AMOS Y ESCLAVOS
Redes sociales y análisis político
“Politically Speaking” revista en línea del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas publico el siguiente artículo.
Los medios sociales son instrumentos de mensajería pública para una amplia variedad de actores, desde jefes de estado a los grupos armados. Es gratis, fácil de usar y tiene el potencial de llegar instantáneamente a millones de personas en todos los rincones del mundo. La ONU ha estado utilizando las redes sociales durante años para comunicarse con el público. Cada vez más, utiliza estas poderosas herramientas en su labor de prevención de conflictos y establecimiento de la paz.
Con un estimado de 4.2 mil millones de usuarios activos de las redes sociales a principios de 2021, una audiencia que crece rápidamente (unos 490 millones de usuarios nuevos en 2020), y los medios sociales convirtiendose en la norma para el consumo de noticias, especialmente entre las generaciones más jóvenes, es justo decir que las redes sociales configuran cada vez más las interacciones políticas y sociales. Las redes sociales pueden ser extremadamente valiosas para acceder al conocimiento sobre eventos que no son reportados o censurados en los medios tradicionales, para aumentar la conciencia situacional y arrojar luz sobre aspectos de los conflictos que el análisis político convencional puede que no cubra completamente.
"Las redes sociales siguen siendo un canal clave para permitir la expresión política colectiva de los jóvenes y también se utilizan de manera más prominente para la señalización diplomática en asuntos internacionales", dijo a Politically Speaking Martin Waehlisch, del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz (DPPA) de la ONU.
Sin embargo, Waehlisch agrega que, en comparación con los medios tradicionales, muchos de los cuales se verifican y examinan, las plataformas de redes sociales a menudo sirven como motores para la desinformación y el discurso del odio, lo que puede hacer que su uso en las relaciones internacionales sea menos valioso. Para solucionar este problema y permitir que sus expertos aprovechen mejor las redes sociales, DPPA desarrolló una herramienta de escaneo dedicada, denominada "Gorrión", que se utiliza para análisis y alerta temprana.
Sparrow permite a los oficiales de oficina de la ONU en Nueva York y en misiones de campo analizar rápidamente los datos de Twitter y separar el "ruido" creado por los bots en las redes sociales del discurso político auténtico. Sparrow tiene como objetivo fortalecer las capacidades internas en alerta temprana y monitoreo en vivo de las crisis en desarrollo. Basándose en listas seleccionadas de Twitter, Sparrow calcula las palabras clave, hashtags, tweets más populares y también el nivel de participación de las cuentas.
Alex Rutherford, científico investigador sénior del Instituto Max Planck que trabajó con la célula de innovación de DPPA en el desarrollo de Sparrow, dijo que su aplicación del procesamiento del lenguaje natural (NLP) depende tanto de la disponibilidad de datos como de algoritmos sofisticados para darles sentido.
"Diseñamos Sparrow como un instrumento para ayudar a encontrar las conversaciones en las redes sociales que son relevantes para los analistas políticos de la ONU, y ahora tenemos la oportunidad de comenzar a hacer uso de algoritmos para dar sentido a todas esas conversaciones", dijo Rutherford. Añadió que el campo ha pasado de creer que la inteligencia artificial podría hacerse cargo de tareas complejas al por mayor, una aspiración que inevitablemente conducía a la frustración, a pensar en cómo las máquinas pueden aprender de los humanos para que el usuario no técnico promedio pueda entender cómo y cuándo confiar. en esas mismas máquinas. “Sparrow es un ejemplo de cómo los expertos en el dominio humano, en este caso los oficiales de asuntos políticos de la ONU, pueden comenzar a confiar y aprender las tareas en las que estos algoritmos pueden ayudarlos”, dijo.
Jean Charar, Oficial de Asuntos Políticos en Nueva York, utiliza Sparrow para ayudarlo a cumplir con la función principal de su trabajo: monitorear los desarrollos políticos en Costa de Marfil, Liberia, Nigeria y Sierra Leona y cuestiones temáticas como el terrorismo en África Occidental y la seguridad marítima en el Golfo de Guinea. “ Sparrow me permite identificar palabras clave relevantes y partes interesadas prominentes de las redes sociales en los países bajo mi competencia. Apoya la investigación dirigida y contribuye a separar la información valiosa del ruido de la información ". Y Blanca Montejo y su equipo en la División de Asuntos del Consejo de Seguridad de la DPPA usan Sparrow para monitorear las conversaciones de Twitter sobre todo lo relacionado con el Consejo de Seguridad. "Nos ha ayudado a evaluar las necesidades de información de los miembros y del público en general".
Como Asesor de Paz y Desarrollo de la ONU en el Cáucaso Meridional, Oleh Protsyk apoya al sistema de la ONU en la región para adaptarse y responder eficazmente a situaciones políticas complejas e identificar áreas de acción preventiva. Comenzó a usar Sparrow para seguir tendencias, identificar patrones importantes y descubrir relaciones no obvias. “Combinamos Sparrow con otras herramientas analíticas y realizamos análisis multiplataforma que amplían nuestra perspectiva y nos permiten capturar las voces de usuarios de Internet más diversificados”, dice Protsyk, y agrega: “El análisis de redes sociales es una parte integral del análisis político. No reemplaza nuestro compromiso con las partes interesadas locales, sino que hace que nuestro compromiso sea más inclusivo y diversificado ".
La herramienta también ayuda a monitorear el discurso de odio en las redes sociales. A principios de 2021, la Oficina del Coordinador Especial de la ONU para el Líbano (UNSCOL) en Beirut comenzó a monitorear las redes sociales y tradicionales para ver si la retórica del discurso de odio, el lenguaje inflamatorio u hostil se estaba volviendo más frecuente. Pascale El Kassis, directora de Información Pública de UNSCOL, dice que casi todos los días hay hashtags que son muy negativos: “No siempre se trata de un discurso de odio, pero es un lenguaje que puede conducir a la violencia o la polarización”. Debido a la capacidad limitada, decidieron limitar el monitoreo de las redes sociales a Twitter, la plataforma donde los políticos libaneses son más activos. “No estamos diciendo que sea exhaustivo, pero al menos se tiene una idea del clima general del país”, explica El Kassis, y agrega que Sparrow ha sido útil para el monitoreo diario de los medios de comunicación de UNSCOL, porque ayuda a dirigir su atención. “Incluso si no te proporciona toda la información que necesitas, te dirige hacia las personas con más seguidores, hacia los tweets que se están notando más y ves qué tipo de tweets son los que más se notan. Complementa nuestro propio monitoreo y reporte manual ”, dijo.
“Nuestro objetivo inicial era construir un sistema automatizado 'asistido por humanos y dirigido por máquinas'”, relata Naoko Takahashi Taymanov, miembro de la Célula de Innovación de DPPA. “Pero después de probar varios prototipos con miembros del personal de la DPPA, tanto en la sede como en el campo, vimos que la experiencia de los oficiales de asuntos políticos es insustituible. Las máquinas no pueden responder a las preguntas de quién es 'político', 'influyente', 'joven', 'mujer líder' en 'África Central' ”.
“Es por eso que cambiamos nuestra estrategia de diseño para estar más 'centrada en el ser humano y asistida por la máquina'”, dijo Takahashi Taymanov.
El uso de las redes sociales está cambiando, dijo Waehlisch. “Piense en Clubhouse o TikTok como nuevas plataformas para el activismo político. El futuro de la analítica de redes sociales requerirá que nos equipemos con medios más sofisticados para llevar a cabo análisis complejos, y en DPPA estamos haciendo todo lo posible para estar al día con las nuevas realidades digitales del mundo ".
“Sparrow no es una herramienta perfecta”, concluyó Takahashi Taymanov. “Estamos ampliando sus funciones de forma paulatina. Recibimos solicitudes de varias regiones para respaldar su análisis de redes sociales y sus propósitos son muy diversos. Estamos explorando y codiseñando nuevas soluciones con colegas. El gorrión puede ser una opción, pero también está bien si no lo es ”, agrega. "Usamos tecnología, no al revés".
Los dos tercios y el miedo a más democracia en Chile
Quienes votamos por el apruebo y por la Convención Constitucional el 25 de octubre del año 2020, votamos por una nueva constitución redactada de la manera más democrática posible, y no por un quorum de dos tercios. Creer lo contrario, es pensar que existe este proceso constituyente gracias al parlamento y no por la gigantesca movilización social del 2019
La posible ratificación del quórum de dos tercios para aprobar las normas de la nueva carta magna en Chile, de parte de la Convención Constitucional, es una mala noticia para la democracia del país y el proceso constituyente en curso.
Sostengo esto, ya que los dos tercios fueron uno de los pilares fundamentales del llamado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, firmado el 15 de noviembre del 2019 por buena parte de la clase política, la cual se vio obligada a sentar las bases para la redacción de una nueva constitución, pero fundada desde el miedo.
Un miedo de parte de la clase política, frente al desborde de la Revuelta Social, la cual fue capaz de interpelar los cimientos de la institucionalidad neoliberal en Chile por 30 años, en donde la constitución de 1980 de Pinochet, fue la piedra de tope para realizar transformaciones democráticas profundas en el país.
De ahí que la derecha no le haya quedado otra opción que ceder al plebiscito por una nueva constitución, pero poniendo la condición del quórum de los dos tercios, el cual supuestamente garantizaba la representación de la derecha en la Convención Constitucional y el boicot así de planteamientos transformadores, con solo un tercio de los constituyentes elegidos.
El problema para la derecha, es que subestimó el nivel de politización de la sociedad chilena, reflejada no solo en el enorme triunfo del apruebo por una nueva constitución, sino también al no ser capaz de lograr el ansiado tercio de sus constituyentes.
Frente a este escenario, de derrumbe del mundo conservador en Chile, parecía ser el momento óptimo para que las fuerzas transformadoras, elegidas en la Convención Constitucional, cambiaran el quórum de los dos tercios a mayoría simple, ya no para derrotar a la derecha, sino para ampliar la democracia existente en el país.
