Corrupto es el Sistema

El cambio de orientación del debate internacional sobre impuestos corporativos y las propuestas del G7 y el G20 sobre el tema, no deben dejar que los árboles tapen el bosque. Los acuerdos provisorios alcanzados bajo la conducción técnica de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) son limitados, están llenos de agujeros y pueden incrementar la desigualdad global norte-sur, pero además los paraísos fiscales, cada vez más en la lupa pública, siguen floreciendo. Una prueba perfecta es la reciente investigación internacional de Le Monde,  Süddeutsche Zeitung, El Mundo, Woxx, Investigative Reporting Project Italy, Tax Justice Network y The Signals Network que revela la existencia de prácticas impositivas secretas de uno de los paraísos fiscales favoritos del empresariado argentino, Luxemburgo, prácticas que violan hasta las flojitas reglas de transparencia de la Unión Europea (UE). 

Las prácticas secretas del llamado “LuxLetters Scandal” (escándalo de las cartas de Luxemburgo) es la revelación de un pacto epistolar entre las autoridades impositivas del principado y las multinacionales para evitar las reglas de transparencia impositiva de la UE y la OCDE. En un escándalo similar en 2014, los Lux Leaks, se descubrió que durante más de 15 años el principado había hecho acuerdos bajo la mesa con las corporaciones en detrimento de sus socios de la Unión Europea para facilitar la elusión y evasión fiscal de las multinacionales. Las cosas no han cambiado.

De Lux Leaks al Luxletters

En el Lux Leaks una de los hechos más aberrantes era que durante todo ese período el primer ministro y ministro de Finanzas del principado era el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. En el grupo de multinacionales no faltaba casi nadie del sector productivo o financiero, desde Pepsi hasta Amazon y el HSBC: un tesoro de grandes corporaciones pescadas in fraganti. El escándalo fue tal que obligó a un ajuste de las reglas del bloque europeo que prohibió los llamados Tax Rulings (acuerdos entre compañías y autoridades fiscales) y llevó a que Luxemburgo mejorara sus reglas de intercambio de información para adaptarlas a las que regían en la UE y la OCDE. Eso sí, como un portentoso vaticinio de en qué quedaría la cosa, los únicos condenados a nivel judicial por el escándalo fueron los dos “whistleblowers”, empleados de una de las consultoras líderes en elusión y evasión fiscal, PWC, que recibieron sentencias de 9 y 12 meses de prisión y 2500 euros de multa de la “justicia” luxemburguesa por "revelación de secretos empresariales y violación de confidencialidad". Ni los funcionarios de Luxemburgo, ni las multinacionales y mucho menos Jean Claude Juncker recibieron ningún tipo de sanción. 

La ley y la trampa

Entre los ingredientes de las actuales revelaciones está que paralelamente al cambio de reglas internas de Luxemburgo a raíz de los Lux Leaks, el principado desarrolló una práctica por la que las firmas contables y legales en conjunción con las autoridades impositivas intercambiaban “cartas de información” sobre la planificación tributaria de las multinacionales. El propósito de estas cartas era establecer un perímetro secreto en el que las autoridades colaboraban con estas firmas en establecer hasta dónde se podían estirar ciertas prácticas de las multinacionales para que se mantuvieran en el nebuloso terreno de la elusión fiscal. 

El director de secreto financiero y gobernanza de Tax Justice Network (TJN), Markus Meinzer, explicó cómo esta práctica expone los enormes agujeros legales de la Unión Europea. “Está claro que las autoridades de Luxemburgo conspiraron deliberadamente para que los profesionales del mundo impositivo frustraran las leyes de la UE. Con esta cartas de información, Luxemburgo está violando no solo la ley europea sino la del mismo principado porque cualquier acuerdo impositivo –incluso si no tiene poder legal– debe ser informado a las autoridades europeas. Luxemburgo tuvo una oportunidad para limpiar su imagen de paraíso fiscal. Los Lux Leaks fueron una tarjeta amarilla. Este escándalo debería ser una tarjeta roja. Luxemburgo es uno de los paraísos fiscales más antisociales a nivel corporativo, incapaz de cumplir con las reglas de la comunidad”, señala Meinzer. 

La realidad es que los 27 países de la UE están partidos entre paraísos fiscales netos (Holanda, Luxemburgo, República de Irlanda, etc), países con legislación más firme, pero enormes lagunas (Austria, Alemania, los países bálticos) y los perjudicados netos (el resto de las naciones) que ven sus ingresos fiscales succionados por las maniobras de sus propios socios comunitarios. La lista de “jurisdicciones no cooperantes” de la UE es una risa: ocho territorios sin peso a nivel global como Fiji o Samoa con un agregado de color, Panamá. Entre estas jurisdicciones no figura ni una de la Unión Europea. El reinado de la OCDE.

La UE pierde anualmente cerca de 200 mil millones de euros con estas maniobras de elusión y evasión fiscal. “Estas revelaciones son una clara señal del fracaso de las reglas de la UE y la OCDE. Para evitar estos escándalos faltan leyes que garanticen la transparentes y la información pública. Pero el lobby de la OCDE en la Unión Europea ha impedido la transparencia en el mundo corporativo”, señala Meinzer.

 
El problema es que la OCDE está en el centro de un circuito informal internacional para la creación de reglas tributarias internacionales. “Este rol se retrotrae como mínimo a los años '70. Como la legislación impositiva internacional tiene una complejidad técnica importante y un elemento político fundamental, la OCDE cuenta hoy con un staff de unos 150 expertos impositivos, algo que no se da en otras organizaciones, y, al mismo tiempo, está dominado políticamente por los países ricos”, explica a PaginaI12 Sol Picioto, asesor senior de TJN. Central en la OCDE es su poderoso secretariado que decide qué propuestas de los 134 países del llamado Marco Inclusivo son relevantes para las nuevas reglas de impuestos mínimos a las multinacionales y las empresas digitales y de servicios que se dirimirán en el seno de la OCDE en octubre. 

