Medios de comunicación: Relatos en disputa
Perón y La Prensa Argentina
¿Por qué el expresidente no participaba de los debates televisivos de su época?
El video de Perón que Alberto Fernández le mandó a Cristina Kirchner
La vicepresidenta Cristina Kirchner advirtió durante el acto de cierre de campaña del Frente de Todos que "el periodismo en la Argentina debería ayudar a debatir en serio, sin mentiras" y consideró que era necesario "sacarse las anteojeras económicas y políticas, o la conveniencia...".
En ese contexto, la actual titular del Senado reveló que el presidente Alberto Fernández le había enviado minutos antes del encuentro un video de Juan Domingo Perón hablando sobre los intereses de los medios de comunicación y los debates televisivos.
La vicejefa de Estado anticipó que colgaría el video en sus redes sociales, algo que hizo minutos después del discurso de cierre a cargo de Alberto Fernández. "Muchas veces uno se enoja con los periodistas, pero también es la línea editorial del medio", agregó Cristina, quien añadió que entendía que los periodistas no siempre pueden escribir lo que quisieran: "Tenés que hacer lo que dice la empresa. Y si no, te echan. Yo lo respeto, porque el laburo es sagrado."
En el video que Cristina compartió en las redes, se puede ver un fragmento de una entrevista a Perón tras su regreso al país, después de 17 años de exilio, en la que un periodista extranjero lo consulta sobre su negativa a ofrecer entrevistas a los medios argentinos. Perón responde, entonces, que "todos los periodistas argentinos están acoplados en una dirección que nosotros llamamos 'cholopequistas'", en alusión al dirigente sindical Luis Ángel "Cholo" Peco".
El expresidente se refería al dirigente de la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines, muy cercano al dictador Alejandro Lanusse, quien había desafiado a Perón afirmando que tenía miedo de volver al país. "En consecuencia, yo le he dicho a los muchachos que me perdonen, pero yo, aparte, no necesito que me hagan propaganda. Los tengo ahí a unos cuantos señores que hablan mal de mí, pero hablan. Esa es mi propaganda", afirma Perón en la conferencia.
Ante la interrupción de un periodista de Canal 13, quien aclaró que no se sentía identificado con la calificación hecha por Perón, el expresidente agregó: "No me refiero a usted, me refiero a su empresa. Porque si no obedece, le quitan la concesión a fin de año. Usted en el fondo es un servidor, un trabajador", respondió el líder del movimiento peronista. Algo que Cristina refrendó esta tarde en Tecnópolis.
En el breve fragmento difundido en las redes, Perón también se refiere a los debates televisivos de aquel entonces: "Yo he presenciado los programas y no he creído oportuno compadecer a los paneles ni a nada de eso. He visto el tipo de discusión que se hacen allí. Para ir a discutir con personas ignorantes o mal intencionadas, me quedo en mi casa".
Durante su discurso en Tecnópolis, Cristina se refirió al bajo nivel de debate de la campaña hacia las PASO y aseguró que "el debate está achatado por la oposición", que "no puede ir a los canales a debatir nada", porque deberían dejar en claro propuestas como las del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien propuso eliminar la indemnización por despido, iniciativa con la que coincidió el también candidato de Juntos, Facundo Manes.
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Carta abierta a la mentira en épocas electorales: otra vez sobre el caso Nisman
Maximiliano
Rusconi, abogado
egresado y
doctorado por
la Universidad de Buenos Aires, fue
Fiscal General de la Procuración General de la
Nación.
Ex-Funcionario de las Naciones Unidas (Misión de las
Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos en
Guatemala).
Desde el año 2002, hasta el año 2007 fue asesor de
la firma DPK Consulting inc., para el mejoramiento de los sistemas de
investigación del delito de lavado de activos, en el marco de un
proyecto de asistencia de USAID.
En el año 2007 fue contratado
por la Unión Europea, en el marco de un Proyecto de la Escuela de la
Magistratura de la República Dominicana, a efectos de elaborar,
junto con otros juristas, un Manual de Teoría del Delito que fue
publicado en el año 2008, Publicó
en página 12 la
“carta
abierta” que comparto a continuación.
Hace mucho tiempo que no soy personalmente el abogado de Diego Lagomarsino pero eso que es la verdad a ningún pseudo periodista con intereses mezquinos le importa nada. A alguien le parecerá interesante que yo aparezca en las desinformadas notas armadas sobre viejos informes de las antiguas y sombrías agencias de inteligencia que el actual gobierno ya ha desmontado.
La defensa de Lagomarsino siempre ha pretendido ir a juicio lo más rápido que se pueda: de hecho, no ha apelado el procesamiento que es una de las vías para cuestionar un proceso tan endeble y arbitrario. Pero se sabe que, como pasa siempre, en el juicio oral las causas armadas dejan ver sus hilos ante la opinión pública. Por ello se busca tener siempre presente este expediente sin que avance mucho pero pueda hacer daño electoral cuando algunos cronistas envían el mensaje mediático: en estos días no ha sucedido ninguna excepción.
Es tanto el daño que se hace con la desinformación y la mentira que debo explicar qué es lo que ha sucedido con las discusiones procesales sobre el bendito teléfono de Lagomarsino.
Lo que la defensa de Lagomarsino solicitó ya se había pedido en otras causas por sujetos acostumbrados a tener más éxito en esta justicia federal de la Capital Federal. Concretamente hubo en su momento dos fallos de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, de fecha 6 de agosto del 2020, en el marco de las causas: CCC 16850/19/8/RH5 caratulada “Macri, Mauricio s/ recurso de queja” y CCC 16850/19/7/RH4 caratulada “Rodríguez Simón, Fabián s/ recurso de queja”, en los que se trató una cuestión idéntica y, claro, se resolvió de acuerdo a lo que solicitaba “alguna mesa periodístico-judicial”.
