Lunes 3 de Febrero de 2020

Arduas, tensas, trabajosas las negociaciones con los bonistas de la Deuda que debe afrontar el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. El financiarismo no cede un céntimo y amenaza la gobernabilidad, sin embargo, algunos pasos van dando algún fruto ...

La provincia de Buenos Aires logró el consentimiento del grupo más grande de los acreedores del bono BP21 para postergar el pago de capital a partir de la mejora de la oferta formulada esta mañana por el gobierno de Axel Kicillof, informaron fuentes oficiales y el Comité Directivo que agrupa a los bonistas.

Desde el Poder Ejecutivo aclararon, no obstante, que aún no se alcanzó el 75% de los acuerdos necesarios para concretar la prórroga y destacaron que "dado este aval, esperamos una respuesta positiva de los restantes tenedores para conseguir un acuerdo sustentable".

Kicillof culpó al Gobierno de María Eugenia Vidal por la amenaza de cesación de pagos. Explicó que si bien el BP21 fue emitido durante el Gobierno de Daniel Scioli en 2011, Vidal endeudó de tal forma a la provincia que complicó el pago de este vencimiento.

En un comunicado, los bonistas destacaron “la intención de entablar negociaciones de buena fe sobre una reestructuración integral de la deuda” y dijeron que aprecian los esfuerzos del gobierno provincial y su enfoque en la oferta. Asimismo, sostuvieron que esperan que el resto de los acreedores apoye la propuesta.
( https://www.ambito.com/economia/buenos-aires/grupo-mayoritario-bonistas-acepto-la-oferta-la-provincia-n5080548 )

Para pagar hay que producir y generar riqueza.

La pequeña y mediana empresa (pyme) fue uno de los sectores más perjudicados por la apertura de las importaciones, la caída del consumo, los tarifazos y el tándem devaluación-alta inflación, marcas registrada de la política económica del macrismo.

Por eso el Plan Moratoria 2020 que anunciaron el jueves último el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, fue como una lluvia en medio de las sequías para las pymes.

La medida se da en el marco de la reactivación económica e incentivación de la producción y el consumo que busca el gobierno de Alberto Fernández para enfrentar la pobreza, el desempleo y la profunda crisis social que heredó el gobierno de Mauricio Macri.

Con las medidas anunciadas la semana pasada el Estado resigna recursos, que en realidad transfiere al conjunto social a través de un sector con fuerte incidencia en la generación de empleo y en las posibilidades de recuperación del mercado interno.

El anuncio también pone en evidencia un debate largamente postergado en la Argentina: la necesidad de una profunda reforma tributaria donde la carga impositiva recaiga en mayor medida en quienes más poder contributivo tienen. Acompañado con esto, la necesidad de recuperar una cultura tributaria en el que pagar impuestos sea parte del compromiso con una sociedad más equitativa.

48 Pymes menos por día

El programa anunciado el jueves establece una moratoria para pymes con planes de hasta 10 años en el caso de deuda tributaria y hasta cinco años en caso de mora por aportes previsionales.

La moratoria, a la que se podrá acceder entre el 17 de febrero y el 30 de abril próximo, establece hasta 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras y hasta 60 cuotas para aportes y retenciones.
Además, fija la condonación parcial de intereses y total de multas y una tasa del 3% mensual fija por un año. A partir de ese momento, la tasa será variable.

"La moratoria habilitará una reducción de la deuda promedio que sería de 42% sobre el total", señaló Marcó del Pont en la conferencia de prensa que brindó junto a Kulfas en Casa de Gobierno.

Kulfas explicó que las pymes tienen dificultades de pagos por la situación económica, por lo que consideró que "no se les puede pedir nada más", ya que 2es fundamental detener la caída". "No podemos seguir perdiendo 48 pymes por día", destacó el ministro.

De acuerdo con datos de la AFIP, el total de deuda de las empresas es de más de 400 mil millones de pesos. De ese total un 36% es por deuda de seguridad social, otro 36 % por deuda de IVA y un 22% por Ganancias.

