereses
paralelos que compran sus voluntades y generan esas tramas oscuras y
ocultas que espían, extorsionan y matan a la sombra de sus odios y
del sostenimiento del poder de sus privilegios.En sus acciones
individuales e institucionales y en sus entramados transnacionales y
financiarizados, sostienen lo que queda del neoliberalismo en
Argentina igual que en el resto del planeta.
Daniel
Roberto Távora Mac Cormack
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