Democracias custodiadas o democracias populares

 



El tiempo es veloz” reza uno de esos tantos dichos que se diseminan sin autoría y que toman poetas y cantantes para aludir en sus producciones, a esa realidad intangible … el tiempo.

Esa metáfora que encierra momentos y que nace y muere constantemente para recrear en la historia de los individuos humanos y de sus experiencias colectivas, los relatos que dan cuenta de las formas e interpretaciones que guían sus maneras de pensar y pensarse y sus conductas en ese trayecto temporal entre principio y fin, nacimiento y muerte.

El entretiempo define la vida de las personas y de sus comunidades. Como signifiquen sus actos y relaten la historia, dependerá en buena medida el legado a los hijos y los hijos de los hijos que sepamos dejar como memoria.

De lo individual y lo común, las formas. De las conductas y los pensamientos, los contenidos de esas formas. De la intención y la comprensión, la capacidad de aprender y mejorar. Del miedo o el amor la definición primordial que signará lo propio y dará sentido a las identidades colectivas que sepamos integrar.

Conceptualmente la democracia incluye ideales y realidades. Es un proceso social en permanente construcción ligado a la libertad y la justicia. En este contexto la democracia organiza la convivencia y asienta el control del poder en la ciudadanía, la cual participa en la estructuración de poder a través de elecciones periódicas, la división de poderes y la subordinación de todos ellos, así como de todos los ciudadanos, a un orden jurídico positivo, que reconoce y garantiza los distintos tipos de derechos y libertades. Asimismo, es un sistema en el cual los ciudadanos tienen derecho a hacerse

oír por quienes les gobiernan, gozando de ciertas posibilidades de control y corrección de la actuación de los poderes públicos a través de la opinión pública.

La democracia se hace cotidianamente y forma parte de la experiencia de los ciudadanos, de los grupos sociales y de las comunidades que construyen todos los días su vida en

común. Por eso se dice que es de realidades. El eje de la democracia es el ser humano, a quien le es inherente derechos y responsabilidades. De ese fundamento filosófico se deriva la noción de ciudadanía. Igualmente derivan de este fundamento, el derecho al disfrute de bienes y servicios de naturaleza socio-económica, esto es: el bienestar, la cultura, la educación, la propiedad, el trabajo y la seguridad social, como condición y derecho fundamental del ciudadano. Por eso se dice que la democracia es de ideales.

Cuando las sociedades tienen fuertes desigualdades entre sus habitantes, las cuales se expresan en sus ingresos económicos, o en las posibilidades de acceder a niveles razonables de bienestar, se habla de inequidades sociales y económicas que no son otra cosa que carencias de la democracia. En este sentido, la pobreza y la desigualdad son limitaciones o déficit de la democracia, más que problemas sociales.

La democracia por esencia es participativa, no existe democracia sin participación, es lo que define y caracteriza al sistema, por ello mientras mayores son las posibilidades reales de participación de los ciudadanos, más democrático es el Estado.”

AMÉRICA LATINA FRENTE A LA RECONFIGURACIÓN GLOBAL

Josette Altmann Borbón. Secretaria General

Editora - FLACSO Secretaría General - Impreso en San José, Costa Rica por GRAFOS S.A. Mayo 2019.

Los ideales democráticos en estos tiempo neoliberales y en las anteriores etapas del capitalismo, no han sido mas que “ideales” que navegaban entre las contradicciones de sus postulados teóricos y las realidades que la economía de mercado, derivadas de los procesos coloniales producían independientemente de las decisiones e intenciones políticas. Si se defiende la libertad de mercado, se defiende la injusticia de base que el colonialismo produjo en las regulaciones que sostienen los términos de intercambio a nivel mundial, y que los pactos de posguerra institucionalizaron. Un ejemplo es el de la deuda.

El Sr. Geoffrey W.S. Okamoto fue nombrado Primer Subdirector Gerente del Fondo Monetario Internacional el 12 de marzo de 2020 y asumió su cargo el 19 de marzo de 2020.

Antes de incorporarse al FMI, Okamoto se desempeñó como Secretario Adjunto Interino de Asuntos Financieros y Desarrollo Internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como tal, se encargó de supervisar los mercados financieros internacionales, gestionar la coordinación con el G-7, el G-20 y el Consejo de Estabilidad Financiera, abordar cuestiones económicas regionales y bilaterales, y supervisar las relaciones con las instituciones financieras internacionales. Previamente, se desempeñó como Subsecretario Interino de Asuntos Internacionales en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Antes de incorporarse al Tesoro, Okamoto ocupó altos cargos en el Senado de Estados Unidos, como el de Director de Personal de la Mayoría en el Subcomité Bancario de Instituciones Financieras y Protección al Consumidor del Senado, y Director de Políticas del Subcomité de Servicios Financieros sobre Política Monetaria y Comercio de la Cámara de Representantes. También trabajó para el Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Tiene una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., con especialización en políticas bancarias, fiscales y monetarias, y una licenciatura en Ciencias de la Universidad Politécnica del Estado de California.

Escribe este artículo en Diálogo a fondo Blog del Fondo Monetario Internacional sobre temas económicos en América Latina.

Aprovechar la oportunidad para fomentar el crecimiento en el mundo pospandémico

Desde marzo de 2020, los gobiernos han destinado USD 16 billones a proporcionar apoyo fiscal en medio de la pandemia, y a escala mundial los bancos centrales han ampliado sus balances por un total de USD 7,5 billones. Los déficits son los mayores registrados desde la Segunda Guerra Mundial, y solo el año pasado los bancos centrales suministraron más liquidez que en los 10 años previos. Esto ha sido absolutamente necesario: las investigaciones del FMI indican que si las autoridades no hubieran actuado, la recesión del año pasado, la peor en tiempos de paz desde la Gran Depresión, habría sido tres veces más grave.

Esa era la situación; pero ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? En el año que viene, a medida que produzcan más vacunas, que más gente las reciba y que las economías vayan reabriéndose gradualmente, las autoridades tienen que dar un golpe de timón fundamental, para pasar del rescate económico frente al colapso a la ejecución de reformas en pro del crecimiento con el fin de consolidar las economías para el futuro.

Sabemos que algunas de las reformas en favor del crecimiento fueron aplazadas, o hasta revertidas, y que eso ha dejado algunas cicatrices económicas. A causa de la COVID-19, el mundo sufrió pérdida del producto de USD 15 billones con respecto a lo que el FMI preveía en enero de 2020. La misma energía que se está invirtiendo en la vacunación y los planes de gasto para la recuperación también debe destinarse a la adopción de medidas que fomenten el crecimiento para recuperar la pérdida de producto.



