Lunes
24 de febrero de 2020
Los
medios corporativos están muy susceptibles y temerosos, enfatizando
las propias tácticas que sostuvieron desde aquel 2009, cuándo el
conflicto con las patronales rurales se entremezclaba con las
críticas a la presidenta y las posiciones crecientes del gobierno en
contra de los negocios monopólicos y causi-mafiosos de la
corporación mediática de Ernestina Noble y su gerente y Ceo Héctor
Horacio Magnetto. Mucho a cambiado para mal con Macri … el poder
concentrado creció y se diversifico. Las mismas mañas y los mismos
miedos recrudecen su tratamiento desinformativo …
El
sociólogo Luis Alberto Quevedo, director de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) dijo que “Alberto
Fernández se ha propuesto cerrar la grieta pero para cerrarla se
requiere la voluntad de más de un sector”, y “si uno lee los
medios opositores, que son casi todos, lejos de cerrar la grieta han
continuado con la misma agenda de antes y la misma agresividad de
antes”.
El experto en comunicación
política afirmó que los grandes grupos mediáticos como Clarín,
Perfil o América, “lejos de cerrar la grieta” actúan contra
“cualquier política” del gobierno. Abogó por cerrar la
negociación de la deuda en marzo o abril, y pidió que se defina
temas como “el perfil productivo” del país.
Al analizar en general los
primeros dos meses del actual gobierno de la Nación, el especialista
en comunicación política consideró que “estuvieron
sobredeterminados” por el “tema de la deuda externa”, porque el
presidente “considera que sin haber cerrado este tema no hay manera
de llevar adelante un plan de gobierno”.
Para Quevedo, es necesario que
“defina claramente su perfil” en la gestión presidencial, y
consideró que la resolución acerca de la negociación de la deuda
no puede “ir más allá de marzo o abril”.
Según su criterio, hoy existe
“una gran incertidumbre” y el país “necesita otro tipo de
definiciones” sobre, por ejemplo, “cuál va a ser la política de
reindustrialización o el perfil que le va a dar al sector
agroexportador”.
-¿Cómo
analiza los primeros dos meses de gobierno de Alberto Fernández?
-Alberto
Fernández tenía cuando inicia su gobierno dos o tres interrogantes
sobre cómo iba a ser su perfil, su política y su comunicación.
Poco a poco las ha ido despejando. Una era mostrar que quien
gobernaba es Alberto Fernández y no Cristina Kirchner. Esto estaba
muy construido por los medios opositores y por buena parte de la
dirigencia política que perdió las elecciones en 2019, diciendo que
en realidad Alberto Fernández iba a ser un títere de Cristina
Kirchner. Esa es la primera cuestión a la que se enfrentaba, es
decir cuál era su perfil propio. La segunda cuestión es que estos
dos meses estuvieron sobredeterminados por un tema, que él considera
que sin haber cerrado ese tema no hay manera de llevar adelante un
plan de gobierno, que es la deuda externa. Esas dos cuestiones las
fue construyendo de manera diferente. Sí construyó un estilo propio
de comunicación, muy diferente al de Cristina Kirchner, y al de
Macri también, por supuesto. Y creo que sí quedó un poco atrapado
con este tema de que es muy difícil imaginar un plan de gobierno,
una transformación de las cuestiones esenciales de la Argentina, sin
resolver el tema de los acreedores externos, la relación con el FMI,
etcétera.
-¿De
qué manera ve la comunicación del presidente?
-Creo que tiene una comunicación
que la definiría con tres palabras: abierta, fragmentada y
transparente. Abierta porque a diferencia de lo que fue el estilo
discursivo de Cristina Kirchner, y también el de Mauricio Macri,
Alberto Fernández habla con mucha gente. Habla con buena parte del
periodismo, tanto el de oposición como el que es más afín al
gobierno. Habla con políticos, sale al plano internacional y habla
con mucha gente. En esto se distingue no solo del estilo discursivo
de Cristina sino también del de Macri, que en cuatro años no habló
nunca con un periodista opositor. Es fragmentada porque en realidad
desde el 10 de diciembre no ha producido hasta hoy un discurso global
y ordenador de su gestión. Ha tenido muchas apreciaciones sobre
cuestiones muy puntuales, sectoriales, incluso las medidas de
gobierno que ha tomado son muy sectoriales. No hay un discurso que
organice lo que van a ser sus cuatro años de gobierno. Y creo que es
transparente porque habla con datos, con hechos, en algunas áreas ha
hecho una descripción sobre el estado del Estado, justamente, de lo
que recibió, lo que tiene que enfrentar, que es lo que recibe del
gobierno anterior como gestión pública y no sobre-promete. O sea
que también es transparente porque no ha creado una sobre-promesa
sobre lo que van a ser los logros de su gobierno. Ha tenido algunos
logros, queda muy claro que tiene una personalidad propia, que está
gobernando, que no ha sido opacado, ni tampoco ha estado en conflicto
con Cristina. Pero eso va a continuar porque la oposición
periodística va a seguir buscando la grieta entre Alberto Fernández
y Cristina Kirchner. Por ejemplo con respecto al FMI. Pero ahí
Alberto actúa de manera defensiva, tiene que salir a aclarar que
está de acuerdo con lo que dice Cristina. Pero no es propositiva, no
tienen una acción común.
