Lunes 6 de enero de 2020
Un nuevo amanecer en la ciudad de
Buenos Aires, día de reyes (magos) y las ilusiones infantiles de
despertar con sus zapatos bajo una pila de juguetes … Claro que no
todos pueden … parece que los reyes no son tan magos y no entienden
de igualdad y solidaridad.
Transferencia de recursos
En menos de cuatro años, el
gobierno de Mauricio Macri ejecutó modificaciones de impuestos que
provocaron “una merma recaudatoria” para el fisco y causaron “una
transferencia millonaria de recursos del Estado Nacional al sector
privado” equivalente a más de 690.000 millones de pesos, según
una investigación realizada por la consultora “Proyecto Económico”
que dirige la diputada nacional Fernanda Vallejos (Unidad
Ciudadana-Frente de Todos).
El informe se titula “Perdones
impositivos” y se refiere a los cambios tributarios introducidos a
partir de 2016. Allí se analizan “los derechos de Exportación”
(conocidos como “retenciones” o “aranceles de exportación”),
frente a los cuales el macrismo actuó “primero disminuyéndolos o
eliminándolos y después definiendo una cantidad fija en pesos”.
También se estudian “la reducción en las alícuotas en el
impuesto a los Bienes Personales y el establecimiento de un mínimo
no imponible para las contribuciones patronales”.
“Por lo que dejó de recaudar
durante estos casi cuatro años, esta política impositiva benefició
fundamentalmente a las empresas (vía cargas patronales), a los
exportadores agropecuarios (mediante la rebaja en las retenciones) y
a las personas físicas de mayores ingresos (por la reducción de la
alícuota de Bienes Personales)”, puntualiza la investigación.
Al detallar cada una de las
cargas tributarias, el informe explica que Bienes Personales “es un
ingreso para el Estado que proviene de gravar la riqueza de los
individuos. Esto implica que no sólo se trata de un impuesto
sumamente progresivo, ya que lo pagan quienes poseen riqueza por más
de determinado monto (mínimo no imponible), sino que evita su
traslación a precio haciéndolo más justo y eficiente, evitando las
distorsiones características de los impuestos indirectos como el
IVA”.
Explica que el gobierno
finalizado el 10 de diciembre “profundizó el sesgo regresivo al
tomar una serie de medidas que limitaron el alcance de los tributos
igualitarios, fomentó los desigualitarios y redujo el peso de
aquellos que financian gastos progresivos, como el sistema de
seguridad social”. Dicho sistema lo conforman, fundamentalmente,
las jubilaciones, pensiones, salario familiar y asignaciones
universales.
El equipo que conduce la
legisladora kirchnerista señala que “la macroeconomía impacta de
forma directa en la recaudación: Ganancias e Ingresos Brutos
reaccionan ante la inflación y el crecimiento; Aportes y
Contribuciones a la Seguridad Social se encuentran asociados al nivel
de empleo, los salarios y la formalización del trabajo”.
A su vez, “los tributos al
Comercio Exterior se hallan relacionados con el tipo de cambio, los
precios de las commodities y las buenas o malas cosechas. Uno de los
pocos impuestos que permanece relativamente invariable a los vaivenes
de los ciclos económicos es el de Bienes Personales, por lo que
tiene un cariz contracíclico”, dice el estudio.
En el año 2015, las alícuotas
aplicadas a partir de un mínimo no imponible de alrededor de 30.000
dólares, eran de 0,5%, 0,75%, 1% y 1,25%”. Pero “tras la fuerte
baja” que estableció el macrismo entre 2016 y 2018, “que llevó
a una alícuota única de 0,25% y un mínimo no imponible más
elevado, las alícuotas volvieron a modificarse en el año 2019”.
“Sin embargo -explican los
especialistas-, en esta última oportunidad, se mantuvo en el 0,25%
para la categoría más baja, (de 2 a 3 millones de pesos), seguido
por una categoría de 0,5% (de 3 a 18 millones de pesos) y la más
elevada se estableció en el 0,75 por ciento (más de 18 millones de
pesos)”.
