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Vidas y muertes …

Chile: la historia de Elisa Loncón, la mapuche que fue elegida presidenta de la Convención Constitucional

La académica y activista fue votada por la mayoría de los 155 convencionales que redactarán la nueva carta magna que reemplazará a la de Pinochet Una jornada marcada por su discurso que promete cambiarle el rostro al país e incidentes que obligaron a retrasar la ceremonia. 

Por Juan Carlos Ramìrez Figueroa

Desde Santiago. Chile

Imagen EFE “Esta convención transformará a Chile en un Chile plurinacional”, dijo Loncón.

Finalmente se concretó la primera sesión de la Convención Constitucional, donde 155 ciudadanos elegidos en mayo pasado (con predominio de la izquierda e independientes) redactarán la nueva Carta Magna que sepultará, al fin la Constitución de 1980 instaurada por la dictadura de Pinochet, de carácter autoritaria y en beneficio de los grandes grupos económicos.

Y la elección de la presidenta, la lingüista mapuche Elisa Loncón Antileo, no pudo ser más simbólica. Ella encarna una de las principales aspiraciones del Estallido Social iniciado en octubre de 2019 —con más de un millón de personas marchando en las calles chilenas y obligando al gobierno de Piñera a negociar un proceso constituyente—: la horizontalidad en la distribución del poder, el reconocimiento a los pueblos originarios, la desmilitarización de la Araucanía y la regulación de las industrias extractivas como la forestal o la minera.

Y también porque esta jornada se celebró en el ex Congreso Nacional a un par de cuadras de La Moneda y la Plaza de Armas de Santiago, un lugar que fue clausurado tras el Golpe Militar y cuyas funciones se trasladaron a Valparaíso, en un edificio de arquitectura dudosa e inaugurado por el mismísimo Dictador. En rigor fue en una carpa, con todas las medidas de seguridad impuestas por la pandemia donde justo hoy se detectó un tercer caso de la variante Delta.

A pesar de los intentos de posicionar a académicos varones, figuras de la TV o rostros de centroizquierda —como el abogado Agustín Squella o la periodista Patricia Politzer, que votó por ella misma, generando risas entre los propios constituyentes— la necesidad de que este proceso lo liderara una mujer y además mapuche fue imponiéndose.

Un nuevo Chile

“Que se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño”, dijo en un discurso improvisado, que comenzó en mapudungun, tras sumar 96 votos, superando por 18 los necesarios para obtener el cargo. Esto fue en una segunda vuelta donde recibió el apoyo de quienes habían votado por Isabel Godoy representante de otro pueblo originario: el colla. Investida con vestido e indumentaria tradicional mapuche y luchando con el tapaboca, logró sacar lágrimas de los asistentes a excepción de la derecha que, de todas formas, constituye la minoría en este proceso.

“Es posible establecer una nueva relación entre todos quienes conforman este país; esta es la primera muestra de que esta Convención será participativa”, afirmó Loncón, adelantando parte de los problemas que se trabajarán durante una etapa inicial de nueve meses: “por los derechos a la madre tierra, por los derechos al agua, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños”.

Además de agradecer el apoyo “por votar por una persona mapuche, mujer, para cambiar la historia de nuestro país”, señaló su solidaridad con todos los pueblos originarios, incluyendo los de Canadá. “Esta fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan. Este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual, este saludo es para las mujeres que caminaron en contra todo sistema de dominación (…). Por eso, esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional”

Reconocida activista

Nacida en la comunidad de Lefweluan, en Traiguén —a unas ocho horas de Santiago— es una reconocida activista de la causa de su pueblo, formando parte del Consejo de Todas las Tierras y siendo una de las responsables de la creación de la bandera mapuche que desde 1992 ha ido ganando protagonismo en todas las marchas y manifestaciones, llegando en el Estallido a desplazar a la de los partidos políticos y la propia bandera chilena. Durante la dictadura estudió pedagogía en inglés y participó en un grupo de teatro con obras que cuestionaba al Regimen. Actualmente es académica del departamento de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, Loncón tiene un magister de lingüística en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa (México), un PhD en Humanidades en la U. de Leiden (Holanda) y un doctorado en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Nuevamente, la represión

La jornada estuvo marcada por un ambiente enrarecido en la mañana. PáginaI12 recorrió el perímetro que rodea al ex Congreso Nacional y la presencia de carabineros, con vehículos que ocupaban cuadras enteras como Santo Domingo y rejas que impedían el desplazamiento por la Plaza de Armas. Era el plan del gobierno por garantizar la seguridad del proceso, considerando que convergerían distintas marchas, siendo la más importante la que se iniciaría a las 8:00 desde la Plaza Baquedano —renombrada como “Plaza de la Dignidad”— en homenaje a los caídos en los violentos incidentes del Estallido.

