Viernes 31 de enero de 2020
En una luminosa jornada de fin de enero, desde Santa Fe.
Una visita sorpresa de la ministra de Seguridad Sabina Frederic y su gabinete consolidó ayer el apoyo de la Nación al gobierno de Omar Perotti en la lucha contra la violencia y el narcotráfico en la provincia y fortaleció aún más al ministro Marcelo Sain, acosado en las últimas horas por operativos mediáticos a los que tomó en solfa. “Somos un sólo gobierno en materia de seguridad. No hay diferencias entre la Nación y Santa Fe”, ratificó Sain en línea con el convenio de cooperación que Perotti y Frederic firmaron en la Casa Rosada, en el despacho del presidente Alberto Fernández, como garantía del acuerdo. Apenas llegó al Ministerio de Seguridad, Frederic ensayó dos gestos políticos: “Estoy acá para apoyar el trabajo del ministro y del gobernador”, dijo. Y cuando subía las escaleras, Sain la recibió con un abrazo de viejos amigos, como si hubiera escuchado lo dijo antes. Perotti asoció lo de la Rosada y lo de ayer como un “claro apoyo” del gobierno nacional. “La Argentina no puede permitirse una situación” como la que jaquea a Rosario ante el avance de las bandas narco criminales. “Tenemos que darle la trascendencia nacional que tiene. Y ser claros. No hay que escatimar esfuerzos para superar la crisis”, dijo el gobernador. De paso, Frederic calmó la ansiedad periodística: confirmó que “alcanzan a 3.000” los efectivos federales desplegados en Santa Fe, una precisión que su antecesora en el cargo, Patricia Bullrich, siempre esquivó.
Frederic llegó al Ministerio de Seguridad, frente a la plaza San Martín, a media mañana. Perotti se le anticipó unos minutos. Sain ya esperaba en el hall, así que ambos la recibieron en la escalinata. La acompañó la mitad de su equipo, entre ellos la jefa de gabinete, María Cecilia Rodríguez y la subsecretaria Silvia La Ruffa. Más, los jefes de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández, la Prefectura, Mario Farinón y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinsky
“¡Qué importante para Santa Fe que usted esté en el Ministerio de Seguridad!”, le dijo en la vereda un movilero, que se interpuso al saludo de Perotti. “Es muy importante para ustedes y para nosotros también, estar acá, apoyando el trabajo del ministro y del gobernador en materia de seguridad”, le contestó Frederic.
Los dos equipos, el de Frederic y de Sain, con Perotti en el medio, trabajaron casi dos horas. “Una reunión altamente positiva. El gobernador la destacó especialmente”, informó la ministra. El objetivo era coordinar la acción de las fuerzas nacionales y provinciales ante la problemática del crimen.
Frederic definió el encuentro como “un paso más en el trabajo continuado que venimos realizando desde hace más de un mes. Que se selló con el convenio que creó la Mesa de Enlace conjunta, donde las fuerzas federales colaboran con las fuerzas provinciales bajo la conducción del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y del Ministerio de Seguridad de la Nación”.
“Es muy importante el trabajo articulado y coordinado. El gobernador se ocupó de destacar que es la por primera vez en muchos años que se había logrado una coordinación efectiva entre las fuerzas federales y las provinciales”, explicó la ministra. “La experiencia de trabajo coordinado en Santa Fe debe replicarse en cualquier lugar donde haya problemas como los que vemos acá”.
Sain completó el informe con un anuncio. Crearon una “mesa operacional” de trabajo conjunto en investigación criminal. La integran la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, el Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Agencia de Investigación Criminal, que el ministro creó en diciembre sobre la base de la Policía de Investigaciones y puso al frente a una mujer, Mariana Olivieri. "Consolidamos un bloque de información que nos permitirá llevar adelante una serie de procedimientos. Ya van a ver –les anticipó a los periodistas-, cómo vamos trabajar de manera conjunta también en materia de investigación, porque no es solo prevención, sino también investigación criminal”.
A Frederic le preguntaron si en la “gestión anterior” (que incluye no sólo a su antecesora Bullrich, sino también al ex ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro), hubo algún “hecho positivo” que se pudiera “implementar” ahora. “Ese balance fue parte de la reunión”, respondió. La política de Bullrich y Pullaro “claramente no ha funcionado, sino no estaría pasando lo que pasa ahora. No hubo una coordinación efectiva. No lo hubo en la gestión anterior y en muchos años. Ese es el desafío nuestro”, contestó.