Lo que en esta oportunidad se requería de modo por demás racional era que el Sr. Juez de la causa (y no una de las partes como lo es el Fiscal) fuera quien realice la selección, análisis e incorporación de los elementos de prueba que surgen de los dispositivos y del teléfono.
La Cámara en los casos “Macri” y “Rodriguez Simón” afirmó que “…La regla según la cual es irrevisable la decisión de dictar medidas de prueba cede cuando, como en el caso, se demuestra un perjuicio directo o arbitrariedad…”, y que “…Existen principios que se extraen de cláusulas y garantías de jerarquía constitucional, que exigen que las pruebas ordenadas en el juicio penal se atengan a pautas de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad…”, aclarando que “…La derivación más clara de dichas reglas es la obligación de que las medidas se correspondan al objeto procesal concreto y definido del caso en que tocó intervenir”, etc, etc.
Lagomarsino tuvo menos suerte. Es (sobre) natural.
En un ataque de enorme sensibilidad coyuntural, esos jueces, cuando tuvieron que decidir en los casos mencionados dijeron que: “Tal actividad implica afectar sin sustento normativo –parcialmente, sólo en torno a lo que constituye extralimitación de los contornos de la causa- derechos individuales y esferas de actuación ajenas a la incumbencia jurisdiccional, de sus auxiliares o de las partes”. Y revocaron la orden de intervención.
Lo único que buscaba la defensa de Lagomarsino era que se sigan los lineamientos señalados por la Cámara en las causas previamente mencionadas -se llama igualdad ante la ley-.
Lo más llamativo era que quien impulsó esas decisiones era un abogado, llamado Pablo Lanusse, quien en el marco de la causa CCC 16850/19/8/RH5 caratulada “Macri, Mauricio s/ recurso de queja”, presentó uno de los recursos que motivó esa resolución de la Cámara. El abogado Pablo Lanusse ha actuado como parte querellante en este proceso por el caso Nisman: una mirada cándida hubiera esperado que mantenga el mismo criterio.
Lo expresado por el Abogado y ex interventor de la Provincia de Santiago del Estero en el año 2004, Pablo Lanusse, en aquella causa, es idéntico a lo que había expresado la defensa de Lagormarsino.
Sólo se buscaba que sea el Juez y no el Fiscal el que tenga la responsabilidad de resguardar el material probatorio secuestrado a los efectos de evitar la posible manipulación libre de su contenido por parte de los distintos sujetos involucrados en el proceso y así evitar filtraciones.
Insistimos, sólo se pidió que el disco sea remitido con exclusividad al Juez para que sólo él lo evalúe y determine aquellos elementos que pueden resultar necesario peritar a los fines de la investigación y, a la vez, delimitar aquellos que, sin tener ningún tipo de relevancia, deben ser dejados de lado, conforme lo dispone el Código Procesal (art. 235 CPPN).
Siempre se trató de evitar una violación no sólo al principio amplio de la defensa en juicio, sino de los derechos a la privacidad e intimidad.
Algo que la Jueza Federal de San Isidro Arroyo Salgado (actuando en representación de sus hijas) en esa misma causa solicitó a la Jueza Palmaghini. Allí se pidió lo mismo: que la propia Jueza (y no la Fiscal) realice la discriminación y que separe de la información contenida todo aquello que no es parte del objeto procesal. En ese momento la defensa de Lagomarsino nada objetó: siempre se buscó colaborar con la mejor investigación posible.
Hay casos en que la verdad, para ser respetada, debe desbordar las mezquindades y el cinismo de muchos. Hay que esperar.
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Martín Pérez, Periodista especializado en cultura popular y masiva. Escribe sobre música, cine, televisión, literatura e historietas, escribió en Página 12 una nota sobre Brian Travers, uno de los socialistas de UB40 que quería cambiar el mundo:
“De canciones y puentes”
Al menos así es como Travers presentó más de una vez a su banda, que se bautizó con el nombre del formulario de ayuda social al que todos sus integrantes se habían anotado. “Doy gracias a Dios por el seguro de desempleo: nos alimentamos, pagamos el alquiler y nos permitió concentrarnos en desarrollar nuestras carreras”, es la declaración que repiten varios de los obituarios que por estos días han despedido a Travers, que falleció a fines del mes pasado con 62 años, víctima de un tumor cerebral por el que lo habían operado varias veces desde que fue diagnosticado, dos años atrás.
Hijo de padres trabajadores --su padre trabajaba en el campo, su madre en una fábrica--, Travers dejó la escuela para iniciarse como carpintero en una obra en construcción, un trabajo que abandonó a las dos semanas. Con esa paga decidió comprarse un saxofón, porque era un instrumento que se podía tocar sin tener que enchufarse a nada. Como la escuela que había abandonado estaba dedicada al ámbito artístico, el futuro saxofonista se juntó con otros ex compañeros que habían pasado por su misma experiencia y comenzaron a tocar en un depósito ubicado detrás del cuarto donde él vivía con el que sería el bajista del grupo.
Leo en la necrológica que apareció en el Times de Londres que un documental que realizó la televisión británica llevó de regreso a los integrantes del grupo a ese mismo cuarto, donde descubrieron que en una pared todavía se podía leer una lista que habían escrito durante aquellos primeros ensayos realizados por ocho futuros músicos que al comenzar a tocar juntos confesaron que no tenían ni idea de cómo marcar un ritmo, o qué era un cambio de acorde o el puente de una canción. “Pero ya nos tomábamos en serio nuestra música”, subrayó Travers, que en ese documental recorrió aquella lista de cosas que en ese momento pensaban imposibles --la primera era tener un hit, la última tocar en el Madison Square Garden--, pero que las consiguieron todas.