Lo dramático de todo esto, es que algunos sectores de izquierda de la Convención Constitucional, prefieren mantener los dos tercios, apelando a argumentos conservadores, señalando que este quórum permite generar acuerdos más amplios y mayor estabilidad política para el país, repitiendo así una retórica de los acuerdos, que finalmente terminó beneficiando a una elite política y económica por 30 años, que poco y nada le interesó construir una democracia participativa.
Además, aquellos sectores de izquierda, han planteado, como es el caso del convencional Agustín Squella, de que cambiar este quórum de dos tercios, pondría en riesgo la misma Convención Constitucional, ya que se había definido así desde un comienzo por el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, no entendiendo así que este proceso es también de carácter destituyente.
Habría que recordarle a Squella, que el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, fue más que nada un salvavidas para la clase política actual, completamente desprestigiada y deslegitimada, y que no tuvo ningún tipo de participación de la ciudadanía, ya que fue generado a puertas cerradas por partidos políticos y un congreso que se negó históricamente a cambiar la constitución de manera democrática.
Asimismo, apelar a que estos dos tercios no son lo mismo que los dos tercios de la Constitución de la Dictadura, ya que es a partir de una hoja en blanco, es conformarse a escribir una constitución, hecha a la medida de las alianzas de partidos políticos.
Por el contrario, lo que se trata es justamente de abrir la discusión política, no de cerrarla a través de pactos estratégicos. Por eso no es suficiente el plebiscito de salida, para aprobar la nueva constitución, ya que lo que se demanda desde la ciudadanía es mucha más participación.
En consecuencia, la aprobación de este quórum de dos tercios no es otra cosa que una respuesta poco democrática a un proceso constituyente inédito en Chile, que no solo es de quienes fueron elegidos como convencionales para redactar la nueva constitución, sino que pertenece a todas y todos que somos parte del país.
En otras palabras, quienes votamos por el apruebo y por la Convención Constitucional el 25 de octubre del año 2020, votamos por una nueva constitución redactada de la manera más democrática posible, y no por un quorum de dos tercios. Creer lo contrario, es pensar que existe este proceso constituyente gracias al parlamento y no por la gigantesca movilización social del 2019.
Por suerte, existen muchas y muchos convencionales que sí han optado por cambiar este quórum de dos tercios por mayoría simple y que también propusieron la idea de plebiscitos dirimentes vinculantes, en donde la ciudadanía pueda votar por normas constitucionales cuando no se lleguen a los dos tercios en la Convención, democratizando de esta manera los mecanismos de participación.
La Subversiva vocación de contar
Gabriela Ruiz Agila, periodista ecuatoriana, fue reportera asignada en campo, junto al fotógrafo Andrés Yépez, para cubrir la Ruta por la Verdad y la Justicia para la naturaleza y los pueblos, proceso que movilizó a actores locales en audiencias públicas y que documenta delitos ambientales como derrames petroleros, tala ilegal, contaminación del agua y persecución a líderes sociales. Su crónica «Los ríos de Santo Domingo huelen a mierda» obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo 2017, por usar narrativas web e incorporarlas al rigor del periodismo para revelar las afectaciones de la agroindustria a las comunidades de Santo Domingo de los Tsáchilas.Escribió “la Subversiva vocación de contar”
En 2008, la Constitución del Ecuador se reformó para garantizar derechos individuales, colectivos y de la naturaleza, y así mismo, las violaciones de estos derechos en todo el país se hicieron más visibles. ¿Contribuye la crónica periodística con enfoque de derechos al registro, memoria y descubrimiento de delitos? A diez años de la promulgación de la que se precia de ser la Constitución más garantista del continente, varias organizaciones de defensa de derechos humanos emprendieron la evaluación del cumplimiento de esas garantías frente a los casos reportados por la sociedad civil como graves violaciones a la vida.
La cobertura de narcotráfico, trata y tráfico de personas, así como de delitos ambientales, ratifica al periodismo como un oficio altamente riesgoso. 2017 registró 12 periodistas asesinados y 507 agresiones en el continente, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); mientras que el informe de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) reconoce a 81 periodistas asesinados, entre ellos a ocho mujeres. El periodismo evidencia la trama de corrupción de redes criminales en la que, con frecuencia, el principal agresor es el mismo Estado llamado a garantizar esos derechos. Pero también es una revelación de que el periodista acucioso encuentra en el relato profundo el mejor modo de contar hechos que significan graves violaciones de derechos.
Dos características fortalecen el
impacto de la crónica como género periodístico: el reporteo en
campo, el profundo trabajo de investigación y la capacidad de hacer
del relato de la experiencia personal una forma universal. El
periodismo narrativo es investigación documentada y reporteo de
campo acerca de un tema
universal, para contarlo desde un punto
de vista particular. El carácter universal de la crónica tiene que
ver con su capacidad de responder a un interés común. (...)
Las historias que narran las crónicas de hoy en Ecuador contienen, en esencia, la subversión narrada desde la voz de los otros. Si hay un mandato constitucional que vela por el cumplimiento de derechos colectivos y aún así se cometen violaciones, es deber del cronista contar las historias humanas detrás de estos delitos. La vitalidad del género en el ejercicio periodístico desde Ecuador se sostiene en el enfoque de derechos como un paradigma de trabajo.
La Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe celebró el día internacional del Acceso Universal a la Información. Expertos representantes de los sectores de órganos garantes, sociedad civil, organismos y movimientos internacionales brindaron su mirada respectiva a los logros, expectativas y oportunidades que el concepto tomó en Latinoamérica.
En el marco de la fecha, que se conmemora el 28 de septiembre, la oficina de la UNESCO en Montevideo convocó al webinario: “Mesa redonda virtual para América Latina: El Derecho de Acceso a la Información: logros, desafíos y oportunidades de su monitoreo a nivel nacional, regional e internacional”.
Toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. La ciudadanía puede contribuir en el cumplimiento del derecho de acceso a la información estando informados, descartando fake news, siendo críticos con la información y respetando opiniones distintas. Por otro lado, el gobierno debe garantizar el derecho asegurando la pluralidad de fuentes de información, transparencia gubernamental, garantizando la seguridad de los periodistas, mediante la rendición de cuentas.
¿De qué depende el derecho a la información?
Rosa González, consejera regional de Comunicación e Información de la UNESCO para América Latina y el Caribe, inició la conversación y presentó a los exponentes. Lidia Brito, directora de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, lo describió como un “derecho humano fundamental”.
En sintonía, Ileana Hidalgo, consejera de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, expresó la necesidad de que este derecho “deje de ser una aspiración por parte de la sociedad para transformarse en una realidad cada vez más ascendente y consolidada”. Asimismo, planteó que, como órganos garantes de esta norma y promotores de la transparencia, se encuentran en una posición favorable para guiar a los esfuerzos con el fin de “empoderar a la ciudadanía y restaurar la confianza en las democracias de la región”.
Por su parte, el abogado colombiano Pedro Vaca confió en la idea de que el periodismo se acerque cada vez más al acceso a la información pública. “El uso del derecho potencia la calidad periodística en clave democrática”, completó el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Vaca sostuvo que esta atribución “es un derecho habilitante de otros derechos”. De la misma forma, Alonso Cerdán, director adjunto de Apoyo a Países de Alianza de Gobierno Abierto, resaltó el alcance de la norma ya que “permite el ejercicio pleno del resto de los derechos humanos”.
“La transparencia y la rendición de cuentas constituyen un eje central del combate a la corrupción, además de ser indispensable para la construcción de la democracia y del estado social de derecho”, según Valeria Torres, oficial de asuntos económicos de la división de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Lidia Brito sostuvo que durante el último año y medio de pandemia el ejercicio de la norma fue puesta a prueba más que nunca. Sin embargo, a futuro cree posible “reconstruir con el derecho a la información”.
Se pedirán los datos referidos a la pandemia a los Ministerios de Salud de los países de la región, así lo confirmó Cristina Zahar, secretaria ejecutiva de Abraji Brasil en representación de Voces del Sur. Mencionó retrocesos en la aplicación de la ley de derecho a la información pública, y denunció que “los gobiernos intentaron esconder información”.
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Aránzazu Guillán Montero, oficial superior de gobierno y administración pública en la División de Instituciones Públicas y Gobierno Digital del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UNDESA), señaló que la Agenda 2030 establece un proceso de examen, seguimiento y revisión a distintos niveles (global, nacional, regional) para medir los avances y progresos en materia de acceso público a la información.
Este plan de acción -completó Montero- es un marco de seguimiento y examen sólido, voluntario, eficaz, participativo, transparente e integrado. Además, mencionó que ayudará a los países a maximizar y vigilar los progresos realizados para asegurar que nadie se quede atrás. Por su parte, desde CEPAL indicaron que la Agenda 2030 alienta a los estados miembros a realizar revisiones periódicas e inclusivas del progreso a nivel nacional y subnacional.
Por su parte Daniela Urribarri, directora de programas de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, fue quién presentó la necesidad de “superar la desconfianza, el desconocimiento y el temor de la ciudadanía para pedir información al Estado y fortalecer en el reconocimiento de su derecho”.
Los falsos republicanos
La vicepresidenta Cristina Kirchner calificó de “inconstitucional” y “escandalosa” a la norma aprobada el jueves por la Legislatura porteña, con la que le otorga al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad competencias por encima de la Justicia Nacional con asiento en la Capital Federal. Por esta medida, llamó “republicanos de morondanga” a los dirigentes de Juntos por el Cambio.
A través de un mensaje en las redes sociales, la exmandataria puntualizó que el gobierno de Horario Rodríguez Larreta se vale de la “mayoría automática” en el Poder Legislativo. “¡Y ojo! –advirtió-. Porque estos republicanos de morondanga están a un solo legislador de poder modificar la Constitución”, si ganan en las próximas elecciones legislativas.