Se debe recurrir a mecanismos reforzados de reestructuración de la deuda para agilizarla resolución de empresas no viables y canalizar la inversión hacia nuevas ideas y empresas. La intensificación de políticas laborales activas, como la supervisión y el respaldo de la búsqueda de empleo y la reconversión laboral, debe ayudar a los trabajadores encontrar plazas en sectores dinámicos de la economía. La mejora de los marcos de competencia— tema de activo debate en estos momentos en Europa y Estados Unidos— y la reducción de las barreras de entrada a sectores anquilosados deben garantizar que las empresas no estén cercadas por los obstáculos en los que tropezaron las autoridades de antaño.

Hacia un futuro más próspero

Aprovechar este momento para ejecutar algunas de estas difíciles reformas quiere decir que los estímulos monetario y fiscal que aún están fluyendo han de servir como trampolín hacia un futuro más próspero y sostenible, y no como una mera ayuda para retornar a una versión convaleciente de la economía previa a la COVID-19. Si se aprovecha la oportunidad podrían lograrse varios años de sólido crecimiento tras la COVID-19 y de mejoras de los niveles de vida. El FMI estima que las reformas integrales que impulsen el crecimiento en los mercados de productos, laborales y financieros podrían elevar el crecimiento anual del PIB per cápita en más de un punto porcentual en las economías de mercados emergentes y en desarrollo en la próxima década. Estos países estarían en condiciones de aumentar al doble el ritmo de convergencia hacia los niveles de vida de las economías avanzadas con respecto al ritmo observado en los años previos a la pandemia.

En las economías avanzadas, el empuje de las reformas a favor del crecimiento ayudaría a amortizar la deudas que se asumieron para proporcionar los inusitados niveles de apoyo, y eso ampliaría el margen para realizar inversiones críticas y hacer menos necesarias las subidas de impuestos. La inflación se sitúa por encima de los pronósticos y no se sabe con certeza cuando se moderarán los factores que la impulsan, y por eso las reformas en pro del crecimiento que se centren el lado de la oferta servirán como un seguro contra riesgos inflacionarios persistentes derivados de presiones por el lado de la demanda, tanto en Estados Unidos como en otras partes.

En el caso de los países de mercados emergentes que han logrado preservar su acceso a los mercados mundiales de capital, las reformas pueden apuntalar los fundamentos económicas y la confianza de los inversionistas a medida que las condiciones se tornen más restrictivas, sobre todo si la inflación persiste en las economías avanzadas. Para los países de bajo ingreso que han ha agotado su margen para la aplicación de políticas, las reformas en pro del crecimiento pueden arrojar réditos suficientes para evitar duras medidas de austeridad, y eso les permitiría proteger el gasto social y en salud en el corto plazo y al mismo tiempo ampliar su capacidad para invertir en capital humano a largo plazo.

No es necesario hacerlo todo a la vez. La recuperación tras la crisis tomará años en la mayoría de los países. Para autoridades actuales, el desafío primordial consiste en inspirar a la próxima generación para que lleve a cabo una reconstrucción que produzca un futuro más próspero. Tienen que asumir este desafío, atreverse a tomar medidas enérgicas ahora que la actual crisis está entrando en un punto de inflexión. Al sumar las reformas a favor del crecimiento al gasto para la recuperación generaremos la prosperidad que hemos prometido a nuestros ciudadanos, y trazaremos nuestra propia senda en el mundo posterior a la pandemia.

Corrección: Este blog ha sido actualizado para mostrar que las pérdidas del producto acumuladas ascienden a un total de USD 15 billones en el período 2020-24 con respecto a las proyecciones previas a la pandemia.

(“Diálogo a Fondo”)

El neoliberalismo se caracteriza por la convalidación de las injustas concentraciones de riqueza, monetizadas en un sistema financiero corrupto, que sostiene el poder de la “tenencia” por encima de las formas de trabajo (Productivo y de servicios) e incluso hoy, como diferencia de otras etapas anteriores del Sistema, de la tenencia de los medios de producción o de la autoría de los procesos o formas que adquieren los servicios y que paulatinamente van superando a las formas productivas. El énfasis en las “necesidades de financiemiento” para cualquier intento productivo o de generación de servicios, se torna parte de una maquinaria de concentración que aspira la riqueza real a los grupos financieros concentrados, en detrimento de aquellos que apuestan al trabajo y la producción o la generación genuina de monedas que la representen. La especulación le gana así al trabajo. La renta es mas “beneficiosa” que la producción o la realización concreta de los servicios, las ideas son mas “rentables” que su puesta en funcionamiento real.

De esta forma, los sectores que concentran para si las acumulaciones, se aseguran los beneficios de toda innovación y todo desarrollo nuevo que pudiere, en los términos de las ideas radicales originales del capitalismo, destruirles en la competencia libre y en mercados dónde la especulación y la renta sin relación directa con la riqueza material, fuese penada y/o regulada de modos que su “rentabilidad” fuese menor a la que produce la economía material real.

En Argentina, dado el fenómeno de constricción externa que se determina por la necesidad de dólares para cumplir con los acuerdos generados por la deuda en esa moneda y que es el mecanismo con el cual el neoliberalismo somete a los Estados a sus lógicas nefastas, las disputas en torno a como El Estado, administra sus recursos en función o no de la deuda, produce las distancias o grietas que se encubren en otros “inventos”, idelizando e ideologizando un asunto que tiene que ver con el ejercicio de la soberanía territorial y la administración independiente de las formas y de los recursos que con esas formas obtenemos los Argentinos de las decisiones que tomamos en materia de producción, generación de servicios, avances en ciencia y tecnología que redunden en mejoras para el país y no sometidos a las formas dependientes y coloniales que la deuda impone para que el dólar impida desarrollos nacionales y la deuda actué como resorte que contraiga y frene desarrollos propios.

Barbara Nieve, periodista que integra la Cooperativa de Trabajo Por Más Tiempo Limitada, responsable de la edición del Diario “Tiempo Argentino” publica en su edición digital de hoy.

En medio del movimiento financiero que empuja hacia arriba al dólar blue y busca romper el precario equilibrio en el valor de esa divisa en el conjunto del mercado cambiario, el gobierno nacional votó a favor de que el Fondo Monetario asigne a los países que lo integran un total de U$S 650.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG, por su sigla en inglés).

El Ministerio de Economía informó en la tarde de este martes que su titular, Martín Guzmán, votó en representación de la Argentina “a favor” de esa medida, lo que significará un desembolso para la Argentina, a fines de agosto próximo, de un equivalente a U$S 4.335 millones, que es lo que le corresponde por su cuota-parte en el FMI, del 0,65 por ciento.

Los DEG se pueden transformar en divisas contantes y sonantes por medio de un canje entre estados (o bancos centrales), que puede ser voluntario o por pedido expreso del Fondo. En cualquier caso, el país poseedor de los DEG busca divisas.

El Ministerio de Economía y el Banco Central ya determinaron que los DEG irán a engrosar las reservas; al menos por ahora no hay en vista realizar un canje en divisas de una parte o del total de los DEG. Esperan que ese incremento de reservas genere una nueva sensación entre los inversores, de que no vale la pena intentar una corrida contra el peso durante la campaña electoral, un clásico del mundo financiero que se potencia cuando escasean los dólares en el BCRA.

