Domingo
26 de enero de 2020
Preocupada
por controlar la inflación, la Secretaria de Comercio divulgó una
aplicación para que los consumidores sigan de cerca la dispersión
de los precios y compren alimentos, teniendo como referencia los
precios acordados entre el gobierno y las empresas. A su vez, el
Presidente Alberto Fernández ha pedido a la población que “denuncie
a quienes aumenten los precios y rompan los acuerdos”.
Esta
semana se escucharon las voces de diversas organizaciones que nuclean
a comerciantes —Federación Argentina de Supermercados y
Autoservicios (FASA), supermercados provinciales y organizaciones de
almaceneros y autoservicios no incluidos en el programa de Precios
Cuidados—, denunciando subas de entre 10 y 21% en los precios de
productos incluidos en el programa de Precios Cuidados
(baenegocios.com, 21 1 2020). Paralelamente se concretaron las
primeras denuncias de desabastecimientos de cereales. El Centro de
Empresas Procesadoras de Avícolas (CEPA), conjuntamente con feedlots
y productores de cerdos de Entre Ríos y norte de la provincia de
Buenos, han alertado sobre faltantes de maíz y trigo. Sin embargo,
según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, todavía quedan
3.6 millones de toneladas de maíz del ciclo 2018/19 disponibles y en
manos de productores agropecuarios (lpo.com, 21 1 2020;
baengocios.com, 21 1 2020).
Estos
acontecimientos muestran uno de los flancos más vulnerables de la
política oficial: los acuerdos de precios.
La
posibilidad de un desmadre de la inflación, provocada por la
formación monopólica de precios en puntos neurálgicos de las
cadenas de valor, está a la orden del día. El complicado contexto
macroeconómico heredado contribuye a este desenlace. En efecto, el
gobierno se ha propuesto sustituir la especulación financiera por el
crecimiento de la producción e intenta disminuir gradualmente las
tasas de interés para facilitar el crédito, al mismo tiempo que
mantiene el cepo en el mercado de cambios oficial y evita que los
pesos que se emiten se vayan a la compra de dólares. Este cepo, sin
embargo, no logró impedir que la brecha cambiaria entre el dólar
oficial y los dólares bolsa (mep), contado con liqui (cll) y blue,
hayan crecido alegremente a lo largo del mes de enero, indicando una
tendencia a la dolarización. Al día jueves, la brecha entre el
dólar mayorista y el (cll) que utilizan las empresas para fugar
capitales al exterior superó todos los récords, llegando a 39.8%,
mientras la brecha entre el dólar bolsa y el mayorista fue de 35.8%.
El gobierno ha bajado la tasa de
interés de referencia en 13 puntos porcentuales desde que asumió.
Sin embargo no ha logrado abaratar el crédito a la producción y
erosionó la tasa de interés de los depósitos en pesos a plazo
fijo. Los bancos comerciales con mayor volumen de depósitos pagan
tasas a un promedio de 33% nominal anual por plazos fijos en pesos,
muy por debajo de la inflación esperada para los próximos doce
meses (banegocios.com, 23 1 2020). La respuesta de los bancos a la
caída de la tasa de interés de referencia de las LELIQs fue un
fuerte aumento de los pasivos remunerados vía colocaciones de pases
a un día. Esto llevó al BCRA a tomar nuevas medidas esta semana,
destinadas a desdoblar el mercado de LELIQs en plazos de 7 y 14 días,
con licitaciones a realizarse dos veces por semana en lugar de todos
los días y dando prioridad a los plazos mas largos. En ambos casos
se mantuvieron tasas de interés del 50%. A esto se sumó la baja a
partir del próximo lunes del monto de las colocaciones en pases por
1 día y la disminución de sus tasas de interés a niveles
cercanos a la mitad de los que rigieron esta semana.
Con estas medidas el BCRA intenta
profundizar la orientación de los excedentes monetarios hacia los
créditos a la producción. Sin embargo, persiste el riesgo de que
estos excedentes terminen impactando sobre el mercado de
cambios y sobre los precios. El aumento persistente de la brecha
cambiaria a lo largo del mes de enero y la falta de crédito, a pesar
de la sistemática baja de la tasa de interés, tienden a indicar la
existencia de una fuerte pulseada entre el gobierno y los bancos.
Estos no aceptan estos limites a sus ganancias especulativas y
parecen empeñados en emular las fabulosas rentas obtenidas a través
de los intereses de las LELIQs y pasivos remunerados colocados en el
BCRA tanto a lo largo del ultimo año como desde que asumió este
gobierno.
La incapacidad del gobierno de
doblegar rápidamente la resistencia de los bancos a políticas que
estos consideran perjudiciales a sus intereses, limita el control
oficial de la inflación a través de acuerdos con formadores de
precios en mercados altamente concentrados. Estos últimos han
demostrado en reiteradas ocasiones a lo largo de las ultimas décadas
que al fijar sus precios según la evolución del tipo de cambio
realizan ganancias extraordinarias. Pareciera que no están
dispuestos a perderlas.
La actividad especulativa en el
mercado de cambios ha sido alentada esta semana por la creciente
incertidumbre ante la reestructuración de la deuda externa
argentina, tanto nacional como de la provincia de Buenos Aires. El
Ministro de Economía envió al Congreso un proyecto de ley para la
“restauración de la sostenibilidad de la deuda publica externa”
y sostuvo en una conferencia de prensa “que hay voluntad de pago
pero… es fundamental que exista un alivio a la carga de deuda que
tiene el país”. Aclaró que la estrategia de la provincia de
Buenos Aires —postergar el pago del vencimiento del capital
mientras sigue pagando los intereses— fue consensuada con el
gobierno nacional y pidió a los bonistas buena voluntad para obtener
una solución ordenada que beneficie a todos (ámbito.com, 21 1
2020). En lo que respecta a la deuda en pesos, se mantendrá la
estrategia seguida el lunes de canjear títulos «reperfilados» por
casi 100.000 millones de pesos, por otros de mayor duración.
