Grietas y violencia, Primero los negocios.
POPULISTAS SOMOS TODOS
“La Argentina está polarizada”, escuchamos todos los días. Este país se va al tacho por las divisiones. Por la grieta, hay familias que no se pueden juntar a comer un asado sin pelearse. Todo esto se nos dice; en general, se lamenta esta división. Las encuestas marcan que más del 60% dice estar cansado/a y pide “que los políticos se unan y busquen soluciones”. ¿Cómo podría entonces entenderse la extensión de la grieta, cuando todo el mundo parece querer que desaparezca?
Esta es la pregunta que intenta responder un libro de reciente aparición, Polarizados. Compilado por Luis Alberto Quevedo e Ignacio Ramírez y publicado por Capital Intelectual, presenta varios capítulos sobre las diferentes dimensiones de la polarización: su efecto en las redes sociales, en la economía, en los partidos políticos. Con Ignacio Ramírez hemos publicado un capítulo en el cual decimos que eliminar la polarización no es un soplar y hacer botellas de buenas intenciones, sino que en buena medida la grieta existe porque en la sociedad conviven, y se enfrentan, posiciones auténticamente dicotómicas sobre la realidad social, sobre las causas de los problemas que nos aquejan y (sobre todo) sobre sus posibles soluciones. Por ejemplo, los votantes macristas están mucho más a favor de una economía desregulada y de una mínima intervención estatal, mientras que los votantes del Frente de Todos están (en promedio) más cercanos a pedir una mayor regulación estatal y un Estado más fuerte como el medio adecuado para superar la pobreza.
Esta dicotomía profundamente ideológica es aun más pronunciada a nivel de las élites políticas. En nuestro capítulo citamos un estudio de Gabriel Vommaro: “Las élites políticas en la Argentina democrática y el problema de la representación” (dentro de la compilación Elites en las Américas: diferentes perspectivas.) Los resultados hablan de una visión de mundo diferente entre legisladores porteños del FdT y de JxC. Voy a citar dos datos: el 89% de los legisladores de Juntos por el Cambios sostienen que Argentina debería adoptar medidas más estrictas para regular la llegada de migrantes, frente sólo el 17% de legisladores del FdT; además, ante la pregunta “en materia de derechos humanos, lo más importante es mirar hacia adelante y no hacia atrás”, el 8,6% de los legisladores peronistas dijeron que sí, frente casi el 71% de los macristas. Facundo Cruz analiza datos similares mirando los partidos.
La ciencia política tiene una dificultad: los clásicos de la literatura sobre el origen de los partidos políticos de masas sostenían otra cosa. Schumpeter, Smith, Polanyi estaban convencidos de que las masas pueden ser presas de furias ideológicas, pero que las elites políticas tienen inevitablemente la cabeza fría, una actitud más desapasionada y cínica sobre la política, y una mucho mayor predisposición a acordar, en una habitación con paneles de madera, con un buen cognac o un whisky escocés en la mano y (en otros tiempos) un cigarro. Para la concepción elitista de la política (que todes les politólogues hemos estudiado) la razón de ser de las elites era justamente menos ideológica que el votante medio. Sin embargo, hoy por hoy las elites partidarias (al menos en el espectro de la derecha, ya que la polarización es bastante asimétrica) son igualmente ideológicas, o más, que sus votantes.
El otro ingrediente es la acción de los medios de comunicación y redes sociales. Como bien describen Natalia Aruguete y Natalia Suazo, tanto las redes como (esto es muy importante) los medios “viejos” de la radio, la tele y los diarios actúan como comburente de la polarización. El verosímil mediático es la indignación, y el grado cero de la retórica mediática no es la (falsa, por supuesto) neutralidad del comentarista sino el enojo de la persona “de a pie”. Bernardo Neudstad le hablaba a Doña Rosa, pero él no pretendía serlo; hoy el repertorio aceptado es performar uno mismo a Doña Rosa. Una Doña Rosa, además, constantemente enojada.
No tengo respuestas a ninguno de estos interrogantes. No se trata tampoco de pedir un retorno a una supuesta época nostálgica en donde los políticos “se llevaban bien”. De hecho, está bien que se reconozcan y se discutan las diferencias abiertamente, que se vote en consecuencia, que el sistema tenga opciones claramente diferenciadas. La grieta organiza, hoy, el sistema de representación en Argentina y lo vuelve estable.
Sin embargo, en varios temas se extrañan algunos consensos básicos. Al menos, diría yo, en lo que tiene que ver con la violencia estatal. Argentina pudo construir ciertos consensos sobre la democracia y la violencia política en 1983. Hoy, cuando todos estamos conmovidos y movilizados por el asesinato de Lucas González a manos de la Polícía Metropolitana de la CABA, que se suma a la desaparición de Facundo Astudillo por la Bonaerense, a la muerte de Santiago Maldonado en un operativo de Gendarmería, y un larguísimo etcétera, deberíamos ser posibles de decir, al menos, no más muertes a manos del Estado. Polaricemos en todo, pero tengamos un consenso mínimo.