Cultura tributaria o la ley de Darwin

“¿Con factura o sin factura?” “Si me pagás en dinero cash es un 20 menos”. “Sí, débito tenemos, pero hoy no funciona el posnet”. “Si hago todo blanco no me queda un mango”. “Para qué voy a pagar impuestos si se la llevan toda”.

La falta cultura tributaria en la Argentina se asienta en el sentido común. También en una historia de esquemas regresivos, desiguales y complejos. Así, no pagar impuestos, o “tratar de zafar” de ellos, se convirtió en un verdadero deporte nacional.

“La cultura de no pagar impuestos está presente desde hace mucho tiempo pero hay que pagarlos, es la forma más genuina que tiene el Estado de afrontar las necesidades que tiene la sociedad”, explica Silvio Rizza, presidente de la Federación Argentina de Consejos de Ciencias Económicas.

“Muchas veces se dice ‘yo no pago porque no sé para qué se usa’ la plata y esto ocurre aunque estemos viendo el resultado del tributo, por ejemplo en la salud pública. Lo que ocurre es que si yo voy en la ruta que hizo el Estado pero me cobran peaje, ponen multas con criterios fiscalistas y encima agarro un bache que me rompe una cubierta me quedo con esto último, no con la ruta en sí”, sugiere.

Ver para creer

“Suele decirse que en Alemania se pagan más impuestos que en Argentina pero la diferencia está en cómo perciben los ciudadanos el resultado de lo que tributan, y esto hace a la cultura tributaria de un país”, dice Marcelo Di Ciano, economista y titular de la cátedra de Microeconomía de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Para el académico “en la Argentina pagás impuestos para tener educación, salud y seguridad pública pero terminás pagando educación, salud y seguridad privadas porque las primeras perdieron calidad, situación que alienta la cultura del no pago”.

En tanto el especialista en impuestos Santiago Sanz Valente asegura que “nunca se implementó un régimen serio para inculcar la obligación de pagar”, por lo que resulta “ser más piola, más inteligente, el que se aleja del cumplimiento”, lo que se suma “a una baja percepción de riesgo y a una alta carga fiscal”.

A esto el especialista agrega que usualmente “tributar no se ve reflejado en mejores servicios públicos”, lo que el contador vinculada “al tamaño excesivo del Estado” y “a una corrupción que, por lo general, no se castiga”.

La naturalización de que es mejor no pagar impuestos que hacerlo “llega incluso a que mucha gente ni siquiera considere el costo impositivo real que implica cumplir”, explica Sanz Valente.

“Es necesaria una reforma impositiva que promueva un cambio cultural -propone el experto-, que evite la superposición de impuestos y la obligación de tributar más allá de la capacidad efectiva”.

Una reforma a fondo

Los alcances que debe tener una reforma tributaria profunda suele ser materia de controversias, según a quienes se exija un mayor esfuerzo. Rizza cree que se necesita “una modificación amplia que no genere tantas desigualdades y evite la superposición en el pago de tributos, como por ejemplo pasa con Ingresos Brutos, que se termina pagando varias veces”.

Para Di Ciano una reforma profunda tiene que incluir una simplificación del sistema. “No puede ser que en la Argentina haya 163 impuestos que encima constituyen un régimen regresivo, donde no paga el que más tiene, porque esto construye una cultura de ver cómo zafo de lo que muchas veces no puedo pagar”.

“Que el tributo sea justo, acorde a la capacidad de pago de cada contribuyente, hace a un cambio de valores”, explica, ya que “muchas veces se dice que a los que más tienen no hay que cobrarles más porque generan trabajo, lo cual es un error. El trabajo que generan es lo que debe hacerles ganar más dinero, no pagar menos impuestos, que deben estar acordes a su capacidad contributiva”.

“En nuestro país el 53 % de los ingresos de la gente se va en impuestos, lo cual es injusto, dado que estos no son directos ni simples, ni gravan más a los que más tienen, lo que fomenta una injusticia que termina alentando la evasión”, agrega el economista.

Lo que hace falta

A la hora de las propuestas para alcanzar una verdadera cultura tributaria Sanz Valente pide un rol activo del Estado “en la comunicación acerca de la necesidad de pago”, acompañada por una amplia difusión pública sobre “en qué se gasta el dinero”.