"¿Ves para qué quieren Macri, Larreta y Vidal más legisladores? Además de sacarte la indemnización por despido quieren garantizar la impunidad de Mauricio Macri", afirmó la titular del Senado y publicó la intervención de la legisladora porteña Lucía Cámpora, en la que denunció la relación de esa ley aprobada con la causa por la quiebra del Correo Argentino, en la que está involucrado el ex presidente.
"¿Qué esa ley es inconstitucional? ¡Y, sí! Y además, escandalosa. Pero ya la aprobaron con su mayoría automática en la legislatura de CABA. ¡Y ojo! Porque estos republicanos de morondanga están a un solo legislador de poder modificar la Constitución", añadió Fernández de Kirchner.
Ayer(
1º de Octubre de 2021), los legisladores del oficialismo porteño
lograron aprobar una ley que permite apelar fallos de la justicia
nacional ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del distrito
porteño, y afirmaron que así "garantizan la autonomía de la
Ciudad", mientras que, desde la oposición, sostuvieron que el
objetivo es favorecer al expresidente Mauricio Macri en la causa
Correo Argentino.
Con 38 votos a favor -de los bloques
Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN-, y 20 en
contra -del Frente de Todos y la Izquierda-, quedó sancionada en la
Legislatura porteña una modificación a la Ley 402 de procedimientos
ante el TSJ y lo habilita a expedirse sobre fallos de juzgados
nacionales que tengan sede en la Capital Federal.
Durante la sesión, Cámpora alertó sobre la intencionalidad del oficialismo para aprobar el avance de la Justicia porteña por sobre la nacional y los cuestionó: “Dejen de poner a esta Legislatura y a la Justicia de la Ciudad de rodillas ante su espacio político”.
“No bastardeen la autonomía de la ciudad. Sincérense, que lo que están haciendo con este proyecto es garantizar la impunidad de Mauricio Macri en una causa por la que nos viene estafando a todos los argentinos y argentinas hace más de 20 años, que es la del Correo Argentino”, exigió la legisladora.
La Sociedad civil
Ambrosio Velasco Gómez, Facultad de Filosofía y Letras UNAM, escribe en Comportamiento de la Sociedad Civil Latinoamericana Robinson Salazar Pérez
Colección Insumisos latinoamericanos - Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos - Universidad Autónoma de Sinaloa/ CIIER/ Zona Norte (Enero 2002)
EL CONCEPTO DE LA SOCIEDAD CIVIL: Una visión histórico-filosófica
El concepto de sociedad civil ha recobrado en las últimas décadas una importancia central en los debates teóricos e ideológicos. En especial el concepto ha llenado un vacío importante en el pensamiento político que reconocía las limitaciones del mercado y el estado como conceptos torales de la teoría política.Estos dos conceptos reciben una atención desbordada tanto por pensadores marxistas como por parte de pensadores liberales. En ambas tradiciones políticas se concebía al estado como el principal ámbito de lo político y de la esfera pública y al mercado como el ámbito paradigmático de la vida privada de los individuos. También ambas tradiciones coincidían en la tesis de que lo político, fundamentalmente lo estatal es meramente instrumento en relación al ámbito del mercado y la producción.
Así, para la tradición liberal el poder político tiene como principal misión salvaguardar la vida privada del individuo, vida que se manifiesta fundamentalmente en el ámbito del mercado y de la familia. Por otra parte, la tradición marxista concibe el poder político del estado como un instrumento de mediación para averiguar la realización de los intereses de las clases económicamente dominantes. Aun en el caso de una revolución socialista, no hay que olvidar que según Marx, el estado socialista es también una expresión de los intereses de clase del proletariado. Para ambas tradiciones no hay instancias ni espacios mediadores entre el ámbito económico del mercado y el espacio político del estado.
El resurgimiento del concepto de sociedad civil es en buena medida, una respuesta a estas concepciones mecanistas y simplificadas entre la estructura económica y la superestructura político-estatal que comparten diferentes versiones del marxismo y del liberalismo.
En contra de esta concepción, pensadores críticos afines al marxismo como Gramsci y más recientemente Habermas, así como pensadores liberales críticos como Shils y Rawles, entre otros desarrollan una nueva concepción de la sociedad civil como un espacio ciudadano y una estructura institucional que media entre el mundo económico de las producciones y el mercado y el ámbito estatal.
Este ámbito de mediación implica una concepción totalmente novedosa de la esfera pública, y especialmente de la ciudadanía y la democracia.Esta concepción “novedosa” de la sociedad civil en realidad no es tan nueva, pues cuenta con antecedentes muy importantes en el Renacimiento Italiano, especialmente en el pensamiento republicano de Nicolás Maquiavelo. La apariencia novedosa resulta del hecho de que a partir de Hobbes, el republicanismo se ha eclipsado en el pensamiento político de occidente
La tesis fundamental que he sostenido en este trabajo es que el concepto de sociedad civil en la teoría política contemporánea representa una síntesis original de aspectos fundamentales de la tradición políticas liberales y republicanas, gracias a lo cual se supera el dualismo simplista que estas dos tradiciones habían sostenido al reconocer sólo dos esferas sociales fundamentales: la esfera privada, constituida principalmente por el mercado y la familia, y la esfera pública estatal, constituida fundamentalmente por el gobierno y las instituciones estatales. Frente a esta dicotomía, las teorías de la sociedad civil reconocen la especificidad de una tercera esfera, que media entre lo económico y lo estatal.
De la tradición republicana las teorías de la sociedad civil como Habermas, Cohen y Arato, rescatan la idea fundamental de la participación cívica que todo ciudadano debe tener. Tal participación está fundada en un “Ethos” colectivo, que es resultado de las tradiciones culturales propias de la comunidad e independiente del poder gubernamental.
Respecto al liberalismo la teoría contemporánea de la sociedad civil recupera el valor fundamental de los derechos del ciudadano como persona autónoma, derechos que lo protegen de interferencia injustificadas tanto de opiniones colectivas, como de decisiones gubernamentales. Pero además de esta función protectora de la libertad individual y negativa, los derechos son concebidos como condiciones necesarios para la participación activa de los ciudadanos en la arena pública a fin de influir en la formación de consensos cívicos (libertad positiva). Esta concepción alternativa y mediadora de la sociedad civil no es del todo original de Habermas o de Cohen y Arato, sino que tiene sus antecedentes más directos en Antonio Gramsci. Por ello, me parece importante profundizar sobre las contribuciones gramscianas a las concepciones contemporáneas de la sociedad civil, no sólo por motivos teóricos, sino también con propósitos prácticos. Desde luego, esto es materia de otro trabajo, pero aquí tan sólo me gustaría hacer algunos señalamientos para desarrollarlos en el futuro.
Me parece interesante señalar algunas analogías, tanto en el terreno intelectual como en el de la acción política, en las situaciones que confrontaron Gramsci y los teóricos contemporáneos de la sociedad civil. Gramsci se enfrentaba a una tradición marxista dogmatizada que le impedía contar con una interpretación teórica adecuada para la trasformación de la sociedad italiana de su tiempo. Por su parte, las teorías actuales de la sociedad civil también se encuentran frente a una tradición política liberal anquilosada que le impide comprender e impulsar las trasformaciones democráticas de fines de siglo en países de Europa del Este y en América Latina.
En ambas situaciones, tanto Gramsci como los autores contemporáneos referidos se han visto obligados a cuestionar y transformar la tradición heredada (marxista o liberal) y a superar sus limitaciones. Para ello, tanto nuestro autor de la primera década del siglo XX, como los teóricos de finales del siglo, han recurrido a la tradición política republicana, tradición que ha sido dominada por el liberalismo durante los últimos tres siglos.
Si bien el desarrollo de la teoría contemporánea de la sociedad civil representa una revaloración del republicanismo, no se trata sólo de un resurgimiento de esta tradición, más bien, asistimos a una verdadera síntesis o fusión de tradiciones políticas que siempre se habían visto como antagónicas. Como resultado de esta fusión crítica es de esperarse que se consolide una nueva tradición política. Autores como Habermas, Cohen, Arato, Gidens, Jonowsky, Touraine, entre otros, son algunos de los más importantes forjadores de esta tradición, más allá de las diferencias que existen entre ellos respecto a puntos específicos de la sociedad civil. Considero que esta nueva tradición de teoría política será fundamental no sólo para la comprensión de los procesos de democratización del siglo XXI, sino también para orientar las transformaciones democráticas mismas en las sociedades plurales del siglo que ahora comenzamos.
Las tensiones de estos días
Horacio Verbitsky editorializa “El cohete a la Luna” en su edición de hoy
En el camino hacia las elecciones legislativas de noviembre esta será una semana agitada en los mercados, gracias a una omisión de la Secretaría de Finanzas. Es probable que esos comicios prolonguen la imposibilidad de resolver la crisis de la Corte Suprema, que se arrastra desde hace tres lustros. En 2014 murieron sus jueces Carmen Argibay y Enrique Petracchi. En 2015 se retiró Raúl Zaffaroni, al cumplir los 75 años que fija la Constitución, y renunció Carlos Fayt, a sus 97 años. Quedaron sólo tres jueces, a quienes se sumaron Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que el ex Presidente Maurizio Macrì introdujo por la ventana de los tribunales. Hoy son presidente y vice del tribunal, mientras su hacedor está al borde del precipicio judicial en varias causas. Economía y Justicia son dos cuestiones de fondo que rara vez aparecen en la información política más allá de casos puntuales.
