Repercusiones de lo que PASO y propuestas para seguir ...
Coronavirus
En el mundo: 224.511.226 casos confirmados y 4.627.540 muertes. Ayer se confirmaron 330.815 casos nuevos. Ya se administraron 5.534.977.637 vacunas ( OMS ).
En Argentina: 5.226.831 casos confirmados y 113.640 muertes. Ayer se confirmaron 2.297 casos nuevos y 239 fallecimientos. Ya hay 47.242.831 vacunas aplicadas ( Ministerio de Salud de la Nación y Monitor Público de Vacunación ).
Argentina superó los 60 millones de vacunas recibidas contra el Covid-19. Distribuyen segundas dosis de Sputnik, Pfizer, Morderna y CanSino. Detectaron un caso de variante Mu en Salta. En Santo Tomé confirmaron tres probables casos de cepa Delta. Aprobaron el formato burbuja para espectáculos públicos en grandes establecimientos en Córdoba y la apertura de salones de fiestas . En Santa Fe (ciudad) el 52% de la población tiene dos dosis.
La OMS dice que no hay evidencia sobre la necesidad de terceras dosis. Rusia aprobó el uso de la Sputnik Light. La justicia francesa imputó a la exministra de Salud por la gestión del Covid-19. Puerto Rico superó los 3.000 fallecidos. Bangladesh volvió a las clases presenciales tras 18 meses. Gran Bretaña autoriza la vacunación entre los 12 y 15 años. Fujian, en China , detecta 22 casos de la variante Delta, el pico máximo en un mes. Irak recibió el domingo 100.000 dosis del mecanismo COVAX. Se desaceleran los casos en Victoria, Australia . Un millón de chicos empiezan las clases presenciales en Nueva York .
PASO
La participación final fue de 66,7%. Tucumán y Neuquén, las provincias con mayor registro de participación .
Alberto Fernández habló tras los resultados del domingo en el primer acto oficial: “Este camino que iniciamos en 2019 no se va a alterar”. El jefe de Gabinete descartó cambios en el gabinete.
El Frente de Todos revirtió la tendencia y ganó en Salta por una ajustada ventaja.
La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, pidió la renuncia de todo su gabinete y evaluará cuáles acepta.
FMI
Kristalina Georgieva, la directora del Fondo, anunció que Ilan Goldfajn será el responsable del Departamento del Hemisferio Occidental desde el próximo 3 de enero.
Ocupará el lugar en reemplazo de Alejandro Werner. Goldfajn fue gobernador del Banco Central de Brasil (BCB) entre mayo de 2016 y febrero de 2019. Como responsable del Departamento del Hemisferio Occidental estará encargado de las relaciones con los países de América y un rol clave en las negociaciones sobre la reestructuración de la deuda argentina con el organismo.
El grupo de Economistas Argentinos nucleados en “Plan FeniX” difundieron su documento “El FMI y el modelo de desarrollo”
El Gobierno se encuentra actualmente abocado a una compleja negociación con el Fondo Monetario Internacional a fin de reestructurar el préstamo otorgado en 2018, por un monto cercano a los 44.000 millones de dólares, que comporta un plazo de repago inviable.
No hay dudas de que el acuerdo firmado en el 2018 entre el país y el FMI, al igual que el endeudamiento que de éste se deriva, abunda en anomalías. Fue concebido, negociado y firmado en un tiempo record. Ambas partes ignoraron las duras y duraderas implicancias que conllevaría en materia política, económica y social para un país que sufría las consecuencias de una crisis autoinfligida por un gobierno tan irresponsable e insostenible, como la propia deuda que estaba contrayendo.
El acuerdo con el Fondo devino de circunstancias muy particulares, e incluso pesaron sobre él sospechas (posteriormente confirmadas) de preferencia política hacia el gobierno que lo firmó. Es, por lo tanto, un acuerdo políticamente cuestionable y, en ese sentido, el Directorio del FMI que lo aprobó -con la visible presión del gobierno estadounidense de entonces- es corresponsable.
Un acuerdo con muchas irregularidades
El Directorio del Fondo ha contravenido disposiciones de su Convenio Constitutivo y de su reglamento interno al autorizar un financiamiento extraordinario que no cumplía las condiciones allí establecidas, otorgando además recursos que pudieron ser aplicados a la fuga de capitales.
Todo ello pese a haber sido advertido, por su propia línea técnica, de que se trataba de un acuerdo no sostenible. Por el lado argentino, se investiga actualmente si esta operación ha dado cumplimiento a las disposiciones vigentes, en particular, a las referidas a la participación del Congreso Nacional, tal como lo estipula la Constitución.
En consecuencia, se trata de una operación que implicó incurrir en prácticas legalmente cuestionables.
El cambio de contexto internacional a partir del nuevo gobierno en Estados Unidos y la materialización de las consecuencias de la pandemia establecen un nuevo marco. Es menester encontrar una resolución que comprenda esta cuestión en toda su complejidad y que active una vía que resulte sostenible para la Argentina.
Condiciones básicas para un nuevo acuerdo
El propósito de un posible nuevo acuerdo, que remedie los groseros errores cometidos en el pasado por el FMI (particularmente en Argentina), debe ser el logro de un programa que cumpla tres condiciones:
1. No bloquear el crecimiento económico con equidad.
2. Hacer frente en forma sostenible a los compromisos externos.
3. Conducir a la gradual disolución del problema del endeudamiento externo en el mediano-largo plazo, recuperando autonomía político-económica, sin tutelajes del Fondo.
