Precios, Puja distributiva y Presiones Políticas y transnacionales

 



Lucha por los precios

 
Fabricantes de alimentos, bebidas y limpieza se negaron a firmar

La predilección de Leandro Renou por el periodismo económico no viene del lado de los números. Lo que lo apasiona es contar historias que se generan en un ambiente presuntamente impoluto, con particularidades que para el común de la gente son desconocidas. Cree en la utilidad de la escritura. Investigó el lavado de dinero en el JP Morgan, las complicidades que llevaron al narcotráfico a instalarse y blanquear dinero en el Delta del Conurbano. Recuerda con cariño especial su cobertura del lobby de las empresas de medicina prepaga para parar la regulación. Esa serie ayudó a sancionar una ley nacional.

Es subeditor de la sección Economía del Diario Tiempo Argentino. Y ha escrito para los diarios El Cronista, Página 12 y Buenos Aires Económico (BAE). Varias de sus notas se publicaron en medios de Perú y México. Trabajó en las radios América y Splendid y actualmente conduce el programa "Levantate" que se emite por FM Palermo.

Leandro Renou escribe esta nota tomada de Prensa Ecuménica

Tras más de una semana de negociaciones abiertas con el sector privado sin resultados visibles, la Secretaría de Comercio Interior decidió congelar de manera unilateral los precios de una canasta de más de 1432 alimentos, bebidas y productos de limpieza e higiene. El titular de la cartera, Roberto Feletti, confirmó que la medida oficial se hará por Resolución y entrará en vigencia este mismo miércoles. El texto, que se publicará en el Boletín Oficial, deja fijos los precios de productos esenciales por 90 días y con retroactividad al 1 de octubre. Ergo, todos aquellos aumentos que haya operado con posterioridad a esa fecha, deberán volver atrás.” Encabeza  la nota de Página 12 firmada por Leandro Renou

Luego informa que “Fue el propio Feletti el que detalló la decisión en una charla con la prensa en la puerta del edificio de la secretaría en Diagonal Roca. Fue unos minutos después de una reunión que mantuvo con el titular de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), Daniel Funes de Rioja, y el director de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez.

Por otra pare agrega que  “A partir de ahora está vigente la resolución de (congelamiento) casi 1500 productos en todo el país, que es de cumplimiento obligatorio. La forma de monitoreo de este programa se va a hacer dialogando con gobernadores e intendentes. Tengo mucha confianza y apelo a la responsabilidad empresaria, no es un esfuerzo tan grande, no vamos a producir un quiebre en sus planes de negocios”, expresó el funcionario, y adelantó que la primera reunión con jefes distritales será este miércoles con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof”

En este escenario, los supermercados, que fueron parte del encuentro, bancan el acuerdo pero se preocupan por dos factores, el abastecimiento y los márgenes de ganancia. A priori, el Gobierno les garantizó que no faltará producto y que discutirán los márgenes.

Precios (des)controlados

ROLLOVER Juan Manuel Telechea Cenital

La semana pasada asumió Roberto Feletti como secretario de Comercio Interior, en lugar de Paula Español. Con un discurso más duro y una visión distinta en materia de inflación que Guzmán, lo primero que hizo fue anunciar un congelamiento de precios, que terminó de confirmarse ayer a última hora (finalmente sin el acuerdo de las Cámaras empresariales). La medida consiste en mantener fijos los precios de unos 1.400 productos de consumo masivo, retrotrayendo los precios al 1 de octubre.

Por detrás de esto estuvo el mal dato de septiembre, que, además de ser muy elevado (3,5% mensual), le puso freno a un incipiente proceso de desinflación, ya que venía de 5 meses consecutivos en baja.

