La dificil democracia
Periodismo digital
De los medios de masas a la masa de medios.
Durante el Encuentro de Periodismo Digital que organizó la UNCUYO, un grupo de profesionales planteó su visión sobre los cambios y desafíos a los que se enfrentan los y las periodistas.
De los medios de masa a una masa de medios en la que cualquier persona se puede convertir en alguien que realiza y comparte un contenido, desafía a los y las periodistas a reinventarse y adecuar las clásicas consignas del oficio en modo digital: escuchar, contar, lograr empatía con una comunidad, pero en un mundo cambiante, en el que los medios de comunicación ya no tienen la hegemonía del mensaje. El Encuentro de Periodismo Digital organizado por la UNCUYO fue el espacio en el que un grupo de profesionales planteó su visión sobre los cambios y desafíos a los que se enfrentan los y periodistas. Dijeron que el mundo cambió y que es necesario hacer el esfuerzo de comprender ese cambio, que implica hacer nuevas preguntas y buscar nuevas formas de contar, para que el mensaje llegue a su destinatario en medio de los miles de estímulos que recibe a diario.
El profesional describió algunos de los cambios que produjo la era digital puertas adentro de las redacciones y propuso nuevos modos. Dijo que es necesario superar el esquema de trabajo en soledad y pasar a un periodismo colaborativo, de una estructura unipersonal de mando a una que guía un o una líder y –sobre todo– lograr fidelidad de la audiencia a la que se quiere llegar.
García Alonso sugirió a los y las periodistas reinventarse, porque la historia que cuentan ya no compite con la de otro medio, sino con los contenidos sobre infinidad de temáticas que comparten youtubers e instagramers, que no tienen los conocimientos para chequear si son verdaderos, falsos o medias verdades.
El profesional consideró que la audiencia cambió en forma sustancial porque dejó de ser pasiva, mera receptora de un mensaje, a ser activa. Dijo que no solo quiere participar, opinar, sino que busca que su opinión y los temas de su interés se reflejen en los contenidos. Por eso, consideró que el trabajo profesional recién comienza cuando se publica una historia.
Para García Alonso, el paso de esa audiencia de pasiva a activa produjo otra modificación sustancial y es que responde a algunas de las preguntas a las que debía responder un periodista: básicamente. qué pasó, dónde, cuándo y cómo. Por eso, consideró que, en la era digital, el esfuerzo profesional debe estar centrado en brindar contexto, en intentar plantear posibles respuestas para los cómo y por qué.
Frente a estos desafíos, el profesional consideró que el camino para comenzar es la innovación, no hacer las cosas de la forma clásica, sino ser disruptivos, capaces de idear nuevas maneras desde los contenidos y su distribución, así como en la utilización de distintos soportes. El comunicador contó que, cuando impulsó cambios en el canal estatal español, se encontró con el temor por la multiplicidad de tareas y por la pérdida de fuentes laborales, teniendo en cuenta que lo que hasta ese momento hacía un equipo con cámaras profesionales se podía hacer ahora con un teléfono. En este sentido, compartió su visión respecto de que los nuevos modos de contar no implican menos puestos de trabajo, sino más opciones, y nuevos y distintos perfiles laborales.
El desafío de lograr empatía
Roberto Igarza, docente en comunicación digital de las universidades nacionales de Buenos Aires y Rosario, propuso buscar una lista de buenas preguntas para intentan comprender y abordar este nuevo mundo. Dijo que hoy el principal motor es el deseo, que casi todo está al alcance con un simple clic y que las personas viven conectadas a través de su teléfono, que las acompaña a todos lados.
Una de las preguntas que hizo el profesor es si los y las periodistas lograrán empatía con este nuevo habitante que hace su propia agenda temática; si serán capaces de crear contenidos para ese nuevo habitante y entender que el mensaje circulará y recirculará con nuevas interpretaciones, con nuevos formatos. Esto último –dijo- implica estar dispuestos a abandonar el control de ese contenido, o lo que ese lo mismo, estar dispuestos a que una foto periodística se transforme en meme.
El docente resaltó el valor sustancial de lograr empatía con una comunidad de personas, de conectar con este nuevo habitante de una nueva ciudad y compartió su temor si no se logra este objetivo. “Temo que la ciudad sea menos democrática si dejamos de ser empáticos con la sociedad” fueron sus palabras.
Para el profesor, el problema del periodismo sigue centrado en el mismo aspecto: cuánto tiempo permanece la audiencia con una historia, con un producto. Planteó que el rol sigue centrado en un periodismo profesional cuyo desafío es conectar con la audiencia, para lo que, aseguró, no alcanza con escribir una nota, sino tener en cuenta los dispositivos que se utilizan, los formatos y las estrategias para construir una comunidad de lectores.
Frente a estos desafíos, el docente explicó que el concepto central es el de creatividad en los géneros, en las narrativas, en formas híbridas, en un enfoque distinto respecto de la distribución y la circulación de contenidos, en dinamizar la lista de preguntas que se deben hacer los comunicadores.
