Lunes 20 de abril de 2020
El pueblo hace enormes sacrificios para enfrentar la pandemia y en la urgencia el gobierno proyecta un impuesto a los ultra-millonarios. Pero las cadenas mediáticas atacan a “los políticos” y esconden donde está la verdadera acumulación de riqueza. En la dictadura no había “políticos” y el país fue saqueado.
Empresarios Gregorio Pérez Companc, Alberto Roemmers, Jorge Pérez, Paolo
Rocca y Alejandro Bulgheroni. (Imagen publicada por el diario
Cronista).
Argentina lucha contra el virus y contra poderes ocultos
El
proyecto de ley por un impuesto a las grandes fortunas, impulsado por
legisladores del Frente de Todos y avalado por el presidente Alberto
Fernández, está bajo asedio de la derecha político-institucional
(en particular de la coalición Juntos para el Cambio, ex Cambiemos,
con importante peso parlamentario particularmente en la Cámara de
Diputados de la Nación), y también de las corporaciones judiciales
y mediáticas, que tienen similar matriz ideológica y representan
los mismos intereses.
Como
parte de la estrategia para impedir que se sancione un gravamen a los
ultra-millonarios, el discurso dominante agita ante la opinión
pública la exigencia de que son “los políticos” quienes
debieran reducir sus remuneraciones para recaudar lo que el Estado
necesita ante la emergencia provocada por el Covid-19.
El
razonamiento es ridículo desde el punto de vista de lo que
significaría, económicamente, que “los políticos” rebajaran
sus remuneraciones. Ese “ahorro” sería intrascendente para las
arcas públicas, más allá de que puede ser legítima la discusión
acerca del ejemplo que podrían dar quienes ocupan cargos en el
Estado si aceptaran disminuir sus ingresos.
Cuando
no había “políticos”
Un
solo dato de la historia reciente es revelador de que el “gasto”
de “los políticos” no tiene relación alguna con el mayor o
menor bienestar de la población: en la dictadura cívico-militar
1976-1983 no había “políticos” en la forma en que hoy se los
conoce en el sentido común. La “política” estaba prohibida y
“los políticos” eran perseguidos. Muchos sufrieron cárcel o
debieron exiliarse, y otros directamente fueron asesinados o están
desaparecidos.
No
había Congreso Nacional. No funcionaban las cámaras de Senadores ni
de Diputados. No funcionaban las legislaturas provinciales. Tampoco
había concejos deliberantes en las localidades o ciudades del país
(aunque en algunos casos se habían implantado de facto “consejos
asesores” u organismos con otros nombres cuyos integrantes eran
designados mediante la violenta arbitrariedad dictatorial).
Es
más: de igual forma a como lo hacen actualmente las derechas, el
discurso dictatorial ubicaba a “los políticos” como equivalente
de “la corrupción”. Era la trampa para que solo pudieran hacer
política ellos, los militares y civiles que habían asaltado las
instituciones del Estado y ejercían la suma del poder público
mediante la implantación del terror.
Pues
bien: en ese tiempo no existían “los políticos” como hoy se los
conoce, y sin embargo el país fue saqueado. Además de que se
perpetró un genocidio para eliminar física y políticamente a
grupos humanos que, mediante su militancia, eran un impedimento para
la implantación del modelo económico que convenía al bloque de
poder dominante local e internacional.
En
aquella etapa se inició el proceso de destrucción de la industria
nacional que se había desarrollado durante cuatro décadas, empezó
una desocupación que hasta entonces no existía, fue perpetrada una
transferencia de recursos desde las clases trabajadoras y medias
hacia los propietarios del capital, y por si todo eso fuera poco se
generó (en su primera y determinante etapa) la deuda externa que al
día de hoy sigue siendo el problema económico más grave que
enfrenta Argentina.
(Cuando
empezó la dictadura el país debía 8.200 millones de dólares, y
siete años y medio después la deuda se había multiplicado por
cinco veces y media: llegó a 45.000 millones. Y como se indica en un
párrafo anterior, también fue de casi 45.000 millones el
endeudamiento de Macri, en solo un año, ante el FMI.