Tensión financiera
Hoy vence el BONTE 21 (TO 21), que el Tesoro debe pagar mañana. Son 68.100 millones de pesos entre capital e intereses, a los que deben sumarse otros 4.200 millones entre BONAR 2022 y Letras intrasector público. Esas deudas fueron colocadas por Luis Caputo entre fondos del exterior. De acuerdo con la agencia de información financiera Bloomberg, el mayor tenedor previo al vencimiento es el Fondo Franklin Templeton, con el 17% del total. El segundo es un fondo de jubilados de Japón y el tercero el Fondo Pellegrini del Banco Nación. El resto se reparte entre los bancos que fueron comprando a Franklin Templeton.
La Secretaría de Finanzas, donde Martín Guzmán nombró hace dos meses a su compañero en la Universidad de La Plata Rafael Brigo, no buscó refinanciar esa deuda, de modo que mañana el Tesoro pagará vencimientos por esos 72.300 millones de pesos. El problema es que no los tiene, de modo que deberá pedírselos al Banco Central.
Si el martes convocara a una licitación para recuperar esos fondos, recién le ingresarían el jueves. Es decir que entre el lunes y por lo menos el jueves habrá en el mercado 72.300 millones de pesos en emisión monetaria, el combustible ideal para generar tensión financiera, ya sea precipitándose sobre los dólares financieros (como se supone que harán Franklin Templeton y los japoneses) o destrozando la tasa en pesos, lo que a su vez genera mayor presión sobre el dólar financiero.
La CNV nunca prohibió que los fondos del exterior accedieran al Contado Con Liquidación. En el Segmento de Negociación Bilateral (Senebi) se pagan hasta 200 pesos por dólar con tal de salir del país y dejar tierra arrasada. Si esto tiene consecuencias nefastas para el país, a Templeton no le preocupa. Hasta hay quienes creen que lo disfruta.
El acuerdo inevitable
Con cualquier resultado en las urnas dentro de seis semanas, es improbable que alguien tenga mayoría en las dos cámaras del Congreso y, mucho menos, los dos tercios necesarios del Senado ya sea para remover a un juez por juicio político o para nombrar a otro en su lugar. La única solución sería un acuerdo entre las principales fuerzas con representación parlamentaria para ampliar el número de miembros del tribunal y designar a sus nuevos integrantes. Cuanto mayor sea el número de jueces del tribunal, más fácil será alcanzar coincidencias. La abundancia en el reparto lubrica las relaciones.
Eso hoy parece inviable, pero podría no serlo más adelante, porque la experiencia de las últimas décadas indica que no hay una fuerza hegemónica con capacidad electoral para disponer a voluntad y que, a lo sumo, cada una puede bloquear las iniciativas rivales, pero no imponer las propias. Las declaraciones de Elisa Carrió y María Eugenia Vidal de que si tuvieran los votos necesarios desplazarían a Sergio Massa de la presidencia de la Cámara de Diputados y colocarían en la línea de sucesión presidencial a alguien de la coalición opositora Juntos por Algo, tuvieron un eco impensado en el diputado schiaretista cordobés Carlos Gutiérrez, quien declaró que si eso se planteara tal vez su sector lo acompañaría y que el otorgamiento de esa posición a un representante del partido del gobierno es una costumbre pero no está escrita en ninguna ley ni reglamento. Esto señala que el momento no ha llegado para un acuerdo razonable. Tal vez haya que esperar el momento en que las principales coaliciones comprendan que no están en condiciones de someter a la otra y se resignen a un compromiso en el que sea posible desatar un nudo que estrangula el funcionamiento institucional y beneficia a los mayores intereses económicos. Esta situación parece hecha a medida de la UCR, ninguno de cuyos dirigentes respaldó la posición de Carrió y El Hada Buena, que el oficialismo califica de golpista.
El incremento y la división en salas estuvo contemplada en dos proyectos de los presidentes radicales Arturo Illia y Raúl Alfonsín y también en uno de los peronistas puntanos Adolfo Rodríguez Saa y Liliana Negre de Alonso.
El número de miembros de los tribunales supremos varía de país en país. En Brasil, la Corte Suprema ha tenido según los años entre 16 y 11 miembros; en México entre 11 y 21, divididos en tres salas; en Chile son 21 que se dividen en tres o con cuatro salas. En Japón, 15 jueces. En España el Tribunal Supremo está formado por cinco Salas, especializadas en materias civiles, penales, contencioso administrativas, sociales y militares. Según la propuesta de Zaffaroni de elevarla a 19 miembros, la Corte argentina quedaría formada por salas en lo penal, civil y comercial, laboral, previsional y contencioso administrativo. Para determinados temas podría exigirse la unanimidad de votos de la sala respectiva y en casos especiales fijados por ley o por la propia Corte, el tribunal podría actuar en pleno. El Presidente Alberto Fernández entiende que la división en salas contradice el artículo 108 de la Constitución, según el cual “el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia”, pero, como todo en derecho, tal manda está sometida a interpretación.
Incendio o inundación
La primera década de gobierno kirchnerista fue apenas una pausa refrescante entre dos periodos bochornosos: la mayoría automática del cardumen menemista luego de la ampliación de 1990 y el todos contra todos a partir de las designaciones de Rosatti y Ronsenkrantz por el macrismo, en comisión y por decreto, en diciembre de 2015.
Durante aquel interregno, la Corte declaró como política de Estado y parte del contrato social de los argentinos los juicios por Crímenes de Lesa Humanidad realizados desde que el juez federal Gabriel Cavallo dispuso la nulidad en 2001 de las leyes de punto final y obediencia debida. También consagró en ese lapso derechos laborales y sindicales.
Pero esa Corte de siete miembros se desarmó en el año y medio transcurrido entre el deceso de Argibay, en mayo de 2014, y el adiós de Fayt, en diciembre de 2015.
La designación hace diez días de Rosatti y Rosenkrantz como presidente y vice, por sus propios votos y el de Maqueda, en ausencia de Lorenzetti y Highton, llevan al extremo la penuria de un tribunal en el que apenas tres hombres concentran el enorme imperio del Poder Judicial de la Nación. Es irrisorio que nada menos que Ricardo Lorenzetti señale que el adelantamiento de la fecha de la elección y el auto-voto no son éticos. Además, el cambio climático en la República Autónoma del Cuarto Piso en cualquier momento puede producir incendios en los expedientes, al estilo de los que estragan los bosques en California, Australia e Italia, o inundaciones que mojen todos los papeles, como las que arrasaron partes de Alemania y de China. Desde los islotes secos pero no quemados intercambian operaciones e invectivas en una guerra de todos contra todos los principales colaboradores de Rosatti y Rosenkrantz (Silvio Robles y Federico Morgenstern) y Lorenzetti (María Bourdin). El allanamiento a la obra social del Poder Judicial, que dependía de Maqueda, y su traslado a la órbita del administrador Héctor Daniel Marchi (ex ministro de economía de Santa Fe, que llegó a la Corte de la mano de Lorenzetti) muestran que a cada acción corresponde una reacción y que, como dice el peronólogo Alejandro Dolina, la venganza será terrible. Lorenzetti está ofreciendo entrevistas a medios de distinta orientación, en las que procura presentarse como ecuánime y tolerante. En una de ellas dijo que “no podemos perder el tiempo en disputas de poder, cuando tenemos tanta responsabilidad”. El Cohete hizo saber que no está interesado en escucharlo explicar que las uvas están verdes.
No es la primera vez
Tampoco hay que exagerar: durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Carlos Menem, ya habían votado por sí mismos para acceder a la presidencia de la Corte dos miembros del partido del gobierno de cada momento, y uno había sido incluso socio del presidente.
Los cinco designados al concluir la dictadura, escogieron como titular al filósofo del derecho Genaro Carrió, quien había sido abogado de Raúl Alfonsín. Sumido en una profunda depresión, renunció en 1985. Fue sucedido por Jorge Bacqué como juez y por José Severo Caballero en la presidencia del tribunal, electo por sus pares.
El Comechingón Caballero era un dirigente de la UCR de Córdoba. Al vencer su mandato de tres años, fue reelecto, por su propio voto y los del también radical Augusto Belluscio y el socialista gorila Fayt.
La Constitución de 1853, paráfrasis del texto estadounidense, fijó el número de miembros de la Corte en nueve. Pero la reforma de 1860 dejó el número librado a la decisión del Congreso, que en 1862 se inclinó por cinco. Esta conformación duró un siglo, cuando el Presidente radical Arturo Frondizi la elevó a siete por la ley 15.271. Cuatro años después otro Presidente radical, Arturo Illia, propuso llevar el número a diez, pero antes lo derrocó el dictador Juan Onganía, quien volvió a reducirla a cinco por el decreto 16.985/66. Pasaron dos décadas hasta que un tercer presidente radical, Raúl Alfonsín, pidió al Congreso que la llevara a siete. En la negociación con el líder justicialista Antonio Cafiero se acordó que cada partido propondría a uno de los nuevos jueces. La derrota de Cafiero en la elección interna justicialista de 1988 modificó esos planes.
Menem congeló el acuerdo hasta después de las elecciones presidenciales. Ya desde el gobierno se inclinó por la ampliación no a siete sino a nueve miembros y sin negociar las designaciones. La ley 23.774, promulgada en 1990, no le proveyó cuatro vacantes sino seis, ya que además renunciaron Bacqué, por desacuerdo con la ampliación, y Caballero, porque no sólo se había auto-designado presidente de la Corte: antes se había regulado honorarios a sí mismo por haber elegido árbitro en una causa y perito en otra. Menem le ofreció una retirada silenciosa, y así nació la mayoría automática de dos tercios, que avaló el desguace del Estado y protegió a sus miembros y a los compañeros del gobierno de las investigaciones por negocios turbios.
Entre los cuatro nuevos jueces, Menem designó a su socio en el estudio de La Rioja, el ex jefe de policía de esa provincia, boticario y aficionado al derecho municipal, Julio Salvador Nazareno, quien en noviembre de 1994 fue elegido presidente de la Corte, por su propio voto. En 2000 se volvió a elegir a sí mismo, esta vez con el apoyo de Eduardo Moliné O’Connor, Gustavo López, Belluscio y Fayt.
