Golpe Institucional: La Corte legisla e Imparte Justicia

 

Rosatti supremo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló hoy todo lo actuado por el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, que dispuso la medida cautelar que frenaba la designación de representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura; lo reprendió y lo denunció ante el organismo que analiza la conducta de los magistrados por supuesto mal desempeño de sus funciones.

"Se declara la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado Federal N°2 de Paraná en la causa "Casaretto, Marcelo Pablo c/ Cámara de Diputados Nacionales y otro s/ amparo ley 16.986" (exp. FPA 3415/2022)", resolvió el máximo tribunal, según consta en el fallo al que accedió Télam.

En la misma resolución, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Carlos Maqueda dispusieron que se comunique lo decidido por el máximo tribunal "al Consejo de la Magistratura a fin de que evalúe la conducta del magistrado de acuerdo a lo establecido en los considerandos 5° a 8°".

"El Juzgado Federal N°2 de Paraná actuó con ostensible ausencia de jurisdicción, creando sin fundamento alguno el título para justificar su competencia e irrumpir de manera absolutamente irregular en la ejecución de la sentencia firme dictada por este Tribunal en los autos 'Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro'", sostuvieron los jueces supremos.

"Al disponer la medida interina referida, el magistrado claramente se entrometió en la decisión de esta Corte que ordenó que el Consejo de la Magistratura llevase a cabo las acciones necesarias a fin de cumplir con el sistema de integración del cuerpo previsto en la ley 24.937 (texto según ley 24.939), para lo cual debían ser elegidos e incorporados al órgano los representantes necesarios para completar la composición fijada en dicha ley", remarcaron.

Esta mañana, la Corte Suprema había dispuesto que el juzgado federal de Paraná le remita el expediente por el cual otorgó la medida cautelar que frenó la designación de representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura.

El fallo se conoció esta tarde luego de que la Corte Suprema, con la firma de los mismos tres ministros, dispusiera hoy que el nuevo Consejo de la Magistratura de veinte miembros comience a funcionar "de manera inmediata" con la presidencia a cargo del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

La Corte Suprema, con la firma de tres de sus ministros, dispuso este lunes que el nuevo Consejo de la Magistratura de veinte miembros comience a funcionar "de manera inmediata" con la presidencia a cargo del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

"A partir del dictado de la presente decisión, el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021", señaló la resolución, que lleva la firma del mismo Rosatti más la de sus pares Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

Respecto de los nuevos miembros elegidos por jueces y abogados, la resolución dispone que se les tome juramento, un trámite de rigor que debe hacer la misma Corte.

En el fallo de diciembre del año pasado, que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de trece miembros, la Corte fijó un plazo de 120 días para ampliarla a veinte integrantes y dispuso que la asunción de los nuevos consejeros debía ser "conjunta y simultánea".

En la resolución de hoy, para salvar la ausencia de los nuevos miembros representantes del Congreso, cuyo ingreso fue judicializado, la Corte argumentó que "resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos -cualquiera fuera el motivo- pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional".

Con esta decisión, la Corte avanza en el cumplimiento de su acordada de diciembre pasado pese a las críticas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del ministro de Justicia Martín Soria, del propio presidente del Consejo Alberto Lugones y de numerosos dirigentes y parlamentarios del oficialismo.


En el caso de Soria, el ministro habló de un "golpe institucional" y recordó que el actual presidente de la Corte, y flamante titular del Consejo de la Magistratura, llegó al máximo tribunal por un decreto del expresidente Mauricio Macri.

"La intromisión de la Corte sobre facultades de otros poderes se articula con el bloqueo que hace la oposición a los proyectos de reforma de la Justicia. No están salvando la República; están protegiendo a los saqueadores de la Argentina y a todos sus cómplices", cuestionó hoy Soria en declaraciones radiales.

Lugones, por su parte, en la última sesión del Consejo con la integración de 13 miembros que se celebró el miércoles pasado, señaló una vez más que "no me gusta el fallo de la Corte pero, como juez, debo cumplirlo".

No obstante, el camarista penal de San Martín planteó en el mismo encuentro que si Rosatti asume sin la totalidad de los miembros de la nueva composición, sería "una especie de intervención" porque no se cumpliría el precepto fijado por la misma Corte en el fallo, en el que ordenó que la asunción de los nuevos consejeros debía ser "conjunta y simultánea".