--Hay algo que Bullrich jamás dijo. ¿Cuántos efectivos federales hay en Santa Fe? –insistió otro colega.
--Alcanzan a los 3.000.
--¿Van a trabajar en zonas calientes de Rosario y Santa Fe?
--Ya trabajan. En esta reunión evaluamos el convenio que hemos firmado y el trabajo conjunto. Las fuerzas federales ya están acá –concluyó Frederic.
( https://www.pagina12.com.ar/244824-mira-quien-viajo-para-dar-su-apoyo-a-sain )
El descontrol de los gastos reservados alimenta las peores sospechas sobre las tareas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El posible uso de recursos públicos para solventar operaciones sucias -o alimentar patrimonios personales de los espías- se vio beneficiado por el oscurantismo financiero que reinstauró Mauricio Macri en los albores de su gestión. Y a eso se sumó una burocracia laxa, que permitía retirar fondos a "sola firma" de los directores de área, sin más detalles que una descripción general de los gastos a realizar con el dinero, que se retiraba en efectivo.
La intervención que encabeza la ex fiscal Cristina Caamaño no pudo precisar aún cuánto dinero se entregó con baja o nula rendición de cuentas, pero la proyección de gastos que las distintas áreas realizaron para 2020 da un indicio de la magnitud del derrame: la agencia de inteligencia macrista, bajo la conducción de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, había proyectado para este año un presupuesto de 3500 millones de pesos, de los cuales 2000 millones se destinarían a pagar sueldos -que también se abonaban en efectivo- y otros 1500 millones irían a gastos, tanto operativos como de administración general.
Un cálculo preliminar indica que la cifra erogada en 2019 habría superado los mil millones de pesos, si se resta la actualización por inflación.
En la AFI macrista la burocracia de los desembolsos era sencilla: el dinero fluía hacia las distintas áreas a pedido de la dirección de cada división.
Bastaba con completar una planilla requiriendo el dinero, consignar un motivo general -por ejemplo, "gasto operativo"- y rubricar el formulario para que la tesorería librara los fondos solicitados, a la manera de un cheque al portador.
Si bien a priori podría parecer hasta prolijo, el método desconoció distintas normas administrativas, como la Ley 24156, que exige el registro al detalle de las erogaciones.
Las irregularidades se extendieron a los gastos del personal con asiento en el extranjero, la compra directa de insumos por encima de los montos máximos establecidos para ese tipo de operaciones, y al pago de servicios corrientes, como el de telefonía celular, a través de caja chica.
El descuido de los recursos en la AFI incluyó episodios insólitos, como la omisión de la firma de un convenio con YPF para abaratar el costo del combustible para la flota de 600 vehículos que posee el organismo.
O que no hayan ingresado a las cuentas de la agencia los 12 millones de dólares que se pagaron por el remate de dos de sus inmuebles.
Según pudo rastrear la intervención, el dinero ingresó en la Administración de Bienes del Estado, pero nunca se giró a la cuenta recaudadora de la AFI.
Como en un juego de cajas chinas, cada paquete que desarma la intervención contiene un hallazgo aún más sorpresivo. Luego de constatar el nombramiento de unos 500 agentes tras las PASO -cuando el epílogo del ensayo macrista era una posibilidad palpable-, la auditoría financiera destapó un festival de gastos fuera de control.
Un modo de comenzar a recobrar el dominio financiero del organismo será blanquear a todo su personal, que pasará a cobrar mediante débito bancario, como ocurre con la inmensa mayoría de los empleados tanto estatales como privados. Luego abrirá sus cuentas a los organismos de Control: contará con una unidad de auditoría interna que estará encabezada por un representante de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
La medida fue anunciada esta semana luego de una reunión entre la interventora Caamaño y el titular de la SIGEN, Carlos Montero. «
( https://www.tiempoar.com.ar/nota/la-afi-desmonta-pagos-a-sola-firma-blanquea-gastos-y-sera-auditada )
El juez federal Claudio Bonadio anunció que no volverá a su juzgado durante febrero. La razón fue una compensación de licencia, a raíz de vacaciones no tomadas. Lo reemplazará el juez Sebastián Casanello.
