Martes 21 de abril de 2020

El desarrollo de la industria, en especial la manufacturera, es
vital para ingresar a un sendero de crecimiento y desarrollo, y
empezar a transformar la estructura productiva.



La industria manufacturera emplea a más de un millón de
trabajadores de manera formal. Es uno de los sectores que más
empleo de calidad genera sin requerir, en varias ramas, trabajo
altamente calificado. Es decir, no es de los sectores que
demandan más tiempo invertido en formación educativa para
poder acceder, lo que permite el acceso a un mayor porcentaje
de la población. Además, en comparación con los salarios
medios del mercado laboral en su conjunto (trabajadores
públicos, privados, informales, cuentapropistas, etc), es un
sector que ofrece remuneraciones por encima de la media.
Durante 2015-2019, los bienes industriales más representativos,
por su peso en volumen físico y en ventas, contrajeron su
producción. Los que menos redujeron su cantidad producida
fueron calefones (-25,68%), termotanques a gas (-30,24%) y
cocinas (-34,37%). Los productos que más cayeron de manera
estrepitosa (en términos de producción) fueron los freezers,
acondicionadores de aire y secarropas con un -65,51%, -56,08% y
-52,61% respectivamente. La producción de automóviles y
utilitarios se contrajo un 40,23%, igual suerte corrió la
fabricación de motocicletas que experimentó una baja de
47,27%. Los teléfonos celulares nunca superaron el número
producido en el 2015 y redujeron su producción en un 39,51%. Por
último, los televisores tuvieron una baja de 42,53%., sostiene el último informe publicado por el Observatorio de Políticas Públicas
a través del módulo de Politicas Económicas de la Secretaria de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

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La crisis por el Covid19 pone en evidencia y/o agrava cuestiones y problemas que anteceden a la crisis de la pandemia. En una nota escrita el año pasado por Javier Lindenboim, Director del CEPED – UBA, bajo el Título “ La disputa por la distribución del ingreso”, explica que …” Luego de décadas de declinación, la participación salarial en el ingreso se recuperó tanto en Argentina como en América Latina al comenzar el siglo actual. Esa mejora parece estar en serio peligro.

Desde principios de los años setenta, la participación salarial en la creación de riqueza tuvo un desempeño desfavorable en Argentina. Hubo algunos períodos de recuperación: de 1977 a 1980; de 1983 a 1987, luego de la hiperinflación hasta 1993 y entre 1997 y 2001. Pero la tendencia general fue descendente en extremo al inicio de la dictadura y en forma de serrucho ascendente hasta 2001. La participación salarial en 2002 y 2003 fue tan baja como las de 1977, 1982 o 1989 A partir de 2004 se inicia poco más de una década de intenso incremento con disminuciones en 2010, 2014 y 2016.
En América Latina, según lo acaba de informar la CEPAL en su Panorama Social 2018 (https://www.cepal.org/es/publicaciones/44395-panorama-social-america-latina-2018-documento-informativo) ha habido un comportamiento aproximadamente similar.

Se deducen dos aspectos relevantes. Por un lado, el comportamiento socioeconómico de Argentina no tiene grandes diferencias con el promedio de la región. Por otro lado, se corroboran las estimaciones sobre Argentina pese a la falta de datos sobre distribución funcional del ingreso entre 2005 y 2015 inclusive. Para cubrir ese bache la CEPAL utilizó procedimientos similares a los propuestos por nuestro Centro de Estudios.



Pero como la serie regional llega hasta 2017 inclusive también ratifica que los datos del primer bienio del gobierno macrista se mantienen en el entorno de los alcanzados hasta 2015. Esto en sí mismo debería contribuir a una lectura más serena y objetiva de los datos en cuestión. Una hipótesis que puede presentarse es que tal mantenimiento de la participación salarial sería la contracara del “gradualismo” con el que el gobierno afirma haber orientado su accionar en la primera mitad de su gestión.

Aclarado este punto resta considerar si la evolución reciente (15 puntos porcentuales de aumento entre 2003 y 2014) al tiempo que representa una clara mejoría para los trabajadores se compatibiliza con el desarrollo, pensado éste como crecimiento económico con menor desigualdad. El punto es que en este mismo lapso (aunque viene desde más atrás en el tiempo) la tasa de inversión en términos del PIB viene descendiendo casi sin interrupciones.

Una de las cuestiones no debatidas todavía es, precisamente, cuál es la razón que explica la disminución de la tasa de inversión. Quienes defienden la perspectiva empresarial pueden sostener que durante el decenio de incremento de la participación salarial fue su contrapartida (la disminución de la parte apropiada por el capital) lo que generó el descenso del ritmo de inversión. Sin embargo, ese descenso fue la característica de las últimas décadas.

