Geopolítica, globalización y grietas Nacionales ... Los delitos de lesa humanidad que las propiciaron.

Claudio Lara Cortés, Economista, Director Magíster en Economía de la Escuela Latinoamericana de Postgrados, Universidad ARCIS; Miembro de la Red de Estudios de Economía Mundial, REDEM; investigador de los Grupos de Trabajo de CLACSO “Economía Mundial, Globalización y Economías Nacionales” e “Integración Regional”; Miembro del Directorio de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA. escribió  “La integración financiera global: Una mirada desde el Sur y desde abajo” como parte del trabajo de compilación de Consuelo Silva Flores y Carlos Eduardo Martins Coordinadores de la publicación “Nuevos Escenarios para la Integración de América Latina”.
 

Los estudios sobre la integración financiera global/regional realizados desde distintas perspectivas teóricas tienden a focalizarse principalmente en los desplazamientos mundiales de los flujos de capital. La principal cuestión investigativa pasa a ser los impactos positivos o negativos que provocan su movilidad sobre las variables macroeconómicas de los países.

Desde el sentido común neoliberal dominante en los años ochenta y en gran parte de los noventa, la ‘integración financiera’ es resultante de crecientes flujos internacionales de capital que permiten la inserción de una economía individual al sistema financiero global. Este proceso está basado en la creencia que la integración financiera constituye una vía importante para el desarrollo financiero y, por tanto, para fomentar el crecimiento económico y aumentar el bienestar de la sociedad.

Supone un mundo con movilidad perfecta de capitales, donde la integración financiera aportaría al aumento de la liquidez y profundidad de los mercados locales, creando economías de escala e incrementando la oferta de recursos financieros hacia la inversión, intensificando la competencia, que a su vez permitiría una reducción de los costes de intermediación, una asignación más eficiente de los capitales, la expansión de los mercados y la diversificación del riesgo.

Este mundo idílico implica para los profetas del neoliberalismo una plena ‘desregulación y liberalización financiera’ de los mercados nacionales (eliminación de controles). Si el mercado es el único agente de la integración financiera, no hay lógicamente lugar para iniciativas e instituciones internacionales/regionales que arbitren o moderen dicha integración. Para otros más pragmáticos, se requiere una forma neoliberal de regulación que promueva la ‘estandarización’ del mercado financiero a escala global, incluyendo de una u otra forma a la mayoría de las economías latinoamericanas. Esto segundo suponía la conformación de una extensa red de acuerdos institucionales (públicos y privados) con la pretensión de gobernar la movilidad del capital y la estabilidad de los tipos de cambio, conocida como una nueva arquitectura financiera internacional (NIFA, por su sigla en inglés).

El rápido desarrollo de la NIFA facilitó, en los años previos al estallido de la crisis en 2007, impresionantes desplazamientos de flujos de capitales a escala planetaria. Con ello, desde la perspectiva convencional, la integración financiera en general dio un gran salto hacia adelante. En el caso de América Latina, ciertos autores llegan a la conclusión que al 2007 era ‘de jure’ la “región más abierta de todo el mundo, solamente detrás de los países desarrollados” y ‘de facto’ se había convertido en una de las “más integradas fi nancieramente en el mundo en desarrollo”.

Pero esta acelerada integración de los mercados financieros mundiales y latinoamericanos colapsó durante la crisis global, y a fines de 2012 permanece muy por debajo de su máximo previo, aunque no en las llamadas economías emergentes. Los costos humanos de este derrumbe son incalculables. De allí la pregunta, ¿por qué las instituciones de la gobernanza fi nanciera global fracasaron tan estrepitosamente?

Tras seis años de crisis, la reformulación de la NIFA todavía es una tarea pendiente. Abundan las propuestas, pero los avances son escasos, sobre todo en los países poderosos que diseñaron la maqueta y en quienes transmitían al mundo que esta nueva gobernanza estaba promoviendo un entorno más estable y transparente para las finanzas globales.

Si bien la actual gobernanza financiera global no contemplaba la creación de una nueva arquitectura financiera regional, varios gobiernos latinoamericanos optaron por este camino. Sus objetivos y formas de implementación han sido abordados de manera sistemática y creciente por diversos espacios y foros regionales (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC, Unión de Naciones Suramericanas - UNASUR, etc.), y varias iniciativas apuntan en ese sentido, tales como el Banco del Sur, el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE), el Sistema de Pagos en Monedas Locales entre Argentina y Brasil (SML) y el Banco del ALBA (Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América).

 

 

En medio de la crisis y de grandes transformaciones en la economía mundial, las amenazas y los desafíos para la integración regional son muchos, comenzando por el estado calamitoso en que se encuentra actualmente la NIFA hasta los retos teóricos que reclaman otra manera de concebir a las finanzas. Más allá de las posturas tecnocráticas y funcionales de la integración financiera, este artículo pretende reflexionar acerca de tales problemáticas como un aporte al debate siempre tan necesario.

Flujos de capitales e integración financiera regional

Si bien la eliminación de los controles de capital se generalizó en el continente en los años ochenta a través de los programas de ajuste estructural impuestos por las instituciones financieras internacionales,
la crisis asiática y luego el default ruso y las posteriores crisis latinoamericanas (Brasil, Chile y Argentina), despertaron el interés por repensar la arquitectura financiera global, así como las formas  alternativas de integración financiera regional. Una crisis tras otra revelaron las deficiencias de las políticas de ‘desregulación financiera’ que contemplaba la libre entrada y salida de capitales y proporcionaba apoyo a la opinión de que esos flujos de capitales requerían ser controlados. En medio de grandes convulsiones sociales y políticas en el continente, el ‘Consenso de Washington’, fundamento de la desregulación de los mercados (financieros), terminó resquebrajándose.

Los postulados neoestructuralistas comenzaron a ganar en influencia, teniendo como base principalmente los estudios de la Comisión  Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Desafiando los principios dominantes, Titelman asevera que “en el ámbito financiero, una mayor integración y una creciente volatilidad de los flujos de capitales se han traducido en un aumento de la vulnerabilidad financiera de las economías de la región, lo que ha dado pie a recurrentes crisis financieras y económicas que han afectado negativamente la capacidad de crecimiento económico” (Titelman, 2006: 245).

Compartiendo este planteamiento, un número creciente de autores estimaba que este sería un momento oportuno para perfeccionar y profundizar los procesos de integración financiera en la región, pero este esfuerzo debería ser compatible con la conformación de una ‘Nueva Arquitectura Financiera Internacional’.

En esa perspectiva, Juan Antonio Ocampo (2006), ex secretario ejecutivo de CEPAL, avanza una serie de argumentos que justificarían la conveniencia y necesidad de regímenes financieros regionales desde una visión neoestructuralista. El primero, sostiene que “los fondos regionales de reserva y los acuerdos regionales de crédito recíproco pueden actuar como una primera línea de defensa contra la crisis” (op.cit. 17).

De acuerdo al segundo argumento, “la heterogeneidad de la comunidad internacional implica que las instituciones mundiales y regionales pueden desempeñar funciones complementarias, conforme al principio de subsidiaridad que ha sido fundamental en la integración europea” (op. cit. 18).

El tercero es “una defensa de la competencia, sobre todo en el ámbito de la prestación de servicios a los países pequeños y medianos”, para quienes “el acceso a una gama más amplia de alternativas para financiar el desarrollo o manejar una crisis puede ser relativamente más importante que los ‘bienes públicos globales’ que proporcionan las organizaciones mundiales más grandes” (op. cit. 19).

El último argumento “es de carácter político y podría definirse como ‘federalista’. Lo más importante en este contexto es que las instituciones regionales y subregionales despiertan un mayor sentido de pertenencia, debido a que los Estados miembros sienten que dichas instituciones tienen claramente en cuenta sus opiniones”. A nivel global, “esto significa que los países pequeños podrán hacerse oír, o hacerse oír con mucha más claridad, siempre que se expresen colectivamente como región” (Ocampo, 2006: 19-20).

