Viernes
28 de febrero de 2020
El
Gobierno logró aprobar la ley que baja las jubilaciones a los jueces
y diplomáticos en una polémica sesión que empezó con el quórum
justo y la ayuda clave de Daniel Scioli, que pese a haber sido
designado embajador en Brasil asistió a su banca y permitió llegar
a 129.
Cambiemos se retiró y a través
de su jefe Mario Negri anticipó que denunciará en la justicia la
idoneidad de la sesión. Recordó que el bloque rechaza los haberes
previsionales de hasta 400 mil pesos que cobran los jueces pero que
negoció sin éxito una cláusula para evitar que renuncien para
jubilarse rápido y dejen los Tribunales vacíos.
El quórum estuvo al límite
porque faltaron tres propios (Magdalena Sierra, Liliana Yambrun y
Walberto Allende) y nunca llegaron 7 de los 11 diputados del
interbloque federal, que sólo aportó los cuatro diputados cercanos
a Juan Schiaretti. Alejandro "Topo" Rodríguez y
Enrique Estevez llegaron cuando la sesión ya había comenzado.
Pasada
media hora, Máximo Kirchner y Cristina Álvarez Rodríguez caminaban
por las escaleras esperando llegar a los 129: faltaban varios propios
y sólo los ayudaban los dos de izquierda (Romina del Plá y Nicolás
del Caño) y la neuquina Alma Sapag.
Fue necesaria una prórroga de 15
minutos para que llegaran los 8 de Unidad Federal para el
Desarrollo, el bloque de José Luis Ramón, y los 4 cordobeses y el
arribo con demora de Edurado Valdés y con la fueguina Mabel
Caparros.
La ley aumenta 7% los aportes de
los jueces y diplomáticos y les reduce la jubilación inicial, al no
computarse más como el 82% del último año, sino de los salarios
percibidos los últimos 10, actualizados al momento del cese.
Con los votos justos, el
oficialismo tuvo que ceder al reclamo del gremio de Julio Piumato
(UEJN) y de la diputada kirchnerista Vanesa Siley (Sitraju) y sumó a
las categorías de prosecretario y jefe de despacho entre los
sostenidos en el régimen especial de magistrados.
Fue
también una propuesta de Ramón y el ministro de Trabajo Claudio
Moroni, en el plenario de comisiones de este miércoles, les había
sugerido hacer una caja compensatoria propia, pero sin los números
claros, Máximo y Massa tuvieron que ceder.
Las asociaciones de fiscales y
magistrados rechazaron la ley y anticiparon una lluvia de amparos,
que ahora tendrá como nuevo argumento la presencia de Scioli. Para
restarle argumentos, uno de los cambios al proyecto fue que no se
subirá hasta 65 años la edad jubilatoria de las mujeres, pero sí
la de los hombres. También se eliminaron los artículos que
permitían a los jubilados seguir activos si eran convocados para
cubrir reemplazos.
El
presidente Alberto Fernández cuestionó este viernes el planteo
opositor respecto del proyecto de ley para modificar las jubilaciones
de privilegios: desmintió que tenga " interés en que los
jueces renuncien y se vayan" y recordó que un juez de la Corte
"gana tres o cuatro veces más que lo que gana el Presidente o
un senador". Adelantó que enviará un proyecto de reforma de la
justicia federal la semana próxima.
“Es un avance a favor de la
igualdad. Yo no induzco a nadie a jubilarse, no tengo ningún interés
en que nadie renuncie o se vaya. Si resulta que es más importante
privilegiar su bolsillo que el servicio de justicia también tienen
el derecho a hacerlo, pero nadie busca semejante cosa”, aseguró sobre el debate en diputados de los cambios en
las jubilaciones de los jueces.
Fernández opinó que la
oposición se manejó con una "desvergüenza asombrosa",
luego de que ayer los diputados de Juntos por el Cambio se retiraran
del recinto donde se debatía la ley en la Cámara de Diputados. Y
cargó contra la postura de Cambiemos de acusarlo de atacar al Poder
Judicial cuando fue el gobierno de Mauricio Macri el que tuvo la
intensión de “colonizar la justicia”. “No sólo han manejado
la Justicia a su antojo, sino que convirtieron jueces ordinarios en
camaristas, quisieron poner jueces ordinarios en tribunales federales
y manejaron el Consejo de la Magistratura a su antojo. ¿Ahora
quieren explicarme a mí? A mí, no. Yo sé lo que pasa en la
Justicia”, sostuvo.
