De la Tierra, del pan, de la industria y del trabajo.
Conflictos Territoriales
Julián Pilatti nació en diciembre de 1992 en Ayacucho, provincia de Buenos Aires. Sus primeros pasos en el periodismo se dieron con una revista independiente que se enfocaba en las problemáticas de la ciudad y apuntaba al debate. Posteriormente, se recibió de Licenciado en Comunicación Social en la UNLP de La Plata y se insertó de lleno en la política bonaerense. Desde el 2017 trabaja como redactor en Infocielo. Es autor de "Detrás de las vías", un libro de crónicas que recopila la historia de los desaparecidos de su ciudad natal, escribió acerca del conflicto con Chile en el medio digital Argmedios.
El pasado 28 de agosto, un comunicado de Cancillería argentina alertó sobre una medida del gobierno de Chile, que de forma unilateral buscó “proyectar la plataforma continental” hacia el este. Se trata de la famosa “medialuna”, ubicada bien al sur entre ambos países y que tiene más de 5 mil kilómetros cuadrados.
Lo cierto es que el reclamo chileno no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984, ni con su respectiva resolución de la ONU. Semejante aventura soberana despertó algunas conjeturas respecto a la verdadera intención del presidente Sebastián Piñera, quien atraviesa su peor año político y se prepara para abandonar el Palacio de la Moneda.
En diálogo con ARGMedios, la Subsecretaria de Asuntos Internacionales de Ushuaia, Cecilia Fiocchi, explicó la importancia del territorio en disputa y qué medidas se podrían tomar para destrabar el conflicto.
“En primer lugar, no hay una disputa de soberanía, sino que justamente la Argentina aprobó en el 2020 su nueva delimitación de la Plataforma Continental a través de la modificación de la ley de espacios marítimos. La Argentina presentó a la Comisión para la Plataforma Continental de la ONU un trabajo de más de 20 años para demarcar definitivamente su Plataforma”, introdujo Fiocchi. Vale aclarar que la Convención de Naciones Unidas respecto al Derecho del Mar (CONVEMAR) determina que ese es un derecho que tienen los Estados ribereños.
“La República de Argentina llevó adelante investigaciones para comprobar que la continuidad de su plataforma geológica continental se da hasta la milla 350. Esto fue aprobado por la ONU y el Congreso de la Nación, de forma unánime”, aclaró la Subsecretaria, que también se ocupa de temas relacionados a Malvinas y la Antártida.
Por todo esto, Fiocchi descartó que Chile esté realizando un reclamo y lo califica, hasta ahora, como “una pretensión”. “No hay un conflicto aún y esperamos que a través del diálogo, la diplomacia y el respeto al derecho internacional se pueda resolver”, matizó.
Pero, ¿cuál es la importancia estratégica de este amplio sector marítimo, más allá de la lógica defensa de la soberanía? Para Fiocchi, la importancia de este territorio tiene que ver “no solo con la ubicación geoestratégica en término de comunicación entre el océano Pacífico y el Atlántico, sino por los recursos que se encuentran en el subsuelo de este territorio. En términos generales, la importancia es geológica, económica y científica”, sintetiza.
Por todo esto, desde el lado argentino aspiran a resolver la situación de una forma diplomática. En el peor de los escenarios, se podría buscar una referencia mundial para que oficiara de “árbitro” en el conflicto, algo que no creen probable.
La postura de Piñera
Pero del lado chileno, la postura del presidente Sebastián Piñera se mantiene intransigente, por lo menos hasta ahora. Este fin de semana, en diálogo con la prensa local, el mandatario aseguró que “lo que Chile está haciendo es ejercer su derecho y declarar su plataforma continental”.
“Lo que estamos haciendo como Gobierno es un proceso de continuidad de la política exterior y esperamos en noviembre enviar a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas la plataforma continental al oeste de la península antártica”, amplió el mandatario.
“Tendremos que ver la forma de resolverlo y el primer camino es el diálogo. Estamos absolutamente abiertos, y así lo hemos conversado con el presidente [Alberto] Fernández cuando visitó Chile, para buscar caminos de diálogo para resolver este tema. Si no llegáramos a acuerdo, existen muchos otros instrumentos a nivel internacional”, manifestó el presidente chileno. Desde el 2019, Piñera viene sufriendo una caída estrepitosa de su imagen política, tras las históricas movilizaciones que desencadenaron en un referéndum popular y una nueva Asamblea Constituyente.
La respuesta de la Cancillería argentina fue tajante: “La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos (…) La citada pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional”.
Humedales
En 2020 se perdieron 350.000 hectáreas de humedales y el proyecto de ley para su protección sigue frenado
El año pasado se presentó en el Congreso un pedido con 650.000 firmas para que la norma avance, un proyecto unificado obtuvo dictamen en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente de Diputados. Pero, para ser votado en el recinto, debe pasar por las comisiones de Agricultura y Ganadería; de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; y de Presupuesto y Hacienda. Si no se trata este año, perderá el estado parlamentario.
Este artículo es parte de Comunidad Planeta, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América latina, del que elDiarioAR forma parte.
Yanina Rullo Periodistas por el Planeta en DiarioAR.
Singularidad. Valor natural. Identidad. Algunas de las palabras que definen a los humedales en la Argentina. Pero, hay otras también: destrucción, degradación, desprotección.
Es tal la presión que el avance de la minería, la ganadería industrial, la agricultura intensiva y las urbanizaciones, entre otros, ejercen sobre estos reservorios de agua dulce que su situación, hoy, es crítica.
“Si bien a escala mundial todavía cubren una superficie mayor que la de Canadá, los humedales están disminuyendo rápidamente, con pérdidas del 35% desde 1970”, advierte un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de este año. Un reporte de la Convención Ramsar va más allá en el tiempo: de 1700 para acá, desapareció cerca del 87% de los humedales que había en el planeta. Esto, por supuesto, tiene un impacto directo en su biodiversidad, en América latina y el Caribe de forma aún más dramática. Un ejemplo: se estima que, desde 1970, la abundancia de peces de agua dulce cayó en 81%, un porcentaje mayor al experimentado en otro tipo de ecosistemas.
Argentina es parte de esta tendencia: sólo en 2020, se arrasaron cerca de 350.000 hectáreas de estos ecosistemas, como consecuencia de los incendios que afectaron a más de 1 millón de hectáreas en todo el país (un pico nunca antes alcanzado, al menos, desde que se comenzó a compilar la información en 1999) y fueron especialmente crudos en las islas del Delta del Paraná, en el Litoral.
Pese a ello, y al amplio reclamo popular, en la Argentina no existe aún una ley que los proteja.
Geografía nacional
Los humedales albergan una destacada y muy rica biodiversidad, y prestan servicios ecosistémicos imprescindibles para los seres humanos. Regulan y purifican el agua, reducen el riesgo de inundaciones, estabilizan las costas, protegen contra tormentas, retienen y exportan sedimentos y nutrientes, mitigan el cambio climático, proveen de alimentos, son ejes de recreación y turismo, y más, mucho más.
El 21,5% (más de 600.000 kilómetros cuadrados) del territorio argentino está cubierto por estos ecosistemas. Los hay del extremo sur, en la provincia de Tierra del Fuego, al norte, en la Quiaca (provincia de Jujuy). Y 23 de ellos —un total de 5.687.651 hectáreas— están incluidos en la Red de Sitios Ramsar, que nuclea a los considerados de importancia internacional en el marco de la Convención sobre los Humedales.
Desde ríos, lagos y lagunas, hasta salinas, vegas y turberas, pasando por albúferas, pastizales y más, no sólo embellecen los paisajes del país, sino que prestan vida a cada una de sus regiones. Y hoy están gravemente amenazados.
Actividades productivas como la megaminería de litio en las salinas o lagunas del Norte argentino, las construcciones ilegales en las turberas de la Patagonia, los endicamientos y canalizaciones tanto en el Litoral como en la región Centro, o los megabarrios cerrados en la provincia de Buenos Aires, afectan no sólo el equilibrio dinámico de los humedales, sino también la economía tradicional de las comunidades que viven gracias a ellos.