Notable resultó la performance de Johanna Grandón, célebre por disfrazarse de Pikachu de Pokémon y participar en las protestas, una de las constituyentes que se sacó el traje e ingresó con una mascarilla en alusión al personaje al Congreso. Todo en medio de una gran tensión, motivada por cierta sensación de exclusión que reclamaba parte de los manifestantes que hicieron a carabineros repetir lo de siempre: lanzar agua y reprimir, mientras algunos periodistas de la TV abierta justificaban el accionar señalando que empezaron a lanzar piedras.

Sin embargo, fueron los mismos constituyentes independientes, agrupados mayoritariamente en la “Lista del Pueblo” los que obligaron a interrumpir el inicio de la sesión hasta que la policía dejara de atacar a los participantes. Carmen Gloria Valladares, secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elección que inició la ceremonia aceptó. “Queremos una fiesta de la democracia y no un problema”. Posteriormente sería aplaudida de pie.

Jornada extensa

Pasadas las 17:30 (una hora menos que en Argentina) aún se seguía el proceso de votación por la vicepresidencia. Todo mientras la luz iba bajando y el frío hacía que los 155 (154 en rigor, ya que Felipe Harboe no pudo asistir por cuarentena) comenzaran a abrigarse. Debido a la obligación de la mayoría absoluta tuvieron que pasar tres rondas hasta que el abogado Constitucionalista e independiente de Convergencia Social —perteneciente al Frente Amplio— Jaime Bassa fuera elegido como vicepresidente por 84 votos después de tres rondas.

En una declaración conjunta Bassa junto a Loncón se despidieron juntos a las 18:49, declarando algo muy importante: este lunes a las 15:30 se estudiará una declaración sobre el camino a seguir, la exigencia de liberar a los presos del Estallido Social (lo que generará controversia ya que no tiene atribuciones para una Ley de Amnistía), reglamento feminista y determinar el formato en que se harán las reuniones (presenciales o telemáticas). Todo entre aplausos.

Una instalación de nueve horas, tan inédita como histórica, con imprevistos y donde la logística ha sido fundamental —oficinas nuevas recién implementadas en el Congreso, transporte para quienes viajan desde regiones, alojamiento—tanto como los pasos a dar, que deberían comenzar con un reglamento que podría tardar meses en tener su versión definitiva. Todo mientras el frío comenzaba a caer en la tarde invernal en Santiago Centro. (PE/Página 12)

“Mi mandato empezó el 7 de febrero del 2017 y termina el 7 de febrero del 2022. Entregaré el poder a su propietario que es el pueblo de Haití”, había prometido el presidente haitiano Jovenel Moïse. Pero esta madrugada el mandatario fue asesinado a tiros en su domicilio cuando una banda ingresó a su hogar y disparó contra él y su esposa, Martine Moïse, quien permanece hospitalizada.

Moïse, un empresario bananero, asumió la presidencia del país después de ser electo con el 55,6 por ciento de los votos en 2016 y con un escrutinio demorado por las acusaciones de fraude del otro candidato, Jude Célestin, de la Liga Alternativa para el Progreso y Emancipación de Haití.

Fue el sucesor del expresidente Michel Martelly, quien gobernó entre 2011 y 2016, y fundó el partido de centroderecha Tet Kale. El primer y único cargo público que Moïse ocupó fue el de presidente.

El "hombre banana"

Hijo de un comerciante y una costurera, Moïse nació el 26 de junio de 1968 en Trou-du-Nord, una zona rural en el departamento Nordeste de Haití. Estudió ciencias de la educación en la Universidad de Quisqueya, ubicada en Puerto Príncipe. En 1996, dejó la capital haitiana y se trasladó a Port-de-Paix, en el noroeste del país.

Su primera incursión en el mundo empresarial estuvo relacionada con la venta de autos, pero rápidamente pasó a dedicarse al cultivo y exportación de bananas. En menos de una década, Moïse llegó a ser secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití y se ganó el apodo de “hombre banana”.

Moïse también desarrolló otros negocios vinculados a la agricultura y a la generación de energía eólica y solar.

Durante su campaña electoral hizo especial hincapié en el sector rural, que representa a la mayor parte de la población haitiana. Apoyándose en las políticas de Martelli, Moïse prometió llevar agua corriente y electricidad a todo el país. 

Presidencia, protestas y denuncia de golpe

Haití nunca logró recuperarse del terremoto de 2010 que dejó un saldo de más de 300 mil muertos y un país devastado. En 2019 las protestas sociales comenzaron a horadar al gobierno de Moïse, quien acusó a la oposición y a la oligarquía haitiana de estar gestando un golpe de Estado. 

“El golpe de Estado no es un hecho puntual sino una secuencia de acciones. Hasta ahora los Gobiernos eran títeres de los grupos económicos, pero esto hoy esto no sucede y nuestras decisiones sientan muy mal a quienes se sienten poderosos e intocables. Un pequeño grupo de oligarcas están detrás del golpe y quiere apoderarse del país”, dijo Moïse en una entrevista que brindó al diario español El País en febrero de este año.

