Información de acá y de allá en un mundo hiperconectado
Tarjeta Alimentar
El gobierno nacional anunció que desde noviembre el monto de la Tarjeta Alimentar se depositará en la cuenta de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
De esta manera, el dinero podrá usarse para gastos diversos y no solamente para alimentos, como era hasta el pasado mes. La Tarjeta supone una inversión de 19 mil millones de pesos por mes y llega a 2.300.000 beneficiarios, con un alcance de 4 millones de personas.
Diez de los doce bloques observados presentaron mejoras respecto al mismo mes del año pasado.
Los detalles del programa que busca reconvertir los planes sociales en empleo genuino
Los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo deberán modificar las prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación como "empleo asalariado registrado en el sector privado".
El
Gobierno nacional oficializó
este martes la medida que busca convertir
los planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector
privado,
transformando las prestaciones o los trabajos precarizados en
"incentivos
para la contratación" bajo la forma de "empleo asalariado
registrado en el sector privado".
Así
lo dispuso a través del decreto
711/2021,
publicado en el Boletín
Oficial,
que lleva
las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete,
Juan Manzur; y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de
Desarrollo Social, Juan Zabaleta.
El
Decreto permitirá considerar "parte integrante del salario
respectivo en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones
que se determinen para cada sector de actividad".
Uno
de los objetivos principales del Gobierno nacional es que los
distintos programas de empleo, inclusión laboral y desarrollo
socio-productivos destinados a personas desempleadas o con trabajos
precarizados "se transformen en mecanismos que incentiven la
incorporación de estos trabajadores al empleo asalariado registrado
o a otros modos de desarrollo de actividad productiva ajustados a las
formalidades tanto registrales como tributarias", indica el
escrito en sus considerandos.
Para cumplir este objetivo se
requerirán modificaciones en el Programa de Inclusión
Socio-Productiva y Desarrollo local "Potenciar Trabajo" y
del Programa de Inserción Laboral creado por el Ministerio de
Trabajo.
El Decreto, de ocho artículos, dispone a los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo a realizar modificaciones en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, "con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado".
Los detalles del decreto
En su artículo 1, la norma dispone que las carteras de Desarrollo Social y Trabajo "efectuarán las modificaciones necesarias en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado".
Según
se especifica, la aplicación del programa estará sujeta al
cumplimiento de uno o ambos de los siguientes requisitos: "Incremento
neto de la nómina del personal de la empleadora o del empleador que
adhiera, de acuerdo al modo de medición que se establezca en cada
sector y límites máximos de trabajadoras y trabajadores alcanzadas
y alcanzados".
En el artículo 2, se indica que "la prestación se considerará parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad".
Se establece asimismo que "en casos particulares, en función de los montos efectivos de salario y plazos de contratación vigentes, podrá establecerse la compatibilidad entre la prestación y la remuneración abonada".
"El valor de dicha prestación y su duración, las modalidades y plazos de contratación y el número máximo de trabajadoras y de trabajadores que puedan ser incorporadas e incorporados bajo estos programas serán fijados en forma conjunta por ambos Ministerios", dice además.
En los casos de pluriempleo, se establece que "deberán fijarse las reglas de distribución del incentivo entre los distintos empleadores y las distintas empleadoras".
En el artículo 3 del decreto, se afirma que los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo deberán elaborar un "cronograma para que, en función de las posibilidades y los requerimientos que se determinen respecto de los distintos sectores económicos, todo beneficiario y toda beneficiaria de una prestación asistencial se incorpore a una trayectoria formativa ocupacional, tanto a través de cursos específicos como de prácticas calificantes en ambientes de trabajo".
En estos casos, el beneficiario mantendrá "el derecho al cobro de la prestación asistencial durante la vigencia del período de instrucción o se aplicará lo previsto en el artículo anterior cuando la práctica implique la incorporación a la planta de personal del empleador y/o de la empleadora".
Se especifica luego que "producida la discontinuidad del contrato de trabajo, las personas beneficiarias tendrán la posibilidad de volver a percibir la asistencia que establece el Programa, si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses, dentro de los 2 años anteriores al cese del contrato laboral".
