Domingo 26 de abril de 2020

Las medidas sanitarias de aislamiento dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y acompañadas por distintos niveles del Estado y también del mundo privado significan un fuerte parate en la actividad económica nacional. Lo mismo ocurre en cada una de las economías del resto del mundo, lo cual a su vez impacta negativamente en la Argentina en virtud de la recesión de los principales socios comerciales, como Brasil y China. El contexto económico argentino en la etapa pre Covid-19 ya era complejo y con las medidas de aislamientos dispuestas por la pandemia esta situación local se ve agravada. El país presenta una situación de insostenibilidad de su endeudamiento (definido en estos términos por el FMI), que alcanzó el 89% de su Producto Bruto Interno a diciembre de 2019. La economía argentina muestra una preocupante evolución de la pobreza, incluso previa a los impactos de la cuarentena, cuyo último dato a diciembre de 2019 arrojó 35,5%, así como un alarmante nivel de indigencia, que llegó al 8% en diciembre de 2019. Adicionalmente, en los últimos años se registró un retroceso en el nivel del poder adquisitivo de los salarios en 15 puntos, que no llegó a revertirse hasta el inicio de la pandemia.

El Estado nacional dispuso una serie de medidas destinadas a sostener ingresos de familias y subsidiar empresas —al mismo tiempo que otorgarles liquidez— por casi 3% del PBI, pero sigue siendo transcendente evaluar por cuánto tiempo se extiende la cuarentena o las medidas de resguardo de la población para analizar si es suficiente la magnitud de erogaciones fiscales y crediticias. Hasta ahora, las medidas consistieron en:

• Disposiciones para sostener actividades a través de teletrabajo y licencias
• Políticas de sostenimiento del empleo vía financiación empresarial (como ATP)
• Política de ingresos a las personas vulnerables (IFE, bonos a jubilados/as y prestaciones sociales)
• Controles de precios (política de precios máximos)
• Políticas de financiación de la economía real (programa de créditos garantizados a PyMEs —FOGAR—, créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas).

¿Cómo se financian estas decisiones? Esta pregunta ha generado diversos debates en las últimas semanas, donde surgieron propuestas de reducción salarial a cargos políticos –ejecutivos y legislativos–, renegociación de intereses de deuda como reemplazo a estos gastos, la propia emisión monetaria desde el BCRA financiando al Tesoro, o el gravamen a las grandes fortunas.

 

Impuesto a los patrimonios en el mundo

El 3 de abril desde el editorial del Financial Times se admitió la necesidad de que los gobiernos lleven adelante reformas radicales y adopten un rol activo en la economía. Advirtió que la redistribución volverá a estar en la agenda y los impuestos sobre la renta y la riqueza tendrán que estar presentes. Este editorial generó debate, considerando que se trataba del principal periódico financiero británico. Es difícil determinar qué profundidad e intensidad puede llegar a existir en la modificación de las visiones sobre la salida de la crisis de la pandemia. ¿Hasta qué punto serán los estados los que saldrán reforzados estructuralmente o se tratará sólo de una coyuntura pasajera?

Lo cierto es que esta crisis ha abierto debates en todo el mundo, concretamente en relación con la necesidad de avanzar en una mayor justicia tributaria. Incluso, cabe señalar que ha sido el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) quien recomendó la adopción de medidas fiscales que involucren el aumento de las alícuotas para los tramos más altos de impuesto a las ganancias y bienes personales. El 6 de abril el FMI publicó un informe elaborado por el Departamento de Asuntos Fiscales, que forma parte de una serie especial de sugerencias sobre políticas fiscales para responder ante la emergencia del coronavirus. Es interesante destacar que se recomienda, entre otras cosas, asegurar los ingresos y promover la solidaridad. Sugiere considerar aumentar las tasas más altas del impuesto a las ganancias, del impuesto a los bienes personales o de la riqueza, lo que podría lograrse a través de un «Recargo solidario». Adicionalmente, sugiere monitorear de cerca a los grandes contribuyentes que puedan cumplir con la presentación y el pago de sus obligaciones, reconociendo que los problemas de cumplimiento de presentación y pago pueden ser mayores para las empresas más pequeñas.

En función de este marco general que muestra una crisis —al menos coyuntural— de las premisas sostenidas por el liberalismo, se detallan en el cuadro a continuación una serie de casos recabados en medios de comunicación (y eventualmente constatados con fuentes primarias de los países), donde se ha manifestado públicamente la propuesta de un nuevo gravamen a los patrimonios en este contexto de pandemia.