Aunque se trata de una cuestión formal en los tribunales a la que nadie eligió prestar demasiada atención, la noticia corrió entre los vacíos pasillos de Comodoro Py 2002 por la concentración de miradas que el alto voltaje de las causas de las causas que llevó adelante el juez Bonadio, en particular contra la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner y los funcionarios de su gestión.
Bonadio cumplirá mañana 64 años. El año pasado, el juez se sometió a una intervención en la cabeza. Hubo muchas especulaciones sobre su salud. Pero cuando se reintegró al juzgado a mediados de mayo, Bonadio les dijo a sus colaboradores: “Los registros sobre mi muerte están exagerados”.
Y avanzó en una serie de procesamientos para Cristina Kirchner, Julio De Vido y otros ex funcionarios, junto a empresarios, y las respectivas elevaciones a juicios. Hoy, el tramo grueso de la causa de los cuadernos -y todas los expedientes derivados- ya fueron enviados a juicio oral.
Bonadio comenzó su licencia en el último día de diciembre hasta el ultimo día de enero. Se suponía que se reintegraba el lunes, al comenzar febrero, pero el magistrado notificó a la Cámara Federal su decisión de extender su licencia por febrero.
A raíz de ello, la secretaría general de la Cámara Federal sorteó a un juez para que lleve adelante las causas del juzgado federal 11 durante febrero. En el sorteo resultó elegido Luis Rodríguez, titular del juzgado federal 9.
Sin embargo, Rodríguez notificó hoy a sus superiores que no podía asumir las tareas de un segundo juzgado, a raíz de una situación familiar. En ese marco, hoy al mediodía se hizo un nuevo sorteo. Allí fueron excluidos los juzgados 2 y 5 (a cargo de Sebastián Ramos y María Eugenia Capuchetti, que permanecieron trabajando durante enero), el juzgado 12 (porque no tiene juez titular y ya está subrogado) y el juzgado 9, de Rodriguez. Por bolillero manual, el juzgado sorteado fue el juzgado federal 7, a cargo de Sebastián Casanello … ( https://www.infobae.com/sociedad/2020/01/31/el-juez-claudio-bonadio-extendio-su-licencia-durante-febrero-lo-reemplazara-sebastian-casanello/ )
"Esto no es sorpresa pero claramente ha sido dejadez porque ese galpón los vimos hace años y estaba en perfecto estado", remarcó Diana Wassner, integrante de Memoria Activa, sobre el lamentable estado en que dejó el gobierno anterior los archivos de inteligencia sobre el atentado a la AMIA , como informó PáginaI12. Junto a dirigentes y abogados de la agrupación que nuclea a familiares y amigos de víctimas del ataque a la mutual judía, Wassner se reunió con la flamante interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño. Allí, los representantes de Memoria Activa reiteraron su histórico reclamo para que fondos y archivos de la ex SIDE dejen de ser reservados y para que esa central no intervenga como auxiliar de la Justicia. “Es un tema que trasciende a los gobiernos” y “son cambios que rápidamente se tienen que realizar”, reflexionó Wassner.
La agrupación también pidió que se hagan públicas las audiencias y los testimonios de ex agentes en el juicio por encubrimiento, que sólo son accesibles para las partes y sin embargo pueden verse en el documental sobre la muerte de Alberto Nissman que dirigió el británico Justin Webster. “Esperamos que las nuevas autoridades de la AFI estén a la altura de una causa que viene siendo usada políticamente por todos los gobiernos, cuando al fin y al cabo quienes hemos mantenido con mucho trabajo y esfuerzo la lucha, las denuncias, los actos y sobre todo las causas judiciales hemos sido los familiares”, expresó Memoria Activa en un comunicado.
Caamaño recibió a Wassner y a Adriana Reisfeld, que perdieron a su esposo y a su hermana respectivamente en el atentado de 1994, acompañadas por los abogados del CELS Rodrigo Borda y Paula Litvachky. La ex fiscal les mostró las reparaciones en el edificio que alberga archivos vinculados a la investigación: la intervención recibió el galpón en estado deplorable, con goteras, zonas inundadas y matafuegos vencidos, por lo que un grupo de 30 personas de la propia agencia trabajaron de manera urgente en poner el lugar en condiciones.