Los
acreedores de la deuda externa argentina son en su mayoría grandes
fondos de inversión. En otras notas hemos visto que, por sus
características intrínsecas, representan un riesgo sistémico de
tal magnitud que ha puesto recientemente en jaque al mercado
norteamericano de pases bancarios (repo)
y obligado a la Reserva Federal a inyectar liquidez en el mismo para
impedir una crisis. En estas circunstancias, un default argentino
puede convertirse en el cisne negro que provoque problemas
financieros imprevisibles. Esto brinda al gobierno capacidad de
maniobra en la reestructuración de la deuda externa.
La
economía argentina posiblemente sea impredecible: la evolución de
los precios, los salarios, las tarifas, el tipo de cambio y los
combustibles son algunas de las variables que más interrogantes
producen entre los economistas para los próximos meses. Pero la
principal incógnita al momento de elaborar los escenarios
macroeconómicos para fin de año es qué pasará con la
renegociación de la deuda externa.
Las
consultoras del mercado hacen algunas cuentas para calcular cómo
sería la renegociación. Uno de los estudios de mayor renombre de la
city, EcoGo de Marina Dal Poggetto, simuló cuatro posibilidades
de reestructuración. En esos escenarios calculó que el acuerdo
tendría una extensión de plazos del pago de capital de 5 años y un
período de gracia (no pago de los intereses) de dos años. El Estado
se ahorraría de pagar cerca de 30 mil millones de dólares hasta
2023.
En las simulaciones se computaron
distintas posibilidades respecto de si habrá o no una reducción en
el cupón de los bonos. En el escenario más optimista se consideró
que será del 10 por ciento y en el más pesimista se calculó que
será del 50 por ciento. Esto último implica que si un bono paga un
interés del 8 por ciento pasará a pagar el 4.
Las simulaciones incluyeron
también diferentes parámetros para la capitalización de los
intereses durante el período de gracia, mientras que el exit
yield (lo que va a rendir el bono reestructurado en el primer
día de cotización) estimado para los cuatro escenarios fue del 11
por ciento. Este porcentaje es el rendimiento que registran los bonos
en su primera cotización de mercado tras la renegociación.
Rango de quita
El resultado de la simulación de
los cuatro escenarios fue que la quita se ubicó entre 23 y 39 por
ciento. La cotización actual de los bonos por abajo del 50 por
ciento de la paridad muestra que los inversores siguen
sobrerreaccionando ante las pérdidas potenciales en una negociación.
El riesgo país de nuevo por encima de 2000 puntos no parece
razonable y tiene elementos puramente especulativos.
En las simulaciones del mercado,
la estimación del exit yield se usa para calcular el valor presente
de la nueva deuda (los pagos futuros renegociados se descuenta con
esta tasa). El valor presente de la deuda actual (pagos sin
reestructurar) también se calcula usando la misma tasa de descuento.
La diferencia entre ambos valores es una de las formas que usan los
analistas para medir la quita en una reestructuración.
En
una negociación consistente el exit yield podría ubicarse por
debajo de ese 11 por ciento utilizado en estas simulaciones del
mercado. En este caso las quitas para cada uno de los escenarios
serían todavía menores. Esta conclusión es resultado de una simple
cuenta: con tasa de descuento más baja, el valor presente de la
deuda reestructurada es más elevado y, por tanto, el nivel de la
quita es menor.
Coyuntura
El salto del riesgo país estos
días y la fuerte caída de los bonos parecen un elemento
especulativo y no necesariamente un fenómeno que se anticipa a los
resultados de la reestructuración. El principal elemento de
desestabilización la semana pasada se concentró en la deuda de la
provincia de Buenos Aires. El equipo económico provincial busca
estirar un pago de 250 millones de dólares hasta mayo. El mercado
tiene pocos días para decidir si acepta o no la propuesta y se
abrieron espacios para el regreso de la volatilidad.
Bancos
y fondos de inversión internacionales prestaron miles de millones de
dólares al gobierno nacional y a una decena de provincias en apenas
dos años. Lo hicieron, desde abril de 2016 (16,5 mil millones para
pagar a fondos buitre) a enero de 2018 (9 mil millones, la última
emisión en Wall Street), cobrando una tasa del 7 al 10 por ciento
anual, cuando el promedio era la mitad en otros países de la región
y del 2 por ciento anual en los desarrollados. Fue tan irresponsable
el acreedor, entregando dólares esperando cobrar una renta enorme,
como el deudor, recibiendo esos billetes comprometiéndose a pagar
una tasa elevadísima con una economía con crecimiento cero o en
recesión.
¿A quiénes se les debería
aplicar el moral hazard (riesgo moral) del más descabellado ciclo de
endeudamiento externo argentino, por magnitud e intensidad en el
breve lapso de dos años?
El
default virtual de la deuda que dejó el macrismo exige un debate más
amplio que reflexionar acerca de cómo administrar la pesada
herencia, otra más de un proyecto neoliberal que debe reparar un
gobierno de signo opuesto. Las cifras son contundentes del desastre
realizado en la administración de las finanzas públicas.
Hubo un aumento desproporcionado
de la deuda en términos absolutos y relativos. Los dólares
ingresados no fueron destinados a financiar el desarrollo económico,
impulsar inversiones productivas o proyectos de infraestructura. Sólo
sirvieron para facilitar la fuga de capitales y la especulación
financiera. También para tratar de controlar, sin éxito, el mercado
cambiario y para pagar vencimientos de deuda.