UB40 fue una banda orgullosa de ser multirracial, y Travers co-escribió uno de los temas de su disco debut, Madame Medusa, dedicado --y no precisamente con cariño-- a Margaret Thatcher, por lo que nadie los podría etiquetar como complacientes, y sin embargo aquí en Argentina nunca fue escuchada como una banda combativa, sino todo lo contrario. Recuerdo haber estado en un River lleno para verlos, a mediados de los noventa, y creo que a la mayoría de los presentes en aquella fiesta del reggae --que incluyó a los Pericos y Paralamas-- lo del seguro de desempleo o la multiculturalidad no les interesaban demasiado, salvo que sirviese como excusa para seguir fumando porro o poder bailar toda la noche sin tener que pensar en ir a trabajar al día siguiente.
Hace tiempo que vengo pensando si el hecho de que hoy suene en todos lados la música que entonces era considerada ofensiva e incluso bandera de lucha significa un triunfo o una derrota. ¿Ganamos la batalla cultural, y ahora todos escuchan lo que escuchábamos algunos pocos? ¿O la perdimos, y se apropiaron de eso que creíamos que nos identificaba? A juzgar por la respuesta de Milei a La Renga supongo que muchos de quienes escuchan hoy sin prejuicios aquella música piensan que billetera mata ideología, y que esa supuesta batalla nunca tuvo lugar, ya que sus arcas siempre estuvieron llenas. Y seguramente, al menos desde ese punto de vista, tengan razón.
Pero lo más lindo que tiene la música es que tal vez sea el arte popular más democrático, porque para disfrutarla no hay que ser especialista en nada, alcanza con prestar atención durante tres minutos. E incluso menos, apenas hasta el estribillo. Suelo pensar que lo mejor de las canciones es esa capacidad de infiltrarse, como lo mejor de la cultura y cuanto más popular mejor, por esas grietas que aparecen incluso en la mejor muralla.
Ya lo cantó Leonard Cohen: “En todo hay una grieta/ es por donde la luz se filtra”. Así que en estos tiempos de grietas, donde a veces no podemos ver esa luz que seguro asoma por algún lado, me permito celebrar ese momento en que de pronto, y a veces sin darnos cuenta, estamos bailando todos al ritmo de la misma música. Esa que, por ejemplo, tocaban esos chicos desempleados que casi medio siglo atrás creían que sus ideas podían cambiar el mundo para mejor. Algo que sucede, qué duda cabe, al marcar un ritmo, pasar de un acorde a otro y dejarnos llevar juntos por el mismo puente, ese momento mágico donde todo parece poder suceder, y donde nada casualmente suele definirse la suerte de una canción.
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Invitación
El
presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, invitó al primer
mandatario argentino, Alberto Fernández, a participar del Foro
de Grandes Economías sobre Energía y Clima
que se realizará en forma virtual el próximo 17 de septiembre, se
anunció oficialmente.
Biden envió una carta a Fernández en la
cual, tras agradecerle por la organización del Diálogo de Alto
Nivel sobre Acción Climática en las Américas, que se efectuó el
miércoles pasado, le formuló una invitación formal al encuentro
sobre Energía y Clima, del que participarán
los líderes del G-20,
se indicó en un comunicado de la Presidencia de la Nación.
El
objetivo de esta reunión es discutir el camino y los esfuerzos
conjuntos para hacer frente a la crisis climática y transformar la
matriz productiva mundial para no sobrepasar el objetivo de aumento
global de temperatura de la cifra de 1,5° grados Celsius,
consensuados en el Acuerdo de París.
La
convocatoria de Biden al Foro de Grandes Economías sobre Energía y
Clima tiene
el carácter de preparatorio para la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP26),
a efectuarse de Glasgow, Escocia, del 1 al 12 de noviembre próximo,
y en seguimiento del Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática
en las Américas co-organizado por Argentina y otros países de la
región.
También constituye una continuación de los temas
encarados en la Cumbre Mundial de la Tierra de abril último, en la
que la administración Biden, junto a la Argentina y otros países
del mundo y de la región, dieron a conocer los lineamientos de su
renovado compromiso ambiental.
El presidente Fernández, en su
intervención, transmitirá a los líderes de las economías más
grandes del mundo la necesidad
de promover un debate en torno a ideas innovadoras
que permitan pensar en una nueva justicia social ambiental para
promover un desarrollo humano, integral y sostenible, señaló un
informe oficial.
En su carta, Biden expresó que "la crisis climática nos enfrenta tanto a un profundo desafío generacional como a una oportunidad extraordinaria para crear una economía más próspera y sostenible que beneficie a todos".
"Como
líderes de las principales economías del mundo, debemos asegurarnos
de que nuestros esfuerzos durante esta década crítica sean lo
suficientemente rápidos y audaces para mantener el objetivo de
mantener el aumento de la temperatura en 1,5 grados centígrados al
alcance", añadió.
El presidente de los Estados Unidos
recordó en otro párrafo que "en julio de 2021, los ministros
de clima y energía del G20 declararon la intención de todos los
países del G20 de presentar contribuciones ambiciosas determinadas a
nivel nacional por la COP26. Muchos ya lo han hecho. Nuestra reunión
es una oportunidad para que los líderes informen sobre los pasos
adicionales que están dispuestos a tomar".
