Patriarcado, colonial, capitalista, neoliberal.
La vicepresidenta dijo que estamos ante "la última oportunidad que vamos a tener como país si no encontramos una solución conjunta". Si a eso le sumamos lo que dijo el sábado anterior acerca de no utilizar los fondos que va a redistribuir el FMI -conocidos como DEG- para reactivar la economía, creo que podemos extraer dos conclusiones. La primera es que la situación actual de la economía, atravesada por años de estancamiento, el default de la deuda y una pandemia, hacen que se encuentre en una situación muy delicada y con escaso margen de acción. La segunda, vinculada con la anterior, es que su arreglo demandará bastante tiempo y eso indefectiblemente requiere de una solución consensuada por todo el arco político.
Ya arriesgando un poco, podríamos decir que terminó primando el enfoque guzmaniano de la economía, es decir, que hoy la inflación es el principal problema a resolver, pero que solucionar eso va a llevar bastante tiempo porque, entre el excesivo endeudamiento en moneda extranjera de la gestión anterior y la pandemia, la economía argentina enfrenta límites muy marcados que operan sobre los dos principales frentes macroeconómicos. Por un lado, el cambiario, reflejado en estrictas regulaciones que llevaron al surgimiento de una brecha cambiaria que es muy difícil de controlar y que además refuerza las expectativas de devaluación; y, por otro, el fiscal, donde se combina el elevado déficit provocado por la pandemia con las dificultades para financiarlo.
¿Y qué va a hacer el gobierno? Honestamente no lo sé, pero si el diagnóstico anterior es correcto, desde allí se pueden esbozar algunos lineamientos que podrían servir como hoja de ruta de un plan para lograr la transición desde la situación actual hacia una economía con inflación baja y estable. Varias de las medidas ya implementadas apuntan hacia esta dirección, otras no tanto.
Mercado cambiario unificado y tipo de cambio estable. Como ya vimos varias veces, resulta claro que el principal foco de tensión se presenta en el tipo de cambio, donde a través de las devaluaciones se inicia el ciclo disruptivo. En función de eso, uno de los objetivos principales de la política cambiaria debería ser la de mantener relativamente estable el tipo de cambio real, de modo de evitar apreciaciones sostenidas, como las observadas en el pasado, que son las que luego dan lugar a los saltos cambiarios. Para lograr eso, uno de los requisitos necesarios es la reunificación del tipo de cambio, de modo de recuperar el manejo total de la política cambiaria.
Manejo contracíclico de la política fiscal. La política fiscal, y en particular el gasto público, es la herramienta por excelencia para asegurar un piso mínimo de bienestar económico a través de medidas como la AUH, el haber mínimo o la reciente tarjeta Alimentar. Además, esta herramienta también resulta clave para impulsar la demanda agregada. Pero, como mostramos acá, la estabilidad cambiaria también se encuentra vinculada con el nivel del déficit fiscal y su financiamiento; por ende, esta herramienta debería llevarse a cabo con un enfoque contracíclico, aumentando el gasto público cuando el nivel de actividad económica se contrae, y viceversa. Esto no solo permite contrarrestar las caídas de la actividad económica, sino también mantener el control sobre el resultado de las cuentas públicas.
Desarrollo del mercado doméstico de capitales. El desmedido endeudamiento en moneda extranjera y su posterior default no solo provocaron secuelas muy duraderas en la economía, sino que además hicieron que sea prácticamente imposible la obtención de financiamiento en los mercados internacionales. Para que de una buena vez por todas no volvamos a tropezar con la misma piedra, hay que desarrollar el mercado doméstico de capitales, de modo de lograr que en un futuro la mayoría del financiamiento que demanda el sector público y el privado sea financiado en nuestra moneda y que a la vez se brinden instrumentos de ahorro en pesos que sean rentables para evitar que el ahorro se vuelva a la compra de dólares.
La salida es exportadora. La clave del éxito es el impulso a las exportaciones, ya que, como vimos, el proceso de desinflación demanda una buena cantidad de tiempo, por lo que resulta primordial la generación de divisas para poder transitarlo sin volver a caer en devaluaciones abruptas del tipo de cambio. Acá se requieren instrumentos diseñados a medida que apunten a sectores específicos para hacer que puedan exportar.