( … ) La Argentina: ejercicio de potencial recaudación

Frente al incremento del gasto fiscal derivado de la atención del coronavirus, que en un principio equivalía a 1% del PBI en paquete fiscal y 1,3% en paquete crediticio (sumando 2,3%) y con los últimos anuncios relativos a la financiación de una porción del salario del sector privado por parte del Estado (llegaron a casi 3%), se han realizado una serie de propuestas orientadas a financiar tal inversión por parte de distintos integrantes del espacio político del gobierno, diputados del bloque sindical, dirigentes del Frente de Todxs y de CTA. Las ideas giran en torno a la justicia tributaria con la implementación de un impuesto, que podría ser por única vez, a grandes fortunas.

Desde CEPA realizamos a continuación una estimación propia, con los siguientes supuestos:

1. Impuesto al 1,5% de los patrimonios más grandes de la Argentina, discriminando entre bienes declarados en el país y en el exterior.
2. Impuesto al 10% de la rentabilidad neta de las 120 empresas de mejor desempeño en su último período fiscal declarado.

En relación al primer universo, si se considera el patrimonio acumulado de las 50 personas con mayor patrimonio del país, el valor alcanza unos US$ 57.340 millones, lo que equivale a $3.669.760 millones ($3,6 billones). La familia más rica es la de Paolo Rocca, le siguen Alejandro Pedro Bulgheroni y familia, Gregorio Pérez Companc y familia, Alberto Roemmers, Jorge Pérez, Marcos Galperín, Hugo Sigman y Silvia Gold, entre otras, según el relevamiento de la revista Forbes. Si se cobrara un impuesto 1,5% a estas fortunas, la recaudación ascendería a $55.046 millones de pesos. Por caso, esta recaudación extraordinaria serviría, por ejemplo, para fondear el 70% del costo del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 para monotributistas, que asciende a $78.000 millones de pesos —sólo en abril—. En efecto, este destino específico introduciría un componente redistributivo no sólo en el orden tributario sino también en su gasto.

Los datos de los principales patrimonios de Argentina, de todas formas, son estimaciones de mercado realizadas por una fuente privada. Para ganar en precisión, es fundamental partir de la estructura del Impuesto a los Bienes Personales, ya que la valuación fiscal de los bienes de acuerdo a los criterios vigentes en las normas impositivas no siempre es el valor de mercado de los mismos.

Partiendo de los últimos datos disponibles de la AFIP al año 2017, el mayor tramo de bienes declarados son los bienes personales sujetos a impuesto superiores a los $60 millones de 2017, equivalentes a más de U$D 3 millones de 2017[27], por los cuales tributaron solamente 6.197 personas. De la misma manera se advierte que solamente 32.484 personas (los últimos cuatro tramos en conjunto) declararon bienes sujetos al impuesto sobre los bienes personales superiores a los $15 millones en 2017. A continuación, se expone un cuadro con la cantidad de personas sujetas al impuesto con los mayores tramos de bienes personales.

Si se aplicara un impuesto adicional de 1,5%, por única vez sobre aquellos bienes, podría ser factible obtener recursos fiscales equivalentes a aproximadamente U$D 893,5 millones, unos $ 57.900 millones. Estos valores constituyen simplemente una aproximación teórica porque se desconoce la valuación de los bienes a diciembre de 2019, ya que la última información disponible desagregada corresponde a diciembre de 2017.

Si el límite fuera más bajo, y se consideraran para el tributo los últimos cuatro tramos de bienes, es decir, se aplicara dicho impuesto especial a las 32.484 personas con bienes personales superiores a los $15 millones en 2017 (equivalentes a U$D 793,6 millones), la recaudación adicional total podría ascender a U$D 1.438 millones, unos $ 92.050 millones.

 

Nuevamente, esto es solamente una aproximación del orden de magnitud que podría llegar a recaudarse con un impuesto extraordinario que grave a pequeña porción de la sociedad; en este caso, alrededor del 0,07% de la población argentina.

En el próximo cuadro se exponen las distintas estimaciones presentadas más arriba que aproximan la recaudación adicional que podría obtenerse con distintas alternativas de impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas. Con el cálculo 1, tomando la fuente Forbes con los 50 patrimonios más grandes, el tributo extraordinario podría recaudar $55.046 millones. Con el segundo cálculo, que toma datos de AFIP de la base de bienes personales, si se recorta el gravamen a los patrimonios superiores a los U$D 3,2 millones, se recaudarían $ 57.900 millones. En tercer lugar, el cálculo considera la base de AFIP de 2017, aunque incluye un piso imponible más bajo, de U$D 800.000 y así se recaudarían más de $ 92.000 millones.