(TELAM)
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América Latina, las Torres Gemelas y el 11 de septiembre
Pedro Brieger, Director de NODAL, en Prensa Ecuménica
Hasta el año 2001 en América Latina la fecha del 11 de septiembre estaba asociada al golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973. Su imagen con casco y metralleta, los aviones bombardeando el Palacio de la Moneda y la foto del general Augusto Pinochet, cruzado de brazos, con anteojos negros y desafiando al mundo para imponer el terror, quedaron grabados en la memoria colectiva. Hasta el día de hoy.
Sin embargo, hace veinte años, un 11 de septiembre, Estados Unidos sufrió una serie de ataques terroristas que conmovieron al mundo por su magnitud. Había sido atacada la primera potencia mundial en el corazón de Nueva York.
En menos de un mes Estados Unidos invadió Afganistán para derrocar a los Talibán y en 2003 sus tropas ingresaron en Bagdad para derrocar a Saddam Hussein.
En ese momento muchos evaluaron que había un giro de la política exterior de los Estados Unidos y que la Casa Blanca dirigiría toda su atención al mundo árabe e islámico. De manera superficial y bajo la presión de la coyuntura de las invasiones a Afganistán e Irak, se escribieron numerosos artículos asegurando que América Latina pasaba a ser secundaria y/o marginal en los intereses de los Estados Unidos.
Como sostiene la brasileña Livia Peres Milani -en un extenso y profundo estudio- se repitió hasta al cansancio que Estados Unidos había descuidado e incluso abandonado América Latina porque se había concentrado en el Medio Oriente y había dejado de lado su interés en la región. Después de analizar numerosos autores y estudios que sostenían esta postura y contrastarlo con los hechos, Peres Milani llega a la conclusión que después de los ataques del 11 de septiembre no solo que no abandonó la región, sino que incluso incrementó la visión militarista del Departamento de Estado con la excusa de luchar contra el narcotráfico y el terrorismo.
Una mirada menos superficial de la política exterior de Washington permitía comprobar entonces -y ahora- que Estados Unidos podía librar dos guerras de manera simultánea en Asia sin descuidar sus intereses en su “patio trasero”, en concordancia con su famosa “doctrina Monroe”.
De hecho, mientras Estados Unidos bombardeaba Afganistán en 2001 el Departamento de Estado intervenía activamente en las elecciones presidenciales del 4 de noviembre en Nicaragua para evitar un triunfo de Daniel Ortega. En paralelo, avanzaba con el proyecto del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), continuaba con el bloqueo a Cuba e invertía millones de dólares en el “Plan Colombia” diseñado en Washington.
En abril de 2002 un golpe de Estado liderado por civiles y militares derrocó a Hugo Chávez en Venezuela. Los grandes medios de comunicación -como el New York Times y el Washington Post- que saludaron el golpe dieron cuenta de las numerosas visitas de miembros de la oposición a la embajada en Caracas esperando obtener ayuda para derrocar a Chávez. No cabe duda de que el presidente golpista Pedro Carmona -que duró lo que canta un gallo- tuvo apoyo desde Estados Unidos.
El mismo año, antes de las elecciones generales en Bolivia, el embajador Manuel Rocha abiertamente llamó a votar contra Evo Morales so pena de suspender toda ayuda económica y cerrarle los mercados a Bolivia. En el año 2004 el presidente de Haití fue derrocado por un golpe de Estado y el New York Times revelaba la trama al afirmar que había sido como consecuencia de la “abierta presión de la administración Bush para permitir que remuevan un líder que no le gustaba y de quien desconfiaba”. El ex embajador de Estados Unidos en El Salvador y Paraguay, Roger White, públicamente aseguró que Roger Noriega -un funcionario que ocupó diversos cargos importantes vinculados con América Latina- le había dedicado años a la tarea de derrocar a Aristide.
Si bien estas intervenciones no tienen el sello de aquellas del Siglo Veinte cuando se enviaban directamente los marines para derrocar un gobierno y ocupar un territorio, el famoso Comando Sur (SOUTHCOM) no dejó de patrullar las costas de América Latina y el Caribe. La historia demuestra que Estados Unidos nunca abandona sus proyectos para influir en América Latina, considerada su área “natural” de influencia. En este sentido, nunca relega ni abandona la región, aunque esté enfrascado en guerras muy lejanas o no aparezca en el discurso de los dos grandes partidos durante las campañas electorales.
La continuidad de estas políticas la podemos distinguir desde los discursos de John F. Kennedy en 1961 cuando impulsaba la famosa -y fracasada- Alianza para el Progreso, y hablaba de “un plan de diez años que será un vasto esfuerzo cooperativo, sin paralelo en magnitud y nobleza de propósitos para satisfacer las necesidades de los pueblos latinoamericanos” hasta la iniciativa del ALCA -que nació en 1994-, pasando por el ya conocido “Consenso de Washington” de fines del siglo pasado.
Todos los proyectos fracasaron, entre otros motivos porque América Latina es la única región del globo donde existe un extendido cuestionamiento de las políticas imperiales y económicas de la Casa Blanca.
Si bien mucho ha cambiado en los últimos veinte años en el mundo desde los ataques a las Torres Gemelas, en esencia la política de Estados Unidos hacia América Latina no ha sufrido grandes modificaciones.
Por eso, “el 11 de septiembre” no deja de ser Chile. Es Pinochet en el basurero de la historia y es Allende agigantado en la historia. + (PE/Nodal)
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“Los atentados, el capitalismo de vigilancia y el fin de la privacidad”
Iván Gajardo Millas, Periodista en Telam
Los
atentados de 11-S trazaron una línea divisoria entre una época en
retirada y otra con parámetros y lógicas radicalmente diferentes
porque la denominada "guerra contra el terrorismo"
modificó el escenario geopolítico e impuso nuevas ideas de
"seguridad",
con costos en derechos humanos y libertades civiles, configurando un
escenario en el que la privacidad fue la gran perdedora.
