Lunes 27 de enero de 2020

Algunos economistas de lo que en términos generales se denomina, en sentido amplio, el campo “nacional-popular”, por oposición a la ortodoxia neoliberal que se enseña en las carreras de grado de la mayoría de las universidades, señalan en las charlas informales una presunta “tibieza” del gobierno para volver a poner en marcha la economía.

El debate empieza por la política y desemboca en la cuestión fiscal. El argumento político es el más conocido. Repite la idea del giro “hacia el centro” implícito en la renuncia de CFK a la candidatura presidencial y la elección del moderado Alberto Fernández.

No es un argumento nuevo y es fácil concluir que la elección fue una adaptación a las relaciones de poder realmente existentes. Fue también la fórmula política que encontró el kirchnerismo, la rama mayoritaria del peronismo, para reunificar al movimiento e intentar romper la polarización extrema alentada por el macrismo durante cuatro años.

Hoy es un hecho consumado que la jugada fue un éxito. También que el gabinete de Alberto Fernández, quizá con la excepción fuerte de Economía, es la contracara del de Mauricio Macri, un giro de 180 grados en casi todas las políticas. En esta línea son un dato en sí mismo los nombramientos en la vicepresidencia y el directorio del Banco Central de economistas notablemente comprometidos con el desarrollo, otro giro copernicano respecto de las tradicionales elecciones de profesionales patrocinados por el mundo de las finanzas.

Las señales alentadoras abundan. Existen los sapos, imposible negarlo. Es el costo de la unidad en la diversidad. Decepciona que se hayan colado en la administración pública muchos personajes que coquetearon con el macrismo o que entre 2016 y 2019 mostraron un comportamiento por lo menos ambiguo. Sin embargo, también reconforta ver ocupando los espacios de mayor relevancia del nuevo gobierno a una abrumadora mayoría de figuras que lucharon contra el régimen precedente, de reconocido compromiso ideológico con el campo nacional-popular y con dilatada experiencia en el sector público. Hace tan sólo un año el actual gabinete era inimaginable.

El debate fiscal es menos conocido. Hay cuestiones que en el marco de la disputa electoral eran difíciles de plantear. Por ejemplo, la propuesta económica presentada por el actual gobierno enfatizaba demasiados axiomas de la ortodoxia, entre ellos los míticos superávits gemelos.

La macroeconomía no es como la contabilidad privada, déficits y superávits, internos y externos, presupuestarios y de la cuenta corriente del balance de pagos, antes que objetivos en sí mismos son el resultado de otros procesos económicos. 

Por ejemplo, el superávit fiscal suele ser históricamente un resultado de la expansión del Producto antes que del aumento de las alícuotas impositivas. Nunca lo es, en cambio, de la reducción del gasto, que al hacer caer la demanda, hace caer la economía y con ella la recaudación. 

Otro ejemplo, hoy existe superávit comercial y es posible que se mantenga durante todo 2020, pero no se trata de un proceso virtuoso de sustitución de importaciones y aumento de las exportaciones, sino principalmente del efecto de la caída de las importaciones como consecuencia de la recesión económica.

De lo expuesto se deduce que el proceso real que provoca los déficits o superávits se relaciona fundamentalmente con la evolución del PIB, a su vez el verdadero objetivo de la buena política macroeconómica. El PIB crece si el Estado es capaz de cumplir con su tarea de movilizar los recursos sociales. No se crece bajando impuestos ni teniendo, en general, “políticas amistosas con los mercados”, sino creando demanda.

El Estado crea demanda directamente cuando gasta o cuando indirectamente induce al sector privado a gastar. También las exportaciones crean demanda, pero su volumen por el lado de la oferta sólo puede variar en el mediano plazo y es, a la vez, dependiente de la demanda mundial. Lo que el Estado sí puede movilizar en forma instantánea y a voluntad es el Gasto y la Inversión Pública más el consumo privado, del que a la vez depende la inversión privada.

El debate “heterodoxo” del presente sostiene que la inyección de fondos por abajo cobrando más impuestos por arriba, si bien avanza en la dirección correcta, no tendría la fuerza suficiente como para que en 2020 se consiga salir de la recesión poniendo en marcha todos los recursos de capital y trabajo actualmente ociosos. No se trata de ninguna novedad teórica, de las recesiones se sale gastando lo suficiente, lo que pone en marcha el efecto multiplicador sobre el conjunto de la actividad. Sin embargo, el impacto en la demanda agregada de los nuevos gastos se encontraría por ahora muy por debajo del nivel necesario para que la economía se recupere en 2020.