Como habrá quedado claro, muchas de estas cosas ya las tratamos en su momento. Esta hoja de ruta es una mezcla de análisis de lo hecho hasta ahora por el gobierno y otro poco de opinión personal sobre lo que creo que podría ser el rumbo a seguir. Lo guardo y en un año lo vemos de nuevo, a ver qué cómo salió.
ROLLOVER Juan Manuel Telechea Cenital
José Luís Martínez, Managing Director de Citrix México, escribe en T&N Magazine
¿Trabajar cuatro días a la semana, sin que aumenten las horas de jornada diaria? Esto ya es una realidad en muchos países del mundo como Nueva Zelanda, Japón, Alemania y España. Recientemente, se publicó un estudio del gobierno de Islandia en el cual, de 2015 a 2019, este país nórdico realizó ensayos a gran escala de una semana laboral reducida a un intervalo de 35 a 36 horas sin bajar el salario. Este informe concluyó que, con esta disminución, las personas son más felices, saludables y productivas.
En México, varios empresarios han empezado a debatir la idea para hacerlo posible, visualizando los óptimos resultados que han tenido las organizaciones de otros países. ¿Entonces, qué necesita el país para implementar estos nuevos esquemas laborales y estamos preparados para ello? Según el estudio “The Future of the Working Week” realizado por Citrix que ofrecía un panorama acerca de la viabilidad de la semana laboral de cuatro días presentado el pasado enero 2020, el 86% de los empleados mexicanos contestó que sí lo aceptaría, pero solamente si significara mantener el mismo salario. Sin embargo, el 51% dijo que no creía que fuera una opción real en un futuro cercano.
Es importante mencionar que los resultados de este estudio son pre-pandemia. Esto es relevante ya que, antes del 2020, México estaba atrasado en la implementación de otros esquemas laborales como el home office, en comparación con otros países de la región. Sin embargo, en los últimos meses, los líderes mexicanos tuvieron que reinventar los espacios de trabajo para brindar modalidades de trabajo flexible a su fuerza laboral y se dieron cuenta de los múltiples beneficios: ahorro en costos, productividad, mayor tiempo personal para los empleados… También vieron que para lograrlo con éxito deben valorar dos factores fundamentales: tecnología y un cambio en el liderazgo y la gestión del capital humano, donde los empresarios valoran más la productividad real en base a objetivos concretos que las horas en una oficina.
Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 75% de los ciudadanos padece fatiga por estrés laboral. El mismo estudio de Citrix mencionado anteriormente indicó que el 64% de los empleados mexicanos respondió, antes de la pandemia, que el país estaba enfrentado una epidemia de “burn out”.
La realidad es que la aceleración de la implementación del home office hizo que las compañías no sólo se ocuparon más de cuidar la salud física de sus empleados, sino también de la salud mental, porque visualizaron los retos que tenían y reconocieron que es necesario apoyar a sus empleados de una manera más holística. En este contexto, el estudio “A 1 año de la pandemia: ¿Cómo ha cambiado el mundo del trabajo?” realizado por OnePoll en nombre Citrix en marzo 2021, concluyó que, el 53% de los mexicanos dijo que su bienestar físico y metal es mejor ahora que en 2019 y el 73% se sintieron apoyados por su organización para equilibrar la vida laboral y familiar durante la pandemia.
Entonces está claro el camino para que una semana laboral de 4 días sea una realidad en México: seguir impulsando la flexibilidad laboral. Las empresas que ya dieron sus pasos el año pasado y estén evaluando tanto los esquemas 100% remotos como híbridos para el futuro reciente, deben seguir adoptando un enfoque centrado en las personas, en todos los aspectos de la infraestructura empresarial: espacios digitales y físicos, procesos y cultura. Para lograrlo, es fundamental una colaboración estrecha entre los departamentos de Recursos Humanos y Tecnología. Los primeros evalúan cómo se sienten los empleados, de qué forma logran ser más productivos y que obstáculos encuentran en su rutina. Y en función de esta información, la tecnología puede ayudar a automatizar tareas repetitivas, simplificar el acceso a los datos, facilitar la búsqueda de las herramientas, brindar mayor seguridad, entre otras funciones.
