Vivir en algún lugar ... del sentido de pertenencia en un mundo globalizado
Las democracias Europeas
Katharina Hofmann de Moura, consultora en el análisis de la democracia social internacional y europea en la Fundación Friedrich Ebert en Berlín. Previamente, dirigió las oficinas de la FES en Brasil y Mozambique, así como el grupo de trabajo regional sobre paz y seguridad en el sur de África, escribe en “Nueva Sociedad”
Alemania: ¿qué viene después de Merkel?
El Partido Socialdemócrata, los conservadores y Los Verdes se disputan el liderazgo de la era pos-Merkel en un marco económico y social en el que los desafíos para el Estado de Bienestar alemán, pero también para la digitalización, parecen particularmente importantes.
En Alemania hay una atmósfera de desánimo. El coronavirus ha creado un miedo nuevo en un país rico y estable. Las inundaciones de hace unas semanas dejaron en claro una vez más lo urgente que es la transformación socioecológica, pues también en Alemania se palpa claramente el cambio climático. Una tercera tendencia es la explosión de los precios en el mercado inmobiliario, una enorme amenaza económica para muchas familias alemanas, incluidas las de clase media. En cuanto a la política exterior, la abrupta y fallida retirada de Afganistán conmocionó a los alemanes poco antes de las elecciones. Después de todo, ¿qué ha logrado la comunidad internacional, y las fuerzas armadas alemanas, si los talibanes están (nuevamente) en el poder? ¿Qué significa esto para las misiones futuras, incluidas las no militares? Y la Unión Europea está todavía bajo el fuego de los populistas de derecha: Polonia y Hungría son un dolor de cabeza para los Estados miembros liberales. Pero también hay preocupación por las elecciones en Francia, porque Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha Regrupamiento Nacional (antes llamado Frente Nacional), mide muy bien en las encuestas.
En este contexto se llevarán a cabo el 26 de septiembre de este año las elecciones federales para el 20º Bundestag. No se trata solo de que estas elecciones se celebren en condiciones de pandemia, sino que Angela Merkel (de la Unión Demócrata Cristiana, CDU), tras 16 años como canciller, no será esta vez candidata para el cargo. Tres aspirantes se postulan para la próxima Cancillería alemana: Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD) y Annalena Baerbock (Los Verdes). 53 partidos se han inscrito para participar (Bundeswahlleiter 2021), siete de los cuales están representados en el Bundestag actual: la CDU y la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) que juntas forman un grupo parlamentario llamado la Unión), el SPD, Alternativa por Alemania (AfD), el Partido Democrático Libre (FDP), La Izquierda y Los Verdes. Las encuestas ponen en primer lugar al postulante socialdemócrata y actual ministro de Finanzas Olaf Scholz.
Una mirada a las plataformas electorales permite tener una idea de las prioridades políticas. Lo seguro es que el próximo gobierno será una coalición. Entonces, ¿qué nos dicen los manifiestos sobre las posicionamientos y prioridades de los partidos, y cómo armonizan sus planes?
Las plataformas electorales se pueden dividir en cuanto a su contenido, grosso modo, en dos bloques: tres partidos de izquierda (Izquierda, Verdes y SPD) y tres partidos de derecha (FDP, CSU/CSU y AfD). Hay que decir que, aunque AfD pertenece al bloque de derecha, sus posiciones sobre algunos temas difieren significativamente de las de la CDU/CSU y el FDP. La brecha entre los dos bloques es claramente visible en la dimensión del conflicto socioeconómico. Con respecto al Estado de Bienestar, los tres partidos de la izquierda claramente prefieren, en términos generales, el Estado al mercado, mientras que para los tres partidos de la derecha sucede lo contrario. También en materia de inmigración e integración, los partidos de izquierda están más a favor de aceptar e integrar a los inmigrantes que los tres partidos de derecha.
Con respecto a los desafíos del cambio climático, La Izquierda y Los Verdes toman las posiciones más radicales, porque quieren forzar a la industria con reglas más estrictas a anteponer la protección del clima a las ganancias. La CDU/CSU también quiere protección climática, porque tiene que querer eso para ganar votos, pero es amigable con los empresarios.
También en lo que respecta a la cuestión del papel internacional de Alemania se pueden identificar tres grupos. AfD es el único partido que adopta una posición anti-Unión Europea y fuertemente proteccionista. La CDU/CSU y el FDP abogan por la cooperación internacional, especialmente por razones económicas (de mercado), mientras que los tres partidos de izquierda quieren utilizar la cooperación internacional para promover estándares sociales y sostenibles.
Hay pocos temas sobre los que existe cierto consenso entre los partidos. A pesar de tener ideas muy diferentes sobre la política de salud, todos los partidos comparten una actitud positiva hacia mejores condiciones de trabajo en las áreas de salud y atención «de importancia sistémica» y la expansión de la infraestructura de salud rural. Todos los partidos expresan un compromiso fundamental con una mayor protección del medio ambiente y la biodiversidad. La mayoría de las similitudes, sin embargo, se encuentran en las cuestiones técnicas, menos vinculadas a la ideología, a cerca de una infraestructura digital preparada para el futuro. Los seis partidos reconocen la necesidad de una mejor cobertura de red tanto para conexiones celulares como de banda ancha. Y todos tienen la intención de romper de alguna manera el poder de mercado de las grandes empresas estadounidenses en el sector digital. Por tanto, hay cuestiones, aunque sean pocas, sobre las que existe un cierto grado de acuerdo, y solo en el plano de las metas e ideas abstractas, pero no en el de los medios y las soluciones.
Desde un punto de vista progresista, los desafíos para el Estado de Bienestar alemán parecen particularmente importantes. La crisis del coronavirus golpeó duramente a Alemania, pero no fue el detonante, sino que puede verse como un catalizador para las desigualdades sociales y los déficits existentes en el Estado de Bienestar alemán. La prioridad que La Izquierda y el SPD otorgan a este tema se refleja en su plan para reformar integralmente el sistema de seguro médico alemán. El SPD quiere implantar un seguro ciudadanoque cubra todas las necesidades de asistencia y que se corresponda con la demanda de la izquierda de un «seguro solidario de asistencia integral». Este sería un gran hito en el seguro de salud alemán, que tradicionalmente se divide en uno privado y uno obligatorio. Teniendo como telón de fondo la experiencia de la pandemia de covid-19, todos los partidos coinciden en que son necesarios mejores salarios y condiciones de trabajo para el personal de enfermería en los hospitales y centros de atención, aunque en diferentes grados.