Con el acuerdo de 2018, la Argentina pasó a ser el país de ingresos medios con mayor tiempo de vigencia de programas de asistencia del FMI. Ahora bien, esto no debe llevar a la conclusión de que estos acuerdos explican la frustración del crecimiento argentino.
Por el contrario, ellos son la expresión de la incapacidad de las dirigencias para articular un patrón de crecimiento sostenible, como lo patentizan los programas de reformas estructurales de los años ochenta y noventa, aplicados casi sin resistencias e implosionados por su propia inconsistencia.
¿Qué negociar con el FMI?
Es central que el nuevo programa con el FMI se asiente en un patrón viable de crecimiento que permita superar endeudamientos externos insostenibles. En otras palabras, el nuevo programa debe plantear un nuevo modelo económico en el que, como lo sostuvo en más de una oportunidad el Plan Fénix, la deuda deje de ser el palo en la rueda del desarrollo con equidad.
Es necesario, entonces, encarar dos tópicos esenciales. En primer lugar, cómo lograr niveles elevados y sostenidos de inversión, lo que no hubo en los dos últimos ciclos de crecimiento. En segundo lugar, cómo construir un patrón que, basado en un modelo que contemple tanto la disponibilidad de recursos primarios como el necesario desarrollo de la industria y los servicios intensivos en conocimiento, pueda administrar la restricción externa estructural con la cual la economía local choca una y otra vez.
Esto debería ser el centro de la negociación con el FMI. La clave no está en el endeudamiento y la negociación de la salida. Cualquier programa que sea concebido con el principal objetivo de cumplir con la deuda del FMI será ruinoso para el país. Por más que se otorguen años de gracia, mayores plazos de pago, canjes por objetivos ambientales y/o quita de punitorios y sobretasas, el problema estructural será resuelto sólo parcialmente. Lo fundamental es el proyecto que la Argentina (se) plantee.
Como dijera alguna vez el recordado Aldo Ferrer, cada país tiene el FMI que se merece. Una dirigencia débil y sometida a los designios de los fondos de inversión y calificadoras de riesgo sólo buscará un “certificado de buena conducta” para que el FMI imponga las restricciones que permitan asegurar posiciones hegemónicas y mantener el statu quo.
El antecedente exitoso de la negociación con acreedores privados
Como espejo de la actual negociación con el FMI, contamos con el acuerdo alcanzado con los acreedores privados, que se fundó en un argumento inapelable. En la lógica de las finanzas, un deudor riesgoso debe aceptar tasas elevadas por la posibilidad de un default.
No debe sorprender, entonces, que deudas contraídas en esas condiciones demanden reperfilamientos y reestructuraciones, porque esas tasas elevadas tornan impagables los compromisos. La negociación llevada adelante fue exitosa no sólo porque logró distender plazos y ganar grados de libertad, sino también porque supo apuntar al concepto correcto: reducir las elevadas tasas de interés a las que dicha deuda se había contraído.
Esta claridad conceptual debe reiterarse en la discusión con el FMI, exteriorizando un proyecto congruente y sostenible. La Argentina no negocia ante un acreedor convencional, sino ante una asociación integrada por los gobiernos de los países. Esta debe ser una discusión entre gobiernos sobre un proyecto de crecimiento sostenible y con equidad.
Estas negociaciones con el FMI son, sin duda, arduas pero podrán tener la virtud de consolidar el liderazgo estatal, un requisito central para avanzar en un proyecto que ordene intereses y prioridades, en articulación con los sectores y los actores sociales necesarios para concretarlo.
La resolución, en los términos recién expuestos, de esta compleja negociación podrá sentar las bases para un futuro en el que la Argentina deje de recaer en crisis que sumergen en coyunturas tan adversas como las que actualmente intentamos superar. Se trata, por lo tanto, de construir un proyecto sostenible de país dinámico e inclusivo, tarea que consideramos tan esencial como pendiente.
* Cátedra Abierta “Plan Fénix”. Facultad de Ciencias Económicas-Universidad de Buenos Aires.
Ley de Hidrocarburos
El gobierno presentará mañana el proyecto de Ley de Hidrocarburos que enviará al Congreso. Será un encuentro en el Museo del Bicentenario con sindicatos, empresas petroleras, gobernadores de provincias petroleras y empresas proveedoras del sector.
La letra del proyecto aún no se conoce y buscará incentivar a los productores ofreciendo garantías de exportación y un porcentaje de libre disponibilidad de divisas si se superan las metas de producción establecidas.
Pozo de Arana
A quince años de la declaración de Jorge Julio López en el Tribunal Oral Federal de La Plata, su testimonio volvió a ser utilizado para una causa de Lesa Humanidad. Fue ayer, en la causa que juzga a Etchecolatz por las torturas cometidas contra personas en el centro clandestino conocido como “Pozo de Arana”.
En aquella declaración, López dijo que Etchecolatz era “un asesino serial, no tenía compasión” y que “dirigió personalmente la matanza”. Tres meses después de esa declaración, Jorge Julio López fue visto por última vez y continúa desaparecido desde entonces. En la causa Pozo de Arana se juzga también a Julio Garachico por los mismos delitos.