 “Creo que el impuesto –agrega Rizza- no lo tenemos separado del costo de un producto y eso hace pensar que ese dinero es del que hizo ese producto, algo que no es así. Me parece que separar eso sería paso importante no sólo desde lo normativo sino también en el plano cultural”.

La cultura tributaria, como todas las prácticas que hacen a la vida social, no es estática e inmodificable. Puede cambiar. Los especialistas coinciden en que estos cambios llevan tiempo para encarnar en la vida cotidiana.

Para eso reclaman una práctica estatal basada en valores como la equidad y la progresividad, controles adecuados que incluyan a todos los contribuyentes (y no solo a los más pequeños) y una amplia campaña de educación sobre el impacto social que tiene cumplir con el pago de los tributos.

“El Estado debe controlar a todos los contribuyentes, porque si sólo paga el más débil, el que menos tiene, se fomenta una inequidad que elimina toda cultura tributaria”, explica Di Ciano.

“Con educación, valores y ejemplo se puede cambiar las conductas”, agrega, para avanzar hacia una cultura tributaria en la que predomine la solidaridad sobre el sálvese quien pueda
( https://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_716/id_10619/moratoria-de-fernandez-lleva-alivio-a-las-pymes-castigadas-por-macri )

l gobierno del presidente Alberto Fernández, respaldado por el amplio espacio del Frente de Todos cuya construcción fue inspirada por la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, cuenta con un obstáculo obvio desde hace más de 10 años: el sabotaje de las cadenas mediáticas y del resto de las corporaciones locales y los factores de poder extranjeros.

(Digresión: la mención a los más de 10 años se refiere a que ese proceso, en lo sustancial, empezó en el conflicto agrario de 2008 y se profundizó, sin interrupción hasta hoy, cuando el 2009 el kirchnerismo le quitó al Grupo Clarín el negociado de la televisación del fútbol y luego propuso y sancionó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, derogada de facto en sus cláusulas esenciales por un decreto de Macri).

Ello tiene como consecuencia, entre otras muchas, que los relatos sobre la realidad -es decir, de qué forma se narra o se cuenta lo que ocurre- son mayormente tramposos, mentirosos y están destinados a sostener la ideología dominante, la cual expresa justamente los intereses de quienes ejercen ese sabotaje.

Como resultado, la comunicación hegemónica nunca dirá todo lo que está haciendo el nuevo gobierno para llevar a los hechos la tarea histórica de la reconstrucción nacional, en un país devastado luego de cuatro años del régimen de derecha que encabezó Mauricio Macri como representante institucional de las mencionadas corporaciones y los aludidos poderes foráneos.

Esa estrategia comunicacional del bloque social y corporativo dominante, que hasta el 10 de diciembre pasado tenía también el control del gobierno de la Nación, dificulta la percepción y comprensión de hechos de máxima importancia para el presente y futuro del país.

La urgencia más desafiante que atendió la gestión de Fernández desde el primer día es la alimentación de las personas que sufren hambre o malnutrición. Esta acción de política pública para aliviar un drama humanitario extremo al cual las clases medias ven y sienten -vemos y sentimos- como algo lejano, ha empezado a tener un cierto conocimiento social justamente por las medidas que está tomando el gobierno, en particular la puesta en marcha de la Tarjeta Alimentar.

Su importancia en la consideración pública, de todos modos, está muy lejos, muy atrás, en un nivel muy interior, comparado con otros asuntos como el valor del dólar, la cotización de las acciones bursátiles o, actualmente -desde que asumió el nuevo gobierno- las negociaciones por la deuda externa impagable heredada del devastador régimen de la derecha.

La deuda que fue ocultada

Este último asunto -el de la deuda externa- es en gran medida un tema novedoso para el conjunto de la población. No solo fue ocultado por las cadenas de medios de la derecha mientras se iba perpetrando, sino que también fue omitido en su discurso y en su acción política por la dirigencia opositora al gobierno de Macri, la cual en líneas generales (aunque esto no es una equivalencia “automática”) coincide con el sector que hoy está en el gobierno.