Una campaña electoral con los valores estables de los distintos dólares sería un regalo del universo financiero al gobierno impensado tiempo atrás. Por caso, este sector actuó de otra forma durante la última parte del gobierno de Mauricio Macri, a pesar de la gran cantidad de vasos comunicantes con la administración de Cambiemos.

El anuncio de la votación de Guzmán a favor de la asignación de DEG llega cuando las negociaciones con el FMI mostraron nuevamente que siguen en el mismo lugar. Tras un encuentro en Venecia con los encargados del caso argentino en el Fondo, Julie Kozack y Luis Cubeddu, Economía emitió un comunicado en el que informó que hubo “entendimientos” en políticas para el “desarrollo” del mercado de capitales local y de sectores generadores de divisas. El comunicado que emitió el FMI, palabras más, palabras menos, era del mismo tenor y aclaraba que el “entendimiento” en el caso de la “administración tributaria” apuntaba a “movilizar la recaudación fiscal”.

Los textos aparecieron en forma simultánea al incremento de las limitaciones para la obtención de dólares financieros en cuentas en el exterior. La sumatoria de ambos datos le indicó al ambiente financiero que no habrá acuerdo con el FMI hasta después de las elecciones y que el organismo multilateral mirará para otro lado si Economía sube la tasa de interés en pesos de sus bonos para “desarrollar” el mercado local en pesos o incrementa las retenciones para “movilizar la recaudación fiscal”.

Mecanismo

La votación de los 190 ministros y gobernadores miembros del Fondo Monetario finaliza el 2 de agosto. Si más del 85% de los votos son positivos y se aprueba la nueva emisión de DEGs, estos serían distribuidos a fines de ese mes.

Los DEG son un activo multilateral creado en 1969 por el FMI. Complementa las reservas oficiales de los países miembros, da liquidez pero no constituye una moneda en sí misma en el sentido estricto. Es un derecho potencial sobre un conjunto de monedas. En la actualidad éstas son el dólar estadounidense, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina, y el precio del DEG está determinado por el valor ponderado de dichas monedas.

El FMI, además, estudia la implementación de un mecanismo que haga más fluido el canje de DEG por dólares. En el Fondo esperan que por la pandemia y la crisis económica global que produjo su gestión, haya muchos países que necesiten hacer ese canje, algo muy inusual. Por ello, buscan facilitar ese flujo de DEG y divisas.

(Tiempo Argentino)

Para la democracia, los limites de la dependencia financiera, de todos modos, no son excusa para que las políticas pública generen realidades mas inclusivas y justas.

El presidente Alberto Fernández reivindicó la idea del "diseño de políticas públicas a medida del ser humano" y subrayó que "el diálogo como punto de encuentro es posible en este querido país", al participar de la presentación de la Unidad 'Ciencias del Comportamiento y Políticas Públicas' del Consejo Económico y Social (CES).
A través de un mensaje grabado para la reunión encabezada por el secretario de Asuntos Estratégicos y presidente del CES, Gustavo Beliz,
Fernández dijo que la idea es "que las personas tomen mejores decisiones para sí mismas y para el país" y sostuvo que la Unidad Ciencias del Comportamiento comprenderá "una autentica política de Estado".

Esta Unidad "es una convocatoria de estudios, con 150 académicos de la Argentina y exterior, como politólogos, neurólogos, psicólogos, abogados, neurocientíficos, matemáticos y expertos en Big Data", señaló el mandatario.
Y remarcó que "este es un primer paso rumbo a la consolidación de una agencia de evaluación de políticas publicas, y a que se consolide una institucionalidad moderna, ágil y al servicio de la Argentina".
"El diálogo como actitud edificante que sintetice la voluntad de sectores diversos es nuestro compromiso", consideró Fernández.
Ejemplificó que el Derecho Penal se inició con las "teorías clásicas concebidas en las lógicas mecanicistas y que que tuvieron un mérito, que fue fijar limites del derecho penal para garantizar hasta donde el Estado podía avanzar en el reclamo social y también para empezar a darle proporcionalidad al castigo en función de lo que cada uno hacía".
Añadió que "los estudios de ciencias económicas postulaban dos variables para cometer un delito: el monto de pena y ser capturado por la policía". Y reconoció que "estas herramientas no fueron eficaces, porque sentencias muy largas o actuaciones policiales, por sí solas, no disminuyeron el delito".

Entonces, "la ciencia de la conducta ha venido a completar esta visión tan parcializada de la naturaleza humana. para sistematizar como es que las personas actúan en realidad, por fuera y de esos modelos extremadamente racionalistas", completó el mandatario.

En otro ejemplo, nombró "el proyecto de ley de etiquetado visible y comprensible sobre alimentos altos en sodio, calorías, grasas, azúcar", en detrimento de "una mirada racionalista que diría que alcanza solo con detallar minuciosamente en el paquete la composición del alimento que se vende", porque
"la ciencia del comportamiento y la práctica demostraron en todo el mundo que con esa letra chica no alcanza".

Esa política "debe extenderse a todos los campos gubernamentales", consideró Fernández, y apuntó que el Ministerio de Educación "lleva adelante el Plan Egresar para quienes no terminaron secundario, y que deben tres materias o menos, vuelvan al colegio".
"Se emplearon herramientas, como apoyo económico, flexibilización horaria y condiciones de estudio, pero la ciencia del comportamiento puede ayudar en como comunicarle que el secundario sirve para el día de mañana a conseguir trabajo, o que se podrá incentivar su regreso por alguien que sí terminó el colegio", señaló, y agregó que "todas estas condiciones las analizan los estudios de campo las ciencias del comportamiento".
En esa línea graficó la idea de "incentivar a los consumidores, y en especial a las mujeres, a recuperar el IVA, de los que tienen Asignación Universal por Hijo (AUH) o la jubilación mínima, y que implica la compra de pañales y medicamentos".
Expresó que
"si bien hay 400 mil beneficiarios de la AUH que lo aprovechan, hay que llegar a todos" los receptores, algo que está estudiando el Ministerio de Economía para "implementar habito de comprar con tarjeta".
La presentación se realizó en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada, junto a la primera convocatoria para elevar proyectos e iniciativas innovadoras para aplicaciones concretas de ciencias del comportamiento a las políticas públicas, en el marco del evento 'El desafío de las Ciencias del Comportamiento: Políticas Públicas para la Argentina querida'.
Con apertura a cargo de Beliz, la jornada estuvo dirigida especialmente a funcionarios del sector público y otros hacedores de políticas públicas, además de especialistas e interesados en áreas diversas del conocimiento.
Allí se explicaron las funciones, objetivos y alcance del programa, se expondrán ejemplos llevados a cabo en la Argentina y se brindarán los lineamientos de la convocatoria para financiar proyectos que podrán desarrollarse en municipios, provincias o a nivel nacional, indicó el CES en un comunicado.