Varios de estos argumentos habían contribuido al Consenso de Monterrey de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Naciones Unidas, 2002). Según el tema que nos ocupa, el capítulo relativo a cuestiones sistémicas de la declaración final aborda “la inestabilidad de los flujos privados de capital y sus reflejos en crisis financieras recurrentes”. Para el mismo Ocampo, “la agenda que se define allí constituye la expresión más acabada de lo que sería una mejor “arquitectura financiera internacional” (Ocampo, 2002).

Sin embargo, aquella agenda fue lastimosamente ignorada, las decisiones que realmente influían en la configuración de dicha arquitectura (NIFA) eran tomadas en otro lugar, en el Norte, por ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales de las principales potencias, junto a representantes de instituciones financieras privadas.

Tomando prestado las palabras que Ocampo dirige contra el Consenso de Washington, puede decirse que el nacimiento de la NIFA es también “expresión de una visión, no sólo tecnocrática sino francamente anti-democrática”. Dada esta situación, llama la atención que se postule que la integración fi nanciera regional deba ser un ‘complemento’ a ese modelo de regulación neoliberal que promueve la despolitización como una forma de blindar a los mercados financieros del escrutinio público y el conflicto político. 

Mientras se diluían en el tiempo los acuerdos de la Cumbre de Monterrey y aumentaba la frustración, en el campo alternativo emergían propuestas distintas a las del neo-estructuralismo que buscan “conformar y consolidar una arquitectura financiera regional que debería cubrir al menos tres ámbitos: (i) Un Banco de Desarrollo Regional, el cual se caracterizaría por su autonomía, su sustentabilidad, la atención a las disparidades y la no condicionalidad; (ii) Un Fondo Regional de Contingencia, el cual daría atención soberana a problemas de liquidez; y, (iii) Un Espacio Monetario Regional, que incluya una Cámara Regional de Compensación, una Unidad de Cuenta Común, un Consejo Monetario Regional y, eventualmente, una Moneda Común” (SELA, 2012: 17).

Este tercer pilar, es el elemento clave para responder tanto al ya largo deterioro del Sistema Monetario Internacional, como a las evidencias de que dicho deterioro no está siendo multilateralmente enfrentado en estos momentos de crisis. Por cierto, “requiere ser construido a diferentes velocidades para sus distintos componentes y en cada uno de ellos puede ir siendo aprovechada la experiencia ya acumulada por los mecanismos ya existentes en la región” (SELA, 2012: 40)

Estas propuestas son suscritas por los Estados miembros del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y en diversas reuniones han reiterado el consenso en torno a ellas, pero han sido los que constituyen el ALBA los que más han avanzado en su implementación.

 

Desde febrero de 2010, una parte del comercio de los ocho países del ALBA comenzó a ser facturada en una nueva unidad de cuenta, el sistema unitario de compensación regional (SUCRE).

El ‘sucre’ es concebido “como instrumento para lograr la soberanía monetaria, la eliminación de la dependencia del dólar estadounidense en el comercio regional, la reducción de asimetrías y la consolidación progresiva de una zona económica de desarrollo compartida” (SELA, 2012-b: 103). Previamente, en 2008, algunos países del mismo bloque habían decidido crear el Banco del ALBA; mientras que, por otra parte, Argentina y Brasil daban nacimiento al Sistema de pagos en Monedas Locales (SML) para las transacciones entre el peso argentino y el real
brasileño. Recientemente, con mucho retraso, se coloca en marcha el Banco del Sur, considerado una “institución primaria y esencial de la nueva arquitectura financiera regional”.

Asimismo, el tema de la cooperación e integración financiera regional ha sido abordado de manera sistemática y creciente por diversos foros regionales. Tal es el caso de la CELAC que lo ha considerado como uno de los temas prioritarios ante la persistencia de la crisis económica y financiera global. Postura similar ha asumido la UNASUR, que conformó el Grupo de Trabajo de Integración Financiera (GTIF) presidido por Argentina. También la UNASUR reconoce la importancia de los fondos regionales de reserva y la necesidad de crear uno o varios sistemas de pagos y compensaciones efi cientes (SELA, 2012-b: 99).

 

 

A la hora de las comparaciones, ambos enfoques regionales alternativos parecieran compartir la necesidad de implantar una nueva arquitectura financiera regional orientada a reducir la ‘vulnerabilidad externa’ de las economías del continente, pero mantienen diferencias significativas en torno al papel del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la relevancia de los aspectos monetarios en el proceso de integración. En cuanto al rol del Fondo, mientras los autores neoestructuralistas de CEPAL insisten sobre “la importancia de fortalecer las instituciones financieras regionales y subregionales para complementar las instituciones globales” como el FMI (Titelman, 2006: 245), el ALBA excluye explícitamente cualquier vinculación con el FMI. Esta discrepancia estuvo presente en la conformación del Banco del Sur, siendo una de las razones de su retraso. Por otro lado, la visión sobre la integración financiera del neoestructuralismo, a diferencia del SELA, pareciera excluir los aspectos monetarios, como queda de manifiesto en los argumentos de Ocampo.

Conviene tener en cuenta que las propuestas del SELA encuentran fundamentos en las elaboraciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por su sigla en inglés) sobre la integración fi nanciera regional, la cual comprende tres niveles ya conocidos. De ellos, el relativo a la reducción de la vulnerabilidad de los países a la volatilidad de los mercados financieros internacionales,
traza el camino hacia una zona monetaria regional que con el tiempo “podría llegar a ser la piedra angular de un nuevo sistema monetario internacional en el que la hegemonía de una moneda clave sería reemplazada por el principio de la corresponsabilidad” (UNCTAD, 2007: 155). Es decir, para este organismo no es comprensible una integración financiera regional sin una zona monetaria, la que a su vez debería ser la base de un nuevo sistema monetario global.

Los significativos avances de las posiciones alternativas heterodoxas en la región, asumidas por un gran número de gobiernos, no significa de ningún modo la desaparición de las creencias neoliberales. Estas más bien intentan, con el apoyo de economistas e instituciones del establishment, realizar ‘reformas de segunda generación’ a ‘nivel microeconómico’ con el fin de eliminar los “principales impedimentos a los mercados eficientes”, tales como la “falta de normas claras sobre los derechos de propiedad, debido a los débiles sistemas judiciales para hacer respetar los contratos y a instituciones y agencias de regulación poco fiables” (Hira y Gaillard, 2011: 175).

Tales postulados, originados en el Norte y repetidos en la región, buscan simplemente adaptar las ‘arcaicas’ normas y regulaciones financieras a los estándares internacionales (NIFA). Los mismos objetivos se pretenden con la firma de numerosos tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión (Chowla, 2011: 29). Estos encuentran receptividad y son aplicados en nombre de una regulación pro-mercado por gobiernos claramente de derecha (Colombia, Perú y México).

En definitiva, más allá de las distintas posturas sobre la integración financiera regional, la integración ‘de facto’ post-crisis asiática continuaba profundizándose a pasos agigantados.
Edición: Consuelo Silva Flores (Programa Magíster en Economía)
ARCIS - CLACSO
Santiago de Chile, septiembre 2013

El texto seleccionado sirve como marco y precedente para comprender que la famosa “Grieta” que alientan los escenarios nacionales no son producto de una invención original de los argentinos y obedece mas bien a tensiones geopóliticas producto de la globalización neoliberal vigente, que en cada Estado/Nación se resuelven de modos particulares, pero con implicancias recíprocas según los vaivenes de las ideologías y posiciones que adoptan cada uno de los gobiernos a la hora de constituir estrategias regionales. 

