Miércoles
17 de junio de 2020
LA TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD ...
La
justicia de Nueva York ordenó un proceso de descubrimiento de
activos relacionado con Vicentin, en febrero último, ante el
requerimiento de un pool de bancos acreedores internacionales que
exigen una deuda de $33.137 millones.
La
orden judicial ocurrió antes de que el Gobierno argentino decidiera
intervenir y expropiar la firma y apenas unos días después de que
la compañía ubicada en Santa Fe solicitara el concurso preventivo
de acreedores.
El
Discovery,
como se le dice en la jerga al proceso de análisis de detección de
activos, fue ordenado por el juez Alvin Hellerstein de la Corte del
Distrito Sur de Nueva York el pasado 14 de febrero, apenas cuatro
días después de que la firma pidiera a la Justicia entrar al
proceso de quiebra, con una deuda calculada en US$ 1.350 millones.
El
proceso de análisis de activos que involucra a personas y
movimientos bancarios relacionados con Vicentin fue ordenado por un
pool de acreedores internacionales, que se reunieron en un Comité y
decidieron reclamar a la justicia ante los problemas declarados de la
firma.
Dentro
del comité de bancos internacionales está el Banco Mundial, con su
Corporación Financiera Internacional, el brazo de la entidad
encargado de prestar al sector privado, y el Nederlandse
Financierings FMO, un banco de fomento holandés.
Con
menos exposición, también se suman a este consorcio ING Bank,
Rabobank y los franceses Natixis y Credit Agricole.
Las
entidades financieras internacionales son dueños de una deuda que en
conjunto ronda los $33.137 millones, según la información
oportunamente provista por la firma al magistrado estadounidense.
En
tanto, el Banco Nación es el primer acreedor individual de Vicentin
con $18.182 millones, mientras que el IFC del Banco Mundial sería el
segundo más importante, con una deuda exigible de $16.504 millones.
"Vicentin
vendió Renova por u$s 122 millones y los ocultó"
Una
denuncia radicada en Nueva York echó luz sobre la venta de acciones
de la fábrica de biocombustibles, apenas tres días antes de que
Vicentin entrara en cesación de pagos. Sospechan que el dinero se
llevó fuera del alcance de los acreedores.
La
afirmación surgió ayer de un chat entre abogados de bancos
internacionales involucrados en una denuncia contra Vicentin SAIC,
por incumplimiento de contratos de crédito, radicada en las cortes
de Nueva York. "Las acciones de Renova las vendieron en 122
millones de dólares y los escondieron". Renova es la planta
modelo de producción de biodiesel que el grupo Vicentin instaló en
la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, y que le fue vendiendo en partes
a la suiza Glencore, dueña de Oleaginosa Moreno, hasta quedar
repartida en 50% para cada una. La última operación, por el 16,67%
del paquete accionario, se concretó el 2 de diciembre de 2019, es
decir 72 horas antes de que Vicentin declarara su "estrés
financiero", o en términos llanos en cesación de pagos.
Qué
destino tuvo el dinero que, se supone, había cobrado por esa
transacción era hasta ahora un misterio, así como su monto.
Los representantes de la banca holandesa, francesa, japonesa y
estadounidense que estaban detrás de esa información, asumen desde
ayer que se ha revelado lo que temían, o sospechaban al menos: los
ingresos de esa operación no ingresaron a la caja que responde a la
demanda del concurso de acreedores, ni el cambio patrimonial fue
informado a los acreedores externos tal como estaba comprometido en
los acuerdos de crédito suscriptos. La consecuencia inmediata será
una demanda judicial contra Vicentin SAIC en tribunales
neoyorquinos; la que podría sobrevenir es que, una vez comprobado el
desvío de esos fondos, todo el proceso de default y convocatoria de
acreedores quedaría bajo sospecha de fraude.
De
la deuda total que se presentó ante la convocatoria de acreedores,
por una suma de 99.345 millones de pesos, unos 1600 millones de
dólares al cambio que se tomó en el expediente (60,58 pesos por
dólar), aproximadamente un tercio corresponde a bancos extranjeros.