Repercusiones de la derrota
Después de la derrota del domingo en las PASO, el oficialismo vivió un día intenso. Desde el entorno del Presidente adelantaron que impulsarán una batería de anuncios económicos con el objetivo de remontar lo que entienden fue un "voto bronca", generado principalmente por el deterioro de las condiciones materiales de la clases medias y bajas en los últimos años. Aunque en el Gobierno aseguran que las modificaciones tendrán que ver con las políticas y no con nombres, desde sectores del Frente de Todos ligados a la vicepresidenta reclaman un recambio de caras en el gabinete, sobre todo el área económica. Los ministros Martín Guzmán (Economía), el de Producción Matías Kulfas, Claudio Moroni de Trabajo y Matías Lammens de Turismo y Deporte, figuran entre los más cuestionados. Inlcuso hasta se barajan nombres de los posibles reemplazantes.
La primera aparición de Fernández después de la derrota puede leerse, en parte, como un gesto de respaldo a sus funcionarios. El lunes al mediodía presentó un proyecto de ley para apoyar el crecimiento de empresas nacionales en sectores estratégicos de la economía y en el acto, que se llevó a cabo en el Museo del Bicentenario, le dio protagonismo a dos de sus ministros más cuestionados por estas horas: Kulfas y Guzmán. Pero eso no detuvo la aparición de posibles reemplazantes. Por caso, por Guzmán suenan los nombres del actual ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, y el del economista Emmanuel Álvarez Agis, quien fue viceministro del actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Desde Casa Rosada argumentan que Guzmán tiene una gran tarea por delante con el FMI. Cerca del ministro agregan que "seguimos trabajando y gestionando como siempre", y que Guzmán está elaborando, junto a su equipo y el de la Jefatura de Gabinete, el Presupuesto 2022.
Los derrotados
Desde Casa Rosada insisten en que la derrota no es solo del Presidente. "Perdimos todos" es el mensaje que resonó todo el día en Balcarce 50. Argumentan que los resultados también fueron un mensaje para el kirchnerismo, ya que se perdió en distritos como PBA, el municipio de Quilmes y Santa Cruz, entre otros, y también para el massismo que perdió en Tigre y Chubut, donde gobierna Mariano Arcioni, cercano a Sergio Massa. En ese sentido, el entorno de Fernández dejó trascender que si había que hacer cambios de gabinete, en tal caso no solo habría que hacerlos a nivel nacional, sino también provincial. Desde PBA expresan que no están de acuerdo con esa idea y que "el problema no son los nombres, sino que hay que mejorar las políticas y la gestión porque la gente necesita respuestas". "Primero las políticas, después vemos los nombres", agregan.
"El Presidente se pondrá la campaña al hombro", aseguran desde su entorno, y señalan que recorrerá el país en los próximos meses. Este lunes Fernández almorzó con su denominada "mesa chica política territorial", compuesta por Cafiero, Zabaleta y Katopodis y allí el mensaje fue que el mandatario se pondrá al mando de la campaña para intentar en estos dos meses que quedan hasta los comicios de noviembre dar vuelta la elección. La idea es "volver a las bases" y "estar muy cerca de la gente", explican.
Paralelamente habrá una batería de anuncios económicos y vinculados al empleo para que las clases medias y bajas sientan cambios en el bolsillo y mejore su calidad de vida, que se vio claramente perjudicada por la pandemia y por la crisis económica que dejó la gestión del gobierno del ex presidente Mauricio Macri. "Esta elección fue una cachetada económica, pero en los próximos meses el país se va a ir recuperando y eso la gente lo va a notar", repiten en los pasillos de Casa Rosada.
Desde otros sectores del frente ligados al movimiento obrero opinan que "el Gobierno tiene que cambiar, independientemente de que nos den los tiempos o no para noviembre. Si en noviembre se muestra vocación de mover la aguja en donde la dejó clavada la desigualdad y la pobreza que tenemos hoy en Argentina, va a achicar la brecha, pero además va a construir la capacidad de gobernar mirando el 2023 y pensando que tenemos que ganar esa elección".
Desfile
Por la tarde la Casa Rosada fue un desfile de ministros que se dirigían a la oficina de Cafiero. El jefe de Gabinete recibió cerca de 10 titulares de las distintas carteras entre las que estuvo Moroni, Nicolás Trotta de Educación, Carla Vizzotti de Salud, Lammens, Jorge Ferraresi de Desarrollo Territorial y Hábitat, entre otros. Con todos ellos el Jefe de Gabinete organizó la agenda para las próximas ocho semanas y les pidió que de cada una de ellas formen parte los distintos precandidatos. Desde la cartera de Moroni aseguraron que estuvieron delineando sobre varias medidas que lanzarán estas semanas y en otras que ya tenían planificadas antes de las elecciones, todas vinculadas al empleo, capacitación y planes para los jóvenes.
