Domingo
21 de junio de 2020
La
sociedad infectada
Esta pandemia llega ahora, hoy,
en este momento histórico del mundo globalizado, fuertemente
impregnado de los valores neoliberales y caracterizado por décadas
de profundización de las desigualdades. El Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo-PNUD indicaba en 2019 que el 80% de la
población mundial (unos 6.500 millones de personas) sólo cuentan
con el 4.5% de la riqueza; y de ellos 4.500 millones se encontraba
bajo condiciones de pobreza o indigencia. Hace más de 500 años que
el capitalismo viene extendiendo esta realidad social, pero en las
ultimas 7 décadas el despojo y la pobreza se extienden más
profundamente. El progreso, el desarrollo de los medios de
producción, gracias al cual la clase obrera debería haber podido
romper sus cadenas e instaurar la libertad universal, en realidad ha
desposeído a los trabajadores de sus últimas parcelas de soberanía.
El crecimiento económico, que debía garantizar la abundancia y el
bienestar para todos, ha hecho crecer las necesidades y la población
bajo condiciones humillantes de vida.
Esta epidemia que parecía más
vinculada a las rutas de los hombres de negocio y a los sectores
sociales que pueden viajar por el mundo, en pocas semanas se desplaza
sobre las capas y clases sociales donde siempre golpean las epidemias
desde que, en el año 165, Galeno describió la primera epidemia de
la medicina moderna (la Peste Antonina que extendida entre los pobres
de Roma mataba 2.000 personas por día hasta llegar al Emperador). En
Barcelona, la georeferenciación de casos muestra que la incidencia
de la Covid-19 es del doble en los distritos obreros de NouBarris y
Sant Andreu que en barrios de clases medias y zonas exclusivas. Los
pobres ponen el doble o más de los casos también en Nueva York, la
población que sufre más inequidad social y sanitaria son los
hispanos y afrodescendientes.
En este contexto recibimos la
pandemia en Nuestrámerica que es la región más inequitativa del
mundo, la más desigual y un lugar donde las policías neoliberales
de los últimos 40 años concentraron más la riqueza y destruyeron
los imperfectos recursos de contención y cuidado social que tenían
los estados. En Argentina entre 1974 y 2020, la pobreza pasó
de comprometer al 6% de la población a más del 40%; el 90% de los
trabajadores estaban en blanco y con derechos sociales antes de la
dictadura y hoy solo el 48%, el resto está precarizado, en negro o
desocupado; el desempleo creció desde el 3% al 12%. Además
Argentina pagó más de 530.000 millones de dólares en concepto de
deuda. A lo cual se agrega un nuevo endeudamiento irracional, que
pasó del 52.6% del PBI en 2016 al 91.7% en 2019; y en su mayor parte
fue destinado a la especulación financiera y la fuga de capitales.
Todas estas acciones de despojo y concentración de la riqueza
implementadas por gobiernos de legalidad constitucional-democrática.
Estas décadas de hegemonía neoliberal han reconfigurado la sociedad
exacerbando el individualismo competitivo, las desigualdades
segregacionistas, el miedo y la violencia discriminatoria hacia las
alteridades, desplazando la solidaridad, la reciprocidad en las
relaciones sociales y la identidad en el colectivo propio (el pueblo)
al rincón de los principios de los “no existosos”. En este
contexto, llega el coronavirus.
El estado del sistema de salud
que recibe la epidemia también es crítico. Se siente el paso de las
políticas neoliberales en nuestra región, sobre todo desde que la
OMS, al subordinarse al Banco Mundial, abandonó la consigna épica
de “Año 2000 Salud Para Todos” para adherir al manifiesto:
“Invertir en Salud”, de 1998, que guió las reformas
neoliberales para desmontar lo público y ampliar el mercado
debilitando notablemente las redes de hospitales y sobre todo la
atención primaria.