-¿Cuáles
son sus mayores falencias?
-En materia de comunicación y de
política le faltan algunas cosas. Primero le falta hablar más con
la sociedad. Ha hablado con muchos periodistas, con muchos
dirigentes, del sindicalismo también y de otros partidos políticos,
pero le falta hablar más con la sociedad, que fue su fuerte en la
campaña electoral. Le falta también un discurso más integrador
sobre objetivos del gobierno. Está un poco encerrado en hacer
diagnósticos sobre ciertos aspectos de la política, de la función
pública y de las acciones que hay que tomar. Pero hay una deuda con
la política misma. La comunicación es hija de la política, lo que
en ciertas áreas se requiere no es discurso y comunicación sino que
son decisiones políticas. Dos ejemplos. La reforma de la justicia, a
la cual él se ha referido muchas veces, le falta una acción
política. Qué va a hacer con los tribunales federales, si va a
ampliar la Corte, cómo va a modificar una estructura de la justicia
que sigue estando igual al 9 de diciembre, cuando era presidente
Mauricio Macri. Y la segunda es en qué va a consistir el perfil más
productivo para la Argentina, más allá del diagnóstico de "tierra
arrasada" que ha mencionado varias veces. Si la agenda se
restringe a esta cosa más fragmentada, más puntual, a ver cómo se
van a resolver los créditos UVA o si se le aumentó a los jubilados,
me parece que son cuestiones pequeñas. Le falta una agenda, que sea
él quien proponga la agenda que sustituya lo que fue la agenda del
inicio de su gestión. Eso me parece que todavía está ausente.
-¿Le
parece que las discusiones internas dentro del mismo frente en torno
a los presos políticos, o sobre pagar o no la deuda, es algo
inherente a la coalición, o está propiciado por esto que usted está
marcando?
-Esos dos temas que han estado
presentes en la agenda no han logrado ni calar hondo en la sociedad,
porque uno tiene que mirar qué cosas de esas la sociedad toma para
sí, ni realmente fragmentar a la dirigencia del Frente de Todos. El
tema de los presos políticos es un tema. Él insiste en que hace
cuatro años no habla exactamente de presos políticos sino que habla
de personas que han sido injustamente arrestadas, y que por lo que
conocemos, la estructura de la justicia misma tiene que resolver esos
temas. Y me parece que eso no ha calado en el bloque oficialista como
para quebrarlo. Hay diferentes opiniones pero no lo quiebra. Y en el
tema de la deuda es aún más fuerte el abroquelamiento que hay
detrás. Las votaciones en el Senado fueron muy claras. Hay gente que
cree que hay que hacer una quita, otra que hay que transformar el
tema de los intereses o culpar más al FMI. Pero la dirigencia, que
no es un bloque homogéneo dentro del Frente de Todos, acepta que sea
Alberto Fernández y la conducción del gobierno la que lleve
adelante la negociación. Sabe que es una negociación, sabe que se
va a ceder, pero no creo que fragmente al bloque de gobierno.
-¿Los
grandes medios de comunicación son los que ejercen la oposición,
más que los políticos?
-Sí, me parece que los grandes
medios no han cambiado su posición respecto al peronismo, al
kirchnerismo, incluso a Alberto Fernández desde lo que fue el apoyo
explícito a la reelección de Macri. Los medios más concentrados,
como el Grupo Clarín, La Nación, América, Perfil, siguen siendo de
una oposición muy dura. Alberto Fernández se ha propuesto cerrar la
grieta pero para cerrarla se requiere la voluntad de más de un
sector, no solamente de Alberto Fernández o del gobierno nacional.
Lo que queda claro si uno lee los medios opositores, que son casi
todos, es que lejos de cerrar la grieta han continuado con la misma
agenda de antes y la misma agresividad de antes. Que tiene tres
aspectos. Uno es el ataque permanente a Cristina Kirchner y al
kirchnerismo, y a lo que fue el pasado de este gobierno. El segundo
es no resaltar ningún aspecto positivo del gobierno de Alberto
Fernández. Por ejemplo, la gira que hizo el presidente en Europa fue
muy positiva y sin embargo, si uno mira los grandes medios, no
existen casi referencias a la gira. Y la tercer cuestión es el
silencio en cuanto a lo que va apareciendo de lo que fue el manejo
del gobierno de Mauricio Macri. Van apareciendo unos cuantos temas,
como el de Vicentín que es muy grave, que está ya en sede judicial,
o como el de los peajes y en los grandes medios eso no existe. No los
tematiza siquiera. Es un posicionamiento muy claro de enfrentar
cualquier política que el gobierno de Alberto Fernández lleve
adelante. No hay ningún cierre de grieta por parte de esos medios.
-¿En
cuánto cree que debería resolver el presidente el tema de la deuda,
como para que el gobierno arranque? Porque parece que dos meses de
gobierno es poco pero se ve mucha impaciencia en militantes y en
algunos sectores.
-Creo que más allá de la
impaciencia de los militantes o de sectores de la sociedad, que
coincido en que existen, hay un tema más fuerte que tiene que ver
con llevar adelante políticas. Cuál va a ser la política de
reindustrialización de la Argentina, cuál va a ser su perfil, cuál
va a ser el perfil que le va a dar al sector agroexportador, qué
política va a haber con los grandes monopolios del comercio exterior
referido a las grandes cerealeras, qué política va a haber en
Educación, en Ciencia y Tecnología, en materia de Salud. No me
refiero a diagnosticar al gobierno anterior y decir que es necesario
cambiar. Creo que la impaciencia que es consistente es esa, es querer
que el gobierno de Alberto Fernández defina claramente su perfil.