En conclusión, la transformación que se aceleró en las empresas en los últimos meses está lejos de terminar; y va desde cambios en los estilos y espacios de trabajo hasta cambios tecnológicos y culturales. Al mirar hacia adelante, la perspectiva es positiva. Para los líderes empresariales, el implementar completos espacios de trabajo digitales que impulsen una óptima experiencia y mayor flexibilidad junto con políticas de RH innovadoras, resulta crucial para dar el próximo paso en el camino hacia una mayor flexibilidad laboral.
Martín Becerra, Investigador Principal en el Conicet y Profesor Titular por concurso en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Doctor en Ciencias de la Información (U. Autónoma de Barcelona), donde también se recibió de Magíster en Ciencias de la Comunicación. Especialista en políticas de medios, telecomunicaciones y TIC., escribe en su blog “Quipú”
Cuesta identificar el eslabón más vulnerable de la industria periodística en tiempos de crisis existencial de los medios, de cierre de empresas, de mudanza de hábitos de información de la sociedad, de precarización del trabajo en las redacciones. El horizonte es incierto pero en el ecosistema emergente de las comunicaciones hay algo claro: las mujeres periodistas están peor posicionadas, tanto por la histórica postergación de género (techo de cristal, peor remuneración por la misma tarea) como porque la sociedad interconectada se aleja de la promesa de intercambios virtuosos que prometían los gurús de las autopistas de la información hace 20 años.
Una periodista recomienda, en su perfil personal de una de las plataformas de redes sociales, una producción de colegas suyas que acaba de leer. Lo que viene será una pesadilla: durante las primeras horas recibirá una catarata de críticas de gente disconforme con su recomendación. Hasta ahí, es ley de juego: alguien opina, y otras personas opinan sobre su opinión. Las opiniones ajenas pueden ofender. Pero las críticas irán mutando en repudio y el repudio irá subiendo de tono, se tornará amenazante, exigiendo su despido del grupo mediático donde trabaja, una turba compuesta por gente conocida y desconocida pedirá que echen a la periodista por una recomendación que hizo a título personal y se viralizarán las intimidaciones, mientras ella decidiría borrar el posteo original y aclarar que no adhería a todo el contenido que había recomendado. En las horas y días siguientes la escalada incluirá agresiones profesionales y personales, sexistas y misóginas. Después, una de las figuras estelares del grupo usará el espacio masivo que anima en la radio para exponer la “vergüenza” que tendría que sentir la periodista, amplificando su aflicción por la multiplicación de ataques que, aunque ya venía sufriendo, su difusión pública incrementará.
Lo único que tiene de anecdótica la situación descripta es el nombre de la periodista y la causa del abuso que soportó, que fue relativamente suave en comparación con las lapidaciones que padecen las periodistas en todo el mundo a toda hora y que se asemejan a los ataques contra defensoras de derechos humanos. Y, si bien los hombres periodistas y activistas masculinos de derechos humanos también sufren hostigamiento y violencia en muchos casos, la escala e intensidad de este problema está marcada por la división de género.
Nada es “virtual” en la violencia en línea. Un reciente informe de la UNESCO en colaboración con el Centro Internacional de Periodistas (ICFJ) constata que la violencia en plataformas digitales contra las mujeres periodistas es un fenómeno global. “Hay un clima de impunidad en torno a los ataques en línea contra mujeres periodistas que debe ser abordado de manera más urgente y eficaz porque la impunidad envalentona a perpetradores, desmoraliza a las víctimas, erosiona los cimientos del periodismo y socava la libertad de expresión”, señala la UNESCO.
Las mujeres periodistas son el epicentro del riesgo por los ataques que cruzan misoginia, racismo, intolerancia religiosa, homofobia, amenazas de violencia sexual y de asesinato que abarcan a veces a sus familias con consecuencias devastadoras. “La seguridad psicológica, física, profesional y digital impactan sobre el derecho a la libertad de expresión y a la igualdad de género”, plantea el informe.
Ni los estados, ni las grandes plataformas digitales en cuyas redes sociales anidan las campañas de acoso contra las periodistas, ni las empresas de medios donde trabajan, han dado hasta ahora respuestas adecuadas a una problemática que el campo profesional de la comunicación conoce por su frecuencia y extensión. No se trata de incidentes aislados (aunque por supuesto hay incidentes aislados): los ataques suelen ser sistemáticos y orquestados, tal como documenta la UNESCO en el informe, denominado “Lo escalofriante: Tendencias globales en la violencia en línea contra las mujeres periodistas” (“The Chilling: Global trends in online violence against women journalists”).