Esa Corte concluiría con un mayúsculo escándalo. Por primera vez en la historia, ruidosas manifestaciones frente a su sede exigieron “que se vayan todos”, también allí. En cuanto Néstor Kirchner asumió la presidencia, Nazareno lo amenazó en público con fallos perturbadores de lo que él mismo mencionó como “gobernabilidad”. Kirchner leyó un brevísimo mensaje sin actuarlo, con la mirada en el papel y no perdida en el vacío del teleprompter. Moliné O’Connor y el juez del Opus Dei, Antonio Boggiano, fueron destituidos en juicio político, Nazareno y Adolfo Vázquez renunciaron antes de llegar a ese punto. Esto permitió remozar la Corte, con las designaciones de Argibay, Highton, Lorenzetti y Zaffaroni, y la designación como presidente de Petracchi, quien inició un proceso de apertura para quitar opacidad a las decisiones judiciales. Esto incluyó audiencias públicas en las que se discutieron temas importantes, la presentación de escritos de amigos del tribunal, el registro de circulación de los expedientes entre las vocalías y de los abogados intervinientes y la prohibición de reuniones a solas con una de las partes de un litigio.
En diciembre de 2006, por la Ley 26.183 redactada por Cristina Kirchner, volvió al número histórico de cinco miembros. Lorenzetti fue electo para presidir la Corte en enero de 2007 y consiguió sucesivas reelecciones durante once años. En ese lapso cambió prácticamente todo: esposa, auto, casa, sastrería, aspecto facial, restaurantes, amigos, alianzas políticas. En el auge del kirchnerismo, respaldó sus políticas reivindicativas en materia laboral y de asistencia social. Pero en el ocaso comenzó a recortar derechos adquiridos, a reivindicar privilegios estamentales y se abroqueló en defensa de cámaras y jueces demasiado sensibles a los grandes intereses económicos, lo cual agrió en forma innecesaria las relaciones con el gobierno nacional. Cristina protestó porque había más jueces independientes del poder político que de los intereses económicos. Lorenzetti incitó a los jueces federales a perseguirla.
Las presidencias rengas
La última reelección de Lorenzetti preanunció lo que vendría. En abril de 2015, hizo elípticamente responsable a Cristina por la muerte del fiscal Natalio A. Nisman, e inquieto por las brumas que avanzaban sobre Fayt, forzó un adelantamiento del proceso electoral interno, cuando aún le restaba casi un tercio de su mandato. Su temor era que en ese tribunal que muertes y renuncias redujeron a cuatro miembros, la caducidad de Fayt lo dejara con el quorum estricto de tres y Lorenzetti sólo pudiera retener el cargo votando por sí mismo. No había tiempo que perder.
La Acordada que consigna aquella rrrrelección decía que fue firmada “en la Sala de Acuerdos del Tribunal”. Pero el débil trazo parecido a la que fuera la firma de Fayt no fue hecho en la Sala de Acuerdos sino en su domicilio, hasta donde le llevó un secretario. Cuando revelé esa falsedad, Lorenzetti me escribió una carta anunciando su renuncia a la presidencia, de la que en pocos días se retractó. La Corte emitió un comunicado sin firma y una nueva Acordada convalidando la elección de abril.
En el acto de asunción de Macrì el 10 de diciembre de 2015 Lorenzetti abrazó y besó al nuevo Presidente y antes de que finalizara el año aceptó tomar juramento a Rosenkrantz y Rosatti, pese a su designación irregular en comisión, que hasta Rosatti había rebatido en su Tratado de Derecho Constitucional. Ya se vería que ese no fue un beso de amor sino de conveniencia.
La incorporación de los parvenus se demoró varios meses porque el Senado exigió que los pliegos pasaran por su comisión de acuerdos. El mandato presidencial de Lorenzetti vencía el 31 de diciembre de 2018 y aspiraba a continuar en ese cargo que llegó a considerar como un atributo personal. Pero el 11 de septiembre de 2018, Rosatti, Rosenkrantz y Highton lo desplazaron sin previo aviso y sentaron en su lugar a Rosenkrantz. La réplica de Lorenzetti, en confabulación con Rosatti y Maqueda, fue despojar al presidente de cualquier atribución extraprotocolar, de modo que designaciones, sanciones y presupuesto dependieran de una mayoría de tres. Este año Lorenzetti pidió el auxilio de Alberto Fernández para recuperar el sitial, pero el Presidente le respondió que eso dependía de sus colegas, no del Poder Ejecutivo. También hubo un proyecto de dos diputados cambiemitas para instituir la presidencia rotativa, pero antes de que se tratara, los jueces designaron a sus nuevos conductores.
Ese tribunal fracturado y odiante deberá zanjar temas de enorme repercusión política, que afectan tanto a Cristina como a Macrì y al actual gobierno. Varias notas en la edición de hoy reseñan algunas de ellas:
La ley que votó la Legislatura porteña erigiendo al Superior Tribunal cabano como alzada de los juzgados nacionales de distintos fueros, para que salve a Macrì por la quiebra del Correo. El propio STJ ya lo había decidido así, pese a la oposición de la conservadora Asociación de Magistrados y del fiscal a cargo en forma interina de la Procuración General, Eduardo Casal. Así lo explicó la legisladora porteña Lucía La Verdadera Cámpora:
El inminente procesamiento del ex Presidente, por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino San Juan.
La investigación por el blanqueo de 25 millones de dólares realizado por la madre de Macrì, Alicia Blanco Villegas, pese a la prohibición legal.
La declaración de las tecnologías de la información y la comunicación como servicio público esencial.
La conformación actual del Consejo de la Magistratura.
La nulidad de la causa Vialidad, en la que se intenta juzgar a CFK por obras en una provincia incluidas en el presupuesto nacional que aprobó el Congreso, que se realizaron en tiempo y forma y se pagaron sin sobreprecios, y en las que entre la Presidenta y los funcionarios provinciales intervinientes había una docena de eslabones institucionales.
La detracción de fondos excesivos que la Nación transfirió a la CABA para el pago de la policía local.
Las causas fraguadas contra Milagro Sala y una docena de militantes de la Organización Barrial Túpac Amaru por los jueces de Jujuy, luego de que Gerardo Morales ampliara la Suprema Corte en la misma proporción que Menem en la nación, pero mucho más rápido: en su primera semana de gobierno.
El trueque vergonzoso
El 10 de septiembre de 1930, la Corte Suprema firmó una Acordada de triste celebridad. Sostuvo que el gobierno de facto encabezado por el general golpista José Félix Uriburu se encontraba en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para “proteger la libertad, la vida y la propiedad”. Por esas “razones de policía y de necesidad y con el fin de mantener protegido al público y a los individuos cuyos intereses puedan ser afectados”, dispuso “dar validez a sus actos”. Toda una confesión sobre el propio rol.
Desde la Constitución de 1860 y durante siete décadas, el Poder Ejecutivo había designado a cinco sucesivos presidentes de la Corte Suprema, con carácter vitalicio, según el modelo estadounidense. A cambio del reconocimiento del gobierno surgido del golpe militar del 6 de septiembre, que se llamó nacionalista pero cuyo gabinete fue integrado por directivos y abogados de empresas británicas, Von Pepe Uriburu resignó esa facultad y permitió que los jueces designaran a su presidente.
Colocar a la propiedad en el podio de los valores que cuentan para legitimar la violencia oligárquica contra la primera presidencia que representó en parte a las clases medias en ascenso, no fue un acto gratuito. La redefinición del rol de la Corte Suprema sigue siendo nueve décadas después un asunto de necesidad y urgencia.
Por encima del laberíntico debate acerca de un supuesto ajuste, lo cierto es que la escasez relativa de dólares y los pagos de deuda determinan una restricción al crecimiento. Se sabe que, con la actual estructura productiva, la mejora en la actividad económica deriva en un aumento de las importaciones, demanda que compite por los mismos dólares que reclaman los acreedores privados y el FMI.
Escribe Alfredo Zaiat en Página 12
En un mercado cambiario bajo tensión, situación que será permanente por un tiempo prolongado, ignorar o minimizar la potente restricción de la escasez relativa de dólares tiene costos económicos, financieros y también políticos.
Uno de ellos es sumergirse en un laberíntico debate acerca de un supuesto ajuste cuando lo que existe es una extrema fragilidad del sector externo que limita la capacidad de expansión de la economía.
Esta fragilidad se expresa en cotizaciones de dólares por encima de un equilibrio de mediano plazo. Son las que se anotan diariamente en la plaza bursátil y definen una brecha (con el tipo de cambio oficial) cercana al ciento por ciento.
Si bien la debilidad del sector externo, con su manifestación en el mercado cambiario y en las crisis traumáticas recurrentes, se reconoce en cuestiones estructurales de la economía, el panorama de corto plazo se ha agudizado por el desastre financiero que dejó el gobierno de la alianza macrista-radical.
Pese a que no hay pocos que prefieren desconocer ese pasado oscuro reciente, no incorporarlo en el análisis de los condicionamientos heredados conduce indefectiblemente a diagnósticos y acciones políticas fallidas.
Mencionar la herencia no justifica debilidades en la actual gestión, pero resulta imprescindible apuntarla para saber cuáles son los límites que impone al crecimiento. El desafío entonces es, remarcando esas restricciones, diseñar una política económica para minimizarlas.
Sí, es necesario repetir "Ah… pero Macri"
Algunas de las pesadas piedras que debe arrastrar la economía y que el gobierno de Alberto Fernández está aliviando son las siguientes:
* Una deuda en dólares inmensa con acreedores externos, que se logró patear para adelante pero que seguirá presionando sobre las cuentas públicas. Entre otras razones especulativas, las deprimidas cotizaciones de los títulos públicos reestructurados, que mantienen el riesgo país por arriba de los 1500 puntos y obtura el acceso al mercado voluntario de crédito internacional, tienen su origen en las débiles perspectivas financieras que se explican en gran parte por la escasez de dólares en el Banco Central y por la inmensa deuda con el FMI.