Nada nuevo bajo el sol

A pesar de la sorpresa y los reclamos que realizaron varias figuras de la oposición, la realidad es que la medida no es muy distinta de lo que ya venía haciendo la Secretaría de Comercio Interior. Hagamos un breve repaso: en marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia, se anunció el programa Precios Máximos, que consistió en el congelamiento de precios de unos 23.000 productos. A partir de julio, se empezaron a aplicar aumentos autorizados y luego a quitar productos, hasta que finalmente se dio por terminado el programa en junio de este año. Pero, en paralelo, se mantuvo el programa Precios Cuidados (que data de 2014) y varios de los productos que estaban dentro de Precios Máximos pasaron a este programa, que en la actualidad alcanza unos 700 productos. Podríamos decir que la diferencia con el congelamiento de precios es que no surge del acuerdo entre el gobierno y las empresas y que involucra a una cantidad mayor de productos.

Y si nos remontamos más atrás en la historia, es una medida aplicada prácticamente por todos los gobiernos anteriores: Macri en 2019; el kirchnerismo en 2013 y en 2006 (con Felisa Miceli primero y Guillermo Moreno después); Ménem en 1989, antes de introducir la Convertibilidad, de la mano de Miguel Roig; Alfonsín en 1985 como parte del Plan Austral; incluso Martínez de Hoz, probablemente el ministro más liberal de toda la historia reciente, también lo aplicó en 1977; y antes de eso Onganía en 1967, bajo la dirección de Krieger Vasena. Perón no podía faltar, también lo hizo en 1973 y en 1953.

¿Funciona?

La cantidad de veces que se aplicó este tipo de políticas y nuestra reputación en materia inflacionaria ya nos debería dar un primer indicio. La realidad es que esta medida no solo presenta serias dificultades para su correcta implementación, sino que muchas veces termina agravando la situación.

Respecto de lo primero, la principal dificultad es su correcta fiscalización. Detengámonos por un segundo a dimensionar lo que representa esta tarea. En Argentina hay alrededor de unos 10.000 supermercados en todo el país, lo que a razón de 1.500 productos por local da un monitoreo diario de 15 millones de precios. Si bien en la actualidad el avance de la tecnología permite hacer esto de una manera más rápida (por lo general a través de los códigos de barra de los productos), no deja de ser todo un desafío. Y esto es solo el principio.

Cuando el congelamiento se da de manera compulsiva como en este caso (es decir que no se consensúa con las empresas qué productos entran en el acuerdo), una manera típica de eludir el control es ofreciendo productos prácticamente idénticos, pero con alguna diferencia mínima (como, por ejemplo, modificar el tamaño del producto), con el objetivo de venderlo a un precio más elevado. Y, si esto no llegara a funcionar, pueden llegar al extremo de aumentar el precio del producto de todos modos, desafiando a las autoridades (como por ejemplo sucedió en 2013 cuando Moreno anunció el congelamiento de “todos los precios”).

Pero, en realidad, los problemas más graves se dan antes y al finalizar el acuerdo. Las empresas no son ingenuas y conocen esta historia, con lo cual lo primero que hacen cuando se anuncian este tipo de medidas es adelantarse y aumentar los precios inmediatamente. De esa manera, el congelamiento (si dura pocos meses) no terminaría teniendo demasiado efecto.

Pero, además, el congelamiento en algún momento termina y allí las empresas ajustan sus precios de manera súbita de modo de recuperar la rentabilidad perdida, algo que muchas veces termina provocando un nivel de inflación más elevado que el que había anteriormente, como por ejemplo sucedió en 2013.

Y esta vez tampoco fue diferente. Como muestra el gráfico a continuación, el salto de los precios de la última semana fue sumamente grande. Esto muestra que, ante la posibilidad del congelamiento (recordemos que la semana pasada no se sabía bien la magnitud ni el alcance del mismo), la gran mayoría de las empresas aumentaron sus precios “por las dudas”.

Al margen de si el flamante secretario logra retrotraer los precios al 1 de octubre como dice la medida, el mayor problema es que hubo un montón de bienes y servicios que quedaron fuera del congelamiento, pero que igual incrementaron súbitamente sus precios y difícilmente ahora los retrotraigan (textiles, electrodomésticos, artículos para el hogar, entre otros), con lo cual esto seguro va a tener impacto en la inflación de octubre.