El 31 de mayo de 2019 la Corte Superior de Cuentas envió al Parlamento su informe sobre el destino de los fondos de Petrocaribe -la organización fundada por Hugo Chávez y que nuclea a Venezuela y a otros países del Caribe- y acusó que las empresas de Moise y de su predecesor Martelly habían sido beneficiadas con proyectos millonarios que no se han ejecutado.

Las protestas contra el gobierno haitiano dejaron muertos en las calles de Puerto Príncipe y una gran cantidad de detenidos y forzaron cambios en el gabinete.

Moïse apuntó contra Joseph Mécène, un juez de 72 años nombrado presidente interino por la oposición, compuesta por familias y empresarios “que controlan los principales recursos del país, que siempre han puesto y quitado presidentes y que utilizar la calle para crear desestabilización”.

Elecciones y reforma constitucional

El 7 de febrero de este año, el Consejo Superior del Poder Judicial dictó una resolución que daba por concluído el mandato de Moïse, quien consideraba que su gestión finalizaba en 2022.

Para septiembre estaban previstas las aplazadas elecciones legislativas, así como la convocatoria de presidenciales, en noviembre, en las que Moise no podía ser candidato.

El presidente asesinado proponía hacer una reforma constitucional para crear el cargo de vicepresidente y eliminar el de primer ministro, unir Congreso y Senado en una sola cámara y permitir que los haitianos que viven en el exterior puedan elegir y ser elegidos.

“Yo no me beneficio de la nueva constitución sino el pueblo haitiano. Yo no participaré en las elecciones -decía Moïse-. La nueva constitución trata de equilibrar los tres poderes que actualmente acapara el legislativo”.

https://www.pagina12.com.ar/353109-quien-era-jovenel-moise-el-presidente-de-haiti-asesinado

El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, se produce en medio de una crisis social y de inseguridad. El magnicidio se suma a una serie de asesinatos cometidos por bandas no identificadas.

Según un informe del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (Cardh), más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el 1 y el 30 de junio en la zona metropolitana de Puerto Príncipe.

Extrema pobreza

Haití es el país más pobre de América Latina y el Caribe y uno de los más pobres del mundo, según el Banco Mundial (BM), con un 60% de su población por debajo del umbral de la pobreza.

El PNUD lo sitúa en el puesto 170 de 189 por su índice de desarrollo humano.

 

Su PIB se contrajo alrededor de un 3,8% en 2020, ya que la pandemia de coronavirus agravó la ya débil economía y la inestabilidad política, según el Banco Mundial.

Haití es uno de los pocos países que aún no ha iniciado su campaña de vacunación contra el covid-19. La mayoría de la población no tiene acceso a la atención sanitaria básica.

Una sucesión de hechos violentos

Moïse fue asesinado la madrugada de este miércoles por un grupo de hombres armados que entraron a su casa, ubicada en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe. La primera dama, Martine Moïse, fue herida de bala y permanece internada en grave estado.

Estos son algunos de los episodios de violencia recientes que ha vivido este país caribeño:

• 30 de junio de 2021: un grupo de policías haitianos matan al menos a 15 civiles -aunque según la Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos (RNDDH) las víctimas fueron 20- en represalia por el asesinato del portavoz del sindicato de la Policía, Guerby Geffrard. Entre los fallecidos se encuentran el periodista Diego Charles y la activista Marie Antoinette Duclaire, unas muertes que el Gobierno de Haití considera "acto terrorista". Charles y Duclaire fueron baleados por personas que andaban en moto cuando ella dejaba en su domicilio al periodista, que trabajaba en radio Visión 2000 y era colaborador en varios medios de comunicación.

• 26 de junio de 2021: ataque armado al hospital de urgencias de Médicos Sin Fronteras (MSF) situado en Martissant, en la entrada sur de Puerto Príncipe. Las instalaciones están en la zona de guerra entre los grupos armados de Grand Ravine y Ti Bois, que se disputan su control. La ONG decide el 28 de junio el cierre temporal de su hospital.

• 14 junio de 2021: la oficina de Naciones Unidas en Haití afirma estar "profundamente preocupada" por el recrudecimiento de la violencia de las bandas armadas contra los civiles en el país y pide que cesen las agresiones. Ese mismo día, en el bulevar Toussaint Louverture, que conduce al Aeropuerto de Puerto Príncipe, una banda armada atacó un concesionario de automóviles.

• 4 de mayo de 2021: el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (Cardh) informa de que los secuestros en Haití aumentaron más de un 300 por ciento en abril pasado, mes en el que se registraron al menos 91 casos, frente a los 27 de marzo.

• 29 de agosto de 2020: es asesinado el presidente del Colegio de Abogados de Haití, Me Monferrier Dorval, de 64 años, frente a su casa en el sector capitalino de Pelerin, no muy lejos de la residencia del presidente haitiano. Este crimen provoca diversas manifestaciones con consignas hostiles contra el Gobierno, al que acusan de fomentar la impunidad en el país.