Asimismo, se describieron los logros alcanzados a partir de experiencias internacionales, mientras se contará con la colaboración de la Cooperación Técnica BiD-Fundación Ineco para el desarrollo de las Ciencias del Comportamiento.
La reunión fue a la vez una ocasión para reflexionar sobre el valor de las ciencias del comportamiento para la planificación y toma de decisiones en políticas públicas, se informó.
En ese contexto, se ofrecieron detalles de las mejoras que pueden producirse en el diseño de políticas a partir de una mejor comprensión sobre las conductas, motivaciones y respuestas de las personas ante determinados incentivos o información.

Participaron la Red de Expertos en Ciencias del Comportamiento y reconocidos profesionales nacionales e internacionales, entre los que se destacan Cass Sunstein (Harvard School of Law), David Halpern (director de Behavioral Insights Team), y Florencia López Boo (Banco Interamericano de Desarrollo).

( Telam )

En el trasfondo de los debates esta la constitución de esas subjetividades que en buena medida determinan las identidades y las conductas humanas que las expresan.

América Latina es una imagen viva de esos intentos humanos por sostener identidades propias diferentes a las producidas por la violencia colonial y la sumisión intelectual y de los pensamientos que han constituido subjetividades propias de individuos y Naciones que no sienten sus acciones en sus territorios como propias sino mas bien como de “migrantes” “exiliados” , donde todo lo extranjero pareciera siempre ser mejor que aquello en lo que podamos identificarnos como “De estas tierras que habitamos”.

De todas maneras, siempre hubo y habrá textos y voces que intentan definir un nosotros Nacional y soberano como parte de una comunidad mas grande forzada en esas invasiones coloniales y mentales, que nos impiden constituirnos. Una Argentina parte de una América Latina y el Caribe, que desde el Río Bravo a la Antartida, comience a distinguirse con voz propia, en las identidades de sus territorios y subterritorios Nacionales y en la común historia en la que estas son forzadas y forjadas.

Uruguay

Los orientales tenemos una larga tradición de apelar a la consulta popular cuando los gobiernos no los escuchan. Entre 1917 y 2009 los ciudadanos uruguayos ejercieron su voto en 24 consultas populares y en las tres últimas instancias la victoria estuvo del lado de los sectores populares.

El domingo 13 de diciembre de 1992 el “Sí” recibió 1.293.016 contra 489.302 del “No”, con 22.327 sufragios en blanco, 36.992 anulados y 100.191 observados, registrándose un total de 1.941.829 personas que concurrieron a votar. Con ello se firmó el acta de defunción de cinco artículos de la Ley No. 16211 de Empresas del Estado, herramienta clave de la política de privatizaciones de Luis Alberto Lacalle, padre del actual primer mandatario uruguayo, aunque posteriormente el Poder Ejecutivo logró hacer aprobar algunas medidas de liberalización de la economía y de reducción del papel del Estado en la misma, como la desmonopolización de los seguros, aprobada en 1993.

El  Presidente colorado Jorge Batlle encabeza otra intentona fuerte de privatización en el año 2002. Esta vez se intentó asociar la refinería de ANCAP, con capitales extranjeros mediante la ley 17.448. Ese proyecto fue rechazado finalmente por el EP-FA (Encuentro Progresista-Frente Amplio), junto a la central única de trabajadores (PIT-CNT), por el referéndum que la derogará en diciembre de 2003.

Finalmente, el 31 de octubre de 2004 en forma conjunta con las elecciones nacionales se realizó un plebiscito cuyo objeto era incorporar el agua como un derecho fundamental en la constitución, modificando el artículo 47° del texto fundamental. El plebiscito del agua obtuvo el apoyo político del Frente Amplio y sectores mayoritarios del Partido Nacional. El resultado fue la aprobación de la reforma constitucional por 64% de los votos, hecho que posicionó a Uruguay como el primer país en el mundo en declarar como derecho humano fundamental el acceso al agua y al saneamiento.

Esa vocación de una parte importante del pueblo oriental por la democracia directa se volvió a poner de manifiesto el jueves 8 de julio pasado con la entrega a la Corte Electoral en Montevideo de las firmas necesarias para habilitar una nueva instancia plebiscitaria.

Le ley electoral uruguaya establece que para habilitar un referéndum se debe juntar las firmas del 25% del padrón nacional dentro del año siguiente a la sanción de la norma que pretenden anular. En este caso, 135 de los 476 artículos de la LUC (Ley de Urgente Consideración) aprobada por la coalición multicolor gobernante en medio de gallos y medianoches y cuyo texto no había sido dado a publicidad antes de las elecciones de 2019 que llevaron a la presidencia a Luis Lacalle Pou.

En números redondos, se necesitaban 675 mil rúbricas. El 8 de julio, al expirar el plazo, los promotores de la consulta –la central sindical PIT-CNT, el FA y una veintena de organizaciones sociales– entregaron a la autoridad electoral 797.261 firmas, porque un viento democrático sopló con tal fuerza que las cinco fuerzas neoliberales que hoy están encaramadas en el Estado uruguayo no lo pudieron doblegar.

Una rebelión con lapiceras y almohadillas. Todo nuestro acto de rebelión ha sido agarrar una tablita, una lapicera, una almohadilla y tratar que el pueblo decida sobre una ley que desde nuestro punto de vista lo afecta” dijo el presidente del PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores) la central sindical unitaria de los trabajadores uruguayos en un video conferencia por zoom el pasado viernes 16 de julio con residentes orientales en la Argentina.

Las anécdotas de la campaña son infinitas. El 27 de junio, por ejemplo, con mucho frio y una pertinaz lluvia salieron millares de militantes a buscar firmas en las ferias, y se dio el caso que en muchas de ellas había más gente juntando firmas que comprando.

O lo sucedido con los orientales que viven fuera del paisito y no pueden votar porque Uruguay no habilita el voto en el exterior: solo en Argentina se reunieron más de 3000 firmas, que se sumaron a las que llegaron desde Israel, Estados Unidos y Europa.

La solidaridad de clase jugó un papel importante en esta verdadera hazaña. Como señalara el Secretario de Relaciones Internacionales del PIT’CNT Fernando Gambera, el apoyo de las centrales sindicales de Argentina, que incluyó la cesión de locales para las reuniones de trabajo, infraestructura informática y comunicacional, la puesta en marcha de un plan “Detectar” para ubicar uruguayos en los sindicatos e invitarlos a firmar y en los últimos días facilitar una especie de “puente aéreo” para que las firmas llegaran en tiempo y forma a la otra orilla, contribuyó al éxito de la empresa.

Formalmente la Corte Electoral tiene 150 días para validar las firmas y después 120 días para convocar al referéndum, por lo que el mismo se estaría realizando en los primeros meses del año que viene.