Delicado equilibrio
La necesidad y el reto que representan en la Argentina establecer lineamientos para el desarrollo, la planificación y el ordenamiento territorial de los humedales es lo que convoca, desde hace más de una década, a organizaciones sociales y ambientales, así como al sector académico y al productivo a promover una Ley de Humedales. Sin embargo, la política no responde. La historia de su defensa es larga, pero la conciencia, aún escasa.
En cada región del país se dan ejemplos que elevan aún más la urgencia de contar con una norma de carácter nacional que abogue por su conservación, regule las condiciones sobre cómo y en dónde realizar actividades productivas, e incluya un registro e inventario de los humedales.
Litio versus lagunas
Uno de estos ejemplos se da en la provincia de Catamarca, en el Noroeste argentino, donde actualmente se impulsa un proyecto minero para extraer litio del salar de Tres Quebradas, que está a más de 4000 metros de altura en la Cordillera de los Andes e integra el sistema de Lagunas Altoandinas y Puneñas, designado como Sitio Ramsar en 2009.
Organizaciones y comunidades locales denuncian que la empresa Liex S.A., subsidiaria de la canadiense Neo Lithium, se instaló en el lugar y comenzó la etapa de exploración en 2016 (instalando unos 30 pozos), sin realizarse una consulta pública previa, un derecho resguardado por la Ley General del Ambiente, sancionada en 2002.
“Nos tomó por sorpresa saber que la empresa estaba instalada en Fiambalá y ‘tenía la licencia social’, porque no supimos en qué momento la tuvieron. Nunca se realizó una asamblea en la que se convoque al pueblo para decidir qué hacer”, afirmó Johana Villagrán, vecina de la localidad catamarqueña, ubicada a pocos kilómetros del proyecto minero, e integrante de la Asociación Civil Campesinos Del Abaucán (ACAMPA), a la agencia Tierra Viva. “Cuando la empresa se presentó en Fiambalá, siempre fue acompañada por el Estado, respaldando la minería. Y, cuando pedimos información al Concejo Deliberante y al Municipio, jamás obtuvimos respuestas.”
De acuerdo a la legislación minera de la provincia, los estudios de impacto ambiental (EIA) están a cargo de la propia empresa extractiva. El rol del Estado es sólo controlar. Y el organismo en el que cae esta responsabilidad es la Dirección de Gestión Ambiental Minera, del Ministerio de Minería, impulsor de la actividad.
“El EIA para la etapa exploratoria (que implica perforaciones y extracciones de volúmenes de agua) fue aprobado antes de realizarse el estudio hidrogeomorfológico de la cuenca, es decir, sin el cálculo de la capacidad de recarga del acuífero, en una zona de alto déficit hídrico”, subraya el informe Minería Transnacional de litio en Lagunas Altoandinas de Catamarca Caso: Liex S.A, de la asociación catamarqueña Bienaventurados los Pobres (Be.Pe), que fue elaborado como parte de un proyecto financiado por la Unión Europea en el que se analizó la aplicación de los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas aprobados por Naciones Unidas en 2011.
Y agrega: “La calidad del agua que resulta luego de los procesos extractivos de litio no se han analizado suficientemente, pero casos en el Norte de Chile y del continente asiático reportan contaminación de sistemas lagunares por litio y por otros químicos utilizados en su procesamiento, como así también casos de intoxicación de personas por litio”.
En la minería de litio en salmuera, se pierden enormes volúmenes de agua tanto salada (en el proceso evaporítico) como dulce (en la separación mineral del litio), explica Patricia Marconi, directora de Fundación para la Conservación de Yungas, Chaco y Andes (YUCHAN). “La extracción de agua dulce superficial y subterránea ya ha causado pérdida de humedales —vegas y bofedales del río Trapiche— en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca) por desecación irreversible, debido a la operación de la empresa ex-FMC, ahora Livent Corporation, con el consecuente desplazamiento de comunidades locales por pérdida de áreas de pastoreo. Sin embargo, los impactos ambientales más graves se centran en la alteración de la dinámica hidrogeológica en las cuencas intervenidas por la minería de litio, como ya resulta evidente en el Salar de Atacama, en Chile”, profundiza.
La afectación de las fuentes de agua es sólo uno de los impactos que podrían afectar a las comunidades locales de pasar el proyecto a la etapa de extracción. La destrucción de sus modos de vida tradicionales, incluyendo sus actividades productivas, es otro. A ello se suma el riesgo que la actividad impone sobre la conservación, biodiversidad y correcto funcionamiento del humedal que ofrece refugio, alimento y espacio de nidificación a tres especies de flamencos: austral, parina chica y parina grande.
Ahora bien, Liex S.A. no es la única empresa que está en la zona. Según denuncian organizaciones y comunidades locales, la también canadiense Portofino Resources Inc. estaría por comenzar la etapa de exploración (pozos de perforación) del Proyecto Yergo en la laguna Los Aparejos, también sin consulta popular previa.
“Los sitios Ramsar son humedales de importancia internacional, donde las actividades humanas deben estar expresamente reguladas para asegurar su funcionamiento, garantizando los servicios ecológicos que brindan”, afirma Marconi. “Lamentablemente, el proyecto Yergo es un claro ejemplo de esta falta de regulación. Se trata del cuarto emprendimiento de minería de litio en salmuera que se instala dentro del área del Sitio Ramsar Lagunas Altoandinas y Puneñas, sin que tome intervención la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca, autoridad de aplicación de la Convención Ramsar en el territorio provincial, ni el Ministerio de Ambiente de la Nación, punto focal técnico de la Convención, y sin conocimiento alguno de los pobladores locales”, completa.
La albúfera única que ya podría no ser
Otro caso se da en la localidad balnearia Mar Chiquita, en la provincia de Buenos Aires. Allí tiene sede, desde hace varios años, un conflicto que suscita cruces políticos y sociales entre la población y las administraciones de Gobierno tanto local como regional. ¿El motivo? La construcción del “ecobarrio” o “megabarrio privado” Lagos del Mar en una zona lindante a la albúfera de Mar Chiquita, uno de los ambientes más importantes y protegidos de la costa bonaerense.
A pesar de los fuertes cuestionamientos de distintas organizaciones y de científicos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y de estar el área —no solo de la albúfera, sino también de los campos aledaños y de la Villa Mar Chiquita, cubriendo un total de 26.488 hectáreas— categorizada como Reserva de Biósfera “Parque Atlántico Mar Chiquito” por la UNESCO, los debates en torno a qué se puede y qué no hacer están presentes.
La palabra “albúfera” deriva del árabe y significa “pequeño mar”. Se trata de especies de lagunas de agua ligeramente salada de poca profundidad ubicadas en los litorales que suelen formarse por la acumulación de sedimentos marinos o fluviales. Están separadas del mar por sólo una franja de arena, aunque mantienen comunicación con él en uno o más puntos.
La de Mar Chiquita es la única que existe en la Argentina, lo que le confiere valores naturales y sociales muy significativos. Gracias a ello, es hoy un lugar privilegiado para, por ejemplo, los fanáticos del avistaje de aves.
“Mar Chiquita no es sólo una albúfera reconocida a nivel mundial. Si uno mira y recorre bien el territorio de todo el Partido, puede comprender que todos esos mosaicos ecosistémicos responden a un ecosistema general: somos un gran humedal”, enfatiza Nicolás Fogolini, vecino de Mar Chiquita. “Los humedales son ecosistemas tan dinámicos que cualquier intervención, por más mínima que sea, altera su estructura y funcionamiento”, agrega. “La lucha que venimos llevando las comunidades hace años en defensa de los humedales necesita un cambio radical en la perspectiva y cosmovisión de los tomadores de decisiones.”
Las turberas más australes
En Tierra del Fuego, la provincia más austral de la Argentina, se concentra el 95% de las turberas del país. Se trata de un tipo de humedal compuesto por musgos o plantas vasculares que funciona como “aspiradora” de carbono, por lo que tiene un rol de suma importancia en la lucha contra el cambio climático.