Iván Schargrodsky. Periodista. Director de @cenitalcom. C5N y Radio 10. “Off the Record”  www.cenital.com, escribe:
“El PIB per cápita argentino no crece desde hace diez años. Ese período incluye el último mandato de CFK cuando desde el establishment económico, judicial y mediático se enfrentó en forma furiosa los planes de incremento de la injerencia estatal en cada una de sus áreas. A aquel período de estancamiento económico siguió el macrismo, un intento de transferencia brutal de recursos económicos y poder político hacia esos mismos sectores que enfrentaron al anterior gobierno peronista, cuyo resultado fue una crisis económica inédita en su velocidad, con caída del producto, endeudamiento y enorme crecimiento de la pobreza. Tras dos años de pandemia, una prolongación del péndulo argentino podría dañar transversalmente a trabajadores, empresarios y desocupados y dejar al país ahogado en impagables compromisos externos. Las líneas de cal para dibujar la cancha de los acuerdos deberían marcarlas los fracasos y los riesgos que enfrentamos.

El primero de los consensos necesarios es la gestión macroeconómica. Los principios son más o menos simples de formular y difíciles de llevar adelante, pero deberían incluir la prohibición de endeudarse en divisas para gastos ordinarios, la sustentabilidad del déficit, financiado en la propia moneda, con un camino de reducción de su monetización y la financiación de infraestructuras vitales. Otro es sobre la estructura productiva. El diputado Máximo Kirchner señaló en un discurso en la Cámara Baja que hay sectores económicos a los que hay que proteger y otros a los que hay que promover. Se refería, claro, a aquellos más dinámicos capaces de generar exportaciones incrementales y atraer inversiones extranjeras; los otros, intensivos en empleo, pero estructuralmente incapaces de competir internacionalmente. La protección de un sector a veces conspira contra la eficiencia de otro, afectando por ejemplo la posibilidad de importación de bienes de capital o insumos productivos y la apertura de este último puede ser destructora neta de empleos locales en estos rubros. La distribución entre industria, recursos naturales, agregación de valor y tecnología. 

 

Ninguna de estas definiciones ha sido abordada en profundidad hasta el momento en un debate público en que proteccionismo y aperturismo han sido señalados desde definiciones ideológicas. Otro, central, son las regulaciones laborales. Los empresarios se quejan habitualmente del "costo argentino" que, dicen, afectaría la competitividad de contratar un trabajador en el país. Estos costos internacionales se ubican hoy en sus niveles más bajos, no por cambios en la regulación sino por la devaluación de la moneda. Para sorpresa de nadie, la caída de los salarios afectó al mercado interno en un país donde el 70% del PIB es consumo y tampoco repercutió en grandes ganancias exportadoras. Lejos de la baja de costos, es el aumento de la productividad lo que podría permitir a la vez hacer crecer los ingresos de los trabajadores y la producción de las empresas. Las reformas no deberían apuntar a bajar costos sino a remover obstáculos a la producción. Cuestiones como la "mochila austríaca", que pueden otorgar mayor certidumbre y redistribuir, sin reducir, los costos indemnizatorios, modernizar los convenios con participación sindical -a imagen de sectores como el petrolero y el automotriz- parecen caminos dignos de ser explorados. El fortalecimiento de la vinculación entre asistencia social y mercado de trabajo debería dar oportunidades de salida a quienes hoy se han convertido necesariamente en asistidos y garantizar pisos mínimos de dignidad. “La cultura del plan no va más en la Argentina”, dijo hace un mes y medio el ministro bonaerense y camporista Andrés Larroque.
Por último, los ejemplos regionales y las tensiones hasta ahora contenidas deberían dar lugar a un consenso sobre el campo de juego del debate democrático e institucional. La judicialización de la política, las acusaciones sin fundamentos fácticos y hasta las puertas abiertas, en los márgenes a quienes quieren excluir de la democracia al adversario son tendencias preocupantes que deben ser eliminadas de manera contundente. La reciente relativización del número de desaparecidos como tema de campaña por parte de algunos referentes de Juntos es, en ese sentido, una pésima señal.

Es en ese marco que la embajada de Estados Unidos en nuestro país informó que esta semana el asesor de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, viajará a Brasil y Argentina. Lo hará acompañado de dos interlocutores habituales del gobierno argentino: su alter ego regional, el director del Consejo de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental, el colombiano - estadounidense Juan González y el director de la Oficina para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga. También formarán parte del encuentro el director de Tecnología y Seguridad Nacional Tarun Chhabra y el director de Cibernética Amit Mital. La de Sullivan es, por lejos, la visita más importante de un funcionario estadounidense desde la asunción tanto de Alberto Fernández como de su homólogo estadounidense, y su cargo rivaliza con el del Secretario de Estado, Anthony Blinken, en la relevancia para la formulación de la política exterior presidencial.
La agenda será diversa y aún está “in the making”, según dijeron fuentes a cargo de la coordinación, pero es casi un hecho que Sullivan se reunirá con el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, el ministro de Economía, Martín Guzmán, el Canciller Felipe Solá y el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello, en un almuerzo previsto para el viernes junto al Presidente Alberto Fernández. En un signo de la importancia que han cobrado para la nueva administración las cuestiones ambientales, es posible que la comitiva también se reúna con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, y es previsible que Sergio Massa tenga un lugar en la estadía de Sullivan. Argentina intentará ocupar un lugar positivo y propositivo en una agenda latinoamericana respetuosa de la soberanía. Además del habitual temario económico, vinculado a la deuda y la renegociación con el Fondo, las autoridades locales tratarán la situación de Cuba, donde a pesar de las promesas, Biden no ha retomado la agenda de deshielo y relajamiento del embargo de Barack Obama, y donde creen que las carencias materiales y no la sed de democracia, motivaron las recientes protestas. Sin altisonancias, probablemente el gobierno argentino espera reproducir, al menos en parte, el lugar de Lula da Silva en la primera década del 2000, cuando se convirtió en un interlocutor amable y confiable de los norteamericanos, encargado muchas veces del contrapunto y la contradicción constructiva ante los movimientos percibidos como de excesiva injerencia. Las victorias de la izquierda en Bolivia, Perú y la constituyente chilena alimentan la necesidad de un interlocutor de ese estilo en tiempos del post grupo de Lima. 

Fue desde el lugar que hoy ocupa Sullivan que Henry Kissinger diseñó y luego ejecutó el acercamiento entre los Estados Unidos y China durante la presidencia de Richard Nixon. Con toda probabilidad, el país asiático será uno de los principales asuntos que presentará el asesor presidencial. La inclusión de los principales expertos en ciberseguridad no es casual. Biden declaró públicamente que los ataques cibernéticos pueden derivar en "una guerra de verdad". Si bien Biden gusta de antagonizar con su par ruso, cuya operación de ciberespionaje es señalada a menudo como responsable operativa de la victoria presidencial de Donald Trump en 2016, las preocupaciones más serias del gobierno norteamericano apuntan a China, a quien las autoridades acusan por un ataque reciente a servidores de Microsoft que afectó a miles de dependencias públicas y privadas estadounidenses, y que llamó la atención tanto por su enorme extensión como por su carácter indiscriminado. El mencionado Mital, parte de la comitiva, es, casualmente, un ex Microsoft.  A diferencia de Rusia, además, las empresas chinas cuentan con una presencia transversal en las redes de comunicación global, a través de aplicaciones como la exitosísima TikTok y, más importante, en la infraestructura de internet. Las redes de 5G de Brasil y Argentina, y la presencia de la china Huawei seguramente sean tema de conversación. 