El Hartz IV (o prestación por desempleo/ALG II) fue introducido el 1º de enero de 2005. Dieciséis años después, el SPD ya no menciona ninguno de estos términos en su plataforma electoral. Mientras que La Izquierda y los Verdes quieren derogar el Hartz IV y en su lugar introducir una renta básica, el SPD propone el desarrollo de una «asignación ciudadana» que debería permitir «una vida con dignidad y participación social». Los tres partidos quieren abolir las sanciones y extender el seguro de desempleo a los autónomos.
El cambio climático, el medio ambiente y la sostenibilidad podrían ser los temas protagónicos de las elecciones de 2021. En 2019, la mayoría de la población alemana lo vio como el problema más importante por primera vez (Forschungsgruppe Wahlen 2021). Debido a su abrumadora importancia, la pandemia de covid-19 redujo indirectamente la atención que los políticos, los medios de comunicación y la ciudadanía prestaron al tema, y también redujo la capacidad de movilización de movimientos proclima como Fridays for Future, que tuvieron mucho éxito en Alemania en 2019. Pero la cuestión volvió con fuerza en la campaña electoral de 2021, respaldada por la decisión de la Corte Federal de Justicia del 29 de marzo de 2021 que obliga al gobierno a acelerar sus esfuerzos ambientales para evitar problemas drásticos para las generaciones futuras. Los principales núcleos del tema son la generación de energía (renovable versus fósil), transporte (automóviles y vuelos versus transporte público, bicicletas, etc.), sostenibilidad, biodiversidad y conservación de la naturaleza, soluciones más generales para el problema del dióxido de carbono y cumplimiento de tratados internacionales. Un tema nacional importante relacionado con el cambio climático y la generación de energía es el carbón, ya que tiene una larga tradición en Alemania y su industria se ubica en regiones económicamente rezagadas tanto en el oeste como en el este del país. Hoy en día, todos los partidos, con la excepción de AfD, están a favor de eliminar gradualmente la generación de energía a base de carbón.
La cuestión de la inmigración fue considerado como el problema más importante por la población entre 2015 y 2018 (Forschungsgruppe Wahlen 2021) y como el máximo desafío en la campaña electoral de 2017. En 2021, sin embargo, perdió importancia por la menor presión de la situación migratoria actual y por los dos nuevos desafíos del medio ambiente: la digitalización (un terreno en el que Alemania se encuentra más atrás de otros países desarrollados) y la pandemia. Solo lo acontecido en agosto de 2021 en Afganistán, donde Alemania estuvo muy involucrada como parte de la misión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), hizo que la cuestión de la inmigración pasara nuevamente a primer plano y mostró que sigue siendo un problema ante el cual los partidos establecidos se arredran por temor a fortalecer a AfD.
(Traducción: Carlos Díaz Rocca)
¿Que pasa en Suiza?
Sergio Ferrari escribe desde Ginebra “Un voto capital. Suiza a las urnas: iniciativa 99%” en Prensa Ecuménica
El 26 de septiembre podría marcar un antes y un después en los grandes debates de la sociedad helvética. El electorado concurrirá a las urnas para pronunciarse sobre la Iniciativa Popular 99%, promovida por la juventud socialista.
Los
principales sindicatos del país, las ONG de cooperación al
desarrollo, así como los partidos socialista, verde y evangélico la
sostienen. El centro y la derecha, junto con el empresariado, la
combaten con todos sus medios.
Dicha iniciativa propone gravar
de forma más consecuente al sector más rico del país — es decir
el 1% de la población–, que detiene actualmente más del 43% de la
riqueza total. Si se aceptara este texto de ley, las ganancias de
capital que sobrepasen los 100 mil francos suizos – equivalente a
110 mil dólares o 90 mil euros– deberían pagar 1.5 veces más que
el impuesto ordinario sobre la renta, es decir el impuesto que paga
hoy cada ciudadano.
Según cálculos diversos, las personas que deberían pagar en el futuro un impuesto más alto son aquellas que poseen una riqueza mayor a 3.000.000 de francos. Estadísticas federales sobre la riqueza de las personas físicas en toda Suiza calculan que las personas que en 2017 tenían un patrimonio neto de más de 3 millones de francos eran 81.730, es decir apenas un 0,96% de la población total del país.
Los ricos duplicaron sus fortunas
No
es obvio que esta propuesta que conmovería los cimientos mismos de
una de las naciones más enriquecidas del planeta resulte exitosa.
Las últimas encuestas de inicios del mes indicaban que solo un
tercio de los votantes estaría de acuerdo de volcar la balanza a
favor de los asalariados “penalizando” los grandes capitales del
país.
Lo que significaría, apenas, un pequeño reajuste de la economía y
la fiscalidad helvéticas que desde hace al menos tres décadas ha
sido permanentemente adaptada en beneficio del gran capital, tal como
lo señala el editorial del cotidiano nacional Le
Courrier del
lunes 20 de septiembre.
En los últimos diez años, en
Europa en general y en Suiza en particular, los sectores más
pudientes duplicaron sus fortunas. En los últimos siete años, las
300 personas más ricas en Suiza vieron crecer su fortuna de 352.000
millones de francos a la inimaginable cifra de 707.000 millones.
Ganancias y fortunas que lejos de alimentar la economía real han ido a parar a los mercados financieros o a las inversiones inmobiliarias, según subraya dicho cotidiano independiente suizo. Jean Batou, investigador especializado en historia económica contemporánea y profesor honorario de la Universidad de Lausana asegura que si hace 30 años un 70% de las ganancias empresariales era reinvertido en las mismas empresas, en la actualidad, esa parte ha disminuido a un 30%.
Realidad polarizada
“Los más ricos de Suiza poseen el 43% de la fortuna total del país, y sin mover un dedo, se hacen cada vez más ricos. Gracias a los dividendos e intereses multiplican su dinero sin pagar impuestos sobre el mismo. Con la Iniciativa 99% la imposición será más justa y descargaremos a los asalariados (as)”, explican los jóvenes socialistas. Para asegurar que su iniciativa fuera votada los promotores presentaron 134.000 firmas en septiembre del 2019.
Las ganancias fiscales suplementarias de aproximadamente 10.000 millones de francos suizos anuales que generaría la iniciativa en caso de ser aceptada el próximo domingo, serán destinadas a diversas prioridades: reducir el monto de los impuestos que actualmente pagan los ingresos bajos y medios; financiar prestaciones sociales como guarderías infantiles, subsidios para el pago de los seguros médicos y la formación; ampliar el servicio público de transporte y reforzar el servicio público en general (https://99pourcent.ch/).
La letra chica
En su argumentario, los promotores de la iniciativa sostienen que “en Suiza, la riqueza la crea el 99% de la población, que trabaja cada día en oficinas, supermercados u hospitales, y no un puñado de superricos que dejan que su dinero les de enormes rendimientos sin tener que trabajar por él”.