Para terminar, como se desprende del análisis anterior este tipo de medidas no solo no resultan efectivas para reducir la inflación, sino que en muchas ocasiones terminan agravando el problema. Por detrás lo que hay es un problema de diagnóstico, sobre todo cuando desde Casa Rosada sostienen que la inflación se debe a la concentración de los mercados y a los oligopolios (algo que se refuta fácilmente al observar que en el resto de los países hay niveles similares o peores de concentración y la inflación en casi todo el mundo se encuentra muy por debajo a la de Argentina). Desde ya, eso no significa que no sean parte del problema; al fin y al cabo, las empresas son las que fijan los precios. Pero, como vimos acá, la raíz de la inflación obedece a cuestiones macroeconómicas y por ende esto no se soluciona con medidas aisladas que apunten al freno de los precios sino, precisamente, estabilizando las variables macroeconómicas.

¿Más economía?

Va el resumen del panorama económico a partir de los datos que salieron durante la última semana: el INDEC difundió el IPC de septiembre, que además de ser muy elevado (3,5% mensual), le puso un freno a la reducción de la inflación, que venía de 5 meses consecutivos en baja. Los salarios en agosto se incrementaron levemente por debajo de la inflación, lo que se tradujo en una caída del 0,2% de su poder de compra. La salida de turistas se recupera, pero todavía sigue muy lejos de los niveles prepandemia.

Política como telón de Fondo …

FUERA DEL REGISTRO Iván Schargrodsky Cenital

Wado de Pedro -el otro hombre fuerte de La Cámpora- zurció el encuentro con los dueños de las empresas. Hubo tres ausencias estruendosas: Clarín, Techint y Arcor. Luis Pagani no estaba en el país mientras que, en relación a la T, De Pedro dijo que “fue una mesa como hubo otras donde estuvo Techint y otros empresarios” y dejó la puerta abierta para volver a convocar al Hombre de Acero. En referencia a la compañía que conduce Héctor Magnetto la reacción fue distinta: “Clarín va a tener que decidir si se ponen del lado de un modelo productivo o si siguen boicoteando todo proyecto político que no se alinee con la voluntad de ellos; hoy lo que vemos es una persecución feroz con la ex Presidenta, un ataque permanente al Presidente y una capacidad de limitar todo proceso político elegido por el pueblo”. La mención no es menor. En el acto en Ferrocarril Oeste el día de la unción de Alberto Fernández como candidato opositor, Kirchner dijo en el escenario que “los medios de comunicación tienen que estar sentados en la mesa” de un gran acuerdo nacional. La oposición sostiene que este nuevo llamado es electoralista. Aquel discurso del jefe de bloque demuestra lo contrario. El análisis de Máximo y Cristina es que los medios no definen una elección, pero sí tienen la capacidad de detonar acuerdos. 

Hay un hilo invisible que une la entrevista a Patricia Bullrich de la semana pasada con las declaraciones de la titular del PRO y del de la UCR, Alfredo Cornejo, luego de la movilización por el 17 de octubre. Ante un grupo de militantes oficialistas que pisaron el memorial de las víctimas del Covid-19, Bullrich y Cornejo reaccionaron apresurados. “Pisotean las piedras en memoria de quienes ya no están. Mientras tanto Massa ofrece diálogo. Ni con señales de humo se puede hablar con esta gente”, tuiteo Bullrich. Algo similar eligió Cornejo. No importó que, a los pocos minutos de ocurrido el episodio, Wado de Pedro lo haya condenado. Ni que la convocatoria a articular políticas de Estado la hayan impulsado los dirigentes más importantes del oficialismo y no quienes vandalizaron el monumento. El objetivo, como se desprende del tuiteo precoz, es no acordar. Y ahí, si bien las internas se ven más claras en el oficialismo, aparecen las diferencias en la oposición. Mientras Horacio Rodríguez Larreta habla de un gobierno coalicional, Bullrich en privado sostiene que “hay que romper todo para hacer algo nuevo”.