El debate debería incluir si
existe una sanción social a la impunidad y desvergüenza de quienes
lideraron ese endeudamiento, como la del ex ministro Nicolás Dujovne
que estando al frente de Hacienda no se inhibía de informar que gran
parte de su patrimonio lo tenía depositado en el exterior y ahora
veranea, según reveló el bisemanario Perfil, en los Alpes
franceses. El debate tiene que extenderse hacia quienes deben asumir
ahora el mayor costo de semejante incendio financiero.
Valorización financiera
Existen responsabilidades
políticas indudables del endeudamiento macrista. Hubo un ingreso
masivo de capitales externos vía deuda y fondos especulativos
incentivados a aprovechar negocios por una política económica
(monetaria y cambiaria) de apertura y desregulación absoluta.
Esos dólares alimentaron el
esquema de valorización financiera, basado en elevadísimas tasas de
interés locales, hasta que se agotó, para precipitar una veloz fuga
de capitales, dejando de ese modo tierra arrasada.
No ingresaron esos dólares para
financiar una política de inversiones, industrialización y
desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. El saldo fue el
previsible, teniendo en cuenta la experiencia anterior inaugurada en
1976, luego desplegada en los '90 y con la explosión final en el
2001: fulminante crisis del sector externo por la imposibilidad de
pagar la deuda debido, en gran medida, a la impresionante fuga de
capitales.
La valorización financiera pone
de relieve la centralidad de la especulación sobre la inversión
productiva. Es un proceso básico de ese modo de acumulación de
capital que termina en fuga por su propia naturaleza, porque lo que
domina es lo financiero y no lo productivo.
Después de quince años en que
el proceso económico reconoció a la economía real como su columna
vertebral dejando atrás a la valorización financiera, el gobierno
que asumió en diciembre de 2015 volvió a basarse en el
endeudamiento externo como la variable clave que le permitió
reeditar la valorización financiera, con una fase de valorización
interna del capital a través de la tasa de interés fijada por el
Banco Central y otra fase, necesariamente asociada, de fuga de
capitales.
Desde mediados de la década del
'70, la deuda dejó de ser un mecanismo para financiar una economía
con una estructura productiva desequilibrada, durante la segunda
etapa de sustitución de importaciones, para convertirse, a partir de
la última dictadura militar, en un vehículo de dominación del
capital financiero.
Restricciones
La deuda actúa como un
instrumento de sometimiento limitando la capacidad de funcionamiento
del Estado. Se requiere cada vez más deuda, a tasas cada vez más
elevadas, para conseguir refinanciar los vencimientos,
acentuando los condicionamientos externos e internos. Los sectores
que financian ese endeudamiento adquieren de ese modo más poder.
La restricción a las funciones
básicas del Estado por los fondos girados a pagar los intereses de
la deuda queda en evidencia con los datos fiscales 2019. El 20 por
ciento de los ingresos en el año estuvieron destinados a cancelar
intereses. Fueron 724.285 millones de pesos, un 86,2 por ciento más
que el año anterior. Este ahogo financiero limitó la posibilidad de
orientar recursos al resto de las áreas del sector público,
deteriorando toda la estructura estatal.
Con esa desarticulación
generalizada y desfinanciada se están encontrando los equipos del
gobierno de Fernández en cada espacio del Estado donde
desembarcaron.
Moral
Las declaraciones de Joseph
Stiglitz acerca de que los acreedores deberán prepararse a quitas
significativas fueron las que concentraron la atención de analistas
y financistas. Pero el premio Nobel de Economía y mentor del
ministro Martín Guzmán señaló también por qué debe haber
recortes. Dijo que los inversores deberían haber sabido en qué se
estaban metiendo cuando compraron bonos argentinos y que recibieron
tasas muy elevadas.
"Los prestamistas deberían
haber conocido el riesgo; es por eso que cobraron una tasa alta",
señaló Stiglitz, para indicar que los acreedores no deberían
"estar sorprendidos; probablemente no hicieron su tarea, pero
sabían que existía un riesgo".
Aquí aparece un aspecto que no
se limita a cuestiones financieras sobre quitas de capital, reducción
de la tasa de interés o la extensión de los plazos. Se trata de
definir qué grado de responsabilidad y cuál es el costo que
deberían asumir los protagonistas de este brutal ciclo de
endeudamiento. Es lo que se conoce en el mercado financiero como
"riesgo moral".
Este término se utiliza con
frecuencia al analizar los efectos negativos en el mercado de los
seguros. Se refiere a que cuando una persona contrata un seguro
aumentan las posibilidades de que ocurra un siniestro por el cual se
compró la protección porque el asegurado se siente menos
incentivado a adoptar medidas preventivas.
En el negocio financiero, el
riesgo moral es tanto del acreedor, por la disposición de entregar
préstamos sin considerar con rigurosidad la capacidad de repago,
como del deudor, por la ligereza en la administración de esos
recursos recibidos. Ambos comportamientos se verificaron en el
descabellado ciclo de endeudamiento macrista.
¿Cuál debería ser ahora el
castigo para uno y otro?
Para la economía endeudada, la
condena es la crisis con acelerado deterioro de la calidad de vida de
la mayoría de la población, y acumular un pasivo público que es
una pesadísima carga para cumplir con las funciones básicas del
Estado. Queda por determinar qué hacer con funcionarios que se
lanzaron a un endeudamiento salvaje que perdurará por años.
La traumática historia argentina
con la deuda permite abrir la posibilidad de avanzar con leyes o
incluso una disposición constitucional para precisar
responsabilidades políticas y personales y límites en la emisión
de deuda.