El principal es la Corporación Financiera Internacional, que forma
parte del Banco Mundial, con un crédito por 16.505 millones de pesos
(u$s 272 millones), seguido por el holandés (La Haya) FMO, por 9228
millones de pesos. Otros importantes acreedores financieros
extranjeros son el ING Bank filial Tokio ($4420 millones), Rabobank,
de Utrecht (también de Países Bajos ($1430 millones), Rama Natixis
Nueva York ($ 624 millones). Entre todos, unos 530 millones de
dólares. Todos ellos, junto al Credit Agricole de Francia, además
de ingresar en la convocatoria conformaron un comité de banco
acreedores (steering committee, en inglés), para accionar contra
Vicentin SAIC en tribunales extranjeros, por incumplimiento de
contratos internacionales.
Esta
presentación se efectivizó en febrero de este año, cuando aquí se
abría el concurso de acreedores. El primer dato saliente es que
Vicentin, en manos de los hermanos Nardelli (Sergio y Gustavo) y de
Alberto Padoán, no cuestionó la jurisdicción de los tribunales
estadounidenses. Si habrá sido porque especulaba con una negociación
con alguna empresa norteamericana interesada en quedarse con la
cerealera local (¿Cargill?), es una pregunta que muchos se hacen. La
justificación que hicieron los demandantes para elegir esa
jurisdicción es que es el distrito a través de la cual el grupo
Vicentin hace muchas de sus operaciones financieras y transferencias.
En particular, señalaron cuentas en el Banco Itaú filial Nueva
York.
El
requerimiento formulado por los bancos denunciantes al juez fue que
levantara el secreto bancario sobre las cuentas de Vicentin, para
poder acceder a la información que la empresa no brindaba sobre sus
giros al exterior y transferencias entre cuentas propias y/o con
firmas vinculadas. Es lo que allí se llama "discovery process",
proceso de revelación o hallazgo de una información que en forma
inapropiada se oculta. En este caso, los millonarios contratos de
financiación otorgados a Vicentin durante muchos años contemplaban
la obligación de informar a los acreedores sobre cambios en la
composición patrimonial u otros hechos relevantes que afectaran la
situación o posición del grupo económico. Uno de los señalamientos
que el steering committee de bancos hace en su presentación
judicial, es que Vicentin llegó al aludido "estrés financiero"
en diciembre sin haber informado, previamente, de ninguna situación
particular que pudiera provocar un cambio en su situación económica.
La
Justicia de Nueva York accedió al pedido de los bancos denunciantes,
le reclamó a Vicentin toda la información requerida por los bancos
acreedores, y tras un período de unos 60 días, es decir en torno al
mes de mayo, recibió de la firma argentina una cantidad de informes
y documentación que sometió a análisis. En los últimos días,
esta información se puso a disposición de los bancos que la
requirieron.
"De
la documentación entregada por Vicentin, ya hay una primera
conclusión; por la venta de las acciones de Renova en diciembre, el
grupo recibió 122 millones de dólares que no solamente fue una
operación que no le fue informada a los bancos extranjeros, como
tenía obligación de hacerlo, sino que ese dinero tampoco ingresó
por las vías normales a la empresa", le relató a Página/12 el
abogado Mariano Moyano, quien trabaja para acreedores del grupo
Vicentin investigando el posible desvío a cuentas del exterior de
fondos de sus empresas antes de declararse en cesación de pagos, y
mantiene contacto con sus colegas del "steering committe".
¿Qué
significa que no ingresó por las vías normales?, le pidió este
diario al abogado que investiga la ruta del dinero de Vicentin. "Que
no ingresó en las cuentas de la empresa, ni aparece en la filial
Paraguay (que figura como titular de las acciones de Renova). Es
parte de todo el manejo irregular de las cuentas de esta empresa.
Esto confirma lo que venimos sosteniendo: hay que ir sobre las
cuentas offshore del grupo, y ahora es la Justicia de Nueva York la
que lo señala".