En el segundo universo, que refiere al tributo sobre la rentabilidad neta de las empresas con mejor desempeño en el último ejercicio fiscal (2019) se realiza una aproximación tomando la rentabilidad de las 62 empresas de mayor facturación –con rentabilidad relevada por la revista Mercado-. El total de ese universo de 62 empresas asciende a US$ 11.910 millones, lo que equivale en pesos a $574.530 millones. Entre las más importantes, se encentran Telecom, Toyota, Pan American Energy, Volkwagen, Vicentin, Cargill. Algunas de estas pertenecen al Estado (YPF, Banco Nación, Banco Provincia). Es importante considerar que en esta estimación se incluyen empresas públicas.

Cabe indicar que para la selección se consideraron las 120 empresas de mayor facturación, y de ellas, sólo presentaban información sobre rentabilidad unas 62. El ejercicio, por lo tanto, incluye una estimación de recaudación considerando

• sólo la rentabilidad de esas 62 empresas –como piso mínimo- y
• extrapolando el desempeño de esas 62 a las 120 del universo inicial. Para la estimación de la rentabilidad de 2019 se deflactó por el dólar promedio de 2018 y se estimó al dólar promedio de 2019.

A grandes rasgos, una recaudación del 10% sobre la renta de estas 62 empresas arrojaría ingresos al fisco argentino por al menos $57.453 millones. Si se extrapola la información de rentabilidad disponible al 100% de las 120 firmas consideradas, el monto de recaudación sumaría $111.199 millones.

Conclusiones

Este informe nació a partir de la búsqueda de experiencias similares al debate argentino de las últimas semanas, y se encontró con países vecinos y también con casos testigo de Europa donde se plantea la discusión. La propuesta de impuestos a las grandes riquezas no es exclusividad argentina: en distintos países de Europa y de América Latina existen propuestas que avanzan en una mayor justicia tributaria, apuntando a recaudar más de parte de quienes más poseen. Hay cinco países europeos donde el gravamen a los altos patrimonios forma parte del debate público en el marco de la pandemia de Covid-19 y hay otros seis países de América del Sur donde se registran propuestas en el mismo sentido.

Los casos donde los oficialismos han planteado el tributo a los grandes patrimonios corresponden a España –el sector de Podemos que integra la alianza de gobierno— y a Rusia, donde la idea fue mencionada por el propio Putin, aunque dirigida a gravar los pagos de dividendos e intereses que las empresas rusas hacen a las cuentas bancarias en el extranjero de sus propietarios, los intereses de los depósitos bancarios rusos y los bonos que superen 1 millón de rublos (U$D 13.000). Ambos serían asimilables al caso argentino, donde el Presidente Fernández y también su Ministro de Hacienda se manifestaron a favor de la iniciativa, que a su vez fue propuesta en un comienzo por el Jefe de Bloque del oficialismo en Diputados, Máximo Kirchner. En el resto de los casos de Europa donde se detectó la existencia de debate se trata de las oposiciones políticas a los oficialismos las que impulsan las propuestas: en Reino Unido se trata de sectores del Partido Laborista, en Suiza es un partido de izquierda (PST-POP) y en Italia es una parte del Partido Democrático que pareciera no haber logrado consensos sobre el conjunto de la alianza gobernante.

En América Latina el debate va emergiendo con mucha más iniciativa que la que suelen cubrir los medios de comunicación en la Argentina. También son las oposiciones las que lideran las propuestas. En Brasil hay cuatro propuestas presentadas en el Senado, y particularmente en diálogo con dirigentes del PT para este informe, manifiestan que es una iniciativa que tiene apoyos de otros partidos como PSDB y de la izquierda, y también de la central sindical CUT. En Perú hay dos partidos, Nuevo Perú y Frepap, con presencia institucional en el Congreso, que elaboraron proyectos. En Bolivia el sector del MAS liderado por el candidato Arce tiene una propuesta en elaboración. En Chile desde el rol institucional de Camila Vallejo como diputada se elaboró una propuesta por parte del Partido Comunista y se evalúa presentarla al congreso. En Ecuador es un asambleísta del sector alineado a Correa, del Movimiento Ciudadano, que empuja la iniciativa – Pabel Muñoz-.