Pero las reuniones para conversar sobre cómo revertir la derrota no comenzaron el lunes. Luego del discurso del domingo por la noche, el Presidente se fue a la quinta de Olivos donde cenó con el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, Cafiero y el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi. Cristina Kirchner también se fue en su auto ni bien terminó el acto. Pero en el Centro Cultural C, que ofició de búnker oficialista, siguieron las reuniones. En una sala se juntaron Kicillof, Máximo Kirchner, Andrés Larroque, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, el ministro de Desarrollo Juan Zabaleta y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. También estuvo un rato Massa. Zabaleta y Katopodis se fueron rápido y Axel se quedó hasta la madrugada con Máximo, Larroque y De Pedro. Massa, tras estar un rato en esa mesa, estuvo reunido con todos los representantes de su espacio, el Frente Renovador, que habían ido al bunker desde las distintas provincias. Allí conversaron sobre los resultados y hubo autocríticas, pero según explicaron fuentes del gobierno, no se delineó una estrategia, sino que "se pusieron cosas en común".
El día después de las elecciones PASO con un resultado muy negativo para el oficialismo, el Banco Central compró 15 millones de dólares, tuvo escasas intervenciones en la plaza de dólar futuro, el dólar blue bajó poco más de 2 por ciento y algunos operadores del mercado desarmaron parte de sus posiciones dolarizadas para pasar esos fondos a pesos para aprovechar la mayor renta que obtienen con la tasa de interés.
Este comportamiento de la actividad en el sensible mercado se concretó en uno de los meses (septiembre) históricamente más críticos para la estabilidad cambiaria por una cuestión estacional de menores liquidaciones de divisas.
El detalle de la evolución de la plaza cambiaria en el día después de una durísima derrota del oficialismo es una referencia ineludible en comparación a lo que sucedió en una circunstancia similar, en agosto de 2019, siendo Mauricio Macri Presidente de la Nación.
La reacción de entonces fue el desgobierno de un día eterno, provocando una megadevaluación con el consiguiente shock inflacionario y pulverización de los ingresos de la mayoría de la población.
Analizar uno y otro momento, en estas horas de euforia de la inmensa red de derecha política y mediática, puede parecer fuera de registro con la engañosa idea de que se trata de un atajo para hablar de la herencia y no de las carencias de la actual administración.
Pero es precisamente esta concepción conservadora la que obtura la reflexión acerca de las debilidades de las tareas realizadas y de la fragilidad en la construcción de una épica de la gestión en pandemia.
El manual del marketing político-electoral señala como dogma que lo importante para entregar a la población es una actualidad aliviada en el frente económico y ofrecer un horizonte de esperanza para mejorar esa posición relativa en términos de bienestar social.
El interrogante que la craneoteca dedicada a ordenar las campañas políticas no brinda respuesta es cómo entregar un presente desahogado y un futuro de expectativas positivas si no se precisa y enseña a las mayorías vulnerables -pobres, clases medias en retroceso, pequeños comerciantes e industriales- de los impresionantes condicionamientos que dejó el pasado.
Las restricciones para la expansión del gasto público para atender las urgencias económicas y sociales de la mitad de la población, la fragmentación y fragilidad del mercado laboral, la desarticulación del entramado productivo y la inmensa carga de deuda, además de arrastrar la mochila del FMI como acreedor y auditor, son potentes limitantes de este presente y del futuro deseado.
Esto no significa aprobar a libro cerrado de que se hizo todo bien o que no se pudo hacer más y mejor, sino que, además de haber necesitado más de audacia en la política de ingresos, el gobierno de Alberto Fernández requiere elaborar un relato sobre el destino económico de desarrollo e inclusión social y, en especial, las dificultades para alcanzarlo.
Para ello, como cualquier plan que necesita un buen diagnóstico para una mejor instrumentación, resulta imprescindible saber cuál es el punto de partida. Es una secuencia de tres pasos: pasado, presente y futuro. Si uno de ellos está ausente en el mensaje, la comprensión del proyecto político con sus respectivos objetivos económicos queda incompleta, carencia que tan bien sabe aprovechar la derecha para autoexculparse del desastre que deja en cada uno de sus ciclos políticos, siendo el último hace apenas dos años, y para poder presentarse a la sociedad como una opción renovada.
El desafío para enfrentar a una derecha liderada por la conducción política del poder económico es coordinar épica de gestión con audacia en medidas económicas dirigidas a atender las necesidades del amplio universo de población castigada por el modelo neoliberal que promete regresar.
Pensar América Latina
América Latina tiene desafíos históricos que aún no hemos podido resolver. La crisis del COVID-19 ha magnificado un conjunto de brechas estructurales que están conectadas a un crecimiento insuficiente, a desigualdades y debilidades institucionales muy complejas, así como a una restricción externa con una balanza de pagos siempre negativa, ya que nuestras exportaciones son menores a nuestras importaciones. Desde luego, estamos enfrentando un descontento social creciente, una fragmentación de los servicios de salud, un aumento de la desigualdad y de la informalidad.
Somos la región que la pandemia ha golpeado con mayor intensidad, en un contexto donde la desigualdad a nivel global es enorme y donde los beneficios del crecimiento se distribuyen muy asimétricamente. Antes teníamos la famosa curva del elefante, pero ahora estamos peor. Jeffrey Sachs ha sostenido que solo 500 personas en Estados Unidos concentran una riqueza de 7.000 trillones de dólares. Los más ricos están cada día más ricos y los más pobres cada día más pobres.