Grieta e información
La verdadera grieta existiría si con la información con la que se cuenta se eligen posiciones diferentes respecto a lecturas mas o menos concordantes respecto de la realidad, en tanto la realidad no surge de las elecciones individuales, grupales o institucionales sino de como estas afectan y producen efectivamente, resultados medibles, sensibles, palpables y objetivamente identificables, capaces de artícularse en relatos que la doten de sentido. Como la información no cubre una realidad de modos absolutos, aquellos “huecos” “faltas” o “espacios” que carecen de datos o no se alcance información al respecto, son “llenados” por opiniones, elecciones, percepciones propias, creencias, mitos, subjetividades …
Lamentablemente la grieta que surgió en los últimos 20 años es bien diferente a otras grietas producidas a lo largo y ancho de la historia humana, muchas incluso que se dirimieron con cruentas y largas guerras. Hay cierto consenso en ambos lados de que la violencia no es una herramienta adecuada para dirimir aquello por lo que se “agrietan” las relaciones humanas en un momento dado de su historia por las razones que fueren. Pero por otro lado, mas allá de relatos y argumentos, pareciese ser que la información y el conocimiento actual no alcanza, o peor aún, no importan para establecer consensos mínimos que aseguren la “no violencia” y permitan, al menos, que la grieta sea menos profunda y dolorosa, y esto fundamentalmente porque quienes tienen la función, el derecho, pero también el deber de informar, no lo hacen fuera de los términos de las disputas, por tanto mienten y tergiversan la información a favor de la “Grieta”. La alimentan. Se nutren de ella. Es objeto de su estrategia de negocio y de su “Actividad lucrativa”. En tanto siga siendo así, es muy difícil alcanzar acuerdos mínimos.
Para colmo de males corporaciones monopólicas transnacionales, construyen imperios alrededor de la censura y las limitaciones a los accesos a información confiable y verificable y estimulan Fakesnews, campañas de desprestigio a figuras públicas y hacia actores sociales que proponen otras formas de hacer “negocios” y “producir” riquezas y beneficios para toda la humanidad, no enmarcados en la falsa competencia, el lucro, la avaricia, la codicia y el ego que sostiene al neoliberalismo actual.
Censura en la era digital
Martín Becerra, nvestigador Principal en el Conicet y Profesor Titular por concurso en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Doctor en Ciencias de la Información (U. Autónoma de Barcelona), donde también se recibió de Magíster en Ciencias de la Comunicación. Especialista en políticas de medios, telecomunicaciones y TIC.
Autor de libros y artículos sobre políticas de comunicación, medios y tecnologías de la información y la comunicación, entre ellos: Grupo Clarín. From Argentine Newspaper to Convergent Media Conglomerate, en coautoría con Guillermo Mastrini y Ana Bizberge (Routledge, 2021), La concentración infocomunicacional en América Latina (2000-2015): nuevos medios y tecnologías, menos actores, en coautoría con Guillermo Mastrini (Universidad Nacional de Quilmes y Observacom, 2017); escribe en su Blog “Quipu”
El 19 de noviembre de 2021, en Uruguay se difundió un caso importante sobre eliminación de contenidos, en lo que constituye un ejemplo de censura explícita en el entorno digital, agravada por la obstrucción del derecho a defensa. Se trata de la eliminación, por parte de Google, de dos artículos periodísticos de interés público del medio uruguayo «Sudestada» dirigido por Fabián Werner, retirados del buscador, lo que equivale, por la masividad del mismo (más del 95% de las búsquedas son canalizadas por esa vía), a su remoción del espacio público.
Las dos investigaciones periodísticas eliminadas por Google documentan la participación de estudios jurídicos uruguayos en estrategias internacionales de lavado de activos. Google notificó a Sudestada la desindexación del contenido sin permitir aclaraciones, sin especificar en qué aspectos el contenido suprimido inclumplía las leyes invocadas de derechos de autor y propiedad intelectual de EEUU y de datos personales y el mal llamado «derecho al olvido» de la Unión Europea. La situación motivó a Sudestada a presentar presentó un recurso de amparo ante el Poder Judicial de Uruguay con el patrocinio del abogado Matías Jackson y el asesoramiento jurídico de Observacom (ver hilo en Twitter de Observacom).
Este tipo de medidas unilaterales afectan la libertad de expresión del periodista y del medio, por un lado, y el derecho al acceso a la información del público, por el otro en temas de evidente interés público. Son, asimismo, medidas opacas (por cuanto Google no especificó qué contenido habría vulnerado las normas legales de EEUU o Europa que invoca en su eliminación); y son también medidas que impiden ejercer el derecho a defensa del medio y del periodista censurados.
Este puede ser un caso testigo porque resume bien la indefensión de usuarias/os de plataformas digitales globales ante medidas unilaterales de éstas que afectan sus derechos (como la expresión) y ante las cuales no hay «debido proceso» ni posibilidad real de apelación. Una suerte de «absolutismo digital».
Además, el caso plantea desafíos jurisdiccionales delicados, toda vez que se extrapolan normas legales de otros países/regiones en perjuicio del usuario y de los públicos y consumidores de un tercer país (el medio periodístico de investigación «Sudestada» de Uruguay y su público). Esto también muestra qué pasa cuando se otorga poder de policía a las plataformas, como ocurre con las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual estadounidense (DCMA) y de datos personales europea (GPDR) que habilita el mal llamado «derecho al olvido». Importa subrayar que el «derecho al olvido», que es norma en Europa pero no en el continente americano (colisiona con la Convención Americana, por ejemplo) no vale para casos de interés público, como lo es la difusión de los mecanismos que empresarios, políticos y otras personas influyentes lavan dinero. Sin embargo, en este caso Google eliminó contenido de clarísimo interés público.
Las/os usuarias/os de plataformas digitales globales, que comercializan sus servicios en sus países, ¿sólo pueden reclamar en California, EEUU? La jurisprudencia, así como varias resoluciones administrativas en América Latina, plantean que no. Por ejemplo en los considerandos de esta resolución de la Agencia de Acceso a la Información Pública argentina se citan varios antecedentes.
Por otra parte, el derecho a defensa resulta tan pisoteado con la censura de los contenidos de Sudestada, que el periodista debería hacer su descargo desconociendo el motivo por el que fue censurado, debería expresarse en inglés y en 1000 caracteres.