• Febrero de 2019: los haitianos se manifiestan para pedir la dimisión del presidente coincidiendo con el segundo aniversario de su llegada al poder. Los incidentes se mantuvieron durante 10 días y, según distintas organizaciones, en las protestas mataron entre 26 y 40 personas.

• Julio de 2018: protestas como consecuencia del anuncio del aumento del precio de los combustibles de entre un 40 y un 50 por ciento. El Gobierno dio marcha atrás, pero esa crisis le costó la dimisión al primer ministro, Jack Guy Lafontant, el 14 de julio.

• Noviembre de 2018: manifestaciones violentas con varios fallecidos, entre los días 18 y 24 de ese mes, en las que se pidió la renuncia del presidente Moïse.

• 27 de noviembre de 2016: el exprimer ministro de Haití, Yvon Neptune, de 70 años, resulta herido por disparos en Archaie, al norte de la capital del país. Fue tiroteado por desconocidos dentro de su vehículo. 

https://www.pagina12.com.ar/353119-el-asesinato-de-jovenel-moise-haiti-un-pais-marcado-por-la-p

Odio

Ya no produce sorpresa alguna que la derecha pueda decir cualquier cosa y agotar todas las estrategias de la difamación. Lo hacen en distintos lugares del mundo según distintas intensidades. La condición de que se pueda organizar un sistema de insultos sin coherencia interna, sin relación ni con la verdad ni con la ética, está directamente relacionada con que se busca premeditadamente suscitar una densa atmósfera de odio. Los discursos difamantes y mentirosos no buscan atacar al discurso que se les opone, eso es sólo una apariencia, se proponen más bien atacar a la propia existencia del otro, un otro que ya no es un adversario ni siquiera un enemigo sino "algo" que no debería existir y que habría que extirpar, expulsar, borrarlo de la realidad. 

En el caso argentino esta operación adquiere otra intensidad y realiza una nueva vuelta de tuerca: no se odia a los opositores, adversarios o enemigos, se odia al propio país que un buen día permitió que esos sectores existieran. Si bien en otras épocas se los quiso eliminar con los fusilamientos, los desaparecidos y el genocidio, no ha sido suficiente y por ello el odio se da en una velocidad extrema.

¿Que es lo que asegura el odio, cuál es su ventaja primordial? Tal como demostró Freud el odio insultante es un gran cohesionador de grandes grupos sin pasar por el dificultoso trámite de los argumentos. Los argumentos conllevan cierta posibilidad dialéctica, el odio solo quiere destruir. El odio amalgama a distintos seres, que se desresponsabilizan de ellos mismos odiando a un objeto exterior que existe solo como blanco de las imputaciones. La cuestión es que hay mucha gente que no quiere saber nada de su responsabilidad frente a la historia y el odio es su coartada perfecta: las almas inocentes constituyen la audiencia de los depredadores. Destaquemos que las derechas europeas radicalizadas no han llegado tan lejos, no se han permitido aún odiar a su propia nación. 

El trayecto final y seguro del odio es la pulsión de muerte, que esconde distintas paradojas, por ejemplo es capaz, en nombre del odio al otro, de destruir al país primero y luego a si mismos. La propia Vicepresidenta lo pronunció hace pocos días: no nos odian a nosotros, en definitiva odian al país. 

Los segmentos de la población capturados por el odio no van a despertar de la hipnosis tanática porque se contraargumente racionalmente a las derechas. Aquí radica la raíz del problema. Hay que pensar en una operación distinta con respecto al despliegue caótico de odio y socavamiento de la nación.

Según el Maquiavelo recogido por Gramsci, el Príncipe (el Pueblo) debe elegir entre ser amado o inspirar Temor. Si pudiera con los dos afectos sería excelente, pero si no debe finalmente elegir el Temor, ese Temor que libera a la masa confundida del desorden en el que se encuentra por la ausencia de límites. Pero según el propio Gramsci, el Principe nunca puede hacerse odiar. 

Recordemos que en Gramsci el Príncipe es la metáfora que unifica al Pueblo en la construcción de la República. Nunca hubo gobiernos tan democráticos en la Argentina como las últimas experiencias nacionales y populares. 

Por ello la experiencia democrática exige más que nunca firmeza constitucional para que la escuchen e intervenir donde el límite debe ser planteado .

https://www.pagina12.com.ar/352731-odio

El río, el tren y el Estado: Cuadro de situación

Mempho Giardinelli

Han empezado a hablar. Tras un largo silencio estratégico, la decisión del Gobierno nacional mediante el decreto 427/2021 --y la respuesta de decenas de organizaciones populares en apoyo, aunque con reservas-- los llevó a recurrir este fin de semana a su mentirosa artillería comunicacional. Y no faltaron nazifascistas que se pintaron la cara nuevamente, en defensa del enorme lucro fácil que la acumulación de tierras les permite, ya que trabajan poco y nada, casi no crean empleos y hasta cuando duermen ganan dinero.