Trabajo colaborativo
El director de Innovación y Digital de RTVE (España), Urbano García Alonso, planteó que la era digital produjo dos grandes cambios: un nuevo paradigma, en el que cada persona lee, escucha o ve lo que quiere, y que los medios de masa ahora son una masa de medios en la que cualquiera puede producir y compartir contenidos. Estos cambios –dijo– obligan a los y las periodistas a buscar nuevas maneras de escuchar, de contar y de reproducir, simplemente porque ya no funcionan las mismas recetas.
Conversar con las audiencias
En la charla "Cobertura de noticias en redes sociales", la especialista en cultura digital Irina Sternik y el divulgador de tecnología Eduardo Aguirre plantearon que hoy el periodismo debe ser una conversación con la audiencia, lo que implica identificar un público, escucharlo y conectar en forma directa a través de las redes sociales.
Sternik comentó que los grandes medios de comunicación no tienen una conversación real con su público, sino que, en algunos casos, solo les permiten incluir comentarios, que además no responden, por lo que no se genera un ida y vuelta que retroalimente el trabajo diario.
Aguirre y Sternik son los responsables de un podcast sobre redacciones 4G que reúne las experiencias de profesionales de distintos medios sobre el uso de redes sociales. Por ejemplo, expresaron que Twitter es el lugar ideal para el debate público, que tiene su lado divertido y su lado tóxico, por lo que intentan no contestar mensajes agresivos; que Telegram es el sitio ideal para conversar con el público; que Twitch es la verdadera televisión independiente, informal y desenfadada, y que el newsletter es íntimo, cercano, para un nicho específico, la posibilidad de generar una verdadera comunidad.
Aguirre y Sternik coincidieron en una sugerencia: no estar pendiente de las plataformas, sino pensar primero a quién se quiere hablar, cuál es el público, a quién le interesa ese tema y, con todo eso definido, será fácil determinar qué herramienta será la adecuada para contar la historia.
Despedido por decreto
El principal descontento con la gestión de Puenzo fue con la no modificación del Plan de Fomento, “impuesto en el gobierno de (Mauricio) Macri que concentra la producción cinematográfica en las productoras más grandes radicadas en AMBA”.
La asociación de documentalistas DOCA y el Colectivo de Cineastas señalaron que Puenzo “no llevó adelante políticas que impulsen la producción de cine en las provincias”. También Directores Argentinos Asociados (DAC) se expresó sobre la situación del cine nacional con críticas hacia Puenzo, el ministro Bauer y a la secretaria de Desarrollo Cultural, Lucrecia Cardoso. En una nota publicada en su revista oficial la DAC se quejó de la falta de respuestas ante la posibilidad de que al 1 de enero de 2023 caiga la ley que financia el fomento del cine nacional, así como de otras actividades, como el Instituto Nacional de Teatro y el de Música.
Según los directores de cine, los funcionarios “no hicieron todo lo necesario para desactivar la bomba que el ya famoso artículo 4 de la ley 27.432 (votado durante la gestión macrista) tiene prevista para terminar con la cultura nacional a fin de este año”.
Además, los directores se preguntaron “¿por qué continúa el mismo plan de fomento establecido por la gestión anterior para desfinanciar y obstruir al cine nacional?” y “¿por qué, en medio de la inflación galopante, el Incaa sigue atrasando la actualización del costo medio?” de producción de un largometraje.
Esta mañana, el realizador de “La historia oficial” había defendido su gestión, dijo que es “difícil” que se pueda ampliar el presupuesto y afirmó: “No evité aplicar asignaciones específicas ni subsidios; hemos hablado muchas veces con el colectivo de actores, este reclamo no arrancó ahora, es de larga data”.
“La situación es muy muy desesperante para la industria en términos económicos, es algo más que evidente, tenemos un horizonte oscuro que es el 31 de diciembre cuando vence la ley de caducidad (que asigna recursos al fondo de fomento)”, aseguró Puenzo.
El cineasta Luis Puenzo, ganador de un premio Oscar por “La historia oficial” fue nombrado en diciembre de 2019 como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, cargo en el que cesó hoy por un decreto presidencial 2022-183.
(DiarioAr)
Contra las desigualdades
La
vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner,
abogó este miércoles por la necesidad de "una ingeniería
nueva para abordar el problema de la desigualdad" tras la
pandemia de coronavirus en todo el mundo, reivindicó
el rol del Estado y calificó de "necios y cínicos" a
quienes niegan su importancia.
Ante
la Asamblea reunida en el Centro Cultural Kirchner (CCK) que integran
75 eurodiputados y 75 representantes de los Parlamentos de América
Latina y el Caribe,
bajo el lema
"Una recuperación económica justa e inclusiva en paz",
la titular del Senado instó a repensar "una nueva ingeniería
institucional" para hacer frente a las inequidades.