“Las turberas cubren solo el 3% de la superficie terrestre del planeta y se encuentran entre los ecosistemas más complejos. En el mundo, capturan el 30% del carbono del suelo, y el doble de lo almacenado en la biomasa vegetal. El carbono almacenado en ellas es equivalente al 75% del dióxido de carbono (CO2) atmosférico. Aparte de este formidable almacenaje, no apreciable en otros ecosistemas terrestres, también albergan el 10% del agua dulce del planeta y previenen inundaciones”, describe un reporte de Rewilding Argentina.
Además de estos y otros servicios ecosistémicos, estos entornos son esenciales para actividades económicas regionales como la horticultura, en la que se los utiliza como abono para mejorar los suelos, o como escenarios para actividades de recreación y turismo.
No obstante, como sucede con tantos otros humedales en la Argentina, estos están en riesgo. Entre las amenazas que hoy enfrentan se incluyen la construcción ilegal, algo que se observa a pocos kilómetros de la capital provincial Ushuaia, en la zona de Rancho Hambre. Esta tendencia a la construcción ilegal sobre humedales se repite desde hace varios años en esta zona de bosque contiguo a la turbera y al río Lasifashaj, un sitio actualmente protegido como “Reserva Provincial Valle Tierra Mayor”.
La ley, esa cuenta pendiente
La desprotección de los humedales argentinos no es algo que pase desapercibido para la sociedad. El pedido #LeyDeHumedalesYA lleva más de una década, y es cada vez más amplio. Sin embargo, su concreción es una cuenta pendiente.
En 2013 y 2016, el Congreso de la Nación trató dos proyectos, pero sólo llegaron a obtener media sanción en la Cámara de Senadores, ningún avance en la de Diputados, antes de que se venciera su plazo de tratamiento.
Durante 2020, las voces a favor de la ley se elevaron aún más por los incendios que asolaron a la mitad del país y consumieron unas 350.000 hectáreas de humedales. La política respondió presentando 15 proyectos de ley (10 en Diputados y 5 en Senadores). Hacia el final del año, y luego de que diversas organizaciones presentaran un pedido con 650.000 firmas para que la norma avance, un proyecto unificado obtuvo dictamen en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente de Diputados. Pero, para ser votado en el recinto, este debe pasar primero por las comisiones de Agricultura y Ganadería; de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; y de Presupuesto y Hacienda. Y esto no está sucediendo.
Hoy, el proceso está virtualmente paralizado. La ley se sigue haciendo esperar. Y el reclamo popular para que el proyecto sea tratado continúa.
Semanas atrás, una caravana de más de 60 kayas de la Multisectorial Humedales recorrió más de 350 kilómetros del río Paraná con este pedido. Navegaron desde la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, hasta el Dique Luján, en la provincia de Buenos Aires, para luego marchar por la Ciudad de Buenos Aires. Cientos de personas se unieron a los kayakistas, que llegaron hasta el Congreso para presentar un petitorio, respaldado por más de 400 organizaciones socioambientales, para que la Ley de Humedales sea una realidad.
“2020 nos dejó las cenizas de un país en llamas: más de 1.200.000 hectáreas afectadas por el fuego, miles de ejemplares de nuestra fauna muertos y cientos de casas perdidas”, dice el documento, según el cual preocupa “enormemente la falta de avances en la Cámara de Diputados”.
El pedido se repite, la urgencia se renueva. Si Diputados no vota el proyecto antes del cierre de este año legislativo, al igual que pasó en 2013 y 2016, este perderá estado parlamentario. Y la historia comenzará otra vez.
Tierras Ancestrales
La Resolución 979/2021 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (MjyDH), emitida el 20 de Agosto de 2021 y promulgada en el Boletín Oficial, el 24 de Agosto de 2021, da curso a la Creación de la Unidad para la Ejecución de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat Vs. Argentina, comenzando a dar cumplimiento a la sentencia DE 6DE FEBRERODE 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH)
Los hechos del caso se refieren a un reclamo de comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete), de la propiedad de los lotes fiscales 14 y 55. En los mismos ha habido presencia de comunidades indígenas de modo constante, al menos desde antes de 1629. Además, la tierra fue ocupada, por personas criollas a partir de inicios del siglo XX.El reclamo indígena fue formalizado en 1991. Durante los más de 28 años que han transcurrido desde entonces, la política estatal respecto de la propiedad indígena, seguida por la Provincia de Salta, ha ido cambiando.( Argentina es un Estado federal. En el caso ha habido actuaciones tanto de autoridades nacionales como de uno de los Estados que conforman la federación, la Provincia de Salta. Sin perjuicio de ello, Salta ha efectuado los actos que estuvieron vinculados en forma directa a la propiedad de la tierra)
El 15 de diciembre de 1991, fue dictado el Decreto No. 2609/91 que estableció la obligación de Salta de unificar los lotes 14 y 55 y adjudicar una superficie sin subdivisiones, mediante título único de propiedad, a las comunidades indígenas.Un año después, en diciembre de 1992, se conformó formalmente la “Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat” (en adelante “Lhaka Honhat”), integrada por personas de distintas comunidades indígenas, con la finalidad, entre otras, de obtener el título de propiedad de la tierra.En 1993 la Provincia de Salta creó una “Comisión Asesora”, que en 1995 recomendó asignar dos terceras partes de la superficie de los lotes 14 y 55 a comunidades indígenas, lo que fue aceptado por tales comunidades.En 1995 comenzó la construcción de un puente internacional. En septiembre de ese año el puente fue ocupado pacíficamente por comunidades indígenas. El entonces Gobernador de Salta se comprometió a emitir un Decreto que asegurara la adjudicación definitiva de la tierra. El puente fue finalizado en 1996, sin que previamente se desarrollara un proceso de consulta con las comunidades indígenas.Pese a lo comprometido por el Gobernador, en 1999, por medio del Decreto 461, el Estado realizó adjudicaciones de fracciones del lote 55, otorgando parcelas a algunas comunidades e individuos allí asentados.
Luego, en diciembre de 2000, la Provincia presentó una propuesta de adjudicación del lote 55, previendo la entrega de fracciones a cada comunidad. Esto fue rechazado por Lhaka Honhat porque el ofrecimiento no contemplaba el lote 14 ni la unidad del territorio, entre otros motivos. Durante los años siguientes no hubo avances en definiciones sobre la propiedad de la tierra. En 2007 la Corte de Justicia de Salta, a partir de una acción de amparo presentada por Lhaka Honhat en marzo de 2000, resolvió dejar sin efecto el Decreto 461.El 23 de octubre de 2005 Salta realizó un referéndum, en que los electores del Departamento Rivadavia fueron preguntados sobre si era su voluntad “que se entreguen las tierras correspondientes a los lotes 55 y 14 a sus actuales ocupantes”. El “Sí” obtuvo el 98% de votos.En una reunión de 14 de marzo de 2006 entre Lhaka Honhat y representantes de Salta, se acordó que correspondía reconocer a los pueblos indígenas 400.000 ha dentro de los lotes 14 y 55, en un título único. Al respecto, las comunidades indígenas redujeron su reclamo, que antes era de 530.000 ha. El mismo acuerdo fue alcanzado en octubre de 2007 entre Lahka Honhat y la Organización de Familias Criollas. En el último mes indicado Salta adoptó el Decreto 2786/07, refrendando lo anterior. En octubre de 2008 Salta creó un “equipo técnico”, integrado por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que había sido creada en 2005 para ejecutar tareas relacionadas con la distribución de la tierra de los lotes señalados.
En los años siguientes, hubo acciones y reuniones tendientes a lograr acuerdos entre comunidades indígenas y familias criollas sobre la adjudicación territorial.El 25 de julio de 2012 Salta emitió el Decreto 2398/12, el cual dispuso “asignar, con destino a su posterior adjudicación”, 243.000 ha de los lotes 14 y 55 para las familias criollas y 400.000 ha para las comunidades indígenas, “en propiedad comunitaria y bajo la modalidad de título que cada una de ellas determine”.El 29 de mayo de 2014 Salta emitió el Decreto 1498/14, mediante el cual reconocía y transfería la “propiedad comunitaria”, a favor de 71 comunidades indígenas, de aproximadamente 400.000 ha de los lotes 14 y 55, y la “propiedad en condominio” de los mismos lotes a favor de múltiples familias criollas. El mismo decreto prevé que, a través de la UEP, se concreten los actos y trámites necesarios para la “determinación específica” del territorio y lotes que correspondan a comunidades indígenas y familias criollas.Pese a lo anterior, la implementación de acciones relacionadas con el territorio indígena no ha concluido y sólo pocas familias criollas fueron trasladadas.