Sumándose al debate, el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos emitió esta mañana un comunicado en el que le solicitó a la Corte un plazo de 90 días para sancionar la ley del Consejo que ya cuenta con media sanción del Senado.

Más allá de la discusión política-institucional, lo cierto es que la asunción de los representantes del Congreso aún sigue suspendida por la presentación en la Justicia federal de un amparo del diputado nacional del FdT Marcelo Casaretto.

La Corte recibió hoy un pedido de 'per saltum' para resolver el amparo, solicitado por el abogado y exmiembro del Consejo de la Magistratura bonaerense Guillermo Sagués, y también dispuso que el juzgado que tramitó el recurso envíe toda la documentación relativa al cuarto piso del Palacio de Tribunales.

Aun sin estos representantes designados, la Corte decidió avanzar en la toma de juramento a la representante de los magistrados, la jueza civilista Agustina Díaz Cordero, y a las nuevas abogadas, Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, aunque por el momento no fijó fecha.

Duros cuestionamientos a Rosatti

Funcionarios y legisladores del oficialismo junto a abogados y miembros del Poder Judicial rechazaron este lunes con duros cuestionamientos la asunción del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, como nuevo titular del Consejo de la Magistratura, a quien acusaron de perpetrar un "asalto" a las instituciones y lo señalaron como un ataque en particular al Congreso de la Nación, al recordar que "la Justicia no debe legislar".

Uno de los primeros en expresar su repudio fue el ministro de Justicia, Martín Soria, quien advirtió que la Corte Suprema dio un "golpe institucional" con el desembarco de Rosatti al frente del Consejo de la Magistratura, y sostuvo que "no están salvando la República", sino "protegiendo a los saqueadores de la Argentina y sus cómplices".

En el mismo sentido lo acompañó el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, para quien la situación es "absolutamente anormal e ilegal" porque "no está previsto en la Constitución Nacional que la Corte Suprema emita fallos inconstitucionales", según advirtió en declaraciones radiales.

En tanto, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, definió la acción de Rosatti como "un atropello institucional y un avasallamiento al Poder Legislativo" que "pone en peligro el Estado de Derecho" ya que -reiteró- "la Justicia no debe legislar".

Desde el Poder Judicial también surgieron críticas, como las del presidente saliente del Consejo de la Magistratura, el camarista Alberto Lugones, y el titular del Juzgado federal N° 1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla.

"Rosatti no podría asumir sin incumplir el fallo que él mismo dictó", planteó Lugones, camarista y docente de Derecho Constitucional, en declaraciones a El Destape Radio.

En ese sentido, detalló que el fallo de la propia Corte sobre la Magistratura es "contundente" porque especifica que el titular del máximo tribunal va a poder asumir "recién cuando se integren los demás miembros hasta llegar a los veinte de la ley derogada".

Por su parte, Ramos Padilla calificó el hecho como "un golpe de Estado institucional" y afirmó que la Corte Suprema "se está arrogando facultades legislativas al dictar un fallo contrario a la Constitución".

Desde el Congreso, la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, alertó que con sus decisiones de esta lunes la Corte "está quemando la Constitución Nacional", y equiparó la situación con "un golpe institucional".

"Las papas no están quemando sino que la Corte está quemando la Constitución nacional. Quiere aplicar una ley que derogó el Congreso y, aunque sea 'suprema', eso no la vuelve legislador", argumentó la letrada al insistir con el principio de que el Poder Judicial no tiene funciones legislativas.

En sintonía con esos planteos, los diputados y senadores del Frente de Todos encuadraron la acción de la Corte como "un asalto al estilo Rambo", según palabras del neuquino Oscar Parrilli, y coincidieron en que el máximo tribunal está protagonizando "un golpe institucional".

Según Parrilli, la Corte está "asaltando el Consejo de la Magistratura al estilo Rambo", y luego adjudicó la intervención por parte del máximo tribunal a "una maniobra de (Mauricio) Macri para lograr impunidad en el Consejo de la Magistratura, como ya la tiene en la Corte, frente a la avalancha de denuncias que tiene".

También el jefe del bloque del FdT en Diputados, Germán Martínez, describió el episodio como "un escenario de gravedad institucional".