"Hemos encontrado años antes otros galpones en el mismo estado. Esto no es sorpresa pero claramente ha sido dejadez porque ese galpón los vimos hace años y estaba en perfecto estado. De todos modos el material que pertenece a la Unidad Fiscal AMIA, no a la SIDE, está en buen estado de conservación”, relató Wassner
Las dirigentas recordaron ante Caamaño que “las fallas y delitos cometidos desde la vieja SIDE durante la investigación del atentado fueron determinantes para sellar la impunidad del caso AMIA”. “Desde entonces reclamamos medidas que permitan un trabajo serio y responsable por parte del sistema de inteligencia, tales como que los fondos y archivos de inteligencia dejen de ser reservados y la no intervención como auxiliar de la Justicia”, agregaron. Esos reclamos fueron llevados al sistema interamericano, el Estado se comprometió mediante el decreto 812/2005 a trabajar en ello pero "15 años después aún no hemos visto resultados”, remarcaron. “Es una deuda que tiene el Estado y la causa ya está por ir a la Corte Interamericana”, recordó Wassner, quien el 11 de noviembre último participó junto al CELS de la audiencia de alegatos ante la Comisión Interamericana (CIDH). Se trata del último paso antes de que ese organismo dicte el informe de admisibilidad y declare la responsabilidad internacional del Estado en el atentado, que implicará su paso a la Corte IDH. (https://www.pagina12.com.ar/244859-el-lamentable-estado-de-los-archivos-sobre-la-amia-ha-sido-d )
Las lentas y trabajosas decisiones alrededor de las políticas que buscan desarmar las patas del Estado respecto al lawfare, devolviendo a la justicia el carácter de Tercer poder que nunca debió dejar en manos de intereses extranjeros y nacionales dominados por las mafias mediáticas y las operaciones sujetas a la geopolítica norteamericana y que justifica los abultados presupuestos que aque el Estado destina a las injerencias en asuntos exteriores y los lobbys políticos y transnacionales que le alimentan.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
En una luminosa jornada de fin de enero, desde Santa Fe.
Una visita sorpresa de la ministra de Seguridad Sabina Frederic y su gabinete consolidó ayer el apoyo de la Nación al gobierno de Omar Perotti en la lucha contra la violencia y el narcotráfico en la provincia y fortaleció aún más al ministro Marcelo Sain, acosado en las últimas horas por operativos mediáticos a los que tomó en solfa. “Somos un sólo gobierno en materia de seguridad. No hay diferencias entre la Nación y Santa Fe”, ratificó Sain en línea con el convenio de cooperación que Perotti y Frederic firmaron en la Casa Rosada, en el despacho del presidente Alberto Fernández, como garantía del acuerdo. Apenas llegó al Ministerio de Seguridad, Frederic ensayó dos gestos políticos: “Estoy acá para apoyar el trabajo del ministro y del gobernador”, dijo. Y cuando subía las escaleras, Sain la recibió con un abrazo de viejos amigos, como si hubiera escuchado lo dijo antes. Perotti asoció lo de la Rosada y lo de ayer como un “claro apoyo” del gobierno nacional. “La Argentina no puede permitirse una situación” como la que jaquea a Rosario ante el avance de las bandas narco criminales. “Tenemos que darle la trascendencia nacional que tiene. Y ser claros. No hay que escatimar esfuerzos para superar la crisis”, dijo el gobernador. De paso, Frederic calmó la ansiedad periodística: confirmó que “alcanzan a 3.000” los efectivos federales desplegados en Santa Fe, una precisión que su antecesora en el cargo, Patricia Bullrich, siempre esquivó.
Frederic llegó al Ministerio de Seguridad, frente a la plaza San Martín, a media mañana. Perotti se le anticipó unos minutos. Sain ya esperaba en el hall, así que ambos la recibieron en la escalinata. La acompañó la mitad de su equipo, entre ellos la jefa de gabinete, María Cecilia Rodríguez y la subsecretaria Silvia La Ruffa. Más, los jefes de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández, la Prefectura, Mario Farinón y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinsky
“¡Qué importante para Santa Fe que usted esté en el Ministerio de Seguridad!”, le dijo en la vereda un movilero, que se interpuso al saludo de Perotti. “Es muy importante para ustedes y para nosotros también, estar acá, apoyando el trabajo del ministro y del gobernador en materia de seguridad”, le contestó Frederic.