La investigación que respalda el informe combinó metodológicamente una encuesta global a 901periodistas de 125 países; entrevistas con 173 periodistas, editores y expertos internacionales en libertad de expresión, derechos humanos y seguridad digital, 15 países de distintos continentes examinados en profundidad, dos estudios de casos de ataques violentos contra mujeres periodistas (Maria Ressa en Filipinas y Carole Cadwalladr en el Reino Unido), mediante técnicas de big data que procesaron más de 2,5 millones de publicaciones en Facebook y Twitter, y relevamiento bibliográfico.
El trabajo periodístico en general acusa el impacto de la pandemia COVID-19 alterando las condiciones laborales, cada vez más precarias, dependientes de la conectividad y de las fuentes disponibles en plataformas y aplicaciones de mensajería, por lo que resignar el uso de esos espacios para evitar ser objeto de violencia implica erosionar el desempeño profesional.
El papel de las “autoridades” dentro y fuera de las redes digitales –personas con más influencia- es abordado por el Informe porque en algunos casos estas funcionan como habilitadoras de violencia contra las mujeres periodistas. Así, los actores políticos y sociales pueden instigar ataques y acelerar su carácter acumulativo o bien, por el contrario, desalentarlos, según los encuadres con los que refieran a las periodistas y a su labor.
La UNESCO indica que las plataformas de las big tech “son los principales vectores o facilitadores de la violencia en línea contra las mujeres periodistas”, al tiempo que “los empleadores de los medios de comunicación son responsables de garantizar un entorno de trabajo seguro para sus periodistas”. Por su parte, los estados “están obligados a proteger a las y los periodistas, para que puedan realizar su trabajo con libertad y seguridad”.
La evidencia hallada por el informe muestra que hay “empleadores que culpan a las víctimas”, lo que va acompañado por “un patrón de vigilancia del discurso de las mujeres periodistas como respuesta a la “gestión” de la violencia en línea a través de políticas de redes sociales más restrictivas y punitivas”. En algunos casos, se disuade a las periodistas de hablar sobre sus experiencias de violencia en línea, para que “eviten discutir temas “controvertidos” en las redes sociales como medida preventiva”. O sea, se las invita a autocensurarse.
De hecho, uno de los hallazgos del estudio es que “la mayoría de las mujeres periodistas no informan ni hacen públicos los ataques en línea que experimentan”, en sintonía con los bajos niveles de denuncia/información de actos de violencia contra las mujeres en general.
La respuesta de las compañías dueñas de las redes sociales digitales es deficiente. Su diseño técnico y algorítmico carente de soluciones sensibles a temas de género se complementa con la falta de rendición de cuentas –que caracteriza su accionar en otros rubros-, y con la ausencia de coordinación entre plataformas para abordar coordinadamente las campañas de acoso contra periodistas y para reaccionar con rapidez y en todos los idiomas y países donde comercializan sus servicios ante estos problemas.
El objetivo de los ataques contra periodistas es el daño a su credibilidad y reputación mediante campañas organizadas de desinformación que difunden contenidos falsos y habitualmente misóginos sobre la vida privada (enunciados sobre cuestiones sexuales) o profesional (acusaciones sobre mal desempeño laboral pasado y presente) de las víctimas para atraer la atención y generar repudio –a la vez que interés morboso- sobre ellas. Esto, a su vez, desencadena la multiplicación de amenazas directas e indirectas con vocación viral. En algunos casos, organismos estatales o bien formaciones políticas que no conducen gobiernos colaboran en la construcción del ambiente de hostigamiento de las víctimas a través de su identificación pública como enemigas públicas, por ejemplo exponiendo datos personales y familiares como su dirección y teléfono, donde las amenazas se expanden al espacio privado e incluyen agresiones físicas.
En algunos casos relevantes que UNESCO analizó, las empresas periodísticas donde las víctimas de violencia se desempeñaban como empleadas no acompañaron sus demandas públicas ni sus reclamos judiciales, a pesar de que parte de la actividad por la que sufrieron acoso sistemático fue el trabajo en dichas compañías. Algunos de esos medios cuentan con anchas espaldas y amplia consolidación, como el británico diario The Guardian, cuya conducción se apartó del litigio de la periodista Carole Cadwalladr, víctima de una documentada campaña de hostigamiento por su labor profesional. Con esta experiencia, Cadwalladr creó el grupo “Real Facebook Oversight Board” (“la verdadera Junta de Supervisión de Facebook”, @FBoversight), en alusión crítica al grupo creado por Mark Zuckerberg que asesora a su conglomerado en la moderación de contenidos y que recientemente dictaminó que el expresidente Donald Trump no puede ser cancelado indefinidamente en las redes.