Fernández
de Kirchner advirtió que la pandemia "vino a reinstalar la idea
del Estado" y se preguntó qué hubiera sido de los países y de
la vida de los pueblos "si los Estados no hubieran intervenido
construyendo hospitales, atendiendo a los enfermos y negociando con
los mercados, los laboratorios, para que pudiéramos salvarnos y no
morirnos nosotros y nuestros seres queridos".
"Que
alguien siga afirmando que el Estado no es importante en la vida de
las personas o es un necio o un cínico, que los hay de los dos",
remarcó ante un auditorio colmado de autoridades, legisladores
nacionales y extranjeros, autoridades parlamentarias y militantes del
kirchnerismo.
Para la Vicepresidenta, "las
desigualdades no nacen por un orden natural sino que son producto de
decisiones políticas o de falta de decisiones políticas",
puntualizó, y luego aseguró que "la gran discusión" a
nivel planetario es "si a este proyecto capitalista que se da en
todo el mundo lo conducen las leyes del mercado o las leyes de los
Estados".
"Esa
es la clave para abordar seriamente el problema de la desigualdad,
salvo que sea un ejercicio dialéctico de encuentros esporádicos",
subrayó, y consideró que también se debe plantear "qué tipo
de Estado" se necesita.
En esa línea, renovó sus
críticas a la Justicia en Argentina en un tramo de su discurso en el
que mencionó a "nuestro Parlamento, nuestros Ejecutivos y
nuestro Poder Judicial, tantas veces cooptado por el mercado y los
factores económicos".
Sobre ese punto, dedicó un
tramo de su mensaje a resaltar lo que significa ejercer el Ejecutivo
tras haber sido electo democráticamente en las urnas cuando hay
otros poderes permanentes -como el poder financiero mundial- que no
se someten a revisión, ni deben ser refrendados cada cierto
período.
Entonces, al referirse al poder limitado con que
cuentan los presidentes, se preguntó "cuánto representan del
poder tomado como un 100 por ciento", para luego remarcar que el
"poder" se expresa "cuando
alguien toma una decisión y esta decisión puede ser aplicada y es
respetada por el conjunto de la sociedad".
Así,
diferenció el ejercicio del poder de la posesión de los atributos
del mando -la bastón y la banda presidencial- que se reciben al
iniciar el período de Gobierno.
"Que
te pongan una banda y te pongan el bastón un poquito es...",
advirtió sin completar la frase y luego añadió: "Créanme, lo
digo por experiencia, y ni te cuento cuando no se hacen las cosas que
hay que hacer".
Luego
se refirió a América Latina para reiterar sus advertencias sobre el
funcionamiento de lo que denomina "Partido Judicial", que
-según dijo- funciona "como instrumento contra los gobiernos
nacionales y populares".
En relación a los temas
judiciales,
Fernández de Kirchner recordó la citación a declaración
indagatoria del 13 de abril de 2016 por la causa de dólar futuro,
en la que fue acompañada por una multitud frente a los tribunales
federales de Comodoro Py.
Y después se preguntó por qué
ella y otros miembros de su Gobierno fueron procesados por una
decisión política legítima, por la venta de dólar a futuro desde
el Banco Central a finales de 2015, cuando ningún juez encontró
irregularidades en el préstamo récord que en 2018 Cambiemos recibió
del FMI.
"Cuando las sociedades juzgan cada cuatro
años, juzgan a los que están acá sentados, no a esos poderes. La
insatisfacción de las democracias, (cuando) la gente termina enojada
con la política, debería obligarnos a replantear a todos la
necesidad de repensar nuestra ingeniería institucional, donde se
invista de poder a las instituciones, estas o las que haya que crear,
pero estamos a tiempo antes de que sea demasiado tarde",
exhortó.
"Mi rentabilidad, y los demás que revienten", resumió la Vicepresidenta para transmitir su planteo sobre la resistencia de sectores empresarios que se niegan a colaborar con algún aporte impositivo frente a la suba récord de precios producto de la guerra en Ucrania.
Y luego siguió: "Como dicen los chicos, así no vale, así no juego más: si cuando vos nos necesitaste te pagamos salarios y no pagaste impuestos, ahora que te necesitamos a vos para el pueblo me parece que estas cosas debieran discutirse", reclamó ante los aplausos del auditorio.
La funcionaria dedicó también parte de su alocución a cuestionar el rol de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) en el marco de los conflictos bélicos, como el de Ucrania y Rusia, y reiteró su llamado a terminar "con el doble estándar" de las grandes potencias en ese sentido.
"Cuando no les conviene apoyar una invasión la rechazan y cuando les conviene está todo bien", sostuvo e incluso reprochó ante los dirigentes de la Eurolat que la OTAN sostenga una base en Malvinas.
Además,
la Vicepresidenta recordó
la gestación del Estado de Bienestar y valoró los niveles de vida
alcanzados en las sociedades de Europa y América Latina entre el
final de la segunda guerra y de los años '70.