En el caso de que el período de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social se encuentre entre los 8 y los 12 meses dentro de los 2 años anteriores al cese del contrato laboral, los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de reingresar al programa de origen o acceder a la prestación por desempleo.
El anticipo de la medida
El Presidente había anticipado la medida el viernes pasado en el 57° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires, donde dijo que "si algo caracterizó al espacio político que hoy gobierna Argentina es la promoción de la inversión empresaria y la creación de empleo".
"Con ese mismo espíritu
actuamos hoy, y por eso estamos disponiendo a través de un decreto
marco un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de
planes puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese
derecho", enfatizó aquella vez, porque se necesita "impulsar
el empleo registrado".
"Cambiar planes por empleo de
debe ser nuestro primer objetivo. De ese modo estaremos combatiendo
frontalmente a la pobreza que hoy ha sumido a millones de familias
argentinas", remarcó el mandatario en esa oportunidad.
Reseñó
que tres actividades económicas ya han avanzado en cumplir ese
objetivo: "Primero fue en la ruralidad donde impulsamos que
quienes tienen planes se conviertan en trabajadores rurales tan
importantes a la hora de cosechar. Después avanzamos en la misma
senda en la construcción. Y dimos otro paso en el mismo sentido con
la actividad gastronómica y hotelera", resumió Fernández.
Tierra del Fuego
El gobierno anunció una prórroga del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego por otros quince años, hasta el 2038. El esquema de impulso a la fabricación nacional consta de exenciones impositivas de IVA, Ganancias, impuestos internos y derechos de exportación.
La iniciativa prevé que las empresas deberán hacer una inversión adicional de 1.500 millones de dólares durante los próximos 15 años, con el objetivo de diversificar la matriz productiva de la provincia.
Astillero Río Santiago
Tras nueve años de inactividad, el Astillero Río Santiago (ARS), realizó la botadura de la Lancha de Instrucción de Cadetes de la Armada “Ciudad de Ensenada”.
En el diseño y construcción trabajaron alrededor de 500 personas, entre ingenieros, técnicos y operarios de distintas áreas. La supervisión del proceso de diseño y construcción, que comenzó en 2015, estuvo a cargo de la sociedad de clasificación japonesa NK, lo que permite alcanzar estándares de calidad mundial para este tipo de buques.
Control de Precios
El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció que "con el sector empresario se abrió un compás de espera de 12 horas" para seguir negociando y alcanzar un acuerdo de congelamiento de precios por un período de 90 días sobre la base de los valores vigentes al 1 de octubre pasado. "Hubo muchas declaraciones en favor del acuerdo por parte de los empresarios que participaron de la reunión", dijo Feletti luego de la reunión.
El Gobierno apunta a confeccionar un listado amplio de bienes de la canasta básica que llegaría a un total de 1650 productos, aunque incluidos 670 de Precios Cuidados y 67 de Súper Cerca. Es decir, del listado original de 1247 artículos nuevos con acuerdo de congelamiento de precios quedarían 913 productos. Los empresarios presionan para limitar lo más posible el abanico de productos incluidos en el congelamiento.
Feletti espera llegar a un acuerdo para este martes al mediodía y advirtió a las empresas que si no hay entendimiento el Gobierno puede avanzar con una resolución. "Nos motivan tres cuestiones: la inflación de septiembre, la aceleración de precios de octubre y el deterioro del salario. Si no hay acuerdo vamos a sacar una resolución como la de Precios Máximos. No hay mucho más tiempo", dijo el funcionario.
“Hay 47 empresas que ofertan más de 10 productos cada una y tienen el 72 por ciento de la lista. No parece un esfuerzo tan grande acordar por 90 días, sabemos que no estamos afectando la rentabilidad de nadie. Es momento de aprovechar la expansión del consumo y ganar por cantidad y no por precio. La aceleración de los precios de la canasta básica es un tema que preocupa sumamente al Gobierno nacional. Entre el 1 y el 18 de octubre, la canasta del supermercado aumentó 2,2 por ciento, con productos que registraron aumentos de entre 10 al 25 por ciento”, agregó Feletti.