Los métodos de ataque contra periodistas son cada vez más sofisticados y evolucionan con la tecnología. Ello apunta, según la UNESCO, “a la necesidad de que las respuestas a la violencia en línea crezcan por igual en sofisticación tecnológica y coordinación colaborativa. Como demostraron los participantes de nuestra investigación, muchos empleadores todavía parecen reacios a tomar en serio la violencia en línea. Esto se alinea con el evidente fracaso de las empresas de Internet, cuyas redes sociales, mensajería y servicios de búsqueda facilitan gran parte del acoso, la intimidación, el abuso y las amenazas contra las mujeres periodistas, para tomar medidas efectivas para abordar esta crisis de libertad de expresión e igualdad de género”.
No hay una salida integral y sencilla para el conjunto de comportamientos que derivan en la violencia contra las periodistas, pero el primer paso de documentación e información de acceso público que dio la UNESCO resulta imprescindible para modificar prácticas que acosan sistemáticamente a algunas personas, horadan la conversación pública y carcomen la convivencia social.
Según UNESCO, la violencia en línea contra las mujeres periodistas está diseñada para:
• menospreciar, humillar y avergonzar;
• inducir miedo, silencio y autocensura;
• desacreditarlas profesionalmente;
• disuadirlas de participar activamente en el debate público (junto a sus fuentes, colegas y público.
En su Newsletter, Mariana Carbajal, periodista de página 12, escribe
La cloaca misógina de la política
Nada más machirulo que pretender descalificar a mujeres con alta exposición pública al vincularlas a una fake news con eje en su sexualidad. En los últimos días se difundieron varios nombres de mujeres que fueron a la Quinta de Olivos, por distintas razones durante el 2020, cuando regía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. A todas ellas se las vinculó con visitas “sexuales”. Florencia Peña, una de las más hostigadas en los últimos días en Twitter, contó que le había pedido una audiencia al presidente Alberto Fernández para expresarle su preocupación por la situación por la que atravesaban actores y actrices, sin trabajo, durante la pandemia. Incluso, mostró los intercambios de mensajes de WhatsApp con el mandatario donde le planteaba el tema. En el programa de TN “Solo una vuelta más”, que conduce Diego Sehinkman, el diputado del PRO Fernando Iglesias habló de “escándalo sexual”. Y se encargó de replicar ese concepto en su cuenta de Twitter. Una cosa es disentir y confrontar opiniones, con argumentos. Otra, atacar con agresiones verbales, con comentarios mal intencionados, con basura. Uno tira la piedra, rompe el vidrio y por ese agujero, otros y otras, aprovechan para descargar su enojo o su odio, sobre el blanco de turno. El anonimato favorece esa artillería pesada. Así se arma una bola de nieve putrefacta. El ejército de trolls hace su trabajo sucio.
Un escándalo, en todo caso, son las visitas que ocultó la gestión de Macri de jueces y fiscales a Olivos y la Casa Rosada, que investiga la justicia.
“¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos hombres importantes pidiendo lo mismo. Tantos productores importantes, tantos hombres importantes ¿Tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente? ¿Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que no soy la petera del presidente? Fui a una reunión a las 11.30 con permiso, con protocolos”, dijo Flor Peña este lunes en su programa de Telefé.
Si la crítica o el enojo es porque en ese momento la orden del Gobierno era no salir de casa que se discuta eso. Pero porque solo trascendieron nombres de mujeres, cuando también hubo varones con citas en Olivos ¿Cuántos varones tuvieron que salir a dar explicaciones sobre los motivos de sus visitas a la Residencia presidencial en medio del ASPO? ¿A cuántos se los expuso de la misma manera? ¿Por qué solo en relación a visitas que hicieron mujeres, cualquiera haya sido el motivo? No se puede decir cualquier cosa. El diputado Iglesias debería recibir el repudio de todo el arco político, de sus compañeras de bancada, de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, en cuya lista Iglesias va en el cuarto lugar en las próximas PASO pero sobre todo de los legisladores varones: rompan el pacto de caballeros y cuestionen también ustedes los comentarios misóginos.