Quiere decir que la oposición de entonces y oficialismo de hoy, contribuyó a que la ciudadanía estuviera ajena al drama que se avecinaba. Hoy, todo el funcionamiento de la economía y de la sociedad está pendiente de cómo las autoridades consigan mejores condiciones para pagar la deuda.

En estos días lo está especialmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires, conducido por Axel Kicillof, a quien las maquinarias de manipulación de la opinión pública tratan de mostrar como un inútil para gobernar que por esa razón está a punto de dejar a la provincia en cesación de pagos. (Es lo que el discurso dominante llama con la palabra inglesa “default”, para que mucha gente se quede sin entender de qué se está hablando).

Dichas maquinarias ocultaron que una de sus preferidas, María Eugenia Vidal, dejó a la provincia con una deuda impagable, y como reverso de la moneda en la misma operación de engaño de la población para atacar a sus adversarios políticos, ahora muestran a Kicillof como responsable de no poder pagar. Sin embargo, parte de esa manipulación es posible precisamente porque también la oposición al macrismo no alertó públicamente sobre el drama del endeudamiento infinito. La única excepción relevante fue Cristina Kirchner, pero nadie más -al menos nadie cuya palabra tuviera un peso importante en la consideración social- tomó el tema a fin de construir conciencia en la sociedad acerca de la catástrofe escondida.

La ex presidenta y actual vice, por ejemplo en julio del año pasado y cuando faltaban pocas semanas para las elecciones primarias del 11 de agosto, dijo durante uno de sus actos de campaña que adoptaban el formato de presentaciones de su libro: “Entraron más de 150.000 millones de dólares a la Argentina (durante el macrismo). ¿Dónde están? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos todos los argentinos”.

(La propia noticia de esas expresiones de Cristina fueron ocultadas en su momento y pocos medios la difundieron. Aun así puede recuperarse en algunos sitios informativos de la web, entre ellos El Diaguita, medio de la localidad de Tiinogasta, provincia de Catamarca. Nota del 14/07/19).

“Esa pregunta”, a la que aludía la líder del kirchnerismo, es la que tendría que haber formulado a viva voz, durante mucho tiempo, poniéndola en el centro de sus discursos y de su acción política, el conjunto de las fuerzas populares que resistieron al macrismo.

Pero no fue así. Salvo alguna excepción, desde el Frente de Todos y otros sectores prefirieron hacer campaña con otras temáticas, otros discursos y una construcción de imagen por fuera de ese asunto que, recién ahora y frente a vencimientos impagables, el gobierno está obligado a poner todas sus energías políticas para tratar de resolverlo.

Debido a esa estrategia de lo que entonces era la oposición, hoy Cambiemos/Juntos por el Cambio ejerce la impunidad de negar su responsabilidad, mientras las cadenas mediáticas de la derecha aprovechan para desgastarlo a Kicillof por no poder pagar, y si no se llega a un acuerdo con el FMI también le echarán la culpa al presidente Fernández y al ministro de Economía, Martín Guzmán.

No solo la economía

Por fuera de la visibilidad pública, tanto el gobierno de la Nación como el bonaerense -que merece observarse de modo específico porque en la provincia de Buenos Aires vive poco menos que el 40 por ciento de la población del país y además por el simbolismo político que representa el actual gobernador-, en menos de dos meses comenzaron a reconstruir no solo las condiciones de funcionamiento de la economía y del aparato productivo, lo cual es de por sí una tarea ciclópea, sino además la vigencia de derechos esenciales y la prestación de servicios constitutivos del Estado.

Como prioridad absoluta, el acceso a la alimentación de quienes sufren hambre o malnutrición. Al mismo tiempo, el acceso a bienes indispensables como los medicamentos y las vacunas. También reponer niveles básicos de atención de la salud pública -particularmente en hospitales estatales de la provincia de Buenos Aires- que fueron desmantelados.

Asimismo, recuperar la legalidad, la decencia y la eficacia en servicios de seguridad -por ejemplo en el desempeño de Gendarmería y diferentes fuerzas policiales nacionales y de provincias- que el macrismo arrastró hacia un accionar violento y antidemocrático.