Los dos equipos, el de Frederic y de Sain, con Perotti en el medio, trabajaron casi dos horas. “Una reunión altamente positiva. El gobernador la destacó especialmente”, informó la ministra. El objetivo era coordinar la acción de las fuerzas nacionales y provinciales ante la problemática del crimen.
Frederic definió el encuentro como “un paso más en el trabajo continuado que venimos realizando desde hace más de un mes. Que se selló con el convenio que creó la Mesa de Enlace conjunta, donde las fuerzas federales colaboran con las fuerzas provinciales bajo la conducción del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y del Ministerio de Seguridad de la Nación”.
“Es muy importante el trabajo articulado y coordinado. El gobernador se ocupó de destacar que es la por primera vez en muchos años que se había logrado una coordinación efectiva entre las fuerzas federales y las provinciales”, explicó la ministra. “La experiencia de trabajo coordinado en Santa Fe debe replicarse en cualquier lugar donde haya problemas como los que vemos acá”.
Sain completó el informe con un anuncio. Crearon una “mesa operacional” de trabajo conjunto en investigación criminal. La integran la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, el Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Agencia de Investigación Criminal, que el ministro creó en diciembre sobre la base de la Policía de Investigaciones y puso al frente a una mujer, Mariana Olivieri. "Consolidamos un bloque de información que nos permitirá llevar adelante una serie de procedimientos. Ya van a ver –les anticipó a los periodistas-, cómo vamos trabajar de manera conjunta también en materia de investigación, porque no es solo prevención, sino también investigación criminal”.
A Frederic le preguntaron si en la “gestión anterior” (que incluye no sólo a su antecesora Bullrich, sino también al ex ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro), hubo algún “hecho positivo” que se pudiera “implementar” ahora. “Ese balance fue parte de la reunión”, respondió. La política de Bullrich y Pullaro “claramente no ha funcionado, sino no estaría pasando lo que pasa ahora. No hubo una coordinación efectiva. No lo hubo en la gestión anterior y en muchos años. Ese es el desafío nuestro”, contestó.
--Hay algo que Bullrich jamás dijo. ¿Cuántos efectivos federales hay en Santa Fe? –insistió otro colega.
--Alcanzan a los 3.000.
--¿Van a trabajar en zonas calientes de Rosario y Santa Fe?
--Ya trabajan. En esta reunión evaluamos el convenio que hemos firmado y el trabajo conjunto. Las fuerzas federales ya están acá –concluyó Frederic.
( https://www.pagina12.com.ar/244824-mira-quien-viajo-para-dar-su-apoyo-a-sain )
El descontrol de los gastos reservados alimenta las peores sospechas sobre las tareas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El posible uso de recursos públicos para solventar operaciones sucias -o alimentar patrimonios personales de los espías- se vio beneficiado por el oscurantismo financiero que reinstauró Mauricio Macri en los albores de su gestión. Y a eso se sumó una burocracia laxa, que permitía retirar fondos a "sola firma" de los directores de área, sin más detalles que una descripción general de los gastos a realizar con el dinero, que se retiraba en efectivo.
La intervención que encabeza la ex fiscal Cristina Caamaño no pudo precisar aún cuánto dinero se entregó con baja o nula rendición de cuentas, pero la proyección de gastos que las distintas áreas realizaron para 2020 da un indicio de la magnitud del derrame: la agencia de inteligencia macrista, bajo la conducción de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, había proyectado para este año un presupuesto de 3500 millones de pesos, de los cuales 2000 millones se destinarían a pagar sueldos -que también se abonaban en efectivo- y otros 1500 millones irían a gastos, tanto operativos como de administración general.
Un cálculo preliminar indica que la cifra erogada en 2019 habría superado los mil millones de pesos, si se resta la actualización por inflación.
En la AFI macrista la burocracia de los desembolsos era sencilla: el dinero fluía hacia las distintas áreas a pedido de la dirección de cada división.