Estado de Situación
Lejos de haber asentado las bases
para el crecimiento, la gestión económica de la presidencia de
Mauricio Macri dejó una situación delicada en materia fiscal,
externa, monetaria y financiera. En el frente fiscal, el resultado
del 2019 se muestra próximo al -0,7 por ciento PBI de déficit
primario. Sin embargo, esa cifra se alcanzó por medio de la
liquidación de dos centrales térmicas, activos del Fondo Argentino
de Hidrocarburos y acciones de empresas que eran propiedad del FGS.
En el frente externo, la mejora en la cuenta corriente se debe a la
caída de las importaciones provocada por la recesión. Estos dos
aspectos ponen presión sobre el frente monetario: luego de una
inflación del 55 por ciento en 2019, la estabilización es
necesaria, pero resultaría inviable obtenerla a través de una
apreciación sostenida del tipo de cambio. A la vez, el deterioro
fiscal heredado no puede ser cubierto completamente a través de la
emisión monetaria, por las presiones que se generarían sobre el
esquema cambiario. El margen de la política económica es incluso
más acotado en tanto las reservas internacionales se encuentran
comprometidas por la exigencia del frente financiero. El modelo de
endeudamiento externo masivo de la administración macrista dejó un
exigente cronograma de vencimientos de la deuda pública, sin acceso
al financiamiento en moneda extranjera.
La Ley de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva combina la recomposición de los ingresos
públicos con una distribución más progresiva del gasto, adecuada a
las necesidades de emergencia social. Por el lado de los ingresos,
las medidas revierten las rebajas que la anterior administración
había aplicado a las contribuciones patronales y a las alícuotas de
los derechos de exportación y de impuestos a los bienes personales y
a ganancias de empresas. Además, el impuesto del 30 por ciento al
turismo y al atesoramiento mejora a la situación fiscal a la vez que
contribuye a contener las tensiones cambiarias.
Estas decisiones permiten
contrarrestar el resultado deficitario que el gobierno de Macri había
dejado para 2020. Sin ellas, la proyección de este año mostraba un
déficit primario de 1,5 por ciento PBI y 4,9 por ciento del PBI de
déficit financiero. Como consecuencia de los incrementos en los
recursos, estimamos un resultado primario próximo al equilibrio, con
un rojo de 0,3 por ciento PBI, con un déficit financiero de 3,7 por
ciento PBI.
El nuevo escenario fiscal para el
2020 es consistente con un crecimiento real del gasto primario del 3
por ciento, que incluye un aumento real del 5 por ciento en la masa
de prestaciones de la seguridad social. Se perfila también una
orientación más progresiva del gasto, como consecuencia de la
suspensión de la fórmula de movilidad previsional y del
otorgamiento de dos bonos de 5000 pesos, en diciembre y enero para
jubilada/os que cobran la mínima, y del bono único de 2000 pesos,
para beneficiaria/os de la AUH. Hacia el mismo sentido apunta la
decisión de decretar aumentos salariales de suma fija a cuenta de
futuros aumentos, por un monto a definir. El criterio de
progresividad en las políticas económicas enfoca las prioridades en
los sectores más vulnerables, que han sido los más vulnerados en
los últimos cuatro años.
Las medidas de recuperación de
ingresos, acompañadas por los congelamientos de tarifas de servicios
públicos por 180 días, colaboran con la estabilidad macroeconómica.
Con poco espacio para la apreciación cambiaria, se vuelve
imprescindible la coordinación de una pauta de precios y salarios
mediante el Acuerdo Económico y Social. Para dar verosimilitud al
compromiso de los actores de ese acuerdo, es indispensable que los
sectores más perjudicados recuperen parte del terreno perdido. Son
sectores, además, con mayor propensión a consumir y su mejora
relativa en el ingreso no incrementa de modo directo la demanda de
dólares para atesoramiento.