Los
escondidos y los que ponen la cara
Así
como la deuda externa que dejó la dictadura genocida -de igual forma
que los crímenes perpetrados por ese régimen contra 30.000 personas
que fueron secuestradas y continúan desaparecidas- era algo que
nadie veía, no aparecía en televisión y la mayor parte de la
población no sabía de su existencia, de igual modo siguen habiendo
acumulaciones de riqueza y de poder escondidas aunque el contexto
político sea completamente diferente.
La
otra cara de la moneda de esa realidad invisibilizada, es que las
maquinarias mediáticas dominantes realizan un continuo sabotaje al
impuesto a las grandes fortunas. Para ello se aprovechan del
desconocimiento generalizado acerca de quiénes son los verdaderos
sujetos individuales o empresariales que poseen las grandes fortunas
en una sociedad capitalista.
Figuras
de la televisión (y/o de la radio, de medios escritos, de redes
digitales y de cualquier otro soporte comunicacional) se encargan de
llevar a cabo la estrategia de acción psicológica sobre la opinión
pública para predisponer a las audiencias en contra de decisiones de
los poderes democráticos que afecten los intereses de los poderes
ocultos. (Este operativo comunicacional está ejemplificado en un
compacto de 7 minutos y medio emitido por el canal C5N y publicado en
la página de Facebook del programa “Sobredosis de TV”).
Los
que ponen la cara desde cadenas como el Grupo Clarín (por ejemplo en
sus canales TN o El Trece), o desde el Grupo América (por ejemplo en
su emisora televisiva llamada justamente América o en su canal de
noticias A24), pueden ser profesionales del periodismo o del
espectáculo mediático como Luis Majul, Joaquín Morales Solá,
Eduardo Feinmann, Jonatan Viale o Luis Novaresio (uno de los más
sobrios, serios y formados entre los periodistas conservadores), o
economistas mediáticos cuya tarea también es ser propagandistas
ideológicos del capitalismo salvaje extremo, casos José Luis Espert
o Javier Milei.
Sin
embargo, ellos son solo empleados. Empleados jerárquicos, por
cierto, y con remuneraciones que probablemente superan en mucho a
“los políticos” que tanto critican y denuestan. Pero finalmente
son solo empleados de intereses dominantes cuyos personeros nunca
aparecen a la vista de la población y son desconocidos casi por
completo.
Para
obtener recursos imprescindibles mientras el pueblo entero hace
enormes sacrificios para defenderse de la amenaza del
coronavirus, también es necesaria la lucha contra grandes
capitalistas que permanecen escondidos de la visibilidad social pero
son, desde su poderío, quienes dominan las estructuras económicas y
sociales del país.
Cuarentenials
En estos últimos días el
Gobierno atraviesa una dificultad que, en parte, es producto del
propio éxito de la cuarentena: la sociedad empieza a percibir al
coronavirus como algo lejano y las preocupaciones por la economía
empiezan a empatarle a los temores sanitarios. Esto detectó, entre
otras cosas, una encuesta que encargó la gestión de Axel Kicillof.
Al ser consultados, sólo el 10% de los bonaerenses respondió haber
escuchado sobre alguien que tuvo COVID-19. El aislamiento social y
obligatorio, que sirvió para ganar tiempo y fortalecer el sistema de
salud, empieza a encontrar su límite en el peor momento: la llegada
del invierno. Entonces, ¿el éxito fundado excluyentemente en el
encierro masivo tiene puerta de salida? Argentina se hizo fuerte en
su debilidad: al saberse no preparada, se anticipó. No posterga la
pelea: la evita. En agosto no tendremos el sistema sanitario español,
¿por qué entonces se relajaría y encima cuando empieza el frío?