Bastaba con completar una planilla requiriendo el dinero, consignar un motivo general -por ejemplo, "gasto operativo"- y rubricar el formulario para que la tesorería librara los fondos solicitados, a la manera de un cheque al portador.
Si bien a priori podría parecer hasta prolijo, el método desconoció distintas normas administrativas, como la Ley 24156, que exige el registro al detalle de las erogaciones.
Las irregularidades se extendieron a los gastos del personal con asiento en el extranjero, la compra directa de insumos por encima de los montos máximos establecidos para ese tipo de operaciones, y al pago de servicios corrientes, como el de telefonía celular, a través de caja chica.
El descuido de los recursos en la AFI incluyó episodios insólitos, como la omisión de la firma de un convenio con YPF para abaratar el costo del combustible para la flota de 600 vehículos que posee el organismo.
O que no hayan ingresado a las cuentas de la agencia los 12 millones de dólares que se pagaron por el remate de dos de sus inmuebles.
Según pudo rastrear la intervención, el dinero ingresó en la Administración de Bienes del Estado, pero nunca se giró a la cuenta recaudadora de la AFI.
Como en un juego de cajas chinas, cada paquete que desarma la intervención contiene un hallazgo aún más sorpresivo. Luego de constatar el nombramiento de unos 500 agentes tras las PASO -cuando el epílogo del ensayo macrista era una posibilidad palpable-, la auditoría financiera destapó un festival de gastos fuera de control.
Un modo de comenzar a recobrar el dominio financiero del organismo será blanquear a todo su personal, que pasará a cobrar mediante débito bancario, como ocurre con la inmensa mayoría de los empleados tanto estatales como privados. Luego abrirá sus cuentas a los organismos de Control: contará con una unidad de auditoría interna que estará encabezada por un representante de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
La medida fue anunciada esta semana luego de una reunión entre la interventora Caamaño y el titular de la SIGEN, Carlos Montero. «
( https://www.tiempoar.com.ar/nota/la-afi-desmonta-pagos-a-sola-firma-blanquea-gastos-y-sera-auditada )
El juez federal Claudio Bonadio anunció que no volverá a su juzgado durante febrero. La razón fue una compensación de licencia, a raíz de vacaciones no tomadas. Lo reemplazará el juez Sebastián Casanello.
Aunque se trata de una cuestión formal en los tribunales a la que nadie eligió prestar demasiada atención, la noticia corrió entre los vacíos pasillos de Comodoro Py 2002 por la concentración de miradas que el alto voltaje de las causas de las causas que llevó adelante el juez Bonadio, en particular contra la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner y los funcionarios de su gestión.
Bonadio cumplirá mañana 64 años. El año pasado, el juez se sometió a una intervención en la cabeza. Hubo muchas especulaciones sobre su salud. Pero cuando se reintegró al juzgado a mediados de mayo, Bonadio les dijo a sus colaboradores: “Los registros sobre mi muerte están exagerados”.
Y avanzó en una serie de procesamientos para Cristina Kirchner, Julio De Vido y otros ex funcionarios, junto a empresarios, y las respectivas elevaciones a juicios. Hoy, el tramo grueso de la causa de los cuadernos -y todas los expedientes derivados- ya fueron enviados a juicio oral.
Bonadio comenzó su licencia en el último día de diciembre hasta el ultimo día de enero. Se suponía que se reintegraba el lunes, al comenzar febrero, pero el magistrado notificó a la Cámara Federal su decisión de extender su licencia por febrero.
A raíz de ello, la secretaría general de la Cámara Federal sorteó a un juez para que lleve adelante las causas del juzgado federal 11 durante febrero. En el sorteo resultó elegido Luis Rodríguez, titular del juzgado federal 9.