Finalizó la primera etapa y ahora hay que trabajar para la segunda. A las voluntades que pusieron la firma hay que sumar por lo menos medio millón más de votos para anular los 135 artículos, hay que persuadir y esclarecer a mucha más gente para coronar otra revolución en paz. + Prensa Ecuménica (PE)

Colombia

La Policía de Colombia informó que 25 personas fueron detenidas en todo el país en la jornada de manifestaciones del martes que transcurrió de manera pacífica en la mayoría de los casos.
Los manifestantes denunciaron nuevos hechos de violencia represiva cometidos por el cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios en distintos puntos del país. "El Esmad atacó los equipos de Derechos Humanos y Prensa en el barrio La Esmeralda, Popayán", denunció el portal Colombia Informa.

El rol de la Policía durante las protestas de mayo y junio, y muy especialmente el accionar del Esmad fue duramente cuestionado por las organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía y HRW, la Unión Europea, la OEA y la ONU.
Los arrestos fueron "por los delitos de daños en bien ajeno, obstrucción a vía pública o lo que comúnmente conocemos como bloqueos, daño en bien público, lanzamiento de sustancias peligrosas a la Policía Nacional, violencia contra servidor público y otros delitos”, explicó el director de la fuerza, el General
Jorge Luis Vargas, en declaraciones a Blu Radio de Colombia.
Las 25 capturas se realizaron en seis ciudades y regiones del país. Hubo
nueve detenciones en Pasto, cuatro en Cundinamarca, seis en Bogotá, dos en Manizales, tres en Cali y una en Pereira.
Además, las autoridades reportaron que 21 efectivos resultaron con lesiones durante hechos violentos en ciudades como Bogotá, Pasto, Cali y otras.
Los daños se registraron contra establecimientos comerciales, motocicletas, cajeros automáticos, edificios del Gobierno, y vehículos de transporte público aunque en ciudades como Bogotá hubo choques entre la policía y los manifestantes.
La alcaldesa de Bogotá,
Claudia López, lamentó que esos hechos se hallan registrado en el sur de la capital colombiana.
"Lamentamos que violentos hayan perturbado la jornada cultural que se hizo tranquilamente en Puente de la Dignidad. En Portal Américas también se está retomando la calma", agregó.

Jornada de movilizaciones

Colombia vivió este 20 de julio una jornada de manifestaciones convocadas por el Comité Nacional de Paro (CNP), que llevó 10 proyectos de ley al Congreso, que este martes iniciaba una nueva legislatura.
El objetivo de las protestas era acompañar la presentación de estos documentos que, según el CNP, reúnen las peticiones del pasado paro, que duró del 28 de abril al 15 de junio.
En ese marco,
miles de colombianos volvieron a las calles después de una pausa de 35 días para reclamarle al gobierno de Iván Duque políticas sociales más activas y el cese de la represión a las protestas


El CNP presentó 10 proyectos ante el legislativo, entre ellos "un ambicioso programa social de emergencia, que deberá financiarse a partir de un acuerdo", así como una reforma de la Policía.
“Se ha desarrollado una jornada de manifestaciones en su gran mayoría pacíficas, sin embargo hemos tenido algunas afectaciones, hechos de violencia aislados. Situaciones que afectaron los derechos de los ciudadanos”, enfatizó el ministro de Defensa,
Diego Molano.


Según el Gobierno nacional, el martes en todo el país se registraron 195 actividades.
“129 concentraciones, 58 marchas, 18 movilizaciones. Estas actividades se registraron en 95 municipios de 23 departamentos incluyendo a Bogotá”, aseguró el ministro del Interior, Diego Palacios.
La Policía aseguró que seguirán los esquemas de vigilancia y control en todo el país con 65.000 uniformados para contrarrestar hechos violentos y contrarios a la ley.

(Telam)

Cuba

La estampida mediática sobre Cuba es un ejemplo de cómo funcionan las redes sociales y de cómo, con muy poco, se puede potenciar un acontecimiento en tiempos de fake news, algoritmos y bots. Y de cómo articulan sectores de la derecha mundial en operaciones concertadas de muy alta efectividad apelando a una dosis extrema de manipulación y mentiras. Un estudio del español Julián Macías Tovar reveló que a partir de miles de cuentas de Twitter recién creadas y un hashtag, #SOSCuba,  se viralizaron pedidos de ayuda humanitaria para la población de la isla que alcanzaron millones de retuits en horas y que hicieron parecer al reclamo como multitudinario al punto de que seguramente influyó en las manifestaciones callejeras de esos días. Otro informe, esta vez de la agencia oficial de noticias de España, EFE, mostró la utilización de imágenes falsas para ilustrar lo que las redes era un estallido popular que la realidad no mostraba con igual intensidad.

Desde la dramatización de una ceremonia religiosa en Puerto Rico de 2015 en que se ve a tres hombres disparar contra un joven -que se mostraban como policías cubanos de civil asesinando a un opositor-, una protesta de 2011 contra Hosni Mubarak en Egipto que resultaba en el Malecón y contra Miguel Díaz-Canel, hasta la más burda: la manifestación del sábado pasado en el obelisco por el triunfo de Argentina en la Copa América -que se viralizó como una masiva manifestación de protesta en La Habana- todo cabe para armar un escenario propicio para la indignación.

Macías Tovar, responsable de redes sociales del partido Podemos, en charla con Tiempo Argentino, contó el revés de esta trama mediática, que estudia desde hace algunos años y con la que en su momento mostró los ataques contra el gobierno de Evo Morales, contra el candidato ecuatoriano Andrés Arauz, contra el kirchnerismo y en su propio país, contra Pablo Iglesias.

Para mi esta operación es un Plan Cóndor 2.0, porque hay una continuidad histórica entre los modelos de legitimación de las dictaduras y los gobiernos de derecha actuales”, indica. En el caso de Cuba, detrás de esa catarata de tuits aparece el argentino Agustín Antonetti, de la Fundación Libertad. “Fue una cuenta muy activa hace poco en ataques contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México”, recuerda Macías Tovar.

Pero debajo de la superficie está Atlas Network (AN), una suerte de nave nodriza de cientos de fundaciones y ONG que promueven las ideas de Milton Friedman y que tienen nexos “con el mundo Bannon y Cambridge Analytica (CA), que fue el brazo armado en campañas como el Brexit y de Donald Trump”, detalla el experto.

Steve Bannon, ex asesor de Trump, es el gran estratega del neoconservadurismo mundial, muy cercano a Jair Bolsonaro y a los sectores supremacistas europeos, como el húngaro Viktor Orbán. CA es la agencia que desarrolló operaciones similares en varios países y según reconoció su exCEO Alexander Nix ante el parlamento británico, entre sus campañas hubo una contra el kirchnerismo en 2015.