El ataque a Flor Peña, claro, es contra ella –a ella le duele, la afecta emocionalmente-- pero tiene como destinatario a Alberto Fernández, el objetivo es socavar la imagen presidencial en año electoral. Cuando escasean los argumentos para el debate político, se quiere imponer como conversación esta cloaca misógina. Es un clásico: a las mujeres se las busca descalificar o humillar inventándoles amantes o exhibiendo en público su vida sexual ¿Qué tal un pacto entre las fuerzas políticas para que la campaña por las PASO se transite con más altura, con propuestas, con ideas políticas y sin violencia política de género? ¿Es muy ingenuo pedirlo?
“No hay 30 mil desaparecidos”, afirmó primero Ricardo López Murphy,, precandidato a diputado nacional dentro de Juntos por el Cambio. “La verdad, es un número difícil de saber con exactitud”, lo avaló María Eugenia Vidal, sin considerar que la falta de precisión obedece a que la dictadura militar ejerció la represión en forma ilegal, sin entregar “las listas”. “Me permito decir que estos escándalos sexuales solo estuvieron durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, Carlos Saúl Menem y Alberto Fernández”, disparó días después con total liviandad el diputado macrista Fernando Iglesias por el solo hecho de que Florencia Peña –como otros hombres, a los que no se cuestionó- se reunió con el presidente. "Enfrente hay un Führer que dice quién va y quién no", se sumó a los barbarismos Martín Tetaz, el periodista económico devenido precandidato a diputado, para referirse a Cristina Kirchner. “Churchill decía que, para terminar con Hitler, tenía una amplia gama de alianzas; y para vencer a los Kirchner, yo no tendría ningún problema con Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta o Mario Negri”, siguió banalizando el Holocausto López Murphy sin inmutarse.
Todas estas declaraciones fueron públicas, realizadas en los últimos días ante comunicadores instruidos e informados, que escucharon en silencio, o en el mejor de los casos, esbozaron alguna duda ante tales afirmaciones. No hubo grandes cuestionamientos de quienes se los sabe democráticos y promotores de la igualdad de género. Ningún periodista es responsable de lo que dice un entrevistado, está claro. Ni tampoco debe hacerse cargo del pensamiento de otros. Lo que sí se puede hacer, si no se considera que se “debe”, es cuestionar algunos discursos que carecen de pruebas para sostenerse, que descalifican violentamente a otros, o que niegan el terrorismo de Estado. ¿O, acaso, todo vale? ¿Así de impune y brutal será el tono de la campaña electoral que recién acaba de comenzar?
El debate público está dinamitado en Argentina. No por la perseverancia y pasión con la que se sostienen diferentes posturas. Eso ocurrió siempre. Se puede estar de acuerdo o no con las ideas de unos o de otros. Eso es lo lógico y sano en una democracia. Ni siquiera la constante utilización de chicanas que inunda el ejercicio discursivo --sea entre usuarios de Twitter, legisladores en el Congreso o dirigentes políticos en un estudio de TV-- conforman el “gran mal” de esta época. En realidad, la discusión se empantana ante la naturalización de expresiones descalificativas personales, los argumentos ad hominem de los que se valen algunos que de otra manera no podrían destacarse en el ecosistema comunicacional. Asociar a una figura o a un movimiento político con el que se compite con el nazismo pareciera traspasar los límites por los que debería desarrollarse el debate democrático. La sumatoria de declaraciones exageradas y/o brutales de parte de dirigentes de la oposición en la última semana no parece ser ni inocente ni tratarse de exabruptos aislados.
Sin cambiar el eje de la discusión ni poner en igualdad de condiciones a entrevistado y entrevistador, la cultura del “laissez faire” comunicacional también se debe un replanteo. Los comunicadores somos parte importante del debate público en Argentina. No podemos mirar para otro lado, o hacernos los desentendidos ante expresiones que erosionan la dignidad individual o dañan la convivencia colectiva. Entrevistar es también repreguntar, cuestionar, exigir argumentos, incluso discutir ideas. Somos voz pero también guías, moderadores de los relatos y de sus tonos, de la manera en que circulan en la esfera pública.