También preocupa a los estadounidenses la posible instalación de lo que perciben como "bases" chinas en la Patagonia, repitiendo el procedimiento del observatorio espacial en Neuquén. La principal inquietud gira en torno a la posible instalación de una base logística en Tierra del Fuego destinada a abastecer las exploraciones y operaciones antárticas. Con o sin razón, los norteamericanos desconfían de cualquier reaseguro sobre la utilización civil de una instalación de esas características debido a la organización política del país asiático. Las fuerzas armadas, las autoridades civiles, las grandes empresas estatales y hasta las privadas, están constitucionalmente subordinadas al Partido Comunista Chino. Una certeza que hasta hace poco esperaban convertir, a base de lucro, en el vehículo de una occidentalización pero que hoy se percibe como una amenaza existencial en casi cualquier frente estratégico. En lo que quizás sea una buena noticia, sin embargo, la visita pareciera confirmar que las principales preocupaciones sobre China son de índole militar y que la intensa relación económica del país con Brasil y Argentina es, al menos, ligeramente tolerada.

Mientras tanto, el ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Gamaleya están llevando adelante un estudio colaborativo de intercambiabilidad de vacunas con seis provincias: Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Corrientes, San Luis y CABA. En esta investigación -donde se evalúan todas las posibles combinaciones para chequear su seguridad e inmunogenicidad con un corte a los 14 días y otro a los 28-, tanto PBA como la Ciudad empezaron antes y, por lo tanto, las conclusiones van a estar esta semana. (...)  los datos preliminares arrojan resultados auspiciosos en la intercambiabilidad entre las vacunas Sputnik y Moderna. 
El Gobierno espera, en palabras de Carla Vizzotti, que agosto sea “el mes de las vacunas”. En el calendario que manejan las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en las próximas semanas llegarían tres millones de AstraZeneca, ocho millones de Sinopharm, tres millones de Rusia -1.5 de producción local que verá la luz el 9 de agosto y el resto que arribaría a la Argentina la cuarta semana del mes- y las mencionadas 1.5 millones de Moderna que son las que sobran de la vacunación a adolescentes.

A hoy, el 77% de los mayores de 18 está vacunado con al menos una dosis. Sin embargo, la Comisión Nacional de Inmunizaciones determinó que una cobertura satisfactoria para reducir la mortalidad en mayores de 50 a pesar de la variante Delta es un 60% de ese grupo etario con las dos dosis. Hoy, de ese convoy, está 89.2% con una y el 40% con dos. Para llegar al número que definió la CoNaIn faltan 2.3 millones de personas que el gobierno confía en alcanzar antes de septiembre.

 

Sebastián Etchemendy ,  profesor de la Universidad Torcuato Di Tella-CONICET e Investigador Asociado a Fundar y Juan O'Farrell ,  coordinador del Área de Recursos Naturales de Fundar, son coautores del artículo de opinión “Entre la “grieta” y los acuerdos sociales para el desarrollo” publicado en la plataforma de Cenital.com el pasado 30 de Julio.

En los últimos tiempos, desde varios sectores se puso a los acuerdos sociales en el centro de los diagnósticos y propuestas sobre la economía argentina. Por un lado, se asocia la volatilidad macroeconómica a la inestabilidad en las coaliciones gobernantes, lo que se traduce en una dirección económica pendular o errática. Por otra parte, se repite desde diversos ángulos que la solución a ese problema es más política que económica: es necesario lograr acuerdos sociales más duraderos que puedan sostener políticas de mediano y largo plazo. En este diagnóstico confluyen analistas de ideologías variadas. A partir de ese punto la discusión se empantana. Creemos que muchas veces se insiste con invocaciones al consenso que albergan cierto voluntarismo y tienden a ignorar la centralidad de las relaciones de fuerza entre los actores económicos. Se suelen resumir en llamados a superar “la grieta”, ya sea a través de la formación de nuevas coaliciones o, en sus versiones más radicales, de la exclusión sin más del kirchnerismo. ¿Cómo pensar los acuerdos sociales que necesita el país sin caer en versiones lavadas del consenso que niegan el conflicto, las contradicciones de los intereses en pugna y las relaciones de fuerza?

La palabra grieta -un atajo simplista para nombrar a los altos niveles de polarización política y discursiva- es repetida una y otra vez para señalar, sobre todo desde los medios de comunicación dominantes, actitudes del gobierno actual supuestamente contrarias a la construcción de consensos, y para impugnar políticas redistributivas o que interfieren con el hipotético orden natural de los mercado. Desde ya, en su modo de uso más general es un concepto que no resiste el menor análisis desde las Ciencias Sociales: una sociedad capitalista, es decir construida en torno a la propiedad privada y a la venta de fuerza de trabajo de quienes no tienen otra alternativa, traza por definición una paleta de intereses materiales potencialmente contradictorios. Aunque a veces la política logra institucionalizar esas diferencias sociales de manera estable, el conflicto está siempre latente. Si uno observa los países capitalistas más desarrollados e igualitarios, por ejemplo Alemania, Austria, Holanda o las naciones escandinavas, el paisaje que nos devuelven (abstrayendo la cuestión de la pandemia) es el de sociedades estables, con inflación baja, sin mayores tensiones distributivas. Sin embargo, como postula la teoría de los Recursos de Poder, quizás la más importante en economía política comparada, el resultado distributivo en estos países, cristalizado en el Estado de Bienestar moderno, es consecuencia de una lucha de clases procesada dentro de las instituciones democráticas. En efecto, autores como Walter Korpi o Paul Pierson nos llaman la atención sobre tres aspectos. Primero, el consenso actual en esos países es emergente de conflictos pasados. En la primera parte del siglo XX y la inmediata posguerra, los partidos socialistas (luego devenidos socialdemócratas) promovieron el conflicto (en muchos casos como amenaza revolucionaria) para después negociar sistemas capitalistas que respetaran la propiedad privada, garantizaran las exportaciones industriales y construyeran un Estado de Bienestar extendido. Segundo, en aquellos (pocos) momentos en que el establishment y los empresarios quisieron “salir” de ese sendero igualitario (a través de la desregulación de la negociación salarial por actividad o recortes masivos al Estado de Bienestar) la respuesta ha sido (y es) invariablemente el conflicto y la huelga, promovidos por sindicatos, sectores de las clases medias y bajas y partidos de centroizquierda. En otras palabras, si tomamos la experiencia de los países centrales más igualitarios, vemos que el salto al desarrollo se dio en el marco de conflictos y acuerdos inter-clases. ¿Hay consenso empresario para sostener un modelo igualitario en estos países? Sí y no. Lo hay si se mira en el paisaje actual, a primera vista: la convivencia del Estado de Bienestar con economías exportadoras de gran productividad con poco o nulo conflicto en las calles. No lo hay (o no lo ha habido ) si se observa el pasado, o si el empresariado opta por salirse (del todo) de ese modelo igualitario. 

Tercero, los consensos fueron construidos sobre la base de determinadas relaciones de fuerza. Los empresarios no promovieron el Estado de Bienestar ni aceptaron su avance por sentimientos altruistas ni pura vocación dialoguista: lo hicieron en un contexto de fortalecimiento del poder de los trabajadores a través de los sindicatos y de los partidos electorales de clase. Según Korpi, es poco probable que empleadores inicien políticas de expansión de derechos sociales (en parte por intereses materiales y en parte porque fortalecen el poder de los trabajadores), pero en algunos casos pueden consentirlas como parte de una negociación. Ello se logra cuando surgen nuevas arenas de intercambio y acuerdos de suma positiva, es decir, en la medida en que ambas partes se ven beneficiadas. En este tipo de acuerdos los representantes de cada sector cedieron algo: por ejemplo, los empresarios aceptan mayores impuestos y regulaciones en el mercado de trabajo, y los trabajadores aceptan no afectar la propiedad privada, compromisos de paz social o incluir metas de productividad en los convenios.