El método -dice Macías Tovar- se basa en mentiras, odio y cuentas falsas. Y tiene gente y espacio político, comunicativo, influencers, cuentas anónimas, cuentas falsas, medios de comunicación que difunden y gente que participa en todo el mundo”. Entre los que adhieren al método y abrevan en Atlas Network figuran los presidentes Luis Lacalle Pou, Iván Duque, Guillermo Lasso, Sebastián Piñera. Todos ellos participaron el mes pasado del Foro Atlántico organizado por AN en el que Mauricio Macri volvió a denostar al populismo.

La operación, según desmenuza el analista mediático, es relativamente sencilla y por cierto que muy efectiva. “Se hace un uso intensivo de robots, algoritmos y de cuentas recién creadas para la ocasión, con el objetivo de hacer coro a los mensajes emitidos por los referentes de la campaña manipuladora”.

¿Cómo llega a esta conclusión? “Mi trabajo se basa en análisis en twitter, que es la red que te permite descargar toda la información que circula. Con todos los datos puedo descubrir cuando hay ciertos patrones que son artificiales, como la creación masiva de cuentas falsas, la concentración de cuentas, cuentas con el mismo error ortográfico, o que ponen más de cinco tuits en el mismo segundo, la difusión de noticias falsas o imágenes y videos manipulados. Con eso hago una radiografía total y con esto puedo hacer un informe”, señala. «

(Tiempo Argentino)

Paraguay

El gobierno paraguayo le negó a la Misión Humanitaria Argentina la autorización para buscar por sus propios medios a Carmen Elizabeth Villalba alias "Lichita", la niña de 15 años desaparecida desde fines de noviembre en el Cerro Guazú. En el mismo lugar fueron asesinadas sus primas argentinas de 11 y 12 años, Lilian Mariana y María Carmen, durante un operativo de la Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) contra la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). La negativa fue explicitada por el ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Giuzzio, quien dijo que no podrán ingresar al territorio selvático salvo que lo hagan en compañía del ejército, el mismo que se convirtió en una pesadilla para la familia Villalba. 

"Si es así deberán estar a una distancia prudencial y no pueden volver después de que hayamos pasado por las comunidades a preguntar qué dijimos, que es lo que hicieron en las primeras misiones de la Gremial de Abogados. Sabíamos que veníamos a una tarea difícil" relató a Página/12 Pablo Pimentel, dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza y parte de la misión argentina que llegó a Paraguay el 19 de julio.

La delegación de derechos humanos planea quedarse en el país vecino hasta fin de mes para reunirse con funcionarios del gobierno, dirigentes sociales y políticos. Entre las organizaciones que viajaron a Paraguay se encuentran la APDH La Matanza, el Movimiento Popular Nuestramérica y la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. También forman parte de la misión el Movimiento Rebelión Popular, el Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho y Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora. 

Como inicio de las actividades la delegación convocó este martes a una conferencia de prensa virtual frente al Panteón Nacional de los Héroes ubicado en Asunción. Desde Argentina, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora aseguró que "la solidaridad entre los pueblos es imprescindible para encontrar a Lichita" y dijo: "Carmen Villalba está cerca de quedar en libertad y buscará a Lichita todavía mejor de lo que podemos hacer en esta misión". Hace 17 años que Carmen está detenida por ser miembro activo del EPP. Sus hijas mellizas, Anita y Lichita, nacieron en la cárcel.

Desde la capital paraguaya y como parte de la misión, Laly Machado del Movimiento Rebelión Popular destacó: "Esta delegación viene con mucho amor hacia el pueblo paraguayo que también es nuestro pueblo. Somos hermanos y lo que venimos a hacer es un acto de solidaridad y compromiso". Machado remarcó que no llegaron a Paraguay para "decir lo que hay que hacer, venimos a pedir justicia por nuestras hijas".

En tanto, Pablo Pimentel de la APDH planteó: "Que no se sientan invadidos los funcionarios que tienen que dar respuesta. Que en todo caso entiendan que han tocado un límite que no se debe tocar en ninguna parte del mundo". En ese sentido Pimentel le recordó al presidente Mario Abdo Benítez que "Paraguay desde el dos de septiembre está en la vidriera del mundo", y explicó que la tarea de los militantes populares es "que esa vidriera no se cierre hasta que aparezcan Lichita y los responsables del asesinato de dos niñas".

"Vamos a ir al Cerro Guazú, vamos a ir a todos los cerros y hablar con todas las comunidades y no queremos que nos interrumpan en nuestro trabajo", remarcó el dirigente de la APDH. Sin embargo, una reunión posterior con el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, no fue del todo satisfactora.

En declaraciones a Megacadena luego del encuentro, Giuzzio explicó que a no ser que exista una coordinación con las fuerzas de seguridad, la misión argentina no podrá activar ninguna búsqueda. Agregó que, de hacerlo, "incluso podrían estar en comisión de algún hecho punible por estar usurpando funciones de un órgano público".

El titular de la cartera de Interior afirmó que los activistas pueden reunirse en la capital paraguaya "con quienes ellos quieran", pero tienen prohibido ir hacia la zona de Yby Yaú sin el acompañamiento de "fuerzas de seguridad especializadas". Giuzzio hacía referencia a la temible FTC, responsable del operativo en el que las dos menores argentinas fueron masacradas en Paraguay. Esa misma fuerza, que tiene un largo historial de ejecuciones extrajudiciales y torturas, debería acompañar a la misión argentina en su búsqueda.

"Han puesto una serie de condiciones por las cuales se nos pide que la FTC debe darnos la custodia. Ellos no pueden arriesgarse a que esta misión humanitaria vaya sola a un lugar de conflicto", confirmó Pimentel ante la consulta de este diario. Más alla de los límites establecidos por el gobierno paraguayo, el dirigente de la APDH sostuvo que espera el llamado del ministerio del Interior "para dar nosotros las condiciones en las cuales no pueden interferir en absoluto los vehículos militares ni policiales con nuestra tarea que es recrear una confianza con las comunidades originarias y campesinas para que nos puedan dar indicios y contar qué saben de la desaparición de Lichita desde el 30 de noviembre de 2020".

Pimentel explicó en ese sentido que "no puede haber ningún tipo de visita del ejército después de que nos vayamos del territorio, porque ahí vamos a utilizar los instrumentos internacionales que tenemos a disposición para denunciar la persecución a quienes vamos a entrevistar".

(Página 12)

Armas a Bolivia

El juez en lo penal económico Javier López Biscayart habilitó este lunes la feria judicial y ordenó medidas de prueba en la causa que investiga el envío de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, durante el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

El magistrado hizo lugar a un pedido del fiscal Claudio Navas Rial y habilitó la feria judicial de invierno para ordenar medidas de prueba tras la imputación al expresidente Mauricio Macri, a la exministra de Seguridad de su gobierno Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad, informaron a Télam fuentes judiciales.

López Biscayart pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación que aporte “de inmediato” el original de la carta que figura como recibida ” en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia identificada con el número de nota 184 AB, con fecha de ingreso 15 de noviembre de 2019″.

