Es la Economía ...
La pandemia no provocó la Crisis económica.
La crisis que vivió Argentina en 2018 es la peor desde aquella de diciembre de 2001.
Entonces el producto Interno Bruto (PIB) cayó por debajo del 10% en 2002 y la tasa de pobreza pasó la barra del 50%.
La crisis actual no tiene la misma amplitud. Entre el segundo semestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018, el PIB cayó un 4,2% y la producción industrial un poco más, mientras que recientemente, expertos del gobierno argentino pronosticaron un bajo crecimiento para el 2018. Menos grave, sin embargo, esta crisis es parte de una dinámica potencialmente incontrolable.
Algunos datos estadísticos sobre la amplitud de la crisis
Los datos que presentaremos aquí son informativos y representativos y la manera en la que se articulan es mucho más elocuente. Por ejemplo, la fuerte depreciación del tipo de cambio hace que los precios suban durante un tiempo más o menos prolongado. El pico inflacionista reduce el poder de compra y provoca un bajón del nivel de actividad en una economía poco abierta al comercio exterior de bienes, pero muy abierta a los movimientos internacionales de capital. Al cabo de cierto tiempo, la depreciación, sin embargo, puede alentar un auge de las exportaciones. Todo depende del estado de debilitamiento del sector industrial y de la demanda global. La crisis genera una disminución de los ingresos fiscales y aumenta el déficit presupuestario, pero reduce las importaciones de mercancías, lo que puede mejorar la balanza externa. Sin embargo, la disminución de los gastos públicos, utilizados para obtener el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y restablecer su credibilidad ante los mercados financieros, agrava la crisis. Estas medidas pueden acarrear efectos negativos. De esta forma, en lugar de mejorarse, la situación económica puede empeorar con los mercados financieros adoptando un comportamiento altamente especulativo. Esto es más probable si, ante una crisis estructural como la que vive Argentina actualmente, solo se toman medidas monetarias y de “corto plazo”.
Entre enero y septiembre de 2018, y especialmente desde finales del primer semestre de 2018, el tipo de cambio se depreció fuertemente (-50%). Esta evolución no es lineal. La depreciación y la apreciación pueden sucederse, pero durante el período considerado, la primera prevaleció sobre la segunda.
La inflación alcanzó el 41% en
2016 (mientras que el objetivo oficial era limitarla al 25%), como
resultado de la supresión de numerosos subsidios y de la devaluación
acontecida al inicio del mandato del presidente Mauricio Macri.
Luego, en 2017, volvió a caer al 24,8%,
permaneciendo, no
obstante, más alta que el objetivo fijado (entre 13% y 17%). Con la
depreciación del tipo de cambio en 2018, el aumento de los precios
debería superar el 40%.
La primera medida que se favorece generalmente para contrarrestar estas dos tendencias es elevar el tipo de interés.
Así, los tipos de interés pasaron del 40% al comienzo de la crisis al 60% en septiembre.
Por lo que han
superado en gran medida la tasa de inflación. Al hacerlo, el
gobierno esperaba conseguir un regreso del capital y contener la
inflación. Pero ha ocurrido lo contrario. El aumento de los tipos de
interés alimenta la especulación, acrecienta considerablemente el
servicio de la deuda pública y obstaculiza la reducción del déficit
presupuestario. Además, permite dudar sobre la capacidad del
gobierno para hacer frente a la crisis monetaria,
favoreciendo
así la fuga de capitales. Entre la llegada al poder del presidente
Macri a fines de 2015 y el mes de junio de 2018, ésta alcanzó los
cuarenta y dos mil millones de dólares.
El poder adquisitivo de
los trabajadores con empleo formal registrado cayó en más del 11%
entre noviembre de 2015 y septiembre de 2018 (y particularmente entre
enero y septiembre de 2018). Como resultado, la pobreza ha
aumentado considerablemente, especialmente desde la crisis monetaria
en la que la aceleración de la subida de los precios ha afectado
principalmente a las personas con los ingresos más bajos.
El
desempleo aumentó y la proporción del empleo formal en el empleo
total ha disminuido, mientras que la de los empleos informales ha
aumentado (entre 2002 y 2008 ocurrió lo contrario gracias al
fuerte crecimiento del PIB). En particular, el desempleo aumentó
entre el segundo trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018,
pasando de un 8,7% a 9,6% de la población activa. La estructura de
los empleos ha cambiado: los no asalariados, que realizan en su
mayoría empleos informales, han aumentado del 24,6% al 26% del total
de empleos durante el mismo período. El porcentaje de asalariados
con un empleo formal ha disminuido relativamente menos, de 49,8% a
48,7%, y la parte de los asalariados que tiene empleos informales ha
sufrido una ligera regresión pasando de 25,4% a 25,3% en el mismo
intervalo de tiempo.