* Una montaña de deuda en pesos en manos de más de 50 fondos de inversión internacionales altamente especulativos, entre los que sobresalen Templeton y PIMCO, que mantienen una firme tensión sobre la cotización del dólar bursátil (Contado con Liquidación). Uno de los motivos principales de la amplitud de la brecha cambiaria es que esos fondos todavía siguen en la búsqueda de recortar quebrantos comprando dólares vía el CCL y saliendo de ese modo paulatinamente de esos papeles en pesos emitidos por el mesadinerista Luis Caputo, que en el gobierno de Macri estuvo a cargo del Ministerio de Finanzas.
* La destrucción del mercado de deuda en pesos, default que fue "reperfilamiento" en lenguaje macrista, lo que implicó el cierre de una vía esencial de financiamiento del sector público. Canilla de recursos indispensable en la pandemia que para la economía argentina estaba cerrada y pudo ser reabierta por el equipo económico.
* La deuda impagable con el FMI, que con ese crédito se incorporó además a un auditor externo multilateral de las cuentas públicas de la economía local que, con más o menos énfasis discursivo, promueve la austeridad fiscal para países endeudados.
¿Cuáles son las opciones?
Ante estos potentes condicionamientos al crecimiento aparecen las siguientes posibilidades de respuesta política:
1. Negar la existencia de las restricciones financieras, reacción que puede ser por complicidad con el anterior gobierno endeudador serial, o por apostar a un ingenuo voluntarismo político de pretender enfrentar los desafíos del desarrollo económico sin reconocer esos límites.
2. Declarar que no se tiene que pagar la deuda, aunque sin precisar qué tipo de alianzas políticas locales y externas se requieren para sostener esa decisión, además de si son viables conseguirlas o si directamente existen esos actores.
3. Investigar el ciclo de endeudamiento macrista y castigar a sus responsables. Esta tarea ya ha sido realizada por el Banco Central, la Procuración del Tesoro de la Nación, la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación. Existe una denuncia penal contra funcionarios del gobierno de Macri por el crédito con el FMI. Ahora es tiempo de la Justicia aunque, como se sabe, una parte de ella ha sido colonizada por el macrismo y otras vertientes de la derecha política y económica.
4. Administrar este complejo frente financiero para lograr espacios de relativa autonomía de la política económica con el objetivo de liberar transitoriamente parte de la carga de la deuda y así colocar a la economía en un sendero de crecimiento. La secuencia sería que con crecimiento económico la deuda pierde relevancia como límite a la expansión, pero lo que sucede es que la deuda condiciona las posibilidades de crecimiento y, por lo tanto, no permite aliviar esa carga. Esta es la dinámica de la trampa de la deuda al desarrollo.
Este último punto plantea un dilema conocido: si un problema no tiene solución deja de ser un problema, pero en el terreno de la política y en la administración de las finanzas públicas sigue siendo un problema.
Números que queman
Es probable que en los próximos meses se firme un acuerdo de refinanciación del insólito crédito del FMI por 55.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron casi 45.000 millones.
Según el esquema de pagos acordado por el gobierno de Macri con el Fondo conducido por la francesa Christine Lagarde, se debería devolver este monto entre septiembre de este año y el mismo mes de 2024.
Hasta fin de año de ese programa stand by, como todavía no ha habido otro que lo reemplazara, el gobierno de Alberto Fernández terminará pagando intereses por unos 1860 millones de dólares (560 en 2020 y 1300 en este año). Además, ya pagó el mes pasado una cuota de capital correspondiente a 2021 por unos 1900 millones de dólares con los recursos recibidos del propio FMI por la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta del organismo. En diciembre está pendiente otra cuota de capital por igual monto.
O sea, pese a la peor debacle global de por lo menos los últimos cien años, de arrastrar los costos de la pandemia del macrismo y de enfrentar la inmensa crisis local con fortísimos condicionamientos y escasez de reservas en el Banco Central, la Argentina desembolsaría unos 5700 millones de dólares de pagos de intereses y capital al FMI por el crédito político entregado a Macri para financiar su campaña de reelección, que no logró.
En 2022 y 2023 el monto total a pagar es de unos 20.000 millones de dólares por año, suma que evidentemente es imposible de cancelar.
¿Quiénes firmarán lo que no se cumpliría?
Luego de las elecciones de mediados del mes próximo y marzo de 2022 podría cerrarse un nuevo programa con el FMI. En estos meses fue descartado un acuerdo extraordinario de 20 años porque el Fondo no lo tiene en su menú. Para incorporarlo se necesita de un pacto político entre los países que lo controlan, en especial de Estados Unidos y las potencias europeas. No ha habido y no parece que haya en el corto plazo voluntad política de los dueños del Fondo para avanzar en ese sentido.
El gobierno de Alberto Fernández rubricaría entonces un acuerdo de Facilidades Extendidas tradicional a 10 años con la posibilidad de ser modificado si más adelante el FMI mejora las condiciones con otro programa.
Ahora bien, no hay que ser vidente para indicar que el plan de pagos de esa deuda inmensa a 10 años, con 4 de gracia para cancelar capital, será igualmente difícil de cumplir. Aparecen por lo tanto dos interrogantes básicos con las cifras que tendrán que figurar en el programa de refinanciación, que el FMI no lo presentará de ese modo sino como un nuevo acuerdo, que será la forma de archivar el fiasco más impresionante de su historia:
1. ¿Cuál debería ser el superávit de las cuentas externas necesarias para pagar intereses y capital de la deuda con acreedores privados y el FMI?
2. ¿Cuál debería ser el saldo de las cuentas fiscales para generar el excedente básico para cumplir con los acreedores en moneda extranjera?
Esas dos cifras definidas en el futuro acuerdo serán analizadas con mucho detalle por economistas y financistas para determinar si son consistentes. Evaluación que es clave porque definirá la posibilidad de la apertura del mercado internacional de crédito, instancia imperiosa para refinanciar los vencimientos de capital de la deuda y aliviar de ese modo las exigencias fiscales y financieras.
Límites al crecimiento
En un informe de mediados de febrero de este año, la consultora de Emmanuel Álvarez Agis realizó un interesante ejercicio financiero acerca de los vencimientos de la deuda en los próximos años y cómo esos pagos actúan como límites al crecimiento.
Precisa que en un acuerdo tradicional con el FMI y con años de gracia la economía tendría a partir de 2026 necesidades financieras de dólares por casi 4 por ciento del PIB. Explica que los pagos de deuda determinan una restricción al crecimiento ya que, como se sabe, la mejora en la actividad económica deriva en un aumento de las importaciones, que compite por los mismos dólares que reclaman los acreedores. La presión es aún mayor porque en este análisis no se incorporan las demandas de dólares para ahorro, turismo al exterior y giros de utilidades de multinacionales.
Afirma que resulta importante "encontrar un equilibrio en el cual los dólares se utilicen para pagar intereses, mientras que el capital de la deuda con el FMI y los vencimientos con privados se refinancien". De ese modo se reducirán las exigencias financieras y quedarían dólares para impulsar el crecimiento de la actividad.
Para ello se requiere, mientras se avanza en iniciativas que impulsen con intensidad el aumento de exportaciones, la apertura del mercado voluntario de crédito internacional, instancia compleja de conseguir por factores estrictamente financieros (la solvencia intertemporal de la deuda y la disponibilidad de dólares), de reputación (defaults recientes y posteriores reestructuraciones) y políticos (oposición del mundo de las finanzas a gobiernos que no sean de derecha).
La carga de la deuda
En términos de dólares firmar un Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI podría significar que, en vez de pagar la deuda entre 2021 y 2024, como está definido en el acuerdo con Macri, se concrete entre 2026 y 2031.
Agis señala que en este caso el perfil de vencimientos anuales de capital con el Fondo sería de 7500 millones de dólares durante esos seis años. Este monto se agregaría a los compromisos de la deuda en moneda extranjera con acreedores privados en esos mismos años, cuando se concentra la mayor cantidad de vencimientos.
El saldo a pagar de intereses y capital de esa deuda (FMI+privados) entre 2025 y 2030 suma 16.500 millones de dólares promedio por año, monto imposible de cumplir en el actual estado de situación económica y financiera.
El informe concluye que "queda en evidencia que lograr un acuerdo con el Fondo y sentar las bases para lograr renovar la deuda con acreedores privados en el mercado son condiciones para que el perfil de vencimientos sea sostenible en el tiempo. De modo contrario, tarde o temprano se deberán renegociar los compromisos o el superávit externo necesario para hacer frente a la deuda será un limitante para la expansión de la economía".
Eliminar la sobretasa del crédito de Macri
El lunes 11 de este mes y por una semana se realizará la asamblea conjunta del FMI y Banco Mundial de otoño (Hemisferio Norte) . Es probable que en este encuentro se avance en la idea de eliminar la sobretasa que cobra el FMI por créditos como los otorgados a la Argentina.
A fin de este mes, el ministro Martín Guzmán también participará en la reunión de presidentes del G-20 en Roma, Italia, y se volverá a encontrar con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, que está bajo fuego cruzado de los fondos de inversión internacional y sectores conservadores del establishment político estadounidense.
Un reciente informe del Center for Economic and Policy Research examinó la sobretasa que cobra el Fondo Monetario Internacional y concluye que ésta “tiene un impacto perjudicial en las economías de los países que enfrentan profundas dificultades económicas y financieras”, al desviar divisas cuando los países más las necesitan. Además define que la sobretasa va en contra del Convenio Constitutivo del FMI, que establece que sus préstamos no pueden ser “destructivos para la prosperidad nacional o internacional”.
