Carolina Vazquez Araya, periodista, editora y columnista Chilena en Guatemala, escribe en “Iberoamérica Social”

La era del papel

Como nunca antes, es fundamental un amplio acceso al conocimiento y a la información.

El saber es poder: indiscutible verdad de la cual se desprende -desde los inicios de la Historia- toda clase de estrategias para vedar a las grandes mayorías el pleno acceso al conocimiento, con el simple propósito de mantenerla en la ignorancia y así consolidar los mecanismos de control social. Simple y llana como esta argucia política es la intención de manipular el pensamiento y alimentar a las masas desde plataformas informativas de alcance masivo, cuyos contenidos son cuidadosamente elaborados para reforzar conceptos e idearios afines al poder.
Por eso es tan importante retomar la ruta de la lectura y del intercambio de ideas mediante una búsqueda consciente e informada de las fuentes más confiables. Para ello -y gracias al inmenso caudal de recursos que nos ofrecen tanto los libros y otras publicaciones en papel como el mundo virtual- es preciso separar la paja del grano y comenzar a reflexionar seriamente en tejer redes de discusión, consolidar espacios de reflexión y construir, de manera amplia y constructiva, una nueva forma de relacionarnos con distintos grupos de la sociedad.
Aun cuando la era del papel impreso ha perdido cierta predominancia frente a los medios virtuales, de ningún modo significa un reemplazo inevitable, en especial en sociedades de escasos recursos en las cuales el acceso a la tecnología se mantiene aún reducido a ciertos sectores de mayores ingresos y en entornos adecuados gracias a una mejor infraestructura. En estas sociedades, sin embargo, y por motivos estrictamente políticos, tanto la escolaridad como el acceso al conocimiento se han visto entorpecidos, por decisión de sus élites, con la intención de frenar toda forma de disenso desde las bases de la pirámide social.
De ahí la gran relevancia de los eventos literarios, como las ferias del libro, que se realizan en distintos países del continente y el mundo. Estas plataformas ofrecen -de manera gratuita- el acceso a un amplio abanico de experiencias capaces de abrir nuevas formas de entender el mundo que nos rodea. Una de ellas es la Feria internacional del libro, Filgua, organizada por la Gremial de Editores de Guatemala y la cual este año será celebrada en septiembre como homenaje al bicentenario de la independencia de ese país. Este evento, además, ha sido dedicado a la escritora guatemalteca Ana María Rodas, Premio Nacional de Literatura y una de las mayores exponentes de la poesía latinoamericana.
Como parte esencial del programa de la primera versión virtual de la Feria Internacional del Libro en Guatemala, acompañando a la presencia de relevantes exponentes de la literatura, provenientes de Guatemala y otros países, sus organizadores ponen especial énfasis en un amplio repertorio de actividades dedicadas a la niñez y la juventud, como una forma de incentivar la lectura y el acceso al conocimiento universal, mecanismos imprescindibles para reforzar el crecimiento intelectual de las nuevas generaciones de ciudadanos.
Guatemala, un país rico en cultura y tradiciones, ha debido enfrentar enormes obstáculos, a lo largo de su historia, en sus esfuerzos por hacer del conocimiento un patrimonio de libre acceso para todo su pueblo. Gobernantes y élites económicas, empecinados en frenar toda iniciativa en ese sentido han cercenado, a través de los siglos, sus oportunidades de desarrollo. La apertura hacia la educación es, todavía, uno de los más grandes desafíos para sus habitantes; por lo tanto, cualquier evento en esa dirección merece el apoyo de toda la sociedad.

La lectura no es solo un pasatiempo, sino un recurso vital para el desarrollo .

Alexandra Alter escribe sobre publicaciones y el mundo literario para The New York Times. Antes de unirse a The Times en 2014, cubrió libros y cultura para The Wall Street Journal, donde fue reportera durante siete años. Antes de eso, informó sobre religión y el huracán ocasional para The Miami Herald. Tiene una licenciatura en religión de la Universidad de Columbia y una maestría en religión y periodismo de Columbia.

El mundo editorial polarizado

Para obtener una instantánea de cuán políticamente polarizado se ha vuelto el país, considere la lista de los más vendidos en el New York Times de este domingo. Los libros políticos ocupan los cinco primeros lugares en la lista de no ficción de tapa dura, pero ofrecen puntos de vista tremendamente divergentes.

El número uno en la lista es el "marxismo estadounidense" del presentador de Fox News, Mark Levin, que argumenta que los liberales, incluido el presidente Biden, están impulsando una agenda socialista. Los dos títulos que siguen presentan puntos de vista agudamente críticos de la administración Trump: "Aquí, lo correcto importa", una memoria de Alexander Vindman, el teniente coronel retirado del ejército estadounidense que tuvo un papel en el primer juicio político de Trump; y “Yo solo puedo arreglarlo”, un relato explosivo del último año de Trump en el cargo por parte de los reporteros del Washington Post Carol Leonnig y Philip Rucker. Luego vienen los libros de las estrellas de los medios conservadores Ben Shapiro y Jesse Watters.

“El mismo tipo de polarización que estamos viendo en la cultura dominante está ocurriendo en el mercado del libro”, dijo Kristen McLean, analista de NPD BookScan, una firma de investigación de mercado. "El apetito está en ambos lados de la división política".

Cuando Biden asumió el cargo, los editores se prepararon para una recesión. Los años de Trump habían sido una gran ayuda para su industria, con un torrente de best sellers que incluían revelaciones explosivas de Bob Woodward y Michael Wolff, y memorias reveladoras de John Bolton y Mary Trump. Las ventas de libros políticos alcanzaron un máximo de 20 años, según NPD BookScan.

Como se predijo, las ventas de libros políticos cayeron en los primeros siete meses de este año. Pero los editores siguen siendo optimistas sobre el género. Si bien las ventas han disminuido, las cifras aún están muy por encima de lo que estaban en 2016, e incluso en 2019. Los libros de autores conservadores están comenzando a repuntar, como suele ser el caso cuando hay un demócrata en la Casa Blanca.

“Es más fácil vender libros políticos cuando la audiencia está en la oposición, cuando se siente asediada y está más alterada y enojada”, me dijo Thomas Spence, presidente y editor de la editorial conservadora Regnery. "Los dos primeros trimestres de 2021 han sido fantásticos para nosotros".

Sin embargo, el conservador mercado del libro también conlleva riesgos para las grandes editoriales corporativas. Después de la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos en enero, Simon & Schuster cancelaron los planes de publicar un libro del senador Josh Hawley, quien trató de revocar los resultados de las elecciones presidenciales. (El Sr. Hawley, quien acusó a la compañía de violar la Primera Enmienda, publicó su libro con Regnery).

Simon & Schuster anunció más tarde que había firmado un contrato de dos libros con el exvicepresidente Mike Pence. La decisión indignó a los liberales, incluidos algunos de los propios autores y miembros del personal de Simon & Schuster, que firmaron una petición pidiendo a la compañía que deje de publicar libros de exfuncionarios de Trump. Pero la petición no logró convencer a los ejecutivos y poco después se supo que Simon & Schuster le había comprado un libro a Kellyanne Conway .

Esas adquisiciones no apaciguaron a conservadores como Tucker Carlson, quien atacó a Simon & Schuster por su decisión de dejar a Hawley y acusó a la compañía de censura en su nuevo libro, "The Long Slide". (Su afirmación de censura se ve socavada por el hecho de que su libro fue publicado, bueno, por un sello de Simon & Schuster).

Luego está la perspectiva de una memoria del propio Trump, que sería un éxito de ventas garantizado, pero presentaría a los editores desafíos fácticos y un inevitable retroceso de sus críticos.