Nuestra región también está siendo impactada de forma profunda por el cambio climático. América Latina contribuye con 8,3% de los gases de efecto invernadero, pero nuestros países son altamente vulnerables al cambio climático, como queda tan claro en los huracanes Eta y Iota de Centroamérica, o en los incendios forestales en la Amazonía. El 80% de la población del Caribe vive 5 metros bajo el nivel del mar, por lo que urge crear un fondo de resiliencia para estos países. El financiamiento climático es uno de los graves temas que debemos abordar. El mundo debe ser mucho más solidario en relación al financiamiento de América Latina.
Tenemos hoy cinco grandes desafíos políticos.
Primero, la peor crisis con efectos socioeconómicos y políticos de gran trascendencia, que va a durar más de lo que habíamos previsto. Esto está creando una enorme incertidumbre, desencanto y desesperanza en la gente.
Segundo, el rol del Estado ha sido fuerte frente a la emergencia y la recuperación, pero ha presentado limitaciones que han abierto brechas en su respuesta y ha faltado, en algunos casos, un acercamiento con la ciudadanía. Los Estados se habían ido desmantelando en la década anterior y ahora vemos los resultados.
Tercero, el desempeño de los gobiernos va a ser evaluado por muchos actores y sus decisiones e insuficiencias van a ser percibidas en el contexto de un clima político complejo y de una gobernabilidad difícil en la reconstrucción pospandemia.
Cuarto, la transición y la recuperación requerirán pactos políticos y sociales de largo alcance que deberán ser construidos entre muchos actores mediante diálogos y liderazgos transformadores. Será necesario avanzar hacia consensos para universalizar la protección social y la salud. Debemos reorientar el paradigma de desarrollo neoliberal, yendo hacia políticas fiscales mucho más redistributivas y con sinergias con políticas industriales, ambientales y sociales.
Quinto, la solidaridad internacional, crucial, tanto a nivel regional como internacional. Tenemos que cerrar estas asimetrías globales, pero, a la vez, tenemos que procurar una voz única en nuestra región. Esta desintegración y fragmentación política a la que hemos estado expuestos no puede continuar. Somos una región que requiere no ser dividida para poder vencer. Necesitamos unirnos para garantizar, por lo menos, la salud universal, las vacunas, la seguridad climática, la paz y la estabilidad financiera.
Desigualdades y crisis
América Latina está marcada por la cultura del privilegio y la desigualdad. Ya antes del COVID-19 la ciudadanía de muchos de nuestros países expresaba un serio desencanto por el modelo vigente y una gran desconfianza por los liderazgos políticos. Este modelo está asociado a la concentración intensa de la riqueza, el deterioro ambiental y los límites en términos de inclusión al bienestar. El COVID-19 ha magnificado esto: instituciones políticas capturadas por las élites que no escuchan el clamor ciudadano y que no están dimensionando apropiadamente la profundidad del descontento social. La gente percibe la cultura del privilegio que naturaliza jerarquías y desigualdades, la discriminación que genera graves asimetrías de acceso a los beneficios del progreso, la deliberación política, el uso de activos productivos para abusos, la corrupción y la falta de oportunidades.
Lo más golpeado ha sido el mundo del trabajo, que sigue siendo el gran origen de las desigualdades. En lugar de constituirse como un espacio de reconocimiento recíproco, profundiza las brechas. La gran cantidad de informalidad provoca una gran disparidad de acceso a la seguridad social y a la salud. Por supuesto, las mujeres son las más afectadas al ser las que llevan una gran carga de trabajo no remunerado.
Todas estas profundas desigualdades e injusticias han quedado expuestas en esta crisis. La falta de respuestas a las demandas de los estratos medios está muy en la base de este desencanto, lo que explica que, en muchos países, la gente esté saliendo a las calles. Primero, el 80% de los latinoamericanos, antes de la pandemia, ya creía que sus gobiernos habían estado involucrados en alguna forma de corrupción. Segundo, tenemos la evasión y la elusión fiscal ya que el 6,1 % del PIB de la región se escapa del control. Tercero, solo el 22% confía en sus gobiernos. Desde luego que la confianza se ha ido deteriorando incluso en aquellas instituciones que tenían más confiabilidad, como era la iglesia, las fuerzas armadas o la policía.
La región está enfrentando la peor crisis en 100 años con impactos sociales y productivos que van a perdurar. En el 2020 el PIB regional cayó más del 7%, la mayor caída del último siglo. La pobreza y la pobreza extrema alcanzaron los mayores niveles en 12 y 20 años, respectivamente, con más de 209 millones de pobres.
Vamos a estar frente a una década perdida en términos de PIB per cápita. La desigualdad aumenta en 49 puntos porcentuales, con mayor agudeza en Sudamérica; mientras las exportaciones caen, lo que es también grave porque nuestras economías siempre se han jugado más por las exportaciones que por producir una matriz diversificada. La pérdida de empleos y el crecimiento de la informalidad marcó el 2020; en una región donde hay 40 millones de hogares no conectados a internet, lo que dificulta la virtualidad de la educación, el teletrabajo y la misma participación política, porque la gente está encerrada. La recuperación va a tomar varios años.