“Obviamente no pasan las de los países en desarrollo, del G24 y del Foro Africano de Administración Tributaria. Y todo se hace a puertas cerradas. No se puede imaginar una estructura más arbitraria y opaca que la OCDE para tomar estas decisiones. Por eso me cuesta ser optimista sobre el resultado que saldrá sobre este tema de la conferencia de la OCDE en octubre”, señaló a este diario el coordinador ejecutivo de la Alianza por la Justicia Global, Dereje Alemayehu.
https://www.pagina12.com.ar/357412-el-escandalo-de-las-cartas-de-luxemburgo

Más allá de la libertad condicional que dictó el juez Ricardo Basílico el viernes pasado, desde el punto de vista judicial, Amado Boudou nunca debió estar preso. La condena central del exvicepresidente fue por “cohecho pasivo”, es decir, haber recibido una coima. No en forma de dinero, sino en acciones de Ciccone Calcográfica. Nada menos que el 70 por ciento del total de las acciones. Nunca en toda la causa apareció la más mínima prueba de semejante hecho. Más bien todo lo contrario: las evidencias demostraron que quienes se quedaron con la imprenta fueron Jorge Brito, que puso al frente de Ciccone a exgerentes del Banco Macro o Raúl Moneta, que aportó el dinero para sacar a la empresa de la quiebra. O los dos juntos. Además, después la justicia determinó que eso no configuraba delito.

El fallo condenatorio de Boudou fue dictado por el Tribunal Oral Federal 4, en ese momento integrado por Pablo Bertuzzi, a quien Mauricio Macri premió, aún antes del fallo, con un cargo en la Cámara Federal, y Néstor Costabel, una pieza de Juntos por el Cambio en Comodoro Py. Votó en contra de condenar por ese delito la jueza Gabriela López Iñiguez, que dictó un fallo muy detallado de 250 páginas.
López Iñiguez, así como Bertuzzi y Costabel condenaron por negociaciones incompatibles con la función pública, un delito que no hubiera llevado a Boudou al penal de Ezeiza. La verdadera cara del fallo se vio en otros ingredientes. Nunca antes el TOF 4 había ordenado la detención después de una condena: siempre esperó el resultado de la apelación. Eso se tradujo en 15 meses de prisión preventiva de una persona que siempre estuvo a derecho y a la que se le aplicó la doctrina Irurzun de que “podría obstaculizar la causa porque tenía relaciones anteriores en el gobierno”. Las fotos de Boudou en piyama mostraron que lo trascendente era la utilización política de la causa.

La historia de Ciccone Calcográfica se resume de la siguiente manera:

    • La imprenta sofisticada, una de las 12 únicas privadas del mundo que imprimía billetes, estaba en concurso de acreedores, con una fuerte deuda con la AFIP. 

    • En julio de 2010, se le dictó la quiebra por pedido del ente recaudador.

    • El juez de la quiebra entregó la planta de Ciccone al eterno competidor, Boldt, un conglomerado que explotaba los casinos de Mar del Plata y Tigre. Parece evidente que es incompatible tener al mismo tiempo casinos y fábrica de billetes.

    • Quien había ofertado quedarse con la empresa era el Estado, pero de forma asombrosa, el juez optó por Boldt en una maniobra más que extraña. 

    • Desesperados por la quiebra y la cesión a Boldt, los hermanos Ciccone salieron a vender sus acciones a un inversor que pusiera el dinero para sacar la imprenta de la quiebra. Se necesitaban dos cosas: que la AFIP diera el visto bueno a un plan de pagos de las deudas y que alguien aportara el dinero.

 
    • Como exhibió la jueza López Iñiguez, la AFIP ya había dado el visto bueno antes de la venta de las acciones y antes de una consulta que se le hizo a Boudou. La razón es que la AFIP, en tiempos de CFK, siempre tenía una estrategia: no hundir las empresas, conservar el trabajo y, además recaudar. En este caso se sumaba el hecho de que se trataba de una imprenta estratégica.

    • En escena apareció una sociedad, The Old Fund, cuyo titular era el abogado Alejandro Vandenbroele. Éste terminó declarando como arrepentido a cambio de lo que hoy serían unos siete millones de pesos, que invirtió en un hotel-boutique en Mendoza. Vandenbroele fue cambiando su testimonio de acuerdo a las necesidades del macrismo. Como ya se sabe, los arrepentidos se manejaban en función de la persecución política.

    • Vandenbroele declaró que quien le pagaba era Brito pero dijo que Brito era testaferro de Boudou. Por de pronto, admitió algo que el exvicepresidente dijo desde el primer día: que no conocía a Boudou, que sólo lo había visto una vez, de lejos. Porque al inicio de la causa, la versión era que Vandenbroele era testaferro de Boudou. 

    • Jorge Brito falleció el 20 de noviembre pasado en un accidente de helicóptero. Su obsesión era la denuncia penal que formuló contra Vandenbroele por falso testimonio.

 
    • Justamente, el inicio del expediente exhibió todo lo que vino después: un agente de inteligencia del Ejército, Jorge Pacífico, denunció que escuchó en un bar a otras personas, en otra mesa, mencionar que había irregularidades en el caso Ciccone. Pacífico fue el mismo que apareció a dos cuadras de la AMIA el día del atentado, también sembrando pistas. Por supuesto que Pacífico declaró que no sabía quiénes eran las personas que hablaban de Ciccone en la mesa del bar. Como se ve, una causa armada. 