En similar sentido, restituir las normas del Estado de Derecho en el Poder Judicial de la Nación, cuya fracción dominante ha corrompido hasta la médula la administración de justicia en la etapa política concluida el 10 de diciembre. Y exactamente lo mismo en los servicios secretos del Estado, de forma particular en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Son solo ejemplos, pero en muchos de ellos se trata de asuntos que no figuran prácticamente en ninguno de los discursos de quienes pueden tomarse como referentes del Frente de Todos, ya sean legisladores/as, dirigentes, militantes, simpatizantes que se expresan en las redes digitales, y aún periodistas o animadores/as de radio y televisión afines al oficialismo.

Siempre hay excepciones, naturalmente. Hay medios que difunden las informaciones y por eso existe la posibilidad de obtener públicamente al menos un conocimiento básico. A veces se pronuncian los/las funcionarios/as que están concernidos directamente por las tareas que desarrollan en sus respectivas áreas de competencia. (…)

Desde la alimentación hasta la deuda externa, o desde la actuación de las policías hasta los dispositivos de espionaje, son extremadamente diversas y complejas las áreas del Estado y de la vida cotidiana de la Nación que están siendo abordadas para su transformación por parte de las autoridades surgidas de las elecciones de hace pocos meses.
Y muy frecuentemente, sin que ni siquiera los voceros del oficialismo se encarguen de comunicar, explicar y clarificar a la ciudadanía.
             ( https://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_719/id_10624/alimentacion-deuda-policia-espionaje-todo-en-reconstruccion )

Declaraciones armadas. Aprietes. Peritajes que desmintieron los supuestos delitos. Testigos que no pudieron ratificar bajo juramento acusaciones lanzadas por televisión. Espionaje ilegal. Todos estos elementos estuvieron presentes en los juicios por corrupción y lavado de dinero que se sustanciaron este 2019 en Comodoro Py y que se retoman a partir de esta semana. Se trata de los procesos conocidos como Obra Pública --próxima audiencia el lunes 10--, Oil Combustibles --jueves 6-- y Ruta del dinero K --miércoles 5--. Además de las denuncias por serias irregularidades que comparten los tres debates orales, el otro denominador común es la procedencia de los imputados: todos son ex funcionarios kirchneristas y empresarios relacionados con la gestión anterior a Cambiemos.

Obra Pública

Las audiencias se reinician el lunes 10, con el testimonio de un referente de Cambiemos, Fernando Sánchez. Su compañero de ruta, Juan Carlos Morán, viene de hacer agua y lo propio ocurrió con Margarita Stolbizer. Ninguna precisión, ningún aporte real.

Después de varias idas y vueltas y fuertes presiones, finalmente el pasado 21 de mayo tuvo lugar la foto de Cristina Kirchner sentada en el banquillo de los acusados. Escoltada por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la actual vicepresidenta se ubicó en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py junto a otros doce imputados, en su mayoría ex funcionarios de la Dirección de Vialidad Nacional y de la Provincia de Santa Cruz. De esta manera, con la extensa lectura del requerimiento de elevación a juicio, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu dieron inicio a un proceso plagado de denuncias y planteos que llegaron incluso a la Corte Suprema y aún no fueron resueltos.

Este juicio fue el escenario del hecho sin precedentes, que quedó grabado a fuego en la historia de Comodoro Py. Fue la declaración indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner, quien en más de cuatro horas de exposición ejerció su defensa con un alegato político y jurídico, que resonó más allá de las paredes de los Tribunales de Retiro. Con duras críticas al Poder Judicial, al Gobierno de Mauricio Macri y a los medios de comunicación, la ex presidenta buscó dejar al desnudo que la causa que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez fue parte de un armado en su contra y, según afirmó en aquella oportunidad, un claro ejemplo de law fare. “Había que condenar a un gobierno. El de Néstor Kirchner. Había que traer de vuelta al FMI. Y para eso había que convencer que el que nos desendeudó era un chorro. Por eso es que estoy sentada acá”, dijo. “Seguramente tienen la condena escrita. No me interesa. Yo he elegido la historia. A mí me va a absolver la historia”, fue la frase elegida por CFK para cerrar su declaración.