En este punto entra otro concepto clave: los “grados de libertad” para hacer política económica. La herencia macrista no fue sólo la profunda recesión, con destrucción de activos, sino algo mucho peor, el megaendeudamiento y su contrapartida de salida de capitales. 

El volumen de los pasivos públicos en divisas y la necesidad inevitable de refinanciarlos constituye la principal restricción a los grados de libertad de la política económica. Supóngase que el Ministerio de Economía no creyese en el fiscalismo que declama, que se tratase sólo de un posicionamiento discursivo para satisfacer las demandas del FMI cuya voluntad podría ser clave en una renegociación no traumática de la deuda. En consecuencia podría decidir políticas monetarias y fiscales expansivas hasta los niveles realmente necesarios para salir de la recesión. Pero entonces, el problema sería que el crecimiento resultante pondría en marcha primero la puja distributiva por el nivel de los precios básicos de la economía y, en paralelo, también provocaría que las importaciones crezcan más rápido que las exportaciones y la economía se quede sin dólares. El resultado sería un parate de la actividad en un nuevo contexto de inestabilidad macroeconómica. De lo expuesto surge que todo el programa económico se encuentra inevitablemente supeditado a la renegociación de la megadeuda macrista, es decir a los dólares disponibles en el corto plazo.

La velocidad de la expansión del PIB depende de la disponibilidad de divisas.

Para el ínterin, sin embargo, existen alternativas. Así como en determinado momento los gobiernos kirchneristas se dieron cuenta de la necesidad de recuperar los fondos previsionales o el control estratégico del sector hidrocarburífero, hoy ayudaría recuperar el control de todos los precios básicos de la economía, en particular los precios de las tarifas y combustibles, un proceso inseparable de la recuperación de la propiedad estatal de todas las empresas proveedoras de servicios públicos.

En otras palabras, revertir los cambios estructurales promovidos por el Consenso de Washington y consolidados a partir de los años 90. De nuevo, si el objetivo es desarrollar la economía, controlar los precios básicos, potencia los grados de libertad o autonomía de la política económica.

( https://www.pagina12.com.ar/243694-tiene-alberto-fernandez-grados-de-libertad-para-su-politica- )

Argentina se caracterizó históricamente por ser un país con altos niveles inflacionarios, lo cual repercute en el precio de los alimentos.

Éste se conforma mediante su cadena de valor, que es un conjunto de eslabones que representan los procesos que permiten la llegada del alimento al consumidor final. La presente revisión bibliográfica tiene como objetivo estudiar las cadenas productivas de los principales grupos de alimentos con demanda inelástica (La demanda inelástica se define cuando la elasticidad precio es menor a 1, es decir, la variación en la cantidad demandada es menor a la variación en el precio.) consumidos por la población argentina, como carnes, trigo y sus derivados, hortalizas, frutas, leche y huevo para así poder determinar aquellos factores que inciden en su precio final.

El precio de un alimento se conforma mediante su cadena de valor, que es un conjunto de eslabones que representan los procesos que permiten, a partir de la producción de materia prima y su posterior transformación en productos alimenticios concretos, llegar al consumidor final. Resulta fundamental comprender el funcionamiento de estas cadenas en nuestro país y cómo se forman los precios ya que, la manera en que se producen, industrializan, distribuyen y comercializan los alimentos tienen influencia directa en las prácticas cotidianas de consumo de la población y son un determinante fundamental en el acceso de la seguridad alimentaria de la sociedad.

Se identificaron los factores que influyen por igual en las cadenas alimentarias analizadas y los que son particulares de alguna de ellas.

Fue posible determinar que los mayores costos se registran en el eslabón primario, pero debido al poder de negociación y concentración que poseen las grandes industrias, son las que en gran parte determinan el precio de estos alimentos, acompañados por el sector de comercialización que percibe el poder adquisitivo de los compradores y define el precio final. Se analizaron las distintas políticas sobre regulación de precios existentes, con énfasis en las implementadas en las cadenas más relevantes, considerándose de importancia por el rol del Estado como garante del acceso alimentario.

Según el índice de precios mensual, publicado en junio del 2017 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) para América Latina y el Caribe, la mayor tasa inflacionaria de América Latina fue para Argentina con un 1,2% de incremento mensual. Por otro lado, los aumentos salariales no siguen la tasa inflacionaria, esto afecta el poder adquisitivo de la población influyendo directamente en la elección de los alimentos a la hora de comprarlos, modificando así los hábitos alimentarios de la población en general.