En el territorio reclamado, por otra parte, se han desarrollado actividades ilegales de tala, y las familias criollas desarrollan la ganadería e instalan alambrados. Esto ha generado una merma de recursos forestales y de biodiversidad. Lo anterior afectó la forma en que tradicionalmente las comunidades indígenas procuraban su acceso a agua y alimentos.
Pese a lo comprometido por el Gobernador, en 1999, por medio del Decreto 461, el Estado realizó adjudicaciones de fracciones del lote 55, otorgando parcelas a algunas comunidades e individuos allí asentados. Luego, en diciembre de 2000, la Provincia presentó una propuesta de adjudicación del lote 55, previendo la entrega de fracciones a cada comunidad. Esto fue rechazado por Lhaka Honhat porque el ofrecimiento no contemplaba el lote 14 ni la unidad del territorio, entre otros motivos. Durante los años siguientes no hubo avances en definiciones sobre la propiedad de la tierra. En 2007 la Corte de Justicia de Salta, a partir de una acción de amparo presentada por Lhaka Honhat en marzo de 2000, resolvió dejar sin efecto el Decreto 461 El 23 de octubre de 2005 Salta realizó un referéndum, en que los electores del Departamento Rivadavia fueron preguntados sobre si era su voluntad “que se entreguen las tierras correspondientes a los lotes 55 y 14 a sus actuales ocupantes”. El “Sí” obtuvo el 98% de votos.En una reunión de 14 de marzo de 2006 entre Lhaka Honhat y representantes de Salta, se acordó que correspondía reconocer a los pueblos indígenas 400.000 ha dentro de los lotes 14 y 55, en un título único. Al respecto, las comunidades indígenas redujeron su reclamo, que antes era de 530.000 ha. El mismo acuerdo fue alcanzado en octubre de 2007 entre Lahka Honhat y la Organización de Familias Criollas. En el último mes indicado Salta adoptó el Decreto 2786/07, refrendando lo anterior. En octubre de 2008 Salta creó un “equipo técnico”, integrado por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que había sido creada en 2005 para ejecutar tareas relacionadas con la distribución de la tierra de los lotes señalados. En los años siguientes, hubo acciones y reuniones tendientes a lograr acuerdos entre comunidades indígenas y familias criollas sobre la adjudicación territorial.
El 25 de julio de 2012 Salta emitió el Decreto 2398/12, el cual dispuso “asignar, con destino a su posterior adjudicación”, 243.000 ha de los lotes 14 y 55 para las familias criollas y 400.000 ha para las comunidades indígenas, “en propiedad comunitaria y bajo la modalidad de título que cada una de ellas determine”.El 29 de mayo de 2014 Salta emitió el Decreto 1498/14, mediante el cual reconocía y transfería la “propiedad comunitaria”, a favor de 71 comunidades indígenas, de aproximadamente 400.000 ha de los lotes 14 y 55, y la “propiedad en condominio” de los mismos lotes a favor de múltiples familias criollas. El mismo decreto prevé que, a través de la UEP, se concreten los actos y trámites necesarios para la “determinación específica” del territorio y lotes que correspondan a comunidades indígenas y familias criollas.Pese a lo anterior, la implementación de acciones relacionadas con el territorio indígena no ha concluido y sólo pocas familias criollas fueron trasladadas.
En el territorio reclamado, por otra parte, se han desarrollado actividades ilegales de tala, y las familias criollas desarrollan la ganadería e instalan alambrados. Esto ha generado una merma de recursos forestales y de biodiversidad. Lo anterior afectó la forma en que tradicionalmente las comunidades indígenas procuraban su acceso a agua y alimentos.
Los aspectos de fondo del caso fueron analizados por la Corte en tres apartados de la Sentencia, en los cuales se determinaron violaciones a: 1) el derecho a la propiedad comunitaria, así como a otros derechos que presentaron relación con el mismo; 2) los derechos al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a participar en la vida cultural, en particular en lo atinente a la identidad cultural, y 3) el derecho a las garantías judiciales, en relación con una acción judicial iniciada en el caso.(La violación a las garantías judiciales determinada por la Corte se debió a que no se siguió un plazo razonable en el trámite judicial en el que se decidió dejar sin efecto el Decreto 461/99.)
El 6 de febrero de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Sentencia, mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la República Argentina por la violación de distintos derechos de 132 comunidades indígenas que habitan en dos lotes, antes conocidos como “lotes fiscales 14 y 55”, ubicados en el Departamento Rivadavia, al noreste de la Provincia de Salta, en los límites con Paraguay y Bolivia. La tierra era formalmente propiedad estatal y, en su conjunto, tiene una extensión cercana a 643.000 hectáreas.La Corte determinó que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria. Además, determinó que el Estado violó los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de efectividad de medidas estatales para detener actividades que resultaron lesivas de los mismos.
Dado lo anterior, el Tribunal concluyó que Argentina violó, en relación con su obligación de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las siguientes disposiciones del mismo tratado: (i) el artículo 21, que reconoce el derecho de propiedad, en relación con los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, receptados en los artículos 8.1 y 25.1 y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno mandada en el artículo 2; (ii) el citado artículo 21 y los derechos políticos, establecidos en el artículo 23.1; (iii) el artículo 26, que recoge derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y (iv) el artículos 8.1, por la demora en la resolución de una causa judicial.El Tribunal ordenó al Estado la adopción de diversas medidas de reparación.
En el caso Comunidades indígenas miembros de la AsociaciónLhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina,la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces*:Elizabeth Odio Benito, PresidentaL. Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente; Eduardo Vio Grossi, Juez; Humberto Antonio Sierra Porto, Juez;Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez, y Ricardo Pérez Manrique, Juezpresente, además,Pablo Saavedra Alessandri, Secretario.
SENTENCIA DE 6DE FEBRERODE 2020(Fondo, Reparaciones y Costas):
(https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_400_esp.pdf )
Decreto del MJYDH: http://www.saij.gob.ar/RSRSCG5000097920210820#CT001
Propiedades en Uruguay
"Se nos tendría que exonerar todo el pago de la contribución territorial, todo, completo, no me vengas con chirolitas, hablando en criollo, porque no corresponde". Con estas palabras, Norberto Mariani planteó la posición de un grupo que preside: la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay. El colectivo no quiere pagar el gravamen correspondientes a los meses de la pandemia, dado que los residentes en el vecino país no pudieron acceder a sus viviendas.
Los argentinos dueños de inmuebles en Uruguay no quieren pagar impuestos por la pandemia
Se calcula que hay 90 mil argentinos con propiedades en Uruguay, de los cuales entre 30 mil y 40 mil poseen inmuebles en Maldonado, departamento dentro del cual está Punta del Este.
En una entrevista televisiva vía Zoom, desde una reposera, Mariani estimó que la exoneración del cobro "es lo mínimo que Uruguay podría hacer por nosotros que apostamos al país y para seguir confiando en Uruguay". El hombre dijo que "no están para nada de acuerdo" en que deban pagar el impuesto tras el cierre de fronteras de marzo de 2020.
El hombre sostuvo que Punta del Este "es la única ciudad del mundo en la que sucede esto" y que "no pasa en ningún país de Europa", dado que "ningún español tiene propiedades en Mónaco, ni en Niza, ni en Cannes ni en Menton". Punta del Este "es una ciudad que está "prácticamente habitada de propiedades argentinas", afirmó al decir que el 70 por ciento de los padrones son de extranjeros.
Este miércoles, se abrieron las fronteras para que pueden ingresar a Uruguay los extranjeros vacunados que tengan residencia, así como sus familiares de primer y segundo grado. "Yo no estoy en contra del decreto del señor presidente de la Nación que decretar no ir en pandemia a Uruguay, me parece correctísimo", afirmó Mariani, quien recalcó "la buena actitud" del gobierno de Maldonado "de quitarnos la multa por no poder pagar a término por no poder ir", aunque destacó que siguen "insatisfechos".