Dos “déficits gemelos” que se vuelven insostenibles
Bajo la presidencia de Macri, los déficits en la balanza de pagos en cuentas corrientes y el presupuesto se han disparado.
El saldo de la balanza de pagos en cuentas corrientes alcanzó -4,8% del PIB a finales de 2017, mientras que en el 2012 se encontraba en cero. Concretamente, el saldo del balance de productos manufacturados de origen agrícola e industrial se volvió negativo desde el 2007.
El saldo positivo de la balanza de exportaciones
de materias primas compensó cada vez menos este déficit y, desde el
2013, pasó también a ser negativo, empeorando luego debido a la
caída del precio de la soja y de una competitividad industrial de
creciente preocupación, dos fenómenos reveladores de profundos
problemas estructurales.
En cuanto al saldo del presupuesto,
éste alcanzó -6.9% del PIB en la segunda mitad de 2018, con 2,1% a
título del servicio de la deuda pública. Éste último aumentó
significativamente (1,3% en 2015). Los gastos públicos (excluyendo
los pagos de intereses) disminuyeron: -
1,8% entre 2015 y 2016,
-2,2% entre 2016 y 2017 y -6,6% en los primeros cuatro meses de 2018,
afectando los gastos corrientes (gastos salariales) y particularmente
los de capital.
Sin embargo, el saldo negativo se agravó pues los ingresos disminuyeron al contrario de los gastos, siendo respectivamente para las mismas fechas: -3,8%, -1,5% Y -2,9% con motivo de la recesión de 2016 (-2,3% de crecimiento del PIB), de la débil recuperación de 2017 (2,8%) y luego la crisis en 2018.
El aumento de la deuda pública como porcentaje del PIB se aceleró. En efecto, esta pasó de 52,6% al comienzo de la presidencia de Macri a 82% en septiembre de 2018. Considerando la dificultad para reducir los gastos públicos, a pesar de las medidas cautelares del FMI y debido al aumento del servicio de la deuda pública resultante, es muy probable que ésta supere el 90% del PIB a fines de 2018.
Ambos “déficits gemelos”, el externo y el interno, revelan la apuesta perdida por el presidente Macri y su gobierno. Este consistía en la liberalización de las cuentas internas (reducción del gasto público distinto del servicio de la deuda2, disminución de subsidios, principalmente en el servicio energético, a veces impugnado por los tribunales) y la balanza externa para acceder a los mercados financieros para lograr sufragar los déficits y encontrar así los medios para relanzar un crecimiento que ha pasado a ser inacentuado. La recuperación del crecimiento debía entonces reducir mecánicamente el déficit presupuestario y la entrada de capitales extranjeros compensar el déficit de la balanza de cuentas corrientes. Los capitales, aparte de los especulativos, fueron muy modestos, con la excepción de las futuras inversiones en gas de esquisto.
Esta política económica debía también reducir la tasa de inflación. Los argentinos responsables creyeron que la disminución de los subsidios alteraría los precios relativos, y la pérdida de poder de compra se suponía resultaría en la reducción de las presiones inflacionarias, compensando así el alza en los precios de la energía causada por la eliminación de los subsidios. Este razonamiento resultó ser erróneo. La disminución de los subsidios y la caída de la demanda de los hogares supuso un aumento de los costos de las empresas lo que repercutió a su vez en los precios.
Por lo
tanto, el crecimiento se mantuvo lento y los “déficits gemelos”
socavaron la confianza de los argentinos más ricos. En estas
circunstancias, la fuga de capitales aumentó3 fuertemente;
los
mercados financieros vieron principalmente en el aumento del tipo de
interés una oportunidad para especular y no para invertir en el
sector productivo. Los valores denominados en pesos o dólares
atrajeron los capitales nacionales y extranjeros debido a los tipos
de interés muy elevados, ampliamente superiores a la tasa de
inflación, con lo cual las ganancias obtenidas se colocaron luego en
el extranjero. Como dijo Carlos Díaz Alejandro en la década de
1980, el gobierno argentino toma prestado el capital que los
argentinos y luego los residentes extranjeros depositan en el
exterior... para permitirle a estos últimos colocar de nuevo
legalmente su dinero en el exterior. A través de este mecanismo,
bautizado como “bicicleta financiera”, la deuda pública y su
servicio aumentan, lo que incrementa por igual la dificultad de
reducir ambos “déficits gemelos”. La velocidad a la que éstos
aumentaron y su alcance anunciaron una crisis monetaria. Esta se
manifestó con gran violencia al final del primer semestre de
2018.