En tanto, Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA y presidente de la Copal, entidad que agrupa a las empresas alimenticias, dijo luego del encuentro que “se estableció una metodología, la Secretaria de Comercio mandará una lista y se va a emitir esta noche. Mañana las compañías van a formular sus propuestas concretas. Esto lo hacen compañía por compañía, no hay un criterio único”.
“Fue en muy buen tono la reunión, hay buen nivel de diálogo. No puedo decir si todo esta cerrado, depende de cada compañía. Aspiramos a llegar a un acuerdo. La lista se modificó porque hay productos que ya no están en circulación. Se han incorporado en el listado productos de Precios Cuidados y Más Cerca”, agregó el empresario.
El escenario de la inflación
El último dato disponible que difundió el Indec, correspondiente a septiembre, cortó una racha de cinco caídas consecutivas al anotar un 3,5 por ciento mensual, su mayor valor desde marzo. En nueve meses, los precios acumulan un alza del 37 por ciento, mientras que la comparación anual arroja una suba del 52,5 por ciento. En particular, la comida se encareció 36,6 por ciento en lo que va del año y 53,4 por ciento en relación a septiembre del año pasado.
En lo que va de octubre, los precios de los productos básicos en supermercados ya acumulan un alza del 3,1 por ciento frente al mes anterior, según el relevamiento semanal del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). Las mayores subas se registraron en alimentos secos, alimentos frescos, bebidas y electrodomésticos.
El nuevo congelamiento de precios genera una obvia tensión con el sector privado por varias razones. La regulación aparece justo cuando se tenía que actualizar la lista del acuerdo Precios Cuidados, previsto para los primeros días de octubre, y en medio de una autorización de aumentos para algunas firmas líderes que había aprobado la gestión previa a Feletti y que ahora quedó en la nada.
Por otro lado, el freno a los aumentos se aplica en un contexto de relativa estabilidad esperada en el dólar oficial y las tarifas. Sin embargo, la situación de los precios internacionales es totalmente anormal, con aumentos muy fuertes en todos los rubros que se utilizan en forma local como insumos y bienes finales importados. Estos incrementos impactan en los costos y estarán cada vez más seguido en la mesa de la discusión.
Otras voces empresarias
Previo al encuentro en la Secretaría de Comercio, Juan Fera, director de la cadena Marolio, dijo a Radio Nacional que "necesitamos que el consumidor tenga un poder adquisitivo interesante para poder vender lo que nosotros producimos. Por eso vamos a acompañar la medida estos 90 días. Consideramos importante que nos propusieron de trabajar en conjunto para averiguar de dónde vienen los aumentos de precios y analizar la cadena de valor".
En tanto, el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, responsabilizó a las empresas proveedoras: "Estoy convencido que han exagerado con los aumentos. Estoy disgustado con los monopolios, porque lo que hicieron con nosotros es imperdonable", dijo. "Si en tres meses la Secretaría no va a hacer un plan estratégico para salir del congelamiento, volvemos por donde comenzamos", advirtió Savore.
El exitoso mecanismo de la prensa opositora en Argentina para construir climas y relatos
Cualquier escándalo de un personaje no amigo es magnificado, repetido y explotado al máximo por la prensa opositora a los gobiernos populares. O populistas, como les gusta calificarlos, la gran parte de las veces con un dejo de desprecio.
Pasó esta semana en Argentina, pero pasa en América Latina, todo el tiempo.
El enésimo exabrupto de un funcionario de un Gobierno autopercibido como progresista volvió a demostrar que la prensa tradicional sigue controlando la agenda mediática sin que la prensa oficialista, que es minoritaria, logre equilibrar la balanza, aunque también hace sus propios esfuerzos, con los mismos métodos que tienen más de militancia que de periodismo.
Este caso comenzó con un tuit de Aníbal Fernández, el nuevo ministro de Seguridad del Gobierno de Alberto Fernández que ya arrastra una larga carrera como funcionario, tan larga como las interminables polémicas en las que queda envuelto por su incontenible y muchas veces ofensiva verborragia.
Fernández, que ya fue pluriministro en las presidencias de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, respondió con prepotencia a una crítica al Gobierno que había hecho Nik, uno de los dibujantes más famosos de Argentina y quien es conocido por su afinidad con la derecha y por ser acusado frecuentemente de plagiar a artistas nacionales e internacionales.