Resulta significativo analizarlas cadenas productivas de los principales grupos de alimentos con demanda inelástica4consumidos por la población Argentina:carnes, trigo y sus derivados, hortalizas,frutas, leche y huevo para poder determinar aquellos factores que influyen en el precio final de los mismos y que condicionan la seguridad alimentaria y nutricional de la población Argentina.

FORMACIÓN DE PRECIOS

Harina de trigo y sus derivados (pan y fideos)

En la cadena de valor del trigo, el 78% del valor agregado se origina en la etapa de producción primaria; en tanto, las etapas de logística, comercialización y la primera transformación industrial producen, respectivamente, el10% y 12% del valor agregado restante. Los principales factores que influyen en la producción primaria son los productos fito sanitarios, fertilizantes, semillas y la propia tierra.

Pero también el sector de contratistas que permite la innovación tecnológica a través de la utilización de un capital fijo en maquinaria y servicios profesionales y técnicos.

En cuanto al transporte, el valor del flete tiene influencia directa en los costos de producción y comercialización.

En nuestro país para mercado interno, el de mayor utilización es el camión con un 84% afectando negativamente, debido a los altos costos en mantenimiento, reparación y combustible de los camiones. Cuando las condiciones climáticas son desfavorables y baja la producción de trigo, se produce un desabastecimiento de los molinos, aumenta el precio de la harina y por ende de sus principales productos industriales, el pan y los fideos. Según el INDEC, el precio de la harina aumentó 111,70% entre enero y julio del 2018. Esto repercutió en el precio del pan, que en este periodo aumentó 40,69% afectado también por las subas del gas y la electricidad, y en el precio de los fideos que subieron 51,92% las pastas secas y 34,60% las pastas frescas.

A finales de agosto de 2018 la bolsa de 50kg de harina costaba $600, mientras que en la primer semana de septiembre pasó a costar entre $900 y $1000, razón por la cual hubo un incremento abrupto de 10-15% de una semana a otra en el precio del pan y los fideos. Debido a la especulación financiera, los industriales de la panificación describen la retención del producto por parte de acopiadores e industria molinera a la espera de una suba en el dólar, esto afecta a los precios de la materia prima repercutiendo sobre los de sus derivados.

Leche

El producto que se utiliza para el análisis de formación de precios del mercado interno es leche entera fortificada de primera marcacomercializada en sachet de litro.Los costos de producción están representados principalmente por la alimentación del ganado(51%)y la mano de obra(22%),luego le sigue la reposición de las vaquillonas. Dada la importancia que tiene la alimentación en el costo de producción, podría decirse que las variaciones en el precio del maíz (grano más consumido en la cría del ganado), se ven reflejadas en el precio del litro de leche cruda, sin embargo siempre fue el sector industrial el que conforma el precio de compra y determina cómo debe ser la calidad de la misma.

Para junio de 2016, el precio pagado al productor por litro de leche cruda alcanzó los $4,10. A este precio los tamberos no lograban cubrir su estructura de costos, ya que comercializaban a un valor inferior al de sus costos productivos totales.

A nivel industrial, el mayor componente de la formación de precios es la compra de leche cruda a los productores primarios (40,5%), en segundo lugar los gastos de fletes (17,4%) y en tercer lugar, la mano de obra (15,6%).

Debido a que el sector primario es desconcentrado numérica y territorialmente, existenfuertes asimetrías de poder ynegociación con la industria.Ésta última es la que establece los mecanismos de fijación de precios pagados al productor, estándares de producción y plazos de pagos.Contribuye con esta situación el hecho de que el producto inicial sea altamente perecedero, que la producción primaria requiera de largos períodos de inversión, altos costos de salida y poca flexibilidad de los parámetros básicos de la leche producida (contenido de grasa y proteínas) generando mayor desigualdad entre distintos productores.

Esta asimetría de poder es aún más relevante ante la caída de la demanda interna y/o externa o ante aumentos en los derechos de exportación, ya que en estas situaciones la industria transfiere los costos del ajuste a los productores a través de menores precios, mayores plazos de pagos y traslado de costos fijos. En cambio, en la situación inversa, la industria al querer aprovisionarse de la mayor cantidad de leche posible para poder generar mayores ingresos en vista de la mayor demanda o menores costos de exportación, genera negociaciones individuales con los productores provocando una notable dispersión de precios. En junio de 2016 el costo de compra en los supermercados representaba el 74% del precio al consumidor (sin IVA).