Como hace años cuando la 125, y hace poco en el "caso" Vicentin, pequeños productores que les venden cereales en negro, y sus tractoristas y lugareños distraídos, defienden lo indefendible. Así ahora, mientras continúan las ventas en negro, los puertos  --todos extranjeros-- empiezan a organizarse para mandarlos a la lucha con tal de seguir vendiendo nuestra riqueza sin pagar impuestos y sin controles de un Estado en el que han infiltrado decenas de funcionarios.

El problema es siempre el mismo: la voracidad e impudicia de dirigencias empresariales vinculadas al llamado "campo", que en realidad es un vocablo vacío para disimular la hiperconcentración empresarial. Y concepto con el que en 2008 engañaron a millones de compatriotas haciéndoles creer que era "nuestro" y no de 100 o 200 sociedades anónimas de vagos que miran el país desde Europa o Miami. Es esa pequeña minoría ultrapoderosa la que le hace creer a la sociedad que especulación y rentismo son "producción".

Por lo menos desde el criminal derrocamiento del gobierno peronista en 1955, el Estado en manos de oligarcas y milicos apátridas se ocupó de desmantelar las estructuras que habían creado y sostenido una sociedad bastante igualitaria con índices de pobreza por debajo del 10% de la población. Pero que medio siglo después alcanza y duele a más del 50% de las/los argentinos.

Lo sabemos y padecemos: somos un país abusado y rengo, con una industria achicada, estructuras estatales arcaicas y de difícil recuperación, y dirigencias que mixturan carencia de valores morales con ambiciones desmedidas y clara proclividad a corromper y dejarse ídem. Doloroso decirlo, desde ya, pero quizás necesario para no seguir jugando a las visitas mientras el mundo globalizado, los grandes lobbies transnacionales y sus agentes locales nos hacen trizas como nación y se quedan con nuestras riquezas.

Las fabulosas tierras, bosques, acuíferos y reservas de petróleo, oro, plata, cobre, uranio, arenas y recursos ictícolas inmensurables son, hoy, bienes en disputa feroz. Por eso, si no asentamos nuestra soberanía para defenderlos y explotarlos nosotros en forma racional, inexorablemente los perderemos para siempre a la par que acabará diluida la conciencia de nación que ya está en riesgo.

Y por cierto, lo anterior trasciende la cuestión agropecuaria y la apropiación de nuestro río Paraná, y se vincula también con la reciente decisión de no renovar las concesiones ferroviarias. Verdadera contradicción para un Gobierno que no renacionaliza el río pero sí los Ferrocarriles. Lo que demandará una inversión enorme que no pagarán las multinacionales, que son las usufructuarias, pero durante años no hicieron más que mantenimiento de vías. Por lo que sería condenable nacionalizar para ellos, ahora que los ferrocarriles son ineficientes y lentos, con vías en pésimo estado, muchas locomotoras viejas y talleres que no se comparan con los que tuvimos. Y siendo que habrá que renovar vías, porque si en los años 60 teníamos 46.000 kilómetros y la red llegaba a todas las provincias, hoy son menos de 10.000. Por eso es sospechable que lo mejor para ellos acaso sea devolverlos al Estado sin protestar, para que el Estado arregle lo que ellos estropearon.

Es conjetura nomás, pero que conviene tener en cuenta, no sea que en unos años venga otro Menem y vuelva a concesionar el sistema ferroviario una vez mejorado. Y dicho sea esto sin dejar de celebrar este retorno porque, como principio, sin duda los Ferrocarriles deben ser del Estado, como sucede en casi todo el mundo.

Conviene tener esto en cuenta para comprender por qué esta renacionalización es tan diferente de la del río Paraná, no obstante ser una medida acertada porque la Argentina tiene hoy, según informes de experimentados trabajadores ferroviarios, 25 fábricas de semi-remolques y acoplados, con capacidad de construir 50.000 vagones en 10 años, y más de 70.000 contenedores. Esas fuentes aseguran que con la participación de Fabricaciones Militares y alguna fábrica más, y si el mercado arranca, será posible expandir inversiones para fabricar esos 5.000 vagones por año, generando miles de puestos de trabajo y el crecimiento de pymes metalúrgicas asociadas.

Hay quienes sostienen incluso que en una segunda etapa todos los trenes de carga deberían pasar al Estado, habilitando además que los de pasajeros vuelvan a ser un transporte eficaz, seguro, económico y no contaminante, más allá de que sean deficitarios como sucede en casi todo el mundo. Donde, no obstante, se los consideran déficit menor que el de costos humanos, ambientales y de infraestructuras carreteras.

Otro informante, despedido de los talleres de Tafí Viejo, Tucumán, relata el saqueo a través de la red ferroviaria remanente. "Se cargan vagones con soja, pero la empresa estatal no controla el peso final. Según las normas los vagones tolvas, al carecer de básculas, no pueden cargarse en más de 3/4 de su capacidad, pero nosotros vemos vagones sobrecargados hasta el tope. Los espirales de los boogies se pegan por la sobrecarga y por eso hay descarrilamientos. Desde Joaquín V. Gonzalez, Salta, salen convoyes hacia Puerto San Martín y Puerto San Lorenzo con 50 vagones cada uno. Multiplicando por 3 son 150 toneladas transportadas en negro, fáciles de salir de contrabando".