"El
Estado de Bienestar era un sistema donde el Estado tenía
responsabilidad sobre la vida de las personas, su trabajo, salud,
educación. Pero con la caída del Muro de Berlín surge la doctrina
neoliberal. Ya no estaba el miedo al oso comunista. Había que crear
otro sentido común: el Estado ya no era responsable de tu vida
porque vos sos libre y tenés lo que te merecés y si no lo tenés
será porque no has hecho lo suficiente", cuestionó en otro
momento del discurso.
Fernández de Kirchner abrió las
deliberaciones flanqueada por el parlamentario Oscar
Pérez Pineda, de la Cámara de Representantes de Colombia y
copresidente de Eurolat por el componente latinoamericano,
y por Javi
López, eurodiputado español y copresidente de Eurolat por la parte
europea.
Pérez
Pineda consideró que ambas regiones "deben ser el motor de una
verdadera recuperación, pidió no regresar a un mundo que ya
mostraba su insostenibilidad" antes de la pandemia y reclamó
"políticas de canje o sustitución de las deudas" de las
naciones para "un mundo justo e inclusivo".
También
llamó a "combatir
populismos y autoritarismos" para luego convocar a "dejar
de lado las diferencias ideológicas" para
fomentar una "tercera vía" para que nuestras regiones sean
"un ejemplo de desarrollo sostenido".
El
español, por su parte, abrió su discurso con un elogio a la
Vicepresidenta al sostener que "uno se siente haciendo de
telonero de Los Beatles y es un poco complicado", en referencia
al hecho de anteceder en la palabra a la exmandataria argentina, que
había sido ovacionada minutos antes por militantes.
Sobre
la integración regional, López
valoró que Argentina se haya "convertido en el motor regional
al tener la presidencia de Celac"
y coincidió con la necesidad de rechazar la guerra en Ucrania y
manifestar su preocupación por las consecuencias y el hecho de que
pondrá "en jaque la seguridad alimentaria" en varias
partes del mundo.
En el acto de apertura participaron,
entre otros, los legisladores del Frente de Todos Oscar Parrilli,
Mariano Recalde, Adolfo Rodríguez Saá, Germán Martínez, Leopoldo
Moreau, Hugo Yasky y Eduardo Valdés; de Juntos por el Cambio Alfredo
Cornejo y Silvia Giacoppo, y por el campo sindical los dirigentes
Roberto Baradel (Suteba), Omar Plaini (Canillitas). Sergio Palazzo
(La Bancaria, también diputado) y Víctor Santa María (Suterh); la
intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la titular del Inadi,
Victoria Donda.
También estuvo la vicegobernadora
bonaerense Verónica Magario y la ministra de Gobierno de la
provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez. (Telam)
Lo Dificil es la democracia
“El Frente de Todos no existe, ésta es la cruel realidad. Ha sido una muy importante herramienta electoral que garantizó la unidad necesaria para desalojar al macrismo, algo que era imprescindible, pero luego nunca se transformó en un ámbito de construcción y discusión política de todas las fuerzas que lo integraron. Ese ámbito debería existir hace rato, nosotros los venimos reclamando desde que comenzó esta historia”.
Las declaraciones de Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular en el Frente de Todos y director del Banco Nación, sintetizan un descontento al interior del oficialismo que va más allá de Alberto y Cristina Fernández.
Por qué se perdió este apoyo popular? ¿A dónde fue el crecimiento a tasas chinas de 2021 que no influyó en la pobreza ni en el poder adquisitivo de los trabajadores? ¿Se puede revertir esta situación y pagarle al Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo se reparan las fracturas al interior del Frente de Todos?
En esta entrevista, todas las respuestas.
El crecimiento que no se reflejó en los bolsillos. “Crecer no es sinónimo de que crezcan todos los sectores de la economía. Cuando uno mira la cuenta de distribución de los ingresos que hace el INDEC, lo que uno tiene es que los trabajadores, que en el primer trimestre de 2020 tenían una participación en el ingreso del 49,8%, pasan en el segundo trimestre de 2021 a tener el 40%. Pierden 9 puntos, casi lo mismo que creció el PBI. La cuenta agrega la medición de lo que sería el ingreso de la población informal, que pierde tres puntos más. En total serían 12 puntos, lo mismo que crece el excedente de las empresas: la ganancia empresarial se expandió entre el primer trimestre de 2020 y mediados de 2021 prácticamente 15 puntos”.