La comercialización es también un eslabón concentrado de la cadena productiva, ya que aproximadamente un 50% de los puntos de venta están constituidos por un número reducido de grandes cadenas de supermercados. Éstas, establecen las condiciones de transacción, plazos y formas de pago,ysegún las posiciones en góndola fijan diferenciales. El resto se comercializa en canales minoristas como pequeños supermercados y almacenes, donde la industria tiene un mayor poder de negociación para fijar condiciones e incluso sugieren el precio de venta al público. Para estos comercios el precio de compra es más elevado con respecto a los grandes supermercados y los impuestos tienen una mayor incidencia sobre ellos. Sin embargo, tienen un cierto margen de ganancia ya que el precio de venta suele ser aproximadamente un 10% mayor que en los supermercados y en general no presentan costos laborales, ya que la mayoría de estos comercios son atendidos por sus propios dueños.

En conclusión, al analizar los eslabones de la cadena productiva láctea, se puede apreciar que el sector industrial es el que tiene mayor participación en la formación de precios (44%), luego el sector primario (30%) y por último el sector comercial (26%), de esta manera, el precio de la leche se multiplica por más de cuatro desde el tambo a la góndola.

Existen factores en la formación del precio de los alimentos, que atraviesan por igual a todas las cadenas, dentro de ellos se encuentran transporte, impuestos, servicios y cargas sociales. En cambio hay otros que afectan con más fuerza a algunas de ellas. Tanto en la cadena del trigo como en la de frutas y hortalizas el factor de mayor relevancia para la formación del precio es el paquete tecnológico, el cual representa un costo fijo.

Por otro lado las fluctuaciones en las condiciones climáticas pueden afectar su disponibilidad y por ende el abastecimiento interno, provocando así el aumento de los precios ante la misma demanda y una menor oferta. A nivel de los molinos harineros se produce la especulación con respecto al valor del dólar, provocando que cuando este se encuentre en alza se retenga el producto para poder venderlo a un precio mayor afectando así el valor de la materia prima y por ende el de sus derivados (pan y fideos).

En cuanto a las hortalizas y frutas, los consignatarios fijan el precio de venta en los mercados concentradores y la variación que existe a nivel minorista se debe al margen que agregan los comerciantes para solventar la pérdida por descomposición.

En las cadenas de carnes, leche y huevo el costo del maíz y soja utilizado como alimento balanceado tiene un peso elevado dentro de la producción primaria debido a que el mismo se rige con el valor del dólar.

Todos estos factores afectan al precio final, pero es en mayor medida la comercialización el gran formador de precios en las cadenas de carnes, huevo, frutas y hortalizas, siendo menos importante en la cadena láctea donde tienen mayor peso la industria y el alimento del ganado, y en la cadena de trigo y sus derivados donde influyen marcadamente el costo del paquete tecnológico y los intermediarios (acopiadores e industria molinera).

El primer eslabón de las cadenas productivas se encuentra desintegrado, presentando además altos costos de producción. Las ganancias de los pequeños y medianos productores no son elevadas e incluso pueden no cubrir su estructura de costos. A pesar de ser un eslabón atomizado, gran parte de la producción se concentra en pocos productores que generalmente trabajan a gran escala, los cuales están mejor posicionados para negociar con el sector industrialque se encuentra concentrado para todas las cadenas productivas. Es por esto que los grandes formadores de precio y los que perciben mayores ganancias son por un lado el sector industrial por su poder de negociación con los productores y con la comercialización, y por el otro el comercio ya que es el que percibe el poder de compra de la población y al no poseer regulación alguna por parte del Estado es el que pone el precio final al alimento. Es importante entonces, que las políticas públicas estén orientadas a garantizar la Seguridad Alimentaria y el Derecho a la Alimentación, para ello deberá asegurarse que la población cuente con acceso económico para abastecerse de alimentos de primera necesidad. Se debe hacer hincapié en las etapas de la cadena en donde se registran los mayores costos que luego resultan en un incremento en el precio final del alimento. Las políticas públicas que existen actualmente si bien en parte están orientadas en este sentido, los resultados parecerían no ser los esperados. Se evidencia la necesidad de un rol activo por parte del Estado como principal regulador de precios en las cadenas productivas analizadas.