Creo que tiene que ser muy
rápido, no creo que el tema de la negociación de la deuda pueda ir
más allá de marzo o abril en algún tipo de definición. Realmente
hoy hay mucha incertidumbre. Entiendo lo que dice Alberto Fernández
en cuanto a que no puede dar demasiados datos porque una negociación
es eso: una negociación. Se ponen muchas cosas sobre la mesa, se van
cambiando estrategias. Pero me parece que en un par de meses deberían
cerrarlo porque Argentina necesita las otras definiciones.
Y las definiciones van sucediendo
…
El gobierno argentino acordó
nuevas condiciones en el pago de la deuda de U$S 44 mil millones que
mantiene con el Fondo Monetario Internacional. El compromiso fue
alcanzado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la
directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quienes se reunieron
ayer en Riad, donde se realiza la reunión de Ministros de Finanzas
del G-20.
el Fondo aceptó una postergación
de tres años en la devolución del capital, cuyo cronograma de cinco
años arrancaba a mediados de 2021. El beneficio podría extenderse a
los intereses, que sólo en 2020 suman unos U$S 1.600 millones. A
cambio, las autoridades económicas mantendrán el equilibrio fiscal
durante ese período, aunque se podrían admitir pequeños desvíos
de esa meta para atender cuestiones sociales.
El comunicado oficial del
Ministerio de Economía también informó "la intención de la
República de iniciar las consultas del artículo IV del organismo",
que establece la revisión anual de las economías de los países
miembro. La letra chica del acuerdo será resuelta en Washington, a
donde viajará Guzmán directamente desde la capital árabe.
La vuelta de estas revisiones
anuales, que habían sido reemplazadas por las trimestrales
estipuladas en el acuerdo stand by, dan a entender que caducó
definitivamente el programa sellado en junio de 2018 entre las
anteriores autoridades del Fondo y la gestión de Mauricio Macri,
suspendido en agosto pasado. Lo que se debatirá la semana entrante
es si la nueva relación incluirá otro acuerdo, algo que Georgieva
implícitamente admitió, y si habrá condiciones expresas bajo las
cuales el FMI acepta la postergación en los pagos. "Acogí el
compromiso de las autoridades argentinas de continuar profundizando
nuestra colaboración, a través de una Consulta del Artículo IV, y
oportunamente obtener un programa respaldado por el Fondo. Las
modalidades de estos próximos pasos se seguirán discutiendo",
señaló la dirigente búlgara.
...Guzmán tenía planeados otros
dos encuentros de importancia. Uno con el secretario del Tesoro
estadounidense, Steven Mnuchin, para pedir el respaldo de su país en
la renegociación con el Fondo. El otro, con el ministro de Finanzas
francés, Bruno Le Maire, para que interceda ante el Club de París y
que acepte renegociar la deuda argentina con ese núcleo. (
https://www.tiempoar.com.ar/nota/el-gobierno-acuerda-con-el-fmi-y-va-por-los-bonistas-privados
)
El ministro de Economía, Martín
Guzmán, destacó las "coincidencias" encontradas con el
secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, en la
reunión mantenida este domingo en el marco de la primera sesión de
la Cumbre de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales
del Grupo de los 20 (G20) que se desarrolla en Riad, Arabia
Saudita.
“Gracias Secretario del Tesoro de los Estados Unidos @stevenmnuchin1 por el productivo encuentro. Es por demás alentador encontrar coincidencias”, señaló el titular del Palacio de Hacienda a través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter.
Por su parte, Mnuchin sostuvo que con Guzmán “discutimos los planes de su gobierno para implementar políticas económicas”.
También a través de la red social Twitter, el funcionario estadounidense coincidió con el ministro argentino en calificar de “productivo” al encuentro mantenido en Riad.
“Primera discusión productiva con el ministro de Hacienda argentino, Martín Guzmán”, recalcó el secretario del Tesoro de EEUU.
El Palacio de Hacienda, a través de un comunicado de prensa, precisó que la reunión se extendió por espacio de algo más de 30 minutos y que también participaron el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, y el subsecretario del Tesoro estadounidense, Brent McIntosh.
Finalizado ese encuentro, Guzmán continuó con su agenda de trabajo en Riad, que incluyó reuniones bilaterales con sus pares de México, Arturo Herrera; y de Canadá, Bill Morneau, en las que apuntó a afianzar el diálogo entre los países y fortalecer las relaciones entre la Argentina y el mundo.
Este sábado, durante la primera jornada de actividades desarrollada en Riad, Guzmán mantuvo reuniones bilaterales con sus pares de Alemania, Olaf Scholz; de Francia, Bruno Le Maire; de Suiza, Ueli Maurer; de India, Nirmala Sitharaman; y de Arabia Saudita, Mohammed Al-Jadaan.
En estos encuentros, todos los ministros le manifestaron el apoyo de sus países a las negociaciones que lleva adelante la Argentina para reestructurar su deuda soberana y acordaron una agenda de cooperación en pos de afianzar los vínculos estratégicos bilaterales.