Las aristas problemáticas del caso para el derecho a la libertad de expresión, que comprende no sólo la posibildad de difundir y publicar en todo soporte opiniones e informaciones -y que en particular protege al contenido de interés público-, sino también el derecho de la sociedad a acceder a información -en especial la de interés público- y puntos de vista, son claras. El agravante de negación del derecho a defensa y del debido proceso es otro elemento central del caso. No por cotidiana y masiva, la negación de garantías elementales deja de ser preocupante en la configuración de los espacios de conversación e información pública en entornos digitales.
Lawfare el arma de los que hacen negocios con “la grieta”
Marianela Daraio, TesistaFacultad de Periodismo y Comunicación SocialUniversidad Nacional de La Plata | Argentina, escribe “Lawfare y resistencias. Primeras aproximaciones para un análisis de los discursos de líderes latinoamericanos nacionales y populares acerca del lawfare” Marianela Daraio Actas de Periodismo y Comunicación, Vol. 7, N.º 1, octubre2021ISSN 2469-0910 | http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/actasFPyCS | Universidad Nacional de La Plata”
Las guerras han mutado de tal forma que el combate cuerpo a cuerpo y la finalización del conflicto con ganadores y vencedores ya no predomina en la actualidad. Para Ana Ceceña (2014) asistimos a un espectáculo de “guerra infinita” en el que estas ya ni se declaran, ni se terminan. El objetivo no es, única o necesariamente, hacerse de un territorio o recurso específico, sino mantener a las naciones en un estado bélico permanente, persiguiendo lo que la autora llama dominación de espectro completo: un modo de proceder, en diversos ámbitos, que avanza sobre toda forma de otredad, de resistencia y de autodeterminación de los pueblos.
Históricamente, América Latina ha sido escenario de los experimentos de Estados Unidos en su búsqueda de nuevas estrategias de dominio. Ya sea mediante la planificación y financiamiento de golpes militares, como a través de las condiciones usurarias de los préstamos de los organismos internacionales. Para Beinstein (2013), el giro progresista de principios de siglo, con su vocación emancipatoria y autonomista, significó una grave afrenta para los defensores de los intereses del capital financiero, que vieron amenazada su hegemonía indiscutida durante los gobiernos neoliberales (p.12-14).
Las guerras contemporáneas -de cuarta y quinta generación-(“Mientras, las corporaciones mediáticas hegemónicas desarrollan sus estrategias, tácticas y ofensivas en nuevos campos de batalla donde se pelea con nuevas armas, donde la realidad no importa, en lo que quizá ya ni se trata de la guerra de cuarta generación, la que ataca a la percepción y sentimientos, y no al raciocinio, sino a una guerra de quinta generación, donde los ataques son masivos e inmediatos por parte de megaempresas trasnacionales, que venden sus “productos” (como el espionaje) a los Estados” (Aharonian, 2018)) descansan sobre estrategias no militares: políticas, diplomáticas, mediáticas, humanitarias, tecnológicas, entre otras.
En nuestra región asistimos, desde hace casi dos décadas, al despliegue de golpes blandos cuya punta de lanza es el mecanismo que conocemos como lawfare. Se trata de la utilización de recursos judiciales -en particular, causas por corrupción -para la persecución, encarcelamiento y proscripción de líderes y militantes políticos del campo popular. El ex presidente de Brasil, Lula da Silva, afirma en el prólogo de Bienvenidos al lawfare que se trata de “...el uso del Poder Judicial, especialmente en lo que respecta a la ley penal, para interferir en la política” (2020, p.13).
El objetivo que se persigue es la muerte legal y política del adversario, que es todo aquel que intente profundizar o instaurar políticas contra la desigualdad. Como afirma Atilio Borón en el epílogo del mismo tomo: “Es el derecho desfigurado para producir la muerte civil de los enemigos del imperio y del neoliberalismo” (2020, p.164).Este fenómeno jurídico-político requiere, para alcanzar su cometido, no solo de la anuencia de miembros del Poder Judicial, sino de todo un aparato de medios de comunicación que operen en favor de estos intereses y que sirvan a su invisibilización. Elisa Ghea plantea en El método del lawfare para la persecución de Cristina que “desde siempre el poder hegemónico y dominante, el verdadero poder, ese que no se ve pero que se siente (...) se las ha ingeniado para ser invisible a los ojos de los oprimidos” (2019, p.85).Es en este sentido que el lawfare, en tanto mecanismo que sirve a los fines e intereses del neocolonialismo y neoliberalismo sobre Latinoamérica, tiene como una de sus condiciones de existencia el silencio y el desconocimiento de su naturaleza y accionar. La aparición de un tipo de discurso político, que busca explicitar este mecanismo e instalar la discusión sobre el lawfareen la opinión pública, es una nueva forma de la resistencia de los líderes y lideresas perseguidos, a la vez que la manifestación de una disputa en torno al significante justicia.