“El mecanismo principal fue la inflación, o sea la fijación de precios por parte de las principales empresas de la Argentina, fundamentalmente en alimentos y en insumos que usa toda la economía. Crecieron muy por encima de lo que crecieron el resto de los precios y el resto de los ingresos. El resultado es que vos tenés una recuperación de la actividad económica en un contexto de ampliación de la desigualdad y eso lo que implica es la depresión de los ingresos populares”
“Lo que lo que ha aparecido como discusión en el Senado respecto al tema de que todos aquellos capitales que fugaron y no están declarados tengan que hacer un aporte para los pagos de deuda va en línea con mejorar la capacidad que el Estado puede tener para hacer políticas de ingresos. Ése sería el camino para, aun en el contexto de la discusión con el Fondo, tener margen de acción”
“Si uno quiere impactar sobre los sectores más postergados lo que tiene que haber es una política de distribución activa. Por eso es que, por lo menos todo el espacio político y sindical nuestro, hemos venido planteando desde la etapa de la pandemia la necesidad de un ingreso universal para el conjunto de la población en situación de informalidad y desempleo para ponerle un piso al a la situación social de la Argentina”.
El acuerdo con el FMI y sus consecuencias sociales
“(Con el acuerdo con el FMI) el Gobierno se impuso un corset muy complicado. Una de las variables para reducir el gasto que el Gobierno había elegido ahora se hace muy complicado utilizarla porque era reducir el subsidio a la energía, pero el problema es que hoy la energía en el mundo se fue arriba de los 100 dólares el barril y, consecuentemente, el impacto que eso tiene en los precios internos de la energía en Argentina hace que el subsidio no sólo no va a bajar sino que va a subir. Con lo cual tienen que ir a otros rubros del gasto. Es muy complicado tener políticas reales de distribución del ingreso en un contexto de acuerdo de esta naturaleza. Habría que incumplir el acuerdo para que esto pudiera pasar”.
Uno puede buscar mecanismos fiscales que resuelvan en parte el problema, pero el Impuesto a las Grandes Fortunas que debiera seguir existiendo no existe”.
“El Gobierno está en una contradicción casi consigo mismo, porque ha demostrado a través de los documentos del Banco Central, de la Oficina Anticorrupción, de la Sindicatura General de la Nación y de la Procuración del Tesoro que la deuda es nula. Al mismo tiempo está claro que el FMI incumplió taxativamente todas sus normas, reglamentos y estatutos en el tratamiento que hizo del caso argentino. El Gobierno todavía tiene abierta esa puerta para avanzar tanto parlamentariamente como judicialmente en la declaración de nulidad que el propio Poder Ejecutivo podría encabezar y llevar el tratamiento de la deuda con el Fondo a la ONU. Tiene elementos como para, aun habiendo firmado, seguir discutiendo. El problema es que quiera hacerlo”.
Presente y futuro del Frente de Todos
“No hay un ámbito donde se resuelva el consenso. La primera reunión formal de todos los partidos del Frente a nivel nacional la tuvimos después de la derrota en las PASO. Por primera vez, los veinte partidos que integramos el Frente de Todos nos veíamos las caras. La ausencia de esto ha hecho que muchos de los debates del Frente hayan sido públicos. Esto no se ha revisado”.
“El debate que se necesita es el que sintetice la marcha de la gestión, el rumbo que toma el Frente. Y a partir del acuerdo con el Fondo lo que se ha puesto en debate es el sentido del Frente. Lo que terminó pasando es que el Gobierno acordó con el FMI con una coalición política distinta a la que le dio origen electoral. Que estaba integrada dominantemente por Juntos por el Cambio y una parte del Frente de Todos. En realidad, la coalición electoral que le dio origen no acompañó esto y yo creo que el malestar es generalizado. Hay una situación de falta de contención de la orgánica del Frente”.
“Hoy hay una discusión abierta y yo creo que sería muy saludable que se abrieran espacios, aunque no fue saludable resolver el acuerdo con el Fondo sin haberlos abierto”.
Conflictividad social y representación política
“No es lo mismo Alberto Fernández que (Fernando) De la Rúa, pero creo que hay sí un escenario de potencial conflictividad social con un gobierno que, en tanto no intente zafar del acuerdo (con el FMI), tiene las manos sumamente atadas para poder darle solución”.
“En este contexto donde uno tiene 17 de millones de personas en situación de pobreza y unas 4 millones en situación de indigencia no podés decir ‘no voy a dar más planes’ cuando lo que tenés como planes son 1.200.000 y tenés anotados en la economía popular 4 millones de personas. Si no vas a dar más planes tenés que dar alguna respuesta. No sirve pensar que el virtuosismo del empleo en blanco va a tener una respuesta hoy. Hay más de 8 millones de personas que no reciben nada, que están afuera de todo subsidio a pesar de estar en la lona”
El ingreso universal hoy es imprescindible y no es cierto que no hay capacidad de financiarlo. Podemos poner el Impuesto a las Grandes Fortunas, que por otra parte fue un impuesto sobre 10.000 cuando en realidad las grandes fortunas identificadas por la AFIP son 34.000 y hay información especializada a nivel mundial que dice los multimillonarios en la Argentina son 114 mil. En la Argentina tenemos que poner el foco en los grandes contribuyentes, en las principales empresas y en las principales fortunas. De las que están declaradas, el 70% está afuera”.