Gravando más las grandes rentas del capital, devolveremos el dinero a las personas que realmente contribuyen a nuestra sociedad, enfatizan. Apunta a una reducción de los impuestos sobre los salarios bajos, así como a un fortalecimiento real del servicio público.
“Con el aumento de la desigualdad de la riqueza, nuestro sistema económico amenaza con provocar su propia desaparición. La concentración de la riqueza en manos de una pequeña minoría favorece las crisis económicas, mientras que el poder adquisitivo de toda la población disminuye. Es el 99% el que sufre, especialmente las pequeñas y medianas empresas”, sostienen los iniciantes.
Estos, subrayan también que las mujeres siguen realizando el doble de trabajo no remunerado que los hombres en el hogar y reciben salarios más bajos por el mismo trabajo productivo. La pobreza en Suiza es predominantemente femenina y la aplicación del nuevo impuesto beneficiaría especialmente a las mujeres. Con un 8,5%, la tasa de pobreza de las mujeres es hoy significativamente mayor que la de los hombres (6,2%).
La juventud socialista calcula que, debido a la desigualdad salarial imperante y a la menor proporción de trabajo remunerado, las mujeres ganan anualmente en Suiza unos 108.000 millones de francos menos que los hombres, a pesar de tener la misma carga de trabajo. En consecuencia, las mujeres están sobrerrepresentadas en los grupos de ingresos más bajos.
Para los promotores del proyecto, en síntesis, lo que se juega tras la votación del último domingo de septiembre es el fortalecimiento mismo de la democracia helvética, amenazada hoy por una polarización económico-social creciente y por el control monopólico de los medios de comunicación en manos de un pequeño grupo de empresas controladas por algunas de las grandes fortunas del país.
Ernesto Semán, escritor y profesor de Historia en la Universidad de Bergen (Noruega). Vivió en Estados Unidos, donde enseñó en la Universidad de Richmond. Su último libro es Ambassadors of the Working Class: Argentina’s International Labor Activists and Cold War Democracy in the Americas (Duke University Press, Durham, 2017). Escribe en “Nueva Sociedad”
El laborismo noruego en la encrucijada petrolera
El laborismo ganó las elecciones noruegas, pero el rumbo de izquierda no está claro. El debate sobre el papel de Noruega como economía petrolera y la reestructuración del Estado de Bienestar están en el centro de la escena.
El triunfo del Partido Laborista noruego en las elecciones del 13 de setiembre pasado puso fin al gobierno conservador más extenso de la historia del país. Durante ocho años, la coalición conservadora liderada por Erna Solberg incluyó durante buena parte de su mandato a la ultraderecha racista del Partido del Progreso y trabajó en acotar los alcances del Estado de Bienestar. Su sucesor, Jonas Gahr Støre, se suma así al resto de los países nórdicos, gobernados todos por distintas coaliciones socialdemócratas, en lo que constituye una inusual marea «rojo suave». La última vez que Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suecia fueron gobernadas por primeros ministros socialdemócratas fue en 2001. Y si se agrega Islandia, esto no sucedía desde la década de 1950.
O sino: el laborismo noruego, fundador de uno de los Estados de Bienestar más exitosos de la historia, volvió al gobierno de la mano de Jonas Gahr Støre, un millonario del ala derecha del partido que inició su carrera en contacto con los conservadores y que fue canciller del gobierno laborista que impulsó la ola de privatizaciones a comienzos de este siglo. Con el 26,3% de los votos, Støre llevó al laborismo a su segunda peor elección en un siglo. Sobre esa base precaria, tratará, no obstante, de formar gobierno manteniendo su promesa de no integrar al Partido Rojo, ubicado en la izquierda radical, ni a los ecologistas del Partido Verde.
O sino: el laborismo vuelve al poder en Noruega después de una elección en la que el dato más significativo fue el drástico cambio en el balance ideológico del electorado. Por un lado, el resultado mostró el crecimiento de los partidos de izquierda y de aquellos que demandan cambios drásticos en la política del país frente al cambio climático. Por el otro, evidenció la caída abrupta de los partidos conservadores y de ultraderecha que hicieron campaña reafirmando el compromiso con una explotación ilimitada de los hidrocarburos, la minería y la industria salmonera.
O sino: tras una campaña electoral en la que el cambio climático ocupó el centro de la escena, el electorado noruego se volcó mayoritariamente a las opciones políticas que promueven continuar con la explotación petrolera dentro y fuera del país más allá de las consecuencias para la propia Noruega y el mundo. Sumados los votos del laborismo, los conservadores, la ultraderecha y el Partido de Centro, cerca de 65% de los noruegos votó a favor de mantener y extender la dependencia del país de la explotación de hidrocarburos, un área que representa entre 15 y 25% de la producción nacional y cuya gestión mediante un enorme fondo soberano convirtió a Noruega en uno de los países más prósperos y con mayor bienestar general de la tierra.
Un proceso político de alta complejidad
Una elección, como una manifestación callejera o una revolución, es un evento en el que confluyen múltiples fuerzas; una foto de algo que en verdad está en movimiento perpetuo, contradictorio. Lo que le da una orientación más unívoca a esa marea está abierto a la acción política. Con un resultado que es al mismo tiempo triunfal y precario, el laborismo noruego construirá el sentido de esta elección a partir de sus políticas sobre el cambio climático, el Estado de Bienestar y la igualdad social, un conjunto discordante de cuestiones que le han dado a Noruega una visibilidad mundial destacada. La lección nórdica, el título del nuevo libro que estudia el desarrollo de Suecia, Noruega y Finlandia, y las enseñanzas que el mismo puede tener para América Latina en términos de expandir el bienestar para las mayorías, es una aseveración al mismo tiempo que una pregunta. En el caso de Noruega, esa interrogación gira alrededor de la relación entre aquellas fuerzas que hicieron posible esa sociedad igualitaria y aquellas que contribuyen a su desmantelamiento.
El nuevo gobierno tomará forma definitiva durante el mes de octubre, pero en la noche de la elección Støre hizo claras las prioridades del laborismo. El plan A es un gobierno de coalición junto al Partido de Centro –el que más creció en la elección y que se convirtió en la tercera fuerza con más de 13% de los votos– y al Partido de la Izquierda Socialista (SV, por sus siglas en noruego), que si bien creció —llegando a 7,6%— estuvo por debajo de lo que esperaba y en una posición de debilidad frente a los centristas. En su conjunto, las tres fuerzas representan el 47% del electorado y tendrán 89 diputados, cuatro más que la mayoría necesaria para gobernar. Esa es una opción probable, pero si por algún motivo Støre no lograra sumar al SV, su plan B sería un gobierno de minoría con los centristas, que requeriría de desgastantes negociaciones puntuales para cada ley. Nadie quiere un gobierno de minoría, pero esa sería la única opción si fracasara el Plan A, ya que el Partido Rojo no quiere integrar este gobierno —ni el laborismo los quiere adentro— y el Partido Verde aun está lejos de un entendimiento y de un acuerdo debido a su posición anti-petróleo.