Se calcula que hay 90 mil argentinos con propiedades en Uruguay, de los cuales entre 30 mil y 40 mil poseen inmuebles en Maldonado, departamento dentro del cual está Punta del Este.
El ingreso al país es a través de un trámite on line en el que se debe indicar el motivo del viaje y que debe validarse antes de arribar Uruguay. Se estima que en noviembre Uruguay podría abrir sus fronteras a todos los extranjeros vacunados, con o sin propiedades.
Panorama por el corona virus
En el mundo: 217.558.771 casos confirmados y 4.517.240 muertes. Ayer se confirmaron 527.942 casos nuevos. Ya se administraron 5.019.907.027 vacunas (OMS).
En Argentina: 5.190.948 casos confirmados y 112.005 muertes. Ayer se confirmaron 5.328 casos nuevos y 194 fallecimientos. Ya hay 43.125.947 vacunas aplicadas (Ministerio de Salud de la Nación y Monitor Público de Vacunación).
Argentina superó las 53 millones de vacunas recibidas. El Senado prorrogó por 60 días las sesiones remotas. En La Rioja la ocupación de camas bajó “drásticamente”. En Santa Fe el 85% de las escuelas ya eliminaron las burbujas. Tras el hallazgo en el agua, buscan detectar la variante Delta en Córdoba. Ya no es necesario presentar certificado negativo para ingresar a Río Negro.
Alemania donará 100 millones de vacunas. Ecuador inauguró el ciclo lectivo de manera presencial. En India aumentan las vacunas en zonas rurales. La OMS incluyó a la variante Mu en su lista de interés. Desde hoy Italia pedirá el pase sanitario en los medios de transporte. Israel volverá a las clases presenciales. Escocia propone certificado de vacunación para ingresar a clubes nocturnos. España vacunó al 70% de su población. Chile registra su tasa de positividad más baja de la pandemia. Japón supera el millón y medio de casos. Rusia vuelve a las clases presenciales.
Reconocimiento a Científicos
El presidente Alberto Fernández homenajeó este miércoles a los científicos y científicas que cumplen tareas en organismos e instituciones de investigación por su aporte clave durante la pandemia.
Lo hizo en un encuentro realizado en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, durante el cual analizaron "el plan estratégico de ciencia y tecnología para el país".
"Quiero que sepan que ustedes son un orgullo para el país. Iluminaron la pandemia en un momento muy oscuro para el mundo. Crearon insumos, aplicaciones, barbijos, suero equino, test, hicieron ciencia aplicada a luchar contra el Covid", expresó el Presidente a los investigadores e investigadoras presentes.
Luego de agradecerles "muy especialmente" por su trabajo frente a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus, recordó que "ningún país tiene futuro si no se desarrolla el conocimiento", y aseguró que mientras él sea presidente va a "seguir invirtiendo en ciencia y tecnología porque ahí está el futuro de los argentinos".
"Estamos obligados como Estado a ayudarlos", son "esenciales" en el porvenir del país, insistió el mandatario, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza.
Durante el encuentro, que según indicaron fuentes oficiales tuvo como eje analizar el plan estratégico de ciencia y tecnología para el país, Fernández volvió a expresar su postura respecto a la conectividad. "La conectividad debe ser un servicio público, tenemos que impulsar, un desarrollo científico y tecnológico más armónico y federal", remarcó.
Por su parte, los científicos y científicas presentes --que cumplen tareas en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y distintas universidades nacionales-- reconocieron las distintas políticas que el Gobierno nacional implementó para el sector.
En ese marco, consideraron "fundamental" la recuperación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y propusieron "fortalecer el vínculo con otras áreas del Estado", al sostener que "se debe profundizar la construcción colectiva y poner la ciencia y la tecnología al servicio del país".
"Valoramos que la búsqueda de la autonomía científica y tecnológica sea el sentido del Gobierno nacional. Nos enorgullece ser parte de este sistema científico que durante la pandemia estuvo a la altura" de las circunstancias, concluyeron los especialistas.
Del encuentro también participaron el titular de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano, la jefa de Gabinete del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Carolina Vera, y el asesor presidencial Alejandro Grimson.
Responsabilidad Empresarial y lesa humanidad
La Cámara Federal de Tucumán procesó a cuatro empresarios que dirigieron el ingenio La Fronterita, donde el Ejército montó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó antes y durante la última dictadura. La resolución debería allanar el camino para que, por primera vez en esa provincia, se analice en un juicio oral la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad.
La causa del ingenio La Fronterita no estuvo exenta de las demoras y resistencias que caracterizan a las causas enfocadas en el aporte de civiles --y más precisamente de empresarios-- a los crímenes del terrorismo de Estado. En 2019, el juez Daniel Bejas dictó una falta de mérito, que fue confirmada por la Cámara de Tucumán, pero el 29 de diciembre del año pasado, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación revocó la decisión y ordenó dictar un nuevo fallo.
Tras la resolución de la Casación, los camaristas Juan Carlos Reynaga, Mario Rodolfo Leal y José Camilo Quiroga Uriburu dictaron el procesamiento de Jorge Alberto Figueroa Minetti --que ofició como administrador y presidente de la firma José Minetti y Cia --que controlaba el ingenio-- y de los integrantes del directorio Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú de Olmos.
Los cuatro empresarios fueron procesados por los delitos de violación de domicilio, privaciones ilegales de la libertad con apremios y vejaciones, violación sexual y homicidio. La Cámara dio por acreditado que el ingenio prestó sus instalaciones para que se instalara una base militar y para que funcionara allí un centro clandestino, aportó la logística, autorizó la circulación de los uniformados en todo el predio, proveyó vehículos para los secuestros y dio información a los militares para determinar los blancos de la represión clandestina.
El procesamiento fue calificado como un “valioso avance en la consolidación del proceso de Verdad, Memoria y Justicia en nuestro país” por la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES). Después de esta resolución, debería iniciarse el trámite para que los cuatro se sienten en el banquillo. “Es un paso más que nos acerca al juicio oral”, celebró el fiscal Pablo Camuña en diálogo con Página/12.
La represión en el ingenio
Con la implementación del Operativo Independencia en febrero de 1975, se instaló una base militar en las instalaciones de la empresa José Minetti y Cia, dueña del ingenio La Fronterita. La ocupación militar se extendió por lo menos durante cuatro años y provocó una honda transformación al interior de la empresa azucarera.
La fuerza de tareas “Rayo” del Ejército fue la responsable de la represión en esa zona cercana a Famaillá. El Ejército se asentó, en un primer momento, en un sector conocido como “los conventillos”, que era el lugar donde se alojaban los obreros temporarios durante la zafra. Para ceder el espacio a los militares, la empresa relocalizó a estos trabajadores. Después, según los testimonios recolectados por la fiscalía, se pudo determinar que el ingenio construyó unas casas prefabricadas para que se asentaran los integrantes de las fuerzas armadas en la zona que se conoce como “Tambo” o “Laguna”.
En esta causa, se investiga lo sucedido con 68 víctimas. De ellas, 43 trabajaban en el ingenio; 31 vivían en las colonias que rodeaban al predio; diez fueron secuestradas camino al trabajo; diez fueron secuestradas en el retén que estaba en las inmediaciones del ingenio; diez eran integrantes del gremio del ingenio y ocho fueron secuestradas con vehículos de la empresa.
Los años de la ocupación militar, el control, los secuestros, las torturas, las violaciones y los asesinatos provocaron, a través del terror, una transformación de las relaciones sociales y de producción en el lugar. Entre 1975 y 1982, se redujo en un 62 por ciento la planta laboral de la empresa sin que hubiera algún conflicto laboral. El dato es relevante porque, antes del Operativo Independencia, se había registrado una alta conflictividad. Sin embargo, tras la represión, la empresa logró despedir a 800 personas en seis años sin que se registrara una reacción organizada. En ese ínterin, la compañía aumentó su productividad en un 30 por ciento, se convirtió en la segunda empresa más importante de la provincia y adquirió otro ingenio, el Bella Vista, a precio vil, según reconstruyó la fiscalía.