Testigos flojos de papeles

Después del cimbronazo, el Tribunal dio lugar a los primeros testigos. Juan Carlos Morán y Margarita Stolbizer fueron los dos primeros de una lista de 180. Ninguno de los dos pudo acreditar de manera directa -y ante la insistente pregunta de las defensas- que haya habido sobreprecios o beneficios al empresario patagónico.
Morán, un hombre del espacio político de Elisa Carrió, tampoco pudo afirmar que haya habido maniobras de corrupción. “Podría haber” sucedido. “Creo que” había que investigar. “No recuerdo los números”, fueron algunas de las frases que dejó el ex legislador, quien sólo mencionó hipótesis delictivas. Morán basó sus sospechas de corrupción en que Néstor y Cristina Kirchner trasladaron funcionarios de la gestión de la provincia de Santa Cruz a la administración Nacional. Según él, era sospechoso que “la fuerte conducción política de Néstor Kirchner y luego de Cristina Kirchner, con una decisión política otorgara mucho presupuesto a un Ministerio que fue creado desde esta gestión, que era el ministerio de Planificación a cargo de Julio de Vido”. Sin acreditar el direccionamiento o el beneficio de los ex presidentes y del empresario patagónico, Morán se centró sólo en las hipótesis de la fiscalía y las querellas.

Dudas sobre el peritaje oficial
La mayor expectativa por parte de los imputados está centrada en el momento en que los dos peritos oficiales tengan que explicar y ratificar bajo juramento el documento en el que aseguraron que hubo sobreprecios por 170 millones de dólares. Se trata de Pablo Eloy Bona –recusado por CFK por enemistad manifiesta por retuitear comentarios agresivos y abiertamente antikirchneristas- y Roberto Panizza. Según afirman las defensas, el estudio de 500 páginas está mal hecho. Entre otras cosas se dolarizaron los valores, lo que en materia de financiamiento de obra pública es un error grave; se compararon precios de obras completas con trabajos de mantenimiento y contrastaron obras realizadas en la cordillera con las de la meseta patagónica, lo que lógicamente arrojó importantes diferencias, ya que los costos son muy diferentes debido a las condiciones geográficas y climáticas tan disímiles.

Ente los acusados están Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Lázaro Báez y varios ex funcionarios de Vialidad. El primo del ex presidente fallecido fue el último en ser liberado, por lo que no quedan detenidos en prisión preventiva por esta causa.

Oil Combustibles

La causa impulsada por el gobierno de Mauricio Macri -con la querella de la AFIP y la UIF- se retoma este jueves 6 de febrero con la citación de un gerente de impuestos de Oil, aunque en el corto plazo tienen que declarar funcionarios internos de la AFIP que hicieron informes sobre la petrolera.

Todo el expediente avanzó en el fuero penal con una hipótesis que fue derribada por la pericia oficial en pleno juicio. Según los números establecidos por los especialistas y que no fueron cuestionados por ninguna de las partes, sobre un total de 2200 millones de pesos, la administración de Ricardo Etchegaray –acusado por defraudación al Estado- logró cobrar 1600 millones. Es decir que la deuda de 8 mil millones de las que se hablaba en los medios de comunicación no era tal. El estudio concluyó que el Grupo Indalo estaba al día con el pago de las cuotas, que no había quitas y que se estaban cobrando los intereses. Pero que con la llegada del gobierno de Macri, la AFIP anuló mediante varias resoluciones firmadas en el término de una semana, parte de esos programas ya otorgados y provocó una situación de imposibilidad de pago. La llevó a la quiebra y la empujó a tener que vender. En concreto, el expediente es por supuestas irregularidades en el otorgamiento de planes de pago con relación al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos en favor de Oil. “Nunca en ningún accionar del fisco después del 10 diciembre de 2015 hubo un objetivo de cobrar tributos. El objetivo fue liquidar al grupo empresarial”, declaró en su momento Etchegaray ante los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso.