Las decisiones tomadas por el gobierno para frenar el
ciclo crisis-inflación-déficit, restablecer la confianza de los
mercados y obtener una ayuda condicional del FMI han tenido el efecto
contrario al buscado. Los efectos acumulativos pesan mucho sobre el
tipo de cambio, la confianza de los mercados está cada vez menos
ganada. “El gobierno argentino ha pasado del cielo al infierno en
mil días”, escribe el diario de negocios brasileño O Valor.
Más
allá de sus debilidades estructurales y de los diagnósticos
erróneos del gobierno para frenar la inflación y dinamizar el
crecimiento, la economía argentina sufre tres desventajas:
una
sequía que ha afectado al sector agrícola y sus exportaciones, una
salida mediocre, en el menor de los casos, de la crisis económica de
Brasil y, a nivel internacional, una desaceleración del comercio
internacional y un retorno al proteccionismo de las dos principales
potencias, Estados Unidos y China. A esto se suman tres dificultades
políticas mayores para el gobierno: el llamado al FMI (considerado
corresponsable de la crisis de principios de la década de 2000), la
implementación de un plan de austeridad con consecuencias
sociales negativas (mientras que se abre un período electoral con
vistas a las presidenciales a finales de 2019) y una creciente
combatividad social.
Pierre
Salama “La Argentina a la deriva” en L E S A N N U E L S D E S
É T U D E S D U C E R I “AMÉRICA LATINA EL AÑO POLÍTICO
2018”
Una publicación del Observatorio político de América
latina y el Caribe (Opalc) N° 239-240 - Enero 2019
“Todos somos populistas”
Un famoso poema del norteamericano T.S. Eliot contiene el verso “abril es el mes más cruel”. Abril es uno de los meses de la primavera en el hemisferio norte; bien podríamos decir que octubre es el mes más cruel aquí, en el sur. Al menos para los y las profesionales de la política.
Sin duda octubre es el mes más cruel en 2021, así como septiembre fue el mes más cruel en 2019. El bache temporal que queda entre la realización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la elección propiamente dicha se termina convirtiendo en una una especie de no-tiempo sujeto a dos tensiones opuestas: los ganadores de las PASO quieren que llegue lo antes posible, los perdedores que no suceda.
Este efecto se vuelve aún más notorio cuando las PASO tienen resultados contundentes, como pasó en 2019 y volvió a suceder en 2021. Si las PASO solo se ganan o pierden por una diferencia de tres o cuatro puntos, las elecciones son competitivas y hacer campaña tiene sentido para quien haya salido primero y quien haya salido segundo. Si la diferencia son ocho puntos o más, ¿cómo salir a hacer campaña como si nada hubiera pasado?
Por supuesto, salir a hacer campaña puede servir. En el 2019, Mauricio Macri se recuperó del golpe de las PASO. Luego de un discurso desastroso en donde mandó a la sociedad argentina a dormir sin un solo voto contado, y de una conferencia de prensa en donde explicó a la sociedad en shock que ella misma era responsable de la suba del dólar por haber votado mal, Macri dio un golpe de timón y emprendió una gira de actos en treinta ciudades durante treinta días. Así, pudo recortar la diferencia hasta terminar a ocho puntos. Fracasó en ser reelecto, es cierto, pero esa levantada le permitió a Cambiemos tener un resultado bueno en Diputados y Senadores, y afrontar su nuevo rol opositor con un sólido bloque del cuarenta por ciento de los votos.
No debería ser imposible para el oficialismo salir a recortar la diferencia, aun cuando sea muy difícil revertir el resultado. Cambiemos no solo lo hizo en el 2019, sino que también mejoró sus cifras en 2017 (en ese año, Esteban Bullrich quedó segundo contra Cristina Fernández de Kirchner en las PASO para senador de la provincia de Buenos Aires y terminó ganándole en las Generales).
Sin embargo, Cambiemos tuvo en dos oportunidades dos reflejos que hoy parecen estar relativamente en falta en el Frente de Todos.