Del
8 al 26 de noviembre de 2019, Vicentin SAIC ingresó 95,5 millones de
dólares de fondos líquidos, para prefinanciación de exportaciones,
otorgados por el Banco Nación. El 2 de diciembre, se sabe ahora,
otros 122 millones. Casi 220 millones de dólares recibidos en menos
de un mes, y antes de cumplir ese mes ya se había declarado en
default. Dos mil seiscientos acreedores, y no sólo ellos, quieren
saber algo más sobre esos manejos.
Desde
su casa por algunos días más, tras haber estado en contacto con
Martín Insaurralde, que dio positivo de Covid-19, el ministro de
Desarrollo Social, Daniel Arroyo, sigue muy activo. Fiel a su
estilo y porque la situación social, que ya venía magullada antes
de la pandemia, así lo demanda. En diálogo con El
Economista,
Arroyo describe la acción del Estado ante la cuarentena y repasa los
numerosos desafíos pospandemia.
La
semana pasada lanzaron Potenciar Trabajo. ¿Cuáles son las
expectativas que tienen ustedes con este programa que anunciaron con
el Presidente?
Tiene que ver con el camino de
salida y la construcción de trabajo. Nosotros vemos que en los
sectores más pobres hay cinco rubros productivos que van a mover la
actividad económica en los próximos tiempos, que van a ser más de
mano de obra intensivos: la construcción, veredas, vivienda,
infraestructura básica; la producción de alimentos, huertas,
granja, panadería; la industria textil; la economía del cuidado, en
especial mujeres que cuidan personas mayores, personas más chicas,
cuidado comunitario, eso va a crecer mucho porque va a cambiar el
sistema de cuidados en Argentina y, por último, el reciclado. Esos
cinco sectores vemos que serán los más dinámicos y encaramos un
programa que se llama Potenciar Trabajo que hace que el que
tenga un plan social se vincule con el trabajo en algunos de estos
cinco sectores productivos, armar unidades de gestión en cada
provincia y en cada municipio transfiriendo fondos para máquinas y
herramientas, para poner en marcha esas actividades. También, un
gran sistema de créditos no bancarios, créditos a tasa del 3%
anual, para que el carpintero tenga una sierra circular, para que el
que cosa ropa en su casa tenga una máquina de coser, y un registro
de los trabajadores de la economía social que les permita poder
facturar.
Todo esto junto, sobre la base
del camino de salida. Hoy la política social es mucha asistencia
alimentaria, estamos cubriendo once millones de personas con la
asistencia alimentaria, pero el esquema central es potenciar trabajo
y articular trabajo como camino de salida.
Entre
los once millones a los que dan asistencia alimentaria, hay 1,5
millón de tarjetas Alimentar que se han distribuido. ¿Se piensa
incrementar el número de tarjetas?
Sí. Nosotros arrancamos con las
madres con chicos menores de seis años, las mujeres a partir del
tercer mes de embarazo y las personas con discapacidad. Ese es el 1,5
millón de tarjetas. Vamos a avanzar después con otras edades, para
ampliar hasta llegar a los chicos de hasta doce años, y las personas
mayores con muchas dificultades. Tenemos que cubrir todo ese espacio.
Hoy llegamos a once millones de personas entregando alimentos de
manera directa, o transfiriendo fondos a provincias y municipios para
que compren alimentos, o a través de la Tarjeta Alimentar, a través
de fondos descentralizados porque transferimos a los comedores, a
casi 5.000 comedores, para que sean ellos los que compren y fomenten
la economía local. También duplicamos los fondos para lo que
llamamos los comedores escolares. Todo eso junto llega a once
millones de argentinos, pero es la gran red social de organizaciones
sociales, iglesias y escuelas que le están poniendo el cuerpo y
atendiendo esta situación.
¿Crees
que hay una coordinación adecuada con todas estas entidades que
están participando en el sistema de distribución de alimentos?