En lo inmediato, desde el año recién concluido, la situación seguramente ha cambiado. Los datos de la Cuenta de Generación del Ingreso elaborados por el INDEC referidos al segundo y al tercer trimestre de 2018 muestran una sensible disminución de la participación salarial en cada uno de esos trimestres en relación con los lapsos respectivos del año previo. Pero en el mismo año (2018) la inversión habría mostrado una nueva caída. De modo que ese contraste directo, quizás lineal, no permite ser optimista en ninguno de los dos aspectos: ni en la equidad distributiva ni en materia de incremento de la capacidad productiva.

Esa evidencia pone una vez más en el tapete la imprescindible necesidad de cambios tanto en la acción política como en los fundamentos socioculturales sobre los que los ciudadanos asentamos nuestro comportamiento.”
( La disputa por la distribución del ingreso Javier Lindenboim
Director del CEPED – UBA

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Las grandes crisis económicas necesitaron en el pasado políticas contundentes. Y esta vez no será distinto.
Aún queda fresco en la memoria de todos el despliegue de los bancos centrales y gobiernos para rescatar al mundo de la crisis financiera que estalló en 2008.
Ahora, 12 años después de la gran recesión, los expertos auguran que la crisis sanitaria del nuevo coronavirus nos dejará graves problemas económicos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica que la economía global se contraerá un 3% en 2020.
Muchos gobiernos ya se han puesto manos a la obra para responder a una situación sin precedentes que tal vez pueda encontrar valiosas lecciones en cómo se combatieron otras de las grandes recesiones en la historia.
¿Sirven esas lecciones para mitigar la crisis económica del coronavirus?


Una crisis sin precedentes



El 29 de octubre de 1929, el desplome de la bolsa de valores de Nueva York en el llamado martes negro desató la Gran Depresión.


Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionEl presidente Franklin Delano Roosevelt implementó el New Deal para sacar a EE.UU. de la grave crisis económica que sufría.


Todos los indicadores económicos se deterioraron y el desempleo, por ejemplo, alcanzó a casi el 25% de la población estadounidense en 1933, según datos oficiales.


EE.UU. se había convertido en la gran potencia mundial tras la Primera Guerra Mundial y era un actor indispensable en el comercio internacional y como prestamista de otros países.


Su crisis, por lo tanto, se replicó de inmediato en el mundo.


En 1933, sin embargo, Franklin Delano Roosevelt llegó a la presidencia y aplicó un paquete de medidas conocido como el New Deal, para paliar la crisis.


"El New Deal fue un gran programa de gasto público para recuperar el sistema financiero, regular la libre empresa y, sobre todo, asistir al gran número de desempleados", describe a BBC Mundo Olivier Accominotti, profesor asociado de historia económica en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres (LSE).


Roosevelt canalizó una porción de su plan en la construcción de grandes obras públicas para dar trabajo a parte de la población desempleada.


El Estado intervino en numerosos sectores de la economía, entre ellos la banca, el comercio exterior, pólizas de seguro, sistemas de pensiones y fondos de ahorro.


"En el New Deal se fijó la idea de que el Estado debía ser más interventor y velar no solo por la seguridad social sino también por la economía", le dijo a BBC Mundo Nadiezhda Escatel, profesora de economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).


Poco a poco, el plan público de Roosevelt resultó, los índices económicos mejoraron y la empresa privada volvió a fortalecerse.


Programas de gasto público similares se reprodujeron en Reino Unido, Francia y Alemania, también con buenos resultados.


Pero la bonanza duraría poco y Europa se metió de lleno en una guerra catastrófica.


La reconstrucción de un continente devastado



La Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias físicas y económicas desoladoras para el corazón de Europa.


En 1947, el entonces secretario de Estado de EE.UU., George C. Marshall, pronunció un discurso ante la Universidad de Harvard en el que pedía un plan integral de reconstrucción de Europa, cuya economía estaba muy deteriorada.


Un año más tarde, el Congreso estadounidense aprobó un plan de cooperación en el que se destinó una ayuda económica de US$12.000 millones para la reconstrucción del continente.


"La Unión Soviética, además, estaba emergiendo como gran potencia comunista y esto empujó a EE.UU. a mover ficha para asegurar su influencia en Europa Occidental", contextualiza Escatel.


Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionTras la implementación del Plan Marshall, la relación comercial entre EE.UU. y Europa se fortaleció.