Mientras este conjunto de medidas
todavía se despliega, la nueva gestión enfrentará pronto su gran
desafío, renegociar la deuda pública para que el PBI pueda volver a
crecer. En 2020 vencen 20.6000 millones de dólares entre bonos y
letras en moneda extranjera con acreedores privados y las reservas
netas son menores a los 16.000 millones de dólares.
La doctrina ortodoxa imagina que
la situación puede encausarse mediante un ajuste severo, tal lo
intentó el gobierno de Macri con los fallidos programas del FMI.
Pero una mayor reducción del gasto público no sólo es indeseable e
impracticable luego del marcado deterioro que sufrieron las
condiciones de vida en estos últimos cuatro años, sino que también
resultaría inefectiva, porque ese ajuste prolongaría la recesión y
generaría un mayor deterioro de los recursos fiscales. El nuevo
programa económico, en cambio, apunta hacia una nueva dirección:
priorizar la recuperación de ingresos en un marco de estabilidad. Su
consistencia depende de que pueda hacerse efectiva la promesa de
campaña, recuperar el crecimiento económico.
Nicolás
Segal Economista del Instituto de Trabajo y Economía de la
Fundación Germán Abdala
La situación de la economía
argentina al momento del traspaso de poder era extremadamente
compleja. Acumulaba siete trimestres en fila de caída del producto
(desde el segundo trimestre de 2018), con números rojos en la
producción industrial (sólo alrededor de un 60 por ciento de la
capacidad instalada activa) y el consumo (cayendo cerca de un 10 por
ciento en el último año). La inflación proyectada para 2019
trepaba al 55 por ciento, a pesar del ahorque monetario implementado
desde la conducción del Banco Central. El desempleo se ubicaba por
encima del 10 por ciento. La pobreza alcanzaba un proyectado de 40
por ciento para fin de año. El endeudamiento externo se ubicaba en
niveles históricos, por lo que el déficit primario estaba
relativamente controlado por la vía del recorte de gastos, pero el
déficit financiero era significativo.
El conjunto de restricciones
impuestas por el contexto al equipo entrante no mostraba demasiados
resquicios para moverse con soltura. El ministro Guzmán fue claro en
su primera comunicación con la prensa. El objetivo de corto plazo
era frenar la caída de la economía. La imposibilidad de financiar
un plan de contingencia con recursos genuinos, y ante la decisión de
no apelar a la expansión monetaria, llevó al gobierno a imponer
algunas modificaciones impositivas. Fue así que se dispuso una
modificación de las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales,
que penaliza a aquellos agentes que hayan sacado sus capitales del
país. También se llevó adelante una modificación del esquema de
los Derechos de Exportación, que eliminó la suma fija de 4 pesos
por dólar y mudó a una fórmula estrictamente porcentual.
Finalmente, se impuso un recargo de 30 por ciento a aquellos gastos
realizados en moneda dura. A su vez, se decidió otorgar aumentos en
la AUH, tarjeta alimentaria y jubilados. La clase media, por su
parte, recibió un guiño con la renovación del programa Ahora 12,
el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y de los
créditos UVA.
Sobre fin de diciembre se produjo
un importante encuentro, que reunió al presidente, sus
colaboradores, y representantes empresarios, sindicales, y de
organizaciones sociales. Al cierre de la cumbre, se firmó un acta
denominada “Compromiso argentino para el desarrollo y la
solidaridad”, en la que los actores participantes se comprometen a
trabajar en la búsqueda de consensos de largo plazo. El documento
pone como prioridad dar respuesta a la tragedia social que significa
que en la Argentina haya hambre.
El segundo paso es el diseño de
un plan económico consistente, esto es, un plan que integre
coherentemente un programa fiscal, un programa monetario y un
programa para el sector externo. El tercer paso es alcanzar un
acuerdo con el FMI para reperfilar los compromisos de deuda con el
organismo. En síntesis, un ajuste de las cuentas públicas, que no
hace recaer el peso del esfuerzo en los sectores más vulnerables,
sino en aquellos sectores que, al menos en teoría, están en
condiciones de dar un poco más.