Creo que hay una buena
coordinación en un contexto difícil, donde mucha gente está
angustiada, donde la situación es crítica. Nosotros a lo que
apuntamos es que se hagan un comité barrial en cada lugar en donde
esté el Estado, las organizaciones sociales y las iglesias. Hace
unos días estuvimos en Tigre, en el barrio San Jorge, donde
crecieron muchos la cantidad de contagios. No había ninguno y
pasamos a 160 rápidamente. Ahí se convocó a las organizaciones
sociales y a otras de distinto tipo, se organiza, se define qué es
lo que se necesita, qué tipo de asistencia hace falta. Esa
coordinación se está llevando adelante, aunque con dificultad, con
gente que la está pasando mal, con gente que le bajó a cero el
ingreso, con gente que ha dejado de tener changas, con gente que
estaba integrada al trabajo, como el mozo, el remisero, el taxista,
que le bajó a cero el ingreso y empezaron a ir a reclamar asistencia
alimentaria, que nunca lo habían hecho. En un contexto tan difícil,
me parece que está articulando bien, con mucha dificultad y con
gente que la está pasando mal.
¿Tienen
cuantificado cuál ha sido el deterioro social desde que irrumpió la
pandemia?
Es evidente que está aumentando
la pobreza. Es evidente que está aumentando más en los niños,
donde ya teníamos 50% de los niños en la pobreza. Es evidente que
está aumentando la desigualdad en Argentina. No es posible
cuantificarlo porque justamente el tema central para hacer un
análisis y tener datos reales de pobreza es hacer encuestas
presenciales. Necesitas 13.000 casos para evaluar los niveles de
pobreza. El Indec va a marcar la situación al 30 de junio. Es
difícil proyectar hoy porque no se pueden hacer encuestas más que
telefónicas, lo que es claro es que tenemos una situación crítica.
Tenemos cuatro realidades: la persona de pobreza estructural, alguien
que es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos lo fueron, que
tiene una red de atención social, no solo alimentario sino por el
IFE; las personas que hacen changas y se quedaron sin changas; el
trabajo informal integrado, lo que yo digo el mozo, el taxista y,
también, una parte que tiene trabajo formal, tiene recibo de sueldo
y aun así está reclamando asistencia alimentaria porque no le
alcanza. Todo eso conforma una realidad social muy compleja,
con un Estado que ha volcado muchos recursos para pagar salarios al
que tiene recibo de sueldos, para pagar el IFE a 9 millones de
hogares, para generar asistencia alimentaria, un Estado que ha
gastado 3 puntos del PIB para compensar. Pero en ese contexto y en
una situación tan crítica, es evidente que está aumentando la
pobreza, no es fácil cuantificar hoy porque habría que tener un
trabajo de campo que no se puede hacer.
¿Cuáles
son los temas hoy de la situación social que más te preocupan?
Varios, pero yo diría que
sacando el tema del coronavirus y el trabajo hay dos cuestiones
claves: una es el costo de los alimentos y otros es el
endeudamiento de las familias. Sacando esas dos cuestiones que yo
decía antes, los problemas centrales hoy es el tema de lo que cuesta
alimentarse, el costo de los alimentos que ha sido importante, si
bien en este último mes no ha subido tanto y el segundo el
sobreendeudamiento de las familias. Las familias no están en cero,
están en menos diez, deben plata. El que tiene tarjeta de crédito
paga el mínimo y patea para adelante, el que va a la financiera de
la esquina y toma créditos a 200% de interés anual.
¿Cómo
se prepara la sociedad y el Gobierno para preparar el desafío
pospandemia?