Tenemos así tres escenarios posibles:
Si nosotros crecemos a la tasa del último sexenio (0,4%) alcanzaremos los niveles de actividad económica de 2019 en una década;
Si creciéramos al 1.8%, que es la tendencia de los últimos 10 años, llegaríamos a estos niveles en 2025. Este es el escenario más probable.
Si creciéramos al 3% nos ayudaría a superar esta crisis en 2023.
Esta será una crisis que va a durar varios años, con una muy lenta recuperación del empleo.
Tenemos una desigualdad muy alta en América Latina y el Caribe, que además es subestimada porque nuestras encuestas de hogares no captan al 1% más rico. Nos damos cuenta de esto cuando comparamos las encuestas de hogares con la información tributaria. Hemos analizado esto para cuatro países y estamos avanzando en los demás. Por ejemplo, en Chile, según las encuestas el 1% más rico de la población participa del 7,5% del total de ingreso, pero cuando revisamos la información tributaria vemos que el porcentaje es 22,6% y si vemos la información de la concentración de riqueza alcanza el 26%. En Uruguay, que es uno de los países más igualitarios, también hay una enorme brecha y tenemos que medir mejor la desigualdad. Tenemos un Estado de Bienestar sumamente frágil. El 53% de la población económicamente activa no tiene protección laboral, ni de salud, ni de pensiones. Cuando miramos los estratos medios y bajos el 76,2% no está afiliado a un sistema de pensiones. El 48% de los ocupados de 15 años o más no están afiliados a sistemas de salud.
Así de fragmentada es la situación en América Latina y, en materia digital, que tiene un papel clave, estamos viendo que dos tercios de la población está conectada a internet por banda ancha móvil y 40 millones no están conectados. Estamos hablando del 33% de las zonas urbanas y del 77% de las zonas rurales, que están excluidos de la información y de la participación política. 32 millones de niños y niñas entre 5 y 12 años no pueden acceder a la educación virtual y solo el 21% puede hacer teletrabajo. Además, el 44% de los países no alcanzan la velocidad de descarga para actividades simultáneas en un lugar; es decir, que el que estudia o trabaja no puede hacerlo al mismo tiempo. Esto se agudiza en los quintiles más pobres.
Es verdad que la pandemia golpea a los adultos mayores en materia de salud, pero, en materia del mercado laboral, son las mujeres y los jóvenes los que enfrentan la situación más profunda de exclusión y discriminación. Así, según un cálculo de la variación del trabajo en el segundo semestre de 2020, las mujeres han tenido una pérdida de empleo de 18,1%, por encima de los hombres, que es 15,1%. Los jóvenes están todavía en una situación mucho más grave, en relación a su tasa de participación que a veces asciende a dos o tres veces más que el promedio de la región.
Lo público ha carecido de capacidad suficiente de respuesta. Se ha evidenciado la mercantilización de los servicios de salud en muchos países. Las cuarentenas, el distanciamiento y otras acciones han tenido una eficacia relativa porque muchos no han podido permanecer en sus hogares. La informalidad es tan amplia que no podemos acceder a ella ni llegamos a registrarla. La segregación en las ciudades hace que el hacinamiento se dé en los barrios más pobres, donde falta el agua y el saneamiento, y donde hay un mayor riesgo de contraer enfermedades pulmonares, cardiovasculares y diabetes. Los trabajadores informales no han podido generar ingresos, algo grave considerando que, como dijimos, representan el 54% en nuestra región con gran participación de mujeres, jóvenes, indígenas, migrantes y afrodescendientes. Además, las mujeres han abandonado la búsqueda de empleo porque han tenido que quedarse en casa haciendo tareas de cuidado, con gran aumento en las brechas de género al aumentar estas cargas.
Los países han respondido, no cabe duda, y han financiado de distinta manera sus esfuerzos fiscales. Ha habido un 4,1 % del PIB en esfuerzos fiscales, 10% en garantías estatales, en el 2020. Ha habido reasignación presupuestal, colocación y uso de bonos soberanos, en aquellos países que pueden hacerlo, y financiamiento de instituciones multilaterales de crédito. Pero todo esto es insuficiente. Nosotros vemos que los 20 países que han acudido a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial o a otros organismos multilaterales aún tienen una brecha por completar de casi 90 mil millones de dólares.
Esto se va a traducir en mayor endeudamiento y pago de intereses. Nosotros hemos calculado que entre 2019 y 2020 la deuda pública bruta de los gobiernos centrales va a aumentar de 46% del PIB a 55%. Lo más delicado es cuánto de nuestro gasto público va al pago de intereses. Hasta 2019 teníamos que pagar intereses por 2,6% del PIB. Para ponerlo en otra cifra muy impactante, pagamos en deuda más del 50% de lo que recibimos en exportaciones de bienes y servicios. Por eso es tan importante que la comunidad internacional entienda la problemática de los países de renta media y de las economías pequeñas que no pueden sostener este ritmo de pago de intereses y de deudas tan altas que no les dan espacio para crecer y para distribuir.
Obviamente la emergencia y la recuperación van a requerir más financiamiento. Entonces, el primer paso es eliminar los espacios de evasión fiscal, un 6,1% según nuestros cálculos. También se deben revisar los gastos tributarios que hoy ascienden a 37% del PIB. Esto es muchísimo, hay que revisar esos privilegios legales que le damos a empresas y a personas. Debemos fortalecer la recaudación tributaria, el 1% más rico tiene que pagar el impuesto a la renta, no podemos seguir así. También tenemos que mirar que las corporaciones paguen sus impuestos y sobre todo las que están asociadas al mundo digital que son las grandes ganadoras de esta pandemia.