No debería quedar fuera del
análisis el contexto económico global. Hoy se presenta como un
escenario profundamente hostil. La ventanilla financiera está
cerrada para la Argentina. Nadie le prestaría dinero a un país con
un riesgo de 2000 puntos y en plena crisis económica. Paralelamente,
el crecimiento global se ha amesetado, entre otras cosas porque el
freno de la economía china afecta severamente el ritmo de la
economía mundial. La posibilidad de una recesión planetaria, que
hasta hace un año casi no figuraba en el radar de los analistas,
comienza a perfilarse como una realidad no tan lejana. Finalmente, la
guerra comercial que libran Estados Unidos y China introduce una
variable de incertidumbre más en un escenario que de por sí ya es
volátil.
La realidad le impone al equipo
económico un conjunto de restricciones fiscales, monetarias,
financieras y comerciales. Es decir, hoy no aparece en el horizonte
un frente que le permita al Gobierno tener un área de confort. Sólo
cuenta con la legitimidad de origen, y la tradicional luna de miel
que genera la expectativa de un nuevo gobierno. Las decisiones
tomadas parecen ser las apropiadas para el momento. Sólo el tiempo
podrá juzgar.
Diego
Añaños
Docente de la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de
Rosario
Lo que viene ...
Alberto
Fernández mantiene cerrada su agenda internacional y no estará en
la 50a edición del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, que
comenzará el martes 21. El Presidente está enfocado en la agenda
interna, informaron desde Casa Rosada, donde evalúan que el
representante argentino sea Martín Guzmán para mantener allí
reuniones de alto nivel vinculadas a la renegociación de la deuda
con el Fondo Monetario Internacional.
La
presencia de Guzmán
podría
resultar clave en Davos
teniendo en cuenta que la delegación de Estados Unidos en Suiza
estará encabezada por el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin. Se
trata del funcionario que, a casi 48 horas del triunfo de Fernández
en primera vuelta sobre Mauricio Macri, advirtió que su país
esperaba que la Argentina cumpliera los compromisos ante el FMI.
“Argentina tiene un compromiso con el FMI. Nuestra expectativa es
que este Gobierno cumpla con ese compromiso y si solicita cambios,
como cualquier otro país, el FMI considerará su solicitud como
parte de su plan económico”, dijo Mnuchin
el 30 de octubre pasado al término de una conferencia sobre
inversión en Riad.
En
una entrevista en Arabia Saudita, Mnuchin
no descartó una renegociación del programa que llevó al FMI
a desembolsar más de 44 mil millones de dólares durante la gestión
de Macri, pero dijo que el organismo multilateral -donde Estados
Unidos es el principal aportante- debería considerar cualquier
solicitud de cambios como parte de su plan económico.
El trabajo previo, referido al
cambio de modelo económico al que hacía mención Mnuchin, ya fue
realizado por el Gobierno nacional. La aprobación del mega paquete
de “Solidaridad y Reactivación Productiva” que incluyó un
ajuste fiscal vía suba de impuestos y eliminación del nuevo cálculo
jubilatorio, apuntó a allanar el camino de cara a la renegociación
de la deuda con el FMI. El organismo internacional podría incluso
convertirse en el principal aliado de la Casa Rosada en caso de que
se opte por un esquema de quita a los tenedores privados de deuda
para blindar los pagos al FMI.
El
último contacto del Gobierno nacional con Estados Unidos, al menos
de manera oficial, ocurrió el 11 de diciembre pasado en Casa Rosada
cuando el Presidente recibió, en su primer día hábil en funciones,
al embajador en Buenos Aires, Edward
C. Prado,
y a uno de los enviados de
Donald Trump
para presenciar la asunción, Alex Azar, secretario de Salud
estadounidense. Esa delegación también la integraba
Mauricio Claver Carone,
director de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, quien
sin embargo se retiró antes del país a partir de una presunta
molestia por la presencia del ecuatoriano
Rafael Correa
y del vicepresidente de Venezuela, Jorge
Rodríguez,
número dos de Nicolás
Maduro,
en la Casa Rosada.