Para los acreedores, les
correspondería registrar una pérdida, o sea una quita del capital o
una fuerte reducción de la tasa de interés, que implicaría una
poda del valor presente de esa inversión.
Bombero
Otro aspecto a considerar es si
bancos y fondos de inversión internacionales han prestado con
imprudencia porque confiaban en que ante una eventual crisis externa,
el FMI aparecería como bombero para apagar el incendio.
Y eso ocurrió con la deuda
argentina emitida por el gobierno de Macri y suscripta con lujuria
financiera por los principales protagonistas de Wall Street.
Después de las debacles
económicas de mercados emergentes a partir de la mitad de la década
del '90, que tuvo el gran estallido en el 2001 con la convertibilidad
en Argentina, el Fondo Monetario quedó en el ojo de la tormenta como
responsable de haber financiado el derrumbe de esas economía, a la
vez que salvaba a bancos y fondos que prestaron alegremente a esas
economías.
La entonces subdirectora gerente
del FMI Anne Krueger, la figura fuerte del organismo por ser la
representante de Estados Unidos, afirmó, en noviembre de 2001, en un
discurso ante el National Economists' Club, del American Enterprise
Institute, de Washington, que “el riesgo moral sigue siendo motivo
de preocupación. Puede que las instituciones privadas se sientan
alentadas a prestar e invertir despreocupadamente, o al menos más de
lo que deberían, si piensan que el Fondo garantizará el reembolso
de sus deudas”.
Esa inquietud no avanzó en
modificaciones del comportamiento del FMI y quedó en discursos o en
documentos internos, como el elaborado por los economistas del
organismo Timothy Lane y Steven Phillips, en 2002, "Riesgo
moral: ¿alienta el financiamiento del FMI la imprudencia de
prestatarios y prestamistas?".
En la práctica, ya sea por
razones geopolíticas o para salvar a los acreedores privados de un
nuevo default argentino, la controversia acerca del "riesgo
moral" no la tuvo en cuenta el FMI de Christine Lagarde y
entregó el préstamo más grande de su historia al gobierno de
Macri.
El
argumento del Fondo para acorralar el postulado del "riesgo
moral", como el que destaca Stiglitz, es que el objetivo
principal de sus programas es limitar el costo económico total de
las crisis financieras.
Buenos Aires
La situación de la deuda
bonaerense incrementada durante la gestión de María Eugenia Vidal
encaja en el "riesgo moral" al cual hizo referencia
Stiglitz.
Un grupo de bancos y fondos de
inversión financiaron hasta un límite insostenible a una provincia
que no emite moneda ni consigue dólares de exportación, ambas
facultadas monopolizadas por la Nación. Fue una irresponsabilidad
emitir deuda en dólares, como lo hicieron también otras diez
provincias, como la de suscribir esos bonos por parte de grandes
inversores.
Si es grande o pequeño el
vencimiento de una porción del capital de un bono que la gobernación
de Axel Kicillof propuso postergar a mayo próximo no es lo más
relevante. La cuestión principal es que la deuda bonaerense, por
volumen y plazos de vencimientos, es impagable, y la responsabilidad
política no es de Kicillof, sino de Vidal y su ministro de Economía
Hernán Lacunza. Y la responsabilidad financiera es de quienes
prestaron dólares a una provincia. Aquí aparece el "riesgo
moral" de esta operación.
Se trata de una situación
estructural, no coyuntural de un vencimiento. La deuda bonaerense es
impagable. Más que una estrategia voluntaria, audaz o agresiva de
Kicillof, es el reconocimiento de una realidad. Es impagable la deuda
que dejó María Eugenia Vidal, como lo es también la que dejó
Mauricio Macri.
Es impagable por la concentración
de vencimientos en estos próximos cuatro años, por el incremento de
la deuda en dólares sobre el total, por la suba de la tasa de
interés, por la mayor carga del pago de intereses sobre los recursos
totales del fisco provincial, y por el mayor peso de la deuda sobre
la generación de riqueza provincial en un año, lo que se conoce
como el Producto Bruto Geográfico (PBG).
Los datos oficiales son
contundentes del desastre financiero de Vidal:
* La deuda de la provincia
subió de 9362 millones de dólares en diciembre de 2015 a 11.263
millones en 2019.
* La deuda en moneda
extranjera creció del 57 al 82 por ciento del total. Medida en
pesos, el stock global se multiplicó por cinco.
* La deuda en relación al
PBG aumentó del 6 a casi el 10 por ciento. También creció la
relación entre deuda y recursos totales, al pasar de 44 a 80 por
ciento.
* La porción del
presupuesto provincial destinado a pagar los intereses subió de 8 a
poco más de 15 por ciento.
* Los vencimientos se
concentran en los cuatro años del mandato de Kicillof. Cuando asumió
Vidal tenía que afrontar vencimientos por 5400 millones de dólares
durante todo su mandato, mientras que en el período 2019-2023 suman
8800 millones.
* Los plazos de la deuda se
acortaron: en 2015, el promedio era de 5,5 años, mientras que ahora
bajó a solo 3,5.
La política de endeudamiento de
Vidal-Lacunza se resume del siguiente modo: mucha más deuda, más
cara, en dólares y vencimientos más cortos que recaen en la actual
gestión.
Estructural
Como se mencionó, el problema de
la deuda es estructural, no coyuntural de un vencimiento. No se
soluciona con que la Nación disponga de un salvataje de Buenos
Aires por un vencimiento, puesto que existen otras diez provincias
que también tienen un elevado endeudamiento en dólares. Los
financistas siempre han especulado con que la Nación actuaría con
los estados subnacionales como el FMI con el país, salvando el
"riesgo moral" de operaciones financieras ruinosas.