Tal vez ya no basta con indignarnos ante los dichos negacionistas de ciertos dirigentes. Tampoco con rechazar las expresiones antidemocráticas de algunos. Ni repudiar tardíamente la brutalidad misógina, machista y masturbatoria de la que se ufanan diputados fuera de época. En una de esas, los comunicadores estamos ante la necesidad de aplicar límites lógicos a los discursos que ponen en peligro a la libertad democrática que tanto nos costó construir. Los dirigentes deberán aportar lo suyo, replantearse cuál es su rol en el debate público, discutir la capacidad intelectual de sus precandidatos. Pero los comunicadores no estamos exentos de hacernos cargo de nuestro papel. “Dejar decir, dejar hacer” no parecería ser una opción sana para mejorar la salud del debate. Hay mucho odio dando vuelta.
Emanuel Respighi, periodista especializado en medios de comunicación, publico el artículo precedente en la edición de hoy del diario Página 12
Al ser humano se lo distingue por su capacidad de hablar. El lenguaje en su estructura compleja, biológica, física, material y psíquica, aporta la estructura. La lengüística y los fonemas, La capacidad de oír y de emitir sonidos audibles. La razón de la inteligencia para distinguir esos sonidos como palabras, párrafos, y asignarles sentido, interpretación. La posibilidad mecánica de la escritura y la posibilidad técnica de construir textos e impactar los sentidos de otros por medio de estos. Decir, escribir, leer y escuchar a otros, son Derechos Humanos. En el ejercicio de la Libertad (Otro Derecho humano) los individuos tienen el poder (Ejercicio de la posibilidad) de decir, escribir, expresar sus ideas, pensamientos, opiniones e interpretaciones. Los derechos son principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia y orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. El conjunto de principios y normas jurídicas de un Estado determinado constituye su ordenamiento jurídico. El derecho también es la ciencia social que estudia, interpreta y sistematiza el ordenamiento para su correcta aplicación.
El derecho guarda una íntima conexión con la política, la economía, la sociología y la historia, y es el centro de problemas humanos complejos como la determinación de lo que es justo. No hay una definición del derecho generalmente aceptada o consensuada. Las cuestiones más generales sobre el carácter y el contenido del derecho son estudiadas por la filosofía del derecho y la teoría del derecho. Pese a la vaguedad del concepto, queda claro que refiere a pautas de ordenamiento que afectan las relaciones humanas, por tanto la vida individual de las personas y las formas en las que los individuos ordenan sus relaciones con otros individuos.
Es en este sentido que los expuestos derechos, (Decir, escribir, leer , escuchar, ejercer las humanas posibilidades de la libertad) son asuntos que ordenan las relaciones entre los individuos. No se trata de una posesión individual o el ejercicio de poder (posibilidad) en términos individuales. ¿Para que hablar sino hay “otro” que escuche? ¿Para que escribir si no hay quién lea?
El ejercicio de la libertad es un ejercicio determinado por la relación. No hay individuo libre de decir sino hay individuo libre que escuche, del mismo modo que no hay individuo libre que escriba sin otro que lea. Los Derechos Humanos son entonces derechos del orden social. Por lo tanto, ¿Es un derecho decir lo que me plazca cuándo ese decir afecta negativamente a otro?
La injuria, el insulto, la mentira no son derechos humanos. El ejercicio del poder (posibilidad) si es libertad individual que impide a otros individuos su ejercicio, no es libertad sino sometimiento, dominio. Las palabras de odio no son parte del derecho a decir. Las palabras mentirosas no son parte de los Derechos humanos, sino del ejercicio del poder que hace que unos puedan y otros no. De esto se trata. Entender que no hay individuo sin una relación que le signifique el carácter de relación entre humanos. El individuo que viola o maltrata no esta haciendo uso de su libertad ni ejerciendo derecho humano alguno. El individuo que miente y denigra a otra persona, tampoco.
Las actuales formas neoliberales han confundido el ejercicio del derecho humano con el ejercicio de poder de unos pocos por sobre el resto, en un orden Patriarcal, colonial, Capitalista, que somete todo derecho humano a la posesión de recursos financieros o monetizados de alguna forma, lo que le asegura su divulgación e impunidad.
Nadie se salva solo. Que cada quién haga su parte.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
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