Creo que si algo uno puede
sacarle algo positivo en el marco de la pandemia es que nos da la
posibilidad de construir otras políticas públicas y hacer cambios
estructurales en un contexto verdaderamente difícil, en donde tanta
gente la pasa mal, donde hay angustia y temor al contagio, dónde
quedó demostrado la precariedad de los barrios vulnerables, barrios
donde hay hacinamiento de muchas personas en un mismo espacio, donde
falta agua, falta infraestructura básica, que es donde más ha
circulado el virus. En ese contexto a me parece que nos permite
generar un cambio estructural, con la conciencia de la sociedad
y el propio Estado. Creo que hay tres cuestiones centrales, una es
que necesitamos urbanizar villas, barrios y asentamientos, los 4.000
barrios populares, los 4.000.000 de personas que viven en condiciones
de hacinamiento, falta infraestructura, la reconstrucción social
pasa por urbanizar. El segundo pasa por un cambio educativo. La
pobreza no es sólo un problema de vivienda e infraestructura
básica sino de oportunidades. Un gran cambio dentro de la escuela
secundaria, creo que el debate. Y el tercero es definir los sectores
productivos donde vamos a reconstruir. Estos cinco sectores
productivos que planteaba, más lo que tiene que ver con las
economías regionales. No se sale haciendo lo mismo o pequeños
problemas o replicando en una política. Es un cambio estructural y
lo que tiene que ver con la organización y las condiciones de
vivienda, lo que tiene que ver con las oportunidades, y el vínculo
con el mercado laboral que requiere un Estado que promueva el sector
privado, que incentive inversiones y que además construye y acompañe
los sectores productivos, mano de obra intensiva. Creo que estamos en
condiciones de un gran cambio. Si lo hacemos, vamos a poder dar
vuelta la situación social, no deberíamos dejar pasar esta
oportunidad y veo buenas condiciones para que la dirigencia política
discuta esto, así como la dirigencia sindical, la dirigencia
empresarial. A todos los veo en condiciones de hacer algo muy
profundo y algo muy distinto que resuelva un cambio muy profundo que
acabe la pobreza en Argentina.
¿Qué
rol puede jugar el ingreso universal en esa nueva agenda?
A mí me parece que vale la pena
y yo vengo de este esquema de pensamiento. Creo que hay articular
tres cosas: un ingreso base para el conjunto, lo que está
haciendo Francia, lo que está haciendo Estados Unidos en la práctica
y es un debate a nivel mundial. Segundo, el acceso a los
servicios básicos y ahí es donde va todo el tema de la urbanización
y tercero, el tema del trabajo, la construcción, la generación de
trabajo social garantizado. Argentina está mejor que otros países
de América Latina, porque tiene muchos programas, pero hay que
analizar la cuestión fiscal con mucho cuidado, hay que ir por
etapas, pero esa es una posibilidad. Eso, con el acceso a los
servicios básicos, más la generación de trabajo, son un conjunto
clave para la movilidad de ascenso social. Eso daría la posibilidad
de construir un paradigma de política social y es lo que tenemos que
hacer de aquí para adelante. No es fácil, hay una cuestión fiscal
compleja de por medio, pero hay una decisión política del
Presidente, que arrancó planteado una idea de Argentina contra el
hambre y así lo hizo en un contexto fiscal difícil. Hay que ver
dónde ponemos el acento en estos tres aspectos. Es una
cuestión central en dónde poner los recursos de los próximos años.
Mas
allá de la pandemia, los hechos evidencian los escenarios de los
conflictos. La crisis previa y los temores actuales impiden pensar de
modos verdaderamente transformadores y aceptar la realidad tal y como
nos es evidencia en medio de la experiencia global que supone detener
la marcha de un sistema que alimenta concentraciones exageradas y
brechas y desigualdades injustas e inaceptables … las molestias se
manifiestan a derecha e izquierda si algo de esto signa
significativamente alguna idea respecto a ¿ porque es como es la
realidad que la pandemia ayuda a poner en evidencia? … pero la
realidad se manifiesta mas allá de esas perimidas posturas
ideológicas en tanto la derecha disputa entre si los sentidos de su
existencia y la izquierda solo atina a esperar un derrumbe que será
aún mas desastroso para todos que el presente … En el medio, los
pueblos son meros objetos impedidos de verdadera organización
popular que le convierta en actor y protagonista de su propia
historia …
Daniel
Roberto Távora Mac Cormack
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