Precisamente, una clave de esta negociación que marcará el futuro de Noruega es la política medioambiental y de explotación petrolera. En su conjunto, los tres partidos que más firmemente se pronunciaron a favor de terminar —con distintos plazos y políticas— con la explotación petrolera y de hidrocarburos noruega en el mundo, sumaron 16,2% de los votos: 7,6 el SV, un 4,7 de los Rojos —que duplicaron sus votos respecto del 2017, siendo la fuerza que más creció en porcentaje— y 3,9% de los verdes, que quedaron a 0,1 punto de llegar al 4% que hubiera expandido su representación parlamentaria. El Partido de la Izquierda Socialista es el único que está hoy en conversaciones con el laborismo, exigiendo un compromiso de Støre en materia de ambiente, fortalecimiento de las políticas sociales y el mantenimiento y la expansión del actual sistema de salud. Simbólicamente, esa fuerza negocia en nombre de un heterogéneo bloque de izquierda. En los hechos, cualquier acuerdo deberá ser sometido a un referéndum interno abierto a todos los miembros del partido.
El laborismo es, en buena medida, Støre. Un dirigente cómodo entre la moderación y el conservadurismo, debe ser uno de los pocos líderes laboristas que no izaba la bandera noruega el Primero de mayo (los Nazis impidieron demostraciones con banderas entre 1940 y 1945, por lo que el despliegue posterior de banderas el día del trabajo se convirtió en un espacio de confluencia entre patria y clase irrepetible en otros lugares. A regañadientes, Støre comenzó a izar la bandera hace unos años). Forma parte de la generación que transformó el partido desde fines del siglo XX y lo modernizó en línea con una sociedad en la que los trabajadores industriales habían dejado de ser la fuerza dominante. En una trayectoria análoga a las del laborismo británico, el socialismo español e incluso los demócratas estadounidenses, Støre abrazó un discurso militante contra la izquierda dentro y fuera del partido y repensó las ideas de economía planificada y control estatal sobre la economía para abrirse a incorporar el capital privado y la economía de mercado como un componente vital de una socialdemocracia nueva. Støre fue parte vital -como canciller y como ministro de salud entre el 2005 y el 2013- del último gobierno laborista liderado por Jens Stoltenberg que aceleró las privatizaciones en áreas como infraestructura, salud y transporte y promovió las nuevas industrias que cambiarían el perfil social y ambiental de Noruega, sobre todo la de la salmonicultura, algo así como el niño mimado del laborismo del siglo XXI y que hoy representa no solo una amenaza al medioambiente sino también el núcleo duro de una nueva clase de multimillonarios asociados a la extrema derecha. A comienzos de siglo, Stoltenberg había hecho un culto de posar en cuanto evento hubiera relacionado con la industria salmonera; en esta elección, Erna Solberg lanzó su campaña en Frøya desde la salmonera de su aliado Gustav Witzøe, el segundo hombre más rico de Noruega, quien condimentó la campaña anunciando que un aumento en el impuesto a la riqueza lo obligaría mudar sus empresas al extranjero.
Si el nuevo laborismo tomará esta elección como plataforma para un cambio drástico o como un mandato para en pos de la continuidad, es algo que se definirá en parte en las alianzas para formar gobierno. No sería novedosa una coalición que logre neutralizar el peso de la izquierda dentro y fuera del partido. En el sur escandinavo, al otro lado del mar del Norte, los socialdemócratas daneses liderados por Mette Frederiksen decidieron neutralizar a la extrema derecha apropiándose de algunas de sus banderas, adoptando una de las políticas antiinmigratorias más duras de toda Europa, un esquema que Bill Clinton popularizó en la década de 1990 en Estados Unidos como «triangulación» y mediante el cual el Partido Demócrata incorporó en su agenda el desmantelamiento del Estado de Bienestar. Støre no tendrá la necesidad danesa, porque la extrema derecha noruega se enterró sola en esta década.
La excepcionalidad noruega
El pasado y el presente de Støre y el de Noruega se encuentran en el petróleo. El país lo descubrió en la navidad de 1969 y fue la base del milagro de este país nórdico que hoy cuenta con poco más de cinco millones de habitantes. La representación formal del petróleo como eje del status quo noruego tiene dos pilares. Uno es Equinor, la empresa pública de explotación petrolera y gasífera (el Estado posee 66% de las acciones) que opera en Noruega y más de treinta países del mundo (Argentina, Brasil y Nicaragua son algunos de los que se cuentan en América Latina) y que convierten a Noruega en uno de los principales productores petroleros del mundo. La otra es el Fondo de Pensión Global del Gobierno —conocido como fondo soberano—, al que van a parar las ganancias petroleras. Hoy es el fondo de inversión pública más grande del mundo. Cobija el equivalente de 250.000 dólares para cada residente noruego. El fondo es administrado a partir de una serie de premisas —solo puede invertir en divisas extranjeras, no puede volcarse más de un 3% por año a la economía doméstica, debe alejarse de la inversión en industrias contaminantes— que no solo le dan prestigio mundial, sino que se convierten en un respaldo a la economía local mayor que el que ningún banco central hubiera imaginado jamás. Razón de más para entender porqué Noruega decidió mantener su propia moneda y establecer solo una alianza con la Unión Europea.
Ambos pilares mostraron su solidez en estas elecciones. El fondo soberano fue uno de los elementos fundamentales para que Noruega atravesara la pandemia y la recesión asociada de manera bastante holgura. La devaluación de la corona se compensó de sobra con la revaluación de las divisas del fondo, permitiendo inyectar dinero fresco al Estado, que es el principal empleador del país (30% de la fuerza de trabajo) y el mayor actor económico (50% del producto bruto nacional). Fue la presencia del fondo lo que atenuó —y en algunos casos eliminó— el impacto negativo de la pandemia sobre el formidable sistema de salud, la red social de seguros de desempleo y los programas de asistencia, los planes de infraestructura y los salarios públicos. En algún sentido, la pandemia corroboró la «excepcionalidad noruega» basada en un Estado de Bienestar omnipresente que provee seguridades extendidas para la casi totalidad de la población, aun en momentos de crisis.