“El Gobierno ha perdido el respaldo popular al no buscarlo. En 2021 Martín Guzmán mantuvo un ajuste fiscal y monetario en línea con las conversaciones con el Fondo. De hecho se bajó en un 50% el déficit y sobre la base de ajuste en el gasto salarial del Estado, en el gasto de jubilaciones, en las prestaciones sociales. El contexto inflacionario en el marco del ajuste fiscal y monetario dio como resultado la derrota electoral. La situación inflacionaria sigue como estaba, no tenemos ninguna solución hasta ahora a la vista más que el intento por parte del secretario de Comercio (Roberto Feletti) de, con algunas canastas, tratar de compensar situaciones. Y hay cosas que el propio secretario de Comercio pide y que el Gobierno no le está dando, entre ellas retenciones. Y no las está dando por cultivar un vínculo con actores que no son parte de su base electoral”. (Canal Abierto)
Espionaje ilegal
El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño accedió a los datos biométricos de 7 millones de personas de manera irregular en lo que parece ser un nuevo escándalo de afectación a la privacidad y vigilancia masiva. Entre quienes fueron observados por la cartera de la que depende la Policía de la Ciudad están el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la dirigente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
La información surge de una investigación que llevó adelante el juz porteño Roberto Andrés Gallardo después de que el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) presentara un amparo contra el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SNRP), que rige en la Ciudad de Buenos Aires desde abril de 2019.
El SNRP fue introducido por una resolución –y después aprobado en la Legislatura porteña– supuestamente con un objetivo: ayudar a detectar a quienes eran buscados por la Justicia. Por eso, durante el gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño firmó un convenio con el Ministerio de Justicia nacional para tener acceso a la base de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc). La base en cuestión no supera las 50 mil personas.
Sin embargo, el juez Gallardo detectó que, como parte de este sistema, la Ciudad también selló un acuerdo con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y desde allí se hicieron casi 10 millones de consultas –un número infinitamente superior al de las personas requeridas por los tribunales–. Concretamente, el organismo que depende del Ministerio del Interior le informó al juzgado que la Ciudad hizo entre abril de 2019 y marzo de 2022 un total de 9.900.282 extracciones de información desde su base.
Lo curioso es que la Ciudad buscó información del Presidente, de CFK, de Carlotto o de Bonafini. También hurgó en los datos de dirigentes sociales como Eduardo Belliboni –uno de los escogidos por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para confrontar por las protestas callejeras–, Juan Grabois o la diputada del PTS-FIT Myriam Bregman.
También hubo búsquedas de gente de la Justicia como Gabriela Boquin –la fiscal que denunció el acuerdo ruinoso al que el gobierno de Macri quería llegar por la deuda del Correo Argentino–, la exprocuradora Alejandra Gils Carbó –convertida en un blanco por el macrismo para forzar su renuncia–, el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni o el actual supremo Carlos Rosenkrantz. También buscaron datos de la jueza Inés Weinberg, la candidata de Macri para la Procuración, o del empresario Alejandro Bulgheroni. No estuvo ajena la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, una de las rivales del jefe de gobierno porteño en la interna de Juntos por el Cambio o la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, de buen diálogo con Larreta.
“No resulta necesaria demasiada perspicacia para advertir que las personas consignadas resultan ajenas al sistema penal, no se encuentran prófugas o con pedido de captura”, escribió Gallardo, que suspendió la aplicación del SNRP.
Por el momento, el mecanismo que describió Gallardo sobre el acceso a bases de datos del Estado es bastante parecido al que se investiga en la causa sobre el uso de la información de la Dirección Nacional de Migraciones durante el macrismo. Es una causa tan sensible que todos los jueces de Comodoro Py se excusaron porque sus movimientos habían sido revisados.
Sin control
"La Ciudad estaba usando este sistema sin ningún tipo de control y sin rendir cuentas ante la Legislatura ni a la Defensoría del Pueblo, lo que implica que podría haber sido usado para otros fines distintos a los declarados", explicó Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones sociales que interviene en el caso. "Esto involucraría que el software tiene capacidad de hacer vigilancia sobre una gran parte de la población y es parte de uno de los debates de derechos humanos más actuales acerca de cómo el Estado obtiene información", remarcó.
"Cuando se discutió esta ley en octubre del 2020 en la Legislatura fuimos fervientes opositoras. Nos planteaban que la ley permitía regular el sistema para que no haya un uso arbitrario, por eso respondimos que este sistema no se podía regular, que había que prohibirlo por su alta peligrosidad demostrada en el mundo entero", apuntó, por su parte, Bregman.
El SNRP no solo fue objeto de críticas por organizaciones de la sociedad civil, sino que también despertó la preocupación del relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, que visitó el país en mayo de 2019, a pocos días de que empezara a implementarse el mecanismo. El experto dijo que era una decisión desproporcionada porque para buscar a una nómina de 40 mil personas requeridas por la Justicia afectaba la privacidad de millones. Además, remarcó que no hubo debate social ni se midieron los impactos de políticas intrusivas.