Los
especialistas ya le advirtieron a la Casa Rosada que volverse laxos
cuando aparezcan las bajas temperaturas es un riesgo que puede
dinamitar lo hecho hasta el momento, pero también escucharon por
parte de algunos funcionarios que el límite de la parálisis de la
actividad empieza a otear en el horizonte. Lo que no contemplan, tal
vez, es que el casi seguro contagio que originará el tránsito
social y el correspondiente colapso del sistema sanitario puede
empiojar la convivencia social igual o más que la falta de trabajo.
“Si levantamos, el quilombo lo vamos a tener en las puertas de los
sanatorios con los familiares de los infectados que no vamos a poder
atender”, reflexionó un cuarentenista ante #OffTheRecord.
Un
grupo de grandes fondos de inversión que tienen una parte importante
de la deuda argentina rechazó la oferta de canje que presentó el
viernes el ministro Martín Guzmán y obliga al Gobierno argentino a
entablar una negociación.
Se
trata del principal grupo de acreedores de Argentina, integrado por
pesos pesados de Wall Street como Ashmore, BlackRock, Fidelity
y otros grandes fondos de inversión. Fidelity
es el fondo que ya se mostró inflexible en la negociación con la
provincia de Buenos Aires y terminó volteando la reestructuración
planteada por Axel Kicillof.
Este grupo también lo integran
fondos como AllianceBernstein, Amundi Asset Management, T. Rowe Price
Associates, Western Asset Management, y Wellington Management. Según
aseguran en un comunicado emitido este lunes, en conjunto poseen más
del 25% de la deuda emitida durante el macrismo y más del 15% de los
bonos del último canje de deuda.
Este rechazo se suma al que un
día antes expresó el "Comité de Acreedores de Argentina",
que reúne a un grupo de más de 20 instituciones acreedoras de
títulos argentinos.
El
grupo de los grandes fondos avisa que no apoyará la propuesta de
Guzmán porque "busca colocar una parte desproporcionada de los
esfuerzos de ajuste a largo plazo de Argentina sobre los hombros de
los tenedores de bonos internacionales".
En el comunicado los fondos dicen
que ya han expresado su apoyo a diferir los vencimientos a corto
plazo de la deuda argentina y reiteran que están "preparados
para continuar el proceso de negociación en un esfuerzo por acordar
mutuamente un camino hacia el futuro".
Con ese párrafo los bonistas le
piden al Gobierno sentarse a negociar el canje -algo que la Casa
Rosada dijo que no pretende hacer- y sugieren que en esa negociación
participe el Fondo Monetario Internacional, que ya ha expresado su
apoyo a la posición de Guzmán.
El rechazo de los grandes fondos
es menos contundente que el del Comité de Acreedores, que cuestionó
la propuesta del gobierno argentino por "unilateral" y
aseguró que "quedó muy lejos de las expectativas de los
bonistas". Además, reclamó "negociaciones de buena fe".
Como explicó este medio, el
razonamiento detrás del rechazo es claro: la oferta que les hace el
gobierno les ofrece comenzar a cobrar dentro de 6 años el 95% del
capital adeudado con una quita de intereses del 62% que recién
comenzarán a ver dentro de tres años. Con el precedente judicial de
la deuda Argentina en Nueva York, en igual lapso de tiempo podrían
haberle ganado el juicio a la Argentina por la totalidad más
punitorios por el incumplimiento más costas legales.
Si algo queda claro, en estos
días que avanzan en definiciones, es la ratificación de cómo se
ubica cada quien en torno de algunos grandes planteos
gubernamentales.
Hay mucho número de por medio y
no es que no deba interesar el análisis fino del proyecto para
gravar a las grandes fortunas del país. O el del cronograma de pagos
presentado a los bonistas. Pero importa tanto o más cuál es la
postura política, básica, instantánea, intuitiva, que se adopta
frente a determinados temas.
Tomemos un ejemplo. Hoy, lo que
se llama “inseguridad”, en su acepción relacionada con los
delitos urbanos, no forma parte de las preocupaciones sociales o
instaladas por la agenda mediática. Pero cada vez que esa cuestión
reapareció, y toda vez que vuelva a hacerlo, lo habitual es
encontrarse con aquello de que “la seguridad no es de derecha ni de
izquierda”. Al escuchar eso, es inmediato saber que se está frente
a un pensamiento de derecha.