Se destaca, como caso interesante, que en Estados Unidos durante la pre-campaña presidencial en 2019, Bernie Sanders propuso un Impuesto a la Riqueza Extrema. No obstante, su derrota en las primarias limita las posibilidades de esta idea.

La solidaridad como concepto político es otro eje de análisis. Una amplia mayoría de las propuestas analizadas incluyen la palabra solidaridad en el nombre de los impuestos promovidos. El informe da cuenta de experiencias que han planteado esquemas de solidaridad entre aquellos de mayor capacidad contributiva respecto de sectores más postergados. Si bien los esquemas impositivos se supone que tienen esta misma finalidad, es posible identificar casos paradigmáticos previos a la pandemia que ilustran un debate muchas veces silenciado.

En Alemania la historia del impuesto solidario (Soli) tuvo como objetivo principal la reconstrucción de la Alemania unificada, interpretándose esto como favorecer a los sectores más postergados (Alemania Oriental) respecto de los más desarrollados (Alemania Occidental). Esta recaudación adicional permitió reactivar la economía, en lugar de aplacar la inversión como suele sostenerse desde algunos sectores liberales como argumento crítico a la tributación. El impuesto consiste en un recargo al Impuesto a la Renta (lo que en Argentina sería el Impuesto a las Ganancias de las 4 categorías) e implica un adicional de 5,5% sobre la alícuota vigente de dicho impuesto, pero sólo para los de mayores ingresos. El impuesto, que se ha sostenido durante 30 años, tuvo hasta ahora un límite relativamente bajo y la reciente decisión de Alemania no fue eliminarlo sino mantenerlo sólo para un segmento acotado, el de mayores ingresos. Es decir, se mantendrá con similares características para los ingresos más altos: alrededor del 3,5% de los contribuyentes continuará tributando el monto total.

Por otro lado, las crecientes necesidades fiscales asociadas a estas medidas de sostén de ingresos a las familias y de subsidios a las empresas reinstalan el debate sobre el rol del sistema tributario para mitigar la desigualdad. Los efectos de la pandemia son regresivos: afectan de manera sensible a los que menos tienen, no sólo en materia de salud (peor acceso a la salud y situación de insalubridad en su vida cotidiana) sino también en lo referido a la cuestión económica: establecer el aislamiento obligatorio y la paralización de importantes sectores de la actividad económica implica afectar los limitados ingresos de los trabajadores sin empleo o de empleo informal, que no acceden a licencias pagas, y carecen de protección sindical. Esto implica una profundización de la desigualdad, a menos que la tarea del Estado revierta o al menos compense la situación. Esa tarea tiene dos pilares: la forma de recaudar y las decisiones de ejecución del gasto.

En efecto, el sistema tributario puede tener un rol fundamental en esta situación de emergencia como herramienta para reducir la desigualdad social y la pobreza (Piketty, 2014). Uno de los criterios centrales para someter a los contribuyentes a tributos debiera ser la capacidad contributiva (Jarach, 1996), es decir, la aptitud de los contribuyentes de acuerdo a su riqueza y sus ingresos. Esta refiere a que el sistema tributario debe estructurarse de forma que aquellos de mayor capacidad económica tengan una participación más alta en la recaudación tributaria del Estado. En este sentido, un sistema tributario justo es aquel inspirado en el principio de progresividad (Gaggero, 2008), que implica un tratamiento diferenciado entre diferentes niveles de capacidades contributivas. Sin embargo, en los hechos, quienes poseen mayor capacidad contributiva cuentan con mayores recursos para eludir el pago de los tributos, a la vez que, en la actualidad, la mayor parte de la recaudación se nutre de impuestos regresivos, que gravan con la misma alícuota a contribuyentes de alta y baja capacidad económica.

 Entre los impuestos progresivos se considera el impuesto a las ganancias, bienes personales, ganancia mínima presunta y –en un modelo tributario heterodoxo- se contabilizan los derechos de exportación. En 1997 tan solo el 30% de la recaudación se basaba en impuesto progresivos, y el resto -70%- se sostenía de manera regresiva. Esa ecuación cambió a partir de 2002 donde jugaron un fuerte rol los derechos de exportación. Se observa que durante el macrismo la relación vuelve a alterarse, cayendo desde el 45% al 39% la incidencia de los impuestos progresivos sobre la recaudación, ahí no solo por baja de retenciones sino también de bienes personales, y pérdida de recaudación por ganancias en virtud de la menor actualización salarial respecto de inflación.