Volviendo al terreno argentino, las implicancias de esta mirada dejan en un lugar incómodo a los actuales llamados a generar una estrategia de desarrollo “posgrieta”, con invocaciones voluntaristas al consenso. A la vez, desde una perspectiva de los partidos y sectores populares en Argentina —que es la que nos interesa abonar acá— a veces se concibe la elección de un curso más confrontativo con el establishment económico (por ejemplo, los gobiernos del Frente para la Victoria) o con aspiraciones más consensuales (la actual etapa del Frente de Todos) como caminos alternativos. Creemos que, en realidad, para pensar un proyecto popular estable esas nociones de consenso y (potencial) conflicto siempre tienen que ir juntas.

Damos dos ejemplos breves y puntuales para ilustrar en la práctica esta mirada más teórica, en los ámbitos de la política pública (agraria y laboral) en Argentina. El primero apunta al conflicto estructural histórico en torno a los precios de los alimentos. En diciembre del 2020 el gobierno nacional llegó a un acuerdo con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y con el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las asociaciones que nuclean a las empresas responsables de casi la mitad de las exportaciones del país. Se conformó un fideicomiso para que, ante el aumento de los precios internacionales de los commodities agrícolas, las exportadoras subsidiaran por un año el precio del aceite comestible de girasol y de soja (mezcla) para el mercado interno. Ambos actores —el gobierno y las empresas— han salido de alguna manera favorecidos: el primero porque logra precios más bajos de los alimentos sin necesidad de subsidios públicos; los segundos porque, aunque no logran su preferencia inicial (seguir exportando sin aportar al fideicomiso), obtienen un mejor resultado que el que les hubiera producido un aumento de retenciones, los cupos de exportación y, en el peor de los casos, el cierre de exportaciones (como sucedió con el maíz a fines de 2020 y la carne en junio de 2021). Este acuerdo, acotado y facilitado por la estructura concentrada del sector, se dio en el contexto de una serie de diálogos y negociaciones más amplios entre el Gobierno y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que incluye mecanismos similares para el trigo y la carne y un proyecto de ley para promover la actividad agroindustrial a través de incentivos a la inversión y la adquisición de insumos. Aunque la situación actual sea más virtuosa que la dinámica de conflicto permanente, el intento del gobierno de lograr ciertos acuerdos con el sector agroindustrial a través del CAA se ve tensionado por el contexto de estancamiento económico, alza de los precios internacionales de los alimentos e inflación elevada.

Otro ejemplo es el de los “acuerdos de suspensión” de trabajadores por falta o disminución de trabajo, cuando arreciaban las consecuencias económicas de la pandemia en 2020. Ante la baja pronunciada, o directamente el cese de la actividad económica, en varios sectores, y aun con las ayudas del gobierno vía el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para pagar salarios, los empresarios reclamaban tener vía libre para suspender trabajadores pagando un porcentaje mínimo del salario. Los sindicatos, por supuesto, rechazaban ese camino. Finalmente, el Estado arbitró un acuerdo tripartito firmado por la CGT, la UIA, la Cámara de la Construcción y la Cámara de Comercio: las suspensiones masivas en contexto de pandemia solo se podrían realizar automáticamente al 75% del sueldo, sin control directo del Ministerio de Trabajo; y aquellas que se realizaran por debajo de ese umbral de ingresos en sectores críticos serían monitoreadas por el organismo estatal. Este acuerdo fue importante para sostener el nivel de empleo formal —que cayó mucho menos que en Chile o Estados Unidos, por mencionar dos casos— en un contexto de baja excepcional de la actividad económica.

 

Ciertamente, estos ejemplos son relativamente menores en cuanto al rumbo general de la economía. Sin embargo, sirven para ilustrar dos elementos que nos importa destacar. Primero, se trata de acuerdos recientes y concretos entre el Estado, empresarios y sectores laborales en áreas críticas donde nadie obtiene su primera preferencia y todos ceden algo, en aras de un resultado tangible, avalado por las firmas de los actores sectoriales: no se trata de instancias declarativas o de meros debates formales como el actual Consejo Económico y Social . Segundo, fueron acuerdos positivos —a nuestro juicio— que no pueden ser catalogados con liviandad como meras instancias de “conflicto” o de “consenso”. Son, más bien, combinaciones de ambas dinámicas, en donde un gobierno popular y eventualmente sus aliados sindicales hacen lugar a determinadas demandas empresariales . A la vez, los empresarios, que hubieran preferido el unilateralismo decisorio y la pura relación de mercado, dado un contexto de relaciones de fuerza, se avienen a negociar una “segunda mejor opción” .

En suma, estos episodios acotados iluminan nuestro punto más general: una dinámica de desarrollo o, al menos una deseable, que contemple a la vez la ineludible rentabilidad económica y la inclusión popular, no es resultado de un conflicto permanente ni de consensos “puros”. Es, más bien, aquella en que el Estado va articulando dosis variables de ambos componentes, y donde no pueden faltar la amenaza de conflicto desde el campo popular en el marco de relaciones de fuerza (con su componente electoral y organizativo), tanto como su disposición a llegar acuerdos concretos que preserven y estimulen el principio de rentabilidad y productividad inherente a una economía capitalista en crecimiento. En una sociedad con intereses económicos tan asentados y diversos, tanto el desarrollismo voluntarista, que elude el análisis de relaciones de fuerza, como la política del conflicto permanente, carecen de efectividad.
Somos conscientes que esta combinación ideal que podríamos resumir en “(amenaza de) conflicto + consenso” era más factible en una etapa anterior a la globalización, donde los países igualitarios mencionados arriba enfrentaron menos presiones competitivas de la economía internacional. Ello permitía administrar mejor las dosis de conflicto y acuerdos de suma positiva. En un mundo de internacionalización económica posindustrial, se trata de una estrategia más complicada. Finalmente, y más allá de las invocaciones generalistas al consenso y al desarrollo, urge encontrar una salida no regresiva a la inflación en Argentina, que contemple algún tipo de acuerdo inter organizaciones de clase: el 53% de inflación anual torna inviable cualquier estrategia de mediano plazo, ya sea una más desarrollista o una más distribucionista. Los actores que se referencian en el campo popular tienen que ser especialmente conscientes de esta urgencia.

Las tensiones actuales son rémoras de las disputas que se iniciaron con las dictaduras militares a principios de los años 70 y que fueron la plataforma de lanzamiento del neoliberalismo que posteriormente consolidaron en los 80, los gobiernos brítánico de Margaret Tatcher y norteamericano de Ronald Reagan.

En nuestro territorio, aún hoy se siguen dirimiendo los juicios de lesa humanidad que explican en buena medida el derrotero neoliberal.
La investigación sobre la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, la gran deuda de un aparato de justicia que en tres lustros condenó a más de un millar de represores, registró un pequeño avance en Tucumán. A instancias de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal que encabeza el fiscal federal Pablo Camuña, el juez federal subrogante Fernando Poviña procesó como partícipe necesario de una docena de secuestros en 1975 a José María Menéndez, hermano mayor del célebre genocida y excomandante del Tercer Cuerpo de Ejército –ya fallecido– Luciano Benjamín Menéndez. El coronel retirado de 96 años, quien continuará en libertad en su casa de Yerba Buena, actuó entre 1974 y 1976 como gerente de la empresa Norwinco SA y fue responsabilizado por facilitar al personal de inteligencia militar el acceso a los legajos del personal, en los que figuraban los domicilios de donde serían secuestrados los doce operarios, de los cuales tres permanecen desaparecidos.

Menéndez fue detenido por primera vez en 2012 junto con otros 34 imputados que incluían a su primo Mario Benjamín Menéndez, quien siete años antes de asumir como gobernador militar en Malvinas fue jefe de Estado Mayor del denominado “Puesto de Comando Táctico” con sede en Famaillá, epicentro del terrorismo de Estado durante el “Operativo Independencia”. Aquella denuncia había sido impulsada por Juan Carlos Camuñas, quien aseguró haber reconocido su voz durante los interrogatorios bajo tortura en el centro clandestino La Escuelita de Famaillá. El juez Daniel Bejas, sin embargo, consideró que las pruebas eran insuficientes y le dictó la falta de mérito.