La reacción de ambos, igualmente, le da al gobierno una herramienta política para salir de las cuerdas y que se volverá más útil luego de las elecciones de noviembre. Bullrich y Cornejo -muy representativos de un sector- no quieren acordar nada con el peronismo y se hablaron encima, pero no se sienten cómodos en el rechazo per se. “Que el dialoguista Larreta, la dialoguista Vidal, el dialoguista Monzó, le expliquen a su base electoral por qué no se quieren sentar a acordar”, le había dicho un jefe oficialista a este medio hace algunos meses.

Mientras tanto, las aspiraciones de recuperación electoral del oficialismo chocan de frente con el mismo problema que se arrastró durante todo el año y para el que parece no encontrar solución: la inflación. Las causas son diversas. Aunque la raíz de la inestabilidad se encuentre en la macroeconomía, los impactos sectoriales son diferentes. La capacidad de cada sector de la producción de defenderse frente a los saltos no es la misma. (…) Las preocupaciones del flamante secretario de Comercio, Roberto Felletti, se centraban en los aumentos de la canasta básica, por encima del índice general de precios. No es el único sector cuya capacidad de defenderse de la inflación y encarar en mejores condiciones la puja distributiva ha crecido frente a la de los salarios y la capacidad de fijar precios de otros empresarios. El ejemplo del sector textil es esgrimido habitualmente. La protección les permitió recuperar empleo e inversiones tras la crisis durante el macrismo. También márgenes, que explica que el crecimiento se haya ubicado casi cada mes como el principal rubro de crecimiento del índice de precios. 

El anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la renovación del régimen de Tierra del Fuego corre el mismo riesgo. Fortalecer a un sector que agrega relativamente poco valor y se mantiene en base a la protección de la competencia importada. Sostenido por unas pocas fábricas que mantendrán un enorme poder en la determinación del nivel de precios, la renovación del régimen difícilmente contribuya con un abaratamiento de costos de la electrónica que, en Argentina, se cuenta entre las más caras del mundo. Como en el caso textil, el empleo es la contracara más atendible. La incertidumbre sobre la continuidad del régimen, la reducción del alcance y la crisis económica durante el gobierno anterior llevaron el empleo en el sector industrial promovido de la isla de 15 mil a 8 mil personas. El anuncio de un fondo para alimentar un nuevo polo productivo y desarrollar proyectos difícilmente cambie una ecuación en la que los intereses de protección de miles de empleos colisionan con el poder adquisitivo de millones de usuarios.

Otro sector de alto impacto, especialmente para las clases medias, que ha tenido aumentos por encima del índice general, es el de los medicamentos. Si bien los aumentos no son proporcionales entre los distintos productos, hay coincidencia en que cualquier canasta del sector creció por encima de la inflación. Los aumentos impactan tanto sobre el costo en la farmacia de medicamentos de consumo masivo como sobre las cuotas de prepagas y obras sociales que han encabezado las quejas respecto de los incrementos en el rubro. De acuerdo a la Unión Argentina de Salud -que agrupa los intereses de las prestadoras-, el aumento de precios alcanzó en agosto un promedio del 74,7% interanual contra un 51,4% de inflación acumulada en el índice general. Un informe de la consultora PxQ señaló a su vez los altos precios de algunos medicamentos básicos en relación al salario mínimo en Argentina comparado con los Estados Unidos. Otro informe, de Daniel Ricchione y Federico Tobar, consultores de Naciones Unidas, dio cuenta de la suba del precio de los anticonceptivos durante la pandemia, que superó el 90% en los quince meses entre julio de 2020 y septiembre. La suba contribuye a un drama social. El embarazo adolescente y no deseado, en Argentina, impacta en la deserción escolar y la participación de las mujeres en el mercado laboral. 