Volviendo al río, un par de veteranos ingenieros navales aseguraron a esta columna que el abogado santacruceño José Beni, cuando estuvo al frente de la Dirección Nacional de Vías Navegables hizo una elogiable gestión. Lo que no sería dato menor si se recuerda que hay quienes temen que la futura concesión anunciada en el Decreto 427 (que podría estar ya preparada) tenga destinatario asegurado. Como la cerealera del gigante asiático Cofco, introducida al país por el Ministro de Transporte macrista, Guillermo Dietrich, quien inauguró el puerto de esta empresa en Timbúes, y que hoy es una de las 30 terminales portuarias de ese conglomerado industrial oleaginoso exportador, el más grande del mundo.

Según medios como el rosarino elciudadanoweb.com esta "empresa estatal china compró en marzo de 2014 el trader holandés Nidera y dos meses después hizo lo propio con Noble Group, hasta entonces con sede en Hong Kong y capitales de origen británico". A partir de esas adquisiciones, Cofco integró toda la cadena de producción a nivel global, sumando dos eslabones estratégicos: la adquisición de granos directamente a productores de distintos países del mundo y su industrialización, ya sea afuera como adentro de China, para abastecer el creciente mercado del gigante asiático. Además, se convirtió en uno de los grandes jugadores del mercado mundial de granos. El gobierno de entonces alardeó un logro de su "política de atracción de inversiones extranjeras" cuando Dietrich afirmó: “El mensaje de nuestro presidente Mauricio Macri es claro, estamos afianzando nuestra posición en el mundo, permitiendo generar confianza del sector privado con planificación, profesionalismo, esfuerzo y desarrollo”. Increíble, pero cierto. 

Vicentín

El mes pasado, Una denuncia del Banco Central contra la empresa agropecuaria Díaz & Forti derivó en un millonario embargo por una demora en la liquidación de divisas por la exportación de granos y subproductos.

La decisión se desprende de una resolución que emitió el juzgado federal N°3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros. Este embargo a los accionistas de Díaz & Forti suma más de US$ 3.100 millones.

Díaz & Forti es una empresa agroexportadora del grupo Olio que operó las instalaciones de la concursada Vicentin a través de contratos de fasón. Esta operatoria se cortó cuando Díaz & Forti fue suspendida del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) frente a la falta de liquidación de dólares de la exportación.

La resolución judicial, incluye autos de alta gama y propiedades que fueron embargadas: figuran dos Mercedes Benz, un Porsche Macan y un BMW. También camionetas, motos y campos, uno en Aarón Castellanos, en Santa Fe y otras tres propiedades en Firmat. Cabe señalar que Díaz & Forti forma parte del holding del Grupo Olio.

En el escrito el magistrado sostiene que “corresponde hacer lugar a las medidas solicitadas por el Banco Central de la República Argentina, por el monto máximo de una eventual sanción respecto al monto infraccional total (que en el caso asciende a US$ 312.194.609), por lo que de acuerdo con lo establecido en el art. 2 inc. a) de la Ley Penal Cambiaria, las cautelares deberán ser ordenadas por la suma de US$ 3.121.194.609 a fin de asegurar el cobro de la posible pena de multa aplicable...”.

Días atrás, el Banco Central suspendió a Extrugreen por una maniobra similar a la de Díaz & Forti.

Por las mismas fechas, La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Santa Fe, confirmó hoy el embargo por más de 111 millones de pesos sobre los “bienes libres” de Vicentin SAIC y de algunos de sus directivos.

El embargo se relaciona a la causa por el uso de facturas apócrifas que le permitieron percibir reintegros de IVA a las exportaciones entre 2016 y 2018, informaron fuentes judiciales.

La causa se inició en agosto de 2020 a raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que detectó “operaciones con 54 proveedores apócrifos” mediante facturas presuntamente truchas “en las solicitudes de reintegro del Impuesto al Valor Agregado (crédito fiscal) correspondiente a los períodos 01/2016 al 10/2018”, señala el fallo.

La AFIP estimó que el perjuicio para el Estado por la devolución de IVA a las exportaciones a Vicentin fue de $111.637.479, razón por la cual fue el monto establecido por la Justicia para el embargo de bienes.

El embargo que había fijado el juez de primera instancia, luego apelado por los abogados de la empresa agroexportadora santafesina, fue confirmado hoy por los jueces María Delfina Denogens, Rocío Alcalá y Enrique Bosch, integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.

El fallo que reproduce Télam considera “proporcionada y razonable” la medida cautelar de embargo dictada en primera instancia, que los abogados de Vicentin SAIC habían considerado “arbitraria” en su escrito de apelación.