El rol de los empresarios
El caso del ingenio La Fronterita es emblema de la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, como quedó establecido en el informe que, a finales de 2015, publicaron el Ministerio de Justicia, FLACSO y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) --que actúa como amicus en esta causa--. El avance que se registró en este expediente coincide también con la revitalización de la causa por la responsabilidad del dueño del ingenio Ledesma Carlos Pedro Tadeo Blaquier y el exadministrador Alberto Lemos. El viernes pasado, Blaquier y Lemos finalmente fueron elevados a juicio oral en una de las dos causas que tienen por los secuestros ocurridos en la provincia de Jujuy durante el año del golpe. La reactivación se produjo después de que la Corte Suprema revocara, después de seis años la falta de mérito con que la Casación había beneficiado a los dos empresarios.
En algún tiempo volverá a la Corte el caso de los hermanos Julio y Emilio Méndez, absueltos recientemente por la Casación en el caso del secuestro y homicidio del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, que defendía a los trabajadores de la cementera Loma Negra. El tribunal entendió, siguiendo un estándar establecido por la propia Corte para el caso, que no estaba acreditado que los Méndez supieran que su quinta de Tandil estuviera siendo usada como un centro clandestino donde estuvo cautivo Moreno. En otro caso emblemático, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación viene reclamando que la Sala II de la Cámara Federal de Casación confirme las condenas por los crímenes cometidos en la planta de la empresa Ford.
La CIDH no avala a represores
Al represor Carlos María Romero Pavón le cerraron la puerta en la cara en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adonde concurrió para impugnar los juicios de lesa humanidad a los que él define, desde una publicación amiga, como “juicios sin juicio”. Con dos condenas a prisión perpetua en su haber, el teniente coronel retirado recibió una dura respuesta del organismo internacional que respaldó el proceso de justicia que lleva adelante el país.
Romero Pavón es un hombre que pasa bajo el radar. Sin embargo, tuvo durante la dictadura una posición clave en la estructura que comandó la represión en la zona de La Plata y el conurbano bonaerense. Fue el jefe de la sección Reunión Interior del Destacamento 101 de inteligencia del Ejército en La Plata. Como tal, según reconstruyó la justicia, calificaba la información que se obtenía en la tortura, controlaba los interrogatorios y analizaba si debían continuar o se debía “trasladar” a la víctima.
Recién en febrero de 2010, Romero Pavón fue detenido por orden de la justicia federal de La Plata, acusado por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha”, que funcionaba en Olmos. En 2014, fue sentenciado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, que presidía Carlos Rozanski. Su condena fue confirmada este año por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. El año pasado recibió su segunda perpetua por crímenes en la brigada de San Justo. Actualmente, a los 77 años, está en el banquillo por los secuestros, torturas, homicidios y desapariciones cometidos en las brigadas de Lanús, Quilmes y Banfield. Sigue el juicio desde su hogar y se negó a declarar en indagatoria cuando comenzaron las audiencias.
En 2013, meses antes de que comenzara el juicio de La Cacha, Romero Pavón presentó una petición ante la CIDH. Decía que sus derechos humanos estaban siendo violados básicamente porque le aplicaban una ley que no existía cuando se cometieron los crímenes -- la que declaraba imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad -- y que estaba detenido en condiciones inhumanas y degradantes. El planteo de Romero Pavón recién comenzó a moverse en la Comisión en 2016, coincidentemente con la llegada al gobierno de Mauricio Macri, cuyos funcionarios buscaron que el organismo receptara los planteos de quienes fueron condenados o estaban bajo investigación por delitos de lesa humanidad en el país.
En el ínterin, el represor empezó a publicar en la página Prisionero Político una serie de columnas tituladas Juicios sin Juicio, donde despotrica de su suerte desde la reapertura de las causas. “(Néstor) Kirchner abrió las heridas que se iban restañando con los veintiún años de democracia, utilizando al Poder Judicial para violar el principio de Ley Natural”, escribió. En los textos se presenta como teniente coronel y ”prisionero por la república”.
Sus palabras no conmovieron a los comisionados, que valoraron positivamente el proceso de justicia en el país y recordaron que ellos mismos saludaron la sucesión que comenzó en 1998 con la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, su anulación en 2003 y la declaración de inconstitucionalidad de la Corte en 2005. “Resulta inaceptable la impunidad de las conductas que afectan más gravemente los principales bienes jurídicos sujetos a la tutela del derecho internacional de los derechos humanos”, escribió la CIDH.
“Debido a la tipología penal por la que estaba siendo procesado y la complejidad de los casos, no resulta posible caracterizar las actuaciones del Estado como violatorias, especialmente si se tiene en consideración que le fue otorgada la detención domiciliaria”, afirmó la CIDH en la comunicación que recibió la Cancillería argentina en los últimos días. “Tampoco ha presentado evidencia para considerar las presuntas violaciones de su derecho a la integridad personal, ni su denuncia ante la jurisdicción interna argentina”.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos celebraron la decisión de la Comisión. "Estos casos no merecen ser tratados por la CIDH. Sus garantías son respetadas por los tribunales argentinos y lo que intentan es replicar argumentos que hicieron en su defensa ante la justicia argentina y que ya fueron analizados. La CIDH no es una cuarta instancia", dijo a Página|12 Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos. "No es casual que estos casos hayan empezado a tramitar en 2016 con la gestión anterior y que comiencen a cerrarse ahora que hacemos una defensa muy fuerte del proceso de justicia", agregó.
Hace años que los represores buscan impugnar el proceso ante instancias internacionales, las mismas que desconocían cuando denunciaban o investigaban sus crímenes. En los últimos meses, la CIDH desestimó un planteo similar del represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) Carlos Guillermo Suárez Mason, hijo homónimo del fallecido comandante del Primer Cuerpo de Ejército.
Progresismo Genuflexo
Cuando el corrimiento ideológico del Partido Socialista Obrero Español comenzó a hacerse evidente apareció en escena el Partido Popular, ofreciendo al electorado de España una auténtica opción de derecha. Durante años se pensó que más allá del PP solo estaba la pared. Sin embargo, como si un obús hubiese volteado el muro, de pronto quedó espacio para VOX, una agrupación situada en lo que muchos analistas definen como extrema derecha.
Hace algunos días, ese partido salió a justificar la ubicación que le atribuyen con una declaración que dejaba poco lugar a las dudas que pudiesen subsistir. El texto en cuestión reivindicó la avanzada conquistadora que España desarrolló en América cinco siglos atrás.
Según el pensamiento de la dirigencia de VOX, la caída de Tenochtitlán ante el avance sangriento de Hernán Cortés significó la liberación de millones de personas del régimen de terror de los aztecas. Los ultraderechistas se declararon orgullosos de su historia, a contramano del dolor que de este lado del Atlántico provocó el militarismo hispano con su consecuencia de saqueo y genocidio.
La vindicación actual de aquella barbarie impulsada por la Corona y la iglesia sostiene y prolonga en el tiempo una estructura de pensamiento autoritario que, para expresarlo en clave gramsciana, no termina de morir.
En nuestros días, ese concepto atrabiliario de la vida se expresa también a través del presidente de Brasil y lo hizo hasta hace pocos meses con el anterior mandatario de los Estados Unidos.
Aunque no hayan alcanzado el poder efectivo, Francia tiene lo suyo con la dinastía de los Le Pen. Su estructura política, el Frente Nacional, convirtió en divisa principal la persecución de los inmigrantes igual que aquí, desde trincheras distintas, intentaron emular Hermes Binner o Miguel Ángel Pichetto.
Las correrías políticas francesas están atractivamente representadas en la serie “Barón noir” (2016), que las narra desde la perspectiva del partido Socialista pero que no oculta bajo la alfombra las miserias propias de quienes procuran obturar la llegada al Palacio del Elíseo de los referentes ultranacionalistas.
Una porción importante de las energías de la derecha (moderada o extrema) están dedicadas a convencer al resto de la sociedad de que “el otro” no solo es diferente, sino que también es peligroso. Ese estigma se lo aplican a quienes llegan a sus territorios en pos de refugio, así como hace 500 años sirvió para justificar el exterminio de los pueblos invadidos por quienes no buscaban cobijo sino expansión imperial.