Desde que asumió la Presidencia
el pasado 10 de diciembre, Fernández no salió del país ni anunció
su agenda de viajes al exterior. Davos es la primera cita
internacional del calendario que se celebrará en Suiza bajo el tema
“Partes interesadas para un mundo coherente y sostenible”. En
2016, el ahora expresidente Mauricio Macri aprovechó la celebración
del Foro Económico Mundial, que reúne a los principales líderes
políticos y empresariales del mundo, para lanzar su Gobierno junto a
Sergio Massa. Fue un intento frustrado por exhibir una convivencia
racional entre oficialismo y oposición que duró poco. Tras bajarse
de Davos, la posibilidad de que el Presidente viaje a Washington por
ahora no está en los planes. En la oficina de Santiago Cafiero se
evalúa un borrador de posibles viajes al exterior que tendrían a
Francia como primer destino oficial del Jefe de Estado en el
exterior.
(
https://www.ambito.com/politica/davos/alberto-atiende-primera-cita-davos-y-envia-guzman-n5074834
)
Seguridad, Inteligencia y Represión social ...
El
25 de julio de 2004, Gustavo Beliz –cuya gestión en el Ministerio
de Justicia crujía por la actuación policial en una protesta–
supo protagonizar un momento sublime de la televisión argentina al
exhibir en el programa Hora
Clave una
fotografía de Stiuso.
Al tiempo se supo que esa joya
documental se la había proporcionado el comisario Jorge "Fino"
Palacios.
Aquel sujeto había sido echado
de la Policía Federal hacía apenas unos meses, después de que le
llegara al presidente Néstor Kirchner la grabación de un diálogo
entre él y un reducidor de vehículos vinculado al asesinato de Axel
Blumberg. En la cinta el Fino se muestra interesado en una camioneta.
Al tiempo se supo que esa joya
documental se la había proporcionado el espía Stiuso. No contento
con eso, filtró aquellas escuchas a la prensa en 2009 para así
malograr la designación de Palacios en la Metropolitana.
Cabe destacar que su gran encono
hacia el uniformado era una secuela del enfrentamiento que mantenía
con dos colegas suyos: los agentes Patricio Finnen y Alejandro
Brousson. Ellos eran aliados de Palacios en la pesquisa del atentado
a la mutual israelita. Porque desde el mismísimo 18 de julio de
1994, cuando la calle Pasteur aún se encontraba tapizada de
escombros, aquella investigación fue tablero para dirimir una vieja
interna en la Side.
Ellos –al igual que Stiuso–
eran allí parte de una capa geológica nacida durante la última
dictadura. Una generación de fisgones profesionales que se educó
bajo las reglas del terrorismo de Estado y que, con el paso del
tiempo, supo madurar al amparo de gobiernos democráticos.
Finnen se inició en la llamada
Base Billinghurst, bajo cuya ala estaba el centro de exterminio
Automotores Orletti. Brousson era un oficial del Ejército asimilado
a la Side luego de servir en el Batallón 601. Ya en los '90
lideraron la denominada "Sala Patria", un grupo de "La
Casa", cuya cueva secreta –todo el barrio lo sabía– se
encontraba en el cuarto piso del Edificio Barolo, sobre la Avenida de
Mayo. Eran los espías de cabecera del entonces "Señor 5",
Hugo Anzorreguy.
Bendecidos con poderes y
recursos presupuestarios sin límites, jamás imaginaron el
estrepitoso final de sus carreras. Eso pasó en 2001, a raíz de un
falso atentado contra Bill Clinton.