Aprietes

Por su parte, los otros dos acusados, Cristóbal López y Fabián De Sousa denunciaron amenazas y maniobras direccionadas por el macrismo para meterlos presos y arrebatarles las empresas. En su declaración López acusó de “corruptos” al juez de instrucción Julián Ercolini y al fiscal Gerado Pollicita. Según dijo, la causa en su contra “fue armada por un grupo de tareas comandado por el Sr. Abad de la AFIP”. El empresario afirmó que ese organismo contrató a un estudio de abogados externo, el de Ricardo Gil Lavedra “para que le diga a Ercolini qué tenía que hacer”.

En su extensa indagatoria, el empresario denunció que fue víctima de una persecución por haberse negado a poner al canal C5N a disposición del Gobierno de Cambiemos, para meter presa a Cristina Kirchner. “El juez y el fiscal son unos corruptos. Estoy acá porque era la figura que necesitaba Macri”, lanzó.

Los titulares de Oil Combustibles habían sido detenidos por orden de Ercolini en diciembre de 2017. Pero en marzo de 2018, los jueces Jorge Ballestero y Carlos Farah, integrantes en ese momento de la Sala I de la Cámara Federal ordenaron liberarlos, ya que ambos estaban ajustados a derecho e imputados por un delito excarcelable –Defraudación al Estado–, por lo que no correspondía la prisión preventiva. Pero luego, el ex presidente Macri salió públicamente a criticar el fallo: “No es lo que habíamos acordado”, expresó.

Revelando –sin ponerse colorado– que había habido presiones para detener a los titulares del único medio televisivo no alineado completamente con el Poder Ejecutivo. Luego de eso, la mesa judicial de Cambiemos movió sus fichas para sacar a los camaristas que habían beneficiado a López y a De Sousa y cambió la composición de esa instancia clave, que a cargo de los recién llegados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, fue revisando y ratificando todo lo actuado –entre otras– en la causa de las fotocopias del cuadernos. López y De Sousa fueron apresados nuevamente y tras casi dos años de la primera detención, recuperaron la libertad el 9 de octubre pasado.

Espionaje ilegal

En una de las audiencias, Fabián De Sousa denunció que él y todo el Grupo Indalo fueron víctimas de maniobras de espionaje ilegal. “Desde finales de diciembre de 2015, Mariano Gabriel Hernández, analista de revisión de recursos de la regional microcentro de la AFIP, ha ingresado en forma permanente y sin autorización formal a hacer procesos de revisión e investigación del Grupo Indalo”, dijo. Y detalló que el empleado tenía la obligación de informar a Jaime Mecicovsky y luego a Alberto Abad, a partir de enero de 2016 cuando asumió como jefe del organismo oficial. El mecanismo implicaba que Hernández ingresaba al área de sistemas de la AFIP para reportar cualquier modificación sobre los CUIT de cualquiera de los contribuyentes del grupo, sin que existiera orden interna ni de investigación legal, por lo que ningún funcionario tenía la capacidad de hacer inteligencia. “Estoy denunciando un proceso ilegal de persecución desarrollado por la AFIP bajo la responsabilidad de Mecicovsky y de Abad”, resaltó.

Testigos que se volvieron en contra

Antes del receso de verano, declaró como testigo el periodista Hugo Alconada Mon cuya investigación para el diario La Nación dio el pie al proceso judicial. También fue interrogado el abogado de la sindicatura Javier Llorente, quien tuvo a cargo el proceso del concurso que terminó en la quiebra de la empresa petrolera. Los dos fueron testigos por parte de la acusación. Sin embargo, ambos testimonios fueron capitalizados por las defensas. Mientras que Alconada Mon ratificó su trabajo periodístico pero admitió “errores”, Llorente sorprendió al afirmar que “la contabilidad de la compañía era transparente”.

Ruta del dinero K

Las audiencias de este juicio se retoman el miércoles 5 y ya se arranca con la etapa de alegatos. Empieza el fiscal Abel Córdoba quien utilizará tres miércoles. Luego vendrán las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. Y, para continuar, ya en marzo, empiezan a alegar cada una de las defensas. El cálculo es que habrá fallo antes de mitad de año.