Asimismo, la ministra de India le anticipó al titular del Palacio de Hacienda las intenciones de su país de realizar inversiones productivas en la Argentina que generarán nuevos puestos de trabajo.
Además, antes de su exposición en la sesión del G20, Guzmán y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalyna Georgieva, analizaron los pasos a seguir en el marco de la relación entre Argentina y el FMI , tras las conclusiones alcanzadas luego de la visita de la reciente misión técnica del organismo en la Argentina.
Como corolario de esa incursión, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer un documento en el cual aseguraba que la deuda pública argentina "no es sostenible" y que el superávit fiscal necesario para enfrentar su pago "no es económica ni políticamente factible". El organismo multilateral dejó entrever la posibilidad de avanzar con una quita de deuda al afirmar la semana pasada que “se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados”.
Ahora,
los privados
El acuerdo con el FMI abrirá el
camino al gran objetivo del gobierno: reestructurar la deuda con los
bonistas privados. En ese sentido, fue valiosísima la ayuda de la
delegación del Fondo que permaneció una semana en Buenos Aires y se
reunió con diferentes funcionarios del Ejecutivo. La declaración
elaborada por Julie Kozack, subdirectora del Departamento para el
Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, nuevo enlace del Fondo con
Argentina, afirma que la deuda pública es "no sostenible"
y pidió una "contribución apreciable" de los acreedores
privados. En los hechos, ese aval habilita al gobierno a plantear a
los tenedores de bonos nuevos plazos y una fuerte quita.
“Nuestra visión es que el
superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública
no es económicamente ni políticamente factible”, dice el texto. Y
agrega que “en consecuencia, se requiere de una operación de deuda
definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores
privados”.
Lo que está en juego es un
paquete de alrededor de U$S 100 mil millones, casi un tercio de los
U$S 324.449 millones que componían la deuda pública al 31 de enero,
según el informe de la Secretaría de Finanzas. Esa fracción se
encuentra en manos privadas, fundamentalmente bancos, fondos de
inversión e incluso ahorristas particulares.
La estrategia oficial es lograr
una quita de capital de esos bonos, más un período de gracia de al
menos tres años en los intereses. Esos recursos quedarían liberados
para dinamizar la actividad interna y atender las demandas sociales
insatisfechas por la gestión de Mauricio Macri. Economía busca un
agente financiero que identifique a los dueños de esos títulos y
les acerque la propuesta de reestructuración.
El gobierno necesita definir el
tema cuanto antes, porque en dos semanas comienza una seguidilla de
fuertes vencimientos que entre capital e intereses involucran unos
U$S 10.000 millones hasta junio. En su visita a la Cámara de
Diputados, Guzmán anunció su intención de lanzar la oferta en la
segunda semana de marzo y dar apenas 15 días para que los acreedores
manifiesten su conformidad. Como en la imagen del perro que gira en
círculos buscando alcanzar su propia cola, el éxito de la
reestructuración está condicionado a que se lleve a cabo: antes de
aceptar, los bonistas quieren precisiones sobre cómo será la
economía argentina en los próximos meses; pero el gobierno no las
puede formular sin saber cuánto de sus recursos deberá destinar a
pagar deudas y cuándo deberá hacerlo.
Juego
a dos puntas
Con
tal de poner al FMI de su lado, el gobierno jugó a dos puntas. Por
un lado endulzó sus oídos con las promesas de disciplina fiscal que
el presidente Alberto Fernández formuló a los líderes europeos en
su gira del mes pasado. Además, dejó traslucir un posible
descongelamiento de tarifas de transporte, luz y electricidad para
mayo o junio, que luego Fernández desmintió.
Pero a la vez insistió en que el
Fondo también podría hacer una quita en sus acreencias. El
contrapunto lo protagonizaron Georgieva, que decía que su carta
orgánica le impide hacer una rebaja, y la vicepresidenta Cristina
Kirchner, que recordaba que el Fondo ya había violado ese estatuto
al seguir girando dinero a un país y acrecentando su deuda, a
sabiendas de que esos capitales se fugaban del sistema. "¿Por
qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no?",
chicaneó Cristina.
Esa idea se amparaba en un
antecedente concreto. En 2005, el FMI, junto con el G-8, propuso la
Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM). A través
de ella, y con el argumento de ayudar a cumplir los Objetivos del
Milenio que impulsaba la ONU, armó un fideicomiso con el Banco
Mundial y otras entidades para condonar sus pasivos con la entidad a
36 países calificados como pobres y muy endeudados, la mayoría con
ingresos per cápita menores a los 380 dólares. Entre ellos había
cuatro americanos: Bolivia, Haití, Honduras y Nicaragua. A Liberia,
incluso, le otorgaron un "alivio" adicional por U$S 172
millones para ayudar a dejar atrás su guerra civil.
El dato debilitaba los argumentos
del FMI. Claro que el ingreso en esa iniciativa no era sencillo:
incluía la comprobación de que esos países demostraran un
"desempeño satisfactorio" en objetivos tales como gasto
público, reducción de la pobreza y otros condicionamientos
macroeconómicos. Y si hay algo que Fernández no quiere es aceptar
condicionamientos externos.