En ese sentido, los camaristas destacan en su resolución que la AFIP había solicitado la inhibición general de bienes de los directivos de la empresa y la designación de veedores, que fue rechazada por el juez inferior, lo que revela la ausencia de arbitrariedad en la decisión.

El fallo de alzada ordena a la AFIP denunciar los datos registrales de los bienes libres a embargar, que alcanzan tanto a los de la empresa Vicentin SAIC -concursada desde marzo de 2020- como a los de algunos de sus directivos como Daniel Buyatti, Alberto Macua, Sergio y Pedro Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Roberto Gazze y Martin Colombo.

Vicentin: cómo era la operatoria fraudulenta según la AFIP

La operatoria denunciada por la AFIP consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores.

La fiscalización del organismo constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los 111,6 millones de pesos entre 2016 y 2018.

El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería, dijeron fuentes del caso.

Así se pudo constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real, agregaron los informantes.

Además, los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifo.

Agentes judiciales irrumpieron este lunes en seis domicilios vinculados a Gastón Scarel, hijo del presidente del Directorio de Vicentin. Los allanamientos se vinculan con fuertes sospechas de la Fiscalía respecto al origen de u$ s 250.000 hallados meses atrás en una caja de seguridad de su propiedad. “Detectamos maniobras tendientes a justificar el origen de algunos fondos”, precisaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que investiga a los responsables de la agroexportadora por presunta estafa.

Aunque la atención se centró siempre en la gigantesca convocatoria de acreedores, la crisis de Vicentin generó diversas causas judiciales. Una de ellas tramita en el fuero penal de Rosario y se relaciona con la denuncia por estafa iniciada por bancos extranjeros y productores. Este expediente, a cargo del titular de la Unidad de Delitos Económicos del MPA Miguel Moreno, viene produciendo una serie de pruebas que, a su vez, se ramifica en nuevas investigaciones.

A principios de año, los agentes judiciales pidieron abrir las cajas de seguridad de familiares de directivos y accionistas de la compañía. En ese marco se encontraron 250.000 dólares en efectivo en la caja de seguridad de Gaston Scarel -hijo de Omar, quien fuera el histórico contador de Vicentin y desde 2020 funge como presidente del directorio-. Cuando los investigadores lo consultaron sobre el origen de los fondos, contestó que tenía vinculación con su actividad particular (es propietario de una agencia inmobiliaria en Reconquista). Sin embargo, su respuesta no convenció a los funcionarios judiciales.

Este lunes, por pedido de la Fiscalía se realizaron seis allanamientos en domicilios vinculados a Scarel, en las ciudades de Reconquista, Avellaneda y Santa Fe. Según precisaron desde el MPA, se trata de procedimientos “para secuestro de documentación que se analizará para una posible imputación de integrantes del directorio”.

Mauricio Macri sufrió un nuevo revés, esta vez de la mano de la Cámara Federal de Casación que volvió a respaldar a la jueza Ana María Figueroa en el caso Vicentin ante los intentos de la defensa del expresidente de correrla de la causa.

Casación declaró “inadmisible” una apelación del ex presidente Mauricio Macri para que la Corte Suprema de Justicia trate un pedido de apartamiento de la jueza Figueroa de la causa Vicentin.

Macri recusó a la jueza por “temor de parcialidad” porque es una de las jueces que en su momento denunció que un enviado de su gobierno la había ido a ver a los tribunales de Comodoro Py por la causa del memorando con Irán.

Los jueces de Casación Daniel Petrone y Diego Barroetaveña rechazaron el planteo de Macri respecto de Figueroa, en la causa impulsada por la Unidad de Información Financiera, en la que uno de los denunciados es Macri.

En esta causa, La UIF impulsó la investigación para que se investigue si Macri, el ex presidente del Banco Central Guido Sandleris, el ex titular del Banco Nación Javier González Fraga y los dueños de Vicentín incurrieron en maniobras de lavado de activos y se pusieron de acuerdo para obtener créditos incobrables y vaciar la empresa.

El caso se inició por la presentación de las actuales autoridades del Banco Nación sobre el otorgamiento de créditos a la cerealera Vicentín por más de 18 mil millones de pesos.

Macri intenta apartar de esa causa a la jueza Figueroa tras las declaraciones de ésta sobre lo que ocurría con la justicia en tiempos en que el macrismo estaba en el gobierno, en particular con la causa del Memorandum.

“Las expresiones y los términos empleados por la Magistrada en su declaración testimonial, al referirse a la gestión del Presidente Macri, y el contexto que dice haber padecido y en el que se coloca como víctima de persecución, no hacen menos que dejar al desnudo la afectación en su ánimo y en su espíritu a partir de lo que asegura haber vivenciado”, sostuvo la defensa del ex presidente al pedir el apartamiento de Figueroa.

A fines de mayo, Casación rechazó la recusación y ahora, al desestimar el recurso extraordinario, le niega a Macri ir a la Corte. Se descuenta que éste insistirá por la vía de la queja directa.