Si bien
la vigilancia masiva ya era un tema de debate creciente años antes
-en octubre de 1999 la cadena pública británica BBC había
informado sobre la red secreta de espionaje internacional Echelon-,
un
mes después del 11-S el Congreso estadounidense promulgó la ley
Patriota,
que autorizó la vigilancia electrónica sobre sospechosos de
"terrorismo" sin orden judicial, así como investigar sus
negocios y relaciones personales hasta el sexto grado de
contacto.
Esta ley, aprobada por el Congreso estadounidense,
habilitó un escenario favorable al establecimiento de un estado de
excepción permanente, que de modo gradual instauró
prácticas que limitaron derechos y garantías constitucionales en el
mundo entero,
e impuso como "naturales" escenarios de ilegalidad y de
"excepcionalidad".
De
este modo, sobre la base de la "amenaza terrorista" que se
cernía sobre el mundo, Washington
justificó la guerra preventiva,
de las cuales Afganistán e Irak fueron solo los ejemplos más
notorios.
En 2013, más de una década después, el
excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y la CIA,
Edward Snowden, filtró miles de documentos clasificados que pusieron
al descubierto cómo evolucionó esta potestad casi sin límites
entregada a los servicios de inteligencia, y como se transformó en
una compleja red de colaboración entre decenas de organismos de
inteligencia de varios países, bajo cuyo funcionamiento se expandió
y consolidó una vigilancia globalizada sin ningún control
democrático.
Las
filtraciones de Snowden demostraron que Washington autorizó a sus
agencias de seguridad a vigilar el uso del teléfono e internet en
193 países del mundo y que éstas recogían y analizaban diariamente
5.000 millones de registros
de ubicación de teléfonos móviles y 42.000 millones de registros
de internet -incluidos correos electrónicos e historiales de
navegación- al mes.
En su libro "Vigilancia Permanente",
el propio Snowden cuenta sobre las consideraciones morales y éticas
que lo empujaron a recopilar miles de documentos que demostraron "la
actividad ilegal del Gobierno estadounidense", para entregárselo
a periodistas que los analizaron e hicieron públicos "ante un
mundo escandalizado".
Un proceso "en marcha desde
antes"
Si
bien la ley Patriota y la llamada guerra contra el terrorismo
marcaron un hito en el fenómeno de la hipervigilancia, se trata de
un proceso que "ya estaba en marcha desde antes", explicó
Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, que
defiende derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías
de información y comunicación.
"Es muy interesante
empezar a trazar este problema con la cuestión económica, con el
rol de los Estados Unidos y el complejo industrial norteamericano,
sobre todo el complejo industrial-militar, y el juego geopolítico de
la implementación de la doctrina seguridad", explicó en charla
con Télam.
Según
Busaniche, una licenciada en Comunicación Social y magíster en
Propiedad Intelectual, la "guerra contra el terrorismo" que
declaró Estados Unidos constituyó un hito de un proceso de larga
construcción del "otro peligroso" y del miedo al interior
de las sociedades.
Esta construcción -explicó-, permitió que
"una sociedad con una larguísima tradición de defensa de
libertades civiles como la estadounidense permitiera la
implementación de una ley tan abusiva en términos de invasión de
las libertades civiles y los derechos fundamentales".
Aceptar
estos mecanismos era parte del "deber" de ciudadanos que
"no tienen nada que ocultar", lo que fue configurando una
sociedad hipervigilada, funcional a la etapa actual del
capitalismo.
Y en esta nueva doctrina de vigilancia permanente,
para Busaniche, "emerge un actor nuevo, que tiene que ver con
las grandes empresas de tecnología de la información, con su base
fundamental en Estados Unidos, Google, Amazon, Apple, Facebook,
etc."
El modelo de negocio de estas megaempresas se nutre
de esa experiencia de vigilancia masiva.
"La recolección
permanente, no solo de datos, sino también de patrones de conducta,
de lectura, de comportamiento y de gustos, permite de forma más o
menos precisa prever hacia dónde va la voluntad de las personas, sus
gustos, sus consumos y por supuesto también tendencias políticas",
detalló la experta.
Luego destacó que la gama de alternativas
que esa información hace posible explotar, entre ellas la de
orientar hacia un lado u otro las líneas preferencias políticas, es
algo que "aunque suena bastante futurista, corresponde al modelo
de negocios del capitalismo del siglo XXI, que es qué es el
capitalismo de vigilancia".
Los datos, la información y
específicamente la prospectiva qué se puede hacer con esa
información constituyen uno de los elementos centrales del
capital.
Muchos organismos de derechos humanos y defensoras de
las libertades civiles vienen denunciando hace años cómo en esta
tensión entre seguridad y privacidad, la balanza siempre se inclinó
hacia la primera, lo que implicó una sustantiva pérdida de derechos
civiles.
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La defensa del derecho a la privacidad, de las víctimas del espionaje a los antivacunas
Paradójicamente,
en los últimos años, la misma defensa del derecho a la privacidad
que se volvió protagonista del espionaje masivo desatado por la
"guerra contra el terrorismo" lanzado por Washington se
volvió en muchos casos una justificación para quienes se niegan a
sumarse a medidas de cuidado, como es el caso de los movimientos
antivacunas, en el marco de la pandemia de coronavirus, reflexionó
en charla con Télam Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación
Vía Libre.