El discurso político "en tanto persuasivo(...) aspira a mucho más que la transmisión de información, aspira a su transformación” (Arias, 2017; 176). Por ello, este tipo de discursos sobre el lawfare, que de alguna manera incorporan una función pedagógica, configuran una adaptación de las tácticas de lucha y resistencia a las nuevas modalidades de golpes blandos. En primer lugar, como dijimos más arriba, con el objetivo de hacer visibles los intereses espurios de un sector de la política nacional que responde a demandas de grupos de poder foráneos. En segundo lugar, poniendo en tensión un discurso con alta legitimidad y consenso en la opinión pública: el discurso jurídico. Desde hace algunos años, asistimos al cuestionamiento del discurso mediático a través de la discusión, en el espacio público, sobre los intereses de los dueños de los medios de comunicación. Entendemos que, en este caso, se trabaja en el mismo sentido con la corporación judicial, haciendo visible el andamiaje de poder e intereses económicos y políticos que subyacen a las decisiones tomadas desde este sector. En tercer lugar, y como resultado de los factores citados anteriormente, este tipo de discursos, que intervienen en lo social generando una serie de cadenas equivalenciales (Este proceso de articulación no solo incluye demandas existentes, sino que genera nuevas. Siguiendo con la analogía y tomando el caso de Argentina, a partir del 2008 comienzan a darse una serie de debates e intercambios respecto al rol de los medios de comunicación que derivará en el 2013 en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Consideramos que en el caso del lawfare no solo se pretende advertir a las mayorías sobre los mecanismos de persecución judiciales, sino que de alguna forma estos discursos preparan el terreno para la discusión en torno a la reforma judicial),dan cuenta de la disputa hegemónica que emprenden los populismos latinoamericanos a partir de lo que conocemos como giro a la derecha. Consideramos que es fundamental poder recuperar la dimensión de resistencia que subyace a los discursos previamente mencionados. Tenemos la intención de hacer visible la fuerza vital de los proyectos nacionales y populares, que muchas veces queda en un segundo plano ante la urgencia de denunciar los intentos sistemáticos de dominación neocolonial. A la vez, entendemos que se inscribe en una larga tradición de trabajos producidos con los valores de equidad, igualdad, verdad y justicia que caracterizan a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.
La producción de conocimiento al servicio de los proyectos populares, desde y para América Latina, debe ser un horizonte para la construcción colectiva de una academia que, sin pretensiones de neutralidad, esté comprometida con los acontecimientos de su tiempo y al servicio de la emancipación de los pueblos.
ES AL REVÉS, SANTORO
Una operación fallida del operador judicial de Clarín
El operador judicial del Grupo Clarín, Daniel Pedro Santoro, sostuvo que el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, me bajaba línea para realizar operaciones contra el gobierno de Maurizio Macrì, pero el ejemplo que menciona demuestra exactamente lo contrario: el disgusto del funcionario por una nota en la que fui crítico de su gestión. Ese golpe bajo es la mediocre respuesta de Santoro a la investigación que publiqué en El Cohete sobre su relación con el agente de inteligencia Marcelo Sebastián D’Alessio, retratada en la ilustración de esta nota.
El artículo de Santoro, publicado en la edición de Clarín de ayer y que se replicará en las otras bocas de expendio del Grupo, se refiere a los chats del ex viceministro Roberto Baratta que fueron desencriptados por el Tribunal Oral Federal 8. Allí menciona a quienes denomina «periodistas K», y afirma que De Vido «les bajaba línea».
Me menciona dos veces:
De Vido le pregunta a Baratta si su vocero, Horacio Mizrahi, me hizo llegar un mail referido a sobreprecios pagados por el gobierno de Macrì por la compra de combustibles.
En agosto de 2016, De Vido aconseja “fíjate la nota de verbitski hay un bóludo q escribe una nota adjunta q dice q no quisimos no supimos o no pudimos tener un análisis de costo de producción tal lo hacia ypf antes de su privatización. Me gustaría contestar mandándole al perro primero nuestra respuesta”.
La consulta que hice al vocero Mizrahi forma parte de la rutina cotidiana de cualquier periodista que recaba información por los canales institucionales.
La nota que De Vido menciona se titula El DesPISte y fue publicada el domingo 21 de agosto de 2016 en el matutino Página/12. No hay una nota adjunta ni un boludo que señale las limitaciones en la gestión energética de De Vido. Se trata de un subtítulo de la única nota de esa edición. Luego de entrevistar al especialista en temas energéticos de la Fundación Bariloche, Roberto Kozulj, soy yo quien afirma que el kirchnerismo no revirtió la oscuridad sobre los costos de producción que imperó desde la privatización de YPF, lo cual explica la dificultad del ministro de Macrì, Juan José Aranguren, para responder preguntas legislativas sobre costos.
En las ediciones posteriores del matutino no hay ninguna respuesta de YPF, de Julio de Vido ni de su ministerio.
¿Esta burda tergiversación expresa la voluntad de mentir por una venganza personal o es apenas manifestación de la mediocridad profesional del autor? En su libro de 2005 Técnicas de investigación, Santoro explica cómo se realizan operaciones encubiertas entre periodistas, abogados, jueces o fiscales, de modo de lograr para las investigaciones periodísticas el aparente respaldo judicial que piden las empresas de medios. Este es un típico caso de real malicia, que condenaría cualquier tribunal imparcial e independiente, un bien escaso cuando se trata del Grupo Clarín y de su ariete.
Horacio Verbitzky en su “El Cohete a la Luna”
Monopolios y dominación
Mónica Peralta Ramos escribe en “El Cohete a la Luna”
Las pinzas que sirven para chupar el excedente, los ingresos y la riqueza acumulada.
“El planeta pende de un hilo… y todavía estamos golpeando a la puerta de una catástrofe climática”. Así definió el secretario general de las Naciones Unidas al resultado final de la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP26), que finalizó el 14 de noviembre pasado. Los compromisos logrados no fueron acompañados de políticas concretas y no permiten limitar hacia fines de siglo a 1,5 grados centígrados el aumento del calentamiento global. Esto ocurre en un contexto en el que el carbón sigue siendo utilizado como fuente de energía por las principales potencias del mundo, a pesar de que provoca un 40% del aumento anual de los gases de dióxido de carbono (CO2). Su eliminación (phase out) como fuente de energía fue incorporada al borrador del acuerdo final del COP26, para ser sustituida a último momento por la recomendación de disminuir su uso gradualmente (phase down). Paradójicamente, esta semana la crisis energética salió furiosamente a la intemperie y abrió una ventana a la estructura de poder global y a los conflictos sociales y geopolíticos que esta origina.