"El país está pasando por
un momento muy difícil, entonces esos regímenes son insoportables,
simplemente desde la lógica, porque que haya jubilaciones promedio
de 350 mil pesos, y otras que están cerca de los 700 mil es de un
costo fiscal altísimo", puntualizó y explicó: “Personalmente
es un tema que conozco mucho, porque soy hijo de un juez. En los
últimos años ha ocurrido que los jueces han logrado tener sueldos
muy importantes. Muy distintos al del resto de la administración.
Hoy un juez de la corte gana 3 o 4 veces lo que gana un presidente o
un senador”.
El Presidente también afirmó
que convocaron a los miembros del Poder Judicial para debatir la ley,
aunque encontraron "una resistencia muy grande", y agregó
que el presidente del Consejo de la Magistratura le llevó una
propuesta que incorporó (la de cambiar las edades jubilatorias),
también para "tratar de darle certezas a algunas dudas que
tenían".
Reforma judicial. “Estamos
trabajando sobre la reforma judicial que busca que esto funcione
mejor. La justicia argentina necesita una revisión, llegamos a un
punto donde no está funcionando bien”, adelantó y detalló que el
proyecto que enviará la semana próxima “trata de poner orden en
el funcionamiento de la justicia que le corresponde al estado
nacional, que es la justicia federal. También qué hacemos con los
tribunales ordinarios de la Ciudad; hay que traspasar ciertas
jurisdicciones que vienen demoradas”.
El
fiscal federal Enrique Senestrari se mostró a favor del proyecto de
ley que impulsa el gobierno de Alberto Fernández para modificar los
regímenes especiales de jueces y diplomáticos, que ayer obtuvo
media sanción en la Cámara de Diputados, y consideró que los
integrantes del Poder Judicial -entre los que se incluye- "son
unos privilegiados".
El magistrado, que integra
Justicia Legítima, la agrupación de jueces afín al kirchnerismo,
dijo en declaraciones radiales a Cadena 3 que cobra 598 mil pesos en
bruto y 498 mil pesos en mano tras los descuentos.
"Es hora de que los
miembros, los magistrados de la Justicia acepten que somos parte de
la sociedad y no podemos tener tantos privilegios. No podemos estar
siempre por fuera de las decisiones que afectan al pueblo", dijo
Senestrari.
Cifras
de los privilegios
El presidente de la Comisión de
Previsión y Seguridad Social, Marcelo Casaretto, aportó cifras para
fundamentar el proyecto. Precisó que actualmente hay 17.622
trabajadores activos del Poder Judicial que aportan, en promedio,
32.000 pesos al sistema previsional. Los pasivos son casi 7.000, cuyo
haber promedio es de 272.000 pesos.
El legislador contó que hay
jubilaciones de jueces que llegan hasta los 770.000 pesos por mes.
Dijo puntualmente que hay cuatro jubilaciones otorgadas por 750.000
pesos, y ocho por 700.000. Detalló además que otros 2.265 retirados
de cargos judiciales jerárquicos están por encima de los 300.000
pesos.
“En el régimen general hubo
una movilidad del 51%, ¿y cuánto aumentaron los beneficios de
quienes están en el Poder Judicial? El 67,8%. O sea que en una
situación de emergencia de la Argentina, el sistema judicial tuvo 18
puntos de aumento por encima de los beneficiarios del sistema
general”, puntualizó Casaretto.
Leopoldo Moreau, a cargo de
cerrar el debate antes de someter a votación el proyecto, afirmó
que “es indignante que algunos representantes del Poder Judicial
diciendo que venían a defender la Constitución y apoyan todos estos
privilegios”.
“Venimos a tratar de poner en
orden el sistema de seguridad social. Queremos recomponer el sistema
público de reparto para que no se lo lleven puesto”, advirtió
Moreau.