Sería una medida que debilitaría
la posición del gobierno de Alberto Fernández en la negociación
con los acreedores privados. Si la Nación tiene dólares para
auxiliar a una provincia significaría que tiene recursos disponibles
y, por lo tanto, perdería fuerza la estrategia de renegociar las
condiciones de la deuda con una quita.
Para defender la gestión
bonaerense de Vidal, Lacunza utilizó su cuenta de Twitter
escribiendo que la provincia había recuperado el crédito a fin de
2015 y que se terminó perdiendo después de las elecciones PASO. Eso
no es así. A mediados de 2018, cuando el macrismo parecía que era
imbatible en elecciones, ya había perdido el crédito internacional.
Por ese motivo apareció el FMI.
Lacunza no tiene pudor de
reescribir la historia de su fracaso, que tuvo como hito defaultear
la deuda nacional en peso. Después de semejante desatino se
recomendaría un poco de prudencia pero, se sabe, que la grey de
economistas del establishment esta bañada de impunidad.
La realidad es que se está
blanqueando el default virtual, que irrumpió cuando el gobierno de
Macri corrió desesperado a los brazos del FMI para conseguir un
préstamo récord para pagar las deudas.
La deuda, incluso con una
refinanciación exitosa, será un potente condicionante, más aún
cuando los inmensos compromisos con el FMI se extenderán por varios
años. Los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof tendrán
que lidiar con esa carga y, a la vez, conseguir acomodar la economía
en un sendero de crecimiento sostenido. No será una tarea sencilla.
La
Cámara de Diputados volverá a la actividad esta semana con el
tratamiento de la ley enviada por el Poder Ejecutivo para la
renegociación de la deuda externa, proyecto que se votará el
miércoles en el recinto, un día después de que funcionarios del
Ministerio de Economía concurran al Congreso para defender la
iniciativa y para responder preguntas de los legisladores.
El miércoles será la primera
sesión del año, en el marco del período de sesiones
extraordinarias: en el temario también está previsto que se incluya
el proyecto de Consenso Fiscal que ya tiene media sanción del
Senado.
Los
funcionarios de la cartera de Martín Guzmán, quien no será de la
partida ya que se encuentra de viaje oficial en el exterior, acudirán
el martes al plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Finanzas, que se reunirán para dar dictamen al proyecto de ley de
Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa.
El oficialismo admite que no
logrará la aprobación por unanimidad pero confía en obtener una
diferencia holgada que le asegure una media sanción cómoda, y así
tener lista la media sanción para tratar el miércoles siguiente en
el recinto del Senado.
Para
que la iniciativa tenga dictamen en Diputados habrá que dar un paso
previo el próximo martes a las 11 con la constitución de la
comisión de Finanzas, que estará a cargo de la diputada
kirchnerista del Frente de Todos Fernanda
Vallejos.
Media
hora después se reunirá brevemente la comisión de Presupuesto y
Hacienda para que al frente de la misma asuma el economista Carlos
Heller
(Frente de Todos), en reemplazo del neuquino Darío
Martínez.
La
idea original del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio
Massa,
era sesionar en la segunda y la cuarta semana de enero pero después
de varias idas y vueltas, y ante la imposibilidad de reunir a los
legisladores en pleno receso estival, la actividad en extraordinarias
se pospuso para la última semana del mes.
Los
acreedores de la provincia de Buenos Aires, muchos de los cuales lo
son también del gobierno nacional, están divididos en relación a
la respuesta a dar a la propuesta del gobernador Axel Kicillof.
Mientras que una cantidad de ellos ya aceptó postergar el cobro del
capital del bono BP21 que vence hoy, otro grupo se opone y no dará
su aval.
Ambos
extremos están atrayendo a otros tenedores de bonos que todavía no
han tomado posición. Por ahora, según pudo saber este diario, el
planteo de aceptar la propuesta bonaerense es mayoritario pero está
lejos del 75% de voluntades necesario para que prospere. Pero cuenta
a su favor con el visto bueno de los grandes fondos.
La postergación de la fecha
límite para que los acreedores acepten la propuesta, ahora
establecida para el 5 de febrero, fue la manera que encontró el
gobierno provincial para darle más tiempo al sector favorable de los
bonistas a fin de que termine de ganar la pulseada y consiga sumar
los tres cuartos del total de los bonistas.
Los acreedores de la deuda
bonaerense están íntimamente ligados a los de la deuda nacional.
Los grandes fondos de inversión y especulativos, del tipo de
Fidelity, BlackRock y Gramercy, son tenedores de bonos de deuda de
ambos gobiernos. Este grupo sabe que un default de la deuda
bonaerense provocará un fuerte golpe en la deuda nacional, al punto
que podría paralizar las negociaciones. Y el objetivo central de
ellos es cerrar un acuerdo por la deuda nacional que les permita
rescatar bonos que cotizan al 40% de su valor original y relanzar un
nuevo ciclo de negocios financieros en el país.
Es una cuestión de peso: la
deuda nacional a restructurar es 25 veces superior a la de las
provincias, incluida Buenos Aires.
Los
10 días que restan para que se cumpla ese plazo estarán marcados
por varios hechos, el primero de ellos es el viaje que realizará
mañana el ministro de Economía, Martín Guzmán, a Estados Unidos,
de donde emprenderá el regreso el martes. Una fuente del Palacio de
Hacienda confirmó a Tiempo
que Guzmán tiene en agenda encuentros con Luis Cubeddu, el
venezolano que en el Fondo Monetario está a cargo del caso
argentino, y con funcionarios del Tesoro de EE UU. Antes, Guzmán
participará de un desayuno en el Council of the Americas, que dirige
Susan Segal, en donde se cruzará con inversores.