    • Uno de los nudos del expediente fue un contrato en el que los hermanos Ciccone le cedieron el 70 por ciento de las acciones de la imprenta a The Old Fund. Pero el texto (señala con mucho detenimiento la jueza López Iñiguez) indicaba que esa sociedad no se quedaría con la imprenta, sino que buscaría un inversor y además resolvería la situación con la AFIP. 

    • Lo trascendente es que el dinero del rescate lo aportaron sociedades del financista Raúl Moneta y los gerentes de la imprenta los designó Jorge Brito: fueron dos ex Banco Macro, Máximo Lanusse y Francisco Sguera. Una de las maniobras grotescas consistió en separar el origen del dinero de The Old Fund de la causa madre. Justamente, la prueba de que la imprenta no pasó a ser de Boudou es que la plata vino de una sociedad holandesa que una pericia posterior demostró que era de Moneta. 

    • En todo el expediente no apareció ni una sola evidencia de que esas acciones fueran propiedad de Boudou --algo palmariamente demostrado en el fallo de López Iñiguez-- o de que él se hubiera beneficiado de alguna manera. Al exvicepresidente no le aparecieron ni cuentas en el exterior ni sociedades en Panamá ni propiedades no declaradas. Su caso no se pareció, ni remotamente, a los de José López o Daniel Muñoz, ni apareció un entramado oculto como el de los Macri.

    • El exvicepresidente sostiene que tampoco se le pueden adjudicar negociaciones incompatibles con la función pública pese a que intervino su amigo José María Nuñez Carmona. Boudou afirma que no hizo nada desde el Estado que cambiara, mejorara o alterara la situación de Ciccone o la negociación para salvar a la imprenta. Dio una opinión --no vinculante, general y razonable-- a favor del rescate de la imprenta, no influyó en contratos futuros y, por el contrario, fue parte de un gobierno que desde el primer momento apuntó a que el Estado --como terminó ocurriendo-- se hiciera cargo de la fábrica de billetes y que no quedara en manos de un grupo que además gerenciaba casinos. 

En cualquier caso, no existió la menor prueba del delito que determinó la prisión --el cohecho-- y se reiteró lo que fue el modus-operandi de Comodoro Py: no hacer la pericia clave que mostró de dónde vino el dinero para quedarse con Ciccone y usar jueces adictos a los que después traslado de forma ilegal a puestos decisivos (la Cámara Federal) donde siguieron ejerciendo la persecución política. 

Plan, plan, plan, queremos plan

Una de las objeciones más frecuentes hacia esta gestión es la falta de un plan económico. Esto se escuchó mucho durante la negociación por la reestructuración de la deuda (la crítica era que no iba a haber acuerdo si el gobierno no mostraba cómo pensaba pagar los nuevos vencimientos), luego resurgió a mediados del año pasado con la discusión del Presupuesto y las proyecciones para este año, y ahora nuevamente con el inicio de la campaña electoral.

Lo primero que tenemos que hacer, es precisar el concepto, porque como veremos a continuación, es un tanto esquivo y allí reside el primer foco de conflicto. Por lo general, un plan económico se define a partir de la fijación de ciertos objetivos y/o problemas a resolver, utilizando para ello las distintas herramientas de política económica al alcance del gobierno. Por ejemplo, impulsar la actividad económica a través del aumento del gasto público o reducir la inflación por medio de una política monetaria contractiva. Acá se advierte la primera cuestión vinculada con su ambigüedad, porque lo normal es que cada gestión tenga su propio “plan”, dando lugar a un sinfín de variantes: pueden diferir los objetivos, los problemas a resolver, o incluso podrían ser similares pero con prioridades distintas, o bien que las herramientas utilizadas para resolverlos sean diferentes. Las distintas combinaciones dan lugar a lo que muchas veces se denomina “el modelo económico”.

A partir de lo anterior, lo que debería quedar claro es que toda gestión tiene un plan económico. Puede ser mejor o peor, gustar más o menos, pero existe. La idea de que un gobierno no tenga un plan económico me resulta una crítica un tanto ingenua, porque implica desconocer que están intrínsecamente vinculados.
La objeción que tiene más asidero es que ese plan se haga explícito. En este caso, el punto sería que el gobierno anuncie públicamente cuáles son los objetivos a concretar a lo largo de los cuatro años de gestión y cómo piensa lograrlos.

Un plan no es lo mismo que proyectar

¿Pero esto no es lo que hizo el año pasado en la presentación del Presupuesto? Si bien dicha presentación involucra la elaboración de proyecciones para las principales variables macroeconómicas (PBI, inflación, tipo de cambio, déficit fiscal), que permiten extraer un rumbo en materia económica, hay varias cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, la elaboración de proyecciones no implica necesariamente que eso sea lo que vaya a hacer el gobierno. Históricamente, funcionaron más bien como un formalismo que requiere la formulación del presupuesto que como una hoja de ruta oficial.
No obstante, Guzmán afirmó en reiteradas ocasiones que ése era el plan del gobierno. En efecto, como dijimos antes, de ahí se pueden extraer definiciones económicas. Por ejemplo, que la recuperación iba a ser gradual, que el déficit fiscal -y en particular el financiamiento a través del BCRA- se iba a contraer significativamente luego del impulso que provocó la pandemia, o que la inflación se iba a reducir paulatinamente junto con la tasa de devaluación del tipo de cambio.