La supresión de la sobretasa para el crédito de Argentina implicaría el ahorro de unos 10.000 millones de dólares en diez años. Este alivio para las finanzas públicas puede terminar de definirse en esos dos eventos internacionales de este mes.
De Tormentas Perfectas
Mónica Peralta Ramos, escritora y periodista en “El Cohete a la Luna” escribe en la edición de hoy Una tormenta perfecta
Un mito de la Grecia Antigua cuenta como el titán Prometeo robó el fuego de los dioses para dárselo a los humanos. Furioso ante tamaña transgresión a las normas del Olimpo, Zeus –el dios de todos los dioses– lo encadenó a una roca y dispuso que un águila comiese continuamente su hígado. Con el paso del tiempo, Heracles, el más fuerte y valiente de todos los héroes, puso fin al martirio de Prometeo matando al águila de un flechazo. Este mito nos advierte que el fuego sagrado de la reflexión lleva a la ruptura del status quo y a un castigo que sólo se supera con la fuerza descomunal de las convicciones. Estos son los atributos que la humanidad utilizó para llegar hasta nuestros días. Hoy se necesitan para enfrentar la tormenta que se avecina.
Un mundo en crisis colapsa sobre sí mismo y naturaliza sus turbulencias. Las causas de los males que nos aquejan desaparecen tras negros nubarrones y las mentiras, el miedo y el odio perpetúan el orden imperante. Así, mientras la realidad inmediata se vacía de contenido, la incitación al consumo y a la violencia del uno contra el otro sustituyen a la reflexión. Encajonados en sus pequeñas miserias cotidianas, aislados, fragmentados y sin épica alguna, los ciudadanos del mundo se desparraman, persiguiendo el deseo inacabable de consumir algo nuevo. En esta trampa, la pobreza, la miseria y las injusticias desaparecen del mapa. No se ven y no se tocan. Tampoco se hurgan sus raíces. En su lugar existe el otro, “feo malo y sucio”, al que se le atribuyen todos los males de esta tierra. La voracidad del miedo a la pérdida y al abismo que acecha reemplazan al razonamiento y embretan a la humanidad en el callejón sin salida de una violencia creciente.
Hoy, el ritmo espasmódico de conflictos sociales y geopolíticos atruena en el centro y en la periferia de la estructura global de poder. Sin embargo, no se lo escucha. Las cadenas de valor global rechinan los dientes, escupen inflación, miseria e implosión social, pero se responde con apertura al mundo y endeudamiento ilimitado. La historia muestra que hay un solo camino para salir de este laberinto: la reflexión y la organización colectiva, desde abajo hacia arriba, para enfrentar a la irracionalidad y a la violencia con un proyecto basado en la solidaridad y en los intereses comunes.
Dislocación de las cadenas de valor global
La guerra comercial entre Estados Unidos y China, desatada por el gobierno de Donald Trump, es hoy profundizada por la gestión de Joe Biden. Esta guerra, y el impacto de la pandemia sobre la economía mundial, han provocado una creciente dislocación de las cadenas de valor global. Esto ocurre en un contexto de fuerte control monopólico de las mismas y ha dado lugar a desabastecimientos y subas de precios generalizadas, tanto de fletes como de bienes e insumos de distinto tipo. Sin embargo, no todas las cadenas de valor tienen la misma importancia. El desabastecimiento en algunas de ellas repercute de un modo más fuerte sobre el conjunto de la economía global y tiene importancia crítica para el capitalismo de espionaje, donde un pequeño núcleo de corporaciones tecnológicas maximiza ganancias monopolizando la extracción, almacenamiento y monetización de todo tipo de información. En este capitalismo, la cadena de valor de los semiconductores o chips tiene importancia crucial: de ellos depende el funcionamiento de toda clase de productos electrónicos, desde los más simples a las computadoras más complejas y a los sofisticados sistemas de armamentos. Sin chips no hay digitalización posible.
En la actualidad existen dos corporaciones asiáticas que, en conjunto, controlan más del 70% de la producción global de semiconductores o chips: TSMC en Taiwán y Samsung en Corea del Sur. La primera controla el 58% de la producción global de chips, y la segunda el 18%. Intel, el gigante tecnológico norteamericano, controla una porción menor del mercado con una tecnología inferior a la de las otras dos corporaciones asiáticas. Existen, además, otras empresas norteamericanas y europeas que diseñan chips, pero para fabricarlos dependen de TSMC y Samsung. Por otra parte, tanto TSMC como Samsung dependen del suministro de equipo y maquinaria para producir chips. Este rubro está controlado en un 70% por cinco corporaciones: tres son norteamericanas, una es europea y la otra japonesa. Asimismo, sólo una empresa holandesa produce la tecnología que usa rayos ultravioletas de quinta generación (extreme ultraviolet EUV), necesarios para la producción de los chips más sofisticados fabricados por TSMC y Samsung [cnbc.com, 12/04/2021; zerohedge.com, 06/09/2021; Randhir Thakur, intel.com, 24/02/2021.].
Esta enorme concentración de la producción de un recurso crucial ha llevado al presidente de Intel a pedir la intervención inmediata del gobierno norteamericano a fin de impulsar aceleradamente a la producción local para superar el desabastecimiento, porque de esto dependerá “la capacidad de liderar el desarrollo de tecnología e innovación en el futuro”[intel.com, 24/02/2021.].
Estos descalabros en las cadenas de valor amenazan al liderazgo futuro de los monopolios tecnológicos que hoy controlan la digitalización de la vida social.
La geopolítica de los semiconductores
China ocupa un lugar particular en este escenario: desde hace un tiempo impulsa la producción de semiconductores de su empresa SMIC, pero esta tiene una tecnología atrasada en comparación con TSMC y Samsung, y además depende en más de un 80% del abastecimiento de componentes importados. Estados Unidos ha impuesto severas sanciones económicas a las empresas de cualquier país que provean estos componentes. En este contexto, Taiwán adquiere una iridiscencia peculiar: reclamada por China desde 1949 como parte de su territorio nacional, la isla es también sede de TSMC, la principal empresa productora de semiconductores del mundo, y ha tenido a China como uno de sus principales clientes. Así, en el conflicto en torno a Taiwán, no sólo está en cuestión la independencia de la isla, sino también el control de la principal fábrica del mundo que produce este insumo crítico.
La continua presencia de buques y aviones de guerra norteamericanos e ingleses patrullando el Mar del Sur de la China y el estrecho de Taiwán, en apoyo a la soberanía de la isla, y las sanciones económicas impuestas a las empresas que abastecen componentes y semiconductores a China, son los dos ejes de una misma política que busca frenar por la fuerza el desarrollo económico chino. Esto explica la rápida militarización del conflicto en torno a Taiwán y la posibilidad de que este escale rápidamente.
Inflación y desgaste político
La dislocación de las cadenas de valor global y la posibilidad de una inminente crisis energética han dado creciente relevancia política al fenómeno de la inflación.
Más allá de factores específicos que la semana pasada han ayudado a detonar problemas de abastecimiento de energía en lugares tan distantes como China, Alemania e Inglaterra, la caída de la inversión productiva en el sector energético (petróleo, gas natural y carbón) contribuye a degradar aún más a las cadenas de valor global [zerohedge.com, 26, 27, 29, 30/09/2021.]
. El impacto de la crisis energética sobre la economía china se da en paralelo a la crisis desatada en el sector inmobiliario por el default de Evergrande, el principal desarrollador inmobiliario chino, y refuerza la posibilidad de un estancamiento de la producción que, de ocurrir, tendrá enormes repercusiones sobre la inflación y la economía global.
El martes pasado, el titular de la Reserva Federal admitió por primera vez su preocupación por una inflación que ha dejado de ser “transitoria” para transformarse en algo “estructural”. Ante el comité de bancos del Senado, también reconoció que la Reserva podría empezar a subir las tasas de interés y a reducir la enorme liquidez que inyecta mensualmente al mercado financiero para comprar bonos (QE). Con estas declaraciones, provocó la caída de todos los índices bursátiles. Así, pareciera que se van alineando los diversos factores que pueden provocar una implosión del enorme endeudamiento norteamericano. Si eso sucede, tendrá un impacto impredecible sobre un sistema financiero internacional horadado por la especulación de la banca en las sombras.
Por otra parte, el endeudamiento norteamericano asoma ahora en el escenario político, revelando las profundas divisiones existentes entre los partidos y dentro del propio partido gobernante. Estas divisiones empantanan a los demócratas en el Congreso y le impiden al gobierno sancionar las leyes que prometió durante la campaña electoral y que necesita para estimular a la economía. Los republicanos se niegan a compartir una resolución del Congreso que aumente los límites del endeudamiento en el nuevo año fiscal. Los demócratas se niegan a sacar una resolución a sola firma que puede descolocarlos en las próximas elecciones de medio término. Sin embargo, si no se cambian los límites del endeudamiento, el país entrará en default a fines de este mes. Si bien hubo episodios similares en el pasado, hay coincidencias en que nunca se estuvo tan cerca de esta debacle.
Como un síntoma más de las divisiones políticas, un grupo de diputados conservadores del Partido Demócrata se sumó a la resistencia republicana y bloquea la aprobación de 3,5 billones (trillions) de dólares de estímulos a la economía prometidos por Biden. Frente a ellos, cerca de noventa diputados del sector progresista del Partido Demócrata se han unificado para bloquear el proyecto de 550.000 millones (billions) de dólares para el desarrollo de infraestructura, que ya fuera votado en el Senado con acuerdo republicano. Sostienen que sólo lo votarán luego de que se aprueben los 3,5 billones (trillions) de dólares que representan “lo que se prometió en las elecciones (…) o es tiempo de ir para atrás o de traicionar nuestras promesas (…) no imaginamos que tendríamos a republicanos infiltrados dentro de nuestro partido”[zerohedge.com 28/09/2021.].