La reacción del político, deplorable por el tono y por aludir a la escuela en donde estudian los hijos del caricaturista, no fue sorpresiva, porque si de algo hace alarde Fernández –y quienes lo defienden y justifican– es de su "incorrección política", aunque las bravuconerías no correspondan a la responsabilidad y sobriedad que debería tener cualquier funcionario público, mucho más de uno que acaba de entrar al Gabinete y que forma parte de la renovación urgente de un Gobierno que está en graves problemas y al que le urgen votos en medio de una crisis económica que mantiene a más del 40 % de la población en la pobreza.
Pero más previsible aun fue la cobertura mediática que desató el intercambio tuitero entre el político y el dibujante.
Unidos y organizados
La maquinaria de la prensa opositora, que controla a los principales diarios, radios, portales y canales de televisión, se activó de inmediato para convocar a la indignación general.
En plena sobreactuación, abundaron las columnas moralinas, predominaron los gestos adustos, las críticas y los reclamos de las y los comunicadores expertos en doble vara que jamás se inmutan ante las barbaridades que dicen los políticos de derecha.
Porque la actitud del ministro es indefendible, pero lo es tanto como la de dirigentes que trabajaron con el expresidente Mauricio Macri y siguen ocupando cargos públicos o tienen relevancia mediática. Que son entrevistados como si tuvieran alguna autoridad, sin ser cuestionados a fondo por el desastre económico y social que dejó el Gobierno al que pertenecieron o por sus discursos cargados de agravios hacia los adversarios.
Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la presidenta del principal partido opositor, Patricia Bullrich, quien como exministra de Seguridad arrastra una larga lista de difamaciones a víctimas de derechos humanos; la exdiputada Elisa Carrió, experta en vaticinar catástrofes sociales y campañas del miedo; los diputados Fernando Iglesias (conocido como 'diputroll' por sus frecuentes injurias y ataques, en particular a mujeres), Waldo Wolff y Fernando Sánchez, y la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.
Todos comparten una permanente violencia verbal, difusión de información falsa y un estilo pendenciero que jamás alcanza los niveles de cobertura y condena que se les hace a los políticos peronistas.
Y han hecho escuela, porque varias de las nuevas figuras de la derecha que este año se postulan por primera vez a un cargo de elección popular fueron reclutadas precisamente por la agresividad con la que se manejan en las redes sociales. Ya sea una científica (Sandra Pitta), una supuesta experta en temas de Seguridad (Florencia Arietto) y una politóloga (Sabrina Ajmechet), pasaron del tuit insultante a la boleta electoral, sin escalas, gracias a sus enfervorecidas diatribas antiperonistas.
Degradación
Lo mismo ocurre con periodistas (por ejemplo Jorge Lanata) y personajes de la farándula (Alfredo Casero) que hace apenas dos décadas representaban una supuesta rebeldía y hoy son aplaudidos y abrazados por la derecha. O con líderes que se apropiaron del término "liberal", como Javier Milei y José Luis Espert, dos economistas de ultraderecha convocados y citados a diario por gran parte de los medios como si sus discursos plagados de violencia tuvieran algún grado de sensatez.
En conjunto, todos estos personajes tienen garantizada gran difusión en los medios gracias a que denuestan con insultos al Gobierno, al peronismo y, con una particular obsesión, a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero su agresividad verbal, que muchas veces de plano es soez, jamás amerita portadas ni extensas coberturas, ni condenas a granel.
La prensa tradicional se abroquela para tratarlos con benevolencia. Son amigos. Por eso, en el colmo de la hipocresía, todas estas voces pueden criticar, espantarse por la agresividad del ministro de Seguridad, y firmar cartas y manifiestos e instalar hashtags para defender al dibujante con un tono de arrogancia y superioridad moral de la que, en realidad, carecen.
Consolidan así su relato contra el peronismo "mafioso, intolerante y violento" que "no respeta al que piensa distinto", aunque muchas veces quienes en realidad actúan así, o peor, son ellos mismos.