Las presiones de Biden en América Latina

Si bien la bandera diplomática de la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Ecuador (esta martes) y Colombia (este miércoles) es ampliar y fortalecer lazos con las democracias de América Latina, es un hecho que se da en medio de un repunte de tensiones con Venezuela, exacerbadas aún más por la extradición de Álex Saab desde Cabo Verde.

Así como en Ecuador, Blinken se reunirá en Colombia también con líderes derechistas, como parte de la estrategia del presidente Joe Biden para promover la democracia, pero también mantener la presión sobre los mandatarios de izquierda en el continente.

Blinken “resaltará específicamente la manera en que países como Ecuador y Colombia fueron capaces de aprovechar sus valores y compromisos democráticos en beneficio de sus poblaciones“, dijo Brian Nichols, diplomático de Estados Unidos de más alto nivel para América Latina.

El jefe de la diplomacia estadounidense llegó el martes a Quito, en donde se encontró con el presidente Guillermo Lasso, un banquero que ganó de manera sorpresiva las elecciones este año, superando al candidato del expresidente de izquierda Rafael Correa.

Colombia es un aliado de larga data de Estados Unidos y Biden ha mantenido en buena medida el apoyo de su predecesor, Donald Trump, al presidente Iván Duque.

Blinken se reunirá con grupos en defensa de los derechos humanos y también se referirá a dos asuntos claves para la administración Biden: el cambio climático y la migración.

Es un importante viaje en favor de la democracia para el secretario Blinken, pero también es un realineamiento de las relaciones con las democracias de América Latina, [que va] más allá de los asuntos tradicionales que han dominado el debate durante muchos años”, dijo Muni Jensen, exdiplomática colombiana y actual consultora en el Albright Stonebridge Group en Washington.

Colombia ha complacido a la administración Biden al adoptar algunos de los objetivos más ambiciosos de América Latina sobre cambio climático antes de la cumbre medioambiental de la ONU del mes próximo.

En Bogotá, autoridades dijeron que Blinken se reunirá con ministros de la región para hablar de políticas de migración humanas, en medio de un alto flujo de haitianos que buscan iniciar el largo viaje a Estados Unidos desde Colombia.

Kevin Whitaker, embajador estadounidense en Colombia entre 2014 y 2019, dijo que un fuerte mensaje de Blinken sobre democracia —y sobre problemas fronterizos más allá de la cooperación en materia de seguridad— podría tener un impacto significativo en un momento en que su rival China se abre paso en América Latina.

La democracia está de alguna manera temblando en el hemisferio. Hemos visto al populismo autoritario crecer”, dijo Whitaker.

Fricciones con Venezuela

La apuesta mundial de Biden por la democracia, lejana a la cercanía de Trump con los autócratas, ha resultado sutil en América Latina.

Biden también mantiene la presión sobre líderes de izquierda autocráticos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, luego de que la línea dura adoptada por Trump diera réditos políticos en el estado clave de Florida.

El viaje de Blinken ocurre días después de que la nación africana de Cabo Verde extraditará a Estados Unidos a Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, acusado de robar millones de dólares destinados a comida y ayudas en un país sumido en la pobreza extrema.

Venezuela es un tema que probablemente saldrá a flote con Duque, feroz crítico de Maduro, a quien acusa de promover el tráfico de drogas y albergar a rebeldes colombianos.

Whitaker dijo que Maduro ha revelado sus motivaciones. “Los venezolanos buscaban una forma de salir de esas discusiones. La encontraron y se aferraron a ella. No parece más complejo que eso”, dijo.

(PULZO)

Verdad y mentira

Internet y los medios digitales han revolucionado prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, incluida la forma en que elegimos a nuestros líderes. Pero las plataformas en línea que amplían la participación e inclusión políticas también pueden utilizarse para alimentar la discriminación e incitar a la violencia. Entonces, ¿qué constituye un comportamiento en línea “responsable” en las elecciones y cómo se puede lograr? ¿Dónde está la línea divisoria entre la incitación al odio y la libertad de expresión? ¿Y quién decide?