En ese sentido en 2017 la
inversión en salud pública cayó un 30% en este país. En 2016 se
le destinaron $11.000 millones menos; el gasto público per cápita
en sanidad en la Argentina fue de 642 euros por habitante mientras
que en 2015 había llegado a 913 euros. El gobierno de Macri ahorró
271 euros por argentino, llevándolos cada vez más a afrontar el
cuidado de la salud con su propio bolsillo. El gasto público en
salud como porcentaje del PBI fue de 6.82% en 2015 para caer 1,2
puntos en 2016 (a 5,62% del PIB). Y más allá de la cantidad de
camas (5 por mil habitantes en Argentina, la OMS aconseja 10 y Brasil
tiene 2,2 igual que Chile y México 1,7 cuando Corea del Sur o Japón
tienen más de 11 camas por mil) los cuidados de salud son cuidados
que brindan “personas” a otras personas, es crítico el equipo de
salud. En nuestro país el 80% de sus miembros reciben ingresos
levemente por encima de la línea de pobreza y sus vínculos
laborales son muy precarios como consecuencia del creciente proceso
de mercantilización de la salud.
El problema principal del sistema
de salud es precisamente esta última característica mencionada, su
proceso de mercantilización. Negando la salud y su cuidado como un
derecho social principal de cada ciudadano y promoviendo como signo
del éxito personal que cada individuo garantice su cuidado de su
bolsillo o adhiriendo a un seguro privado, la salud pública se
relega a la marginalidad y se desvaloriza a sus integrantes y
prácticas. Hoy, en la pandemia recurrimos a esos equipos de salud
denigrados y ninguneados no solo por el estado, sino por esta
sociedad que reniega no solo del cuidado de sus miembros sino del
cuidado de todo el planeta.
El
ambiente de la pandemia
Vivimos en este comienzo de siglo
en un planeta seriamente degrado, con calentamiento global
desencadenado, grave contaminación del agua, con una compulsiva
destrucción de bosques por la voracidad del agronegocio mundial que
limita seriamente el proceso de regeneración del aire de la
atmosfera, con alimentos generados en proceso tóxicos y que llegan a
nuestra mesa contaminados con numerosos agrovenenos, con radiaciones
electromagnéticas que se multiplican a niveles nunca soportados por
las especies vivas, sobre todo en las ciudades. En menos de 70 años
el capitalismo está destruyendo la naturaleza por un ritmo de
extracción que supera su capacidad de regeneración causando pasivos
ambientales de donde emerge… el coronavirus y muchas pandemias
venidas y por venir si no paramos esta forma de vincularnos con la
madre tierra.
Los humanos no somos de otro
planeta ni de plástico, los estudios de radioisótopos muestran como
incluso nuestro esqueleto cambia todos sus átomos en un año, las
membranas y organellas de las neuronas cerebrales cambian todas sus
moléculas varias veces al año, solo metales pesados como cobre,
hierro o manganeso persiste en nuestro cuerpo más tiempo; toda
nuestra materia ingresa y sale día a día a nuestro cuerpo en un
tourover que solo concluye cuando morimos, muerte que significa
básicamente que ya no podemos incorporar ni eliminar materia ni
energía y nos convertimos en polvo… es decir en humus, que es de
donde venimos los humanos. Pero el Capitalismo no solo aliena al
trabajador de su objeto de trabajo sino que aliena a la humanidad de
la naturaleza y nos ubica fuera de ella y como sus conquistadores no
como sus hijos, desarrollando prácticas de despojo y rapiña y no de
cuidado.
Sabemos que las sociedades
industrializadas viven del pillaje acelerado de stocks cuya
constitución ha exigido decenas de millones de años, como el
petróleo del subsuelo o la riqueza de nuestro suelo pampeano. El
capitalismo es una verdadera economía de guerra a la naturaleza, de
explotación y destrucción. Hoy hay hambre en 1000 millones de
habitantes del mundo pero el mundo produce suficientes alimentos para
todos y de más aun; se tiran a la basura anualmente una cantidad de
alimentos que podrían alimentar a 2500 millones de personas, pero
los hambrientos siguen existiendo, no por falta de comida, sino
porque no tiene dinero para pagarla en el mercado. Injusticia social
y daño ambiental van de la mano en la economía de guerra en esta
época denominada acertadamente como Capitaloceno.La economía
capitalista ya no es la ciencia de la buena administración del hogar
de Aristóteles.Por eso, hoy en los debates públicos se escucha con
absoluta naturalidad acrítica la incongruencia de “cuidar la
salud” o “atender la economía”. Se ha naturalizado lo
económico como modo de producción que atenta contra la vida, el
ejemplo más patético es la agricultura argentina con la aplicación
anual de 500 millones de kilos de agrotóxicos en un territorio
habitado por 12 millones de personas.