A pesar de estas tensiones, los editores se apresuran a firmar títulos conservadores y los conservadores se apresuran a escribirlos. Jared Kushner y William Barr también han vendido libros. Aún así, muchos editores de las grandes casas son cautelosos a la hora de provocar una reacción violenta al trabajar con republicanos de extrema derecha, y la cautela puede ser mutua. Este verano, dos veteranos de la industria anunciaron que estaban comenzando una nueva compañía editorial conservadora para atender a los autores de la derecha que se sienten excluidos por los principales editores.

No está claro si los editores verán el tipo de éxitos de taquilla que vimos durante la era Trump. Pero los analistas predicen que la polarización de culturales y los problemas sociales continuará impulsando las ventas de libros en ambos lados de la división política.

“Ahora se siente como si la cultura estuviera en guerra nuevamente”, dijo McLean. "Todos respiraron profundamente y volvimos a hacerlo".

“The Morning” en “The New York Times”

La Unión de Escritoras y escritores respaldan a Claudia Piñero guionista de la serie El Reino

Tras las acusaciones de La Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) que señaló a los creadores de la serie de Netflix, «El Reino», de «usar el arte» para «crear en el imaginario popular la percepción» de que sus pastores «solo tienen ambiciones de poder o de dinero», desde la entidad apuntaron contra Claudia Piñeiro, guionista y creadora de la serie, de tener «un encono» contra la «cultura evangélica de la Argentina» derivada de su «militancia feminista». Desde la Unión de escritores y escritoras emitieron un comunicado respaldando a la guionista. «Repudiamos de modo contundente el ataque recibido por nuestra colega y compañera Claudia Piñeiro por su trabajo como guionista de la serie El Reino, estrenada recientemente y producida por Netflix. No es necesario aclarar que se trata de una obra de ficción que debe gozar de plena libertad para desarrollarse. Consideramos un hecho grave que se pretenda confundir al público y manipularlo para hacerle creer que un hecho ficticio tiene algún correlato con la realidad, mucho más cuando el ataque va dirigido a una sola persona, cuyo trabajo se ve perjudicado por estas acciones de censura». Por ANRed

Desde la Unión de escritores y escritoras emitieron un comunicado respaldando a la guionista.«Vivimos un tiempo atravesado por una reacción conservadora que pretende cercenar derechos, silenciar a quienes piensan distinto y atacar la creación artística confundiendo deliberadamente la realidad con la ficción.En ese contexto, repudiamos de modo contundente el ataque recibido por nuestra colega y compañera Claudia Piñeiro por su trabajo como guionista de la serie El Reino, estrenada recientemente y producida por Netflix» explica el comunicado

Agrega «no es necesario aclarar que se trata de una obra de ficción que debe gozar de plena libertad para desarrollarse. Consideramos un hecho grave que se pretenda confundir al público y manipularlo para hacerle creer que un hecho ficticio tiene algún correlato con la realidad, mucho más cuando el ataque va dirigido a una sola persona, cuyo trabajo se ve perjudicado por estas acciones de censura.Solicitamos a los autores del comunicado al que hacemos referencia que se retracten de sus palabras y los hacemos responsables de cualquier situación que pudiera sufrir nuestra colega, tanto a nivel laboral como personal, a partir del mismo».

Por su parte, la escritora respondió a través de su cuenta de Twitter con dos frases: «La censura es censura, la quieras disfrazar de lo que la quieras disfrazar» y «Ahora censurar una ficción ya parece medieval».

(ANRED)

Coronavirus

En el mundo: 209.201.939 casos confirmados y 4.390.467 muertes. Ayer se confirmaron 666.959 casos nuevos. Ya se administraron 4.543.716.433 vacunas ( OMS ).

En Argentina: 5.116.803 casos confirmados y 109.841 muertes. Ayer se confirmaron 10.596 casos nuevos y 189 fallecimientos. Ya hay 38.145.435 vacunas aplicadas ( Ministerio de Salud de la Nación y Monitor Público de Vacunación ).

Argentina supera las 46 millones de vacunas recibidas. Santa Fe comenzó a aplicar la Sputnik V de producción nacional. Río Negro vuelve a la presencialidad escolar plena. En Mar del Plata se duplicaron los hisopados por cuadros respiratorios en niños. Catamarca regresa el lunes a la libre circulación.

Hospitalizaciones de mayores de 50 años en su pico máximo en EEUU: la mayoría, sin vacunar. México superó los 250.000 muertos por coronavirus. Científicos cuestionan la aplicación de una dosis de refuerzo en EEUU. Australia registra su peor dato de contagios desde el inicio de la pandemia, con más de 750 en un día. Irán supera los 100.000 fallecidos.

Santiago Cafiero: "Se empieza a vislumbrar la salida de la pandemia"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó que "se empieza a vislumbrar la salida de la pandemia" de coronavirus y remarcó que la "recuperación desde el punto de vista del empleo es muy visible, así como la recuperación del consumo".

Así lo expresó en declaraciones a la prensa tras la reunión de gabinete, encabezada por el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario.
Además,Cafiero ratificó el compromiso del gobierno nacional de aplicar 7 millones de segundas dosis de vacunas contra el coronavirus durante agosto y precisó que ya se llevan dadas 4 millones y medio en lo que va del mes.
"Este jueves 430 mil personas fueron vacunadas. Hasta ahora aplicamos 4 millones y medio de segundas dosis en lo que va del mes y queremos completar 7 millones de aplicaciones de segundas dosis durante agosto", dijo.
Y aseguró que se está completando "el 60 por ciento" de personas vacunadas contra el coronavirus con la primera dosis en todo el país, y el 25 por ciento con la segunda dosis.
(TELAM)

Paritaria docente

El gobierno y los sindicatos docentes acordaron un aumento del salario del 45,45%. En la última paritaria federal, los cinco gremios nacionales docentes habían acordado un aumento del 34,6% en tres tramos.

El salario mínimo docente alcanzará los $40.000 en diciembre. El mismo puede ser luego mejorado por cada provincia si está en condiciones de reabrir la discusión paritaria.

Las partes acordaron volver a reunirse en noviembre para la apertura de la paritaria de 2022.

Los gremios estatales también acordaron un nuevo aumento : adelanto de cuotas y un 5% más al 35% acordado en mayo.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, ratificó este viernes el compromiso del Gobierno nacional de que “el salario docente esté por arriba de la inflación”, luego de que ayer el Gobierno y los cinco sindicatos docentes nacionales acordaran en paritarias un nuevo salario mínimo que alcanzará los 40 mil pesos en diciembre. “Convocamos a la paritaria para poder cumplir con el compromiso del Presidente de que el salario docente esté por arriba de la inflación”, destacó Trotta esta mañana, en declaraciones formuladas a Radio Nacional y El Destape, entre otras.

El Gobierno y los cinco sindicatos docentes nacionales acordaron este jueves en paritarias un nuevo salario mínimo garantizado para todo el país de 38 mil pesos desde el 1 de octubre, de 39 mil a partir del 1 de noviembre y de 40 mil desde el 1 de diciembre próximo, lo que totalizó una mejora del 45,5 por ciento. Esas sumas convenidas para el nuevo salario garantizado o inicial nacional incluyeron el adicional por conectividad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), en tanto la negociación incluyó cláusula de revisión en noviembre próximo.

Según destacó Trotta, estos acuerdos se transforman en “una referencia para las discusiones salariales” de todos los sectores del trabajo. Asimismo, ratificó que en noviembre próximo se abrirán las negociaciones salariales docentes para el año 2022, y también se comprometió a revisar la paritaria actual acordada en caso de ser necesario. Para el funcionario, es necesario que los sueldos no sólo “estén por encima de la inflación” sino también “transitar un proceso de recuperación del poder de compra de los salarios”.