Hasta la llegada del nuevo milenio la derecha resultaba una posición incómoda, si no imposible. De ahí la construcción de ese eufemismo en que se guarecían algunos políticos vergonzantes: el “centro-derecha”. No obstante, ese prontuario trágico que la etiqueta carga justificadamente consigo pareció ir morigerándose paulatinamente en el imaginario colectivo y hoy se especula con las posibilidades de crecimiento de las fuerzas enroladas en ese sector del espectro.
En algunos mentideros políticos argentinos se enuncia cierta preocupación del flanco progresista ante esa alternativa y no faltan quienes sostienen que hay que adecuar el discurso para contener a los grupos juveniles seducidos por las propuestas de referentes del liberalismo más recalcitrante.
Es inevitable volver la mirada hacia experiencias como la española, en las que la deriva de partidos otrora ubicados del centro hacia la izquierda acabó por volverlos indistinguibles de aquellos con cuyas ideas alguna vez confrontaron.
¿Qué significaría eso entre nosotros? Más allá de la hipocresía de una maniobra por el estilo, ¿cuáles serán los límites de quienes estuvieran dispuestos a apoyarla? ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar?
¿Bajar las banderas de la defensa irrestricta de los derechos humanos? ¿Ceder ante reclamos de imposición de mano dura? ¿Limitar derechos sindicales? ¿Recortar partidas presupuestarias dedicadas a subsidiar sectores sociales vulnerables? ¿Resignar voluntad soberana? ¿Seguir contrayendo deuda externa impagable? ¿Continuar alentando maniobras de especuladores financieros y fugadores de divisas? ¿Renunciar a cualquier iniciativa de equilibrio distributivo de la riqueza? ¿Fomentar el crecimiento cancerígeno de los grupos económicos concentrados? ¿Reducir salarios de los jubilados, como alguna vez hizo ya un referente de este sector presuntamente en auge? ¿Frenar cualquier decisión de desarrollo industrial que sustituya importaciones y nos permita mayores márgenes de autonomía productiva? ¿Desguazar el país suprimiendo provincias que constituyen “proyectos económicos inviables”?
Y, por otro lado, ¿cuándo se darán por satisfechos los representantes genuinos de ese ideario aciago? ¿En qué momento su voracidad y su mezquindad nos darán sosiego?
Es de una ingenuidad sin límites suponer que cualquier proyecto mínimamente preocupado por nuestra subsistencia digna como Nación pueda coexistir con estas concepciones monstruosas.
La dirigencia preocupada porque la derecha capte votantes jóvenes haría mejor en diseñar estrategias comunicativas efectivas para trasladar a la ciudadanía información precisa acerca de las consecuencias producidas por todos los regímenes de ese signo que arrasaron miles de vidas, destruyeron la capacidad productiva del país, multiplicaron el hambre y ensombrecieron nuestra cultura, antes que en defeccionar rápidamente y sin resistencias frente al más mínimo atisbo de consolidación de esa tendencia perversa.
Aguafuertes del Nuevo Mundo “El progresismo genuflexo alimenta a la derecha” Ricardo Haye, Docente-investigador de la Universidad Nacional del Comahue y del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, escribió en VaConFirma
Día de la Industria
Hoy se conmemora una nueva edición del Día de la Industria. La UIA realizará un acto en Cerámica Alberdi, ubicada en la localidad de José C. Paz de la provincia de Buenos Aires. El evento se realizará a las 12 y participarán el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Alberto Fernández viaja a Chaco donde conmemorará el día.
El 2 de septiembre de 1587 zarpó desde el Riachuelo que limita el actual conglomerado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su vecindad con el Conurbano sur una carabela denominada "San Antonio", nave que era capitaneada por un marino llamado Antonio Pereyra y tenía como propósito transportar al Brasil manufacturas artesanales producidas en donde hoy existe la provincia de Santiago del Estero.
Un contrabando, 429 años atrás, dio lugar al "Día de la Industria" Fernando del Corro es periodista, historiador, profesor de Historia Económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en Telam.
En
teoría, la carabela San Antonio transportaba frazadas, lienzos,
lana, cordobanes, costales, sobrecamas y sombreros según lo
declarado a la aduana que nació en esa ocasión.
Pero todo ello
fue una excusa para sacar ilegalmente oro y plata del Alto Perú.
La
"exportación" fue impulsada por Francisco de Vitoria,
entonces obispo del Tucumán con sede en el actual territorio de
Santiago del Estero.
Este clérigo era portugués de nacimiento
y estableció fuertes vínculos con el Brasil (por entonces colonia
lusitana-española ya que Felipe II había ocupado Portugal), donde
llevó varios misioneros evangelizadores.
Su estancia, en el
entonces virreinato, sirvió para generar numerosos conflictos, sobre
todo por sus actos de corrupción económica, de los que fue absuelto
luego en España, donde murió en 1592, apenas un lustro después de
ese contrabando, del que fuera acusado formalmenteLa acusación
fue planteada nada menos que por el entonces gobernador del Tucumán
(territorio dependiente entonces del Virreinato del Perú), Juan
Ramírez de Velasco, quien señaló que junto con las artesanías
textiles, encubiertas en bolsas de harina, se sacaron metales
altoperuanos, cosa que estaba estrictamente prohibida por la
legislación española de la época.
Fue uno más de los hechos
de confrontación entre el gobernador y el obispo a raíz de las
actividades de este, el primer importador de esclavos negros desde el
Río de la Plata.
Así, el primer negrero de estas regiones,
miembro de la Santa Inquisición española y socio de un comerciante
de Charcas -la actual Sucre-, pudo desempeñar sus negocios
irregulares, que dieron lugar al primer conflicto entre el Estado y
la Iglesia Católica en esta región.
Decía de él Ramírez de
Velasco: "Todo su negocio es tratos y contratos".
El
obispo tenía una encomienda con 20.000 aborígenes y hasta
practicaba el estupro con sus hijas.
El Gobernador lo acusó de
todo ello ante el rey Felipe II y puntualizó que su oficio «no es
de obispo sino de mercader».
Respecto de la "exportación"
que se conmemora como "Día de la Industria", Ramírez de
Velasco escribió al mismo Felipe II: «lo que se ha podido averiguar
del oro y la plata que el obispo envió al Brasil son los mil y
quince marcos de plata blanca y treintinueve marcos de oro de ocho
onzas más trescientos setenta pesos de oro de 22 quilates y dos
cadenas que pesaron ciento y noventa y cinco pesos (oro) y quince
marcos de plata labrada que envió el dicho en el dicho navío a
Manuel Tellez Barreto, gobernador de Bahía».
Las andanzas del obispo Francisco de Vitoria no concluyeron allí, al punto de terminar siendo expulsado y juzgado en España.
Sus negocios como contrabandista y negrero no finalizaron con la "exportación" del 2 de septiembre de 1587, por la cual se lo recuerda en la Argentina todos los años, en lugar de rendirse homenaje a otros hechos que han quedado sepultados por una historia en la que se hace omisión expresa de aquellos que impulsaron con sus ideas, como Manuel Ugarte, y sus acciones, como Horacio Anasagasti, un serio desarrollo industrial.
Claro que el "Día de la Industria"
no es el único caso de una fecha que debiese ser objeto de revisión
en el listado de las efemérides argentinas.
En 1941, siendo
presidente Ramón Antonio Castillo -aquel que vaya a saberse por qué
firmaba como Ramón S. Castillo-, vaya a saberse porqué, se implantó
en la Argentina el 2 de septiembre como "Día de la Industria",
efeméride que es conmemorada anualmente por las diferentes cámaras
empresarias del sector, entre ellas la más importante, la Unión
Industrial Argentina (UIA), cuando, en realidad, si existiera una
entidad gremial de los contrabandistas, debería ser esta la que
conmemorase el "Día del Contrabando" en esa ocasión.
Las Vaquitas son ajenas
Se agrandan las diferencias internas sobre el lock out a la venta de carnes. Para el campo, ir al paro es un dilema electoral.