Es necesario reorientar el gasto público. Hay aquí dos prioridades muy importantes: la inversión pública y el ingreso básico para apuntalar a los hogares y avanzar hacia la universalización de los sistemas de protección social. En el ámbito internacional, respecto al financiamiento, lo primero es que se amplíe la liquidez y que los países desarrollados y el Fondo Monetario Internacional, en particular Estados Unidos, acuerden una redistribución de liquidez. Hay liquidez en el mundo, pero se tiene que redistribuir desde los países desarrollados al mundo en desarrollo, junto a una nueva emisión de derechos especiales de giro por 500 mil millones de dólares que beneficiaría en gran medida a nuestra región, con 40 mil millones de dólares y 2 mil millones al Caribe, lo que es muy importante para apuntalar las reservas internacionales.
Hemos propuesto un alivio al Caribe del 12% de su deuda total para crear un fondo de resiliencia en esta zona tan altamente endeudada y muy vulnerable al cambio climático.
Propuestas para un nuevo futuro
En el documento de la CEPAL, Construir un nuevo futuro, crecer con igualdad y sostenibilidad, presentamos siete propuestas para conectar la emergencia con la recuperación. Lo que hagamos hoy tiene mucha importancia para el futuro.
1. Extender el ingreso básico de emergencia al menos por 12 meses.
2. Ampliación de plazos y períodos de gracia para las micro, pequeñas y medianas empresas.
3. Otorgar una canasta básica digital a los 40 millones de hogares que no están conectados, incluyendo una laptop o tablet y conexión de bajo costo.
4. Políticas monetarias y fiscales expansivas convencionales y no convencionales. No hay otro remedio que extender los estímulos fiscales por varios años más. Ahí las instancias internacionales nos tienen que ayudar.
5. Solidaridad internacional, alivio de deuda al Caribe y alivio al pago de intereses a Centroamérica.
6. Planes de recuperación basados en inversión, empleo y sostenibilidad ambiental.
7. Pactos políticos y fiscales para una protección social universal a mediano plazo.
Proponemos integrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Primero, impulsamos una tasa de crecimiento gradual con redistribución para poder eliminar la pobreza. Esto es posible, pero requiere decisión política. Hoy tenemos una tasa económica que es un techo que no nos deja ir más allá por los temas de equilibrio externo. También hay una tasa ambiental que es una restricción si queremos hacerla compatible con los equilibrios planetarios y una tasa social, es decir, la tasa de crecimiento necesaria para lograr la igualdad.
Empecemos por la igualdad. La tasa que nosotros necesitamos alcanzar en América Latina y el Caribe es del 4%. Si en el 2021 empezamos con 1,8%, tenemos que llegar al 4%, pero este porcentaje tiene que hacerse con redistribución. Ahí lo que estamos proponiendo es la transferencia de una línea de pobreza, del decil más rico (1%) al más pobre, que costaría 1.5% del PIB. Esto puede ir aumentando 0,5 a medida que vamos abarcando a más gente, para poder ir avanzando a los siguientes deciles más pobres. Si logramos este crecimiento del 4% y una redistribución de 1,5% del PIB, con un 0,5 anual hasta llegar al 3%, en 2024 podríamos eliminar la pobreza extrema y en 2030 la pobreza en su totalidad. Esto sería muy importante porque con esa tasa podríamos también crear los empleos necesarios para reducir el número de pobres. Hay una importante retroalimentación entre mayor igualdad y mejoras de competitividad y creación de empleos tanto formales como informales, aunque siempre es mejor crear empleos formales para que posean la debida protección social.
Pero también tenemos que tomar en cuenta que estamos muy limitados por lo que se llama la restricción externa. Tenemos una balanza de pagos negativa, tanto en América del Sur como en Centroamérica y en el Caribe. En América del Sur, la balanza de pagos fue positiva en el periodo 2004-2008 por el boom de los commodities, pero hoy estamos en -1,9 en términos del saldo en cuenta corriente. Centroamérica está en -3,3, gracias a que México está exportando. Esta tasa es un techo máximo de crecimiento impuesto por esta restricción externa porque, debido a la matriz primarizada de nuestras economías, si crecemos, aumenta también el consumo de bienes sofisticados que deben ser importados y nuestra canasta se desbalancea. Es por esto que América del Sur no puede crecer más de 1,4% y si quisiera hacerlo tendría que endeudarse o tener períodos de inflación más duros para poder equilibrar esta balanza de cuenta corriente. La restricción externa nos limita y por eso es tan importante diversificar nuestra estructura productiva y tratar de sustituir importaciones gradualmente.