Por otro lado, se refirió a la situación epidemiológica y aseguró que si bien “los indicadores en todo el territorio vienen mejorando, hay que estar atentos a las nuevas variantes”. En ese marco, subrayó que “hay presencialidad en todo el territorio argentino”, pero lamentó que “la ciudad de Buenos Aires y Mendoza no cumplen con los protocolos” de cuidado en el marco de la pandemia de coronavirus. “Eso nos genera preocupación”, dijo el funcionario nacional, quien anticipó que el día lunes se reunirá con los expertos para contar con su perspectiva. “Los protocolos son una norma diseñada por el sistema educativo con los especialistas”, dijo Trotta y agregó que es preocupante la apertura en esos distritos, ya que “la población educativa es un sector de la población que no está vacunado”.

En tanto, en declaraciones a la radio AM750, Trotta criticó la campaña de la exgobernadora bonaerense y precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien propuso, en caso de ser electa, propone declarar la emergencia en educación. “La gestión que hizo Vidal en provincia no le permitió volver a ser candidata. Tuvo que cambiarse de distrito porque no puede mirar a los ojos a los bonaerenses. En el campo educativo fue una gestión de ajuste complementario al ajuste de Macri”, dijo Trotta. Y finalizó: “En los cuatro años de Macri, la inversión educativa cayó 33 por ciento. Adicionalmente en la provincia la inversión cayó un 20 por ciento. Cuando a la escuela se le ajustan los recursos el escenario es negativo”.

(Tiempo Argentino)

Actividad económica

La actividad económica creció 2,5% en junio respecto al mes anterior, 10,8% interanual y acumula una suba del 9,7% en el primer semestre. Se frenó así una serie de cuatro meses consecutivos de caída del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publica el INDEC. Se ubica un 2,2% por debajo de los niveles pre pandemia de febrero del 2020.

De acuerdo al organismo, 13 de los sectores que conforman el indicador registraron subas interanuales, entre las que se destacan Pesca (+108,7%), Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (+79,4%) y Construcción (32,3%).

Ayer se publicó también el aumento de la canasta básica total de 1,6% en julio. Un adulto necesitó $21.869 para satisfacer sus necesidades fundamentales y una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesitó $67.577 para no caer bajo la línea de la pobreza. En un año, la canasta básica total aumentó 51,8%.

Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), las importaciones en julio aumentaron 65,6% respecto a igual mes del año anterior y las exportaciones crecieron 47,1%. De ese modo, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) subió 54,7%, en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un valor de US$ 12.967 millones.

La balanza comercial registró un superávit de US$ 1.537 millones, US$ 57 millones más que el registrado en igual período de 2020. “En julio todas las magnitudes a nivel general (valor, cantidad y precio) de exportaciones e importaciones aumentaron”, determinó el informe.

Las importaciones mostraron un incremento que alcanzó los US$ 2.264 millones. Estes incremento se puede explicar por la a suba de 35,1% en las cantidades y de 22,6% en los precios. En términos desestacionalizados, las importaciones cayeron 2,7% y, según la tendencia-ciclo, se incrementaron 0,6% con relación a junio de 2021.

“Todos los usos económicos registraron variaciones positivas: bienes de capital (BK), 20,7%; bienes intermedios (BI), 72,3%; combustibles y lubricantes (CyL), 163,0%; piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 101,2%; bienes de consumo (BC), 25,2%; vehículos automotores de pasajeros (VA), 29,4%; y resto, 36,8%, mayormente por el incremento de bienes despachados mediante servicios postales (couriers)”, indicó el Indec.

Por su parte, las exportaciones ganaron US$ 2.321 millones respecto a igual mes de 2020, debido principalmente a un aumento de los precios de 33,3%, y de las cantidades de 9,3%. En términos desestacionalizados crecieron 1,7%, mientras que la tendencia-ciclo registró una suba de 2,4%, con relación a junio de 2021.

“Todos los rubros aumentaron: las manufacturas de origen industrial (MOI), 78,7%; los productos primarios (PP), 54,4%; las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 29,7%; y los combustibles y energía (CyE), 15,6%”, detalló el informe.

La balanza comercial en los primeros siete meses de 2021

Durante los primeros 7 meses de 2021, el intercambio comercial se incrementó 39,4% y alcanzó un valor de US$ 76.939 millones. La balanza comercial registró un superávit de us$ 8.310 millones. En todos los casos, las variaciones correspondieron a igual período del año anterior.

Las importaciones crecieron 51,2% (US$ 11.623 millones) como resultado de un incremento de 36,0% en las cantidades y un ascenso de los precios de 11,1%. Se observaron incrementos en todos los usos económicos, especialmente en los bienes capitales (43,6%), los bienes intermedios (54,9%) y las piezas y accesorios para bienes de capital (66,5%). El estudio destacó las importaciones de combustibles y lubricantes, con US$ 1.294 millones de aumento.

En tanto, las exportaciones aumentaron 31,2% (US$ 10.141 millones) como resultado de subas en las cantidades (5,6%) y en los precios (24,3%). Se destacó el salto de 47,2% de manufacturas de origen agropecuario (44,4%), principalmente por mayores ventas de residuos y desperdicios de la industria alimenticia, grasas y aceites y los productos lácteos. Sin embargo, las exportaciones de carnes y sus preparados se redujeron 2,6%. También crecieron los productos primarios con 8,9% (US$ 971 millones), y los combustibles y energía con 8,6% (US$ 180 millones de dólares).

(El Economista)

Movilidad Jubilatoria

Un nuevo informe elaborado por el OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS / MÓDULO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS
Coordinado por Santiago Fraschina, de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), afirma que con la movilidad confirmada para septiembre y los bonos otorgados, las jubilaciones mínimas percibieron $10 mil más que la fórmula anterior.

En septiembre, las jubilaciones se incrementarán un 12,39%, aumentando más de 3,5 puntos porcentuales por encima de la inflación esperada del trimestre.
● Acumulando los aumentos otorgados en marzo (+8,07%) y junio (+12,12%), el incremento acumulado en el 2021 alcanzará el 36,2%.
● Analizando la inflación acumulada hasta julio (29,1%), las expectativas ubican la inflación acumulada hasta septiembre en torno al 36,1%, logrando una recuperación en términos reales de las jubilaciones.
● Así, la jubilación mínima alcanzará los $25.922 en el mes de septiembre 2021, superando al haber que se hubiese alcanzado actualizando por inflación por $688.
● El aumento otorgado en el mes de septiembre 2021 es el más alto desde antes de 2017. Es decir, nunca la fórmula suspendida entregó un aumento tan alto como el que
otorga en septiembre la nueva fórmula.
● Además, de haberse aplicado la fórmula de movilidad suspendida a lo largo de 2021, acumulando los aumentos que hubieran correspondido, las jubilaciones se hubiesen
incrementado un 33,7%, quedando por debajo de la inflación y de la fórmula aplicada efectivamente.
● En este sentido, la fórmula que generó la pérdida del 19,5% del poder adquisitivo de las jubilaciones entre 2018 y 2019, en 2021 continuaría ajustando las jubilaciones por debajo de la inflación en un contexto altamente hostil dadas las consecuencias de la pandemia.
● Con el aumento efectivo de septiembre más de 18 millones de personas incrementarán sus ingresos por encima de la inflación.
● Además, cabe recordar que, en el tercer trimestre de 2021, más específicamente en el mes de agosto, más de 6 millones de jubilados/as y pensionados/as que perciben hasta 2 haberes mínimos, recibieron un Bono de $5.000.
● Considerando el aumento por movilidad, los bonos de abril y mayo, y el bono de agosto, los 3,5 millones de jubilados/as y pensionados/as que cobran la mínima
percibirán, entre julio y septiembre 2021 y junio, $4.276 por encima de la inflación.
● Entre diciembre de 2019 y septiembre de 2021, una persona que cobra el haber mínimo habrá percibido $10.607 (+2,3%) por encima de la inflación del período.
Esto fue posible gracias a los aumentos por decreto, los 6 bonos otorgados y la aplicación de la nueva fórmula de movilidad.
● Con la nueva fórmula de movilidad todos/as los jubilados/as y pensionados/as tuvieron ingresos superiores a los que hubieran percibido con la fórmula anterior.
● Una persona que cobra la mínima habrá percibido entre enero y septiembre $2.920 más que con la fórmula anterior. Si se consideran los bonos, habrá recibido $10.920 más que con la fórmula suspendida.
● Entre dic-19 y sep-21, una persona que cobra la mínima habrá percibido $7.937 más que si los haberes se hubieran ajustado por la fórmula suspendida.