Durante el juicio oral por el Operativo Independencia, que concluyó en 2017, extrabajadores de Norwinco que fueron secuestrados y torturados en distintos centros clandestinos se refirieron a la participación o bien a la responsabilidad de Menéndez en esos hechos, como gerente de relaciones industriales primero y como gerente general después. La fiscalía a cargo de Camuña profundizó la investigación y en 2019 pidió su procesamiento, que demoró dos años.

Norwinco era la filial norte de la porteña Winco SA y se estableció en la ciudad de Bella Vista, al suroeste de San Miguel, atraída por las desgravaciones impositivas durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, que en 1966 cerró once ingenios azucareros con el argumento de reconvertir la matriz productiva y reestructurar la agroindustria. Lo que generó fue una gran crisis económica y social, con enorme desocupación. En ese marco de descontento social prosperaron experiencias políticas de izquierda, que primero intentó frenar Onganía y desde 1975, por fuera de toda ley, el general Adel Vilas.

Hacia 1974, cuando recrudecieron los problemas económicos y los conflictos derivados de despidos y bajas de sueldos, Norwinco tenía dos grandes áreas que producían motosierras y grabadores, y una minúscula área administrativa. Empleaba entonces a 130 operarios, que para fines de 1975 se habían reducido a 104. Un dato significativo hallado por Camuña es que de las actas de directorio de Winco surge que no se reunió durante todo 1975, período en que Menéndez estuvo a cargo de la filial tucumana y el control de los obreros.

 

 

 

La fiscalía describió el rol de Menéndez como de “contención” de la conflictividad laboral. Para lograr ese objetivo adoptó “medidas disciplinadoras” que generaron “un clima de terror en la planta”. El militar retirado era “un eslabón esencial y claramente calificado en la cadena de producción de inteligencia” a partir de su parentesco con quien digitaba vidas y muertes en el norte argentino desde el Cuerpo III de Córdoba. Los ex trabajadores declararon que “remitía información sobre obreros díscolos y/o sindicalizados a personal que respondía a la inteligencia militar y permitía el acceso de estos a la fábrica”. Un dato que impresiona, consecuencia del anterior, es que 13 de los 130 obreros que llegó a tener Norwinco fueron víctimas del terrorismo de Estado, un “claro indicio de la acción de la inteligencia militar en ese ámbito”, apuntó el fiscal.

“Todos los testimonios confirman lo señalado por Juan Carlos Camuñas en la declaración que dio origen a la imputación contra Menéndez: la persecución sufrida por los obreros de Norwinco, la circulación de información sobre los trabajadores, sus conflictos con la empresa y el conocimiento de sus pensamientos y opiniones políticas por personal de inteligencia”, concluyó.

Un episodio que Poviña considerará clave para explicar los secuestros y las torturas tuvo lugar el 25 de julio de 1974, cuando un grupo de militantes del PRT/ERP con ropa de combate tomó la fábrica, se reunió con los trabajadores e hizo una breve arenga contra patrones y burócratas sindicales, que aplaudieron los obreros presentes. En las actuaciones que instruyó la Policía Federal se señaló que José Raúl Zapata fue quien pidió el aplauso, señalamiento que le valdría en los primeros días de agosto de 1975 convertirse en uno de los tres desaparecidos de la empresa junto con José Raúl Amdor y Eduardo Enrique Yapur. El resto de los secuestrados serían luego blanqueados en cárceles de la dictadura, en las que pasarían años a disposición del PEN.
El juez Poviña relativizó las pruebas sobre la responsabilidad de Menéndez en la desarticulación de la organización interna o su participación en interrogatorios, y centró su procesamiento en el aporte de documentación. “Menéndez, a la fecha de los hechos, habría cumplido funciones gerenciales", en función de las cuales "habría detentado el control y custodia de los legajos del personal de dicha fábrica, y con ellos de toda la información en ellos contenida, por lo que el acceso de personal militar a dicha información no podía haberse producido sin su consentimiento o autorización”, escribió. De allí dedujo la “presunta colaboración en la comisión del delito de privación de libertad de las víctimas”. Analizó los distintos grados de participación y ubicó la de Menéndez como partícipe necesario o primario en tanto “permitió o no impidió que personal ajeno a la empresa accediera a información esencial para identificar y ubicar el lugar de residencia de las víctimas”. Sobre los delitos de violación de domicilio, torturas, homicidio y asociación ilícita, consideró que no están demostrados y le dictó falta de mérito. El procesamiento, sin prisión preventiva, incluyó un embargo de bienes por un millón de pesos, la prohibición de salir del país y la orden de no salir de la provincia ni cambiar de domicilio sin autorización del juzgado.
(Página 12) 

Con cuatro condenas, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca concluyó este lunes el juicio por 24 asesinatos perpetrados entre 1974 y 1975 por la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina en esa ciudad y la localidad de Huanguelén.

En un fallo unánime, los jueces Roberto Amábile, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava consideraron probada la participación de Raúl Aceituno, Juan Carlos Curzio, Osvaldo Pallero y Héctor Forcelli  en la organización criminal que lideraban el dirigente sindical Rodolfo Ponce y el entonces rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu, ambos fallecidos impunes. Asimismo, los magistrados concluyeron que los delitos investigados son crímenes de lesa humanidad, por lo que no se encuentran sujetos a prescripción de la acción penal.
Por ello, el tribunal aplicó a los cuatro acusados el máximo de las penas previstas. Curzio, Pallero y Forcelli fueron condenados a diez años de prisión. Aceituno, por su parte, recibió una pena de prisión perpetua por encontrárselo además coautor del homicidio del estudiante de Ingeniería, militante comunista y dirigente estudiantil David “Watu” Cilleruelo.

El crimen de “Watu” fue perpetrado el 3 de abril de 1975 dentro del principal complejo de aulas de la UNS, donde en la actualidad se encuentra el mural que ilustra esta foto. Por ello, la casa de estudios se presentó como querellante en la causa luego elevada a juicio. Para esa fecha, además, los cuatro condenados habían sido contratados como “personal de seguridad y vigilancia” por Tetu, que en su juventud había sido pieza importante de la dictadura rumana aliada al nazismo y en 1989 se jubiló como docente universitario sin probar nunca su formación académica ni recibir reproche institucional por su despliegue criminal.

 

Todavía bajo el gobierno constitucional de María Estela Martínez, en el sudoeste bonaerense el accionar de la Triple A constituyó un anticipo del plan represivo que la dictadura siguiente profundizaría. Sus crímenes enfocaron en la militancia sindical y política y el mundo universitario, que venía de experimentar una transformación con la primavera democrática abierta tras la caída de la dictadura de Alejandro Lanusse.
Además de los 24 homicidios investigados en la causa judicial que finalizó con el fallo de este lunes 2, la organización de ultraderecha desplegó persecuciones, censura, cesantías de docentes y no docentes y expulsiones de estudiantes.

“Celebramos esta histórica sentencia, que nos merecíamos como sociedad. Viene a reparar décadas de impunidad, poniendo blanco sobre negro, sobre una época plagada de terror y silencios cómplices”, dijo a esta AGENCIA Alejandra Santucho, integrante de H.I.J.O.S., querellante en el juicio. Durante las semanas previas, la regional de la agrupación recuperó en su web las biografías de las víctimas de la Triple A. 

El veredicto, agregó Santucho, constituye “un gran paso para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia iniciado en 2005 en el país y en 2011 en Bahía Blanca. Creemos que la sentencia estuvo a la altura histórica de los hechos, reparando y dejando sentado que, a pesar del tiempo transcurrido, seguimos revirtiendo impunidades”.