El primero fue un un mensaje unificado, expresado de manera convencida por Mauricio Macri. En esa gira de treinta ciudades en treinta días Macri demostró una actividad casi maníaca, gritando “sí se puede” y “no se inunda más” y besando, si era necesario, el pie de una señora que había perdido el zapato. Es cierto que una campaña legislativa es menos nacionalizada que una presidencial y que no convoca el mismo entusiasmo, pero el Frente de Todos no parece estar en proceso de aumentar la energía de su campaña (restringida también por el COVID.) El problema aquí no es de forma sino de fondo: la primera semana luego de las PASO mostró que el presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tienen diferencias sustantivas de mirada hacia la realidad y el gobierno, y quedan dudas (aún luego de los cambios de gabinete) de que esas diferencias se hayan resuelto. El problema es que un sprint de campaña va a necesitar la presencia de ambos; es más, va a necesitar que Cristina Fernández de Kirchner diga, de manera enfática, que la crisis se ha resuelto, que confía en Alberto Fernández y que es necesario para sus seguidores ir a votar al Frente de Todos. Hay una porción muy importante de los votantes del FdT que tienen una relación directa con CFK y su presencia y su palabra no pueden ser reemplazadas en los actos, mucho menos luego de hacer públicas sus críticas.
El segundo elemento que Cambiemos puso en juego en 2017 fue un decidido intento de mejorar las condiciones económicas en los meses entre las PASO y la elección. Esto incluyó, por ejemplo, suspender los aumentos tarifarios y aumentar las jubilaciones. Sin embargo, tampoco queda claro que el gobierno de Alberto Fernández tenga decidida una expansión del gasto social en estos días que quedan hasta la elección. De hecho, esta fue una de las cuestiones que le reprochó su vicepresidenta en la carta que le dirigió, en donde mencionó la palabra "ajuste". Sin embargo, los anuncios económicos de estos días fueron escasos y, sobre todo, dirigidos a un puñado de sectores relativamente privilegiados: se anunció el aumento del mínimo no imponible de Ganancias; la posibilidad de jubilarse con treinta años de aportes y menos de 60 o 65 años; un nuevo plan Previaje y una aumento del salario mínimo. Pero estas medidas beneficiarán solo o primeramente a los trabajadores registrados, mientras que el grueso de la crisis la sufren las trabajadoras en situación de informalidad.
Digo “trabajadoras” para enfatizar que, en gran medida, el peso de la crisis la están sufriendo sobre todo las mujeres pobres, que tienen el doble peso de estar empleadas informalmente y, además, haberse tenido que hacer cargo de los cuidados de niños, niñas, enfermos, ancianos y adolescentes en el contexto de pandemia. Los empleos perdidos en la pandemia han impactado mayoritariamente en las mujeres. Paradójicamente, la mayoría de los debates sobre la pobreza y el feminismo se enfocan en cuestiones como el lenguaje inclusivo o el apoyo o rechazo al aborto y no mencionan el simple e incontrastable hecho de que las mujeres pobres son las más victimizadas por la crisis económica; la tremenda crisis laboral y de cuidados que enfrentan las mujeres. Sin embargo, no se han concretado aún anuncios de gran escala para llegar a esta población, que casi seguro no va a gozar de la posibilidad de reservar una escapada a Uruguay con el programa Previaje.
El equipo económico del presidente parece estar apostando a que la recuperación económica traccione a la producción y la industria, y que estas transferencias y subsidios estatales dirigidos de manera mayoritaria a la clase media le permita aumentar sus consumos de tal forma de que se genere demanda de empleo hacia los trabajadores y trabajadores informales. Puede ser que esto suceda en el mediano plazo, pero no deja de ser un argumento sorprendentemente parecido al “efecto derrame”.
El problema en 2017 era la economía, fue la economía el problema en 2019, y es la economía en 2021. No se trata solo de ganar una elección, sino de poder dar respuesta a la pregunta de cómo se sacará de la pobreza a casi la mitad de los argentinos y argentinas. Los resultados de las PASO demuestran que la sociedad necesita oírlo.
María Esperanza Casullo “Populistas somos Todos” Cenital
Parece que no hubo pandemia
Alfredo Zaiat explica en Página 12
Aunque parezca extraño debido a que se trata de un acontecimiento despiadado, el más impactante para todos los habitantes del planeta porque nunca vivieron una crisis semejante, los efectos devastadores de la pandemia quedan en segundo plano cuando se evalúan el presente escenario económico, el recorrido en estos meses críticos y las perspectivas.
Se sabe que el mecanismo de negación es una estrategia potente para esquivar el dolor de traumas que atraviesan la subjetividad, en este caso la pandemia que alteró emocional y económicamente a las personas de una forma implacable.
No incorporar ese suceso a la hora de sumergirse en la reflexión acerca de las debilidades, condicionamientos y desafíos de la economía local conduce a definiciones que colaboran en la confusión general.
Cada uno ha vivido este período como ha podido, pero ignorar que ha alterado la organización personal, familiar y colectiva resulta un triunfo de un dispositivo político y mediático de derecha impune dedicado –con éxito- a convencer a la sociedad de que un embarazo está cursando el décimo mes.