A nivel del eslabón primario: la reincorporación del subsidio a los cereales destinados a alimentación animal, ya que se vio que durante el periodo en el que estaba activo se mantuvieron los precios. El subsidio a pequeños productores, para que puedan afrontar la suba de los costos de producción (insumos y servicios), incorporar tecnología y así volverse más competitivos antelos grandes productores.

En cuanto al transporte, garantizar la implementación del “Plan Belgrano Norte” incorporando como uno de sus objetivos el disminuir el costo de transportar materia prima, a su vez replicarlo en otras zonas del país. Respecto a las cargas impositivas la reducción progresiva del IVA para los alimentos analizados hasta retirar la alícuota completamente, ya que éstos son la base para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población. En la etapa de comercialización, el Programa Precios cuidados debería incluir a las carnicerías, panaderías y verdulerías de barrio e incrementar la oferta de los alimentos objeto de análisis. Los alimentos analizados no poseen bienes sustitutivos más económicos, son de demanda inelástica, por lo que es importante un Estado que regule la formación de precios de los mismos para garantizar el acceso económico y de esta manera el Derecho a la alimentación.

( FORMACIÓN DE PRECIOS EN LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS DE ARGENTINABERTOLUCCI, Candela; BONGIOVANNI, Marilina; PALUCCI, Florencia; TISSERA, Nontué; VERA, Noelia; LÓPEZ BARROS, María del Carmen.Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición, Buenos Aires, Argentina.

RNI Revista Nutrición Investiga – Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Las mal llamadas retenciones, cuyo nombre correcto es Derechos de Exportación, son consideradas como “un mal necesario y transitorio”, cuando no como un impuesto distorsivo, que se debería abandonar en cuanto la economía alcance una “normalidad” que, por supuesto, refiere a las economías de los países centrales del capitalismo moderno. En el peor de los casos son consideradas como una exacción injustificada a quienes generan mayor riqueza, para sostener a otros sectores productivos ineficientes con fines sociales apañados por la demagogia populista.

Se debe entender por qué las retenciones en Argentina no son un recurso fiscal extraordinario y transitorio, sino un instrumento fundamental de política económica para equilibrar las consecuencias de la estructura productiva desequilibrada (EPD) que tiene la economía local, gracias a la bendición divina de sus riquezas naturales y al desarrollo tardío de su aparato industrial, derivado de la “ingenua” inserción en la división internacional del trabajo a partir del siglo XIX.

Intentar esta explicación no es posible sin referir a Marcelo Diamand, el único “economista” argentino -en realidad ingeniero- que tuvo una idea original, en el sentido de no copiada ni desarrollada a partir de las de algún otro economista anterior. Todos los demás economistas argentinos nos hemos pasado repitiendo o dando vueltas alrededor de las ideas de otros, en la mayoría de los casos referidas a otras realidades, cuando no a meras elucubraciones intelectuales sin fundamento real. 

Todo lo que sigue entonces no es más que una interpretación del desarrollo teórico original de Marcelo Diamand sobre las EPD, para explicar por qué en el país las retenciones no son transitorias ni un mal necesario, sino uno de los instrumentos básicos para que se pueda generar pleno empleo y un crecimiento sustentable a largo plazo.

EPD

Lo primero que hay que entender son las características de una EPD y el origen de las diferencias de productividad entre los distintos sectores productivos. Para simplificar el análisis, la referencia serán dos de ellos de manera estereotipada: la agricultura “pampeana” y la industria en general.

El primer postulado básico es que, en igualdad de condiciones en cuanto a desarrollo tecnológico actualizado, la agricultura pampeana siempre va a tener un nivel de productividad promedio mayor que la industria -entendiendo por productividad la cantidad de producto obtenible por unidad de factor de producción utilizado-, gracias a la extraordinaria dotación de factores naturales que dispone el país en cuanto a extensión y fertilidad del suelo y el clima templado.

Hace algunas décadas cierto pensamiento desarrollista suponía que esa diferencia intersectorial de productividades se iría achicando, hasta desaparecer, a medida que la industria fuera incorporando y desarrollando avances tecnológicos que equipararían su productividad con la de los países centrales.

Pero esa esperanza no tomaba en cuenta que el sector agrario también incorporaría innovaciones técnicas modernas, tanto en los métodos de cultivo como en la incorporación de maquinaria y en la subcontratación de procesos, que la llevarían a un esquema más capitalista de producción y rindes mucho más elevados por hectárea. Entonces, si la innovación tecnológica beneficia a ambos sectores, siempre va a subsistir la diferencia a favor de la agricultura por la gracia divina de la naturaleza.