La importancia de este viaje
estriba en que será el primero de Guzmán como ministro a cargo de
la renegociación de la deuda nacional. Si bien el representante
argentino ante el FMI, Sergio Chodos, ya se encuentra en funciones en
Washington, la presencia de Guzmán en Nueva York pone de relieve que
las partes comienzan a acercar posiciones más elaboradas en función
de la renegociación global de la deuda argentina, que incluye a los
acreedores privados, a la bonaerense y, desde ya, a la que tiene el
propio FMI en su poder.
"Van a hablar de la macro
argentina y de la deuda", agregó la fuente oficial.
El 5 de febrero –el mismo día
que vence el último plazo para que los acreedores digan si aceptan
la prórroga del cobro del capital del BP21- Guzmán será parte de
un encuentro sobre economía en el Vaticano, en el que también
participará Kristalina Georgieva, la jefa del FMI.
Movimientos
El gobierno bonaerense debería
comenzar a depositar los US$ 27 millones, correspondientes a los
intereses del BP21, hoy mismo. En La Plata especulan con que ello
será visto como una demostración de la voluntad de pago que ya fue
verbalizada por Kicillof a lo largo de los últimos 15 días, aunque
haya habido cuestionamientos a esa voluntad por parte de algunos
bonistas para los cuales el pago de US$ 250 millones no puede ser un
problema frente a una deuda de más de US$ 100 mil millones de bonos
emitidos con legislación en el exterior -como el BP21- a renegociar.
Una de las personas que podría
cruzarse con Guzmán en Nueva York es Marcelo Delmar, directivo de la
consultora Mens Sana, y abocado desde el año pasado a aglutinar a
los acredores de la provincia de Buenos Aires. Delmar viajó hace 10
días a Nueva York para contactar a esos acreedores.
Mens Sana divulgó la carta dos
semanas atrás en la que aseguraba querer negociar "de buena fe"
y se quejaban del poco plazo otorgado por la provincia para aceptar o
rechazar la propuesta. Este punto estaría saldado con el
estiramiento del tiempo de decisión hasta el 5 de febrero. El otro
reclamo, la falta de un plan oficial para hacer frente a futuros
pagos de la deuda quedará para más adelante.
"Ese
esquema es el mismo que plantea la Nación: el acuerdo de la deuda es
previo a la elaboración de un plan económico. Es extraño porque
los bonistas plantean lo contrario, primero el plan y luego la
reestructuración", señaló a Tiempo
un operador que asegura conocer el pensamiento de los acreedores del
exterior.
En cambio, el economista Rodrigo
Álvarez consideró que "la estrategia de la provincia está
bien encaminada, lógica, desde el punto de vista de posponer pagos y
comprar tiempo ya que primero tiene que esperar a que reestructure
Nación, para luego salir a colocar deuda en mejores condiciones, a
tasas más bajas".
Otro que se mueve en el mismo
sentido que Delmar es el abogado Dennis Hranitzky, un ex colaborador
de Paul Singer durante el juicio del fondo buitre Elliott contra la
Argentina, quien juntó a unos 20 fondos de inversión con títulos
de deuda de los canjes de 2005 y 2010, según consignó la agencia
Bloomberg.
Sin
quita
La propuesta bonaerense cuenta
con guiños favorables en otros ámbitos. Por caso, en el ambiente
financiero se comenta la posición adoptada por las calificadoras de
riesgo, para las cuales aun no hay motivo para bajar el nivel de la
deuda bonaerense.
Por caso, Moody´s tiene en
revisión negativa a la deuda bonaerense desde septiembre pasado,
cuando emitió un duro documento que golpeó a la entonces
gobernadora María Eugenia Vidal. En aquel momento, Moody's señaló
que "la provincia de Buenos Aires afronta desafíos importantes
para lo que resta de 2019 y 2020 debido a su elevada exposición a la
deuda en moneda extranjera, un perfil de vencimientos desafiante y
una base económica debilitada".
En ese contexto, la calificadora
consideró que "las calificaciones de la Provincia de Buenos
Aires (Caa2, bajo revisión para bajar de categoría) no se ven
afectadas por el anuncio de la Provincia".
La posición de la calificadora
sugiere que puede haber un final positivo para el pedido de
postergación del pago del capital aun sin haber presentado ningún
programa económico que le dé a los acreedores certezas de pago a
futuro.
Mientras Guzmán verá en Nueva
York a algunos inversores, el ministro de Economía de Buenos Aires,
Pablo López, mantiene contactos desde La Plata. "Él está
hablando con los acreedores, con los dueños de los bonos", dijo
Kicillof.
El pago de un vencimiento de un
bono bonaerense por US$ 250 millones se convirtió, así, en la
primera batalla por la renegociación de la deuda. El resultado aun
no está cantado. «
Guiño
de EE UU con las tarifa
El gobierno de Donald Trump anunció ayer que excluyó a la Argentina de una extensión de las tarifas al acero y el aluminio.
El gobierno de Donald Trump anunció ayer que excluyó a la Argentina de una extensión de las tarifas al acero y el aluminio.
Las nuevas tarifas, de entre el
10 y el 25%, aplicará a las importaciones de clavos, grapas, cables
eléctricos y algunas piezas que forman parte de automóviles y
tractores, entre otros productos.
Argentina, Australia, Canadá y
México quedaron exentos de los aranceles adicionales de aluminio. En
cuanto a las tarifas de acero, se permitieron exenciones para Brasil,
Argentina, Canadá, Australia, México y Corea del Sur.