Reunión de gabinete nacional

Hoy habrá reunión de gabinete nacional a partir de las 11 en Casa Rosada. Es la primera reunión de gabinete completa (con Vizzotti, Salud, desde Rusia) del gobierno de Alberto Fernández.

Según fuentes oficiales , habrá un análisis de gestión área por área y se definirá la agenda de los ministerios a futuro.

Faltan microchips

Toyota anunció ayer que reducirá un 40% la producción de autos por la escasez de semiconductores (microchips). Planeaba fabricar 900.000 autos en septiembre y bajó la previsión a 540.000.

Volkswagen, la segunda automotriz después de Toyota, también anunció que se verá obligada a reducir la producción por la volatilidad en el abastecimiento de semiconductores. En parte, la escasez se debe a la nueva ola de coronavirus que afecta a Asia. Empresas competidoras de Toyota como General Motors, Ford, Nissan o Renault ya habían anunciado reducciones en la producción frente a la escasez mundial de microchips.

Tras el anuncio, las acciones de Toyota cayeron 4,7% en la Bolsa de Tokio.

Energías renovables

YPF anunció que, en el primer semestre del año, el abastecimiento mediante energías renovables alcanzó el 25% del total de su demanda eléctrica.

Hacia fines de este año, cuando comience a operar el parque eólico Cañadón León de Santa Cruz se espera que el 37% de la demanda eléctrica quede cubierta por renovables. La empresa tiene contratos de energía renovable por una potencia mayor a 160 MW, siendo la compañía con mayor provisión de energía renovable de Argentina.

En los próximos días, el gobierno enviaría el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas al Congreso.

Senado

Media sanción para los dos proyectos que limitan las tasas que se cobran por mora en el pago de servicios públicos y privados. Se trata de dos iniciativas presentadas por el bloque del Frente de Todos que limitan la tasa de interés por mora que pueden cobrar los servicios públicos, la tarjetas de crédito, medicina prepaga y empresas de seguros.

Los proyectos fueron aprobados por 38 votos a favor y ninguno en contra. Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal se ausentaron de la votación.

Ayer, la Legislatura porteña votó a favor del convenio con la empresa IRSA para la construcción de torres de hasta 45 pisos en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, con 36 votos a favor de Vamos Juntos (Rodríguez Larreta), UCR-Evolución (Lousteau), el Partido Socialista y GEN.

Malvinas

Hallaron los restos de cinco soldados argentinos en la tumba C.1.10 del cementerio de Darwin en el territorio argentino de Islas Malvinas. El hallazgo se produce en el marco de la segunda etapa del Plan Proyecto Humanitario, a través del cual el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) identifica restos de combatientes argentinos caídos en la guerra de Malvinas de 1982.

De acuerdo a lo informado ayer , se preveía que en ese lugar se encontraran cuatro cuerpos y no cinco. El próximo 26 de agosto, el jefe del equipo forense viajará desde las Islas Malvinas a Córdoba para llevar muestras de tejido esquelético al Laboratorio de Genética Forense del Equipo de Antropología Forense. Los resultados podrían estar para fines de octubre. Hoy el equipo del CICR se traslada a Caleta Trullo a realizar la identificación de una posible tumba de guerra temporaria.

María Victoria Murillo: es profesora titular de Ciencia Política y de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales y directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Columbia (Nueva York). Su último libro es La ley y la trampa. Por qué optar por el debilitamiento institucional puede ser una estrategia política (en coautoría con Daniel Brinks y Steve Levitsky, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2021).

2019 será recordado como el año del estallido social en América Latina. En su último trimestre, emergieron protestas en Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia. El miedo al contagio de covid-19 pareció sofocarlas cuando la pandemia llegó a la región en 2020. Sin embargo, en Bolivia y en Colombia, el descontento pudo más que el miedo y la gente salió a las calles aun con pandemia(En el caso boliviano, las protestas de 2019 y 2020 fueron de diferente signo político: contra el gobierno de Evo Morales primero, y luego contra el de Jeanine Áñez por parte de fuerzas cercanas al ex-presidente exiliado en Argentina) . En Perú y Paraguay, que habían vivido crisis institucionales en 2019, las protestas estallaron a fines de 2020 y principios de 2021, respectivamente. ¿Qué significan las manifestaciones de la ciudadanía en medio de una crisis sanitaria y económica? ¿Y qué nos dice su ausencia? En este artículo, intentaré esbozar algunas ideas sobre el significado del malestar social, así como potenciales escenarios para los sistemas políticos de la región, que reflejan diferentes modos de canalizar ese malestar y nos hablan de las promesas incumplidas de la transición democrática.

Las transiciones democráticas de los años 80 ocurrieron en el contexto de una profunda crisis económica: la crisis de la deuda externa, que provocó una recesión tan grande que dio en llamarse a esos años la «década perdida» de América Latina. La interpretación de esta crisis como indicador de la inoperancia de los gobiernos autoritarios empujó la democratización de la región. Durante las transiciones, los politólogos se dividían entre dos temores. Había quienes pensaban que las jóvenes democracias no sobrevivirían a la pobreza y desigualdad que heredaban porque sus crisis fiscales no les dejarían atender las demandas de las mayorías excluidas que ganaban entonces el derecho a expresarse políticamente. Y por otro lado, estaban quienes temían que las elites que habían apoyado los golpes de sus aliados militares interrumpieran el proceso si no se contenían las demandas de esas mayorías excluidas(En la ciencia política estadounidense, Stephan Haggard y Robert Kaufman: The Political Economy of Democratic Transitions (Princeton UP, Princeton, 1995) es un ejemplo del primer grupo, mientras que Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter: Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions About Uncertain Democracies (Johns Hopkins UP, Baltimore, 1986) es un ejemplo del segundo).