Frente a ese panorama, no llamó la atención que dos meses antes de las elecciones, Equinor anunciara que no tenía en vista ninguna restricción a sus planes de exploración y explotación petrolera. Una manera poco elegante de marcar los límites de la campaña electoral en materia ambiental, del mismo modo que Witzøe lo había hecho en materia impositiva. La vieja teoría marxista imaginaba al Estado como aquel lugar en el que la burguesía resolvía sus contradicciones: el Estado noruego es la versión consumada de aquel credo.
Los partidos se alinearon alrededor de estas dos materializaciones de la riqueza. La extrema derecha dijo que no debía alterarse la política de Equinor. El Partido Conservador se concentró en las propuestas para seguir disminuyendo las huellas de carbono en el ámbito doméstico, un enfoque más bien cínico ya que la contribución de Noruega al calentamiento global se vincula en mayor medida con las fuentes de riqueza y tiene poca relación con lo que su población de cinco millones de personas consuma. El candidato laborista propuso que Equinor pusiera más énfasis en un análisis de riesgo ambiental de sus inversiones, quizás desincentivando actividades como el fracking, continuando con los planes de explotación actuales. La izquierda y el ambientalismo presentaron cronogramas distintos para poner fin a la explotación petrolera entre 2021 y 2050.
La pregunta de fondo, y la que probablemente defina a la gestión laborista, es si Noruega puede disfrutar de la prosperidad actual sin explotación petrolera. El laborismo responde que no y se abraza en eso a su vieja base sindical, que desestima propuestas para reducir la producción petrolera como ingenuas y antinacionales. Uno de los primeros anuncios de Støre, aun antes de saber cómo será su gobierno, fue que la central sindical laborista, la Confederación de Sindicatos de Noruega (LO, por sus siglas en noruego) tendrá un ministerio. Clase social e interés nacional son siempre dimensiones en conflicto. En el caso noruego, el conflicto se ha resuelto en una sumisión de la primera a la segunda, asociando el ideal igualitario vernáculo a una industria convertida en mito fundante, con su museo nacional, sus series de televisión y su presencia dominante en la vida social.
Puede que esa negativa a afrontar el rol de Noruega en el deterioro ambiental se modere de acuerdo a la necesidad de una negociación, pero la perpetuación del actual status quo dejaría en pie tres preocupaciones centrales. Una es la alarma que enciende respecto del resto del mundo: si Noruega, con apenas cinco millones de habitantes desperdigados en un territorio extenso y con una riqueza sin precedentes, no tiene los recursos políticos suficientes como para torcer su participación en el calentamiento global, ¿qué se puede esperar de países como China o Estados Unidos, cuyas sociedades más numerosas y desiguales tienen muchos más argumentos para embanderarse a una estrategia suicida de «destrucción para la subsistencia»?
Un segundo punto es que la relación entre política interior y política exterior adquiere en Noruega las formas de la expansión imperial que caracterizaron a Estados Unidos durante el siglo XX, signadas por un bienestar y una paz social domésticos que sólo se sostenían a partir de la expansión global. Con un agravante para el caso noruego: durante el siglo pasado, la explotación de commodities en América Latina, clave para la economía y el orden social estadounidense, se desarroolaba en nombre de un proceso modernizador y civilizatorio. Desde las plantaciones de caucho de Henry Ford en el Amazonas en los años 20 y 30 hasta la liberalización del sector frutihortícola chileno bajo la dictadura de Augusto Pinochet, las distintas formas de mercantilización de los recursos naturales se imaginaron siempre como parte de un proceso que beneficiaba a Estados Unidos pero que en última instancia expandiría la prosperidad a todo el planeta. ¿Pero cuál es, conceptual e ideológicamente, el puente que podría unir la necesidad de mantener niveles de consumo creciente en el ámbito doméstico a costa de un deterioro de bienes colectivos —humanos y no humanos— en el resto del planeta? El nihilismo mercantil parece ser la base arenosa de la transformación de Noruega en una potencia mundial.
El tercer punto, asociado al anterior, es que esa misma destrucción también está afectando al país que la genera. El incremento de temperaturas e incendios, el deshielo acelerado del ártico y la posible ruptura de la corriente del golfo que equilibra el clima en la extensa costa oeste del país son algunas de las formas en las que el calentamiento global afecta la propia casa muy rápidamente.
La tarea que Noruega tiene enfrente es vislumbrar si el punto de encuentro entre la emergencia ambiental y la igualdad social está en mantener tasas de crecimiento y consumo individual en aumento o en reconstruir una idea de bienes colectivos conectada con la herencia igualitaria que el Partido Laborista ayudó a forjar durante el siglo XX. Los próximos pasos de Støre empezarán a dar una respuesta
¿Y que pasa en América Latina?
Arnold August, periodista y conferencista canadiense, es el autor de los libros Democracy in Cuba and the 1997–98 Elections (1999), Cuba y sus vecinos: Democracia en movimiento (2014) y Relaciones Cuba-EE.UU: ¿Que ha cambiado? (2018). Es un colaborador de teleSUR. Twitter: @Arnold_August FaceBook: Arnold August. | | | Arnold August is Canadian author and journalist. His books include Democracy in Cuba and the 1997-1998 Elections (1999), Cuba and its Neighbours: Democracy in Motion (2013) and Cuba-U.S. Relations: Obama and Beyond (2017). He is a collaborator of TeleSUR. Examina lo que considera el inevitable camino de la sustitución de la OEA, analizando lo que ocurre en la Asamblea de la CELAC.
Celac: Un paso decisivo hacia la
inevitable sustitución de la OEA
En el marco de la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) acogida por México el 18 de septiembre de 2021, se reunieron en la capital mexicana 31 Estados para debatir sobre un eventual reemplazo de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, por lo que había grandes expectativas de una declaración contundente por parte de la CELAC respecto de una sustitución de facto. Esta expectativa se debió a los comentarios de los líderes políticos que antecedieron a la cumbre. Sin embargo, afortunadamente, este cambio drástico no se produjo.
La sabia decisión se basó en la previsión y la habilidad política que muchos dignatarios latinoamericanos han desarrollado, no sólo en las últimas décadas desde las Revoluciones Cubana y Bolivariana, sino incluso desde hace dos siglos, cuando Bolívar inició la lucha para liberar e integrar la región entera del colonialismo español.
El presidente Nicolás Maduro marcó el tono evocando, entre otros puntos, el camino hacia la construcción de la CELAC y el papel de Chávez y Venezuela fundado sobre el legado de Bolívar. Esto motivó un tuit en el que se indicaba que Chávez estaba efectivamente presente en la cumbre.