El
Capitaloceno inauguró una era donde la producción de los medios de
vida se transformó en una maquinaria de destrucción de las fuentes
de vida y de producción de desigualdades abismales y crecientes, al
interior de la población humana y entre ésta y el resto de las
comunidades bióticas. “Producción”
pasó a significar “explotación”;
explotación de los cuerpos y de los territorios. La prioridad de la
satisfacción de las necesidades vitales humanas se suplantó por la
ganancia como combustible de las subjetividades que dirigen el
“aparato productivo”.
Como
Clarín y Papel Prensa, las empresas de la familia Macri, Los
blaquier y Ledesma o la Ford y General Motors, la oligarquía
Argentina participó activamente de aquellos años de horror en
Argentina …
La
novedad de los tribunales de Salta es que, un año y medio después
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara avanzar con
las indagatorias, el juez federal Julio Bavio dio sus primeros pasos,
tan demorados. Es en la causa del dueño de la empresa de transporte
La Veloz del Norte, Marcos Levin, y tres policías a su servicio que
habían secuestrado y torturado a quince trabajadores de esa firma.
La causa fue desdoblada. En 2016
Levin fue condenado a 12 años de prisión por esos delitos en
perjuicio del delegado gremial Víctor Manuel Cobos.
Por otro lado, esos delitos
contra otros quince laburantes fueron a una causa aparte, desdoblada.
Y ante la apelación de las defensas de estos trabajadores esta
semana hubo aquella novedad: luego que la Corte ordenara a la
justicia salteña reanudar las indagatorias, éstas empezaron pero
con las demoras de siempre. Uno de los policías alegó enfermedad y
no poder declarar. Y así harán los otros.
Si bien Levin tiene el dudoso
mérito de primer empresario condenado por complicidad civil con la
dictadura militar, sus pesares fueron mínimos. La condena de 12 años
no satisfizo a la querella ni al movimiento de derechos humanos. Y
encima en octubre de 2017 la Cámara de Casación anuló ese módico
castigo. Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques
anularon esa pena afirmando que no se trató de un delito de lesa
humanidad, considerando prescriptos los cargos contra el empresario.
También anularon las dos condenas a 12 y otra a 8 años impuestas a
los tres policías. Al lector debe sonarle el apellido Mahiques…
Ese fallo tan favorable a la
complicidad empresarial fue apelado, pero hasta que la Corte Suprema
dictamine, los beneficiados gozarán de libertad. Y si dentro de uno
o dos años hubiera un fallo adverso, verán de cumplirlo en casa.
Lo que motivó a Levin urdir con
esos policías el plan para secuestrar, torturar y despedir
activistas, fue similar al afán de tantos empresarios. Querían
ganancias extraordinarias durante la dictadura por la vía de
amedrentar a su personal y superexplotarlo sin que molestos delegados
les marcaran la cancha con los convenios y protestas.
Vicentin
Promediando 2019 se supo que esta
empresa agroexportadora había entrado extrañamente en cesación de
pagos y luego abierto un concurso de acreedores. Hasta ese momento
sus números eran superavitarios en dólares, ubicada en el podio de
las seis exportadoras de granos y aceites.
Diez atrás, cuando Alberto
Fernández comunicó al país su decisión de intervenir la compañía
y luego expropiarla, recién ahí el caso Vicentin ganó notoriedad.
Por un lado, una gran parte del
país apoyando esas medidas con doble argumento: voluminosa deuda de
18.300 millones de pesos de Vicentin con el Banco Nación y defensa
de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Otra parte,
quizás no tan amplia como aquélla, simpatiza con la idea de contar
con una empresa estatal en un rubro vital para controlar el precio de
los alimentos y chequear las liquidaciones de dólares del
agrobusiness.