Tras ser aprobado por la casi
totalidad de los presentes, excepto las dos abstenciones antes
mencionadas, la propuesta legislativa fue enviada al Senado. La
reforma establece una nueva fórmula para calcular el haber
jubilatorio inicial, con la mira puesta en reducir el déficit fiscal
que provocan los regímenes especiales tanto del Poder Judicial como
del Servicio Exterior.
El
bloque de Juntos por el Cambio está en plena polémica y parece
claro que no habrá denuncia penal ni contra Daniel Scioli y menos
aún contra el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Varios legisladores ofuscados hicieron un anuncio de esa naturaleza
al final de la sesión en la que se dio media sanción a la
modificación de las jubilaciones de privilegio de jueces y
diplomáticos , pero todo se está diluyendo. La postura mayoritaria
hasta el momento es que se presente un pedido de nulidad dentro de la
propia Cámara baja, algo casi simbólico. Hay integrantes de la
Coalición Cívica que sí quieren ir a tribunales, pero la mayoría
piensa que cualquier planteo será rechazado por la justicia y,
además, "los casos de la política deben ser resueltos por la
política", le dijo a este diario uno de los principales
referentes del bloque opositor.
Desde
el punto de vista legal, cualquier presentación parece tener poca
chances. Como bien explicó el constitucionalista Andrés Gil
Domínguez, un diputado sólo deja de serlo cuando su renuncia es
aceptada por el cuerpo. En este caso, Daniel Scioli tiene el acuerdo
del Senado para ser embajador en Brasil, todavía no se publicó el
decreto de su designación, no presentó la renuncia y, obviamente,
no fue aceptada por el pleno. Cuando esto último ocurra, jurará en
su lugar Claudia Bernazza, quien por supuesto habría dado quorum
este jueves, como ella misma lo dijo públicamente.
La discusión entre los
opositores
Aún
así, integrantes de la Coalición Cívica insistían en que había
que hacer una denuncia penal contra Scioli y contra Massa, azuzados
por los sectores duros de Juntos por el Cambio . Sin embargo, los dos
hombres claves del bloque, Mario Negri y Cristian Ritondo, están
rotundamente en contra. De manera que no habrá ninguna presentación
unificada en la justicia, pero sí puede haber integrantes sueltos
que den semejante paso.
En Juntos por el Cambio, de todos
modos, no dan el brazo a torcer. Afirman que Scioli dijo que va a
asumir como embajador el 3 de marzo, o sea el martes próximo, y que
presentará la renuncia el lunes. La oposición alega que siguiendo
el razonamiento del propio Scioli, entonces estará en funciones de
embajador siendo diputado porque el martes no se habrá producido la
sesión de aceptación de esa renuncia. Además, insisten en que el
ex gobernador bonaerense viajó a Brasil con los gastos pagos por la
Cancillería, de manera que ya estaba en funciones. De todos modos,
admiten que desde el punto de vista legal los argumentos tienen poca
entidad: la Constitución es taxativa, Scioli sigue siendo diputado y
está habilitado para debatir y votar.
El camino intermedio
Hay una posición intermedia en
el bloque opositor que consiste en hacer un planteo de nulidad --no
una denuncia penal-- en el fuero contencioso administrativo, que es
el que se ocupa de los litigios en el Estado. Tiene el condimento de
judicializar la política, pero no pone sobre la mesa una acusación
violenta como sería encuadrar el caso en algo así como un fraude o
una estafa.
De
todas maneras, la postura mayoritaria pasaba este viernes por hacer
un planteo de nulidad en la propia Cámara de Diputados. Requerir que
se pronuncie el Comité de Ética o que se establezca una comisión
reglamentaria que revise la cuestión. Está claro que este camino
consiste en amortiguar el conflicto y reconocer que la media sanción
es un hecho.
Lo fundamental de la posición
mayoritaria es que sentaría, al menos en este caso, un principio de
importancia: que los conflictos de la política los debe arreglar la
política. Parece grotesco que los diputados tengan que recurrir a
los jueces para algo tan elemental como una polémica reglamentaria
en una de las cámaras. Lo que sucede es que, según parece, el ritmo
de la confrontación lo marcan los grandes medios que, en forma
permanente, le reclaman a los opositores que vayan por todo, en
absolutamente todos los terrenos.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
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