Las herramientas en línea han permitido la participación en las elecciones a una escala sin precedentes. Pero estas herramientas también se han utilizado para difundir desinformación y discursos de odio, alimentar la discriminación e incitar a la violencia. Todos tenemos un sentido amplio sobre cómo es el comportamiento "responsable" en línea en la política y las elecciones. Y, sin embargo, definir esto con mayor precisión y ponerse de acuerdo sobre cómo lograrlo ha resultado ser bastante complejo, principalmente porque plantea preguntas difíciles: ¿Quién establece las reglas? ¿Quién decide si un comentario negativo sobre un oponente electoral o una crítica al proceso electoral es aceptable? ¿Es lo que alguien podría percibir como odio discurso de simplemente la otra persona libertad de expresión de ? 

Esta es una de las cuestiones emergentes que se examinan en el último informe del Secretario General sobre el fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en la mejora de las elecciones periódicas y genuinas y la promoción de la democratización. Otros temas abordados incluyen la celebración de elecciones durante las crisis de salud pública; participación política de las mujeres; y el impacto de las alteraciones climáticas en las elecciones. El informe también plantea importantes consideraciones sobre los procesos electorales inclusivos, incluida la participación de personas con discapacidad, jóvenes, pueblos indígenas y sociedad civil.

Para abordar el uso nocivo de las redes sociales, el informe sugiere que múltiples actores pueden y deben desempeñar un papel. El informe del Secretario General reconoce que abordar la responsabilidad del contenido en línea en las elecciones y en torno a ellas es un acto de equilibrio: fomentar la participación política y proteger los derechos humanos, pero al mismo tiempo garantizar que el espacio sea seguro y que ninguna reglamentación imponga una imposición indebida restricciones ”, dice Craig Jenness, Director de la División de Asistencia Electoral del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU

Políticos y códigos de conducta

La responsabilidad principal de una elección pacífica y exitosa recae en los candidatos y otros líderes políticos. De hecho, estos líderes tienen una poderosa influencia en el discurso público y en las percepciones de sus seguidores sobre las elecciones y sus resultados. Sus palabras tienen un alcance y una resonancia particularmente amplios en línea. Los mensajes de descontento o de odio contra los oponentes pueden percibirse como una incitación a la acción, y cuando llegan a un público numeroso y leal, existe un riesgo real de que se produzca violencia.

Por lo tanto, los códigos de conducta para candidatos, políticos y partidos políticos pueden ser importantes medidas de prevención para contrarrestar la propagación de la desinformación y promover un entorno electoral propicio. El informe del Secretario General alienta a los candidatos y otros líderes políticos de todo el espectro a unirse y comprometerse mutuamente con las normas de comportamiento responsable en las elecciones. A principios de este año, por ejemplo, Naciones Unidas apoyó un acuerdo ético celebrado entre los dos candidatos a la segunda vuelta presidencial en Santo Tomé y Príncipe, en virtud del cual se comprometieron a no publicar acusaciones falsas o difamatorias contra el otro candidato o sus representantes. La firma pública del acuerdo ayudó a inspirar confianza y calma en los días previos a la votación.

En esta era digital, estos compromisos políticos también deben aplicarse en línea y pueden adoptar muchas formas, por ejemplo, acordando remitirse únicamente a fuentes verificadas de información electoral, abstenerse de incitar al odio e incitar a la violencia, incluido el acoso contra las mujeres; abstenerse de transmitir a sabiendas información falsa o engañosa; y rechazar contenido manipulado, así como material digital filtrado o robado. La asistencia electoral de las Naciones Unidas en esta área podría comprender tanto el apoyo técnico como el compromiso político.

Estos códigos también pueden aplicarse a los medios, las plataformas de redes sociales, el electorado y otros. Por ejemplo, en Uruguay, donde en 2019, Naciones Unidas apoyó a los partidos políticos que acordaron un pacto ético contra la desinformación, que los comprometía a no generar ni promover noticias falsas o campañas de desinformación.