En el fallo –que puede descargarse íntegro aquí y cuya lectura puede escucharse al final de esta nota- el Tribunal dispuso además que se remitan a la UNS las solicitudes formuladas por el Ministerio Público Fiscal al concluir su alegato.

El fiscal Pablo Fermento, graduado en esa casa de estudios, había requerido que se derogasen las resoluciones en que Tetu incluyó cesantías y expulsiones y se otorgase un doctorado honoris causa a “Watu”, punto que el Consejo Superior de esa Universidad ya comenzó a tratar, a solicitud de medio millar de miembros de su comunidad.
El trámite continuará este miércoles, cuando se considere la conformación de una comisión ad hoc para avanzar en el reconocimiento post mórtem. Adolfo Pérez Esquivel, Estela de Carlotto, José “Pepe” Mujica, Dora Barrancos, Baltasar Garzón y Fortunato Mallimaci son los nombres propuestos.
(Prensa Ecuménica)

Angelelli: el obispo de los pobres
“Con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio”
Se cumplen 45 años del asesinato del obispo riojano por la dictadura. Los autores intelectuales están condenados por la Justicia a prisión perpetua y la Iglesia lo beatificó al reconocerlo como mártir cristiano.
Por Washington Uranga
El 4 de agosto de 1976, hace 45 años, Enrique Angelelli, obispo católico de La Rioja, fue asesinado por decisión de la entonces dictadura militar. Tuvieron que transcurrir 38 años para que, después de muchas idas y vueltas en los tribunales, la justicia argentina reconociera aquel asesinato y condenara, el 4 de julio de 2014, a cadena perpetua como autores intelectuales del delito a los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella. 

Aún hoy se desconoce la identidad de los autores materiales del homicidio. La Iglesia Católica demoró todavía más para asumir institucionalmente el martirio del obispo riojano.

En 2018, siendo ya papa Jorge Bergoglio, calificó el asesinato como in odium fidei (muerto por odio a la fe) y abrió el camino para que el 27 de abril de 2019, en una misa celebrada en La Rioja, el cardenal italiano Giovanni Angelo Becciu -enviado desde el Vaticano- proclamara como beato no sólo a Enrique Angelelli sino también a los sacerdotes Gabriel Longueville, Carlos de Dios Murias y al laico Wenceslao Pedernera.
Dos semanas antes del homicidio del obispo, los últimos tres habían caído también bajo las balas de la dictadura en la localidad de El Chamical y hasta ahí fue Angelelli junto a su vicario episcopal, Arturo Pinto, para recoger testimonios y documentación del hecho. Querían elaborar un informe para enviarlo al Vaticano. Al regresar a la capital riojana ocurrió el asesinato en plena ruta. Para la justicia Menéndez y Estrella fueron “responsables de una acción premeditada, provocada y ejecutada en el marco del terrorismo de Estado en contra de Enrique Angelelli y Arturo Pinto”, según dejaron asentado en el fallo condenatorio.   

 
Hoy Angelelli es venerado en los altares y la Iglesia Católica lo presenta como un testimonio ejemplar de vida cristiana. El obispo, uno de los pocos que se opuso abiertamente a la dictadura militar, sabía de antemano que había sido elegido como un blanco por las fuerzas represivas. A pesar de ello siguió con su prédica a favor de los pobres y desoyendo las recomendaciones de muchos de sus allegados para que abandonara su diócesis y se protegiera

Uno de sus grandes amigos, el obispo Miguel Esteban Hesayne, otro de los defensores de los derechos humanos dentro del episcopado católico, lo consignó en un testimonio. Según Hesayne el obispo Angelelli le confesó que “si me escondo o me voy de La Rioja, seguirán matando a mis ovejas” .

Cordobés de nacimiento Enrique Angelelli trabajó como sacerdote junto a la Juventud Obrera Católica (JOC) y a los 45 años fue nombrado obispo de La Rioja. Para entonces ya había sido parte del Concilio Vaticano II que comenzó un profundo proceso de renovación de la Iglesia Católica de la mano del papa Juan XXIII.

Pocos días antes de su muerte, el 22 de julio de 1976, hablando en El Chamical y después de producido el asesinato de sus colaboradores, el riojano pronunció una homilía en la que afirmó que “este pueblo, como cualquier otro del país, necesita pastores que sigan haciendo lo que Carlos y Gabriel hicieron hasta ahora, y por lo que murieron”. Y agrego que “ellos han entregado la vida, no por tontos, ni por cándidos, sino por la fe, por servir, por amar, para que nosotros entendamos qué es servir, qué es amar, qué es no ser tontos”.

 

En la misma oportunidad le dijo a sus feligreses que “no hay ninguna página del Evangelio que nos mande ser tontos. Cristo nos enseña a ser humildes como la paloma y astutos como la serpiente; nos manda tomar la cruz de cada día y seguirlo; nos manda que nos gocemos en la persecución; nos manda ser mansos de corazón, y tener alma y corazón de pobres; Él nos manda buscar a los más necesitados porque son los privilegiados del Señor, y no rechazar a nadie, porque suya es la respuesta para todos los hombres y para todo hombre, aunque se quiera dudar de esta verdad”.

 

 

“Un oído en el pueblo y otro en el Evangelio” fue uno de los lemas que popularizó Angelelli y que hasta hoy se levanta como una consigna por parte de quienes, desde la fe cristiana, buscan seguir sus pasos. El obispo también hizo suyas en muchas ocasiones las palabras de arzobispo brasileño Helder Camara quien solía recordar después del Concilio que “si le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto por qué los pobres pasan hambre y están tan mal, me dicen que soy un comunista”.

Marcelo Colombo, actual arzobispo de Mendoza y vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal fue uno de los principales impulsores de la beatificación del mártir riojano. Entrevistado por Página 12  en el momento en que se anunció la noticia del reconocimiento martirial Colombo sostuvo que Angelelli “fue un obispo que asumió plenamente su misión de buen pastor entre su gente, preocupado por anunciarles a Jesucristo y, a la vez, ayudarlos a salir adelante, a crecer en la conciencia de su dignidad, a animarlos a organizarse para afrontar solidariamente la dura vida de los pobres”. + (PE/Página 12)

En la actualidad, se siguen produciendo episodios que reproducen el conflicto y el carácter global y regional de la tan manipulada “grieta” que no es otra que la expresión de época de los intereses soberanos de los Estados frente a los embates imperiales de las potencias que se agencian el derecho de “liderar” los procesos de globalización en el propio beneficio de sus élites.

Marcos Peña presidió una reunión con Patricia Bullrich y el entonces jefe de la Gendarmería Gerardo Otero el 12 de noviembre de 2019. Ocurrió horas antes de que partiera el Hércules C-130 con el primer contingente de gendarmes, los armamentos y las municiones que terminaron en poder de las fuerzas bolivianas que condujeron el golpe contra Evo Morales. El encuentro con la plana mayor de la seguridad argentina pone a la Casa Rosada en el centro del escándalo de impacto regional y complica la situación del exjefe de Gabinete. Mauricio Macri también mantuvo ese día una reunión con el entonces canciller Jorge Faurie. Por estas horas en el Gobierno nacional evalúan realizar, con esta nueva información, una segunda ampliación de la denuncia que ya se encuentra en el fuero en lo penal económico.

"Lo vamos a tener que incorporar en una ampliación de la denuncia", dijo el ministro de Justicia Martín Soria en C5N después de que se revelara la existencia de la reunión, hasta ahora desconocida. "Es impresionante el nivel de detalle que va surgiendo", agregó el funcionario que junto con su par de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont impulsan la investigación por el envío de municiones a Bolivia.