Si bien muchas de las cuestiones plasmadas en el presupuesto se vienen cumpliendo, y teniendo en cuenta las dificultades extra que significa hacer proyecciones en medio de una pandemia, el gran error estuvo en creer que la fuerte reducción que se observó en la inflación a mediados del año pasado -que coincidió con el momento en que se presentó el presupuesto- era algo permanente y no una cuestión transitoria asociada al freno de la actividad provocado por la pandemia, sumado al aumento del precio internacional de los commodities (algo mucho más difícil de prever). Eso se plasmó en una proyección del 32% para fines de 2020 (terminó siendo del 36%) y del 29% para fines del 2021, que ya quedó obsoleta con la aceleración inflacionaria del primer semestre, que acumuló 25%.
Esto nos lleva a otras dos diferencias respecto de un plan, que son la falta de claridad respecto a cómo se manejan los desvíos del objetivo y el grado de compromiso con los mismos. ¿Qué debería hacer el gobierno o, mejor dicho, el Banco Central si aumenta la inflación? ¿Qué pasa si la respuesta no es suficiente y no se logra el objetivo?

En los planes, estas preguntas suelen estar contempladas (aunque no siempre es así). Por ejemplo, se plantean distintos escenarios (de mínima y de máxima), mostrando cómo reacciona la política fiscal, la monetaria y la cambiaria. Es decir, se contempla la posibilidad de que las cosas no salgan como lo planeado (ya sea por errores de diagnóstico o por eventos externos), pero se muestra cómo respondería la política económica frente a esos desvíos. Finalmente, se realizan reportes (a veces por las autoridades, en otros casos por organismos externos) evaluando los resultados, errores, omisiones, etc.

Persevera y convencerás

¿Y para qué sirve esto? La “rendición de cuentas” por parte del gobierno (no conozco mejor traducción para el término accountability) y el hecho de ir consiguiendo los objetivos fijados genera un marco de previsibilidad que le permite al sector privado tomar mejores decisiones, logrando un mejor funcionamiento de la economía.
Además, cuanto más elevada sea la credibilidad del gobierno, mayor es la capacidad de mantener ancladas las expectativas del sector privado, algo que resulta clave en un contexto de inflación elevada como el de Argentina. Como mostramos acá, eso permite que frente a un evento disruptivo el sector privado le “crea” al gobierno que va a mantener la inflación controlada y de esa manera evite un alza en los precios.

A modo de ejemplo, fíjense la desmesurada diferencia entre la trayectoria de la inflación proyectada por el gobierno al momento de la sanción del presupuesto y la del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM). Como dijimos, hubo un error en la estimación del gobierno, pero eso no alcanza para explicar semejante diferencia.

a explicación probablemente se ubique en algún punto medio: el aumento del precio internacional de los commodities, combinado con la recuperación de la actividad económica, provocó el alza en los precios que luego se aceleró con la sobrerreacción del sector privado a partir de sus propias previsiones de inflación, muy “desancladas” en relación a la pauta inflacionaria del gobierno.
En función de todo lo anterior, podemos afirmar que la presentación de un plan económico creíble puede ser una herramienta clave para bajar la inflación y retomar el crecimiento. Se hizo largo, así que nos queda para otra edición discutir cuáles deberían ser los lineamientos principales de ese programa.
ROLLOVER Juan Manuel Telechea  Cenital

Economistas ortodoxos y neodesarrollistas tienen un punto de acuerdo: América Latina debe exportar. Pero el fetiche de las exportaciones como fuente de desarrollo se basa en la omisión de una serie de condiciones asociadas al pago de las deudas, a la explotación de la fuerza de trabajo y a conflictos sociales y ecológicos existentes en toda la región.

Francisco Cantamutto es doctor en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Es Licenciado en Economía e integrante de la Sociedad de Economía Crítica (SEC) de Argentina y Uruguay.

Martín Schorr  de Nacionalidad Argentina, doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Sociología Económica por la Universidad Nacional de San Martín. 

Escriben en Nueva Sociedad: “América Latina y el mandato exportador “
El desarrollo de las fuerzas productivas orientadas por el impulso de la demanda externa forma parte de América Latina y el Caribe desde su integración a la economía mundial. En ese origen, las necesidades metropolitanas se imponían sobre las locales a la hora de ordenar qué se produce y cómo se lo hace, lo cual implicó una trayectoria de más de trescientos que fue definiendo qué negocios privilegiar y generó estructuras productivas, actores sociales e imaginarios, todos ellos factores que pesan a la hora de pensar alternativas de desarrollo.
La modalidad primario-exportadora fue la privilegiada a la hora de establecer la inserción de la región en el mundo decimonónico, bajo el peso privilegiado no solo de los mercados externos sino de los capitales extranjeros en las economías recientemente nacionales. Las incipientes burguesías locales crecieron asociadas a este impulso. No es de extrañar entonces que aparecieran tan mezcladas las ideas de independencia nacional y la sociedad con los capitales extranjeros.
Esta fusión fue puesta en duda en todo el continente en las vísperas de los centenarios de las revoluciones independentistas, y fermentó en un clima con rasgos antiimperialistas más o menos generalizados. Este ánimo fue usado, a su vez, por muchos gobiernos de la época para renovar sus esfuerzos de nacionalización de la cultura, persecución de extranjeros «indeseables» y represión de la protesta social. Este reverdecer nacionalista se combinó con el estallido de la Primera Guerra Mundial, que fue un primer traspié para el hasta entonces motor de la acumulación, que terminó de desbaratarse durante el interregno abierto entre la crisis de la década de 1930 y la finalización de la Segunda Guerra Mundial. 

Ese período abrió la oportunidad al desarrollo de industrias locales ante la interrupción del abastecimiento externo. Con dudas y reticencias de las elites locales, fueron décadas en las que la acumulación debió reorientarse ante la destrucción masiva de las economías centrales europeas y su desplazamiento por Estados Unidos. Fueron los años de la llamada industrialización por sustitución de impoertaciones, apoyada en la amplia red de talleres desarrollada en las márgenes durante la etapa previa. Casi todas las economías de la región atravesaron cierto impulso industrializador en esas décadas.