Cabe recordar que a pesar de la
amenaza de Trump efectuada a fines del año pasado, aun no se aplican
aranceles a las importaciones de acero argentino.
Hace dos años, la administración
Trump impuso tarifas a las importaciones de acero y aluminio por
razones de "seguridad nacional".
(
https://www.tiempoar.com.ar/nota/la-division-entre-los-bonistas-favorece-la-propuesta-de-kicillof
)
En
el Blog del FMI, Kristalina Georgieva escribe: “En la última
década, la desigualdad se ha convertido en uno de los problemas más
complejos y desconcertantes de la economía mundial.”[FMI.
El Blog del Fondo. “Reducir la desigualdad para generar
oportunidades” del 07/01/2020, en:
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=12536
(consultado el 19/01/2020)]
Resulta interesante que la Jefa
del organismo mundial aluda al “desconcierto”, cuando uno de los
“best sellers” de la literatura económica contemporánea remite
precisamente al asunto tras considerar 150 años de capitalismo.
Aludo al francés Thomas Piketty y su “Capital del Siglo XXI” del
2013 y más recientemente “Capital e Ideología” de 2019, que más
allá de consideraciones teóricas aborda innumerables datos sobre la
desigualdad construida históricamente bajo el capitalismo.
La titular del FMI, entre las
políticas propuestas para superar la desigualdad, sugiere
concentrarse en tres aspectos.
El primero remite a una
“tributación progresiva”, que podríamos definir en el sentido
de que tributen los que más tienen, los que más acumulan; a
contramano de la lógica liberalizadora hegemónica de los sistemas
tributarios de los últimos años, especialmente en EEUU. ¿Qué
piensa al respecto el socio mayoritario del FMI? Con Trump bajaron
los impuestos a la renta y los beneficios, especialmente del sector
más concentrado. Existe una fuerte presión de la corriente
principal de política económica por bajar impuestos con la lógica
de mejorar las perspectivas de inversión, declinante en la coyuntura
de la economía mundial. ¿Un nuevo rumbo del FMI? No lo parece, pero
en el discurso sugiere empatía con neo-desarrollistas, entre ellos
los Nobel Joseph Stiglitz (2001) o Paul Krugman (2008) y por cierto
con el Jefe del Vaticano, el Papa Francisco.
Sostiene en segundo lugar la
necesidad de apuntalar el “gasto social”, lo que podría leerse a
contramano de las políticas de “ajuste” incluidas en sus
históricas recomendaciones de política económica. Especial
atención les dedica a los rubros de salud y educación, en lo que
podría inferirse una extensión al “derecho a la educación o a la
salud”, que poco tiene que ver con la realidad de los acuerdos de
préstamos realizados, entre ellos el suscripto por la Argentina en
2018 que busca achicar el gasto público social.
Finalmente, sustenta en tercer
lugar “reformas de la estructura de la economía podrían respaldar
aún más la lucha contra la desigualdad al reducir los costos de
ajuste, minimizar las disparidades regionales y preparar a los
trabajadores para que cubran el creciente número de plazas de
trabajo en el sector verde”, lo que suena a “promoción de la
ecología”, y en rigor es la forma diplomática para sugerir las
reaccionarias reformas laborales y previsionales, condición esencial
en el préstamo por 57.000 millones de dólares a la Argentina, de
los cuales se liquidaron poco más de 44.000 millones y que ahora se
negocian sus vencimientos.
Diez
días después vuelve la Georgieva sobre el tema de la “desigualdad”
y lo hace en su primer discurso del 2020 difundido en el sitio del
FMI.[FMI.
El sector financiero en la década de 2020: construyendo un sistema
más inclusivo en la nueva década Por Kristalina Georgieva,
Directora Gerente, Instituto Peterson para la Economía Internacional
del FMI , Washington, DC,17 de enero de 2020, en:
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/01/17/sp01172019-the-financial-sector-in-the-2020s
(consultado el 19/01/2019)]
Allí señala “Si tuviera que identificar un tema al comienzo de la
nueva década, aumentaría la incertidumbre” y para ejemplificar
destaca “los incendios forestales en Australia, asociados al cambio
climático”; el “conflicto en Medio Oriente” y el acuerdo para
“sanar las fracturas” de la guerra comercial entre EEUU y China.
Claro que nada se deduce en el discurso de la titular del Fondo que
el problema no es el clima, sino el modelo productivo capitalista que
destruye la Naturaleza y la vida; la unilateralidad de la política
exterior de EEUU que actúa militarmente y con sanciones donde quiera
sin ninguna capacidad del sistema mundial para frenarlo; y mucho
menos que lo que está en juego es la hegemonía del poder
capitalista global, que se dirime en lo fenoménico como guerra
comercial.
Sostiene Kristalina que es “un
motor particular de incertidumbre: la desigualdad”. En este sentido
destaca que, junto a lo fiscal, importa el sector financiero y se
concentra en el tema para aportar soluciones a la deriva actual de la
economía mundial. Lo hace remitiendo el análisis a un siglo atrás.
Recuerda el auge de la década del 20 del Siglo pasado, antesala del
crack del 30, intentando reflexionar en esta década del 20, que
anuncia una recidiva de la crisis estadounidense del 2001 y su efecto
en los créditos tóxicos que derivaron en la situación del
2007-2009, con gran recesión, de la que aún no despega el sistema
mundial. Agrega la funcionaria que a diferencia con lo acontecido
hace un siglo, ahora sumamos el problema del “cambio climático”.