La semana pasada, YouTube eliminó varios canales, entre los que se encuentra el del conocido dirigente demócrata Robert Kennedy, quien desde hace tiempo pelea contra las grandes corporaciones farmacéuticas y sus negocios con los medicamentos. Esta intervención de YouTube se suma a la que vienen haciendo, desde hace tiempo, un puñado de monopolios tecnológicos. Esto tiende a validar los hallazgos de un investigador de Harvard: “el espionaje digital y el control de la libertad de expresión en los Estados Unidos muestra similitudes sorprendentes con lo que encontramos en Estados autoritarios como China (…) En el gran debate de las últimas dos décadas en torno a la libertad de expresión versus el control de las redes sociales, China tenía en gran medida razón y los Estados Unidos estaban en gran medida equivocados”[“Internet speech will never go back to normal”, theatlantic.com, 25/04/2020.].
La cloaca de la impunidad
El jueves pasado, la decisión del macrismo de arrebatar el gobierno por cualquier medio, quedó expuesta de un modo especialmente doloroso en el brutal y sorpresivo mega-operativo que con múltiples topadoras y policías destruyó las pertenencias y las casillas precarias instaladas por un grupo de madres, “Fuerza de Mujeres,” en un baldío de la Villa 31. Ochenta mujeres y 175 niñxs fueron violentamente arrojados a la calle. La imagen desgarradora de una pequeña niña que, abrumada por el peso de su mochila escolar, lloraba con rabia reclamando “nos destruyeron el único inodoro que teníamos y a mi mama le costó más de un peso” [thtps://www.eldestapeweb.com/sociedad/villa-31/desalojos-en-la-villa-31-destruyeron-el-unico-inodoro-que-teniamos–202193019210.]
sintetiza el drama del momento: la impunidad para pasar el mensaje mafioso de que vienen a matar en el huevo a ese populismo que tanto temen. Ya no se trata de invisibilizar a la pobreza, sino de naturalizar a la violencia contra los que menos tienen. Aquí no hubo medias tintas y parece haber sido premeditado. Tenían tiempo y recursos de sobra para negociar sin violencia y encontrar solución al problema. Eso, sin embargo, no les interesa. Quieren, en cambio, infundir miedo a los pobres, y miedo de los pobres. Al mismo tiempo, enardecen a una clase media empobrecida que teme caer en el precipicio y se encandila con los dólares y los viajes al exterior.
Así, la voracidad se cuela en todo lo que hoy dice y hace el macrismo: se preparan para el golpe institucional pretendiendo la Presidencia de la Cámara de Diputados aunque sean minoría, anticipan que “están listos para gobernar”, exigen un inmediato ajuste “porque la cosa no da para más” y se burlan de la Constitución, adjudicando al Tribunal Superior de la Capital Federal competencia por encima de la Justicia Nacional para vaciar las causas que involucran a Mauricio Macri y sus compinches en todo tipo de delitos, desde el espionaje al vaciamiento del Correo.
No sólo el macrismo amenaza con el inminente estallido de la tormenta. Para el Financial Times, “el gobierno debería actuar rápidamente (…) reducir la intervención en la economía, recortar el gasto público y alcanzar un acuerdo con el FMI. Si no lo hace, se avecina una crisis económica, seguida de una victoria de la oposición en las próximas elecciones presidenciales. Esta es una parte de la historia argentina que Kirchner no querrá repetir”[ambito.com, 28/09/2021.]. Esta amenaza resuena en el ámbito local, reproducida por el periodismo de guerra, los “expertos” y los ex funcionarios, que con Macri a la cabeza, pintan las maravillas que hicieron y avisan que vuelven por más de lo mismo.
En medio de esta ofensiva, el gobierno balbucea nuevas medidas de alivio que hasta ahora sólo alcanzan al 0.5% del PBI, un nivel que sigue estando muy por debajo de lo que fue presupuestado para este periodo, algo que fue criticado por Cristina Fernández en su última carta. Esto ocurre mientras más de la mitad de los niños continúa estando bajo el nivel de pobreza, sigue aumentando el número de indigentes y se conoce que el 70% de los que se endeudaron durante la pandemia lo hicieron para comprar alimentos y medicamentos [eldiarioar.com, 28/09/2021.]. Paralelamente, un diputado macrista incendia a una funcionaria en las redes por su condición de mujer y Milagro Sala continúa presa, también por su condición de mujer y de militante. El silencio de las máximas autoridades correspondientes es llamativo, teniendo en cuanto que tanto los problemas de las mujeres como los de los presxs políticos fueron parte de las promesas electorales en 2019.
Las cosas no van a cambiar “pidiéndole a Dios que nos ayude”[Juan Manzur, lapoliticaonline.com, 29/09/2021.]. Van a cambiar inculcando una épica y movilizando a las bases del Frente de Todos. La campaña electoral y el 17 de octubre brindan oportunidades para empezar a frenar el avance de la impunidad macrista. No se pueden desaprovechar.
Temor y Poder
Las decisiones humanas se resuelven de modos complejos, Tanto que muchas veces nos terminamos preguntando ¿Porque hice esto? ¿Para que actúe de tal modo?
Somos propensos frente a las complejidades a intentar reducir o sintetizar todo a enfrentamientos entre dos fuerzas que tensan. Esta propensión no es mas que el resultado que en nuestras psiquis produce el reconocimiento no deseado de aquello que falta, que no sabemos, que desconocemos.
La dialéctica del amo y el esclavo (en alemán: Herrschaft und Knechtschaft) aparece como una de las explicaciones posibles que se encuentra en el libro Fenomenología del espíritu de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Es ampliamente considerado como un elemento clave en la filosofía del siglo XX y ha influenciado a muchos filósofos posteriores.
El pasaje de Hegel se encuentra en el capítulo IV titulado "Autonomía y dependencia de la autoconciencia: dominio y servidumbre" y describe de forma narrativa el encuentro entre dos seres autoconscientes que se reconocen el uno al otro. Este movimiento, inexorablemente llevado a su extremo, toma la forma de una lucha a muerte en la que uno domina al otro, sólo para darse cuenta de que esto no le da el control sobre el mundo que había buscado.
El concepto, sin embargo, jamás fue enunciado por Hegel sino que fue utilizado por el ruso Alexandre Kojève en sus clases sobre Fenomenología del Espíritu. En el caso de Hegel éste se refiere, en cambio, a los conceptos de dominio y servidumbre que no son intercambiables con los de Kojève en estricto sentido.
Como sea, la diálectica del Amo y el esclavo solo es posible en la referencia signante del ejercicio del poder. La falta que produce el temor lleva a dos posibles posiciones frente a esa sensación de pérdida, de inseguridad, de incompletud, de incertidumbre: Suplir esa falta dominado a “otro” o dejándonos someter por el “otro” cediéndole toda la carga de las decisiones o suplirla en relaciones de consensos y acordadas que eviten la violencia y reduzcan los niveles de conflicto, distribuyendo deberes y derechos de forma que conforme parcialmente a ambos.
Para Hegel, la dialéctica del amo y del esclavo caracteriza una de las “figuras de la conciencia” histórica: la antigüedad clásica, que Hegel analiza particularmente a propósito del Imperio Romano. En concreto, para Hegel se trata de comprender la historia como vivencia existencial colectiva, tomando en cuenta una ética de la alteridad, basada en una concepción integral de la sociedad y de la confrontación de los sectores que la componen; todo lo cual da un enfoque político a los procesos históricos, entendiendo por “política” el ámbito social donde se libra la lucha por el poder y su resultante como ejercicio del mismo en el Estado. Para ello, se requiere asumir un punto de vista epistemológico, a tenor del cual se analizan los hechos no sólo como realidades objetivas como hace el historiador, sino desde la conciencia vivida de los principales protagonistas de la historia; ya que lo importante para nuestro filósofo en la historia, más que los hechos tomados como eventos aislados o, más exactamente, a partir de los hechos fácticamente tomados, aquí se busca explicar la racionalidad que rige, no tanto los hechos individualmente tomados, sino los procesos históricos que los rigen y explican; por lo que se reflejan en las instituciones que en esos períodos históricos se crearon.
(Arnoldo Mora “Hegel y Marx: la dialéctica del amo y del esclavo” Revista Surcos Digital)
La conciencia racional y el pensamiento lógico, sin embargo, presentan la compleja dimensión del inconsciente dónde se libran las batallas en la conformación del “yo individual”, del “sujeto” que se reconoce racionalmente así mismo en lo que dice “soy”. Es ese inconsciente el que proyecta los dilemas y tensiones de esa conformación en tanto toda distinción del “soy” expulsa tantas otras opciones posibles, algunas de las cuales son sometidas a “fuertes represiones” que desembocan en tantas formas de desequilibrio de la conducta y del uso de la razón, como de las incoherencias que solemos manifestar mas a menudo de lo que estamos dispuestos a aceptar, respecto a aquello que decimos que somos y que no podemos sostener en las acciones y relaciones con los demás.
Toda dialéctica que es reducida a dos terminos, polarizada, “agrietada”, es un sesgo mas con el cual el inconsciente, cubre ese saber que no quiere saber: El de la falta que nos ánida, de la incompletud y fragilidad de nuestra existencia, de nuestra razón y de los equilibrios vitales que alcanzamos a lo largo de la vida, ya de formas individuales, grupales, institucionales y sociales.
En estos tiempos neoliberales, la razón confundida y las conductas incoherentes están en el orden del día. Esto no significa que estas palabra sean excepción a la afirmación predicha, sino el reconocimiento de que este texto puede ser parte de esta realidad confusa e incoherente aunque uno se esfuerce para que no lo sea. Es que el razonamiento lógico solo aparece claro en la consideración y razón de los “otros”. La consciencia por tanto es colectiva y los desequilibrios individuales no son sino resultado de la desatención o desconocimiento de los “otros”, de la sociedad, respecto del sufrimiento y el deseo logrado o no de los individuos que la conforman. Nadie se salva solo. Que cada quién haga su parte.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
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