 
Sin embargo, a partir del final de la guerra, con la presión por volver a los negocios «como siempre» de las multinacionales, la continuidad del proceso se restringió a las economías de mayor tamaño relativo, cuyos Estados tuvieron un rol protagónico. Muchos de los proyectos iniciados en esos años madurarían décadas más tarde, dando lugar a «anómalas» producciones de alto valor agregado o composición tecnológica. Durante estas décadas, los flujos de intercambio externo jugaron un rol menos significativo que en el pasado, sin por ello dejar de tener importancia.

La deuda como organizadora de la producción

Esa desconexión relativa empezó a quebrarse en la década de 1970. Operó entonces una reconfiguración de la acumulación a nivel mundial. El ascenso neoconservador en Estados Unidos y Gran Bretaña pondría fin no solo a los arreglos internos en torno a los Estados de Bienestar, sino a los acuerdos monetario-financieros de Bretton Woods, que moldearon los intercambios internacionales por tres décadas. El inicio de las reformas de apertura en China se conjugó en este escenario, para facilitar la incipiente reestructuración de la producción, en forma de cadenas globales de valor y el despliegue de un vigoroso proceso de financiarización. En este momento crítico de quiebre, se inició lo que luego se conocería como neoliberalismo. 

Vale resaltar que en un gran número de países de la región —incluidas las poderosas economías argentina y brasileña— la adaptación a estos cambios se dio de la mano de sangrientas dictaduras. No sería preciso suponer que se contaba con un modelo claro de antemano. Por supuesto, existían grupos de presión en el campo de las ideas, donde la ortodoxia neoliberal había ganado presencia con think tanks, becas, publicaciones y cuadros técnicos, todo en estrecho vínculo con las empresas de mayor porte. Pero también existían al interior de estas mismas dictaduras quienes daban relevancia a la industria y a ciertos sectores estratégicos por un problema de soberanía militar. La confluencia se encontraba en la orientación represiva, excluyente y contraria a la organización de las mayorías sociales. 

La llave del cambio vino por un canal financiero. La acumulación de dólares excedentes en los sistemas financieros de los países centrales fue reciclada en forma de préstamos casi compulsivos a los países latinoamericanos. Pautados a tasas bajas, pero variables, renegociados anualmente, sin destino específico, sirvieron para responder al impacto de la suba de precios del petróleo como para financiar el terrorismo de Estado. En muy pocos casos los préstamos se canalizaron a la inversión productiva. También fueron a empresas estatales que no precisaban de esos fondos, pero luego deberían pagarlos, lo que reducía su capacidad operativa. Esta abundancia de fondos se vio abruptamente interrumpida a inicios de los años 80, tras la suba de las tasas de referencia en Estados Unidos. Los fondos se retiraron de la región de manera súbita, dirigiéndose a los países centrales. Así, como castillo de naipes, casi todos los países de la región entraron en problemas de pagos. Tanto la entrada masiva de capitales como su salida en estampida fueron definidas por prioridades y arreglos en los países centrales. Pero la crisis recayó sobre la periferia. 

¿Por qué es importante remarcar esto? Porque la gestión de la crisis de la deuda en la década de 1980 terminó de dar forma al giro en torno al desarrollo de la región. A pesar de los intentos de organizar clubes de deudores, la presión de los acreedores se impuso. Durante la llamada «década perdida» la región prácticamente no creció, lidió con severos problemas de inflación y una regresividad manifiesta, debió ajustar sus presupuestos, enfrentó términos de intercambio desfavorables, pero al mismo tiempo transfirió valor en forma de pagos. Aun así, su deuda creció. Poco importó el origen de dudosa legalidad y legitimidad, las violaciones de derechos humanos de los gobiernos que recibían los fondos ni la corresponsabilidad de los acreedores. 

La cesación de pagos generalizada ponía en crisis los balances contables en las casas matrices, lo cual podía hacer tambalear las economías centrales. Por eso, los Estados intervinieron de manera oficial, negociando durante una década hasta dar forma, tras el hito del plan Baker, al plan Brady, que permitió a inicios de la década de 1990 canjear la deuda en mora por nueva deuda en regla, a cambio de la aplicación de una serie de «recomendaciones» que ya se conocían como Consenso de Washington. Si durante la década de 1980 maduraron proyectos puestos en marcha por el Estado en décadas previas, y se aceleró el proceso de reconversión productiva para obtener divisas, en la de 1990 esto se terminó de organizar con la quita de mecanismos de regulación estatal, privatizaciones, «desregulación» de una multiplicidad de mercados (incluido el laboral), firma de tratados de inversión y de libre comercio, y apertura comercial. La mayor parte de estos cambios se sostuvieron en la región hasta el presente. 

Qué exportaciones?

La nueva orientación exportadora se forjó no para sostener los niveles internos de consumo ni el desmanejo fiscal, sino para pagar deuda. Con matices, la región se consolidó como exportadora de materias primas, sobre todo de productos agropecuarios, piscícolas, forestales, metalíferos y mineros así como su procesamiento básico. Para ello ha sido clave la falta de estándares ambientales. Algunos pocos países lo combinaron con la exportación de hidrocarburos, en ciertos casos, con muy bajo grado de procesamiento (por ejemplo, México exporta crudo para luego comprar gasolinas procesadas). 