Además, pidió que informe “con el respaldo documental del caso, si en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia, durante noviembre de 2019, se registró el ingreso informático de un sobre cerrado proveniente de la Fuerza Aérea Boliviana destinado al entonces embajador Dr. Normando Álvarez García, e informe si ello quedó asentado en el sistema interno de archivo de la Embajada”.

En ese sentido, solicitó que Cancillería “remita el registro de todas las cartas o comunicaciones recibidas de la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante los meses de octubre y noviembre de 2019” y que consigne los datos de cada documento a la vez que advirtió que si hay documentos secretos deberán ser remitidos en sobre cerrado.

El magistrado también le pidió a la Cancillería que informe que, con el respaldo documental del caso, si hubo requerimientos de seguridad o protección por parte de las autoridades de la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante el año 2019.

También solicitó los “registros fílmicos que hayan registrado los procedimientos de control aduanero concretados en el Aeropuerto de El Palomar y en La Quiaca al momento de partida (12/11/2019) y regreso del armamento (26/06/2020)”.

Además requirió “al responsable de la I Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina (Aeropuerto Internacional de El Palomar) que, en 48 horas” aporte constancias sobre la autorización de salida del avión Hércules C-130, el 12 de noviembre del 2019 y registros fílmicos del momento de carga de la aeronave.

El magistrado rechazó además un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para “tomar vista de las actuaciones de modo de contar con información que permita, en su caso, promover querella penal contra los imputados”, informaron fuentes judiciales.

López Biscayart también dispuso que se requiera al responsable de la ANMAC que remita en 48 horas la totalidad de las actuaciones que dieran por resultado la autorización de salida temporal mediante resoluciones ANMAC 974/19 y 982/19, e informe las personas intervinientes. Por otra parte, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich ya designó abogado defensor, el letrado Julián Curi.

(Tiempo Argentino)

Pegasus

Más de 50 mil números telefónicos de periodistas, políticos, militantes defensores de derechos humanos y empresarios, entre los que figuran los del presidente de Francia, Emmanuel Macron y de su par de México, Andrés Manuel López Obrador, fueron objeto de un posible espionaje a través del programa para celulares Pegasus, desarrollado por NSO Group, una empresa privada israelí. La información fue revelada tras una investigación internacional conocida como Proyecto Pegasus de Forbidden Stories, una organización sin fines de lucro con sede en París y Amnistía Internacional y que luego fue publicada por 17 medios internacionales. Pegasus es un software vendido por Israel a los gobiernos y servicios secretos de otros países. El programa de espionaje permite acceder a todos los datos de un teléfono inteligente y también puede controlar la cámara y el micrófono del celular.

La fiscalía de París anunció este martes la apertura de una investigación por el espionaje a periodistas franceses en el marco de las revelaciones sobre Pegasus, el software de espionaje israelí. La investigación del gobierno francés abarca una lista de diez delitos, entre ellos "violación a la privacidad", "intercepción de correspondencia", "acceso fraudulento" a un sistema informático y "asociación de malhechores". Entre los 50 mil números de posibles objetivos de espionaje, figura el del presidente francés, Emmanuel Macron, y de miembros de su gobierno, aseguró este martes el director de Forbidden Stories, Laurent Richard. 

"Encontramos estos números de teléfono, pero no pudimos realizar evidentemente una investigación técnica del teléfono de Emmanuel Macron" para verificar si está infectado por este software, explicó a la cadena LCI Richard, confirmando una información del diario francés Le Monde. "Esto no nos dice si se espió realmente al presidente, pero demuestra en cualquier caso que hubo un interés en hacerlo", agregó el directivo. Le Monde reveló que los números, entre ellos los del ex primer ministro Edouard Philippe, figuraban "en la lista de los teléfonos seleccionados por un servicio de seguridad del Estado marroquí, usuario del software espía Pegasus, para un eventual pirateo".

Espionaje mundial

Este fin de semana, el consorcio integrado por 80 periodistas de 17 medios internacionales, entre ellos The Guardian, The Washington Post, The Wall Street Journal, Süddeutsche Zeitung y Le Monde Diplomatique revelaron que los números telefónicos de al menos 189 periodistas, 600 políticos, 85 activistas defensores de los derechos humanos y 65 empresarios fueron pirateados y espiados a través del software Pegasus.

Aunque la lista de 50 mil números de teléfono no incluía los nombres de los titulares de las líneas, los medios que participaron de la investigación lograron identificar a más de mil personas de más de 50 países. Fueron identificados los números telefónicos de familiares y colaboradores del presidente de México, Andrés López Obrador, que habrían sido espiados telefónicamente entre 2016 y 2017, cuando el entonces mandatario era Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Según el diario británico The Guardian, Marruecos, cliente del NSO Group, habría declarado de interés el espionaje al director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus,  así como el actual presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, cuando éste ocupaba el cargo de primer ministro en Bélgica. Mientras que otro de los clientes de la firma israelí, Ruanda, presuntamente espió al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa y a Carine Kanimba, hija del activista ruandés, Paul Rusesabagina, quien inspiró la película Hotel Ruanda. En la lista también figuran periodistas de la cadena CNN, The Associated Press, Voice of America, The New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg, Le Monde, Financial Times y Al Jazzera.

Según consignó el diario estadounidense The Washington Post, “las pruebas extraídas de estos teléfonos inteligentes, reveladas aquí por primera vez, ponen en tela de juicio las promesas de la empresa israelí de vigilar a sus clientes por los abusos de los derechos humanos.” Hasta el momento, la investigación realizada por el matutino confirmó el hackeo exitoso de 37 teléfonos inteligentes pertenecientes a activistas de derechos humanos, empresarios y periodistas. También encontró que fueron espiadas dos personas cercanas a su corresponsal saudí, Jamal Khashoggi, asesinado en 2018 en el consulado de su país en Estambul por un comando formado por agentes  de Arabia Saudita.

La línea roja

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, advirtió que las medidas de vigilancia sólo pueden justificarse en circunstancias bien definidas y con objetivos legítimos. "Si las recientes acusaciones sobre el uso de Pegasus también son ciertas solo en parte, entonces esa línea roja fue superada una y otra vez con total impunidad", alertó Bachelet.

La firma israelí rechazó este lunes las “acusaciones fraudulentas”. "No habíamos recibido hasta hoy ninguna prueba de que una persona en esta lista fuera un objetivo del sistema Pegasus", dijo Oded Hershkovitz, un portavoz del grupo, en declaraciones a la radio israelí. "Nos gustaría enfatizar que NSO vende sus tecnologías únicamente a agencias policiales y de inteligencia de determinados gobiernos con el único propósito de salvar vidas mediante la prevención del crimen y los actos terroristas", añadió.

Por su parte, el ministerio de Defensa israelí, encargado de ofrecer la autorización final para la venta del software de espionaje, aseguró que “no tiene acceso a las informaciones recopiladas por los clientes de NSO”, al tiempo que afirmaron tomarán las medidas “apropiadas” si sus clientes vulneran las condiciones de uso.