Dos eventos que alteraron la tendencia del ciclo económico
El análisis económico no se reduce entonces a una o dos cifras y a partir de ellas presentar sentencias globales terminantes. Esa forma de abordar la complejidad de la economía es un comportamiento habitual de la ortodoxia. Hacerlo de ese modo puede llevar a conclusiones equivocadas y también a medidas desacertadas, más aún en el medio de un fenómeno global que ha agudizado el sentido de fragilidad individual y aumentado la incertidumbre general.
En el saber económico existe lo que se conoce como ciclo económico y eventos extraordinarios que modifican tendencias. Dentro de un acontecimiento excepcional como es la pandemia, que de por sí alteró todo, en 2021 ha habido además dos eventos que han tenido mucha relevancia y que si no se los incorpora en la evaluación del comportamiento de la macroeconomía no sólo derivan en valoraciones erradas, sino, fundamentalmente, en interpretaciones y acciones políticas fallidas.
Los dos eventos de este año que alteraron las condiciones de la actual fase de recuperación en el ciclo económico fueron:
El alza de los precios de las materias primas de exportación.
La intensidad y el momento de irrupción de la segunda ola de la pandemia.
Los impactos
¿Cuáles son los impactos del aumento de las commodities en la economía local?
El primero de esos eventos fue el importante incremento de los precios internacionales de las materias primas de exportación y también de insumos clave de la cadena de producción (aluminio, papel y acero).
Este shock externo tuvo su lado positivo por el mayor flujo de dólares, que relajó un poco las tensiones en el mercado cambiario, y por el incremento de los recursos tributarios por el cobro de retenciones a las exportaciones de los principales cuatro cultivos del agro (soja, maíz, trigo y girasol).
También tuvo su lado negativo porque incrementó la presión sobre los precios internos de los alimentos, que se ubicaron por encima del promedio de la tasa de inflación, además de impulsarla un escalón más elevado.
Esta suba de los precios, que comenzó en el último trimestre del año pasado alcanzando su pico en marzo de este año con el IPC de 4,8 por ciento, terminó derrotando la proyección oficial de inflación 2021 y la política de ingresos del gobierno de Alberto Fernández, que aspiraba a mejorar salarios y jubilaciones en términos reales.
Para ello había alentado acuerdos paritarios por encima de la tasa de inflación estimada y definido una nueva fórmula de movilidad jubilatoria progresiva, que es la misma que se aplicó en los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner.
De este modo, un evento extraordinario –el alza de los precios internacionales de las materias primas- alteró la meta oficial de mejorar los ingresos de sectores populares, para comenzar a restaurar la impresionante pérdida que padecieron en los años del tercer ciclo neoliberal de los últimos 45 conducido por la alianza macrista-radical.
Frente a ese impacto inesperado, hubo demora en el Gobierno para habilitar la reapertura de las paritarias de los salarios de trabajadores formales, mientras que para los jubilados de la base de la pirámide previsional la reacción fue la compensación con bonos para amortiguar el golpe inflacionario.
En ambos casos, el saldo al final del año puede ser una leve alza respecto a la inflación, dependiendo de cuál sea el recorrido de los precios en estos meses. Pero evidentemente hubo un bache en esa tendencia que coincidió con meses previos a las elecciones PASO, lo que influyó en las expectativas sociales y políticas de recomponer el poder adquisitivo y, en consecuencia, el consumo popular.
¿Qué hacer?
En esta instancia, ante el impacto negativo por el alza de los precios de los commodities de exportación y de insumos industriales, aparece el desafío de cómo amortiguarlo. El instrumento preferente de política económica para interferir en esa transferencia de precios internacionales a locales son las retenciones, enemigo principal y motivo de las batallas más despiadadas del complejo agroexportador.
Como se sabe, el nivel de retenciones dejó de ser una cuestión de debate económico para convertirse en una disputa extrema en el terreno político. Después del conflicto de la 125, en 2008, la sola mención de la posibilidad de subir en forma temporaria algunos puntos las alícuotas de las retenciones deriva en la convocatoria a una guerra santa de las entidades agropecuarias.
Basta observar los tambores de guerra que desde hace algunos meses exhibe el sector por la suspensión transitoria de una porción de las exportaciones de carnes con el objetivo de garantizar el abastecimiento doméstico y detener el alza de precios.