Esto es lo que se suele llamar «extractivismo», a saber la explotación a gran escala de recursos naturales o comunes, con alto grado de estandarización, intensivos en capital, para obtener productos de bajo valor agregado normalmente destinados a la exportación. O «neoextractivismo», cuando se combina con captura parcial de la renta asociada por parte del Estado, a través de impuestos o mediante su participación en la producción. Esto no quita que, en algunos casos, en estas producciones se paguen salarios relativamente altos. Pero se hace a costa de segmentar el mercado de trabajo, estableciendo una creciente heterogeneidad entre sectores económicos, que terminan por obstruir cualquier otra actividad productiva: ¿qué otras producciones son compatibles con esta especialización? A esto se suma además del grado de precarización y menor remuneración de las actividades conexas en la cadena de valor, mayormente subcontratadas en condiciones más pauperizadas. Los salarios de estos sectores son relativamente altos respecto de una media social precisamente desvalorizada para garantizar cierto nivel de competitividad externa.

Es habitual que las comunidades ubicadas en torno a los grandes proyectos no sean consultadas. Se trata de un derecho reconocido internacionalmente en el caso de comunidades originarias. Incluso cuando tentadas por posibles puestos de trabajo las comunidades saben que los empleos vienen de la mano de la destrucción de fuentes alternativas (¿cuántas granjas ha arruinado la explotación petrolera por fractura hidráulica, por ejemplo?) y la afectación directa de la salud de las poblaciones vecinas a los emprendimientos extractivos. Las economías regionales devastadas por el huracán neoliberal hoy son presentadas así como zonas de sacrificio. 

Muchas de estas críticas son descartadas, consideradas fatuas no solo por partidarios de visiones ortodoxas de la economía, sino por quienes se consideran neodesarrollistas. No se ha reparado lo suficiente en esta llamativa coincidencia en la veneración a las ventajas comparativas —basadas en la dotación dada de factores o recursos con que cuentan las naciones, como «dones» naturales—. Lo que la ortodoxia abraza como mandato, el neodesarrollismo parece aceptarlo como resignación. Aunque siempre se afirma la necesidad de agregar valor y crear empleo sobre estas ventajas, no se cuestiona la preeminencia de esta fuente de acceso a divisas por la vía exportable.

En algunos países, la especialización primaria se combinó con la provisión de fuerza de trabajo barata, a través del emplazamiento de industrias bajo el modelo de maquilas. Se trata centralmente de la industria textil, la electrónica y la del transporte, orientadas a la exportación a Estados Unidos, como ocurre en Centroamérica y México. Este conjunto de economías se especializa en el uso de fuerza de trabajo mal remunerada para la especialización orientada a la exportación. A este fenómeno Ruy Mauro Marini lo llamó superexplotación de la fuerza de trabajo. Menos teorizado se lo puede entender como el caso de quienes tienen empleos que no les permiten salir de la pobreza. Debe añadirse que en este caso que la desigualdad de género es particularmente explotada como fuente de ganancias: mujeres peor pagas y con peores condiciones laborales como motor de desarrollo. 

Finalmente, el turismo es el único servicio en que la región obtiene superávit en el comercio exterior. Esto habilita a múltiples proyectos de inversión que aprovechan la belleza paisajística y la fuerza de trabajo relativamente barata. Al igual que la maquila, se distinguen de la explotación de recursos por ser más demandantes de trabajo, predominantemente mujeres, y en muchos casos con niveles de calificación relativamente bajos. Debe anotarse que, en materia de especializaciones en la provisión de divisas, se pueden anotar dos variaciones más: el envío de remesas por parte de migrantes que debieron irse de su país de origen por falta de oportunidades, y remiten fondos a sus familiares, y las economías que funcionan como guaridas fiscales, lo que les provee cierto excedente de divisas. Aquí, claro, la ventaja está en la baja tributación y escaso control de las operaciones financieras. Ninguno de estos casos parece poder proponerse de forma explícita como proyecto de desarrollo, de modo que se evita resaltarlos en la agenda económica.

Ahora bien, las tres primeras especializaciones señaladas (extractivismo, maquila industrial y turismo internacional) estuvieron centradas en el desmantelamiento de las estructuras productivas internas. No respondieron a necesidades nacionales o a programas de desarrollo, sino a la crisis y la necesidad de obtener recursos externos y fiscales para pagar deuda. Es decir, no fueron puestas en marcha para sostener el consumo ni la inversión. En algunos casos, las exportaciones tienen baja demanda de fuerza de trabajo y en otras dependen de remunerar mal a la misma. No parecen ser promesas de desarrollo atractivas.

Un fetiche de exportación 

Las especializaciones productivas de exportación en la región no se fundamentan en programas de desarrollo nacional, ni en el objetivo de superar las barreras impuestas por la escala de mercado, ni en prioridades internas de consumo o inversión, ni siquiera de recaudación. Tampoco se sostienen sobre mecanismos de integración de segmentos clave de las cadenas de valor, ni en la aplicación de conocimientos generados en la región. Se justifican en la urgencia de obtener divisas, como mandato ante la aparente escasez que limita el crecimiento. Sin embargo, la tracción importadora asociada al crecimiento está basada en la propia apertura temprana de las economías latinoamericanas, que desmanteló actividades que bien podrían realizarse localmente. 

Más aún, la región no muestra una situación de déficit sistemático en su comercio exterior, ni tampoco los superavits y déficits están asociados a fases de crecimiento o crisis. Mientras que el saldo agregado tiene cierta variabilidad, la salida de divisas por el pago de intereses y de utilidades es sistemático. El saldo negativo de estas rentas se multiplicó por siete en las últimas cuatro décadas, permaneciendo en torno a 3% del PBI desde 1990. Esta brecha debe cubrirse de alguna manera, y es allí donde las exportaciones juegan el rol crucial, tanto para la ortodoxia como para parte de la heterodoxia, que no cuestionan la dinámica de la deuda o el rol del capital extranjero en general. 