"El paquete de ayudas estaba dedicado a la producción de materias primas, alimentos, fertilizantes, vehículos y, en definitiva, al desarrollo de la industria", amplía la académica.




El Plan Marshall reflotó la economía europea, especialmente la de las grandes potencias: Reino Unido, Francia y Alemania Occidental, y fortaleció la relación comercial y política con EE.UU.


El éxito del Plan Marshall hizo que su ideólogo, George Marshall, recibiera el Premio Nobel de la Paz en 1953.


Una región ahogada por la deuda


En los 80 se produjo una crisis económica que hasta hoy deja efectos en América Latina, la crisis de la deuda externa.


Debido al alza de los precios del petróleo y a las bajas tasas de interés, varios gobiernos latinoamericanos se endeudaron con el propósito de industrializar sus economías en los años previos a los 80.


Sin embargo, cuando cayeron los precios de las materias primas, subieron las tasas de intereses y aumentó la inflación, la deuda de los principales países de América Latina se hizo impagable.


"La crisis de la deuda impide que los países latinoamericanos, cuyos gobiernos aún se debatían entre una economía de Estado o de mercado, den el paso hacia la gran industrialización neoliberal que se desarrollaba en el mundo occidental", apunta Escatel.


Muchos gobiernos, como el de Venezuela, México o Argentina, solicitaron auxilio financiero del FMI.


Este organismo inyectó capital para tratar de estabilizar sus economías al tiempo que puso en marcha políticas de reestructuración de deuda.


A cambio, los gobiernos que recibieron estos apoyos debían cumplir ciertas condiciones que incluían, por ejemplo, disminuir las importaciones, aumentar las exportaciones y reducir el gasto público.


"En el caso de México, cuyo ministro de Hacienda, Jesús Silva-Herzog Flores, declaró insolvente al país en 1982, las negociaciones para acceder a los créditos del FMI fueron muy duras. Este organismo pidió reajustar la economía; liberalizar el mercado y recortar el gasto público con el fin de utilizar ese dinero para pagar la deuda", explica la profesora de la UNAM.


Debido al enorme impacto de los ajustes económicos para hacer frente a la deuda, a los años siguientes se les conoce como una "década perdida" en el desarrollo social y económico de la región.


Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza aumentó de forma marcada entre 1980 y 1990, y se produjo un deterioro en la distribución de ingresos, que aumentaron los índices de desigualdad, revirtiendo avances logrados en los años previos de la crisis.


La inflación en los países deudores se disparó y el poder adquisitivo de sus ciudadanos disminuyó significativamente, generando graves problemas políticos y sociales.


Y es que aceptar las condiciones del FMI supuso un giro radical de modelo económico para muchos países.


Es el caso, por ejemplo, de Venezuela. Este país había vivido un boom económico gracias a las exportaciones de petróleo en los años 70.


El reajuste del FMI para Venezuela "parecía un programa de shock, que anunciaba liberación de precios, privatizaciones, control de gasto público, nuevos impuestos e incremento del precio de la gasolina", explicó recientemente a BBC Mundo Ronald Balza, economista de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela.


Ante las medidas, muchos ciudadanos se echaron a la calle y el 27 de febrero de 1989, en una jornada conocida como el "Caracazo", se inició una serie de protestas, violencia y saqueos donde murieron centenares de personas.


La grave crisis económica, unida a la derrota en la Guerra de las Malvinas, también contribuyó al fin del gobierno militar en Argentina, en el poder desde 1976.


Aunque a partir de los 90 se produjo una mejoría en la región con nuevas reestructuraciones de la deuda y un mayor acceso a los mercados internacionales, muchos de los índices económicos tardaron en recuperar sus niveles previos a la crisis.


"A día de hoy, la deuda externa sigue azotando a la región y sus efectos aún son vigentes en países como México, Argentina y sobre todo, Venezuela", dice Escatel.


El papel del FMI y las condiciones que impuso en América Latina para inyectar liquidez siguen siendo un tema controvertido en la región.

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Los distintos sectores definen sus intereses y prioridades determinando las tensiones que dibujan la realidad en cada Estado y comunidad del planeta. En Argentina esto hace evidente las diversas posiciones que las representaciones de los sectores con mayor capacidad de decisión propician y sostienen en el ejercicio de sus capacidades y poderes para imponer sus intereses al resto de la población.

Ciencia y Salud

Una encuesta entre médicos de América Latina, realizada por la organización FINE (fine-research.com), brinda elementos muy sugerentes sobre la mirada que tienen los médicos sobre la pandemia.