En el encuentro, realizado en el despacho de Peña, participaron Bullrich con sus hombres de confianza en el Ministerio: el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco, el subsecretario de Seguridad Interior Gerardo Milman y el subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Federal Darío Oroquieta. Además, estuvieron Otero, por la Gendarmería, junto con su secretario privado, Ramón Domínguez. Fueron también de la partida el entonces jefe de la Policía Federal Néstor Roncaglia, el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Alejandro Itzcovich y el entonces responsable de la Prefectura Eduardo Scarzello (cuyo apellido está mal escrito en los registros) . El único de los jefes de las fuerzas que fue acompañado por un subordinado fue Otero, por lo que se presume que Gendarmería tuvo un rol central en el encuentro.  "La reunión pudo haberse hecho para discutir qué fuerza tenía las municiones para enviar a Bolivia", evaluó una fuente que sigue con atención la causa. 

Bullrich ingresó a la Casa Rosada a las 11.39 del 12 de noviembre de 2019 y se dirigió a la oficina del jefe de Gabinete, de donde salió a las 13.48. Para entonces, ya se sabía que los gendarmes viajarían a Bolivia y estaba previsto que el Hércules C130 saliera por la tarde desde el aeropuerto de El Palomar. Sin embargo, todo se demoró.

En el momento de la reunión en la Casa Rosada, la Gendarmería estaba gestionando ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) sacar un "complemento" del armamento que ya había informado que iba a llevar a Bolivia el día anterior. El complemento incluía las 70.000 balas antitumulto 12/70, que terminaron en poder de la Policía y de la Fuerza Aérea de Bolivia.

Exactamente una hora después de que Bullrich salió de la Casa Rosada, el jefe del grupo "Alacrán" de la Gendarmería Fabián Salas envió un fax al jefe de la Fuerza Aérea Argentina para informarle que el vuelo iba a llevar también ese complemento y le dijo expresamente que era el material que la fuerza solía utilizar "para operaciones  ante alteración al orden público". Salas era consciente de que los alacranes --un grupo de élite que suele emplear armamento letal-- jamás podría usar esa cantidad de balas de goma ni de spray ni de granadas. 

Macri estaba en la Casa Rosada ese 12 de noviembre de 2019. De hecho, se reunió con el entonces canciller Faurie, como ya había anticipado este diario.  Después de esa reunión, Faurie le envió una nota --en mano-- a Bullrich y al ministro de Defensa Oscar Aguad pidiéndoles que autorizaran una comitiva a Bolivia. Para entonces, ya era un hecho que los gendarmes viajarían. Para el ministro Soria, es una prueba más que muestra cómo se armó la maniobra para desviar las balas hacia Bolivia.

La responsabilidad de Peña

Peña fue notificado por Bullrich de la partida de los gendarmes para que autorizara el viaje y los viáticos.  La información surge de una resolución del 15 de noviembre de 2019 en la que Bullrich autoriza la partida del primer contingente de gendarmes. Hacía ya dos días que los alacranes estaban en La Paz cuando la entonces ministra estampó su firma en el documento.

Concretamente la información fue recibida por el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, quien también estuvo en la Casa Rosada el 12 de noviembre de 2019. Pompeo es uno de los mayores expertos en política internacional del PRO y uno de los funcionarios que había seguido de cerca la situación en Bolivia. De hecho, en 2019, fue uno de los que recibió al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro para tratar la situación tanto en Venezuela como en Bolivia. Almagro con las denuncias de fraude constituyó un factor de desestabilización contra el gobierno de Morales. Durante el gobierno de Macri, Pompeo cordinó lo que desde Cambiemos presentaron como una "mesa de seguridad", a la que se sentaban Bullrich, Aguad, Faurie y el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas.

Por el momento, ni Peña ni Pompeo ni Faurie están imputados en la causa. Faurie fue denunciado por el gobierno nacional mientras que a Pompeo lo denunció el excamarista Eduardo Freiler. En el expediente están imputados Macri, Bullrich, Aguad, Otero y el embajador en Bolivia Normando Álvarez García. El fiscal Claudio Navas Rial también imputó a tres gendarmes: el exdirector de Logística Rubén Carlos Yavorski, el exdirector de Operaciones Carlos Miguel Recalde y el exagregado de la Gendarmería en La Paz Adolfo Caliba. Caliba fue señalado por uno de los agregados navales como la persona que recibió el cargamento, aunque no se descarta que otro uniformado termine imputado por esos mismos hechos.
Por el momento, la causa sigue en manos del juez Javier López Biscayart, que ya se declaró incompetente para intervenir y la remitió a su colega Alejandro Catania, que está de licencia y recién decidirá si la acepta la próxima semana. (Página 12)

No se superan conflictos negando sus elementos o su carácter antagónico, por el contrario se trata de “ La maldita correlación de fuerzas”.

Escribe Jorge Aleman en Página 12:
"Es cierto que no existe ninguna instancia desde donde se pueda medir como es el estado de la "correlación de fuerzas".
La autonomía de lo político no permite ese lugar exterior desde donde se podrían evaluar con objetividad las fuerzas que hacen a la contienda. Esto se torna más verdadero que nunca cuando se percibe la proximidad de un Acontecimiento en ciernes.

¿Qué pasa si no ganamos ? ¿Y qué pasa si ganamos? discutieron Lenin y Troski en la antesala última de la Revolución. En eso la apuesta es total y no se puede postergar la decisión esperando que lleguen las famosas condiciones objetivas. Lo propio de un Acontecimiento es que no exista regla externa que pueda medir su verdadero alcance. Se lo acompaña por la verdad de su interpelación. 

Sin embargo lo político no se hace solo con el momento instituyente del Acontecer. También juega el suceder de los días corrientes donde las fuerzas que constituyen al antagonismo siguen vivas su curso cotidiano.
Y en ese caso la llamada correlación de fuerzas aunque siempre estará atravesada por el cálculo imposible, el arte de lo político no puede dejarla ausente.

 

 
Toni Negri relata en su biografía que cuando Aldo Moro fue muerto las luchas obreras no iban a poder sostener semejante acto. Fue su lectura de una correlación. Es más, cuando le pregunté en Buenos Aires por el declive de la izquierda italiana, no dudó en responderme que fue a partir de que él fue inculpado por ese crimen y detenido.
En otro sentido, veamos los casos donde se prescinde de la misma: cuando la izquierda vernácula proclama que no se debe pagar la Deuda con el FMI y se debe repartir ese dinero para paliar las heridas del pueblo

¿Quién podría estar en desacuerdo ? Si se mira todo desde las imposiciones del Capitalismo cualquiera de esas medidas se presentan como racionales y justas. Pero si se introduce la lógica de la maldita correlación de fuerzas de inmediato sabemos: 

1) Que si se pudiera tomar una medida semejante no solo no sería necesario ni siquiera pronunciarla, más bien directamente se debería proceder con el acto de justicia.

2) Debería haber un contexto internacional que apoye la decisión para que luego no sea el pueblo el que termine pagando las consecuencias reales de las declaraciones osadas.

Estos sencillos ejemplos son para afirmar una vez más que no tiene sentido estar a favor o en contra de la correlación de fuerzas. Esta es una relación indecidible.

En ciertas ocasiones, la apelación a la misma testimonia de una cobardía política donde las cuentas nunca terminan de salir.

En otras es un ejercicio imprudente que olvida que desde Maquiavelo a Gramsci, el arte de lo político pasa por la construcción efectiva de una mayoría política, una voluntad colectiva que se apropie de la decisión histórica. Y esto no es "posibilismo". Es Populismo en el sentido preciso del término, la radicalidad de una decisión no se mide por sus enunciados sino por sus efectos transformadores. Siempre habrá un momento para no tener en cuenta la correlación de fuerzas y otro para situarse inevitablemente con respecto a la misma.

En tiempos electorales, en estos días de la peste, deberemos actuar del modo mas consciente posible, sabiendo ocupar el espacio que elijamos en medio de las tensiones que animan el presente. Nadie se salva solo, que cada quién haga su parte.

Daniel Roberto Távora Mac Cormack