Por estos días, el precio del gas natural creció un 12% en Europa y las reservas estratégicas de este combustible llegaron al nivel más bajo desde 2013. Esto se dio en paralelo con crecientes tensiones geopolíticas entre Rusia, por un lado, y Estados Unidos y la OTAN por el otro. La autoridad regulatoria de Alemania ha dilatado indefinidamente la aprobación del gasoducto Nord Stream 2, que transporta combustible ruso a este país, y de ahí a Europa. En paralelo, esta semana dejó de operar un ramal de otro gasoducto ruso que, pasando por Bielorrusia, lleva el combustible a Polonia y desde allí a Europa. Esto ocurre luego de que el Presidente de Bielorrusia amenazara con cortar el gas ruso en represalia por el cierre de la frontera polaca a las masivas columnas de inmigrantes que, huyendo de las guerras en Siria y en el Medio Oriente, llegan a Bielorrusia en tránsito hacia Alemania y otros países de Europa.
Polonia y la OTAN acusan a Bielorrusia y a Rusia de utilizar a los migrantes para desestabilizar políticamente a Europa y la OTAN ha tomado acciones punitorias contra los dos países. Rusia niega su injerencia en el problema migratorio y ha pedido a Bielorrusia que no corte el gasoducto. Al mismo tiempo ha enviado aviones de guerra a cuidar el espacio aéreo de este país y ha acusado a la OTAN de querer desestabilizar las fronteras rusas, tratando de provocar una “revolución de color” en Bielorrusia, al estilo de las que contribuyeron oportunamente a la caída de la Unión Soviética y, más recientemente, a la debacle de Ucrania ( zerohedge.com, 13, 15, 18/11 2021.).
Mientras tanto, la OTAN desplazó un contingente de tropas para reforzar la frontera con Bielorrusia y el G7 ha condenado a este país en los mismos términos que la OTAN. Letonia, a su vez, movilizó fuerzas militares para proteger su frontera con Bielorrusia. No quedándose atrás, el Pentágono ha reactivado una unidad nuclear en Mainz-Kastel, Alemania, capaz de lanzar misiles hipersónicos de largo alcance que pueden golpear a Moscú en 21 minutos y 30 segundos. Paralelamente, el secretario de Estado norteamericano ha advertido que los incidentes en las fronteras de Bielorrusia “amenazan la seguridad, sembrando divisiones con el objetivo de disimular las actividades rusas en la frontera con Ucrania” ( zerohedge.com, 15/11/2021.).
Así, la crisis energética alimenta la trama de conflictos geopolíticos que impregnan a la estructura de poder global. También acelera la puja despiadada de los monopolios por obtener ganancias sin límites, socavando en el proceso a las instituciones y a la posibilidad de conciliar sus intereses con los del resto de la sociedad. Esta semana, algo de esto salió a la luz en Estados Unidos. Las reservas estratégicas de petróleo norteamericano han disminuido a lo largo de las últimas diez semanas, llegando a sus niveles más bajos desde 2003, sin lograr impedir que el precio de los combustibles crezca un 7% durante este periodo (zerohedge.com, 16 y 17/11/2021.). Fenómenos profundos abonan esta crisis y el propio Joseph Biden habría de revelarlos. Esta semana, el Presidente de Estados Unidos recurrió a la Comisión Federal de Comercio (Securities and Exchange Commission – SEC) para que investigue la “conducta ilegal” de las grandes corporaciones de petróleo y gas. En su demanda, acusa a estas corporaciones de generar ganancias extraordinarias con los precios de la energía. “Los precios de la nafta en el surtidor son muy altos, a pesar de que los costos de las corporaciones que producen petróleo y gas han disminuido (…) hay pruebas crecientes del comportamiento hostil hacia los consumidores (…) el precio promedio en el surtidor es hoy muy superior al nivel que este tenía en la pre-pandemia (…) (estas corporaciones) han anunciado planes de invertir este año miles de millones de dólares en la recompra de acciones y en dividendos» ( zerohedge.com, 17/11/2021.).
… detrás de la catástrofe climática que se avecina operan los monopolios, que buscan acrecentar ganancias sin límites “pintando de verde” (greenwashing) las inversiones que contaminan al medio ambiente. Ahora vemos que los monopolios aprovechan la escasez relativa de inversiones en energías fósiles –agudizada por la pandemia y los incentivos al desarrollo de energías renovables– para subir los precios de los combustibles. También usufructúan la estampida de los precios de las acciones y activos financieros, alimentada por la política monetaria del gobierno de Biden, para recomprar sus acciones y valorizarlas financieramente, contribuyendo así de un modo decisivo a la falta de inversión en la economía real y a la escasez resultante de hidrocarburos.
En un mundo con alto grado de integración financiera y económica, el comportamiento de estos monopolios incidirá rápidamente sobre lo que hacen otras grandes corporaciones monopólicas ubicadas en otros sectores de la producción, el comercio y la logística global. Así, la puja entre monopolios por apropiarse de una tajada más grande de las rentas y ganancias extraordinarias sale a la luz, encarnándose en una inflación global que puede tener consecuencias impredecibles.