Allanamientos
El juez Gallardo, además, ordenó allanar el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Centro de Monitoreo Urbano, que es el organismo que aplica el sistema. El ministro Marcelo D’Alessandro no estuvo presente en el momento en que llegó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El dato contrasta con el momento en que Gallardo hizo una inspección al CMU de Chacarita meses atrás. En ese entonces, D’Alessandro estuvo allí y dijo que el SNRP había estado apagado durante toda la pandemia. A priori, el juzgado tiene datos que estarían en contradicción con lo que informó el ministro porteño.
Durante el allanamiento sí estuvieron representantes de Danaide SA, la empresa que le provee el software al gobierno porteño. Hubo un momento sospechoso cuando se cayó el sistema mientras los agentes de PSA migraban datos para ser analizados. Según dijeron fuentes a este diario, los representantes de la empresa se disculparon diciendo que se debió a un error de otra compañía que subcontratan.
La respuesta
D’Alessandro salió a responderle a Gallardo, a quien acusó de hacer una “ensalada”. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño dijeron que las búsquedas hechas en el Renaper no solo obedecen a personas buscadas por la Justicia, sino que “responden a una pluralidad de trámites habilitados por la Justicia”. Hasta ahora no quedaría claro por qué la Justicia pediría información de dirigentes de derechos humanos.
El uso de las cámaras estuvo en el centro del debate en los últimos días después de que el propio D’Alessandro sugiriera poner a disposición del gobierno nacional las cámaras para identificar a las personas que protestan cortando las calles. Durante la semana pasada hubo una fuerte campaña de las autoridades porteñas tendiente a criminalizar la protesta –y la pobreza– al pedir que se les retiren los planes sociales a quienes participan en acampes.
Ante una consulta de este diario, el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, el diputado Leopoldo Moreau, respondió que la propuesta de D’Alessandro estaba reñida con la ley de inteligencia porque implicaría una vigilancia sobre quienes se manifiestan por razones políticas o sindicales. Al cierre de esta edición, en la Bicameral crecía la idea de que la trama revelada por Gallardo podría ser un escándalo sin precedentes. (Página 12)
Cautelar por los nombramientos.
Un juez de Paraná le ordenó al Congreso que se abstenga de nombrar a los dos representantes en el Consejo de la Magistratura--uno/a por cada cámara-- que faltarían para cubrir la integración del organismo según el criterio de la Corte Suprema. La decisión se plantea ahora porque este viernes vence el plazo que pusieron los cortesanos: si no hay una nueva ley (que por ahora no habrá), entra en vigencia la vieja composición del organismo prevista en una norma de 1997 que había sido derogada, e incluye 20 miembros y al presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
Para completar esta segunda opción restaría la designación de los representantes parlamentarios que el juez Daniel Edgardo Alonso dispuso frenar al conceder una medida "precautelar". El pedido había sido formulado por el diputado de Entre Ríos Marcelo Casaretto (Frente de Todos) quien planteó que aprobar las leyes es facultad de las cámaras de Diputados y Senadores, que "existe una clara voluntad legislativa" de cumplir con la sentencia y que el alto tribunal no tiene ninguna potestad para reponer una ley derogada.
El escenario es hoy de alta complejidad y preanuncia un conflicto institucional. Este miércoles se reúne el plenario del Consejo y definirá un reglamento para funcionar en una situación de transición y emergencia. Los consejeros podrían darle al actual presidente facultades para evitar la parálisis del cuerpo en cuestiones administrativas, como el pago de sueldos.
También se pondrían sobre la mesa una veintena de concursos, para 56 cargos, de jueces y juezas federales, pero todo indica que la oposición y un sector de los jueces bloquearán definiciones. Esta reunión sería la última antes del día límite que fijó el fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de la integración de 13 miembros que tiene actualmente el Consejo, con la que funcionó desde 2006 --en base a una reforma impulsada por Cristina Fernández de Kirchner-- sin que los supremos dijeran nada hasta diciembre último.
El Senado dio media sanción la semana pasada a una reforma que propone 17 integrantes, paridad de género y un criterio federal, y no incluye a un miembro de la Corte. En Diputados la negociación no es tan sencilla, pero no es imposible, suponen en el oficialismo. Sólo que los días no alcanzan para la aprobación de nada. De esa situación se deduce, según el fallo, que para el lunes el Consejo deberá tener la integración de 20. Ya fueron designadas dos abogadas, una jueza, para comienzo de la semana habrá un/a académico, el supremo Rosatti se autoeligió y faltan un/a senador y un/a diputado/a.
El juez Alonso estableció un plazo de cinco días hábiles a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y al presidente de Diputados, Sergio Massa, para que "procedan a informar a esta magistratura respecto del interés público comprometido por la solicitud, pudiendo expedirse en el mismo acto sobre las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañar las constancias documentales que estimen pertinentes". Como se informó, no está en los planes del Congreso enviar consejeros/as nuevos para satisfacer los deseos de la Corte. La apuesta es seguir intentando una nueva ley, aunque demore más tiempo.