Trasladado ese precepto a los dos
hechos que la semana pasada agregaron combustible político, ocurre
lo mismo.
Basta ver quiénes son los
disgustados y hasta enfurecidos con la propuesta parlamentaria
oficial de impuesto extraordinario a los más ricos, junto con la
reacción frente al programa planteado a los acreedores.
Con eso alcanza para saber por
dónde se profundizará un ataque feroz, de apariencia estrictamente
mediática, cuando en rigor se trata de voceros directos del capital
concentrado. Portavoces y mandaderos. Algunos más serios; otros
payasescos; algunos ideológicamente solventes, con buena pluma y
verba; otros, apenas representantes del ideario simplote, facho, que
siempre tiene a mano el recurso de la indignación. Pero todos, quien
más, quien menos, subsidiarios de la información y de la opinión
como mercancía del poder verdadero.
Reproducimos debajo, nuevamente,
un tramo de la columna que Alfredo Zaiat publicó en este diario el
domingo 1 de marzo pasado. El coronavirus quedaba lejos. El centro de
la atención mediática discurría por la (entonces futura) oferta a
los bonistas. Y los gurús, como ahora retomaron, advertían que el
Gobierno carece de plan económico alguno para encauzar una senda de
crecimiento, simultáneamente capaz de conseguir los dólares a fin
de pagar en algún momento.
“Existen (…) intereses
políticos del establishment local que confluyen con los de los
acreedores. El canal de expresión que tienen son los medios de
comunicación con mayor capacidad de penetración en el mercado. Esas
grandes empresas de medios que comercializan contenidos, como uno de
sus negocios principales, son parte activa del poder económico. Éste
va siendo moldeado y condicionado con sus diarios posicionamientos
políticos y económicos, y actúa a la vez como vocero calificado
del conjunto. Esas firmas mediáticas, como sus principales
accionistas y la mayoría de las compañías líderes, han destinado
una parte de sus excedentes financieros a comprar títulos públicos.
En los balances de cada una de ellas están registradas tenencias de
bonos. El derrumbe de las cotizaciones de los papeles de deuda les
representó una pérdida financiera y la próxima reestructuración
también les significará, dependiendo de cómo se defina, una mayor
o una menor carga negativa en el renglón financiero de sus
respectivos ejercicios económicos. Se despliega entonces una
coincidencia objetiva entre miembros del establishment local y los
grandes fondos acreedores, en relación a cuestiones financieras.
Pero también irrumpe la cuestión política, ideológica y de
negocios que exacerba la presión al gobierno en alianza con
financistas internacionales. Es una disputa económica. Pero es,
fundamentalmente, una disputa de poder. O sea, de quién es el que
tiene más capacidad para definir cómo son las condiciones de la
negociación”.
Significa, como asimismo dijimos
en este espacio, que los medios de comunicación, sus economistas de
la City y la pléyade de opinadores que, más a cada rato que todos
los días, hablan del plan económico que no existe, de las batallas
entre Presidente y vice, de un futuro poco menos que apocalíptico si
no hay arreglo “responsable” con los acreedores, son…
acreedores.
Conviene, también, insistir con
algunas aclaraciones que puedan despejar la idea de que las cosas
fáciles de diagnosticar son sinónimo de recetas infalibles.
El mundo casi entero atraviesa un
escenario que oscila entre dramático y terrorífico. Argentina no
sólo no es excepción, sino que determinadas características la
ubican en un plano de tormenta perfecta, sobre todo al cotejársela
con la realidad y panorama vigentes hasta 2015.
La deuda externa más grande e
irresponsable del planeta, el crecimiento vertiginoso de pobreza e
indigencia, un aparato industrial que funciona con suerte a la mitad,
las pymes que ya estaban con respirador artificial, vienen a sumarse
al contexto pandémico.