Aquella historia tuvo su origen
cuando el marido de Hillary, a poco de dejar la presidencia, viajaba
a Buenos Aires para un coloquio internacional. La dupla
Finnen-Brousson vio entonces la ocasión propicia para articular una
fina operación de inteligencia. Su objetivo: ganarse la confianza de
la CIA. Así fue como contrataron en la Triple Frontera a un soplón
paraguayo que antes había trabajado para los norteamericanos. A
cambio de un suculento fajo de billetes, concurrió a la Embajada de
los Estados Unidos en Asunción para informar que se preparaba un
complot en contra del ex mandatario. Al mismo tiempo, desde Buenos
Aires, Sala Patria irradiaba un informe idéntico. Los autores del
plan creían que ambas advertencias, llegadas en paralelo por vías
supuestamente distintas, encenderían todas las luces de Washington,
logrando así la estima de la central de inteligencia más poderosa
del mundo. Pero algo falló: los agentes criollos no habían previsto
que el paraguayo sería sometido en la Embajada al detector de
mentiras; el tipo terminó confesando que la Side le había pagado
para llevar el dato apócrifo. Y proporcionó la identidad de sus
empleadores. El escándalo fue mayúsculo. A partir de entonces,
Finnen y Brousson pasaron a integrar el ejército de desocupados.
La proeza de Sala Patria fue
haber manejado a su antojo la causa Amia en franca complicidad con el
juez federal Juan José Galeano, los fiscales Eamon Mullen y José
Barbaccia, además de Palacios. Y bajo una precisa directiva del
presidente Carlos Menem: no investigar la llamada "pista siria"
y concluir el caso lo más rápido posible.
Lo primero se tradujo en el
"extravío" de pruebas valiosas y en el aviso a los
sospechosos acerca de la inminente realización de procedimientos en
su contra. Lo segundo, en fabricar la "hipótesis" de la
"conexión local", una impostura que incluyó el arresto de
los policías bonaerenses y el pago de 400 mil dólares a Carlos
Telleldín para involucrarlos en su declaración. Semejante
estrategia contó con el apoyo de la Daia, liderada por Beraja.
Pero lo cierto es que la caída
en desgracia de esta gavilla de simuladores (al concluir el primer
juicio del caso) propició el irresistible ascenso de la línea
interna de la Side conocida como "Grupo Estados Unidos"
(por la calle en donde anidaba). Su jefe era Stiuso. A partir de
entonces él tomó las riendas del asunto.
Así fue el nacimiento de la
pista iraní. Una construcción hipotética a la medida de la CIA y
de la derecha israelí, que además contó con la adhesión de todos
los dirigentes comunitarios que condujeron la Daia desde la década
pasada hasta la actualidad.
Brousson murió súbitamente en
2007, tras perder un partido de tenis. Y Stiuso en la actualidad goza
de las mieles del retiro. Pero en la ex Side –hoy llamada AFI– el
baile continúa. «
Nuevos
jefes para las fuerzas federales de seguridad
La ministra de Seguridad Sabina
Frederic anunció el viernes que el comisario general Juan Carlos
Hernández fue designado como nuevo jefe de la Policía Federal, y
que el nuevo titular de la Gendarmería será el comandante general
Andrés Severino.
La ministra informó que promovió
al comisario mayor Hernández al grado de comisario general de la
Policía Federal y lo designó como jefe de dicha fuerza. Hasta el
momento se desempeñaba como jefe de la Dirección General de
Seguridad y había integrado la Superintendencia de Seguridad y
Custodia.
En tanto, el comisario mayor
Osvaldo Rubén Mato, hasta hoy a cargo del Cuerpo de Prevención
Barrial, fue promovido al grado de comisario general para ser
designado en el cargo de subjefe de la Policía Federal.
A su vez, en el cargo de la
Dirección Nacional de la Gendarmería Nacional asumió el comandante
general Severino, quien será secundado por el subdirector nacional
de esa fuerza, Javier Lapalma.
El prefecto general Mario Rubén
Farinón asumió como Prefecto Nacional Naval de la Prefectura Naval,
mientras que el prefecto general Jorge Raúl Bono fue designado como
subprefecto nacional Naval.
Por su parte, como director
nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue
designado el licenciado José Alejandro Glinski.