Enojados con la medida oficial, algunos piden un cese inmediato y otros plantean que sería un favor al Gobierno antes de las PASO. El miedo al qué dirán del votante urbano en plena lluvia de agro-dólares.
Aún ante un malestar generalizado de la ruralidad y la agroindustria por la extensión hasta octubre del cupo para exportaciones de carne por parte del Gobierno, el campo atraviesa con padecimiento el dilema de hacer un paro antes de las PASO. Las diferencias sobre los tiempos y conveniencia de un lock out a las ventas se agrandaron como nunca en plena campaña. Todo en un escenario de ganancias millonarias por precios y un mes de agosto que fue el récord de exportaciones del siglo.
Es una simplificación, pero de utilidad para mirar la foto: un grupo nutrido, mayoría de productores, quiere ir al cese de comercialización a como dé lugar y desde el próximo lunes; otros, más pensantes entre los que se incluyen frigoríficos, industriales y hasta la Mesa de Enlace, entienden que hay que meditar mejor lo pasos para evitar quedar jugando contra el Gobierno Nacional una semana antes de las primarias, siendo además el campo un sector que mayormente está asociado a Cambiemos.
La mayor persistencia en la idea de parar sigue en los autoconvocados, más vinculados a Cambiemos. Pero esta vez con reparos. En los chats del agro Gurú Agro y Gurú Ganadero hubo expresiones de agitación, pero también de cuidado. “Estoy de acuerdo, a estos tipos hay que enfrentarlos!”, disparó un productor pampeano. Otro pidió “menos palabras, más acción. Más cuando nos enteramos que es Máximo K el que tiene cerradas las exportaciones”. Este último chat refiere a un mensaje enviado por error a un grupo general de productores por parte de Jorge Solmi, secretario de Agricultura, en el que presuntamente le pedía a Sergio Massa, jefe de su espacio, una intervención del diputado en un tema al que es ajeno.
Pero en esos mismos grupos de Whatsapp del agro, hay ultras que percibieron que el escenario es diferente al de antaño. “Si vamos a un paro ahora, le hacemos el juego al Gobierno”, sentenció un chacarero. Lo secundaron otros que apuntaron que ir a un lock en medio de la lluvia de dólares del agro, con precios internacionales récord, “confirmaría lo que el votante urbano independiente cree de nosotros”. Además de la ruptura en dos que opera en el campo, este último punto es otra diferencia fundamental en el poder de fuego del agro hoy y antaño.
El lunes por la mañana, en la sede de la Sociedad Rural de Santa Fe, la Mesa de Enlace se reunió de urgencia para tomar posición sobre la Resolución 7 del Gobierno, que amplió al 31 de octubre el cupo de 50 por ciento a la exportación cárnica. No deliberaron en calma. Afuera, presionaban 70 productores que querían ir al paro. Salieron del mitin prometiendo un cese casi por obligación, pero la interna cuenta otra historia. “Hay que respetar el proceso electoral. Puede ser una medida, pero no la única, sino la última”, sorprendió ante la consulta de Página I12 uno de los referentes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace. Eso mismo repitió, on the récord, Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, blanqueando la inconveniencia de colar un paro en plena elección. Este miércoles hubo un encuentro del Consejo de Coninagro en el que se evaluaron alternativas de paro para después de las PASO pero "de caracter progresivo". Entienden en la entidad "no podemos hacer un paro a minutos de que el Gobierno toma una medida". El resto de las entidades procederían igual, en una especie de concientización pública del conflicto, para evitar ruido político.
Es que, además, ir a un paro en este contexto tiene un costo económico que ya vio en el paro anterior. Y en momentos críticos de menos ventas de carne, lo menos conveniente es dejar de vender. En este punto, recrudece la guerra entre productores y la agroindustria: los dueños de ganado aseguran que la industria aprovecha la medida del Gobierno para comprar vacas más baratas y hacer negocio. Asimismo, en el chat de Whatsapp ganadero circula un video de la productora de nuez pecan y referente de Cambiemos, Techi Cavoti, quien le marca la cancha al Consejo Agroindustrial (CAA) –el campo negociador- por supuestamente evitar hablar con el Gobierno del conflicto por la carne.
Más allá de las especulaciones, la industria también reaccionó, a su manera, ante la medida del Gobierno. “La prórroga establecida sigue el camino inverso y agravará los efectos depresivos sobre la actividad que, por el momento, se han visto amortiguados por operaciones pendientes y la formación de stocks. A corto plazo, las empresas frigoríficas deberán adoptar medidas más severas para ajustar el nivel de actividad a la decisión de recortar el nivel de embarques a la mitad del promedio exportado en la segunda mitad de 2020, que se suma a la prohibición de exportar algunos cortes; una imposición que altera significativamente la operatoria y la ecuación de los negocios en las plantas exportadoras”, expresó el consorcio cárnico ABC en un comunicado.
Por su parte, el Consejo Agroindustrial aseveró en un escrito dirigido al Presidente Alberto Fernández que "ha sido nuestra vocación generar espacios de diálogo y trabajo con distintas áreas del Gobierno Nacional tratando de alcanzar acuerdos que fomenten el consumo interno sin impactar negativamente en la producción y atención del mercado externo. Estamos convencidos que es el camino para generar un crecimiento futuro del sector. Lamentablemente vemos que no ha sido suficiente y se han extendido las restricciones, medida que prolonga el impacto negativo en la cadena poniendo en riesgo el sostenimiento del empleo, el futuro desarrollo productivo, y la credibilidad con nuestros clientes del exterior".
El conocimiento negado
La historia revela la ignorancia que nos anima. La bajante del Paraná dejó al descubierto un viejo puerto del siglo XIX
La bajante del río Paraná hizo que emergieran los restos de un antiguo puerto levantado en 1885 en Colastiné Sur, un barrio de la ciudad de Santa Fe. Los muelles de quebracho y parte de las construcciones quedaron a la vista en las últimas horas por la sequía.
El puerto había sido construido sobre el río Colastiné, un brazo del Paraná de 50 kilómetros de largo, que se extiende entre las ciudades de Sante Fe y Paraná. Fue obra del gobernador José Gálvez, que estuvo a cargo del Ejecutivo provincial entre 1886 y 1890.
La idea era que fuese una alternativa al puerto que entonces estaba en Santa Fe. Es que, por ese entonces, el muelle de Santa Fe exportaba la mayor cantidad de trigo de la Argentina. El problema era que se trataba de un puerto de bajo calado y no podía recibir grandes embarcaciones de carga ni tampoco de pasajeros. Entonces Gálvez apostó al Colastiné al comprobar que era profundo. Acto seguido, se creó una ramal del ferrocarril rumbo a Colastiné.
Qué pasó con el muelle de Colastiné
Una vez inagurado el nuevo puerto, el barrio santafecino se desarrolló como zona portuaria. Pero su vida fue bastante corta: en 1910 se inauguró el puerto fluvial de Santa Fe y el de Colastiné dejó de ser útil. La inundación de 1911 dejó a gran parte del barrio bajo el agua.
La zona era vulnerable a las crecidas y esa crecida fue el golpe de gracia para una zona cuyos habitantes habían perdido el trabajo. En su mejor época, llegó a haber 2500 personas más unos 2500 trabajadores golondrina.
La noticia, tomada de Prensa Ecuménica, pone de manifiesto lo que la actualidad permite distinguir como señales de un pasado negado y forzado a las actuales realidades. Redescubrirnos parte de un legado negado y ocultado por una historia oficial que mira desde el puerto de Buenos Aires hacia Europa y que mentalmente se piensa a la inversa, de Europa hacia estas tierras.
Por eso los temas que refieren a la tierra, a la administración territorial, a las nociones de patria y nación nos resultan tan ajenos y atemporales. El presente, que se cierne como un futuro distópico desprovisto de historia, de pasado y de valores éticos, surge como modelo irracional de la degradación universal neoliberal en la que estamos inversos. Tal vez repetir esto hasta el cansancio nos devuelva la conciencia del común destino que estamos produciendo para nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos … Nadie se salva solo. Que cada quien haga su parte.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
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