Difundir y proteger la información electoral verificada

Pero no solo los líderes políticos tienen un papel que desempeñar en la lucha contra el uso nocivo de las redes sociales. Las autoridades electorales tienen que abordar cada vez más la difusión en línea de mensajes incorrectos y engañosos sobre el proceso de votación en sí, como la elegibilidad de las personas para votar, el momento y el lugar de las votaciones o las afirmaciones infundadas de fraude electoral o resultados electorales falsos. Para abordar esto, algunos se han asociado con empresas de tecnología y redes sociales para respaldar los mensajes electorales oficiales o conectar a los votantes con la información correcta. En Brasil, el Tribunal Superior Electoral (TSE) trabajó con Instagram y Twitter para dirigir a los usuarios de las plataformas a las fuentes oficiales de información electoral del país en 2020 y se asoció con WhatsApp para desarrollar un chatbot que respondiera preguntas relacionadas con las elecciones. El TSE también trabajó con agencias de verificación de hechos para establecer un sitio web para exponer información electoral engañosa.

Las plataformas de redes sociales también están desarrollando formas para que las autoridades electorales identifiquen contenido relacionado con elecciones problemático o engañoso. En Australia, Azerbaiyán y Somalia, por ejemplo, Facebook permitió que las páginas oficiales de los organismos de gestión electoral incluyan una insignia verificada, que confirma la autenticidad de una página.

También se pueden establecer mecanismos para que los ciudadanos presenten directamente denuncias por presunta desinformación. Para las elecciones en Sudáfrica en 2019, una plataforma establecida para recibir quejas públicas se conectó a la Comisión Electoral de Sudáfrica con presentaciones consideradas por un panel de expertos que ofrecieron recomendaciones para posibles acciones adicionales.

Las asociaciones con organizaciones de la sociedad civil y entre ellas pueden ser eficaces en el ámbito de la verificación de datos y el seguimiento de abusos y desinformación. En Perú, en 2021, los medios de comunicación establecieron una red de lucha contra la desinformación en las redes sociales Ama Llula mentirás (No ) con el apoyo de las Naciones Unidas. La iniciativa verificó contenido en redes sociales y aplicaciones de mensajería, incluso en dos lenguas indígenas.

Regulación y restricción

Puede haber circunstancias en las que las iniciativas voluntarias e informales sean insuficientes para gestionar el comportamiento en línea. Por lo tanto, los gobiernos también pueden desempeñar un papel mediante la adopción de respuestas normativas y legales al discurso de odio que se equilibren cuidadosamente con el derecho a la libertad de expresión y el derecho a tener acceso a la información. La orientación de expertos internacionales formulada bajo los auspicios de las Naciones Unidas en los últimos años ayuda a los legisladores a identificar cuándo el discurso se convierte en una incitación al odio y otorga un peso especial a la condición del orador. Las empresas de redes sociales también pueden desempeñar un papel en el desarrollo de políticas para monitorear el acoso en línea y la incitación al odio. Esto podría llevar, y ya ha dado lugar en algunos casos, a que las plataformas reduzcan el acceso o eliminen contenido que constituya una incitación a la violencia o la discriminación. Un enfoque inclusivo parece ofrecer las mejores perspectivas para llegar a iniciativas legislativas y políticas sólidas. 

Juntos, estos esfuerzos pueden contribuir a desarrollar una mayor resiliencia en línea y un entorno propicio para la celebración de elecciones pacíficas y creíbles. Sin embargo, la comprensión de que las herramientas digitales y la forma en que se usan o se usan incorrectamente continuarán evolucionando, significa que las respuestas no solo deben considerar los riesgos actuales, sino que ya deben mirar hacia adelante a los desafíos inminentes, como las "falsificaciones profundas" impulsadas por inteligencia artificial y su impacto potencial en los procesos electorales futuros. Las Naciones Unidas, cuando se solicite y sea apropiado, pueden ayudar a sortear esas complejidades dentro de su marco establecido de asistencia electoral.