Monopolios en la logística global
La crisis energética contribuye a acelerar un proceso inflacionario íntimamente relacionado con la dislocación de las cadenas de valor global. Esta dislocación, producto de la guerra comercial con China y del impacto de la pandemia sobre la economía mundial, ha acelerado el proceso de concentración económica, consolidando el dominio de unos pocos monopolios sobre las distintas instancias de la logística internacional. Hoy ocho enormes corporaciones controlan el 81% de la capacidad global de transporte marítimo y de contenedores. Esta posición dominante les garantiza enorme capacidad para determinar los precios de sus actividades y productos. Otras cinco corporaciones controlan el 82% del alquiler global de equipos y contenedores y sólo tres corporaciones controlan el 83% de la producción mundial de nuevos contenedores (“Freightwaves”, zerohedge.com, 10/11/2021.).En consecuencia, a grandes rasgos se puede decir que el 80% del transporte marítimo y de contenedores, el alquiler de estos últimos y del equipo correspondiente, y la producción de nuevos contenedores están bajo el control de dieciséis corporaciones que aprovechan la dislocación existente en las cadenas de valor global para imponer constantes aumentos de precios, que terminan incidiendo en los precios de todos los bienes y servicios.
El control de estas corporaciones sobre las distintas instancias de la logística global les permite diputar la apropiación de ganancias y rentas extraordinarias obtenidas en otros sectores de actividad. Esto desata un proceso inflacionario que impacta en la economía global. Por otra parte, el control monopólico de tecnología y de los mercados en distintos eslabones de las cadenas de valor global permite que la inflación se propague como reguero de pólvora a los precios finales de bienes y servicios en el mundo entero y termine saqueando los bolsillos de los consumidores, especialmente de los que menos tienen.
Estados Unidos: monopolios e inflación
El último Informe de Estabilidad Financiera de la Reserva Federal de Estados Unidos (Financial Stability Report) señala que los precios de las acciones más riesgosas siguen subiendo y acrecientan la vulnerabilidad del sistema financiero ante un posible empeoramiento de la economía norteamericana, una pérdida de confianza de los inversores y un eventual descontrol de la pandemia. A esto se agrega el alto grado de endeudamiento local, la falta de liquidez –agravada por las inversiones en criptomonedas– y la creciente volatilidad derivada del aumento de las transacciones financieras en redes sociales, donde operan pequeños inversores con poco o ningún conocimiento de los mercados (Las denominadas stonks, acciones perseguidas por “manadas” de pequeños inversores, que –como vimos en otras notas con el wallstreetbets– provocan súbitos descalabros en su afán de disputar terreno con los whales y grandes fondos de inversión.). Según la Reserva Federal, todos estos riesgos “internos” pueden ser potenciados por la inestabilidad financiera global como consecuencia de la crisis del sistema inmobiliario en China y por el deterioro de economías emergentes que, como la argentina, están altamente endeudadas en dólares.
En Estados Unidos la inflación afecta especialmente a los alimentos. Cerca de la mitad del incremento de precios de estos últimos ha sido determinado por la suba de precios del procesamiento de la carne, tanto vacuna como de pollo y de cerdos. El 80% de este procesamiento es dominado por cuatro corporaciones. El gobierno ha tomado una serie de medidas para atenuar este impacto y se preocupa al ver “cómo estas corporaciones hacen ganancias extraordinarias con la pandemia (…) esto no beneficia ni a los productores ni a los consumidores” (.“Addressing concentration in the meat processing industry to lower food prices for american families”, whitehouse.gov, 08/09/21 y zerohedge.com, 09/09/2021.)
La suba de los precios de los alimentos deteriora al valor real de los salarios ( cnbc.com, 10/11/2021.) e incide en el aumento del endeudamiento de los consumidores, que entre julio y septiembre superó los 15 billones (trillions) de dólares (Reserva Federal de New York, newyorkfed.org, 09/11/2021.). A su vez, el deterioro de la situación económica de vastos sectores de la población empieza a encontrar un escape en huelgas y protestas, pero también en nuevas formas de disputa por los ingresos. Una encuesta reciente muestra que más del 4% de los encuestados dejó sus trabajos, por los que percibían muy bajos ingresos, para especular con criptomonedas ( .beincrypto.com, 04/11/2021.) Esto se da en paralelo con las crecientes inversiones en la Bolsa realizadas a través de plataformas digitales, que impulsan acciones colectivas de compra o venta de determinadas acciones (Como las operaciones del wallstreetbets,), generando un aumento de la volatilidad financiera que, como mencionamos, la Reserva Federal de Estados Unidos considera muy peligrosa.
La Argentina: derrota electoral y clima triunfal
Por estos días, el Frente de Todos vivió la derrota electoral del domingo pasado con la alegría de haber remontado una montaña para evitar la debacle y con la esperanza de que ahora se inicia una etapa en la que el gobierno responderá a las promesas de 2019. A esto se comprometió el Presidente en su discurso del domingo.
El resultado electoral muestra que sin cumplir con la palabra empeñada, sin contacto con las bases y sin movilización popular, no hay futuro para una alternativa de inclusión social en el país. La brutal pandemia no puede ser una excusa para justificar los errores, los silencios y la falta de conexión con las bases en el pasado, o la que pueda ocurrir en el futuro si esta peste se descontrola, como ya esta ocurriendo en otras partes del planeta.
Los números de los comicios también muestran que las promesas no cumplidas pueden ser tan venenosas como la incitación al odio que hacen diariamente las tribus macristas y el periodismo de guerra. Mas aun, la debilidad de un gobierno que prometió y no cumplió potencia el avance de la extrema derecha, como lo demuestra lo ocurrido en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Dejemos pues por un momento los festejos y aceptemos que este domingo mostró una derrota clara ante el avance de una derecha radicalizada, que hasta hace muy poco no podía llegar al gobierno a través de elecciones libres.