En el periodo del kirchnerismo, tanto por la modificación de la incidencia de los impuestos progresivos como por un direccionamiento de esa mayor recaudación estatal de manera redistributiva, se produce una sensible reducción de la desigualdad: el índice de Gini se redujo de 0,44 a 0,37 entre 2003 y 2015, mientras que luego de 2015, al producirse ambos efectos a la vez (la caída de los impuestos progresivos y un ajuste del gasto), el índice de Gini pasó de 0,37 a 0,385 entre 2015 y 2018 y se redujo a 0,38 en 2019.

Por otro lado, si tomamos la comparación internacional que realiza la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) a 2017, Argentina es uno de los países que menor gravamen realiza a los que mayores ingresos tienen. La OCDE estima cuánto pesan los impuestos a los ingresos sobre las personas y a las ganancias sobre las empresas, sobre el PBI. Son impuestos progresivos y sobre flujos pagan más los que más ingresos tienen (están excluidos, no obstante, los impuesto patrimoniales). En la Argentina a 2017 estos impuestos pesan 5,3%, mientras que en países como Brasil o Chile pesan 7%. En Francia 10,9%, Israel 11,6%, Alemania 12,2%, Estados Unidos 12,4%, Italia 13,4%, Canadá 15,4%, Australia 15,9%.

 

Análisis de la propuesta argentina

El proyecto final que propone el Frente de Todxs aún no se conoce en detalle, pero el debate podría darse en el Congreso si finalmente es una decisión que se impulsa desde la Casa Rosada – y pareció haber guiños políticos en relación a ese impulso en los últimos días.

En este trabajo se han realizado distintas estimaciones sobre el aporte que pueden hacer las grandes fortunas de la Argentina así como un puñado de grandes grupos económicos de nuestro país. Ambas herramientas, en conjunto, podrían sumar  a la recaudación de 2020 entre 112.000 y 203.000 millones de pesos de manera extraordinaria. Considerando el “Cálculo 2” para grandes patrimonios (que grava desde 3,2 millones de dólares con 1,5% de alícuota) y considerando la estimación (B) de aplicación de una alícuota de 10% sobre la rentabilidad proyectada de 120 empresas de mayor facturación del país, la recaudación adicional de un gravamen extraordinario ascendería a $169 mil millones.

La aplicación del impuesto llevaría de 45% a 47% la incidencia de los impuestos progresivos sobre el total de la recaudación – sólo en 2020, de manera extraordinaria-. A su vez, el impacto adicional sobre el total de recursos tributarios a 2020 (actualizando la recaudación 2019 según inflación anual promedio para 2020 tomando REM-BCRA) ascendería a 2,3%. No obstante, es de esperar que la caída en la recaudación anual producto de la recesión sea sensiblemente mayor a este guarismo.

( https://www.elcohetealaluna.com/impuesto-a-los-grandes-patrimonios/ )

Mas allá de adhesiones o críticas atendibles, legitimas o de las otras, la realidad inédita de una crisis sin antecedentes cercanos y bajo circunstancias muy particulares, impiden análisis serios respecto al accionar y la toma de decisiones de los actores sociales en la globalización y en cada región del planeta donde estas se ponen a prueba … No hay referencia con la cual comparar aciertos o desaciertos que puedan ir mas allá de los resultados prácticos referidos a las famosas ya “curvas” estadísticas respecto de contagios y muertos por la pandemia.

Tampoco es fácil distinguir en la realidad que asuntos o cuestiones son manifestaciones de la crisis sanitaria y de las decisiones que se toman en torno a esta o cuales son solo agravamientos o visibilizaciones de aquellas dificultades que se venían manifestando antes de la pandemia.

Sin embargo, los medios de comunicación que han sabido sostener sus negocios en la famosa “grieta” insisten en alimentarla con la excusa de que la pandemia no impide seguir diciendo lo que esta mal, como si esos medios tuviesen la vara exacta del bien/mal, cuando solo ejercen sus roles y funciones con aquella escala de valores con la que manipulan subjetividades y realidades para beneficiar a quienes sostienen sus negocios y pagan sus grandes sueldos, alimentando la ideología neoliberal de la posverdad, la anti-politica y la libertad individual que se impone a la obligación de procurar los equilibrios necesarios en las relaciones para evitar muertos y pobres, y el poder de minorías sobre el bien común de todes …

La teleconferencia del viernes con los gobernadores entonó al presidente Alberto Fernández. Todes apoyan la prolongación de la cuarentena, aún quienes gobiernan provincias con pocas personas infectadas. A semejanza del fallecido presidente Néstor Kirchner, atravesando circunstancias asombrosamente diferentes, AF empatiza con quienes gestionan, atienden cuestiones prácticas, toman decisiones. Un sentido común compartido los emparenta.