Error
y purga
La voltereta del Fondo, que ahora
guarda silencio sobre las exigencias de ajuste fiscal y reformas
estructurales con las que insistía hasta hace un par de meses, es
producto tanto de su renovación dirigencial como de sus gruesos
errores al juzgar la situación local. Todos los riesgos alertados en
las revisiones trimestrales del acuerdo stand by, y que el directorio
ignoró con tal de seguir apoyando el proyecto de reelección de
Macri, finalmente sucedieron. Entre ellos, la vulnerabilidad del
pasivo ante una suba del tipo de cambio, una eventual corrida
dolarizadora y la falta de respaldo social ante tanto ajuste.
El riesgo de no recuperar los U$S
44 mil millones que prestó al país generó un sismo puertas adentro
de la entidad y la salida de Christine Lagarde, directora gerente; su
vice, David Lipton, y el encargado de seguir el caso argentino,
Roberto Cardarelli. Esa implosión desembocó en la mayor disposición
de Georgieva a escuchar los pedidos del nuevo gobierno. Tras las
reuniones de esta semana en Washington se sabrá hasta dónde llegará
el cambio de postura. «
Lo urgente y lo importante
Transcurrieron ya más de dos
meses desde que el gobierno de Alberto Fernández se puso en marcha.
Y si bien hubo definiciones políticas fundamentales que se fueron
construyendo durante la campaña y en el intermedio entre las
elecciones y el cambio de gobierno, lo real es que el Frente de Todos
(FdT), con el Presidente a la cabeza, viene cimentando su perfil
político a medida que da respuesta a los desafíos que le plantea la
gestión. Cada paso, cada decisión es también una definición
política. Lo viene siendo de manera central el posicionamiento
frente a los acreedores externos y el FMI. Pero también los gestos
en materia de política internacional, que zigzaguea entre sostener
los principios y la necesidad de llegar a acuerdos para sumar aliados
aunque sean incómodos. En el orden interno se evidencia la tensión
entre la reafirmación de la opción por los más perjudicados y el
intento, con los medios al alcance, de apostar a la reactivación
productiva.
Ha quedado claro también que
todas estas decisiones se cocinan en el círculo de poder que rodea
al Presidente y que está constituido por sus colaboradores más
cercanos. Espacio del que participa -de modo preponderante- la
vicepresidenta Cristina Fernández. Una relación que solo Fernández
y Fernández pueden decir cómo funciona, mientras las usinas de
oposición mediática la pretenden fabricar como una nueva "grieta".
Al menos por el momento, nada indica que esto esté ocurriendo. Más
bien se trata de otra versión de fake news a la que nos tienen
acostumbrados y de la que no se bajan ni los periodistas ni las
corporaciones mediáticas. Es su forma de ejercer el periodismo y el
poder.
Pero volviendo al tema del
círculo íntimo de las decisiones políticas, está claro que el
estilo presidencial es reservado y de consulta apenas a los más
cercanos o directamente interesados en el asunto específico.
Siguiendo el modo aprendido de su maestro Néstor Kirchner, Alberto
Fernández prefiere también la sorpresa, cuando no el secretismo, en
torno a las decisiones que adopta. Nada se lo impide, ni nadie podría
decir que los debates que anteceden a decisiones trascendentes
-máxime en una situación de crisis como la que se vive- tengan que
ser públicos.
La premura para adoptar
decisiones está por delante de los intercambios y consultas más
amplias, según entienden quienes ejercen la máxima responsabilidad
del gobierno. Como todas las determinaciones que se toman en
emergencia tiene que ser valorada en este contexto y en función de
superar el momento.
Si se convierten en habituales y
se prolongan en el tiempo pueden convertirse en un problema antes que
una solución.
Para ganar las elecciones el FdT
sumó fuerzas, voluntades y perspectivas políticas diferentes.
Sirvió para reconquistar el gobierno. Para gestionar, Alberto
Fernández distribuyó cargos a lo largo y ancho de los ministerios y
de la administración pública, casi con la idea de dejar conformes a
todos los participantes de la alianza gobernante. Una decisión audaz
que tendrá que demostrar en el tiempo que, de la misma manera que
sumó votos, es igualmente útil y eficaz para gestionar de manera
coherente el Estado. Es demasiado pronto para sacar conclusiones
sobre este punto.
El gobierno está empeñado por
el momento en paliar la crisis. O, quizás mejor dicho, en mitigar el
daño que hereda de la etapa macrista. Pero desde Fernández hasta el
último de sus funcionarios saben que ésta es una etapa apenas
transitoria a la que debe seguir una segunda, de mayor importancia
todavía, que consista en la construcción de un proyecto político,
económico y cultural superador para la sociedad argentina.
Y si salir de la crisis requiere
de diálogos a puertas cerradas y de decisiones centralizadas, la
construcción de otro proyecto de sociedad demanda de miradas
distintas, de la puesta en común de perspectivas diferentes y de la
presentación de experiencias que no salen únicamente de los
círculos que rodean a los decisores. Hay además una multiplicidad
de voces y de prácticas que están en el territorio y que han sido,
a través de organizaciones y movimientos, sustento fundamental del
FdT.
Más allá de cualquier
consideración política coyuntural, es claro que el debate de ideas
es, ante todo, una necesidad social. Porque toda sociedad, cualquier
grupo humano, necesita dialogar, intercambiar para progresar, escoger
las mejores decisiones y rectificar -cuando es necesario y lo más
rápidamente posible- las orientaciones equivocadas.