"La privacidad en tanto derecho individual
sirve para la creación de sujetos autónomos y el desarrollo de la
personalidad por fuera del escrutinio público y el mandato de lo
normado y decidir tus propias trayectorias en términos de género o
religiosos", argumentó la experta que defiende derechos
fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y
comunicación.
Pero también tiene un rol social, enfatizó y graficó que no somos los mismos en cada instancia y situación de nuestras vidas y en cada relación con nuestros pares, donde desplegamos "diferentes gradaciones de privacidad y decidimos qué exponer, qué compartir y qué mostrar".
La "mezcla infame" que propician las redes en las que unimos diferentes planos de relaciones -padres, jefes, hijos, etc- y diferentes niveles de privacidad, lo que impone una sola identidad, debilita nuestra capacidad de construir consensos", sentenció y concluyó: "Es fundamental entender que la privacidad es un derecho colectivo".
(TELAM)
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Mentiras y Desmentidas
El empresario y accionista del Grupo Indalo, Cristóbal López cruzó al periodista Alfredo Leuco por una información falsa que publicó sobre la causa de Oil Combustibles. Es “falso que nos quedamos con impuestos y falso los 8 mil millones. Lo dijo AFIP y hasta el propio periodista que escribió la nota”, le dedicó López al periodista en su cuenta de Twitter.
“Hola @alfleuco entiendo que tu empleador, @mauriciomacri, te mandó a repetir un guion viejo y que ya fue demostrado falso en la Justicia”, comenzó el mensaje en referencia a que expresidente, Mauricio Macri, sería el dueño de la señal de noticias LN+ donde se desempeña Leuco y en relación que esta semana la AFIP desistió de su rol de querellante en la causa.
Además, Cristóbal López sostuvo que “en otros periodistas podría ser simplemente falta de información. En tu caso, @alfleuco, se nota que es una manera de congraciarte con tu nuevo empleador, @mauriciomacri”.
“La próxima vez intentá hacerlo con algo que sea cierto, que se empieza a notar entre tus propios colegas”, reforzó.
En la víspera, sin que tuvieran que intervenir en la audiencia de manera verbal, y con la lectura por secretaría del desistimiento ingresado el miércoles, el Tribunal Oral Federal N°3 dio por desistida la querella de la AFIP en el juicio Oil Combustibles.
Su salida de la acusación –tanto en la demanda civil como en la acción penal-, adelantada por Ámbito, se debió a dos motivos centrales: la regularización de toda la deuda reconocida al fisco por parte de la petrolera, y el cúmulo de irregularidades detectadas en todo el proceso interno que llevó este caso a los estrados a partir de 2016. Con un pedido de extensión realizado por el Ministerio Público Fiscal, el alegato de la fiscalía comenzará el 23 de septiembre, lo que podría adelantar un veredicto a diciembre de este año.
En una breve audiencia que estrenó la modalidad de difusión vía YouTube para masificar los alcances de la publicidad, el presidente del Tribunal Fernando Machado Pelloni ordenó que se diera lectura por secretaría de los escritos ingresados por parte de los abogados de la AFIP que actuaron como querellantes.
Recordaron que el 11 de agosto pasado, el juzgado comercial decretó la conclusión de la quiebra por avenimiento de Oil Combustibles y que, ya que incluía los periodos y montos de capital insinuados en el proceso, “quedaba regularizada con los intereses”. “Se ha producido la regularización total de las deudas tributarias”, aseguró el escrito ingresado por la AFIP, por ende, “el objeto de la demanda civil devino abstracto” ya que de persistir reclamando “se podría incurrir en un enriquecimiento sin causa para el organismo pretendiendo percibir por vías diferentes el cobro de un mismo concepto”.
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Libertad de opinión o Libertad para mentir
¿Cómo establecer reglas democráticas para la moderación de contenidos que garanticen simultáneamente la libertad de expresión y disminuyan la desinformación? La pregunta fue parte del debate que se dio en el Foro internacional “Atrapados en la red: Las noticias falsas y los discursos de odio como amenazas para la convivencia democrática”, en el marco del Consejo Económico y Social presidido por Gustavo Beliz, con numerosos participantes multisectoriales, multipartidarios y con intervenciones de varias ponencias europeas. .
Martín Becerra presentó las siguientes “diez tesis” que incluyen una propuesta y una conclusión finales:
La respuesta incluye diez tesis, una propuesta y también una conclusión.
La presente etapa -caracterizada por la diseminación global de las TIC y por la Internet plataformizada con accesos masivos que, en la medida que se reduzcan las brechas digitales, serán aún más amplios- precisa como nunca de reglas de moderación de contenidos. En otras palabras: no hubo en ninguna etapa de la historia humana y en ninguna experiencia democrática, sociedad o grupo que, en su propia constitución, no estableciera reglas sobre lo que está permitido y no está permitido decir y hacer (por ejemplo, la pedofilia, la apología del delito y del terrorismo, los contenidos que ponen en riesgo la salud y la vida de terceros en nuestras sociedades). La base de la socialización es la construcción de pautas de convivencia en común.
El establecimiento de esas reglas, en la medida que sean legítimas y claras, que inequívocamente estén dirigidas a alcanzar objetivos de protección de derechos humanos, que sean establecidas por ley, que sean proporcionadas a su finalidad y que garanticen recursos de apelación y revisión, fortalece el derecho a la libertad de expresión en su doble dimensión individual y social. Lo anterior parafrasea los estándares del Sistema Interamericano de DDHH y en particular los de la Convención Americana, que tiene rango constitucional en la Argentina, y recrea los principios internacionales en la materia.