La inversión extranjera directa, muchas veces asociada a grandes proyectos de desarrollo, se muestra en las últimas décadas como una suerte de pinza, en la que cada vez se necesita más inversión para dejar un mismo aporte de divisas, descontando lo que se va en materia de utilidades remitidas al exterior. En la última década (2011-2020), esta inversión dejó un aporte neto de divisas similar a la fase 1994-2003, pero con un nivel de inversión dos veces y media mayor (lo que representa un menor aporte en el PBI total). Es decir, el esfuerzo para atraer inversiones es cada vez mayor. No en vano, la mayor parte de la región ha sostenido su adhesión a la institucionalidad de los tratados de inversión (con las excepciones de Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela). América Latina y el Caribe es la región con más demandada por inversores ante tribunales internacionales y 70% de resoluciones fueron favorables a sus intereses. Acumula 21.807 millones de dólares en arreglos desfavorables, lo que es equivalente a toda la inversión extranjera neta de 2020. 

El fetiche de las exportaciones como fuente de desarrollo se basa en la omisión de esta clase de consideraciones. Por supuesto, para la ortodoxia económica y los defensores de las grandes corporaciones, esto no constituye un problema. Para una gran parte de la heterodoxia, que no ignora el problema, se trata de un mandato de realpolitik. Incluso cuando no ocupan cargos de gobierno. Esto es extraño, porque al mismo tiempo que reconoce la necesidad de incrementar exportaciones para pagar estas salidas de divisas, elude cualquier consideración respecto de la capacidad de lobby y el peso estructural que adquieren los actores asociados. Su promoción no parece compatible con posteriores controles o regulaciones, a menos que se tenga una idea precaria de las dinámicas de poder o ilusiones respecto de la capacidad de los Estados (en especial, los subnacionales) de eludir la captura por parte de estos actores poderosos. ¿Por qué motivo los actores económicos especializados en actividades tal como existen hoy cederían recursos económicos y políticos para su propio debilitamiento?

Ante la insuficiencia de argumentos para responder estas dudas, no pocas veces hemos visto la reacción conservadora, incluso agresiva, por parte de ortodoxos y heterodoxos que demandan exportar más, ahora mismo, relegando la distribución del ingreso a un «futuro promisorio» si se logra primero consolidar un modelo de crecimiento traccionado por exportaciones. La urgencia se basa en la imposibilidad de cambiar las relaciones externas o discutir procesos de largo alcance. Y al hacerlo, suelen ridiculizar las objeciones de ambientalistas, comunidades locales o incluso sindicatos. Está claro, nadie a esta altura supone que una economía puede sobrevivir aislada del intercambio con el mundo. La propuesta no es aislacionismo y primitivismo, sino desarrollo basado en las necesidades locales, en garantizar niveles de vida decentes para toda la población. Y en esto, la orientación exportadora de las últimas décadas, bajo gobiernos de diferentes ideologías, tiene un número elevado de cuentas pendientes

Resucitaron las criptos. O por lo menos volvió el interés por ellas.
El precio de Bitcoin pasó de estar por debajo de los US$ 30.000 el pasado martes 20 de julio a cotizar casi en US$ 39.000 esta semana. Es una suba de 30% en pocos días, aunque todavía bastante por debajo de los máximos que marcara allá por abril cuando llegó a valer más de US$ 65.000.

El disparador principal parece haber surgido de la participación de Elon Musk, fundador de SpaceX y Tesla y de Jack Dorsey, fundador de Twitter en la conferencia de Bitcoin llamada “The B Word” (La Palabra de la B).

Elon confirmó que tanto él en forma personal como Tesla continúan “hodleando” (mantener la tenencia de criptos en idioma cripto) Bitcoin y que no lo piensan vender en el futuro cercano. 

Además volvió a explicar que mientras la minería no sea amigable con el medio ambiente, Tesla no aceptará pagos con esa moneda. Por otra parte, mencionó que tiene algo de Ethereum y de Dogecoin  (aunque mucho menos que Bitcoin).
“Me encantan los memes y los perros”, agregó, en referencia a Dogecoin que, recordemos, nació como un chiste a las criptomonedas y se convirtió en la sexta criptomoneda (si no incluimos a Tether) con una capitalización de mercado de más de US$ 28.000 millones.

Musk hizo referencia al dicho que asegura que la solución más simple suele ser la correcta y agregó que alguien alguna vez le explicó que en realidad la solución más irónica suele ser la correcta. Musk dijo que él iría más allá y que su teoría es que el mejor chiste suele ser el correcto.

Pareciera por momentos que el fundador de Tesla ha adoptado a las criptos como su nuevo juguete.

El problema de alentar a Bitcoin y Dogecoin al mismo tiempo es que esa segunda cripto podría convertirse en algo así como un “Bitcoin 2”, lo cual elevaría la emisión total de criptomoneda, en claro contraste con el objetivo inicial de mantener fija la cantidad.

Sea cual fuera el objetivo de Elon en este nuevo ecosistema, la realidad muestra que las criptos empezaron a revivir.

Otro que parece sumarse a la fiesta es Amazon. De acuerdo con Bloomberg, la semana pasada Amazon publicó un aviso de trabajo para un “Líder en Blockchain y Moneda Digital” y sugirió que la intención sería aceptar criptos como forma de pago.

Según Ben Armstrong (alias BitBoy Crypto), un influencer con más de un millón de suscriptores a su canal de YouTube y alrededor de 463.000 seguidores en Twitter, la empresa de Jeff Bezos empezaría a aceptar criptos en el tercer trimestre de este año y las criptos elegidas para hacerlo serían AMP como plataforma de pagos y Algorand como su plataforma de Smart Contracts (“contratos inteligentes” en la blockchain).