Para eso hay que discutir,
debatir, argumentar, incluso a partir de posiciones encontradas,
hasta llegar a un consenso que se traduzca en decisiones de gestión.
Algunas voces que provienen de
dirigentes de base alineados y comprometidos en el FdT están
alertando sobre la necesidad de -sin desatender la atención de la
crisis- ampliar los espacios de intercambio y de debate, para exponer
ideas y para generar propuestas que enriquezcan la acción del
gobierno. Entienden que es un mecanismo de participación que realza
la vida política y ayudaría a consolidar el FdT como instancia de
poder y más allá de lo electoral. Sabiendo también que el solo
debate no lo resuelve todo y que, inevitablemente, quedarán en
evidencia discrepancias y hasta se pueden atravesar turbulencias.
La democracia liberal por la que
nos regimos necesita, para madurar y crecer, de pluralidad de voces
que debatan sobre lo que es mejor para la mayoría de la ciudadanía.
Pero es imposible avanzar en esta tarea si no se asume desde el
comienzo que ninguno de los interlocutores posee la totalidad de la
verdad. Y que la disposición al diálogo incluye también capacidad
de renuncia a algunas certezas, aunque no a las convicciones. El
debate plural, diverso y a la vez comprometido, es garantía de una
propuesta política superadora.
Con un video de dos minutos y el
presidente Alberto Fernández como espada principal el gobierno avisó
que dará la batalla por el Poder Judicial. O mejor dicho: que asume
que la justicia se transformó en un escenario privilegiado de la
disputa política en el que está dispuesto a intervenir.
La Casa Rosada hizo público su
diagnóstico, que también es una meta. Durante cuatro años de
macrismo –dice en el video- se violó el Estado de Derecho a través
de detenciones arbitrarias, designación de jueces por decreto,
espionaje ilegal y extorsión a opositores, interferencia de los
servicios de inteligencia, abuso de la figura del arrepentido y
armado de causas y detenciones arbitrarias. Todo ello con soporte
mediático.
El propio presidente salió a
marcar la cancha. "Necesitamos una justicia que actúe contra el
crimen organizado y los delitos de corrupción, en vez de perseguir a
políticos”, dijo en una entrevista periodística. Y concluyó:
“Queremos una Justicia Federal que se aboque a estos temas y se
olvide de la política".
Los jueces, que se jactan de
“hablar por sus sentencias”, guardaron silencio. Pero el gobierno
sabe que habrá respuesta. Y donde duela. Mientras tanto quien
recogió el guante fue Juntos por el Cambio, con Lilita Carrió a la
cabeza, recreando el discurso “republicano” que mejor le
sienta.
La alianza entre el Pro, la UCR y
la CC calificó la posición de la Casa Rosada como “un ataque
directo a la independencia de los jueces, porque respalda el plan
para garantizar la impunidad de ex funcionarios procesados y
condenados por corrupción".
Esta posición es mucho más que
coyuntural. “Durante el gobierno de Macri la política se tecnifica
y busca, por un lado, un discurso empresarial respecto al manejo del
Estado y por otro lado dirimir la batalla política en el ámbito
judicial, esto es eliminar al adversario político en los
tribunales”, asegura la polítóloga e investigadora del Conicet
Silvina Romano…
“Con la judicialización de la
política – explica Romano- se recortan las potencialidades de la
democracia, ya que al darle predominio al Poder Judicial se recorta
la representatividad y, por supuesto, la participación directa de la
ciudadanía, dándole potestad a una élite como es el aparato
judicial, que no se elige por voto popular”.
Mover
las piezas
Los aprestos del gobierno para
dar una batalla que considera de fondo incluyen el anuncio de una
reforma judicial, que será uno de los temas centrales del discurso
con que Alberto Fernández inaugurará las sesiones ordinarias del
Congreso el 1 de marzo próximo.
El proyecto que la ministra
Marcela Losardo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo
Beliz, guardan bajo siete llaves irá en línea con lo que el
gobierno expuso la semana pasada: el poder político no puede dejarse
erosionar (ni extorsionar) por los tribunales.
Consciente de que las reformas se
hacen cuando se tiene fortaleza y sin darle respiro al contrincante,
el gobierno desplegó distintas iniciativas que afectan a la
magistratura en general, asumiendo los riesgos del caso: abroquelar a
todos los jueces, trascendiendo fueros, instancias y
jurisdicciones.
En la cima de temas incómodos
para la corporación judicial aparece el proyecto para modificar el
régimen jubilatorio de los jueces, que el oficialismo intentará
aprobar en la Cámara de Diputados la semana próxima.
Como efecto colateral de esta
medida aparece la renuncia a sus cargos de jueces y fiscales (por
ahora serían una treintena) para no perder los beneficios del viejo
sistema, algo que va en el sentido de la renovación que se busca
desde Balcarce 50.
También genera escozor el pedido
de intervención de la Justicia jujeña realizado por el senador
peronista Guillermo Snopek, después de denunciar que el
presidente del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, Pablo
Baca, amenazó con denunciarlo por sus dichos en el Parlamento sobre
el Poder Judicial local.
Baca pidió licencia luego de que
se hiciera público un audio donde reconoce que la dirigente social
Milagro Sala no está detenida por haber cometido delitos sino porque
así lo necesita el gobierno que encabeza el radical Gerardo Morales.