El despertar democrático no trajo redistribución para las mayorías que ganaron derechos políticos, sino procesos de ajuste económico y una ola de reformas de mercado que parecían inevitables cuando la caída del Muro de Berlín anunciaba el fin de la utopía comunista. Las elites económicas perdieron el miedo a la democracia, y si bien los militares se resistieron a los intentos de juzgar sus crímenes contra los derechos humanos, se mantuvo la paz social, ya fuera por miedo a la represión pasada o por el desgaste que implicaba la supervivencia económica, con el aumento de la pobreza y la informalidad que trajeron los años 90. Cuando las elites políticas parecían acordar en lo que se llamó el Consenso de Washington (reformas que incluían privatizaciones, desregulación y liberalización comercial), la resistencia de las clases populares empobrecidas comenzó a surgir y se agudizó con la crisis económica que caracterizó el último lustro del siglo xx. Si bien el descontento desbordó las calles, como durante el Caracazo en Venezuela o las llamadas «guerras» del gas y del agua en Bolivia, se expresó mayormente utilizando los canales políticos abiertos por la democracia; es decir, con el abandono de los partidos que promovían políticas de mercado y la búsqueda de otras alternativas. Esta estrategia democrática generó un aumento en la volatilidad electoral en busca de nuevas opciones y abrió paso a liderazgos que reconfiguraron totalmente los sistemas de partidos en Venezuela, Ecuador y Bolivia y, parcialmente, en Argentina y en Uruguay(.En Argentina, se fragmentaron el peronismo y su oposición, que perdió al radicalismo como punto focal, lo que dio lugar a la emergencia de nuevos partidos; en Uruguay, la llegada del Frente Amplio (FA) acabó con el bipartidismo de blancos y colorados. Tanto la facción kirchnerista del peronismo como el FA generarían nuevos ejes de polarización electoral). En otros casos, existía un partido que proveía una alternativa a la fuerza de gobierno, como en Brasil, pero allí no se produce una reconfiguración del sistema de partidos y el Partido de los Trabajadores (pt) no logra nunca mayorías legislativas, por lo que depende de gobiernos de coalición(Kenneth M. Roberts: Changing Course in Latin America: Party Systems in the Neoliberal Era, Cambridge UP, Cambridge, 2014; David J. Samuels y César Zucco: Partisans, Anti-Partisans, and Non-Partisans: Voting Behavior in Brazil, Cambridge UP, Cambridge, 2018). En todos estos casos, las novedades políticas polarizan los sistemas de partidos (incluso en Brasil, con el clivaje petismo/antipetismo).

Con el nuevo milenio, llegaron los altos precios de las materias primas empujados por la demanda asiática que cambiaba la geopolítica mundial. Para Sudamérica, tan dependiente en recursos naturales, el maná caía del cielo. Además del aumento de la riqueza y su traslado a los mercados de trabajo, los recursos fiscales permitieron políticas redistributivas que facilitaron la reducción de la pobreza y la desigualdad, la expansión de la educación y la emergencia de una nueva clase media que aspiraba a la movilidad social, aunque era todavía muy vulnerable a cualquier shock negativo por su falta de ahorros y dependía de un Estado que garantizara servicios públicos y sociales de calidad (M.V. Murillo, Virginia Oliveros y Milan Vaishnav: «Voting for the Left or Governing on the Left?» en S. Levitsky y K. Roberts (eds.): Latin American Left Turn, Johns Hopkins UP, Baltimore, 2011; Nora Lustig: «Desigualdad y política social en América Latina» en Corporación Andina de Fomento (CAF): El desafío del desarrollo in América Latina. Políticas para una región más productiva, integrada e inclusiva, CAF, Caracas, 2020). La democracia, sin embargo, parecía por primera vez cumplir con la promesa de redistribución que los politólogos de la transición democrática habían imaginado como consecuencia lógica del cambio de régimen, pero sin el retorno a los golpes militares que los atemorizaba en los años 80. Mientras las clases populares aumentaban sus expectativas sociales y buscaban que la política las resolviera, las elites se centraban en la emergente tensión entre democracia y república. Todos parecían ignorar, sin embargo, las limitaciones de las mismas promesas que parecían cumplirse, con una educación que se expandía a un ritmo mayor que su calidad y un modelo de desarrollo que recaía en proyectos extractivistas que proveían recursos fiscales sin resolver la demanda de empleo ni tomar en serio los costos medioambientales, mayormente pagados por grupos vulnerables tanto rurales como urbanos. Pese a las mejoras en los mercados laborales, estos continuaron siendo altamente excluyentes y segmentados por la informalidad, mientras que reforzaban desigualdades sociales que se superponían a otras diferencias étnicas, de raza y de género.

Con el fin del boom de las materias primas en 2014, comienza un proceso de reversión de las mejoras sociales respecto a la desigualdad y la pobreza. Las promesas de movilidad social a través de la educación, anhelo de la nueva clase media, se vuelven cada vez más difíciles de cumplir (N. Lustig: ob. cit). Más aún, esa nueva clase media comienza a percibir su vulnerabilidad frente a los shocks y la ausencia o deficiencia de los servicios públicos, en sociedades donde sus oportunidades laborales están marcadas por distancias sociales impuestas por origen, geografía, etnicidad, raza, informalidad y género. Al deterioro económico se le suma la inseguridad ciudadana, que pareciera agudizarse por la incapacidad e incluso la complicidad estatal con el crimen organizado, y a la desaceleración de las mejoras sociales se le agregan los escándalos de corrupción que llevaron a presidentes, vicepresidentes y otros funcionarios al procesamiento judicial. Llegamos entonces a 2019 con «vacas flacas» y un Estado que no puede compensar las debilidades del mercado. En lugar de poder reactivar a través del gasto, el sector público camina la senda del ajuste fiscal. Estos ajustes económicos encienden la mecha de la protesta en Ecuador, Chile y Colombia. En Bolivia, se trató de una crisis de legitimidad política (Las protestas en Bolivia se relacionan con la desconfianza frente al proceso electoral, porque el presidente Evo Morales ignoró la prohibición de ser reelecto pese a haber convocado y perdido un plebiscito al respecto. Las movilizaciones poselectorales, en conjunto con un motín policial, llevaron a que el ejército «sugiriera» la renuncia presidencial y a que se iniciara un proceso de sucesión no institucional. Nuevas protestas desafiaron la represión militar para pedir una normalización electoral y volvieron a hacerlo en pandemia, hasta la realización de una nueva elección presidencial en la que Morales no fue candidato, pero la fórmula de su partido, encabezada por el ex-ministro Luis Arce Catacora, obtuvo 55% de los votos). Perú y Paraguay también vivieron crisis institucionales en 2019 (pero estas no se expresarían en protestas hasta ya entrada la crisis sanitaria provocada por la pandemia). El deterioro económico y el consiguiente malestar que provocaba no siempre se expresaron en las calles, sino que a veces resultaron en votos que castigaban al partido de gobierno, como sucedió en las elecciones presidenciales de 2019, que obligaron al recambio en Argentina (donde perdió la derecha) y en Uruguay (donde perdió la izquierda).

En 2020, llegó la pandemia. Las cuarentenas y el miedo acallaron las protestas, aunque sus causales solo empeoraron. La región no solo sufrió el impacto de la enfermedad que hizo epicentro en ella durante mucho tiempo, sino que además entró en recesión. En 2020 la economía latinoamericana cayó 7,7% según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (Panorama social de América Latina 2020, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2021). Esa caída tuvo un impacto desigual entre quienes podían trabajar remotamente y un gran sector de trabajadores informales que se quedaron de un día para el otro sin posibilidad de ganar el sustento. La región también fue la que más días de educación perdidos acumuló, lo que siguió profundizando la desigualdad entre quienes tienen acceso a tecnologías para educación remota y quienes no. La pobreza y el desempleo aumentaron, la corrupción se inmiscuyó en el manejo de la pandemia y, en muchos casos, las elites políticas siguieron mostrando falta de empatía con una población cada vez más angustiada.

Hasta que el malestar explotó, y entonces los jóvenes encabezaron las protestas pese a la represión y la pandemia. Si bien en Bolivia las protestas habían continuado intermitentemente hasta que se convocó a la nueva elección presidencial, en Perú tomaron la forma de un estallido. El motivo fue que el Congreso (con poca legitimidad) declaró la vacancia del popular presidente interino Martín Vizcarra (recordemos que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, elegido en 2016, había renunciado en 2018 para evitar una jugada similar). El enojo de la ciudadanía se manifestó en las calles y obligó a renunciar al presidente designado por el Congreso. Le siguieron las protestas de Paraguay en marzo de 2021 y la explosión de mayo en Colombia, donde la mecha fue encendida por una reforma impositiva y, pese a una brutal represión con muertos y desaparecidos, las protestas continúan un mes más tarde. La movilización refleja un descontento que nos remonta a los miedos de los «transitólogos» sobre la coexistencia de la democracia con una enorme desigualdad y pobreza. Y en este punto hay que pensar no solamente en los altos niveles de desigualdad, sino también en su trayectoria, que había parecido descendente hasta mediados de la década pasada. La politización de la desigualdad llega en un momento en que esa trayectoria se detiene y esto hace trizas las esperanzas de movilidad social, o al menos de mejora en el bienestar que había generado. Las nuevas generaciones ya no quieren volver a naturalizar la desigualdad y expresan su descontento políticamente (aunque también de otros modos que van más allá de este ensayo). En ese contexto de descontento social, podemos pensar en al menos tres escenarios políticos posibles para entender esquemáticamente las trayectorias de los países (aun reconociendo sus múltiples especificidades).