La Policía de la Ciudad de
Buenos Aires, una fuerza que todavía está integrada por 282
oficiales que cumplieron funciones en la dictadura cívico-militar,
fue responsable de la muerte de 43 personas, en hechos clásicos de
violencia institucional, a lo largo de 26 meses, sumando casos
ocurridos en 2017, 2018 y 2019. El dato figura en el informe dado a
conocer por la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la
Violencia Institucional de la Legislatura porteña, que corroboró
los datos con los últimos registros de la Coordinadora contra la
Represión Policial e Institucional (Correpi). El informe legislativo
denunció también una larga serie de hechos de represión y
persecución policial contra trabajadores, organizaciones políticas
y sociales, vecinos y estudiantes de la Ciudad gobernada por Horacio
Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio).
El informe anual, presentado por
segundo año consecutivo por la Comisión Especial, puso el eje en
“la criminalización de la protesta social, la persecución a
dirigentes y militantes políticos, sindicales, barriales y
estudiantiles, el hostigamiento a los trabajadores y trabajadoras
informales (vendedores ambulantes, entre otros), y el gatillo fácil
por parte de las fuerzas de seguridad a los y las jóvenes en los
barrios y asentamientos de la CABA”. Otro de los aspectos
analizados fue “el acoso policial a jóvenes en las escuelas y sus
inmediaciones”.
El informe completo, al que tuvo
acceso Página/12, fue presentado en diciembre por la titular de la
Comisión Especial, Myriam Bregman (PTS-FIT), junto con la presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (Frente de
Todos) y la directora de la Comisión Especial, la diputada del
PTS-FIT Alejandrina Barry.
Sobre los casos de gatillo fácil,
se precisó que las 43 muertes provocadas por la Policía de la
Ciudad en 26 meses representan casi “dos personas fallecidas cada
30 días”. A nivel nacional, durante los cuatro años de gobierno
de Mauricio Macri hubo “un muerto por responsabilidad de las
fuerzas represivas cada 21 horas”, de acuerdo con el citado
registro de Correpi. Las cifras, tanto a nivel de la Ciudad como de
la Nación, marcaron “un imponente salto represivo” sobre las
cifras registradas desde el retorno de la democracia en el año 1983,
dado que “se batieron todos los records” en materia de violencia
institucional. Datos parciales indican que desde el 10 de diciembre
de 2015 hasta los primeros meses de 2019, durante el gobierno de
Mauricio Macri, las fuerzas de seguridad todo el país produjeron
1303 muertes en 1159 días, a razón de un caso cada 21 horas.
El caso emblemático de la
violencia policial en la Ciudad fue el protagonizado por el policía
porteño Esteban Ramírez, de 42 años, quien mató de una patada en
el pecho a Jorge Martín Gómez, de 41, porque la víctima “obstruía
el tránsito” en Carlos Calvo al 2600, en el barrio de San
Cristóbal. El policía, que sigue bajo proceso, fue excarcelado. El
abogado de la familia, Ignacio Trimarco, además de apelar la
excarcelación, pidió que se investigue a Ramírez por el crimen y
por haber “entorpecido el proceso judicial y adulterado pruebas”.
Por esa razón, en una causa
paralela se investiga si hubo encubrimiento policial en el caso, por
parte de agentes y oficiales de la fuerza. Alejandrina Barry le dijo
a este diario que el gobierno de Rodríguez Larreta “nunca
respondió al pedido de informe que presentamos desde la
Legislatura”, a través de la Comisión Especial, integrada por
diputados de diferentes bancadas.
Uno de los primeros casos de
violencia institucional en 2019 se produjo el 15 de febrero, cuando
la Policía de la Ciudad reprimió con gas pimienta y balazos de goma
a los Feriantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que
habían convocado a “un feriazo” en Plaza Constitución y Plaza
Miserere. La represión fue para impedir que instalaran sus puestos
de venta.
Cinco días después ocurrió
otro tanto con trabajadores y trabajadoras de la cooperativa MadyGraf
cuando repartían gratuitamente cuadernos en Congreso como denuncia
de las irregularidades en la licitación de materiales escolares del
Ministerio de Educación de la Ciudad. Hubo cuatro detenidos. Fueron
golpeados trabajadores de prensa que cubrían la manifestación.
Otros casos similares fueron
citados en el informe:
* Represión con gases y golpes
contra trabajadoras y trabajadores de Coca-Cola.