El problema es que, con este tipo de actitudes, dirigentes oficialistas (como Aníbal Fernández o el hoy marginal exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno) y opositores (como todos los mencionados) rebajan el nivel de la discusión política en Argentina entre aplausos de sus respectivos públicos. Algunos sectores incluso les exigen una mayor radicalización. El insulto se antepone al debate de ideas.
En ese clima, pierde toda la sociedad.
No era La Morsa
La exagerada cobertura de la pelea tuitera (en la que Fernández tiene mayor responsabilidad por representar al Estado) reflotó un caso paradigmático del daño que produce la complicidad entre periodistas, políticos, policías y espías y que permite fabricar noticias que, más bien, son difamaciones que quedan instaladas y que es imposible eliminar.
En agosto de 2015, el programa 'Periodismo para Todos', principal foro opositor de ese momento al Gobierno kirchnerista, aseguró que Aníbal Fernández, entonces precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, era 'La Morsa', un misterioso y tenebroso personaje señalado como autor intelectual del crimen de tres empresarios involucrados en el multimillonario tráfico de efedrina que se enviaba a cárteles mexicanos.
Los testigos del programa eran Martín Lanatta, quien habló desde la cárcel porque ya había sido condenado como autor material del crimen; y el excomisario José Luis Salerno, quien ya estaba procesado. Ambos aseguraron que Fernández era 'La Morsa'.
Desde entonces, gracias a la estrategia del Grupo Clarín, el multimedios más importante de Argentina que ya llevaba años enfrentado al kirchnerismo y que, al igual que el resto de los medios antiperonistas, replicó la 'noticia' en sus radios, canales de televisión, portales y diarios, el ministro se convirtió en el político argentino más acusado de tener vínculos con el narcotráfico.
Nada importó que Lanatta estuviera contradiciendo lo que había declarado durante el juicio y que al día siguiente su esposa y su abogado lo desmintieran. Ni que el programa no revelara que la entrevista a Salerno se había realizado en casa de la diputada opositora Elisa Carrió. En plena campaña, una de las líderes más mediáticas del país se convertía en una productora televisiva en las sombras en alianza con periodistas amigos que escondieron esa información, a sabiendas de que demostraba los intereses políticos que había detrás del reportaje.
Lo más grave era que no había ninguna prueba de la acusación. Las declaraciones quedaron sólo en eso, porque en los años siguientes en ningún juicio se pudo probar relación alguna de Fernández con el triple crimen ni con el tráfico de efedrina. Ni fue procesado, ni imputado ni llamado a declarar. Es más, en octubre del año pasado el propio diario Clarín informó en una nota que 'La Morsa' era Julio César Posse, un exagente de inteligencia. La revelación fue celebraba incluso por el presidente porque limpiaba la imagen de su ministro.
Pero de nada valió el desmentido, porque en el reciente escándalo con el dibujante, otra vez abundaron los alusiones a 'La Morsa Fernández' y a su jamás demostrada relación con el narcotráfico.
La calumnia mediática es imborrable. Y, por supuesto, nadie se disculpa por eso. Los responsables siguen presumiendo la inexistente independencia de su periodismo. Solazados en el éxito de su endogámico mecanismo para imponer temas e incitar indignaciones, hasta se premian entre ellos.
Ecuador declara el estado de excepción para hacer frente a la violencia ligada al narcotráfico
El Gobierno de Ecuador, agobiado por la inseguridad ciudadana, declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional y blindó a la fuerza pública (policías y militares) para que ejerza las acciones contra la delincuencia.
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, declaró este lunes el estado de excepción por sesenta días ante lo que consideró "grave conmoción interna" debido al "aumento de la actividad delictiva", especialmente en provincias donde las estadísticas advierten de un repunte del crimen.
En provincias como El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos (fronteriza con Colombia) se dispuso la movilización de militares para complementar las acciones policiales.
En esas localidades la acción de las fuerzas del orden se sentirá "con fuerza en las calles", comentó Lasso, que detalló acciones como controles de armas, de tráfico de drogas, inspecciones y patrullas constantes de agentes de las fueras del orden.
El mandatario, que complementó su decisión ejecutiva con un mensaje a la nación, anunció la creación de una unidad de protección legal de la fuerza pública, encargada de defender a policías o militares que puedan ser demandados en el marco de acciones de seguridad.