Para el caso de Argentina, la muestra alcanza a 414 médicos de atención primaria y especialidades que atienden población de riesgo (oncólogos, reumatólogos, infectólogos, cardiólogos, endocrinólogos, entre otros). Los datos no necesariamente son representativos, ya que es un relevamiento on-line que responde el médico que lo desee y no una muestra aleatorizada. Aun así, dice el think-tank Idesa, que cita esta encuesta en su último informe, “aportan indicios muy interesantes”.


Entre los principales resultados surge que el 87% opina que las medidas adoptadas por el gobierno nacional son las justas. El 60% opina que la población está poco o nada preparada para la toma de consciencia que se requiere para enfrentar la pandemia. Cuando se les pregunta sobre la efectividad de diferentes medidas, la que más votos tuvo fue “cuarentena nacional obligatoria”. Ciertamente que estas impresiones pueden estar influenciadas por su opinión sobre la situación del sistema de salud. “Resulta contundente que el 90% considera que la infraestructura de terapias intensivas, respiradores, equipo de protección personal, insumos, etcétera, no es adecuada y que colapsará en el curso de 1 mes”, dice Idesa.

Ante este panorama, se les hace la siguiente pregunta. “En su opinión experta, ¿en cuántos días la situación estará bajo control y la población podrá reanudar sus actividades?”. Las respuestas fueron las siguientes.
 
  • El 28% opinó que en el curso de los 2 meses.
  • El 58% más de 2 meses de los cuales casi la mitad aconseja más de 4 meses.
  • El 14% opinó que no tiene idea o prefirió no responder.
 
Estos datos sugieren que la mayoría de los médicos piensa que la población debe estar confinada más de 2 meses. “Esta opinión médica choca con la realidad de que la mayoría de la población no puede soportar semejante extensión del aislamiento. Muchos, porque se quedan sin ingresos y el resto porque verá afectada su salud mental, por tristeza, depresión, el agravamiento de adicciones, por violencia familiar y por el deterioro de la salud debido a mala alimentación y carencia de actividad física de rutina o recreativa”, dice Idesa. ¿Entonces?

Los posicionamientos extremos se fundan en el total desconocimiento del avance del virus y la certeza de que la infraestructura hospitalaria tiene límites. Por eso, los países que se tomaron más en serio la pandemia apelan a atenuar la ignorancia haciendo testeos masivos. Sin ir muy lejos, Chile testea 57 de cada 10.000 habitantes y Uruguay a 34 de cada 10.000. Argentina, en cambio, testea a 7 de cada 10.000. “Semejante nivel de oscuridad exacerba el pánico y los extremismos. En este contexto, resulta muy paradójico que el 43% de los médicos encuestados minimice la importancia de los test masivos. Si bien la encuesta no es representativa, es preocupante que entre los médicos que responden prevalezca el rechazo a la medicina basada en evidencia”, agrega Idesa.




Las políticas sanitarias tienen que ser interdisciplinarias, sugiere el reporte. Los expertos en epidemiologia deberían congeniar las estrategias con los aportes de otras disciplinas, desde la ingeniería, la economía, la salud mental, la sociología, las ciencias políticas y la comunicación. “En el corto plazo, las acciones extremas guiadas exclusivamente por criterios médicos son tolerables. Pero no aprovechar ese tiempo para enriquecer el análisis y el diseño de estrategias con más información y el aporte de otras ciencias va a provocar más daño que la pandemia. El más evidente es que, sin una flexibilización ordenada, el desconfinamiento será espontáneo y anárquico con riesgos de mayor contagio”, señala el reporte.


 
Usar argumentos sanitarios para imponer a los mayores de 70 años la obligación de pedir permiso para salir o aconsejar dejar de tener contacto físico en el sexo, no sólo rozan lo ridículo, sino que son un muy peligroso precedente a las tentaciones de coartar e invadir la libertad y la intimidad de las personas. Estos planteos solo se pueden explicar por el pánico que genera la ignorancia. La alternativa es enfrentar la pandemia con información objetiva y métodos científicos”, concluye.

Empresas y Sector Productivo

Con pocos o nulos ingresos y dificultades para el pago de salarios, servicios esenciales e impuestos, el 56,9% de las empresas afirma que tendrán grandes pérdidas de prorrogarse las restricciones actuales por 30 días más. Incluso, el 13,4% considera que tendrá que cerrar sus puertas, según dio a conocer la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

A un mes de que el Gobierno decretase el aislamiento social obligatorio en toda la Argentina, el 52,9% de las empresas consultadas permanecen sin operaciones, mientras que el 39,1% se encuentra parcialmente operativa y solo el 8% respondió estar completamente operativa.