La segunda característica a tener en cuenta es que la actividad agropecuaria argentina produce en alimentos el equivalente calórico para abastecer directa o indirectamente a alrededor de 400 millones de personas, esto tomando en cuenta tanto la producción de alimentos para consumo humano como para consumo animal, que se transformará también en alimentación humana.

Esto implica que el mercado principal de la producción agraria argentina es el internacional y que el mercado interno es apenas accesorio para esta producción. Llevando esto al extremo se podría decir que, si por algún motivo, el mercado interno no demandara alimentos, la producción agraria se colocaría prácticamente toda en el exterior y, por eso, las condiciones de precios son en estos productos los que fija el mercado internacional.

La tercera cuestión a tener en cuenta es que, aun cuando produce alimentos por el equivalente calórico para atender a 400 millones de personas, el sector agropecuario argentino no puede brindarle en forma directa o indirecta oportunidades de empleo a los casi 20 millones de personas que integran la población urbana económicamente activa. Para eso es imprescindible que se desarrollen las industria y los servicios que, además de proveer productos elaborados con más valor agregado, son los sectores que están en condiciones de generar no sólo esos empleos sino también los ingresos de quienes los consumirán.

Tipo de cambio

Pero si la industria y los servicios cumplieran sólo la función de generar el empleo y los ingresos para la población urbana nos enfrentaríamos, como sucede habitualmente, con el problema de que hace falta importar los insumos, los bienes de capital y los productos finales que no se producen en el país, porque la escala del mercado no da para producir de todo con eficiencia y productividad internacional.

A medida que la economía crece esa necesidad es mayor, a lo que se le suma el deseo de la gente con poder adquisitivo de viajar al exterior, todo lo cual lleva a las recurrentes crisis externas por falta de divisas suficientes.

Por eso, es imprescindible que la industria, además de generar empleo e ingresos, también genere divisas exportando y no dependiendo sólo de las que produzca la actividad agropecuaria. Y ahí aparece la cuestión del tipo de cambio y las retenciones.

Por su mayor productividad relativa, el sector agrario está, en general, en condiciones de exportar su producción de manera rentable con un valor del dólar más bajo que el que necesita la industria para poder hacerlo. En ambos casos, el que determina el precio de los productos es el mercado internacional, pero en dólares. Lo que traduce ese precio a moneda doméstica es el valor del dólar en la economía local, es decir el tipo de cambio entre pesos y dólares. Y la comparación de ese precio en pesos con los costos internos es lo que determina la rentabilidad o no de esa exportación. Por la diferencia de productividad ya citada, la producción agraria se puede exportar con un tipo de cambio más bajo que el que necesita la industria en general.

La tentación obvia es decir: poner el tipo de cambio al nivel que necesita la industria y así podrían exportar de manera rentable ambos sectores, el agrario con superganancias gracias a su mayor productividad.

La idea no está mal y eso es lo que piden permanentemente los productores agrarios (y sobre todo los exportadores de granos, que son un puñado de empresas multinacionales). Pero esa solución acarrea dos problemas:

1. Si el precio interno de los productos agrícolas se determina multipli cando el precio internacional por el tipo de cambio, esta solución implica que los alimentos se encarecerán por el dólar alto -ya que, de no ser así, se exportaría toda la producción- y eso reduce el poder adquisitivo salarial.

2. Implicaría convalidar una renta extraordinaria a favor de los productores agrícolas y los exportadores de granos, que no la necesitan para ser rentables, y llevaría a concentrar los ingresos y la riqueza en un grupo social minoritario que podría cambiar la/s 4x4 todos los años y recorrer el mundo, mientras a casi 3 millones de indigentes no les alcanzan sus ingresos para comer, en un país que produce el equivalente calórico para 400 millones de personas.

Impuestos

Frente a estos inconvenientes parecería que la alternativa sería que cada sector tenga el tipo de cambio que lo haga rentable para exportar, más alto la industria y más bajo el sector agrícola. Pero esto también tiene contraindicaciones. Una es que las normas de comercio internacional a las que adhiere Argentina ya no admiten la aplicación de tipos de cambio diferenciales. Otra es que los mercados cambiarios desdoblados siempre dieron lugar a maniobras elusivas, cuando no ilegales, para liquidar en los mercados de dólar más rentable las operaciones de los otros.