La medida excepcional "tiene como finalidad controlar las circunstancias que se han generado, restablecer la conviven pacífica y el orden público", precisa el decreto ejecutivo.
La orden gubernamental se dio en medio de una oleada de delitos, resonada por los medios de comunicación, que a diario informan sobre crímenes violentos, especialmente en la ciudad costera de Guayaquil y otras zonas vecinas.
Los militares, según el decreto, "en todo momento actuarán en coordinación con la Policía", encargada de la seguridad ciudadana, bajo los principios de "excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad", y con apego a las reglas del "uso progresivo de la fuerza".
"En las calles del Ecuador hay un solo enemigo, el narcotráfico", que es el motor de otras actividades delictivas, dijo Lasso en su mensaje a la nación pronunciado en paralelo al decreto ejecutivo.
El gobernante recordó que Ecuador ha sido catalogado como un país de tránsito del narcotráfico, pero señaló que esa actividad también ha generado un aumento del consumo interno de sustancias estupefacientes.
Ese incremento del consumo también apareja a gran cantidad de los crímenes que se denuncian a diario, agregó el mandatario al poner como ejemplo que sólo en la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, más del 70 por ciento de los crímenes violentos están relacionados con el tráfico de drogas.
Por ello, el plan nacional de seguridad que ha diseñado el Gobierno ha incluido el estado de excepción por sesenta días, pero también supone medidas para proteger a los miembros de la fuerza pública.
"Crearemos la Unida de Defensa Legal de la fuerza pública, entidad que se dedicará exclusivamente a la protección de todos aquellos miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas que sean demandados por cumplir con su deber", explicó.
Según Lasso, "la ley debe intimidar al delincuente no a la policía", y por ello su Gobierno indultará a todos aquellos agentes que hayan sido "injustamente condenados" por este tipo de acciones.
El Gobierno, en consecuencia, enviará a la Asamblea Nacional (Parlamento) un nuevo proyecto de ley para respaldar a los agentes del orden, añadió el gobernante.
El régimen quiere unir a todas las fuerzas del orden con una sola misión, "devolver la seguridad a los ciudadanos" y llevar "la batalla al hampa donde sea que se esconda".
Tras insistir en que la falta de oportunidades en el país ha empujado a jóvenes al consumo de drogas, dijo que se formará un comité interinstitucional de todos los ministerios del frente social y la secretaría de derechos de humanos, para prevenir, detener la adicción y reinsertar a los consumidores en la sociedad.
"Queremos un Ecuador seguro para vivir tranquilos", ya que "sin seguridad no hay desarrollo" y para alcanzar esa meta se requiere de un trabajo coordinado de toda la sociedad para "vencer al enemigo común", subrayó Lasso.
Atentado
“Quisieron atentar contra nuestra vida”, afirmó el mandatario izquierdista boliviano, Luis Arce, en un evento público, horas después de que su ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, divulgara ante la prensa el presunto plan para matar al presidente.
Del Castillo aseguró que, en los días previos y posteriores a las elecciones del 18 de octubre de 2020, ingresaron a Bolivia un ciudadano estadounidense y cuatro colombianos que serían luego parte del complot que culminó con la muerte del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio.
El ministro identificó al estadounidense Arcángel Pretel y al colombiano Antonio Intriago como parte del grupo que habría intentado matar a Arce antes y después de que asumiera el mando, el 10 de noviembre de 2020.
“Estamos hablando de que días antes de las elecciones, paramilitares que después matarían al presidente de Haití y contratistas mercenarios, como el señor Arcángel Pretel y el señor Antonio Intriagom, estuvieron en el país y la intención principal de estos señores era acabar con la vida del presidente” Arce, aseguró Del Castillo.
Según Del Castillo, el autor intelectual del presunto plan fue Luis Fernando López, exministro de Defensa de la encarcelada expresidenta Jeanine Áñez, que salió de Bolivia días después de que asumiera Arce y ahora se encuentra en Brasil.
El ministro manifestó que el gobierno presentará estos antecedentes a la justicia para que abra un proceso y que pedirá la extradición de todos los involucrados.
Sin embargo, diferentes líderes opositores pusieron de inmediato en tela de juicio la veracidad del supuesto complot para matar a Arce.