"Si hoy el presidente de la Corte asume la Presidencia del Consejo de la Magistratura, se consolidará un hecho gravísimo para la vida institucional argentina. Los posibles caminos están bien definidos: darle tiempo al Congreso para legislar, o insistir en un escenario de gravedad institucional", insistió Martínez.
Su par Eduardo Valdés (FdT) consideró que la asunción de Rosatti configura "un golpe institucional de Palacio" que, "lejos de mejorar la calidad de las instituciones, genera un conflicto donde no lo había", cuestionó en diálogo con FM Futurock.
En la misma línea, el diputado entrerriano Marcelo Casaretto (FdT) pidió a los miembros de la Cámara baja y del Senado que integran el Consejo de la Magistratura no convalidar el "desembarco" del presidente de la Corte, a quien atribuyó "desesperación y ambición de poder".(Telam)

En la noche previa

Cristina publico en su tweeter: “¿En serio que sólo el periodista Matías Mowszet se dió cuenta de lo que va a pasar mañana en Argentina tu país? Qué raro… con tantos periodistas independientes y de investigación que hay en la tele y en los grandes diarios.

La casta de la que nadie habla.”

El Periodista al que se refiere Cristina habí tweeteado: “Mañana el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura (El órgano que designa y remueve jueces) gracias a un fallo dictado por el mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó autoeligiéndose meses atrás”

“Aceptó entrar en la Corte por decreto. Ganó la presidencia gracias a un inédito autovoto que, con solo 5 Jueces, fue decisivo. Dictó un fallo que lo nombra a él mismo como presidente del Consejo de la Magistratura. Interesante para cuando volvamos a discutir sobre esto.”

Opinion

Iván Schargrodsky, opina en su Newsletter “ Off The Record” Publicado En La Plaforma Cenital

Los tuits de Cristina Kirchner revivieron el enfrentamiento perenne entre la vicepresidenta y la Corte Suprema. La historia es conocida: el máximo tribunal repuso una ley derogada. Lo hizo en un expediente que tiene 16 años y hacía más de cuatro estaba en la Corte. La dilación es un lujo de pocos: los supremos le dieron al Congreso 120 días de plazo para resolverlo con el receso estival en el medio. Las críticas de un sector del oficialismo son públicas y apuntan, en los últimos meses, contra Horacio Rosatti. Recuerdan que, en un hecho singular, Rosatti se votó a sí mismo. Ese señalamiento, paradójicamente, fue acompañado por Ricardo Lorenzetti, autor intelectual de la llamada Doctrina Irurzun, otro caso de branding exitoso. Lorenzetti dijo, en su momento, que la elección del actual titular del cuerpo fue “irregular” y que sus compañeros repitieron “vicios” de jueces “moral y jurídicamente descalificados” como los que ungieron a Julio Nazareno en ese cargo en el 2000: “Ha afectado el prestigio de la institución y de la elección misma”.

Lorenzetti volvió a diferenciarse de Rosatti en el voto sobre la inconstitucionalidad de la conformación actual del Consejo de la Magistratura y sostuvo que no se podía reponer una ley derogada.

Cerca del Presidente del tribunal recordaron que el Loro acompañó con su voto afirmativo un caso similar hace menos de diez años y señalaron, con sorna, un presunto doble estándar. En su momento, la oposición que hoy celebra a Rosatti lo señaló como parte de “la mayoría peronista”. Hoy es John Marshall. Las alianzas tácticas en el máximo tribunal, si uno sobrevuela los hechos de público conocimiento, son dinámicas. Las estratégicas, menos, pero habitan extramuros. La elasticidad en la interpretación de las normas es inversamente proporcional a la fortaleza del sistema político y este aparece como el síntoma más interesante para analizar el episodio. ¿Hubiera avanzado la Corte con esta decisión si la política estaba ordenada? Es una incógnita.

La discusión, entonces, es el lente. El kirchnerismo propone el moral; Rosatti el simbólico, de poder: “Porque puedo”. Las críticas oficiales son válidas, pero no desde lo institucional: ninguna de las decisiones mencionadas por el ascendente Matías Mowszet en el tuit recogido por la vicepresidenta son inconstitucionales. Si la cabeza del Poder Judicial tiene que tener una actitud de estándares éticos indiscutibles es una agenda no vinculante con los resultados.

Por eso, hay que prestarle atención al doble juego del Frente de Todos. Mientras sus espadas más ruidosas hablaron de “golpe”, dentro del Consejo le quitan dramatismo a la situación y esperan una definición del Presidente y su vice para dar o no el quórum que dependería, entre otras cosas, de la convivencia que propongan los recién llegados, a menos que la oposición logre forzar la interpretación sobre la conformación del cuerpo. Además de la escalabilidad del conflicto, no poder lograr el funcionamiento del organismo luego de tamaña demostración de poder sería una gestualidad desaconsejable.