La noche del viernes, las instituciones le allegaron otra buena noticia: el fallo de la Corte Suprema ante el pedido de declaración de certeza impulsado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Una decisión inteligente” expresó el primer mandatario, la mejor dentro de lo posible. El jurista que sigue siendo asumía cuan discutible es la competencia del Tribunal en un asunto de esa naturaleza. Dicho de otro modo, cuán audaz fueron la movida de Cristina y la presentación de la abogada Graciana Peñafort.

Y comprendió --como todo el mundo salvo los editores de tapa de los diarios Clarín y La Nación-- que la mayoría estableció que el Congreso puede reglamentar su forma de funcionar y, por ende, las sesiones remotas. Una resolución política en el sentido cabal de la palabra. La Corte, explica el abogado devenido presidente, cierra el paso a posibles fallos de jueces provinciales haciendo lugar a medidas cautelares contra nuevas leyes (el impuesto a las grandes fortunas, la primera) por vicios de procedimiento. La jurisprudencia nacional concede esa potestad a cualquier magistrado de primera instancia. Algo que parece disparatado para cualquier profano… en buena medida porque lo es. Dicho escenario quedó bloqueado por la prudencia de cuatro de los cinco integrantes del Tribunal. El restante, el presidente Carlos Rosenkrantz, se cuadró como un soldado del establishment y argumentó como un sofista.

El derecho ocupa una parte menor en la cabeza y las inquietudes del Presidente. La vida y la salud, primero.

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Las reuniones con el comité de expertos lo llevan a leer y estudiar sobre la covid-19. Hasta una larga conversación con el presidente francés, Emmanuel Macron, se centra en intercambios de consultas e impresiones sobre la pandemia. Formas de contagio, investigaciones nuevas, a veces preocupantes.

Fernández está conforme con cómo se ralentizaron los contagios desde el inicio de la cuarentena. El pico, predicen sin certeza los especialistas, se trasladó hasta junio. Hubo y queda margen para mejorar la infraestructura hospitalaria. “Estamos mejor armados”, transmite Fernández, atento a la relativamente baja tasa de muertes que tiene la Argentina.

La mañana del sábado pensó en el anuncio que se informa en estas mismas páginas. Asimismo dedicó buen tiempo a reunirse con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Entre la vida y la economía, se ocupó de ambas.

Es imperioso, concuerdan Guzmán y el Presidente, reconstruir un mercado de capitales en pesos. El lanzamiento de nuevos bonos y letras se orienta en ese sentido. El ministro prepara anuncios en ese sentido, nunca demoran mucho en la coyuntura.

El canje de deuda se conversó. Guzmán es hostigado por los acreedores privados y sus portavoces autóctonos, lo que seguramente prueba que está cumpliendo bien su deber. En el inicio del regateo, el Presidente prefiere evitar proyecciones aunque resalta los elogios del economista Jeffrey Sachs a la propuesta argentina.

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“A veces noto mucha impaciencia”, discurre Fernández discutiendo con quienes le dicen que apresure la reapertura de la economía. Muestra el mapa-semáforo: según su cálculo a ojímetro, las zonas rojas atañen a más de la mitad de la población argentina, aunque a menos porcentaje del territorio nacional.

“Tenemos imaginado un horizonte de salida, en cinco etapas”. Se transita la segunda, empieza la tercera. El ritmo lo marcará la evolución de la pandemia. Le preocupa la conducta colectiva a partir de la apertura, lo obsesiona transmitir que los riesgos acechan, que lo peor no pasó.

Este sábado se hizo el anuncio habilitando actividades hasta ahora prohibidas. Recién en quince días se empezará a medir el impacto sanitario. “Estoy dispuesto a ir y volver” si las condiciones se agravan, explica Fernández.

Confía en la templanza de “la gente” que hasta ahora lo acompaña tanto como los gobernadores. El final es abierto, los plazos inciertos… Todo se decide y recalcula paso a paso como pregonaba el filósofo estoico Mostaza Merlo confiando en que hacer las cosas bien posibilita mejores desenlaces (la doctrina del epicúreo Gorosito).

( https://www.pagina12.com.ar/262165-que-piensa-alberto-fernandez-sobre-la-pandemia-la-corte-la-e )

Daniel Roberto Távora Mac Cormack