Hoy Internet, y en particular las grandes plataformas digitales que concentran la inmensa mayoría de los usos y aplicaciones masivos, no es un espacio carente de reglas de juego sobre qué puede y no puede decirse. Las cuentas y contenidos suspendidos y removidos del expresidente Donald Trump y otros varios mandatarios, incluso latinoamericanos, o la censura online sufrida por movimientos de derechos humanos y de derechos civiles en Colombia, Myanmar, Palestina o Bielorrusia, o la eliminación de la foto de “la niña del Napalm” por Facebook a pesar de su valor histórico, ilustran este argumento: los contenidos online tienen restricciones, hay definiciones variables sobre qué significa y cuáles serían los alcances del “comportamiento inauténtico” que las plataformas utilizan como motivo de remoción; en suma: la libertad de expresión no es absoluta en Internet.
Por consiguiente, hoy ya hay regulaciones de contenidos. Las deciden las compañías dueñas de las plataformas, es decir que es una regulación de facto. Y la evidencia reunida en los últimos años muestra que es una regulación mutante según reglas que no son democráticas -pues son corporativas-, que son opacas, que son contradictorias entre sí incluso al interior de una misma plataforma, y que no son recurribles en la mayoría de los casos y por la mayoría de los usuarios.
Como dijo el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, al abrir el Foro, las plataformas son hoy un espacio donde públicamente se conversa sobre cuestiones de interés común en las sociedades contemporáneas, donde las personas se informan, acceden a contenidos vitales para su salud, su educación, su trabajo y sus lazos con los afectos. Pero las plataformas digitales no son el único espacio de producción de contenidos donde circulan operaciones de desinformación: los medios tradicionales y la política profesional no son ajenos a ello (en las pantallas televisivas argentinas se promovió el consumo de productos lesivos para la salud pública en plena pandemia Covid-19, por ejemplo) y, es más, medios y políticos son animadores centrales de los contenidos más comentados en las plataformas digitales.
El volumen y la velocidad de viralización de contenidos en la sociedad red son inéditos y su moderación es una tarea ciclópea. No pueden hacerlo sólo personas, dada la programación algorítmica de las plataformas y el torrente de contenidos subidos a Internet cada segundo, pero tiene que haber muchísimas más personas y organizaciones comprometidas con la tarea. Los discursos sociales se inscriben en contextos (condiciones de enunciación, advertía Eliseo Verón) cuyo análisis es insoslayable para que la moderación sea adecuada, sea proporcional y no afecte el derecho a la expresión y preserve el derecho a la no discriminación, a la protección de datos y a la privacidad.
En foros como este escuchamos preocupaciones genuinas sobre la desinformación, las noticias falsas (que no son sinónimos) y sobre discursos de odio. El problema es la polisemia y ambigüedad de esos conceptos, que en una misma sociedad tienen interpretaciones e intérpretes muy diversos y hasta antagónicos. Debemos ser conscientes de este problema que, como muestra la legislación alemana sobre moderación del discurso de negación del genocidio nazi –que no es extrapolable de modo sencillo al continente americano, al menos no en el marco del respeto a la Convención Americana DDHH- demanda una laboriosa definición.
La pregunta es cómo se establecen las definiciones y las reglas de moderación del discurso público en plataformas privadas globales, es decir, quién y bajo qué condiciones establece esas reglas, qué criterios toma en cuenta para establecerlas, y quién controla a quien ejecuta esa función.
De aquí surgen varias preguntas relevantes: ¿hay mensajes que justifiquen la remoción sin previo contacto o derecho a descargo por parte de quienes los producen, aparte de los consabidos y legitimados límites a contenido ilegal?, ¿cuál es el trámite adecuado, según los estándares respetuosos de la libertad de expresión que comprende tanto el derecho a decir como el derecho a recibir opiniones diversas, para proceder a una remoción, a un bloqueo de cuenta o a la reducción de su alcance?, ¿pueden disponer grandes compañías privadas, como las big tech, políticas de contenidos que afecten el debate público en temas de interés relevante (elecciones, por caso) a espaldas de principios internacionales y de leyes nacionales de los países donde comercializan sus servicios?, el diseccionar unos contenidos catalogándolos como removibles o susceptibles de clasificación con etiquetas añadidas por la plataforma con criterios cambiantes en poco tiempo, ¿no ubica a las plataformas digitales como editoras de contenidos, y por lo tanto con responsabilidad ulterior por ello, como ocurre con los medios de comunicación, sean privados, públicos o comunitarios?, ¿es lógico que corporaciones privadas se arroguen el poder de policía sobre los contenidos que organizan la conversación pública, los flujos masivos de información y de opinión?, ¿acaso eso no supondría la institucionalización de censores privados con un poder superior a cualquier poder democrático?
La propuesta es que la naturaleza compleja e inédita de esta tarea sea asumida por la representación democrática de la sociedad; las respuestas deben ser simultáneamente regulatorias, corregulatorias y autorregulatorias, multisectoriales y multipartidarias. El desafío es cooperativo. No hay una sola medida que resuelva el conjunto variado de problemas que afrontamos. En particular, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo pueden albergar y convocar a debates amplios, con la participación extensa de la sociedad civil. Cuanto más abierto, democrático y participativo sea ese debate, más legítimas, plurales y respetuosas de los derechos humanos serán las respuestas.
En síntesis: cómo y bajo qué reglas circulan los discursos, quién puede escucharlos y cuáles son los límites de lo decible son cuestiones que remiten a la esencia de una democracia. Si a la circulación de ideas y opiniones se le imponen peajes arbitrarios o unilaterales, sea a través de controles gubernamentales, de corporaciones privadas (tema que no suelen contemplar los indicadores de «calidad democrática») o de sistemas mixtos de vigilancia, la capacidad de acceder y participar de los debates y decisiones públicas se resiente.