derecho a tener acceso a la información. La orientación de expertos internacionales formulada bajo los auspicios de las Naciones Unidas en los últimos años ayuda a los legisladores a identificar cuándo el discurso se convierte en una incitación al odio y otorga un peso especial a la condición del orador. Las empresas de redes sociales también pueden desempeñar un papel en el desarrollo de políticas para monitorear el acoso en línea y la incitación al odio. Esto podría llevar, y ya ha dado lugar en algunos casos, a que las plataformas reduzcan el acceso o eliminen contenido que constituya una incitación a la violencia o la discriminación. Un enfoque inclusivo parece ofrecer las mejores perspectivas para llegar a iniciativas legislativas y políticas sólidas.

Juntos, estos esfuerzos pueden contribuir a desarrollar una mayor resiliencia en línea y un entorno propicio para la celebración de elecciones pacíficas y creíbles. Sin embargo, la comprensión de que las herramientas digitales y la forma en que se usan o se usan incorrectamente continuarán evolucionando, significa que las respuestas no solo deben considerar los riesgos actuales, sino que ya deben mirar hacia adelante a los desafíos inminentes, como las "falsificaciones profundas" impulsadas por inteligencia artificial y su impacto potencial en los procesos electorales futuros. Las Naciones Unidas, cuando se solicite y sea apropiado, pueden ayudar a sortear esas complejidades dentro de su marco establecido de asistencia electoral.

Hablando políticamente : La revista en línea del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas.

Lo Necesario

¿Como se pueden evitar discursos de odio, fakes News y operaciones de difamación política, sin diluir ni evadir el carácter de irresoluble conflictividad que propone la arena política en tanto instancia de acuerdos y imposiciones que garanticen el ejercicio de esos acuerdos, y democratice el ejercicio del poder real en las sociedades capitalistas neoliberales actuales? La respuesta es por demás compleja. Las regulaciones y restricciones son vistas como atentados a la libertad de expresión, al mismo tiempo que la circulación de esos mensajes y noticias falsas producen efectos negativos en la democracia, al subvertir las consciencias respecto de la posibilidad genuina de elegir libremente representaciones e ideas comunes.

En el mismo ejercicio de la libertad convive la cuestión ética de la responsabilidad respecto a los resultados de ese ejercicio y de los impactos que ese ejercicio produce en otros, en los grupos en los que participamos y en la sociedad de la que formamos parte. En este sentido podemos comenzar a interpretar la tensión social entre el gobierno, las empresas y los ciudadanos como consumidores, en torno a los precios de los productos de la economía y las tensiones que se producen por la distribución de la renta y los márgenes de ganancia de las empresas y los salarios y capacidad adquisitiva de estos. 

Lamentablemente, el neoliberalismo se ha instalado como realidad global y estos asuntos ya no son exclusivamente nacionales. Buena parte de las disputas por la renta y los márgenes de ganancia están atados a la cotización del dólar y a la capacidad de los sectores transnacionalizados de la economía nacional de imponer precios y forzar devaluaciones, ya por medio de la mal comprendida inflación, y de las condiciones estructurales que producen la contracción interna de la economía respecto de la cantidad de dolares que ingresan a la economía argentina.

Buena parte de la conflictividad se da por el hecho de que el discurso neoliberal y estas tensiones que produjeran en el pasado crisis hiperinflacionarias y las nefastas políticas implementadas por los programas de los organismos transnacionales de crédito que, por medio de las deudas externas, imponían condiciones que produjeron estos escenarios transnacionalizados actuales y que quitan a los Estados capacidad y posibilidad de ejercer soberanía económica e independencia monetaria respecto del dólar estadounidense.

La otra parte del conflicto esta dada en que los sectores que pueden directamente transferir las tensiones a precio y aumentar “por las dudas” los precios de los productos generan mayor problema al problema. El asunto aquí es que nadie quiere perder y entonces perdemos todos. Nadie se salva solo. Cada quién que haga su parte.

Daniel Roberto Távora Mac Cormack


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