La pregunta, entonces, es cómo se transforma esta derrota –que tiene consecuencias serias en el Congreso– en un triunfo no sólo en 2023, como algunos pretenden, sino en los meses que vienen. Una eternidad nos separa de ese año y estamos en el medio de un golpe blando que comenzó hace meses y que no desaparecerá con el cambio de clima que resultó de las elecciones, como algunos creen. El Fondo Monetario Internacional dejó el campo minado para que las armas de este golpe blando –la inflación y la corrida cambiaria– golpeen con mayor fuerza. Ni el llamado al diálogo nacional, ni las negociaciones podrán detener unas pinzas que han desestabilizado a todos los gobiernos constitucionales, incluido el del propio Mauricio Macri. Detrás de estas pinzas están los monopolios, locales y extranjeros, que controlan la información y los sectores claves de la economía.
El FMI, con su deuda odiosa, contribuyó a acelerar el avance de estas pinzas que sirven para chupar el excedente, los ingresos y la riqueza acumulada en el país. Pero también son útiles para disputar una mayor tajada de los mismos por parte de los monopolios que controlan la información y sectores claves de la industria, el agro, el comercio interior y exterior y las finanzas. En esta pugna también se mete el FMI: pretende recobrar sus dineritos y multiplicarlos al infinito, sustituyendo deuda vieja por deuda nueva. Así, el ambiente que nos rodea está saturado de rugidos de monopolios que naturalizan la pobreza y la indigencia y hacen acuerdos transitorios entre ellos mismos sólo si les permite maximizar ganancias cuando las papas queman.
En este aquelarre hay que encontrar la manera de acumular fuerzas en el territorio y, movilizando en la calle, imponer políticas que en lo inmediato den respuestas a las promesas y recuperen a la población que hoy está al borde del abismo. Como nada se consigue de un día para el otro, no se trata sólo de “escuchar” lo que el pueblo tiene para decir, sino también de mostrar quién es quién en esta debacle y de articular la participación de la ciudadanía, de abajo hacia arriba, en la solución de los problemas que los aquejan y en el control de sus representantes. De este laberinto no se sale con iluminados atornillados a sus sillones oficiales, ni con clientelismo de distinta índole. Se sale con un diagnóstico correcto de las relaciones de poder, con políticas que cambien la matriz productiva que reproduce esta estructura de poder, acumulando fuerza en el territorio y abriendo la cabeza para comprender lo que ocurre en un mundo en el que ya estamos insertados desde un eslabón muy débil, que sólo sirve para potenciar una brutal extracción de riqueza y recursos naturales, multiplicando al mismo tiempo la miseria.
Asesinaron a Elías Garay
Patricia Chaina, Periodista y docente, escribe en página 12
Elias Garay, un joven mapuche que luchaba pacíficamente para recuperar su tierra ancestral, fue asesinado, a cinco días de un nuevo aniversario de la muerte de Rafael Nahuel --ocurrida a orillas del lago Mascardi, en 2017--. Elías Garay, otro joven mapuche fue asesinado y murió a la brevedad y otro quedó herido de gravedad. Un nuevo episodio de violencia se inscribe en esta trágica serie histórica y ajusta la mordaza tratando de acallar a las comunidades indígenas de la Patagonia que buscan recuperar sus territorios originarios. El ataque de este domingo ocurrió en El Bolsón, cuando dos hombres armados, vestidos de civil, ingresaron al predio de Cuesta del Ternero. Allí la comunidad mapuche Quemquemtrew sostiene un asentamiento destinado a recuperar un territorio ancestral.
Desde el 18 de septiembre reivindican la recuperación de lugar llamado Tapera de los Álamos, 90 kilómetros al sur de Bariloche. Allí está el asentamiento, sitiado hace 52 días por la policía provincial. Y hace 48 horas se levantó un acampe humanitario ubicado cerca de la comisaria de Cuesta del Ternero. “Pero justamente hoy pasa esto, cuando la policía sigue rodeando el territorio recuperado y nadie puede entrar, ni con alimentos ni con abrigo. Que hayan aparecido ahí dos personas armadas, no tiene explicación”, razona Orlando Carriqueo, dirigente de la Coordinadora Mapuche Tehuelche.
“Hace casi dos meses que el gobierno provincial creó un cerco policial sobre el territorio y no dejan pasar a la gente –-confirma Luis Pilquiman, funcionario del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)--. Se esperaba que ahora comenzara una instancia de diálogo y sucede todo lo contrario, comienza la agresión”. Pilquiman explica lo que para ellos es la perspectiva de violencia institucional que inviste el caso. "Hay responsabilidad del gobierno provincial por haber aislado a la gente, y por no haberse dispuesto al dialogo para resolver la situación”.
No casualmente Pilquiman habla desde otro acampe, el que las organizaciones indígenas realizan hace 15 días frente al Congreso de la Nación. El 23 de noviembre hay un acto para pedirle al gobierno nacional que prorrogue la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial, que habilita la suspensión de desalojos en territorios en conflicto, y permite que las comunidades puedan tramitar ante el Estado su titularidad. “Se advirtió desde las organizaciones indígenas y de DD.HH. que una situación violenta podía suceder --añade el funcionario--, y ya sabemos que, en estas situaciones, las muertes son de nuestro lado, del lado mapuche”, aclara, por si hiciera falta.
La APDH Chubut, la Liga Argentina por los Derechos Humanos fueron de los primeros organismos en solidarizarse con las víctimas. Pese al aislamiento, impuesto por el cerco policial que impidió hasta la mediatarde del domingo –-el hecho ocurrió alrededor de las 15--, que se pudiera conocer más sobre lo ocurrido, el ataque se hizo público.
Si bien la información inicial habla de una operación del COER (Cuerpo de Operaciones Especial de Rescate) de la policía rionegrina, esto fue desmentido por el gobierno de Arabela Carrera: “En el marco de un hecho delictivo ocurrido en Cuesta del Ternero, se informa que desde la Policía de Río Negro no se dieron órdenes de actuaciones, ni se llevó a cabo ningún tipo operativo o intervención que tenga que ver con dicha situación” comunicaron.