Algo así como lawfare explícito.
“La utilización política del
Poder Judicial – destaca Romano- edulcora la democracia y hace que
esta se reduzca al procedimiento, como una competencia entre sectores
que se presentan a elecciones donde lo importante es el
procedimiento, sin importar la sustancia”.
A
desjudicializar
La judicialización de la
política que el gobierno parece decidido a combatir se convirtió en
una práctica cada vez más asidua desde años ‘90, acompañando
las reformas de segunda generación impulsadas por el Banco Mundial
y el FMI a partir del Consenso de Washington.
Dichas reformas buscaban
acompañar la estructura económica neoliberal con una
superestructura institucional que la legalice y legitime. Para esto
es necesario un Poder Judicial que la sociedad perciba como técnico,
apolítico y productor de verdad. Un poder inmutable al riesgo que
para el mercado supone los cambios de la política.
“El Poder Judicial como campo
de batalla político adquirió mucho protagonismo en 2015 con la
causa Nisman, donde la oposición al kirchnerismo ve al aparato
judicial como un espacio que le podía dar cierta legalidad y
legitimidad en un año electoral”, analiza Romano, compiladora de
“Lawfare. Guerra judicial y neoliberalismo en América Latina”.
Para la investigadora “el
aparato judicial tiene un lenguaje técnico, se presenta en general
como apolítico, con un halo de legalidad y no politizado, no
corrupto, no ‘sucio’, lo que sumado a los medios de comunicación,
por ejemplo, acusaron a al ex presidenta Cristina Fernández de
autora intelectual e incluso material de la muerte del ex fiscal”.
Así, la entonces oposición “fue
midiendo cómo una batalla política podía dirigirse hacia lo
judicial y ganar a la opinión pública”, revela Romano. “La
causa Nisman – concluye- demostró que se podía penetrar
fuertemente en el sentido común poniendo a la Justicia por encima de
lo político”.
De
la Patria Grande a la Cárcel Grande
La utilización de la Justicia
para esmerilar gobiernos, legitimada y amplificada por las grandes
empresas periodísticas, es un fenómeno que se extendió por la
región, resultando funcional a la restauración conservadora que
vivió América Latina, analiza Romano, quien también es
coordinadora del Área de Geopolítica de Celag.
“En Brasil es claro como la
causa del Lava Jato, en nombre del combate de la corrupción, anula
los derechos civiles y políticos más importantes de un Estado de
Derecho, y donde todo se hace invocando un estado de excepción para
salvar, paradójicamente, la democracia, algo muy parecido a lo que
ocurrió durante las dictaduras cívico-militares”, agrega.
Para la analista “no se trata
de la lucha contra la corrupción como algo desinteresado sino que
hay intereses brutales en juego, como fue apoderarse del Presal y las
reservas de hidrocarburos más importantes del Atlántico Sur junto a
las de Malvinas después del derrocamiento de Dilma Roussef, que eran
reservas monopolizadas por Petrobras y dos meses después de su
destitución se abrieron licitaciones para empresas trasnacionales”.
Según la experta esto también
se verifica en Ecuador, Venezuela y Bolivia. “En el Ecuador de
Lenin Moreno hay una persecusión política virulenta, con
allanamientos, prisiones preventivas, sin ningún respeto por el
debido proceso ni con alguien que controle eso, estamos hablando de
que no hay ley”.
“Estamos viviendo la guerra
contrainsurgente por otros medios. Insurgencia hoy es cualquier
movimiento, sector o líder que intente llevar a la práctica una
alternativa a la vía neoliberal”, abunda Romano.
“Todo esto tiene una fachada de
legalidad –explica- porque es en el marco de los tribunales donde
se está enjuiciamiento a las alternativas al neoliberalismo, lo que
genera la idea de que se está haciendo lo correcto para salvar al
Estado de Derecho cuando en realidad se lo está destrozando”.
Una
pelea de fondo
El miércoles próximo la
conducción de Juntos por el Cambio se reunirá en Buenos Aires para
analizar lo que caracteriza como un avance del gobierno sobre la
independencia de los jueces “para garantizar la impunidad” de ex
funcionarios y de la propia Cristina Kirchner.
El principal partido de la
oposición encontrará así un “nicho” desde el que posicionarse
ante un gobierno que le representa su propio fracaso, algo que le
reclaman sus votantes pero también los medios de comunicación que
apuestan a debilitar al gobierno.
Además, pondrá a prueba la
voluntad política de Alberto Fernández de ir a fondo en un tema que
es clave para determinar a qué tipo de democracia pueden aspirar los
argentinos.
“Al judicializar la política y
dejar que los jueces o un sector minoritario de la población defina
el destino político y económico de un país lo que se hace es
recortar la democracia y su potencialidad emancipadora, junto con la
promoción de hábitos antipolíticos”, advierte Romano.
“Un sentido común –dice
Romano- en el que son todos corruptos impulsa conductas
antipolíticas, la privatización del ciudadano junto con la
privatización del Estado. El mensaje es quedate en tu casa y no te
metas en política porque si lo hacés sos potencialmente corrupto”.