El Gobierno reaccionó con una
prontitud de acciones sanitarias que le elogian inclusive sus
enemigos de adentro y afuera. Adoptó medidas adscriptas a un Estado
presente ante los más débiles. Y, ahorcado por la deuda
catastrófica que dejó Macri, no ha hecho más --nada menos-- que
cumplir con su palabra electoral: primero proponer cuánto y cómo
pueden postergarse los pagos, de modo tal que la asfixia no termine
de liquidar a una economía agónica, para recién después
instrumentar cifras y proyectos concretos.
En cualquier caso, la crisis
deberán pagarla los que más tienen y, si no, no será nada. La
orgía de especulación financiera que nos condujo hasta acá, así
el coronavirus no existiese, tiene culpables y responsables
específicos que hoy requieren un Estado salvador. De ellos.
¿Qué hace esa gente? Nada muy
original. Reclama ajustar el costo de “la política” y de “los
políticos”, y llama a levantar el aislamiento para que el
darwinismo social acomode los tantos eliminando adultos mayores.
Tan afectos ellos a los pedidos
de autocrítica del populismo, no ejercieron ni una sola respecto del
modelo que vertebraron. No quieren poner un peso, se victimizan,
insisten en agarrárselas con el gasto público, imponen rebajas
salariales en canje por no despedir trabajadores.
Subrayar esas posiciones quizá
no sirva de mucho, en la vida cotidiana, para distender la inquietud,
horrible, respecto de una actividad económica prácticamente
detenida, a la que le llovió sobre inundado.
Cuando el virus se vaya o
aminore, más tarde o más temprano, las consecuencias serán
espantosas porque costará horrores la readecuación a circunstancias
“normales”. Mucha gente, difícil de cuantificar, habrá quedado
excluida del circuito productivo y de consumo. Probablemente, con
sectores de clase media a la cabeza.
No todos, pero la mayoría
seremos más pobres. O estaremos más ajustados. O como quiera
denominarse a una situación en la que se habrá añadido el frente
externo gracias a la deuda impagable, que muy posiblemente complique
toda salida que pueda imaginarse.
Sin embargo, como dijo el
Presidente en Olivos, al presentar las grandes líneas de la oferta a
una parte de los acreedores, tal vez estemos ante una oportunidad
histórica para construir una sociedad más solidaria, más justa.
Puede tomársela como una frase hecha, es cierto, pero no es eso lo
que la desmentiría. Su refutación transcurre por otro lado. Pasaría
por que el Gobierno no asumiera cargar la crisis en quienes tienen la
chance de hacerlo, sin siquiera dejar de ganar plata a lo pavote.
Cualquier escena es
complicadísima. Pero, como insiste en señalar Roberto Feletti, los
argentinos disponemos de variables que, bien administradas, trazan un
esquema potencialmente más optimista que el de otros mercados
emergentes.
Alimento, techo, energía, salud
pública, vestimenta, son necesidades básicas que el país puede
resolver o manejar por las suyas. Objetivamente. Desde ya que un
default agravaría el acceso al crédito desde el exterior, que hay
insumos importados que son imprescindibles y que además existe un
patrón de consumismo cultural muy difícil de deshacer sin generar
malhumor social.
Pero, si es veraz que el
coronavirus, la economía parada y el estrangulamiento externo son,
en efecto, la tormenta perfecta, también podría serlo que, con un
liderazgo político firme, haya una visión remozada, inteligente,
decidida, del vivir con lo nuestro.
Aunque suene facilongamente
romántico, es tiempo de utopías.
Los
buitres nacionales y extranjeros sobrevuelan los cielos a pesar de la
pandemia (o esperando que se apilen los cadáveres), mientras tanto,
los de siempre, creyéndose inmunes, se montan en la posibilidad de
terminar con la grieta sosteniendo los intereses de los pocos
concentradores de riqueza y de los buitres sin importar la salud y el
bienestar del resto de los Argentinos … Es tiempo de utopías pero
conscientes de las amenazas que acechan ...
Daniel Roberto Tàvora Mac Cormack
Comentarios
Publicar un comentario