Esta restricción política, dada por la desigual relación de fuerza y minoría en el Congreso para aprobar una ley que suba retenciones, es un potente condicionamiento para la política económica con evidente influencia en la pauta distributiva. No tomar en cuenta esta limitación desvía el debate central sobre cómo está repartido el poder y la mayor o menor capacidad de las fuerzas políticas populares para disputarlo.
Si la discusión de la inflación se dirige hacia empresas con posición dominante o simplemente reclamar por más controles, y no sobre las limitaciones de la política económica por la prepotencia del poder económico para preservar privilegios distributivos, la comprensión de la dinámica económica queda lastimada.
En el actual contexto, no tener la posibilidad de subir retenciones tiene costos importantes porque estrechan aún más los márgenes de autonomía de una estrategia económica cuyo objetivo sea recuperar un entorno de estabilidad para mejorar la calidad de vida de las mayorías.
Ante este shock externo existió entonces el obstáculo político y económico para aplicar medidas compensadoras. Así adquiere real dimensión el significado de la derrota política, económica y cultural de la Resolución 125. Quienes fueron los triunfadores de esa batalla son un grupo privilegiado de la sociedad, que cuenta con respaldos mediáticos para demonizar las retenciones.
El momento en que se disparó la segunda ola del coronavirus
El otro evento que vino a intervenir en la dinámica del ciclo económico es la segunda ola del coronavirus, que interrumpió el alza de indicadores macroeconómicos en el segundo trimestre de este año.
Como se mencionó al comienzo, puede ser un mecanismo de defensa ante tanto sufrimiento, pero negar que el derrumbe y las dificultades de la recuperación nacen de la pandemia es un abordaje analítico desconcertante.
Existe una amplia red social, laboral y productiva de emergencia diseñada e implementada en tiempo record por el Gobierno nacional. Es válido el debate de si podía haber sido más intensa y durado más meses en toda su plenitud, pero ignorar que hubo una red de emergencia y, a la vez, restricciones fiscales y cambiarias es un camino inadecuado para la comprensión amplia de esta crisis.
Más aún cuando la fuerza política de derecha que administra la Ciudad, con el presidenciable Horacio Rodríguez Larreta, tuvo la peor gestión sanitaria de la pandemia medida en cantidad de muertos por millón de habitantes. Y en el frente económico con auxilios insignificantes para empresas y comercios y nada a los trabajadores del distrito.
Es el caso más impresionante para evaluar lo que significa ser de derecha, candidato del establishment y destinar un presupuesto desproporcionado de publicidad que resulta en el blindaje mediático más poderoso para un político desde la recuperación de la democracia.
¿Y entonces?
Identificar restricciones de la política económica y advertir acerca de eventos extraordinarios que impactan en el ciclo económico no implica desentenderse de la necesidad de diseñar una estrategia política y económica efectiva para abordar esos desafíos.
En esa tarea resulta clave, además de precisar el diagnóstico, saber que las bases materiales de la economía en general, y la estructura productiva y laboral en particular, no son las de 2015 cuando Cristina Fernández de Kirchner culminó el segundo mandato. Ni las de 2003 cuando Néstor Kirchner ingresó a la Casa Rosada luego del colapso de la convertibilidad. Y mucho menos las de 1989 cuando Carlos Menem asumió el gobierno luego de la hiperinflación, y ni las de 1983 con Raúl Alfonsín terminada la dictadura cívico-militar.
Cada una de las crisis traumáticas registradas en este período implicó el descenso de escalones en capacidades productivas, integración social y organización laboral, que las fases de auge sólo lograron reparar en parte la destrucción del entramado económico.
Este recorrido histórico colabora para pensar el presente desafiante por la doble crisis (macrismo+pandemia), con la misma aspiración de construir un sendero de desarrollo con inclusión social, señalando las restricciones tradicionales y las nuevas e identificando los diversos actores económicos y sociales emergentes de un largo período de crisis y recuperaciones, que ha generado un sistema laboral y social fragmentado, heterogéneo, frágil y volátil.
Para entender un poco más
Técnicamente, CFK no reclamaba aumentar el gasto, sino acelerar lo pautado según el Presupuesto 2021, donde se estipulaba un déficit fiscal primario del 4,2% del PBI para todo el año, mientras que a agosto el mismo se ubica en 1% del PBI. Siguiendo con esta lógica y haciendo una regla de tres simple (que no es del todo correcto, porque en los últimos meses del año el gasto suele ser más elevado, pero sirve a los fines expositivos), es evidente que el resultado fiscal en la actualidad se encontraría por debajo del proyectado y que, entonces, habría margen para aumentar el gasto público en lo que resta del año.