En función de todo esto se concluye que la solución menos mala es la de tener un mercado cambiario único y uniforme, con distinto grado de regulación por parte de la autoridad monetaria, y establecer las diferencias efectivas a través de distintos tributos de carácter interno. 

Esos tributos pueden implicar un dólar más caro o más barato que el oficial único en función de criterios de política económica. Así, por ejemplo, el reciente tributo PAIS hace que el tipo de cambio efectivo para atesorar divisas o gastarlas en esparcimiento en el exterior sea de hecho un 30 por ciento más caro que el valor oficial del dólar.

Inversamente, las exportaciones de soja percibirán con una retención del 33 por ciento un tipo de cambio fijo que será las dos terceras partes del valor oficial del dólar.

Nadie va a perder plata por eso ni dejar de exportar o viajar; sí van a dejar de ganar una superrenta ficticia derivada de la hipercrisis cambiaria gestada por el gobierno anterior.

A la vez, conteniendo los precios internos de los alimentos a través de las retenciones, se evita un mayor deterioro de los salarios y un incremento innecesario del costo salarial para las industrias que tengan que exportar con este dólar, bastante más rentable que el de hace dos años.

En los hechos es preciso hilar más fino: no todas las industrias pueden exportar con este tipo de cambio y quizás haya que darles otros incentivos y apoyos, sin apoyar cualquier ineficiencia microeconómica, ni tampoco todas las producciones agrícolas pueden soportar una retención del 33 por ciento, sobre todo los de economías regionales con mayor valor agregado interno.

Lo importante es entender que la EPD argentina no puede funcionar, generar pleno empleo y crecer de manera sustentable con un tipo de cambio efectivo único para todos los sectores, y que las retenciones a las exportaciones son un instrumento básico y permanente para lograr esos objetivos fundamentales.

(https://www.pagina12.com.ar/243253-para-que-sirven-las-retenciones-al-sector-agropecuario)

La negociación colectiva no puede ser disecada de los procesos políticos y, en especial, del marco ideológico de los gobiernos de turno. Esto se explica porque la negociación colectiva es el ejercicio, por excelencia, de la democracia en su más amplia expresión y de la plena autonomía colectiva.

Las partes de este proceso actúan en un plano de absoluta igualdad y sin restricción alguna y son actores principales en la dinámica de los procesos sociales y económicos. 

Pero es incuestionable que para que ello sea posible debe existir la plena vigencia de las instituciones, de la libertad sindical de las relaciones colectivas y de la igualdad en los salarios de los trabajadores. La negociación colectiva es uno de los caminos más intrépidas y revolucionarias del derecho todos los argentinos.

Pero esta negociación colectiva siempre debemos analizarla en el contexto temporal que atraviesa el país y las relaciones individuales y colectivas del trabajo de la confrontación de intereses de los empleadores y de los asalariados.

Confundir la autonomía de la voluntad colectiva con los intereses de los mercados denota a una falta de sensibilidad social y una total carencia del derecho del trabajo.

En un período devastado por los índices inflacionarios, una caída estrepitosa del empleo genuino y con el 40 por ciento de precariedad laboral, se necesitan de medidas de impacto social que aumenten el consumo y generen un alza de los niveles de productividad, inversión y crecimiento.

Por ello, es de suma importancia la sanción de la ley 27.514, el 22 de diciembre pasado, la que tuvo como uno de sus objetivos el de combatir la problemática ocupacional y empleo precario en el marco de solidaridad, facilitar el desenvolvimiento de las pequeñas y medianas empresas para que creen más empleo, y fijar, principalmente, un nuevo piso en los bajos salarios convencionales que revisten los sindicatos en nuestro país.

Ahora bien, es importante precisar por qué los aumentos a los privados por decreto, dentro del marco constitucional, no limitan la negociación colectiva.

Bajo este panorama, el gobierno de Alberto Fernández, en el marco de la Emergencia Ocupacional, y con facultades delegadas por el Congreso de la Nación, determinó un incremento al sector privado que alcanza a más de 6 millones de dependientes del sector privado.

Estos dependientes tienen un salario básico dentro de los más de 1500 convenios colectivos de trabajo que desde tiempo que no se negocian los pisos convencionales y no se revisan las negociaciones colectivas. Esto genera que las paritarias nacionales no logren ni siquiera empatarle a la inflación provocando una pérdida del poder de compras.