En la vereda de enfrente, los
directivos de Vicentin, sus colegas de la AEA, la Unión Industrial y
la Suciedad Rural, con el acompañamiento de Clarín y los dirigentes
del PRO-Cambiemos. Este bando por supuesto se opone en nombre de la
seguridad jurídica y la defensa de la propiedad privada. Los delitos
que podrían imputarse a aquellos directivos, por vaciamiento, fuga
de capitales, evasión fiscal, etcétera, no tendrían mayor
importancia.
Ni el gobierno ni el sector que
defiende a Vicentin menean el delito mayor cometido por esos
empresarios santafesinos: su complicidad con el terrorismo de Estado.
En noviembre de 1976 la aceitera
entregó a las fuerzas policiales a 22 de sus trabajadores y
delegados. Fueron secuestrados y llevados a la Jefatura de Policía
en Reconquista, a Santa Fe y la Brigada Aérea, donde los torturaron
y encarcelaron. La patronal, socia y cómplice de esos delitos,
aprovechó para intimarlos y despedirlos del trabajo. Varias víctimas
denunciaron y recordaron sus pesares: Heraldo Salvador Sánchez,
Efrén Venturini y Oscar Zarza, entre otros.
La relación de Vicentin con los
delitos de lesa humanidad de la dictadura estuvo hasta hoy bajo una
espesa capa de hielo. Judicialmente no dio lugar a ninguna condena a
los Padoan y Nardelli, sus controlantes.
La
impunidad
Con enormes dificultades y
notables retrasos, la justicia pudo ir abriéndose camino para juzgar
y condenar a los militares, policías y gendarmes responsables
directos o autores mediatos de horribles crímenes de la dictadura
militar-cívica.
El puntapié inicial fue el
juicio a las primeras Juntas de Comandantes (la última quedó
impune). El pueblo argentino, los organismos de DDHH, y las
organizaciones humanitarias solidarias del extranjero, debieron
sortear muchos obstáculos, amenazas, leyes de impunidad («Punto
Final» y «Obediencia Debida», alfonsinistas), levantamientos
«carapintadas» y decretos menemistas.
A fines de 2019 el informe de la
Procuración daba cuenta que había 962 condenados por delitos de
lesa humanidad, 606 procesados y 576 imputados. El límite de esta
buena marca es que la justicia llegó muy tarde y que el 50 por
ciento de los represores gozan hoy del inmerecido beneficio de la
prisión domiciliaria, incrementado durante el macrismo.
Esos buenos números no tienen
nada que ver con los registrados respecto a los civiles involucrados
en aquellos crímenes. Son una abrumadora minoría: Jaime Smart (ex
ministro del general Ibérico Saint Jean), una media docena de
excamaristas y jueces en Mendoza y Santa Fe, el cura Von Wernich y
unos pocos más.
Los empresarios se salvaron en
masa. Apenas está el fallo de 2016 contra Levin, anulado
posteriormente, y otro de 2018 contra dos gerentes de la Ford por
delitos de lesa humanidad contra 24 trabajadores (7 desaparecidos).
Los monopolios donde se
cometieron secuestros, torturas y desapariciones con muertes de
activistas, están impunes. Los dueños de Ledesma, Mercedes Benz,
Techint, Socma, Clarín, Fiat, Perkins, Renault, Acindar, Loma Negra,
La Nueva Provincia, Tandanor, Roggio, etcétera, fueron responsables
de centenares de desapariciones. Están blindados hasta hoy, como
Vicentin.
El Estado ni siquiera puso en
marcha la «Comisión Bicameral de Identificación de las
Complicidades Económicas durante la última dictadura militar para
la búsqueda de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la reparación y
el fortalecimiento de las instituciones de la democracia», aprobada
en octubre de 2015 a propuesta del diputado Héctor Recalde. Largo e
inútil nombre.
Eso fue ser cómplices de los
cómplices de Videla. ¿No es hora que la democracia levante ese
pagaré de 44 años?
Fuente:
La
Arena
La
historia y el presente no surgen por casualidad sino por
intencionalidad de los humanos que la protagonizan y de los intereses
y valores deshumanizante que sostienen, sostenían y sostendrán en
tanto los egos en el ejercicio del poder, puestos por encima de la
vida de muchos otros …
Daniel
Roberto Távora Mac Cormack
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