En
una nota de mayo de 2018, en el preludio de las negociaciones con el
FMI, quien escribe
mencionaba en este medio algunas posibles consecuencias de este
acuerdo: “metas fiscales imposibles de cumplir”, “daños en el
tejido productivo, en el empleo y en la distribución del ingreso”
y “una hipoteca intergeneracional que algún día costará
levantar”.
Lamentablemente,
casi dos años después, todas estas situaciones se hicieron
realidad. De allí que es importante lo dicho por la misión del
Fondo Monetario que visitó Buenos Aires: “El personal del FMI tuvo
reuniones muy productivas con las autoridades argentinas sobre sus
planes y políticas macroeconómicas”, para luego agregar:
“compartimos el objetivo general de las autoridades de restablecer
el crecimiento y reducir la pobreza, y al mismo tiempo fortalecer los
equilibrios fiscal y externo”.
La misión también definió que “la deuda de Argentina no es
sostenible” y en consecuencia “se requiere de una operación de
deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los
acreedores privados”.
Queda claro que no es cierto que
no haya un plan de gobierno, como algunos intentan instalar. Lo que
sí ocurre es que hasta tanto no se resuelva la situación de la
deuda, que por su magnitud condiciona la asignación del gasto
público, no se podrán llevar adelante las medidas de fondo que
permitan salir del “pantano” en el que se encuentra el país.
Las
prioridades
del Gobierno de Alberto
Fernández
quedaron bien definidas, en coincidencia con lo que se manifestó en
la campaña electoral.
En
materia
financiera se apunta especialmente a las pymes,
fuertemente perjudicadas durante el Gobierno de Cambiemos. Junto con
la constante disminución de la tasa de política monetaria (pasó
del 63% al 40% desde diciembre del año pasado), se implementó a
partir de enero una tasa especial de financiación para las micro,
pequeñas y medianas empresas que ahora está en el 35% anual.
En
la misma línea,
la AFIP lanzó un régimen de moratoria para pymes,
clubes de barrio, fundaciones, cooperativas, consorcios y obras
sociales que, además de sufrir el contexto económico general de la
gestión anterior, fueron castigados por el abrupto incremento de
tarifas.
Otra
iniciativa no menos importante en el ámbito de la salud fue el
relanzamiento del Programa Remediar.
Totalmente desarticulado en los últimos cuatro años, éste
involucra la distribución gratuita de medicamentos esenciales en los
centros de atención primaria de todo el país para aquellas personas
que no cuentan con cobertura social privada.
Al
aumento decretado del 13% a partir de marzo para los jubilados
que perciben el haber mínimo y para los beneficiarios
de la AUH
y de las asignaciones familiares (hubiera sido del 11,6% con la
fórmula implementada en 2017) se le adiciona el lanzamiento de la
iniciativa “Vivir Mejor”. La misma incluye 170 medicamentos
gratuitos a todos los jubilados con el objetivo de “garantizar el
derecho a la salud”, según señalaron desde el PAMI. Tal como lo
establece la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, los
fondos para llevar a cabo esta última medida provendrán de lo
recaudado a partir del impuesto PAIS. Una muestra más de la política
redistributiva encarada por el Gobierno del Frente de Todos.
En
línea con la firme decisión de incrementar el ingreso disponible de
los argentinos,
se congelaron las tarifas de gas, electricidad y transporte
durante seis meses para luego, según las palabras del ministro
Matías Kulfas, efectuar “una revisión que permita reducir los
costos y poder generar tarifas razonables y accesibles sobre todo
donde hay mayores necesidades”.
Finalmente,
teniendo en cuenta el principal destino de los ingresos de los que
menos tienen, se
restableció el Programa de Precios Cuidados,
incorporando en los últimos días a supermercados mayoristas y
distribuidores de todo el país.
Un buen comienzo en un largo
camino que involucra distintos frentes de emergencia que no pueden
esperar. Al mismo tiempo, se continúa con el proceso de resolver el
cuello de botella que dejó el endeudamiento irresponsable de la
gestión anterior.
En
una alianza amplia y diversa como la que condujo a Alberto Fernandez,
al gobierno, es lógico y dable pensarse en tensiones y disputas por
lograr que las decisiones se parezcan lo mas posible al deseo de “lo
propio”. También es lógico comprender que en política no puede
contentarse a todo el mundo. Que los tiempos y las definiciones
dependen en muchos casos de la voluntad política pero en muchos
otros del juego de tensiones que alimentan el ejercicio de la
posibilidad de definirlas e implementarlas con algún tipo de
resultado positivo.
Al parecer, y es lo que llama la atención, la vulnerabilidad que
expresan ansiedad y apuro, sentimientos y emociones que se
contuvieron durante cuatro años, es cierta … pero precisamente
porque se contuvieron entonces deberían ser un poco mas pacientes
ahora … y sin embargo alimentan cada operación y cada intento por
desmejorar y deformar la imagen del gobierno que aún no cumple tres
meses en el ejercicio de la administración del Estado Nacional y que
recibió un país quebrado no solo en lo económico sino y
precisamente en la posibilidad de consensuar políticas publicas y
dialogar programas y proyectos para desarrollar las potencialidades
de la Nación y mejorar la vida de cada uno de nosotros, sus
ciudadanos.
Si
pretendemos lograr todo lo que deseamos y lograrlo ya, lo mas
probable es que nos quedemos nuevamente sin nada …
Daniel
Roberto Távora Mac Cormack
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