¿Pero es realmente así? En primer lugar, debemos advertir que el presupuesto 2021 se elaboró un año atrás, en septiembre del 2020, con lo cual varias de las proyecciones utilizadas para estimar el gasto, la recaudación y el déficit fiscal se alejaron bastante de lo que terminó sucediendo, y en la mayoría de los casos eso llevó a una sobrestimación del déficit pautado. Por ejemplo, el repunte de la actividad económica (que se encuentra muy vinculado con la recaudación tributaria), había sido estimado en 5,5% y luego fue revisado al alza, siendo en la actualidad del 8%. Asimismo, la inflación (otra variable muy vinculada a la recaudación tributaria) había sido estimada en 29% y también se revisó al alza, siendo en la actualidad del 45%. Además tampoco se contempló la recaudación del aporte solidario (que representa aproximadamente 0,6% del PBI) ni la fuerte mejora de los precios de las exportaciones, que aportaron otro 0,2% del PBI. Todos estos elementos hicieron que en la actualidad la recaudación tributaria sea muy superior a la originalmente estimada.
Por el lado de los gastos, la diferencia más significativa estuvo en la estimación de la inflación, dado que varias erogaciones están muy vinculadas a la evolución de los precios (remuneraciones y subsidios energéticos, fundamentalmente). En este caso, la inflación más elevada que se observó durante 2021 se tradujo en un gasto mayor al estimado (en términos reales). En contraposición, como las jubilaciones y la AUH están indexadas con la nueva ley de movilidad (que se ajusta trimestralmente en función de la evolución de los aportes a la seguridad social y del salario promedio del sector registrado), las mismas se redujeron en términos reales durante 2021 (y por lo tanto se tradujeron en un gasto menor al estimado originalmente). Con la inversión pública también se observó un gasto menor al proyectado, aunque en este caso fue por una ejecución menor a la que debía llevarse a cabo.
En definitiva, lo que se desprende de lo anterior es que resulta lógico que la dinámica actual del déficit fiscal se ubique por debajo de lo estimado en el presupuesto 2021. Como punto de referencia, el último relevamiento realizado por el BCRA a las consultoras privadas muestra que en promedio esperan un déficit fiscal en torno al 3,5% del PBI para fin de año.
Al margen de la cuestión metodológica, el otro factor a tener en cuenta es cómo se financia dicho déficit. En el presupuesto estaba estipulado que el 80% sería financiado directamente por el BCRA y el 20% restante a través de la colocación neta de deuda en el mercado local. Acá había otro elemento que hacía pensar que el déficit iba a ubicarse por debajo del estimado originalmente, ya que el financiamiento directo a través del BCRA tiene dos componentes: las utilidades (que dependen de la ganancia contable que obtuvo durante el ejercicio 2020) y los adelantos transitorios, que tienen un límite legal establecido por su Carta Orgánica. La suma de estos dos componentes permitiría financiar hasta 2,3% del PBI para el déficit restante del año (1,7% por adelantos transitorios y 0,6% por las utilidades), con lo cual, no alcanzaría para cubrir el déficit total que figura en el presupuesto.
De todos modos, cualquier tipo de especulación con el rumbo fiscal a seguir quedó saldada con la presentación del presupuesto 2022 (realizado al día siguiente de la carta de CFK), la cual incluyó la actualización de las proyecciones para lo que resta de 2021, confirmando un déficit fiscal primario del 4%, mucho más cerca de la estimación original. Sumado a eso, el Ministerio de Economía anunció que, si bien utilizará los derechos especiales de giro (DEG) que recibió por parte del FMI para cancelar las deudas con dicho organismo, la manera de registrarlos contablemente será por medio de la colocación de una letra intransferible al BCRA a cambio de los $422.000 millones, que luego serán utilizados para cancelar parte de los adelantos transitorios adquiridos durante el año. En los papeles eso significa utilizar un artilugio contable para ganar margen de financiamiento, dado que la cancelación de los adelantos transitorios significa aumentar el monto disponible que tiene a disposición el gobierno, pero sin haber gastado un peso (es como si pagara el saldo de la tarjeta de crédito para poder volver a tenerlo).
Por último, el flamante jefe de Gabinete confirmó que esta semana se van a anunciar nuevas medidas económicas (aumento del salario mínimo vital y móvil, bono a jubilados/as, aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y una nueva versión del IFE, entre otras), con lo cual es muy probable que a partir de septiembre veamos una aceleración del gasto y del déficit fiscal.