También es cierto que la tasa de crecimiento no es compatible con la sostenibilidad ambiental porque se requiere un cambio estructural. Para poder crecer al 4% necesitaríamos progreso técnico. Aquí nuestra limitante es cómo hacemos para no rebasar los compromisos auto propuestos de cambio climático. El mundo nos tiene que dar espacio porque tiene un presupuesto de carbono muy reducido del que se están apropiando muy pocas economías. Si seguimos con el modelo actual de consumo y de producción y quisiéramos reducir las emisiones a 1,5 grados centígrados, entonces el mundo desarrollado no podría crecer, más bien debería tener un crecimiento negativo. La solución es que haya progreso técnico, es decir que tanto las economías desarrolladas como en vías de desarrollo podamos seguir creciendo, siempre y cuando tengamos la tecnología para reducir las emisiones de carbono.
Debemos cerrar estas brechas para llegar a un crecimiento con igualdad del 4%, y para esto necesitamos políticas industriales, ambientales y sociales actuando simultáneamente. Para lograrlo debe haber redistribución y un cambio estructural; es decir, tenemos que cambiar nuestra matriz productiva para poder exportar bienes de mayor valor agregado y tenemos que descarbonizar nuestras economías con progreso técnico.
Así, proponemos siete sectores dinamizadores que tienen un papel estratégico para promover el cambio técnico, generar empleo y reducir la restricción externa.
1. Transformación de la matriz energética hacia energías renovables no convencionales, más allá de la hidroeléctrica.
2. Movilidad sostenible en los espacios urbanos y la transición a la electromovilidad.
3. Revolución digital con inclusión.
4. La industria manufacturera de la salud. Sobre este punto debo mencionar el gran avance de México y Argentina al poner en marcha la vacuna de AstraZeneca, con la Universidad de Oxford y empresas nacionales. Lo importante es echar a andar la maquinaria nacional de la industria manufacturera para producir los insumos de estas vacunas localmente.
5. La bioeconomía: sostenibilidad basada en recursos biológicos y ecosistemas naturales.
6. El desarrollo de la economía circular.
7. El turismo sostenible.
Necesitamos iniciativas que impulsen el crecimiento, el empleo y la sostenibilidad, una política fiscal expansiva, financiamiento para las pymes, regular el uso de nuestros recursos naturales que es el patrimonio de nuestros pueblos, políticas industriales y tecnológicas para construir capacidades locales de innovación, para jóvenes y para aumentar nuestra competitividad.
En suma, proponemos cinco políticas: una fiscal; la social, hacia un nuevo régimen de bienestar; la ambiental, para internalizar las externalidades; las industriales; y las de integración regional.
Esta última política no es el tema que nos proponemos desarrollar aquí, pero creo que la integración y un multilateralismo renovado son urgentes.
Reforzar la integración regional es algo extraordinariamente relevante, porque sino América Latina va a participar en condiciones de debilidad o se quedará afuera de las negociaciones que se están dando a nivel global. Tenemos un problema muy serio en términos de cómo nos tratan instituciones internacionales, como las tres agencias de calificación de riesgo, que tienen una gran cantidad de conflictos de interés, son privadas y nos siguen haciendo downgrade; o sea, nos bajan la calificación haciendo más caro el financiamiento externo. Aquí deberíamos actuar colectivamente.
Finalmente, necesitamos un acuerdo ambiental más amplio y un nuevo pacto social: cambiar el modelo, poniendo la igualdad en el centro de nuestras prioridades. Esto lo decimos alto y claro. Una nueva generación de políticas, un nuevo régimen de bienestar social universal, instituciones que sean sensibles a la diferencia, una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad, abordar el descontento de los estratos medios y bajos, cerrar estas brechas y priorizar la sostenibilidad fiscal. Nuestra región tiene que revisar sus instituciones. En un contexto democrático, tiene que usar a la política como instrumento para diseñar un futuro transformador.
El presente texto es una adaptación de la clase que Alicia Bárcena realizó en el Curso “Estado, política y democracia en América Latina”, donde fue presentada por Cecilia Nicolini. La clase completa puede encontrarse en: www.americalatina.global
El Curso Internacional “Estado, política y democracia en América Latina” es una iniciativa destinada a militantes y activistas sociales, funcionarios públicos, docentes, estudiantes universitarios/as, investigadores/as, sindicalistas, dirigentes de organizaciones políticas y no gubernamentales, trabajadores/as de prensa y toda persona interesada en los desafíos de la democracia en América Latina y el Caribe. Ha sido promovido por el Grupo de Puebla, el Observatorio Latinoamericano de la New School University, el Programa Latinoamericano de Extensión y Cultura de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro y la UMET. Fue organizado por la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales, ELAG, y contó con el apoyo de Página12.
Hay que seguir ...
Las condiciones no son las mas favorables. Los intereses del poder económico concentrado y financiarizado no dejarán de meter presión y los actores nacionales reforzarán su posición dominante ante el resultado de las PASO. El crecimiento de la izquierda mas radical también forma parte del abanico que debe ser ponderado en las reflexiones en torno a esta realidad. La pandemia sigue y la variante Delta y Mu siguen constituyendo una amenaza real. El acuerdo con el FMI parece estar bien encaminado pero dado el escenario nacional e internacional no deja de constituirse en una limitación importantes para iniciativas de corte mas popular.
De acá a noviembre habrá que dejar tibiezas y excusas y definir un rumbo mas claro. Si se pierde, que al menos sea con las convicciones mas firmes y no claudicando en la gestión aunque la realidad nos indique que hay fuertes tormentas por delante.
Nadie se salva solo. Que cada quién haga su parte.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
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