Sin embargo, Rodríguez notificó hoy a sus superiores que no podía asumir las tareas de un segundo juzgado, a raíz de una situación familiar. En ese marco, hoy al mediodía se hizo un nuevo sorteo. Allí fueron excluidos los juzgados 2 y 5 (a cargo de Sebastián Ramos y María Eugenia Capuchetti, que permanecieron trabajando durante enero), el juzgado 12 (porque no tiene juez titular y ya está subrogado) y el juzgado 9, de Rodriguez. Por bolillero manual, el juzgado sorteado fue el juzgado federal 7, a cargo de Sebastián Casanello … ( https://www.infobae.com/sociedad/2020/01/31/el-juez-claudio-bonadio-extendio-su-licencia-durante-febrero-lo-reemplazara-sebastian-casanello/ )
"Esto no es sorpresa pero claramente ha sido dejadez porque ese galpón los vimos hace años y estaba en perfecto estado", remarcó Diana Wassner, integrante de Memoria Activa, sobre el lamentable estado en que dejó el gobierno anterior los archivos de inteligencia sobre el atentado a la AMIA , como informó PáginaI12. Junto a dirigentes y abogados de la agrupación que nuclea a familiares y amigos de víctimas del ataque a la mutual judía, Wassner se reunió con la flamante interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño. Allí, los representantes de Memoria Activa reiteraron su histórico reclamo para que fondos y archivos de la ex SIDE dejen de ser reservados y para que esa central no intervenga como auxiliar de la Justicia. “Es un tema que trasciende a los gobiernos” y “son cambios que rápidamente se tienen que realizar”, reflexionó Wassner.
La agrupación también pidió que se hagan públicas las audiencias y los testimonios de ex agentes en el juicio por encubrimiento, que sólo son accesibles para las partes y sin embargo pueden verse en el documental sobre la muerte de Alberto Nissman que dirigió el británico Justin Webster. “Esperamos que las nuevas autoridades de la AFI estén a la altura de una causa que viene siendo usada políticamente por todos los gobiernos, cuando al fin y al cabo quienes hemos mantenido con mucho trabajo y esfuerzo la lucha, las denuncias, los actos y sobre todo las causas judiciales hemos sido los familiares”, expresó Memoria Activa en un comunicado.
Caamaño recibió a Wassner y a Adriana Reisfeld, que perdieron a su esposo y a su hermana respectivamente en el atentado de 1994, acompañadas por los abogados del CELS Rodrigo Borda y Paula Litvachky. La ex fiscal les mostró las reparaciones en el edificio que alberga archivos vinculados a la investigación: la intervención recibió el galpón en estado deplorable, con goteras, zonas inundadas y matafuegos vencidos, por lo que un grupo de 30 personas de la propia agencia trabajaron de manera urgente en poner el lugar en condiciones.
"Hemos encontrado años antes otros galpones en el mismo estado. Esto no es sorpresa pero claramente ha sido dejadez porque ese galpón los vimos hace años y estaba en perfecto estado. De todos modos el material que pertenece a la Unidad Fiscal AMIA, no a la SIDE, está en buen estado de conservación”, relató Wassner
Las dirigentas recordaron ante Caamaño que “las fallas y delitos cometidos desde la vieja SIDE durante la investigación del atentado fueron determinantes para sellar la impunidad del caso AMIA”. “Desde entonces reclamamos medidas que permitan un trabajo serio y responsable por parte del sistema de inteligencia, tales como que los fondos y archivos de inteligencia dejen de ser reservados y la no intervención como auxiliar de la Justicia”, agregaron. Esos reclamos fueron llevados al sistema interamericano, el Estado se comprometió mediante el decreto 812/2005 a trabajar en ello pero "15 años después aún no hemos visto resultados”, remarcaron. “Es una deuda que tiene el Estado y la causa ya está por ir a la Corte Interamericana”, recordó Wassner, quien el 11 de noviembre último participó junto al CELS de la audiencia de alegatos ante la Comisión Interamericana (CIDH). Se trata del último paso antes de que ese organismo dicte el informe de admisibilidad y declare la responsabilidad internacional del Estado en el atentado, que implicará su paso a la Corte IDH. (https://www.pagina12.com.ar/244859-el-lamentable-estado-de-los-archivos-sobre-la-amia-ha-sido-d )
Las lentas y trabajosas decisiones alrededor de las políticas que buscan desarmar las patas del Estado respecto al lawfare, devolviendo a la justicia el carácter de Tercer poder que nunca debió dejar en manos de intereses extranjeros y nacionales dominados por las mafias mediáticas y las operaciones sujetas a la geopolítica norteamericana y que justifica los abultados presupuestos que aque el Estado destina a las injerencias en asuntos exteriores y los lobbys políticos y transnacionales que le alimentan.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
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