Antes de exponer su punto de vista sobre el proceso de la CELAC para solidificar aún más la integración, con la suerte de que el orden alfabético colocó a Venezuela como el último jefe de Estado a tomar la palabra, Maduro desafió a dos presidentes que lo precedieron y que habían lanzado falsas acusaciones de que Venezuela era antidemocrática y de que la OEA era indispensable y por lo tanto no estaba en contradicción con la CELAC.
Sobre esta última cuestión de la OEA-CELAC, la refutación del jefe de Estado venezolano, cuya sola presencia fue una sorprendente derrota del Norte —conformado por Estados Unidos y Canadá y sus pocos aliados latinoamericanos que han intentado derrocarlo y condenarlo al ostracismo en la comunidad internacional— afirmó con énfasis que, efectivamente, existe una añeja contradicción entre la OEA y la CELAC: es la vieja oposición del siglo XIX entre el monroísmo y el bolivarianismo. Maduro propuso, entre otras sugerencias que se evalúe, “la constitución de una Secretaría General de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, dotada de suficiente poder para que esa Secretaria General lleve las riendas de la construcción de lo que es el sueño que algunos de ustedes han dicho”.
En efecto, el 18 de septiembre aún no se daban las condiciones para una sustitución de facto de la OEA por la CELAC. Si esta medida se hubiera tomado prematuramente, habría sido contraproducente. En primer lugar, de las declaraciones de muchos representantes de gobiernos opositores de la OEA se desprende que la pandemia es una de las principales preocupaciones; por tanto, un debate prematuro y las inevitables contradicciones derivadas del cambio tectónico de la OEA a la CELAC restarían importancia a la lucha contra la pandemia.
En segundo lugar, otra preocupación inmediata expresada en México, en particular por las pequeñas naciones insulares del Caribe, es el cambio climático, que constituye un desafío directo a la existencia misma de estos pueblos vulnerables. En este contexto, una prioridad actual podría ser la política de los países latinoamericanos y caribeños respecto de la próxima conferencia internacional sobre cambio climático (COPS26), que tendrá lugar del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021 en Glasgow, Escocia.
En tercer lugar, nuevos cambios políticos hacia la izquierda en la región en el transcurso del año próximo ayudarían mucho a la composición de la CELAC en su objetivo de sustituir a la OEA. El escenario más evidente son las elecciones presidenciales brasileñas de octubre de 2022. Brasil se retiró de la CELAC bajo el gobierno de extrema derecha de Bolsonaro y por eso no estuvo presente en México. Luis da Silva, uno de los precursores de la CELAC, lleva la delantera en las encuestas para las elecciones de 2022. Además, Colombia (que boicoteó la Cumbre de México para protestar contra el gobierno de Maduro y lamer las botas de Washington) acude a las urnas el 29 de mayo de 2022 para la primera vuelta, donde el izquierdista Gustavo Petro está en este momento por delante en las encuestas. Chile vota por un nuevo presidente el 21 de noviembre de 2021, con la posibilidad de que una coalición de izquierdas sustituya a Sebastián Piñera de la era pinochetista. De hecho, debe encontrarse en una posición relativamente débil, ya que su representante en México no se atrevió a criticar a Maduro ni el objetivo de la CELAC de sustituir eventualmente a la OEA. Esto puede ser una buena señal en cuanto al resultado de las elecciones chilenas.
Por lo tanto, la orientación que consiste en combinar la institucionalización progresiva de la CELAC mientras se da la impresión de esperar pacientemente a que se produzcan nuevos cambios de izquierda en el panorama político de la región a fin de maximizar el aislamiento de los inevitables satélites de Estados Unidos (como, esta vez, Paraguay y Uruguay) es previsora y sabia.
Sí, hay una necesidad urgente de sustituir la OEA por la CELAC. Tal vez nadie fuera de la región, como la izquierda antiimperialista en Estados Unidos y Canadá, sienta esta exigencia apremiante como resultado, por ejemplo, del papel protagónico del gobierno canadiense en alianza con Estados Unidos en la promoción de un cambio de régimen violento contra el presidente Maduro, elegido constitucionalmente. Sería preferible que el gobierno de Justin Trudeau enuncie a su orientación pro-estadounidense, que contribuyó a su humillante derrota para obtener un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU en junio de 2020, y en su lugar respondiera favorablemente a la sugerencia de algunos jefes de Estado y de gobierno en México de formar una alianza con la CELAC sobre la base del respeto mutuo.
La sustitución de la OEA por la CELAC es inevitable. ¿Cuándo se producirá? Es algo que no se sabe. Sin embargo, las causas justas siempre triunfan, especialmente cuando son deseadas por toda una región. Vean el ejemplo de Cuba. Una vez expulsada de la OEA, ahora está en el centro mismo de la integración regional, hasta el punto de que incluso los enemigos mortales de la Revolución Cubana tuvieron que firmar un acuerdo en México para pedir a Estados Unidos que levante el criminal y genocida bloqueo contra Cuba. Además, en México, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel le propinó un nocaut al representante uruguayo que expresó provocativamente su apoyo al cambio del Gobierno en Cuba.
Así, en ese memorable día en México, el espectro tanto de Hugo Chávez como de Fidel Castro volvió a perseguir a Estados Unidos y a sus aliados.
La eventual restauración de la CELAC en la tumba de la OEA significará un cambio mayor no sólo en la geopolítica regional sino también a nivel mundial. China hace su aparición. En julio de 2014, los dirigentes regionales y China declararon conjuntamente la creación del Foro China-CELAC. Por invitación de la presidencia pro témpore de la CELAC, el presidente chino Xi Jinping se dirigió a la Cumbre de la CELAC convocada en México por videoconferencia con subtitulado en español e inglés. Afirmó que el acuerdo abre una nueva vía de cooperación entre China, América Latina y el Caribe en su conjunto. Su nacimiento, hace 10 años, constituyó un hito en el proceso de integración de la región, ya que se produjo en medio de los esfuerzos de los países por preservar su independencia y su autosuficiencia. Señaló que China otorga gran importancia al fomento de las relaciones con esa organización y la apoya en su impulso de lograr una mayor cooperación entre sus miembros y en la búsqueda de soluciones para enfrentar los desafíos comunes.
Así, la eventual sustitución de la OEA por la CELAC representará un enorme cambio geopolítico a nivel planetario. Contribuirá aún más a la búsqueda de la multipolaridad mundial contra el objetivo occidental interminable de dominación del Sur global liderado por Estados Unidos.
Chile en busca del primer Gobierno de la Reforma
El diputado de izquierda encabeza la intención de voto según el Centro de Estudios Públicos. Ese mismo sondeo señala un alto porcentaje de indecisos.