El primer escenario es el de fragmentación o desestructuración política, donde el descontento popular con las elites políticas se expresa en las calles y electoralmente no encuentra un punto focal. Este escenario aparece en sistemas políticos con elites económicas poderosas, donde la estabilidad macroeconómica se mantuvo y los procesos de redistribución material y simbólica habilitados por el boom de las materias primas fueron sostenidos, pero no dramáticos. Chile es el caso paradigmático. El «octubre chileno» que estalló en 2019 movilizó a 20% de la población a las calles y forzó la celebración de un plebiscito para decidir sobre la necesidad de redactar una nueva Constitución. Los resultados electorales de la consulta de octubre de 2020 confirmaron el enojo de la ciudadanía, con un apoyo de 80% a la convocatoria de una Convención Constitucional (pese al muchísimo mayor apoyo financiero a la opción del rechazo). La elección de constituyentes, en mayo de 2021, volvió a señalar el descontento de la ciudadanía con los partidos tradicionales, ya que un tercio de los escaños quedó en manos de candidatos independientes. En Perú, jóvenes descontentos frente a una pelea palaciega que ignoraba la crisis sanitaria y económica del país salieron a las calles desafiando la pandemia en noviembre de 2020. El fastidio de la ciudadanía con esos políticos ajenos a su sufrimiento quedó plasmado en una elección presidencial en la que la fragmentación electoral fue tal, que el 18% que obtuvieron los votos blancos y nulos casi emparejó al candidato más votado, mientras que la segunda candidatura recibió 13% de apoyo electoral. En la segunda vuelta entre esos dos candidatos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y con una campaña que polarizó a la opinión pública agitando el espectro del comunismo si ganaba el primero, el voto se dividió por clase social y geografía. Castillo ganó por menos de un punto porcentual (.Los votantes de menor ingreso y del interior apoyaron a Castillo, y los de mayor ingreso y de la región limeña, a Fujimori. La gobernabilidad será difícil porque Castillo solo cuenta con 28% de los escaños en el Congreso). En Colombia, también la ciudadanía se expresó en las calles retomando las protestas de 2019, pese a una represión brutal heredera de años de conflicto armado que había contenido durante mucho tiempo la movilización. Sin embargo, todavía es temprano para definir las consecuencias electorales de esa movilización.

En Chile, Perú y Colombia, los jóvenes lideraron las protestas en el marco de una menor densidad organizativa de la sociedad civil y, por ende, la falta de representantes claros con capacidad para negociar salidas de la crisis. En estos casos no hay un liderazgo definido de las protestas, pero los jóvenes comparten su frustración frente a una educación superior cuyo costo no se condice necesariamente con su calidad, o con la provisión de habilidades que permitan un empleo digno y la movilidad social prometida por la expansión educativa. En los tres países, las anteriores protestas habían sido localizadas geográfica o temáticamente y no habían encontrado respuesta en el sistema político (incluso a veces la represión fue la única respuesta). Esta nueva ola de protestas, cuyas consecuencias todavía no terminan de vislumbrarse, se expandió a través del territorio y sorprendió a las elites políticas y económicas, que hasta entonces se habían sentido seguras.

El segundo escenario es de continuidad de la polarización. En estos casos, los sistemas políticos ya sufrieron una crisis de representación de los partidos tradicionales en respuesta a las reformas de mercado de los años 90. Esas crisis permitieron la emergencia de nuevos liderazgos que prometían renovación y ocupaban el espacio de oposición a esas políticas, especialmente tras la recesión del último lustro del siglo xx. Los gobiernos de izquierda que llegaron con el recambio pudieron aprovechar el boom de las materias primas para beneficiarse del consiguiente crecimiento económico y redistribuir recursos más significativamente con el fin de compensar los efectos de las políticas anteriores en la estructura social. A los recursos fiscales del boom, estos nuevos liderazgos sumaron la explícita representación de los sectores populares formales e informales incluyendo diferentes grados de confrontación con las elites económicas. En los casos más personalistas, la concentración de poder generó tensiones importantes con la democracia, lo que dio paso a procesos de backsliding o erosiones incrementales que deterioraban el régimen democrático de un modo que no había sido previsto por los «transitólogos», como ocurrió en el caso de Venezuela ( Nancy Bermeo: «On Democratic Backsliding» en Journal of Democracy vol. 27 No 1, 1/2016).

Bolivia, Argentina y Ecuador representan el escenario de democracias con continuidad de la polarización (tal vez también Uruguay, aunque sin liderazgos personalistas). La polarización surgida de la anterior crisis de representación todavía organiza sus sistemas políticos, aunque está empezando a desarticularse en el caso ecuatoriano, donde el movimiento indígena y los jóvenes desconfían del correísmo y las protestas también estallaron en 2019 lideradas por el movimiento indígena. En estos países, los sectores populares están más organizados y las protestas se sostienen al ritmo de los ajustes, pero con liderazgos sociales que permiten la negociación y establecen límites a la política pública. El movimiento indígena en Ecuador y el piquetero (El movimiento piquetero nació a mediados de la década de 1990 para organizar a los desempleados y trabajadores informales, y llevó adelante cortes de rutas, ollas populares e incluso el reparto de asignaciones monetarias con diversos tipos de contraprestaciones en trabajo comunitario.), en Argentina, son ejemplos de esa capacidad, que permitió negociar el fin de las protestas sociales de 2019 en Ecuador y evitar su ocurrencia en Argentina ese mismo año (las protestas limitadas que se registraron durante la pandemia han representado hasta ahora a sectores de centroderecha de oposición al gobierno de Alberto Fernández). Incluso en Bolivia, donde la ruptura institucional emergió después de la movilización polarizada de sectores juveniles urbanos de clase media, las protestas organizadas por movimientos sociales asociados al Movimiento al Socialismo (mas) fueron claves para el retorno del calendario electoral incluso durante la pandemia. En este escenario, la organización de los sectores populares y la polarización social y política son todavía claves para comprender la protesta, aunque las consecuencias de la pandemia pueden modificar los patrones de polarización en el futuro.

El tercer escenario de liderazgos reestructuradores del sistema político refleja también un descontento ciudadano con los partidos políticos tradicionales similar al del primer escenario. Sin embargo, en lugar de volcarse a las calles, este descontento encuentra un punto focal alrededor de un liderazgo electoral que se presenta como renovador y busca reestructurar el sistema político. El Salvador y México son casos emblemáticos. En ambos países, las transiciones tardías se combinaron con la gran dependencia de la economía estadounidense, expresada en la integración comercial, la migración y las remesas. Esa misma dependencia de Estados Unidos proveyó mecanismos de protección a las elites económicas que limitaron el alcance de los procesos de redistribución en los años 2000 y redujeron la volatilidad económica provocada por los ciclos de precios de materias primas presente en los otros dos escenarios(Daniela Campello y C. Zucco: The Volatility Curse, Cambridge UP, Cambridge, 2020; N. Lustig: ob. cit.) .