"Si yo colaboraba recuperaría mis empresas y bienes y mi libertad. A cambio, tenía que decir que yo era el testaferro de la familia Kirchner", esta fue la denuncia lanzada desde el banquillo de los acusados por parte de Lázaro Báez, principal imputado por lavado de dinero. El punto central de la causa es si hubo manejos de lavado de activos a partir de la plata descubierta en cuentas de Suiza y Panamá, con movimientos por un total de 60 millones de dólares. Otro de los ejes son los cinco millones de dólares que figuraron en las imágenes de las cámaras de la financiera SGI, en las que Leandro Báez aparece contando los billetes. También, la adquisición de dos campos y la compra de facturas truchas para ocultar dinero y enviarlo al exterior.

El empresario Lázaro Báez, principal acusado, preso desde abril de 2016, declaró en dos oportunidades ante el Tribunal Oral Federal 4. Al borde del llanto, denunció que los servicios de inteligencia buscaron direccionar su declaración y quebraron a sus hijos, también imputados en la causa. "Sufrí una persecución bochornosa. El único objetivo era apuntar contra Cristina Kirchner y contra el peronismo”, dijo y acusó de mentiroso al arrepentido estrella del expediente, Leonardo Fariña.

Las juezas María Gabriela López Iñiguez y Adriana Pallioti y el juez Néstor Costabel escucharon la versión de Báez en una causa en la que sobresalió el rol del “arrepentido” Fariña, quien --según declaró bajo juramento su ex abogada ante el juez Alejo Ramos Padilla-- fue coacheado a pedido de la AFI y del Ministerio de Justicia para que involucrara a Cristina Kirchner en las maniobras de corrupción con la obra pública. Sin embargo, el direccionamiento de la declaración del financista mediático no tuvo éxito y la vicepresidenta electa finalmente quedó afuera de este juicio, a pesar de las fuertes presiones de la Cámara Federal al juez de instrucción Sebastián Casanello. El magistrado dictó la falta de mérito de la ex mandataria por entender que no se encontraron pruebas de que el dinero del dueño de Austral Construcciones perteneciera a la familia Kirchner. “Fariña es un mentiroso desesperado”, disparó Baez. Y aseguró que su declaración fue parte de un “discurso armado”, que dejó al descubierto su “total desconocimiento” en materia de obra pública. Fariña “no vio en su vida un pliego de licitación”, remató.

Por su parte, el contador Daniel Pérez Gadín –también en prisión preventiva- señaló durante su declaración al gobierno de Macri como el responsable de su detención, al afirmar que está preso “a disposición del Poder Ejecutivo” (en referencia al Gobierno de Cambiemos). Y afirmó que “las tres querellas representantes del Poder Ejecutivo han mentido y los informes de inteligencia de la UIF son falsos y están basados sólo en los dichos de Fariña”.
( https://www.pagina12.com.ar/245348-como-siguen-las-causas-contra-los-kirchneristas-un-repaso-de )

El complejo escenario nacional e internacional se va desplegando en la conciencia de cada uno de nosotros, ciudadanos, en la medida que somos capaces de pensar y entender el lugar que ocupamos en la trama y como, desde allí comprender las construcciones y consciencias que alimenten una realidad que transforme la presente.

La información, la comunicación, la Justicia y la razón sensible posibilitan que la solidaridad comience a desandar los caminos que propone el neoliberalismo globalizado y transnacionalizado que reduce casi todo a la capacidad para acumular dinero  recursos financieros como instancias únicas de todo desarrollo individual y colectivo.

Las organizaciones sociales deberán creativamente constituirse en pilares de un nuevo orden social que modifique las condiciones de inequidad y dependencia que limitan las posibilidades del buen vivir de los Argentinos, pensado en el bien común. La Patria es el otro, no es un slogan, importa a una decisión vital de como vivir. Si priorizamos al otro como otro, construiremos solidariamente sociedades donde desarrollarnos individual y colectivamente de maneras mas equilibradas y equitativas … de lo contrario, el ego y el “uno mismo” alimentara una sociedad que se depreda a si misma y permite ser deborada por intereses que nada tienen que ver con una Argentina solidaria y fuerte en una America Latina unida y próspera.

Daniel Roberto Távora Mac Cormack