Comenzó la carrera presidencial en Chile, en pleno proceso de redacción de la nueva Constitución que reemplazará a la de 1980 —instaurada en plena dictadura de Pinochet— y hay más dudas que certezas. Por un lado, habría un 50% de chilenos indecisos, según la reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP). Por otro lado, aunque la efervescencia del Estallido Social iniciado en octubre de 2019, con más de un millón de personas protestando sólo en Santiago parece haber amainado, podría resurgir en caso de que se rechace el cuarto retiro de los Fondos de Pensiones, medida justificada por la supuesta normalización económica tras el desconfinamiento del país hace varias semanas tras las baja de contagios del Covid-19. Y finalmente están los propios candidatos a las elecciones del 21 de noviembre cuyas propuestas no logran encajar con los supuestos nuevos vientos de cambio que soplan en Chile.
Todo eso pudo verse en el primer debate presidencial de anoche, organizado por CNN Chile y Chilevisión. Con una escenografía que incluía una proyección del Palacio de La Moneda se presentaron los candidatos Gabriel Boric (Apruebo Dignidad, conglormedado que incluye al joven Frente Amplio y al Partido Comunista), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más que incluye a la derecha oficialista: UDI, RN Y Evopoli), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social, formado por los partidos de la ex concertación: DC, PS y PPD, entre otros), José Antonio Kast (Partido Republicano y Frente Social Cristiano) y Eduardo Artés (Unión Patriótica). Estos dos últimos representantes de la ultraderecha y extrema izquierda, respectivamente. Sólo faltaron dos candidatos: Marco Enriquez-Ominami y Franco Parisi. El primero, debido a que estaba en su hogar haciendo cuarentena tras asistir a la cumbre de la Celac en México y los canales exigían presencia física. El segundo, se encuentra en Estados Unidos y ha sido acusado recientemente de deber 200 millones de pesos chilenos en pensión alimenticia.
Boric, el favorito
Según la encuesta citada, Boric figura como favorito con un 13%. El diputado de 35 años, cuyo liderazgo nació tras las grandes protestas estudiantiles de 2011 y que fue capaz de sellar el Acuerdo por la Paz de 2019 que generaría el proceso constituyente, ante las críticas de gran parte de su propio sector, el Frente Amplio y el PC. Tras vencer por un 60,43% de votos al candidato comunista, y favorito en las encuestas desde el año pasado, Daniel Jadue en las primarias de izquierda, quien obtuvo un 39,57%, su posición parece haberse consolidado. Aunque aún existe la teoría, descartada por el propio vencido, que su triunfo se debió no tanto a su liderazgo político sino que al rechazo que provoca el PC en el votante promedio chileno.
De todas formas, en el debate, Boric se mostró tranquilo, incluso cuando fue emplazado por Kast –un populista mezcla de Bolsonaro con Milei— por haber ido a visitar a París a Ricardo Palma Salamanca uno de los acusados de asesinar a Jaime Guzmán, uno de los brazos derechos de Pinochet en 1991. Su relato estuvo marcado por el apoyo a la diversidad, el respeto al medio ambiente y una economía más justa, algo que de alguna manera conectaría con lo que busca la Nueva Constitución.
Provoste: entre Wikipedia y el lapsus
Sin embargo, uno de los momentos más recordados del debate será cuando Provoste —ministra de los dos gobiernos de Michelle Bachelet— llamó a Sichel, “Sebastián Piñera”, corrigiendo rápidamente lo que llamó como un lapsus, aunque pareció haber sido intencional. En efecto: considerando el apoyo oficialista, al candidato se le considera un continuador del actual gobierno por más que intente resaltar que el llegó al lugar donde está “sin privilegios” y que cuando chico fue tan pobre que en su familia llegaron a comer “sopa de pulgas marinas”, como aparece en un spot de las primarias de derecha donde se impuso por sobre Joaquín Lavín, el favorito.
Pero a Provoste su entusiasmo y tono de voz, que recuerda mucho a Bachelet, le cambió cuando acusó a Sichel de “lobbysta” usando como fuente a Wikipedia, lo que generó amplias reacciones en las redes sociales por la calidad de la fuente que puede ser cambiada en tiempo real para luego ser corregida por los voluntarios revisores de la web. El mismo Sichel se lo hizo ver en el debate, lo que generó burlas en las redes.
Más allá de estos “encontronazos”, el discurso de Provoste se centró en la igualdad de género, el apoyo al 4 retiro de las AFP y la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas, un tema sensible para su partido ya que históricamente la DC chilena, por su raíz católica, está contra el aborto.
Entre el populismo y el desvarío
Aunque Sichel se declaró contrario a las dictaduras al mismo tiempo señaló que no es necesario que un país se refunde, rechazando también la violencia del Estallido Social y el retiro de fondos de la AFP. Consciente que no es el favorito y que está contra el tiempo, intentó atacar a Boric por su apoyo al Estalllido —tal como anteriormente lo atacó por no finalizar sus estudios universitarios o…. por no tener hijos— sin lograr provocarlo demasiado.
El que sí es un experto en molestar a sus rivales es Kast, quien usando las mismas técnicas de Trump y Bolsonaro, buscó provocar diciendo que él defendía a carabineros cuya institución “no viola los derechos humanos” y asegurando que en los países donde el aborto es legal las madres están más expuestas a morir, sin citar fuente ni estudio. En un momento le recordó a Provoste el mal uso de recursos de la educación pública cuando ella fue Ministra de Educación (lo que terminó con una acusación constitucional en su contra en 2008) y ella respondió que él “ha hecho de la mentira una base muy importante”.
Artés por su parte, defendió el papel del Estado, trató al gobierno de Piñera como “asesino” y saludó “a todas las víctimas del levantamiento popular”. Con un lenguaje muy de los años sesenta, parecía un viajero del tiempo al que sus rivales dejaron hablar e incluso el burlón de Kast se limitó a sonreir mientras él defendía ideas que dichas en la boca de Boric o Provoste habrían motivado una larga discusión como la necesidad de refundar las Fuerzas Armadas.
Los debates del pago chico
Raúl Sanchez, Director de BICE Fideicomisos - Docente U.B.A. y UNLAM. - Asesor Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires - Dirigente del Nuevo Espacio de Participación, escribe en “Zoom”
La Ciudad del mercado y la desigualdad
Las políticas encarecedoras y expulsivas en la Ciudad de Buenos Aires lo único que hacen es aumentar. En esta nota analizamos cual es la situación actual de la economía y vivienda de los ciudadanos y el rol que ocupa el Estado en su desempeño.