De los convenios que tienen sus básicos bastante bajos se pueden citar a la Federación de Pasteleros de la rama Pizzería, que tienen el básico en su categoría mas baja de 26.996 pesos y la categoría más alta de 54.205 pesos, mientras que, el sindicato de aceiteros parte de la categoría mas baja de 54.900 pesos hasta la categoría más alta de 71.200 pesos. Se exhibe la diferencia entre dos sindicatos que alojan a más de 32 mil trabajadores. Sin indagar en las restantes escalas salariales, el promedio en general es bajo con básicos convencionales que no superan los 54.000 pesos.

Desde el 2004 que no se revisan los básicos de convenios y se negocian los pisos mínimos de los sindicatos con aumentos que impacten directo a dichos básicos.

Una de las primeras disposiciones del nuevo gobierno en materia laboral fue el aumento por decreto para fijar un nuevo piso de negociación sindical, siendo el único móvil lograr que los trabajadores a fin de año le empaten a la inflación y recuperen su poder de compra.

Este incremento salarial impactará directamente en los básicos convencionales con la única intención de establecer nuevos incrementos para luego poder fijar paritarias anuales que superen a los porcentajes inflacionarios.

En los últimos años se fueron incorporando (en forma sucesiva), de tal modo que se otorgaron (primariamente) como sumas no remunerativas para luego incorporarse, como remunerativas, en los básicos de convenios (UTA, Comercio), sumas que no fijaban nuevos pisos, sino que congelaban los básicos ya establecidos en desmedro de los trabajadores. Se continuó con la utilización de las denominadas sumas no remunerativas a pesar de las observaciones judiciales y de la propia normativa de la OIT

De la simple observación y como las negociaciones colectivas no resultan, bajo ningún concepto, limitadas ni mucho menos perjudicadas con los incrementos salariales básicos por decreto, en líneas generales, es desatinado la lectura de que los trabajadores no se verán beneficiados con aumentos que impactarán directamente en su base de cálculo principal (básico de convenio) de todos los rubros que componen sus haberes.

En el Derecho del Trabajo, la igualdad no se supone, como en el Derecho Civil; el Derecho Laboral constata la desigualdad real e intenta corregirla y aminorarla. La igualdad es un punto de llegada. El principio protector que emana del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, si bien se dirige primordialmente al legislador, se entiende que atañe a los restantes poderes públicos, los cuales, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, deben hacer prevalecer el espíritu protector que anima a dicho precepto. El trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional.

Por ultimo, siempre, se debe tener en cuenta la particular naturaleza del crédito del trabajador, esencialmente alimentario, puesto que con él se satisfacen impostergables necesidades de alimentación, vestuario, vivienda, salud.

(https://www.pagina12.com.ar/243461-el-aumento-a-los-privados-por-decreto-no-limita-la-negociaci )

Mas allá y mas acá de ampliar el arco de inclusión en “lo popular” de sectores de centro e incluso de centro derecha, en tiempos donde tales distinciones sugieren no pocas contradicciones y confusiones, lo que no se modifica y no se puede modificar porque obviamente no hay base social para ello, resulta de las formas capitalistas en tanto tal; pese a lo cual, los intereses, ya no de clases perfectamente identificables sino mas bien de las formas que adoptan sectores sociales diversos en el reparto de las riquezas y sus formas de producirlas, se manifiestan contrarias a las formas de sostener el sistema financiero, bancario y especulativo que coloca a unas elites minoritarias en una rueda especulativa insostenible que estimula la destrucción de la producción y de las bases materiales que la posibilitan convirtiéndose en “depredadores” y “parasitos”. Es el neoliberalismo real e histórico como manifestación de las exageradas concentraciones de apropiación de plus valía de antaño que solo ven sustento en estas dinámicas autodestructivas del capitalismo y que por ende, produce reacciones contrarias en las mismas elites y círculos de poder.

En Argentina, en tanto dependientes, se hace mas visible cada vez que la deuda y la restricción externa impide que un país potencialmente rico y capaz de liderar procesos positivos regionales, se ve impedido de su propia posibilidad por sectores que apuestan al servilismo a esos sectores ya no Capitalistas sino parasitarios del Capitalismo … los Bancos y los sectores financieros especulativos que, sin banderas y sin patria, solo sostienen el interés por la moneda y sus diferentes representaciones como formas de control y dependencia del resto de la economía globalizada.

Daniel Roberto Távora Mac Cormack