Tarifas, ingresos y redistribución

No es el único desafío que enfrenta el sistema político. Si hubiera que buscar el aleph de la economía argentina, el lugar donde todo confluye, sin superposición y sin transparencia, ese lugar sería casi con seguridad el sector energético. El sector externo, la inflación y el consumo domiciliario, los límites al crecimiento del país y su potencialidad futura para generarlo, se encuentran en directa relación con la producción, transporte y comercio internacional de energía.

Un informe realizado por Nicolás Arceo, Lara Bernsten y Andrés Wainer para Fundar repasa las potencialidades del sector energético de forma pormenorizada tanto respecto del mercado internacional como en relación a los marcos regulatorios.

El documento identifica, en línea con otros desarrollos a los que se dio cuenta desde este espacio, al gas natural como el sector de mayor potencial de crecimiento exportador en nuestra producción de hidrocarburos, lo que sería acompañado por un incremento explosivo de las fuentes renovables, una ventana de algunas décadas hasta completar la transición energética. Advierte, sin embargo, sobre los riesgos regulatorios que podría enfrentar -con una ventana de tiempo relativamente corta- el desarrollo del sector, para lo cual realiza una extensiva revisión de los modelos regulatorios de nuestra historia reciente.

El informe señala que la política desarrollada bajo la dirección del ex-ministro Julio De Vido -centrada en garantizar el abastecimiento del mercado interno a precios reducidos respecto del valor internacional- tuvo como efecto una sistemática reducción de los niveles de inversión en el sector hidrocarburífero local aún con una demanda creciente, que obligó a recurrir a importaciones de otros mercados, por lo que el beneficio a los consumidores significó un problema agregado, que agravó tanto la situación fiscal como la restricción externa. La crítica es interesante porque el propio Arceo fue parte del equipo con el que desembarcó Axel Kicillof en el área de Energía. Es durante ese período que el informe identifica dos políticas virtuosas que respalda en algunos datos: la reestatización de la mayoría accionaria de YPF -que permitió recuperar inversiones en yacimientos locales que Repsol había desatendido sistemáticamente- y la mejora en los precios internos tanto de petróleo como de gas que, sin embargo, al no ser trasladado a los consumidores finales en una medida significativa, se materializaron en un precio sostén pagado por Estado Nacional en la cuenta de subsidios.

Por último, el informe señala las deficiencias en la política energética del macrismo, que abandonó el precio sostén en pos de confluir con los precios internacionales -bajos en los primeros años- para luego regresar a políticas de desacople de los precios internos tras la crisis iniciada en 2018. En relación a YPF, las políticas macristas tanto de precios de mercado como de estímulo a la producción de gas fueron perjudiciales para la compañía estatal que debió reducir drásticamente los niveles de inversión en línea con la reducción de sus ingresos.

El informe termina con tres recomendaciones de política pública. A diferencia del sector agropecuario, señala que Argentina no se encuentra entre los productores de hidrocarburos más eficientes del mundo y, de no resultar atractiva para nuevas inversiones, estará condenada a importar hidrocarburos en vez de desarrollar sus propios recursos. Por ello propone evitar repetir medidas de desacople entre los precios internos y los internacionales, desarrollar un nuevo marco legal que otorgue garantías para exportar y aborde el problema recurrente de las empresas extranjeras que operan en el país: la dificultad en el giro de divisas. Como contrapartida, aparecería posible una medida muy resistida por las empresas: establecer retenciones móviles para situaciones excepcionales de precios internacionales que permitirían al Estado apropiarse de rentas extraordinarias cuando excepcionalmente existieran por motivos geopolíticos o de mercado y evitar que aumentos muy por encima de los que viabilizan las inversiones necesarias en el sector se trasladen a los consumidores.