Una duda que queda es si ese lanzamiento incluiría stablecoins (cripto dólares que viven en la blockchain con un respaldo en activos del mundo real).
Son días movidos en ese mercado. La semana pasada contamos que USDC había revelado los activos que respaldan sus US$ 28.000 millones emitidos en tokens tratando de mostrarse como una moneda regulada.

Pues la respuesta no tardó en aparecer.

Dan Burstein, responsable de Compliance en Paxos, una stablecoin con US$ 900 millones emitidos, explicó a través de un escrito que ni Tether ni USDC son en realidad stablecoins reguladas.

“Ser una stablecoin regulada significa tener un regulador”, es el título. Tiene un punto, esas stablecoins mencionadas en realidad tienen licencias como “Money Transmitters” (transmisores de dinero) que, como apunta JP Koning, son las mismas que tienen Western Union o PayPal que probablemente se vean afectados también por el avance de los reguladores (atención MercadoPago).

Según Burstein sólo 3 stablecoins están realmente reguladas: Paxos, Binance Dollar (BUSD), ambas emitidas por Paxos Trust Company y Gemini Dollar (GUSD), emitida por Gemini Trust Company (esta última fundada por los gemelos Winklevoss, que aparecen en la película de Facebook).

Esas stablecoins tienen autorización emitida por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, que es probablemente el Estado más exigente en lo que respecta al sistema de pagos y que multó a Tether a comienzos de 2021.
Son detalles que no parecieran importarle a MasterCard.

La semana pasada se supo que la emisora de tarjetas de crédito se asoció con USDC para que sus clientes puedan pagar con criptomonedas como Bitcoin. La idea es que la stablecoin opere como intermedio entre estas y el dinero fiat.
Supongamos que alguien quisiera comprar zapatillas usando Bitcoin pero el vendedor quisiera recibir dólares en su cuenta bancaria. Lo que ocurriría en ese caso es que al comprador se le debitarían los bitcoins, los cuales se transformarían automáticamente en USDC.

Luego esos USDC se venderían por el dinero fiduciario para pagarle al vendedor. La stablecoin entonces actúa como seguro para evitar que la volatilidad del Bitcoin.

Recordemos que en marzo habíamos informado que Visa estaba realizando pruebas para usar también a USDC como medio de pago para sus transacciones. En inglés se llama el “unbundling” del dinero. Se usan distintos instrumentos para las distintas funciones: medio de pago, unidad de cuenta y reserva de valor.
Pero no son Visa y Mastercard los únicos en el mundo corporativo que están incorporando criptos para sus transacciones.

Según se supo recientemente, el BofA (Bank of America) habría comenzado a operar futuros de Bitcoin. En estas operaciones en realidad no hay bitcoins reales involucrados sino que uno apuesta a la suba o baja de esa moneda y tanto la inversión como la ganancia (o pérdida) se cancelan usando dólares “reales”.
Por su parte el JP Morgan le abrió cuentas bancarias a los exchanges cripto Gemini y Coinbase. Es la primera vez que ese banco le da acceso al sistema de pagos en dólares a exchanges cripto. Gemini está relacionado con la stablecoin que mencionamos antes de los “gemelos Facebook” y Coinbase es la famosa compañía que salió a cotizar a la Bolsa recientemente.

Quien salió a responderles es un viejo conocido de esta columna, Gary Gensler, director de la SEC (Securities and Exchange Commision). En un comunicado ante la Asociación de Futuros y Derivados de los Estados Unidos, aclaró que las leyes de securities incluyen a los tokens criptos.

Aclaró: “No se equivoquen, no importa si es un token que representa una acción, un token estable respaldado por securities, o cualquier otro producto virtual que provea exposición ‘sintética’ a securities. Todas las plataformas, sean centralizadas o descentralizadas, están implicadas en las leyes respecto a securities…”.

Es un aviso claro para los emisores de stablecoins mencionados anteriormente que respaldan sus token, por ejemplo, con bonos del Gobierno. La pregunta que cabe es si PayPal deberá adecuarse también a esas reglas.
Quienes parecen abiertos a facilitar las reglas para las criptos son los salvadoreños.
A comienzos de junio informamos que ese país estaba incorporando al Bitcoin como moneda de curso legal. Ahora se suma el rumor de que estarían desarrollando su propia stablecoin para empezar a salir de la dolarización que adoptó ese país.

Según informó Coindesk, los hermanos del presidente Nayhib Bukele, que actúan como sus asesores, se habrían reunido con representantes de las blockchain Algorand, Cardano y WhizGrid para analizar distintas alternativas en lo que sería la primera CBDC emitida en una blockchain descentralizada.
El mundo cripto se diversifica y se vuelve así más interesante.
Decía Musk que el mejor chiste suele ser la solución correcta. Si quieren ver algo gracioso no dejen de buscar los videos de Instagram que está subiendo el actor Ashton Kutcher junto a su pareja y Vitalik Buterin, creador de la red Ethereum, para explicar este mundo nuevo.

Tal vez el humor sea otra fuente para que las criptos sigan creciendo o tal vez las criptos vuelvan a su senda bajista. De lo que no hay duda es que nadie va a aburrirse en este ecosistema.
(El Economista)

Virtual, real, mixta o como fuere, se trata de determinar los términos de intercambio y las formas de reparto de las riquezas generadas por el trabajo de las sociedades humanas en sus territorios. Corrupto es el sistema porque en su afán “competitivo” permitió concentraciones desiguales que impiden que la competencia fuese real y que por ende, los teérminos de intercambio y las formas de reparto alimentan la desigualdad de oportunidades y las injustas formas que hambrean y excluyen
Nadie se salva solo. Que cada quién haga su parte.

Daniel Roberto Távora Mac Cormack