En El Salvador y en México, los partidos políticos tradicionales no solo se mostraron incapaces de responder a las demandas de seguridad personal de la ciudadanía y a la necesidad de un modelo económico inclusivo, sino que también fueron salpicados por escándalos de corrupción. En ambos países, el descontento popular encontró un líder que los acusaba de «ser lo mismo» y prometía un mundo mejor, tal como había ocurrido en los países que entraron en crisis de representación a fin del siglo pasado, tras las reformas de mercado.

El Partido Revolucionario Institucional (pri), el Partido Acción Nacional (pan) y el Partido de la Revolución Democrática (prd), que habían pactado la transición mexicana, fueron perdiendo capacidad para diferenciarse. Durante la presidencia del priísta Enrique Peña Nieto, el Pacto por México, firmado en 2012, acentuó el acercamiento entre estos tres partidos, que acordaron reformas políticas en busca de un crecimiento económico que venía eludiendo a México. Sin embargo, ni la economía mejoró, ni la violencia y la complicidad estatal (cuya visibilidad se incrementó con el caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014) disminuyeron. En la elección de 2018, el pan y el prd, nacidos a ambos lados del espectro ideológico del pri, respaldaron incluso al mismo candidato presidencial. Este acercamiento y su pobre desempeño aumentaron la credibilidad de la denuncia de Andrés Manuel López Obrador y le permitieron construir una identidad renovadora pese a su pasado priísta y perredista. Los escándalos de corrupción que salpicaban a los partidos solo hicieron más atractiva su oferta electoral y le permitieron alcanzar 53% de los votos en las elecciones presidenciales y controlar una mayoría en el Congreso. En las elecciones legislativas de junio de 2021, su coalición logró mantener la mayoría en el Congreso, aunque no obtuvo la supermayoría que buscaba para aprobar cambios constitucionales( Esta caída es, sin embargo, menor que la sufrida en anteriores elecciones de medio término por el partido de gobierno y ocurre en un contexto de crisis sanitaria y sin mejora en los indicadores económicos o de seguridad). Sin embargo, las elecciones de gobernador muestran su expansión territorial, pese a haber tenido un revés significativo en su bastión de Ciudad de México.

En El Salvador, Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln) habían firmado los acuerdos de paz que llevaron a la transición democrática y se alternaron en el gobierno sin poder resolver la creciente violencia contra la que terminaron usando similares políticas represivas. También ahí los escándalos de corrupción involucraron a presidentes de ambos partidos y señalaron la falta de conexión entre la política y las calles. Como en México, esta desconexión no resultó en una gran movilización popular, sino que se canalizó en el apoyo a la candidatura de Nayib Bukele, quien denunciaba a los dos partidos tradicionales (a pesar de haber empezado su carrera política en el fmln). Bukele logró un enorme apoyo popular y recibió 53% de los votos en la elección presidencial de 2019, sustentado en gran parte por el electorado más joven –elegido con 37 años, es el presidente más joven de la región–. En las elecciones legislativas de febrero de 2021, su liderazgo se confirmó en el apoyo a su nuevo partido, lo que empujó a los partidos tradicionales hacia la irrelevancia electoral y le permitió a Bukele el control del Congreso ( Bukele usó de inmediato el control del Poder Legislativo para reemplazar a cinco jueces de la Corte Suprema con aliados, con lo que logró concentrar aún más poder. Ver Oscar Pocasangre: «Why El Salvador’s Multi-Party System Is on the Brink of Collapse» en El Faro, 24/2/2021 y Jimmy Alvarado, Roxana Lazo y Sergio Arauz: «Bukele usa a la nueva Asamblea para tomar control de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía» en El Faro, 2/5/2021.)

Los liderazgos de López Obrador y Bukele se parecen por su apoyo entre los más jóvenes y los más educados y por sus estrategias de concentración de poder personal a partir de su gran popularidad (Estos datos corresponden a la elección presidencial, y no a las legislativas. V. «La población salvadoreña en las elecciones presidenciales de 2019», Documento de Trabajo No 1/2019, Fundaungo, p. 40, y «4 datos que caracterizan a los electores que votaron por López Obrador» en Expansión, 10/7/2018. En el caso de México, en las elecciones legislativas de 2021 cae el apoyo a Morena entre los jóvenes y los más educados, y se mantiene un menor apoyo entre las mujeres, mientras que sube entre los más pobres. Ver Santiago Rodríguez: «Las grietas de Morena: jóvenes, mujeres y clases medias» en El País, 9/6/2021). Ambos prometen cambiar sus sistemas políticos y se caracterizan por liderazgos personalistas. Si bien su concentración de poder puede amenazar los contrapesos de una democracia representativa, es también más fácil para los poderes económicos negociar cuando hay líderes que cuando se enfrenta el enojo generalizado que caracteriza a Chile, Perú y Colombia. Pese a que estos casos de liderazgo polarizador se parecen al segundo escenario, el contexto económico es diferente. Si bien los precios de las materias primas están subiendo nuevamente, esto no alcanza para cubrir las necesidades fiscales de la región en el marco de la pandemia, y es más difícil construir una coalición duradera sin tener recursos para distribuir, dados los altos niveles de pobreza e informalidad en la región.

La pandemia abre un nuevo escenario de incertidumbre, que se suma a la multiplicidad de identidades políticas en una región donde al feminismo y las organizaciones lgbti+, a los movimientos indígenas y afrodescendientes y a la multiplicidad de organizaciones locales que resisten desastres ecológicos se les suman las nuevas iglesias evangélicas y movimientos conservadores locales que hacen incierta la lógica de la movilización democrática. La movilización empuja cambios políticos, pero no necesariamente conocemos su destino, ya que responde a ciclos de protesta y a la heterogeneidad de los actores que la empujan.

La incertidumbre en la dirección de la protesta social es ilustrada por las movilizaciones de Brasil en 2013. Un grupo de jóvenes estudiantes inició la protesta en respuesta a un aumento en las tarifas de transporte. La represión policial contribuyó a expandir las movilizaciones, que ampliaron sus demandas al acceso y la calidad de los servicios públicos frente al gasto en estadios para el Mundial de Fútbol y las Olimpíadas, que Brasil buscaba utilizar para venderse al mundo. Aunque la presidenta Dilma Rousseff respondió a las demandas, su popularidad resultó afectada y su reelección en 2014 fue ajustada. La movilización, sin embargo, se expandió hacia grupos conservadores que saldrían posteriormente a las calles para pedir el juicio político de Rousseff, en un contexto de deterioro económico y alto impacto público de la corrupción (gracias a la operación Lava Jato). Esta movilización facilitó la defección de sus aliados de la coalición de gobierno, frente a lo cual el minoritario pt no pudo evitar el impeachment a la presidenta. En ese vacío se montó la candidatura de Jair Bolsonaro, quien prometió la renovación política, aunque a diferencia de México y El Salvador, llegó al poder gracias a alianzas con partidos tradicionales, en el contexto fragmentado de la política brasileña. La marea puede volver a cambiar, dados el gran descontento con Bolsonaro y la liberación del ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva; este último lidera, en este momento, las encuestas para la elección presidencial de 2022 (Recordemos que un proceso judicial que no siguió el debido cauce le impidió presentarse como candidato frente a Bolsonaro y su anulación le permite hacerlo en la próxima elección). Es decir, la movilización y el descontento popular no tienen una direccionalidad única, ni un único punto de llegada.