Muchas veces hemos comentado y analizado con números como se profundiza en la Ciudad de Buenos Aires una política cuyas consecuencias afectan la vida de las porteñas y los porteños. En este sentido, como se incentiva el desarrollo de la actividad económica, cómo se planifica el desarrollo urbano y como se incluye en términos socioeconómicos a las familias de menores ingresos, son los ejes principales que delinean la ciudad futura.
Analicemos estos aspectos y cómo, desde el poder ejecutivo de la Ciudad, en estos años de “macrismolarretismo” nos han llevando a una ciudad más cara y excluyente.
El rol del Estado
1. Un estado ausente en las políticas de incentivo a la producción y el trabajo
En estos días se dieron a conocer datos de la Cámara Argentina de Comercio donde pudo notarse una mejora considerable en la ocupación de locales comerciales en las principales arterias de la Ciudad. El comercio es la segunda actividad económica más importante de la Ciudad después de los servicios.
Dicha mejora tiene estrecha relación con el mayor vigor y crecimiento de la actividad económica, y a la vez, hace notoria la ausencia a la asistencia económica y/o financiera del Gobierno de la Ciudad.
En el bimestre julio-agosto hay un 15,8% menos de locales desocupados respecto al bimestre mayo-junio del 2021; pero comparado con los niveles precuarentena, el porcentaje de locales desocupados es 56,9% superior y aumentó un 72,4% la cantidad de locales en alquiler.
Esos números muestran comparaciones peores y mejores dependiendo exclusivamente del funcionamiento del mercado y acompañada por la ausencia del Estado de la Ciudad.
2. Un estado sin políticas asistenciales a las familias.
26,4% de la población de la Ciudad pertenece al sector de pobres, 135.000 personas más que el 2019, año de la prepandemia.
9,8% de la población de la Ciudad pertenece al sector de pobres indigentes, 40.000 personas más que el 2019, año de la prepandemia.
El Gobierno de la Ciudad no realizó ningún esfuerzo extra en este año y medio de pandemia para asistir con alimentos, servicios y recursos a las familias con ingresos insuficientes para llegar a adquirir bienes y servicios de esas canastas.
Si tomamos el porcentaje de población de clase media, desde el 2015 al 2021, el mismo pasó del 53% al 45%, lo que muestra un proceso de precarización y empobrecimiento de la población.
La mejora genuina de ingresos en las familias se da a partir de generar más puestos de trabajo, cuando eso no ocurre el Estado debe tomar diversas acciones: incentivar a emprendedores, promover la radicación y expansión de pymes, fomentar la obra pública y asistir a las familias y al sector productivo. No es eliminando derechos laborales que se genera más puestos de trabajo, sino con el auxilio del Estado para incentivar y hacer crecer la economía.
Una Ciudad más cara, exclusiva y expulsiva
El derecho a la vivienda se ha convertido en una expresión de deseos producto esencialmente de dos políticas:
La falta de un incentivo a los créditos hipotecarios, que son casi inexistentes por parte del Banco Ciudad, el agente financiero público más importante de la Ciudad de Buenos Aires.
Una vez más, se deja que el mercado establezca las condiciones por las cuales más de un 35% de la población alquila su vivienda.
Pero debemos enumerar un elemento central, y que está relacionado con la ausencia de políticas de construcción de viviendas y urbanización de barrios humildes y villas. En 14 años de Macri y Larreta en la Ciudad la población en esos barrios ha aumentado y se ha precarizado aún más. Además, los sectores medios no pudieron acceder a la vivienda propia por falta de crédito hipotecario a tasas subsidiadas.
Cuando las familias no pueden acceder a este derecho, se van mudando de barrio en barrio y en otros casos se van a la Provincia de Buenos Aires; se da un proceso expulsivo, y los proyectos privados de desarrollo urbano profundizan este circuito donde el Estado de la Ciudad es un actor que promueve al mismo.
En síntesis, el ejercicio del gobierno de Horacio Larreta nos hace ver que la Ciudad más rica y con más recursos por habitantes, sólo se planifica para la población con mayores ingresos, cuando debería ser una realidad para todos y todas.
Una realidad común
Si los procesos de globalización actual fundados en una realidad planetaria común signada por el financierismo transnacional y los esfuerzos de los Estados Nacionales por generar respuestas propias a los problemas que esa globalización neoliberal produce en las formas e identidades particulares de cada orden legal y organización estatal en la que esta impacta, son elementos de una realidad común que afecta al mundo como totalidad, no es entonces extraño que las polarizaciones y grietas se exacerben toda vez que se enfrentan las miradas locales, propias y territoriales con aquellas que interpretan el mundo como único y las tendencias actuales como las mejores y únicas posibles agotando intentos de transformación y negando las capacidades de los Estados frente a un orden mundial cada vez mas dominado por corporaciones económicas, grupos de poder con alta concentración financiera y unos pocos Estados y grupos de inteligencia Estatales o para estatales dispuestos a convertirse en policías planetarias, sino es que sus acciones en Estados ajenos a los de sus orígenes no son ya evidencia suficiente de esta realidad.
Siguen siendo sin embargo, las formas democráticas que cada Estado adquiere para si, los espacios dónde la política y el debate pone estas cuestiones en discusión y produce las diferencias posibles en los pensamientos nacionales y en referencia a las particularidades que cada grupo social o nación produce al interior de sus fronteras que se pretenden soberanas y de las diferencias que se permitan frente a esa globalización y mundialización neoliberal avasalladora.
Siguen siendo la administración de los recursos naturales y la posesión y administración de los territorios, de parte de grupos que se sientan parte y participen de estas administraciones con sentido de identidad nacional e identificación de “lo propio” respecto de esas fuerzas que priorizan lo transnacional y lo corporativo sin rostro, sin bandera, sin territorio, los elementos que ponen en tensión a cada región y Estado del planeta.
El derecho de buscar, interpretar, imaginar y crear soluciones locales, propias y nacionales a los problemas que nos presenta el mundo, sigue siendo el aspecto disruptivo al pretendido orden neoliberal global. La posibilidad de construir poder desde las participaciones territoriales para definir esos acuerdos en el ejercicio de la soberanía territorial Nacional y del derecho a resolver los problemas concretos de los territorios que habitamos, son espacios claves de una construcción genuinamente democrática. Los foros que permiten y ponen en cuestión estas disyuntivas deben ser ocupados de maneras estratégicas y ser capaces de articular “redes” y “asociaciones” entre gobiernos, Estados y organizaciones populares que entiendan que no despojarse de las identidades nacionales es una condición fundamental e imprescindible para resistir los embates del poder global asentado en el privilegio de unos pocos.
Nadie se salva solo. Que cada quién haga su parte.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
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