Al margen del obvio motivo electoralista de las medidas, el aspecto positivo es que están apuntadas a los sectores más afectados por la pandemia y el aumento de los precios. No obstante, como ya mencionamos varias veces y como quedó en claro con lo sucedido durante 2020, el riesgo más grande es que la inyección de dinero que implica el financiamiento directo a través del BCRA provoque un salto de la brecha cambiaria que termine presionando al alza al tipo de cambio oficial. Las cartas están echadas, solo queda esperar a ver cómo responde la economía y el electorado.
(Juan Manuel Telechea “Rollover” Cenital)
Paradojas
Argentina es una de las economías más grandes de América Latina, con un Producto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente US$450 billones,
Con abundantes recursos naturales en energía y agricultura, en su territorio de 2,8 millones de kilómetros cuadrados, el país tiene tierras agrícolas extraordinariamente fértiles, cuenta con importantes reservas de gas y litio, y tiene un enorme potencial en energías renovables. Argentina es un país líder en producción de alimentos, con industrias de gran escala en los sectores de agricultura y ganadería vacuna. Asimismo, tiene grandes oportunidades en algunos subsectores de manufacturas y en el sector de servicios innovadores de alta tecnología.
Sin embargo, la volatilidad histórica del crecimiento económico ha impedido el desarrollo del país. La pandemia de Covid 19 y el aislamiento social como forma de combartirla agravaron la situación. La pobreza urbana en Argentina sigue siendo elevada alcanzando un 42,9% de la población en el segundo semestre de 2020 , con un 10,5% de indigencia y una pobreza infantil (niños menores de 14 años) del 57,7%.
Para hacer frente a esta situación, se ha priorizado el gasto social a través de diversos programas, entre los que se destaca la Asignación Universal por Hijo, un programa de transferencias que alcanza a aproximadamente 4 millones de niños y adolescentes hasta 18 años, el 9,3% de la población del país.
El impacto de la COVID-19 ha sido significativo en Argentina. Durante 2020 el país sufrió una caída del PBI de 9.9%, la mayor desde 2002.Para contrarrestar los impactos de la crisis, el Gobierno implementó un paquete de medidas de emergencia, para proteger a los más vulnerables y acompañar a las empresas mientras duró el aislamiento social. La economía doméstica sigue mostrando fuertes desbalances macroeconómicos. La inflación anual, si bien se ha desacelerado en un contexto de caída de la actividad económica, alcanzó el 36% en 2020, a pesar de la existencia de controles de precios.
En 2020, el Gobierno ha logrado concluir el proceso de restructuración de su deuda en moneda extranjera (tanto local como externa), despejando significativamente el perfil de vencimientos para los próximos ocho años. A su vez, las autoridades están avanzando en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para acordar un nuevo programa para los próximos años.
La actividad económica en el primer trimestre de 2021 creció un 2,5% respecto al mismo periodo de 2020 y un 2,6% respecto al trimestre anterior. Los primeros meses del año pasado estuvieron marcado por la detección de los primeros casos de coronavirus y de la paralización preventiva de casi toda la maquinaria productiva del país en la segunda mitad de marzo.
La recuperación de la economía, tras la caída de 9,9% en 2020, avanza a un ritmo por encima del esperado, aunque es heterogénea entre sectores. La situación sanitaria todavía es desafiante, en un 2021 signado también por las elecciones de medio término en octubre.
Puntos clave
Se espera un crecimiento del PIB mundial de 5,9% en 2021, traccionado por el muy buen desempeño de China y EE.UU. Para Argentina proyectamos un crecimiento económico de 7% este año, con un ritmo de recuperación decreciente a lo largo de los trimestres.
La pandemia dejó en el país dos desequilibrios macroeconómicos: 1) un déficit fiscal récord en los últimos 40 años, y 2) un exceso de pesos que la economía debe procesar, producto de la emisión monetaria necesaria para cubrir dicho déficit en 2020. El modo en que el Gobierno aborde su resolución determinará el desempeño económico de Argentina durante el resto de su mandato.
La inflación aceleraría de 36,1% en 2020 a 50% en 2021, a causa de la reactivación económica, el desequilibrio monetario vigente y una política macroeconómica que se mantiene laxa.
En agosto de 2021, Argentina reportó un superávit comercial de USD 2.339 millones, el más alto desde noviembre de 2019
(Banco Mundial – BBVA -América Económica – El País (España))
Resulta paradójico, sin embargo, que mientras los números e indicadores de la economía comienzan a dar señales de recuperación en los meses de Junio, Julio, Agosto y lo que va de setiembre, las PASO parecen no haber percibido esa realidad, obligando al Estado Nacional ha profundizar las medidas redistributivas intentando que esa realidad sea mas percibida por la población en general y los sectores mas castigados en particular.
Nadie se salva solo. Que cada quién haga su parte.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
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