Además, desde el 20 de marzo pasado, el 92% de las pymes aseguró que sus ventas cayeron un promedio de 64,3%.
 
Pese a la situación, el 57,2% de los empleadores aseguró haber realizado el pago íntegro de los salarios de marzo, el 28,6% contestó haber realizado un pago parcial y el 14,1% admitió estar en falta de pago.
 
Sin embargo, el pago de salarios de abril contempla una situación bastante diferente. El 39,1% de los empresarios prevé que podrá pagarlos de manera parcial, el 36,2% sentenció que no los podrá pagar y el 24,6% proyecta que sí podrá hacerles frente de forma íntegra.


Trabajo, salud y distribución del Ingreso

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró hoy que la ampliación de las medidas de asistencia que el Gobierno dispuso para las pymes apunta a sostener el empleo. Además, resaltó que “cerca de la mitad del trabajo privado registrado va a recibir este beneficio”. 


La preocupación central en el corto plazo es sostener empleo. Es necesario tener un paquete de ayuda, si no, en poco tiempo tendríamos un proceso de quiebra de empresas y ahí el daño es muy grande, porque se destruyen capacidades productivas que después cuesta mucho tiempo recuperar”, señaló esta mañana en declaraciones a radio Con Vos.
 
En ese sentido, el Gobierno oficializó hoy una serie de medidas de asistencia para empleadores y trabajadores de pymes, además del sector autónomo, a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
 
El paquete de medidas, publicado en el Boletín Oficial bajo el Decreto 376/2020, incluye la reducción o prórroga de los aportes patronales en hasta el 95%, una salario complementario para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, créditos a Tasa Cero y prestaciones económicas por desempleo.


El titular de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, señaló hoy que no cree “que sea el momento de discutir” el impuesto a la grandes riquezas que impulsan los legisladores del oficialismo, ya que “hay otros problemas, como la deuda”.


Siempre me preocupó tener una sociedad más inclusiva, sin tantas diferencias, menos concentrada. Pero yo no creo que sea el momento hoy de discutir esto. La Argentina ha perdido como sociedad credibilidad y, volver a recuperarlo, conlleva mucho tiempo”, explicó Acevedo en declaraciones a Radio Con Vos.

En ese sentido, destacó que se tiene que recuperar credibilidad “para el día después”, ya que luego de la pandemia la caída del PBI “va a ser brutal”, el país necesitará salir de la pobreza y, para eso, se necesitarán inversiones. “Y para invertir, se necesitan las reglas del juego claras”, añadió.



Como país vas a tener más gente, con mayor riqueza y con mayor posibilidad de invertir, en el momento en el que no le hagas este tipo de cosas cada vez que pasa algo o no se cumplan las palabras dadas como sociedad”, sentenció.

Se puede hacer. Creo que el impuesto no va a volver más pobre al que lo paga, pero por lo menos que sepa que va a ir realmente al que lo necesita. Que no termine siendo, como siempre, que en vez de que haya más trabajo formal, haya más trabajos informales “, remarcó.
 
Respecto al paquete de ayuda económica que el Gobierno decidió implementar hoy a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, contestó que le “sorprendió gratamente”.

Son parte de las medidas que veníamos reclamando. Esto va a darle una salida a todas las empresas que no están trabajando y nos está dando una ayuda fundamental para pagar los salarios”, explicó.

Además, resaltó que entre el 75% y 80% de las empresas se encuentra sin actividad y que, incluso si pudiesen trabajar, no tienen demanda, por lo que consideró que a la industria “en cuarentena la mantenemos en hibernación”.

Salvo los sectores que se consideran esenciales, para los demás es un golpe muy, muy fuerte porque no pueden producir. Todo ese activo que se tiene está parado totalmente”, lamentó.


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Consensuar y generar políticas que equilibren intereses y coloquen a la salud publica y los intereses colectivos por encima de los particulares debería ser, en definitiva, lo que resuelva tensiones y disputas, sin embargo y lamentablemente la pandemia pone en evidencia el carácter igualmente solidario y colaborativo de muchos, entremezclados por el temor a perder, la avaricia y el egoísmo de otros tantos.

Se escucha por doquier la repetición de la idea de que de esta pandemia surgirá una nueva economía y una nueva forma de globalización. La realidad ira definiendo que tanto se transforma o se regresa a las viejas formas neoliberales que ha quedado sobradamente demostrado que beneficia a unos pocos en detrimento del bienestar de muchos.

Daniel Roberto Távora Mac Cormack

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