La difícil convivencia entre democracia y desigualdad, agudizada por la reciente explosión de descontento en un contexto de crisis económica y sanitaria, resultó en los tres escenarios descriptos. Estos escenarios definen equilibrios inestables. Es verdad que la ciudadanía con demandas insatisfechas busca una democracia que la escuche, le preste atención y la siente a la mesa donde se toman las decisiones. Esa demanda de legitimidad democrática es más importante que los límites a la política pública que sugerían los «transitólogos» con miedo al retorno militar. Sin embargo, aunque esa legitimidad es necesaria para sostener la democracia, no es suficiente si no se asocia a una esperanza de mayor bienestar futuro, y este puede ser definido de muchas maneras dada la heterogeneidad de las demandas organizadas por el descontento. La democracia latinoamericana superó la transición, pero su consolidación requiere una combinación de inclusión y capacidad de respuesta que, esperemos, resulte de los procesos de movilización que está viviendo la región en este momento.

Desde la Multisectorial Humedales, organizaron una travesía náutica conformada por más de 40 kayakistas que recorrieron 350 kilómetros por la cuenca del Río Paraná hasta arribar al Dique Luján, en el partido de Tigre. Ayer, miércoles, marcharon desde Plaza de Mayo hacia el Congreso, donde se reunieron con diputadxs para exigir que se dé tratamiento con urgencia a la Ley de Humedales, que está frenada desde agosto del año pasado y antes de que pierda estado parlamentario.

La situación socioambiental es grave, este año, el Río Paraná tiene una bajante histórica, que es la peor de los últimos 77 años. El 26 de julio, el Gobierno Nacional declaró el “Estado de Emergencia Hídrica” por el término de 180 días corridos y ordenó actuar a ministerios de manera mancomunada. El contexto de incendios es creciente en todo el Delta, tal como pasó el año pasado. La Cuenca del Plata es la segunda más importante del continente y el río Paraná y sus islas forman parte del Sistema de Humedales Paraguay-Paraná, que es el corredor de humedales más importante del mundo. Desde la Multisectorial, detallaron que, durante 2020, se quemaron más de 400 mil hectáreas y continúa ese ritmo en lo que va de 2021.

La Ley de Humedales se encuentra frenada desde agosto del año pasado. Más de 40 kayakistas recorrieron 350 km para exigir el tratamiento de la Ley de Humedales. Como símbolo de la travesía náutica, organizada desde la Multisectorial Humedales Rosario, tres kayak encabezaron la marcha que partió hacia el Congreso, acompañadxs por organizaciones y movimientos que entienden la urgencia de la agenda ambiental. Desde La tinta, conversamos con algunxs referentes que estuvieron en la Plaza.

“Los humedales son ecosistemas increíblemente biodiversos que tienen múltiples funciones para el buen desarrollo de la vida en la tierra. Retienen nutrientes contaminantes, almacenan carbono y eso hace que se desacelere el cambio climático. Son una reserva de agua dulce, filtran el agua y el aire, retienen crecidas y evitan inundaciones. Le brindan hábitat y alimentación a muchísimas especies. Y en este momento, están siendo extremadamente vapuleados por las actividades productivas depredatorias. El año pasado, el agronegocio se llevó puesto más de medio millón de hectáreas de humedales. No hay nadie que lo prevenga, que apague el fuego y que regule las actividades productivas sobre la tierra quemada. En los últimos 20 años, se quintuplicó el número de carga ganadera en los humedales y es completamente contradictorio con proteger un ecosistema”, nos explica Ivo, integrante de la Multisectorial.

Los incendios, que tan bien conocemos en el territorio cordobés, han generado un aumento de los proyectos ganaderos en los campos de las islas, que nunca logran ser campos como tales ya que son tierras flotantes. “No es lo mismo una familia que hace años vive en el humedal en sintonía con la naturaleza y tiene un par de animales para subsistir que un gran empresario ganadero que mete 10.000 cabezas de ganado en la isla y para eso tiene que quemar y deteriorar el ecosistema. Lo que busca la ley -y es importante aclararlo- es que no prohíbe las actividades productivas, sino regularlas”, agrega Ivo, quien fue parte de la travesía náutica.

“La Ley de Humedales tiene un largo y penoso derrotero, lleva más de 10 años dando vueltas. Obtuvo media sanción en 2013, después en 2016 con un proyecto presentado por Pino Solanas, pero los lobby siempre estuvieron detrás. Porque no quieren la regulación que implicaría esta norma y quieren seguir profundizando el modelo del agronegocio sin control y del desarrollo inmobiliario y la minería -que es uno de los lobby que también está en contra de esta ley- porque tanto el litio, que está en salares de altura que son humedales, como la minería de oro no quieren una norma que regule el territorio. Es importante destacar que es una ley que no tiene prohibiciones, ordena el territorio y los ecosistemas tan valiosos como son los humedales. Es una ley de mínima. Había varios proyectos dando vueltas y se logró un dictamen único en noviembre del año pasado, fecha desde la cual quedó parado en la comisión de Agricultura y Ganadería con la intencionalidad de que pierda estado parlamentario. Es una ley que no hay que discutir técnicamente, el problema son los lobbys. Es una ley que es un paso, triunfo colectivos, lo que están haciendo de ponerle el cuerpo en recorrer tantos kilómetros demuestra que la lucha colectiva sirve”, precisó Quique Viale, abogado ambientalista, quien participó de la marcha.

El proyecto aguarda ser tratado en tres comisiones: Agricultura y Ganadería -donde justamente está cajoneado desde el año pasado-; Presupuesto y Hacienda e Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios para darle dictamen. Desde la multisectorial junto a otras organizaciones, presentaron un petitorio a diputdxs que les recibieron en Congreso, para exigir que las comisiones actúen de manera simultánea y unificada para dar dictamen y que pueda pasar a la cámara para que la ley no pierda estado parlamentario.

Estefanía, integrante de la Multisectorial Humedales Rosario y una de las kayakistas, nos cuenta que decidió sumarse a la travesía desde la necesidad de hacer algo con mayor contundencia. “Luego de muchos meses de trabajo, llegamos. Pese a todas las señales que había sobre el riesgo de hacerlo en invierno y sin la experiencia de haber hecho algo así antes”. Luego de 7 días de navegación, nos cuenta que la solidaridad de la gente se hizo presente en cada parada con comida y hasta en una parada nos recibió una masajista. “Conectamos con muchas personas y conocimos más de cerca la realidad de otros territorios”, expresó.

Gustavo, kayakista de Santa Fe, nos dijo que se sumó a la travesía porque entiende la necesidad de la ley que defienda el río, los ecosistemas y los recursos. “Amamos el río y nuestros humedales y su flora y fauna. Lo que está pasando nos afecta como sociedad, por ejemplo, cuando el agua viene salada como está pasando en Santa Fe, cuando nos enfrentamos a grandes crecidas o sequías. Que salga esta ley y poder decir que estamos en un país que piensa su desarrollo de forma ambiental, seguro y que contemple a todos y todas”.

“Es una ley que no solamente va a proteger los humedales del delta del Paraná, sino que va a proteger a todos los humedales del país que son casi un cuarto del territorio nacional contra los delitos ambientales cometidos por poderosos, que concentran poder mediático, político, económico y judicial ligado a una íntima capacidad de lobby minero, agropecuario e inmobiliario, quienes quieren cajonear y que la ley pierda estado parlamentario. Pero la contracara es que somos muchas personas en la calle exigiendo la ley y que, cuando salga, van a volver a sus territorios para que efectivamente se cumpla. Lo que hace la lucha es demostrarnos que somos muchos y muchas quienes queremos habitar este mundo de otra manera y que entendimos que, realmente en este momento histórico de crisis climática, energética y ecológica a nivel global, no hay otra forma de hacerlo”, expresaron desde la multisectorial. (La Tinta)

Comenzamos este texto con la frase de Carolina Vazquez Araya "Como nunca antes, es fundamental un amplio acceso al conocimiento y a la información." Es lo que intentamos a diario desde este espacio. Nadie se salva solo. Que cada quién haga su parte.

Daniel Roberto Távora Mac Cormack

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