* El lunes 11 de marzo, la
represión llegó al barrio de San Telmo, sobre los artesanos y
artesanas de la calle Defensa. La violencia policial recayó también
sobre turistas y transeúntes que recorrían la feria.
* El 22 de marzo, decenas de
policías amedrentaron a niños, niñas y maestras que realizaban una
actividad por el Día de la Memoria. Se alegó que hubo “una
denuncia anónima”, sin otra explicación.
* El sábado 23 con similares
excusas, la policía de la Ciudad irrumpió en un local céntrico del
PTS -FIT.
* En varias oportunidades fueron
reprimidos y perseguidos los trabajadores de la agencia de noticias
Télam, movilizados contra los despidos. Lo mismo ocurrió en otras
movilizaciones protagonizadas por trabajadores del Hotel Bauen,
Clarín, Centro Gallego, Línea 60, feriantes de la UTT, movimientos
sociales y de trabajadores y trabajadoras desocupadas, vecinos del
barrio Carlos Mugica, y estudiantes terciarios del Normal 1.
* En una conferencia de prensa
conjunta, los gremios docentes UTE y Ademys denunciaron ataques y
persecución a docentes por parte de la ministra de Educación
Soledad Acuña y del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Un total
de 24 docentes relataron la persecución recibida.
* La Defensoría General de la
Ciudad denunció casos de discriminación racial contra extranjeros
que trabajan en la vía pública. En más de la mitad de los hecho,
las víctimas (el 57,5 por ciento) fueron senegaleses que trabajan
como vendedores ambulantes. Las denuncias comenzaron en 2018 y
siguieron durante 2019.
* El periodista Martín Rodríguez
fue detenido por la Policía de la Ciudad por intentar mediar ante la
detención violenta de un joven por parte de ocho agentes que lo
acusaban de un supuesto hurto. Este tipo de situaciones se repitió
muchas veces a lo largo del período analizado.
La Comisión Especial denunció
la persecución y el maltrato sufrido por vecinas y vecinos de la
Villa 31 de Retiro que se opusieron a la aprobación del proyecto
oficialista que dispuso la venta de terrenos en el barrio Carlos
Mugica, como paso inicial de lo que fue denunciado como “un negocio
inmobiliario” promovido por el gobierno porteño.
Como parte del accionar represivo
y persecutorio de los grupos más vulnerables, se mencionó el
intento del gobierno de Rodríguez Larreta de desalojar a 106
familias que desde hace diez años viven en el emblemático edificio
ubicado en la calle Santa Cruz 140, en el barrio porteño de Parque
Patricios. El intento fue fallido por la resistencia de los vecinos,
con el apoyo de legisladores de la Ciudad y organizaciones sociales.
La Comisión se reunió con
personalidades locales, de Chile y de Bolivia, para denunciar el
golpe de Estado y los asesinatos y desapariciones ocurridos en el
país del Altiplano. Del mismo modo se repudiaron los hechos de
violencia cometidos en contra de los pueblos de Chile y Ecuador, en
el marco de una política global impulsada por Estados Unidos en la
región. Se consideró que el panorama general es coincidente con los
casos de violencia institucional cometidos por los agentes de la
Policía en la Ciudad de Buenos Aires.
El neoliberalismo, en tanto
primacía de lo financiero por encima de cualquier otro aspecto,
humano o económico, no puede desarrollarse sin un alto grado de
control y represión social. Mas cuándo no es un modelo elegido por
los ciudadanos sino impuesto desde los sectores internacionales que
se benefician con la globalización y la extranjerización de
producciones y moneda.
Democracia y neoliberalismo
constituyen un oxímoron solo sostenido desde la retórica y la
ideología de los medios de comunicación y los sectores que ejercen
así su poder, advirtiendo que cualquier intento por modificarlo
atenta contra la democracia … y en su nombre, se asesina, tortura,
veja, sabiendo que también la guerra, la seguridad y el control
social es un negocio altamente rentable.
Daniel Roberto Távora Mac
Cormack
Comentarios
Publicar un comentario