Resulta curioso que apunte a las
cuestiones financieras para atender los problemas de la incertidumbre
derivada de la desigualdad, que dice “Puede alimentar el populismo
y la agitación política”. Queda claro que al FMI le preocupa el
estado de rebelión en Francia, en Chile o Colombia, por destacar los
más visibles en estos días; o la tendencia creciente a cuestionar
el discurso hegemónico “liberalizador” sustentado por los
denominados neoliberales.
Previo a ello señala que “En
el Reino Unido, por ejemplo, el 10 por ciento superior ahora controla
casi tanta riqueza como el 50 por ciento inferior. Esta situación se
refleja en gran parte de la OCDE, donde la desigualdad de ingresos y
riqueza ha alcanzado o está cerca de niveles récord.”
Es evidente el tema de la
desigualdad, que se verifica en el sistema mundial entre países,
pero también al interior de cada país y que trasciende la cuestión
del ingreso y la riqueza para abarcar los problemas de la
discriminación por género, diversidad y diferencias; el racismo y
la discriminación hacia pueblos originarios, entre muchos mecanismos
de desigualdad política y social en la vida cotidiana de los
pueblos.
¿Qué
esperar del FMI?
El FMI se construyó en 1944 como
buque insignia del orden mundial emergente al final de la segunda
guerra mundial. La hegemonía en su seno estuvo siempre en cabeza de
EEUU, único socio con capacidad de veto por imperio de las cuotas,
el 16,5%, cuando se requiere el 85% de los votos para asegurar una
decisión. Sin EEUU es imposible resolver algo en el FMI.
Los prestamos actuales del FMI se
orientan a países dependientes con problemas, entre ellos Argentina,
Grecia o Egipto. No aparecen en la agenda de “asistencia
financiera” ni EEUU ni China y menos interviene en la disputa
comercial, tecnológica o de comunicaciones entre ellos; menos Europa
o Japón. El FMI reconoce que la desaceleración de la economía
mundial radica principalmente en la baja performance de EEUU, Europa
y Japón; que no es mayor, como reconocen, por el crecimiento de los
“emergentes”, entre ellos China y la India.
La cartera concentrada del FMI
define que sus tareas no son hoy el sistema mundial, sino la de
generar las condiciones de sustentabilidad de la política demandada
por el capital transnacional y los principales Estados del
capitalismo mundial.
Hace unos años, la atención del
mundo estuvo concentrada en el “salvataje” de Grecia con la
asistencia del Fondo, que solo sirvió para deteriorar las
condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores. Lo mismo
acontece con la Argentina, con el agravante que la asistencia
financiera en este caso se hizo para perpetuar en el gobierno una
política amigable a las transnacionales y a la política exterior
estadounidense, especialmente en la región nuestramericana. La
responsable del préstamo hoy dirige el Banco Central Europeo, la
francesa Christine Lagarde y la nueva titular del FMI emite mensajes
negociadores para con la Argentina, porque sabe que si endurece su
posición puede inducir “populismo y agitación política”, que
mejor traducido es “resistencia a las políticas del poder
concentrado del capitalismo contemporáneo”.
Quizá valga la pena alimentar el
temor que tiene el poder a la “agitación”, como vemos en la
represión chilena, colombiana, ecuatoriana, haitiana, francesa y en
cualquier territorio en que los pueblos explicitan su descontento con
el efecto desigualdad, sí, pero también con las políticas
depredadoras, como el fracking y que el pueblo mendocino puso en su
lugar, o las luchas francesas que congelaron, por ahora, la
reaccionaria reforma previsional de Macron. En Argentina existió una
postergación de la protesta ante el privilegio del acontecimiento
electoral, con expectativas de desandar la política anti popular de
Macri. Esas expectativas tienen plazo, más aún con una inflación
del 2019 del 53,8% y con arrastre sobre el 2020, lo que impacta en la
capacidad de satisfacer necesidades de la mayoría empobrecida de la
población. La pérdida de ingresos populares puede disparar la
conflictividad ante ausencia de soluciones perentorias.
Para el caso argentino puede
entenderse la negociación con los acreedores o el FMI, como forma de
ganar tiempo, pero mientras deben suspenderse los pagos de la deuda,
investigarla y utilizar esos recursos para un programa sin
condicionamientos. Qué habrá boicot del poder económico está
descontado, pero las condiciones actuales de la economía mundial no
aseguran un tiempo de prosperidad, ni inmediata ni mediata. El
horizonte es de incertidumbre y de desorden, con beligerancia del
poder mundial, que se verifica en la unilateralidad del accionar
estadounidense en materia militar o en sanciones económicas, en
cualquier territorio del sistema mundial.
Al discurso del FMI no se le
puede pedir una crítica al capitalismo, y mucho menos al mandamás
estadounidense; pero para pensar los problemas de los pueblos se
requiere ir a fondo en contra y más allá del orden del capital, en
actuar y construir la transición del capitalismo hacia otra
sociedad, que definimos en el socialismo aún con las experiencias
fallidas en su nombre, que claro, han tenido al poder en toda su
dimensión para obstaculizarlo, tal como ocurre en el presente con
cualquier formulación de rumbo anti capitalista.
Entre
limites extranjeros y restricciones externas, el país se ve
condicionado desde fuera y desde dentro por los mismos que
contrajeron deuda y la fugaron a sus casas matrices. Socios
extranjeros o cuentas personales o corporativas que intentan sostener
ganancias especulativas o intereses suculentos del resultado de la
explotación de recursos argentinos y de trabajo argentino que ve así
como aquello que debería ser recursos para el mejor vivir de los
compatriotas, solo ayuda a concentrar y beneficiar a pequeños grupos
que, con o sin pasaporte nacional, no piensan mas que en sus
beneficios corporativos o sus privilegios de élite.
Daniel
Roberto Távora Mac Cormack
Comentarios
Publicar un comentario