(Pagina 12)

Haití

presan a otros tres sospechosos de asesinato del presidente haitiano

La Policía de Haití apresó a otros tres sospechosos del asesinato del expresidente Jovenel Moïse, entre ellos dos policías, anunció hoy el director de la institución, León Charles.

Los oficiales Bony Grégoire y Cliffton Hyppolite son los primeros formalmente detenidos en el curso de la investigación, aunque Charles no determinó sus presuntos vínculos con el magnicidio. También se encuentra bajo custodia policial el ciudadano Dominick Cauvin, quien estuvo presente durante las reuniones de planificación del homicidio, según detalló el directivo.

Además de los dos agentes, otra veintena que integraba la guardia presidencial en el momento del magnicidio se encuentra sujeta a medidas cautelares, y en especial el jefe de Seguridad del Palacio Nacional, Dimitri Hérard, así como otros responsables de unidades tácticas, permanecen en aislamiento, con la prohibición de salir del país.

Charles precisó que también allanaron 13 viviendas, de ellas seis de los prófugos de la justicia relacionados con el caso, como el exsenador John Joël Joseph, el abogado Félix Joseph Badio, y otras de Reynaldo Covington y Roodolphe Jarre, respectivamente.

En las residencias incautaron 45 rifles, 14 pistolas, cientos de cartuchos de varios calibres, además de un dron, tres granadas y chalecos antibalas.

Con los nuevos arrestos suman 26 las personas detenidas, 18 de ellas de nacionalidad colombiana, mientras al menos seis continúan a la fuga, y tres murieron en los enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Moïse es el quinto jefe de Estado que murió mientras ejercía el cargo, y su deceso agudizó la perenne crisis sociopolítica de la nación caribeña.

Prensa Latina

Haití estrena un nuevo Gobierno que tiende la mano a la oposición

Haití estrenó este martes un nuevo Gobierno, 13 días después del asesinato del presidente Jovenel Moïse con la promesa de tender la mano a la oposición para buscar una salida a la profunda crisis en la que se haya inmerso el país.

Ariel Henry, un respetado neurocirujano, asumió este martes de forma oficial el cargo de primer ministro, desde el que controlará todos los resortes del poder en Haití, dado que no hay planes para designar un jefe de Estado provisional y tampoco tendrá el contrapeso de un Parlamento, puesto que está clausurado desde enero de 2020.

El nuevo primer ministro fue nombrado para el cargo por Moïse mediante un decreto firmado el pasado 5 de julio, pero el magnicidio, ocurrido dos días después, frustró su investidura y dejó el Gobierno en manos de su antecesor, Claude Joseph, abriendo un inédito pulso por el poder.

Esa disputa entre ambos primeros ministros se solucionó el lunes, cuando Joseph anunció su renuncia al cargo, apenas dos días después de que Naciones Unidas y potencias extranjeras como Estados Unidos y Francia tomaran partido y dieran su apoyo explícito al hombre elegido por Moïse.

Recelos de la oposición

En su discurso de investidura, Henry aseguró que su Gobierno, integrado por 18 ministros, es un gabinete “de consenso” e “inclusivo”, puesto que integra algunas figuras de la oposición, así como a técnicos y a personalidades de la sociedad civil.

No obstante, al frente de las carteras más importantes, como Justicia, Economía o Exteriores, se mantienen sus actuales titulares, en este último caso, el hasta ahora primer ministro Joseph.

Esta circunstancia, sumada al apoyo internacional a Henry, ha alimentado los recelos de la oposición hacia el nuevo Gobierno, e incluso ya se han formulado llamados a protestas por parte de algunas fuerzas de izquierda.

Una comisión que aglutina a numerosos grupos de la sociedad civil, que han mantenido reuniones en los últimos días para aportar soluciones a la crisis, también se ha desvinculado del nuevo Gobierno.

La comisión de la sociedad civil no tiene nada que ver con la formación del Gobierno. No surge de ningún consenso con los actores de la sociedad civil que están unidos para encontrar una solución haitiana para la crisis. Los individuos en ese gabinete no se representan más que a ellos mismos”, dice un comunicado del grupo

Oferta de diálogo

Para tratar de limar asperezas, Henry plagó su discurso de ofertas de diálogo “sincero y franco” dirigidas hacia la oposición y hacia la sociedad civil, y también, de invitaciones a la “unidad” para superar un momento que describió como “crítico”.

La solución a esa crisis, subrayó, “debe implicar a todos los haitianos” y debe pasar necesariamente por la organización de elecciones, aunque no habló de plazos para esta cita con las urnas.

No tenemos la pretensión de resolver todos los problemas, pero con los demócratas podemos crear las condiciones para la organización de elecciones”, afirmó.

Con las elecciones en mente, prometió que uno de sus principales cometidos será restablecer el orden y la seguridad en el país, que desde hace meses atraviesa una grave ola de criminalidad.

Comienzo de las honras fúnebres

La investidura del nuevo Ejecutivo se solapó con el comienzo de las honras fúnebres para el presidente asesinado, quien recibirá sepultura el próximo viernes en su panteón familiar, en la ciudad de Cap-Haitien, en el norte del país.

El primer acto de duelo oficial tuvo lugar este martes en Puerto Príncipe y contó con la participación de todos los miembros del Gobierno saliente y del entrante.

La viuda, Martine Moïse, quien regresó al país el pasado fin de semana, no acudió al acto oficial.

La ceremonia contó con música, danza, unas palabras de un sacerdote y discursos, entre ellos el de Claude Joseph, quien se refirió a Moise como un “amigo”.

El jueves se celebrarán el velatorio y la misa, en Cap-Haitien, y el viernes tendrá lugar el funeral y el entierro.

Aunque las celebraciones tengan carácter de Estado, la familia de Moïse anunció que costeará todos los gastos, según el deseo de la primera dama.

Diario Libre (Tomado de Nodal)

Mientras no se modifique el sistema financiero Internacional, las posibilidades de democracias genuinas en América Latina se reducen a paliativos y luchas de grupos que desde su militancia, solo alcanzan a visibilizar aspectos parciales de las nefastas consecuencias que el neoliberalismo produce. Sin estos intentos, la vida no tendría esos resquicios por donde escabullirse de la muerte y la dignidad humana carecería de esperanza. Los anhelos de justicia y libertad, términos que intentan de todos modos asociar a la libertad de las injustas concentraciones monetarias, no serán ni justas ni democráticas sino nos entendemos parte de una humanidad con diversas expresiones particulares que necesitan ser soberanos de sus producciones y libres para ejercer sus formas democráticas de expresar esa vida digna, que no se reduce a lo individual, sino que es justicia y libertad para el pueblo y la posibilidad de decidir como vivir y de que modos.

Daniel Roberto Távora Mac Cormack




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