Como es evidente, la oposición hará fuerza para llevar a su gente y este miércoles al mediodía el bloque radical le presentará una carta a Massa pidiéndole que envíe al Consejo la designación de Roxana Reyes y el PRO le pedirá a CFK que mande el de Luis Juez.Por ahora podrán no hacerlo gracias a la precautelar.
Juntos
por el Cambio, de todos modos, intenta idear alguna estrategia
judicial para contraatacar. Como sea, es seguro que se dilatarán los
plazos. Lo que no quita que, como sea que esté la integración del
organismo, el lunes próximo se presente Rosatti e intente tomar las
riendas. Se abrirá entonces la discusión sobre si alcanza con que
haya quórum para sesionar y tomar los juramentos, teniendo en cuenta
que el fallo de la Corte dice que "los nuevos miembros iniciarán
su mandato de manera conjunta y simultánea".
"La Corte convivió quince años con una ley con la que funcionó el Consejo hasta que en diciembre decidió que era inconstitucional y emplazó al Congreso para que sancione otra. El Poder Ejecutivo mandó un proyecto, el Senado dio media sanción así que, siendo hoy martes, como diputado, tengo tres días antes del plazo de vencimiento que puso la Corte. Este tribunal, que es uno de los poderes del Estado, se tomó 15 años y a nosotros nos dan tres días. Lo que es más complicado es que de no haber una ley van a poner en vigencia una derogada en 2006 con la que el presidente de la Corte vuelve a ser presidente del Consejo. Es una barbaridad. Me presenté para que se respete la facultad del Congreso de sancionar una ley, quiero que se apruebe", dijo Casaretto.
La "medida interina", dijo el juez en alusión a la "precautelar", "presupone que se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho, como así el peligro en la demora que aparece nítido en el supuesto de no proteger el derecho concretamente reclamado respecto de la aplicación de una norma que fuera derogada por el Congreso de la Nación". Esto implica que el magistrado sostiene que Casaretto podría tener razón y si no se frena el proceso, las consecuencias podrían no tener retorno.
La demanda del diputado decía textual: "La orden emanada de la Corte Suprema, en tanto exhorta, en un arbitrario plazo, al Congreso Nacional a llevar adelante los mecanismos necesarios para cumplir con la integración del Consejo de la Magistratura y a la vez restituye, en un claro acto puramente legislativo, la vigencia de la ley 24.937, resulta claramente inconstitucional y contraria al principio de división de poderes establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución. Motivo por el cual, de cumplirse con lo allí dispuesto en relación a la designación de nuevos los nuevos integrantes conforme una norma que se encuentra derogada, se vería vulnerada nuestra Carta Magna, así como menoscabadas las facultades del Congreso de la Nación".
Agregaba que existe "una clara voluntad legislativa de cumplir con el exhorto de la Corte en cuanto a modificar la composición del Consejo de la Magistratura, la cual se ve reflejada en la media sanción del Proyecto de Ley aprobado en el Senado" el 7 de abril último.
Habrá que ver qué acepta evaluar el juez de todo esto, a la hora de resolver la cautelar y el recurso de amparo, que lo obligará a expresarse sobre el fondo. La puja que está a la vista es clara: la Corte encaminada a tomar el Consejo y el oficialismo en el Congreso que intenta dejarla expuesta y evitar ese triunfo con una solución política altamente complicada. (Página 12)
El orden institucional
Cada quién atiende su juego y defiende sus privilegios. Y los privilegiados, pocos pero poderosos, ganan, en la medida que no hay presión social aglutinante o que sintetice una voluntad cierta y comprometida de cambio en favor de una democracia mas plural, participativa y dónde los debates y los acuerdos políticos resuelvan los conflictos de formas y modos conducentes por los cuales, la ciudadanía, canaliza su voluntad en sus representaciones y en las organizaciones que se da para elegir a esos representantes.
Lamentablemente, mientras los acuerdos respondan a una red de privilegios e intereses ocultos que no pueden ser expresados abiertamente frente a la ciudadanía porque reflejaría el carácter precisamente anti-democratico, elitista y en defensa del interés de las minorías que concentran para si poder económico y prestigio mediático al que pueden acceder por la concentración económica, la posibilidad de acuerdos y de políticas que sinteticen la voluntad popular representada en la política y sus referentes, los Estados seguirán siendo espacios de corrupción y de defensa de intereses minoritarios, extranjerizantes y poco democŕaticos que no escatiman en “espiar”a propios y extraños en el afán de control para evitar que sus privilegios sean expuestos y por ende reducidos.
Sin Justicia, la democracía es ciega. Sin participación ciudadana la democracia es manca y no camina. Sin conocimiento e información que controle y limite el interés de las elites, la democracia es imposible.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
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