A últimas horas de la tarde comenzó a circular información precisa. “Acabo de entrar, hable con Gonzalito –se escucha en un audio de celular--, me dijo que entraron dos (hombres) vestidos de civil, con armas, unas 22, dijeron que andaban cazando, y cuando les pidieron que bajen las armas entraron amenazar, hasta que finalmente entraron a disparar”. Es uno de los primeros relatos que cruza el cerco y da información certera del episodio: Gonzalo Cabrera entraba al quirófano por dos disparos en el abdomen, de un arma calibre 22. Lo informaban desde el hospital de El Bolsón.
A esa jurisdicción reporta Cuesta del Ternero, epicentro del conflicto. Allí, en el territorio de la Lof Quemquemtrew “hay un peñi lamuen muerto. Un retén policial está impidiendo el acceso. Se niega información oficial. Se desconoce el estado de salud del resto de las personas de la Lof” afirmó un mensaje de texto. “Hay un herido y una persona muerta, las circunstancias no están claras, la comunidad sigue sitiada por la policía, entraron dos personas armadas, de civil, los amenazaron y dispararon”, confirma Carriqueo a PáginaI12. “La policía quiere entrar al territorio y eso va a generar problemas” advertía. “No pude pasar esto: que el Gobierno se niegue a dialogar, y nos sigan matando gente por las tierras”, reclama.
“En estos territorios hay intereses económicos y forestales, y eso hace que las tierras adquieran otro valor, simbólico y material --analiza Pilquiman--, eso suma otra dimensión a las negociaciones y a los conflictos”. Para las organizaciones indígenas, el conflicto no queda fuera del marco de la reglamentación de la Ley nacional 26.160 de 2006, y prorrogada desde entonces, dada la precariedad que ostenta –pese al intenso trabajo en varias provincias—, la titularidad de los territorios comunitarios de pueblos originarios en el país. Se espera su tratamiento el martes 23 en la Cámara de Diputados.
“Hay que resolver los conflictos y con el diàlogo se pueden resolver los problemas, no a los tiros –-señala Carriqueo--, y en esa falta de diálogo hay responsabilidad del gobierno provincial y del nacional”. Las organizaciones piden la intervención de la Secretaría de DD.HH. de Nación. “Las cuestiones políticas juegan contra la vida, ahora que no hay elecciones hay un muerto, y no hay dialogo, la situación se pone compleja”, repasan.
En la Argentina, el conflicto político es histórico con el pueblo mapuche. “Nosotros morimos por la tierra, eso hay que mirar cuando nos hacen cargo a nosotros de la violencia –acierta Carriqueo--, y no ven la violencia estructural a la que nos someten hace más de cien años”. Desde lo institucional el gobierno provincial viene alentando la idea del “enemigo interno” --evalúan las organizaciones --, y fuerzan al gobierno nacional a que responda con fuerzas de seguridad. “¿Para esto quería las fuerzas federales la gobernadora Carrera?” señala otro dirigentes frente al Congreso, quien reside en El Bolsón. “Porque yo vi los gendarmes que llegaron a la zona, y no tuvieron posturas represivas” explica, sobre los refuerzos de gendarmería que envió Aníbal Fernández a Río Negro, y a regañadientes.
Las fuerzas de seguridad provinciales y federales tienen su historia trágica en el lugar. “Cada vez que intervienen, como sucedió en San Carlos de Bariloche en 2017, hay un muerto del lado de los indefensos, de los que reclaman derechos” señala Carriqueo. Se refiere al operativo donde muere Rafael Nahuel, acusado de agredir a los Albatros cuando el joven escapaba corriendo, y fue alcanzado por un proyectil, desde atrás.
La mediación sería una forma de llegar a un acuerdo. Y desacreditar el argumento de que “los indios son todos terroristas” –reclaman las organizaciones—, ya que esto justifica la represión y también los actos delictivos, como se da en llamar oficialmente y hasta ahora, a la trágica y violenta muerte de otro joven indígena.
Otra muerte mas y van …
Candela Andrada, una joven de 17 años que estaba embarazada, murió al recibir un disparo mientras participaba de una protesta frente a la casa de un hombre acusado de haber cometido un femicidio en la localidad bonaerense de Berazategui.
Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la calle 822 entre 891 y 892, de la localidad bonaerense de San Francisco Solano, partido de Quilmes, donde la chica se había presentado junto a un grupo de personas para manifestarse frente a la casa de un hombre de 26 años acusado por femicida.
La protesta se organizó después de que la pareja del presunto femicida se ahorcara al enterarse a través de redes sociales de que el hombre de 26 años era señalado como el asesino de una mujer en Berazategui.
Durante la manifestación, Andrada recibió un disparo en el costado derecho de la cadera. Al instante fue trasladada al hospital Oller de San Francisco Solano, donde finalmente falleció, ya que, según se informó, el impacto de bala afectó una arteria.
Efectivos de la comisaría Quilmes 4ta. de San Francisco Solano iniciaron los peritajes para poder determinar de dónde salió el disparo que mató a la joven embarazada.
Interviene en la causa la fiscal Ximena Santoro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 7 del Departamento Judicial de Quilmes.
No queda tiempo para las excusas
Los cadáveres se siguen amontonando y los hechos siguen alimentando de sangre las páginas y espacios de noticias en medios virtuales y de los otros. Los que ya sabemos, lucran con la muerte y cada noticia de este tipo es “mas ganancia y mejor negocio”, mientras tanto las sociedades agrietadas siguen “tobogan abajo” el rumbo inexorable de una decadencia civilizatoria que no encuentra dónde asirse para recuperar algo de la humanidad perdida. Nadie se salva solo. Que cada quién haga su parte.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
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