El tema asciende en la consideración de la agenda política en todo el mundo, de modo que habrá novedades sobre estas cuestiones. Así lo confirma la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen: “las interferencias en el derecho de expresión no pueden ser basadas solamente en reglas internas de una empresa” sino que “es necesario un conjunto de reglas y leyes para decisiones de tal efecto”. Como en los viejos folletines, esta historia continuará.
(Martín Becerra en su blog Quipu)
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Relatos en disputa
Desde siempre la disputa por los relatos que signan los sentidos de la realidad se han constituido en esos “objetos” de deseo que cualquier ejercicio de poder necesita para sustentar sus acciones y disminuir la fuerza de sus oponentes. Uno de los artilugios mejor utilizados es aquel que impide el ejercicio pleno del poder legitimo, cuyas herramientas legitimas se hayan administrados por personas con intereses y orientaciones diferentes a las propias. Aquí esta el centro de las disputas actuales en tanto el intento del poder por tornar su justificación como relatos verdaderos y falsos aquellos que orientan su ejercicio hacia otros intereses u objetivos. Esta es la razón central de la disputa entre los medios hegemónicos que son empresas transnacionales y transnacionalizadas y los Estados Nacionales cuándo sus gobiernos intentan políticas soberanas o llamadas “populistas” en tanto apuntan a generar hegemonía en los intereses de las mayorías de los ciudadanos ajenos a estas disputas, o que participan de modos menos directos.
La centralidad de las disputas se cierne entorno a cuestiones básicas pero no por ello faltas de complejidad. Soberanía Nacional o intereses extranjeros en el país o en la región. Libertades individuales que prevalecen sobre el bien común o las libertades comprendidas como relaciones entre igualmente libres. Poder económico o poder político. Democracia o libre comercio.
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Debate, Diálogo, Reflexión en las disputas de sentido
Jordi Mir Garcia escribe para “El País” de España
En febrero de este año escribió “Relato electoral contra conocimiento y verdad”
No importa si hay elecciones convocadas o no, lo electoral siempre está presente. Vivimos en un partidismo, un actuar de acuerdo con los intereses de partido, que pasa por delante o por encima de cualquier otro objetivo. El partido, lo propio, se ha convertido en fundamental. Parece ser el criterio principal que guía cualquier acción de la mayoría de las personas que forman parte de un partido o que, sin serlo, defienden una determinada posición. Hay excepciones, pero cuesta encontrarlas, cuesta que se puedan escuchar y ver.
La dinámica partidista de actuación va acompañada de un concepto que hace años que se ha instalado: el relato. Todo debe tener un relato, también nuestras actuaciones, nuestras vidas. Los partidos políticos generan relatos e intentan imponerlos, intentan convencernos de ellos.
Necesitamos relatos. Los relatos nos han acompañado siempre. Podemos pensar en la Ilíada, la Odisea, la Biblia, El Señor de los Anillos, Star Wars, Harry Potter, Avengers, historias mitológicas, religiosas, de superhéroes... Niños y niñas no paran de repetir que les contemos determinadas historias que les gusta escuchar una y otra vez, o que les pongamos una y otra vez determinadas películas o canciones. No solo les pasa a niñas y niños. También a quien ya tiene algunos años más y gusta de hacer maratones de sus películas preferidas, seguir determinadas sagas, series... Vivimos en los relatos y rodeados de ellos.
Los relatos también tienen su lugar en la política. La creación de relatos tiene un peso muy importante en la política actual y dependiendo de su creación y difusión puede tener graves consecuencias. Hay una tendencia en la creación de relatos políticos que busca establecer una realidad alternativa que nos separe de la realidad de los hechos. Los relatos políticos pueden tener como objetivo crear una nueva realidad que nos impida distinguir realidad y ficción. Los relatos políticos pueden ser ficciones que nos impidan contrastar la verdad de los hechos y hacer perder a la verdad toda relevancia. Llegados a este punto, la ficción ocupa el lugar de la realidad, de la verdad, del conocimiento del mundo en el que vivimos.
(…) Los relatos ocupan buena parte de la comunicación política. Los debates electorales no acostumbran a ser debates, son afirmaciones, descalificaciones e intentos de imponer un propio relato. Los mítines electorales acostumbran a ser momentos para la creación de estos relatos, puestas en escena. En estas elecciones en pandemia se ha defendido que la asistencia a un mitin electoral permitía no cumplir con una limitación establecida para hacer frente a la enfermedad. Se ha argumentado que el derecho a la participación debía estar garantizado. Sin entrar aquí en el debate entre salud y participación política, convendría pensar si los mítines tal y como hoy los conocemos tienen algo que ver con la participación política.
Ni buena parte de los mítines electorales, ni de la política institucional, por desgracia, tienen que ver con la participación del conjunto de la ciudadanía en la política. Hay excepciones y conviene destacarlas y valorarlas, de otro modo nuestra limitada democracia lo será todavía más. Si la política (las elecciones, los mítines, los debates que no son debates...) se queda en los relatos que buscan imponernos una ficción que no nos permite distinguir lo que es real de lo que no lo es, tenemos un grave problema para una sociedad que se quiera democrática. La imposición de estos relatos no nos permite debatir sobre la realidad, sobre los hechos, sobre lo que nos sucede. La imposición de estos relatos nos aleja del conocimiento, de los análisis, de los debates. No necesitamos estos relatos que nos enajenan, que nos alejan de la realidad. Necesitamos conocimiento, reflexión, diálogo, debate, para poder intervenir en los importantes retos que tenemos como sociedad. Los partidos deberían contribuir a ello, no dificultarlo. También los medios de comunicación.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
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