La recomendación del informe de Arceo y Fundar no encuentra demasiado eco en un ala del gobierno que representa el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, quien elaboró un informe relativo a la intención del gobierno de aumentar las tarifas domiciliarias de acuerdo a una fórmula que significa que para el 90% de los usuarios aumenten menos que el crecimiento de los salarios. El reporte de Basualdo señala que el establecimiento de la tarifa plena para el 10% de usuarios de mayores recursos podría redundar en aumentos de hasta el 400% en invierno para las facturas residenciales y hasta el 90% en grandes usuarios. Para usuarios residenciales señala que el aumento que surge de aplicar un ajuste promedio anual en 2022 de alrededor del 40% para el resto de los usuarios residenciales que no son beneficiarios de la tarifa social supondría incrementos en las facturas del 65% en junio cuando podrían ser puestos en funcionamiento. El informe, cuyo objetivo poco velado es prolongar las condiciones vigentes, enfatiza las dificultades políticas de aumentar tarifas. Señala que los incrementos podrían impactar en el cumplimiento de los pagos de facturas y que las dificultades podrían generar en las distribuidoras del interior -que a diferencia de Edesur y Edenor fijan sus propias tarifas- incumplimientos con Cammesa, afectando la cadena de pagos del sistema eléctrico.

Por último, precisa que el cambio en los precios internacionales haría que la reducción efectiva de subsidios por la implementación de estas medidas sea de apenas el 13% en 2022. Si los argumentos políticos del informe son atendibles -y alcanzan para entender la complejidad del modo en que el macrismo recurrió a políticas de desacople de precios y congelamiento luego de la devaluación de 2018-, resulta discutible impugnar aumentos que estarán casi con seguridad por debajo de la inflación anual y que se garantiza estarán debajo del aumento de salarios por el impacto que tendrán en el momento particular de instrumentarse, nuevamente, teniendo en cuenta la obligación asumida por el gobierno argentino de readecuar subsidios que demandan una proporción del gasto público mayor a los grandes programas sociales como la AUH.

La decisión de avanzar en el reajuste de las tarifas parece, a pesar de los ruidos internos, inamovible, ya que lo contrario podría profundizar los desequilibrios existentes en materia de precios relativos. El informe mensual de la consultora Equilibra, que fundaron Martín Rapetti y Diego Bossio, releva la experiencia histórica existente en procesos de desinflación e identifica elementos comunes de los programas de exitosos, que incluyen al tipo de cambio como ancla, posibilitada por la recomposición de reservas e ingreso de divisas, un marco de precios relativos alineados y un bajo déficit fiscal. En Argentina, donde las tarifas domiciliarias de gas y energía eléctrica cubren cerca del 30% de su costo y el sector externo requiere un tipo de cambio oficial que no vaya a apreciarse en términos reales, el informe identifica como muy poco probable una reducción de la inflación en lo que queda del mandato del Frente de Todos. ¿Es lo mismo que piensa Sergio Massa? El acuerdo con el Fondo Monetario, en el mejor de los casos, fijaría condiciones para una estabilización futura pero, al mismo tiempo -por las políticas tarifaria y de tipo de cambio que imponen- la hacen impensable en el presente. La recomposición de reservas y el crecimiento de las exportaciones permitirían encarar dicha tarea, en la medida en que los desequilibrios internos no se vuelvan más pronunciados.

Si el informe estuviera en lo cierto y no hubiera, en las condiciones actuales, márgenes para la reducción de la inflación, la mejora de las condiciones de vida deberá darse por vía de ingresos. El último reporte de la consultora CIFRA, de la CTA, determina en 2,3% la caída del salario real promedio formal privado en 2021, aunque reconoce una recuperación en el último trimestre, cuando los salarios eran 2% superiores a 2020. En el sector informal, la caída salarial habría sido más pronunciada y los niveles se encontrarían por debajo de 2020 -aunque estos datos, al no existir registros oficiales, sean de menor calidad en relación a los del empleo formal. De todas maneras, tanto las paritarias como otras políticas que pueda llevar adelante el gobierno nacional deberán apuntar a la recomposición de ingresos y distribución social de beneficios del crecimiento. (…)

¡No importan las palabras!

La democracia se devalúa toda vez que unos pocos se arrogan facultades que no están escritas en ningún acuerdo legal vigente. No importan las palabras con las cuales esos actos pretendan ropaje de legitimidad. Pero lo mas preocupante es que la ciudadanía no reaccione. La democracia no se trata de una palabra, sino de si estamos dispuestos a asumirnos parte de un país, de una comunidad … o sencillamente dejaremos que la realidad la armen otros y nos las impongan.

En un contexto donde la concentración de la riqueza y el poder de unos pocos diezma y reduce el ejercicio democrático, hacerse el distraído es muy parecido al suicidio o al servilismo …

Nadie se salva solo. Que cada quién haga su parte.

Daniel Roberto Távora Mac Cormack