El gobernador de la rica región oriental de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, dijo que la denuncia “es totalmente irresponsable” y “poco seria”, y que, si el ministro de veras tiene pruebas, que las presente a la justicia.
La senadora Centa Rek, del partido Creemos, indicó que el gobierno pretende “inculpar a los opositores de un supuesto golpe de Estado” contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) y usar a la justicia para tal fin.
La diputada Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana (CC), consideró que se trata de una “tramoya y una gigantesca mentira” para amedrentar a la oposición.
Internet Industrial
SHENYANG, 18 oct (Xinhua) -- La Conferencia Mundial sobre Internet Industrial 2021 comenzó hoy lunes en Shenyang, capital de la provincia de Liaoning, noreste de China.
La conferencia tiene el objetivo de promover la integración de la industrialización y la informatización en un ámbito más amplio, con mayor profundidad y a un nivel superior.
También se celebrarán subforos y diálogos temáticos, así como exposiciones y concursos durante los tres días del evento. Se centrarán en la utilización de internet industrial para un desarrollo más interconectado e inteligente, dijo el comité organizador.
La conferencia de este año cuenta con un área de exposición de unos 20.000 metros cuadrados, la mayor de su historia. Más de 100 empresas están participando en el evento.
Nord Stream 2
La empresa rusa Gazprom anunció que completó el llenado de gas del primer ramal del gasoducto Nord Stream 2. El gasoducto había sido terminado de construir el pasado 10 de septiembre. Se espera que transporte anualmente 55.000 millones de metros cúbicos de gas ruso a Alemania a través del mar Báltico.
La noticia se produce en medio de una crisis energética que azota a Europa por la falta de gas. De acuerdo a la empresa, el gasoducto está prácticamente listo para operar y sólo resta la aprobación de sus socios europeos.
Nuestras Fuentes
Las noticias fueron tomadas de los siguientes medios:
Cenital, Que se autodefinen como “Un grupo de periodistas que todavía sigue apostando al oficio, porque en este contexto de sobre y desinformación sólo se sale haciendo lo que más nos gusta hacer: informar.”
RT
en
Español es el primer canal de televisión ruso en idioma castellano
con señal de alcance mundial. Comenzó a emitir desde Moscú durante
24 horas al día y 7 días a la semana en diciembre de 2009. El
acontecimiento fue señalado con la nominación para el prestigioso
premio británico Broadcast Digital Awards en la categoría 'Mejor
lanzamiento de cadena televisiva'.
A lo largo de estos
años, la cadena ha sido calificada como una de las principales
fuentes de información alternativas en Occidente, dado que a menudo
cubre temas ignorados por los medios de comunicación de masas del
‘mainstream’.
Según una investigación de la compañía
internacional Ipsos, dieciocho millones de personas ven RT cada
semana en diez países de América Latina. Entre los motivos
principales del creciente interés que suscita RT en la audiencia,
los participantes de la encuesta refieren el deseo de recibir
noticias con "una perspectiva diferente sobre los
acontecimientos mundiales".
RT
en Español es uno de los líderes en términos de audiencia en línea
entre los medios de comunicación en español. Según datos de
SimilarWeb, durante varios meses consecutivos la versión española
de RT rebasó en número de visitas a los portales análogos de BBC,
Euronews, France 24 y al canal latinoamericano TeleSur. Con más de
3.000 millones de visualizaciones en YouTube, RT en Español supera
todos los canales informativos internacionales que emiten en ese
idioma. En Facebook, RT en Español está por delante de CNN en
número de suscriptores.
En el 2020, RT se convirtió en el
primer canal de noticias en obtener más de 10.000 millones de
visualizaciones (en todos los canales) en YouTube.
La señal de
RT en Español está disponible en más de 1.000 redes vía satélite
y de cable en América Latina, España y EE.UU.
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Página 12: Diario comercial Argentino del Grupo Octubre, constituye un ámbito creativo y plural que desarrolla, nuclea y promueve distintos emprendimientos culturales, educativos, solidarios y comunicacionales, a través de la Fundación Octubre Trabajadores de Edificios.
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Nadie se salva solo. Que cada quién haga su parte.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
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