El Correo y el argumento de “Venganza”

El Gobierno, a través del procurador del Tesoro Carlos Zannini, anunció que aguardará el informe de la sindicatura de Correo Argentino SA, luego de la declaración de quiebra de la jueza Marta Cirulli para pedir extender la misma a las sociedades controlantes, SOCMA y Sideco, las holding de la exfamilia presidencial. Comenzará así el esfuerzo para presentar al emporio fundado por Franco Macri como una “pyme” con prosapia fruto de glorias pasadas. Una carrera hacia la insolvencia. Según las interpretaciones que ha demandando capítulos de bibliografía en el derecho comercial es hasta dónde pueden extenderse solidariamente esas responsabilidades por el pasivo hacia los socios. En este caso, los descendientes de Franco.

Pero la derrota de los Macri y del Estudio Tonelli no radica centralmente en la quiebra del Correo que valía $0, sino en la pérdida de control del manojo de juicios con los que el Correo había sembrado el fuero Contencioso Administrativo Federal contra el Estado. Los reclamos eran varias veces lo demandado en el concurso de acreedores por cánones incumplidos. Son cuatro, sin contar los incidentes.

El paso intermedio llegará de la mano de la apelación a la Sala B de la Cámara Comercial. Error estratégico o simple furia, Macri en su carta pública aludió a las camaristas Matilde Ballerini y María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero. Se anticipó así a lo que deberá plantear ante la Cámara y posiblemente cuando llegue a integrar esa sala María Guadalupe Vázquez, la postulada por el Gobierno para ocupar la tercera vacante. Hasta ahora, la Sala ha funcionado con unanimidad. Desde allí partió el principal respaldo hacia la fiscal Gabriela Boquín. Ayer, fue la Asociación de Fiscales la que con la firma de Carlos Rívolo salió a cruzar, sin identificar emisor, a las “agresiones mediáticas” que se sucedieron en torno a la actuación de fiscales en procesos de trascendencia pública. En este caso, fue por “supuesta persecución judicial a un dirigente político” con el fin de “desacreditar su tarea”. Atajándose que no era una defensa corporativa, anunciaron que era una necesaria defensa de la institucionalidad. Boquín se llevó la marca, pero la fiscal del proceso en primera instancia Mónica Mauri. Fue la primera en opinar el 28 de junio que Correo SA debía ir a la quiebra y que el Estado no podía ser señalado de acreedor hostil.

La jueza Cirulli se encontró huyendo hacia adelante. En un fallo duro, claro y didáctico decretó la quiebra pese a la presión pública de Juntos por el Cambio y de MAcri en especial. En 2017 hacía sido denunciada por Boquín por avalar las supuestas maniobras de vaciamiento a favor de SOCMA y Sideco que ocurrían frente a sí. Su imputación está en manos de Ariel Lijo, en Comodoro Py. Sin embargo, y pese a los chispazos siempre respaldó a Boquín frente a los embates, lo mismo que la Sala B y que la Corte Suprema. La furia del expresidente la tiene como blanco por sobre las demás protagonistas que desembocaron en lo ocurrido ayer y que probablemente sea ratificado en segunda instancia.

La Lista Celeste que nuclea a un sector de jueces y fiscales salió en defensa de Boquín y de las juezas ante “los ataques mediáticos y las amenazas” que sufrieron (incluído un anuncio de juicio político que Elisa Carrió lanzó dirigido especialmente a la Cámara). Pidieron que se pronuncie la Asociación de Magistrados.

El último gran problema comienza también ahora en otro frente: expuesta como en una mesa de operaciones estará toda la contabilidad histórica entre Correo y sus controlantes. Se necesitarán arqueólogos.

Fuentes: El Litoral (www.ellitoral.com) Ambito Financiero y Agrofy News

Las relaciones entre Estado y Capital y/o entre sus gobernantes, gerentes y administradores y los “dueños” o CEOS de las corporaciones económicas transnacionalizadas y financiarizadas que caracterizan las consolidaciones de las formas capitalistas en estas, sus formas neoliberales, están atravesando en estos tiempos pandémicos, caminos de relaciones llenas de tensiones y conflictos en los casos de gobiernos con características populares y/o socialistas de tenores diversos, y de las mismas tensiones diluidas en las posiciones frente a “capital amigo” o “capital enemigo” que surca las distintas gestiones y por supuesto contrario a todo lo que tenga que ver con “gobiernos populistas” o de algún tinte que lo tiñe de “izquierdista” “marxista” o “socialista”. Mas allá de los carteles con los que se los intente nominar, la realidad es que reproducen la tensión entre la propiedad privada del capital de producción o de gestión de servicios y el acceso a los beneficios (Servicios o productos) que este sistema de producción genera. ¿El problema es entonces distributivo o del Sistema de producción? Mientras en el capitalismo anterior a la cartelización de los paises productores de petroleo y la decisión unilateral de la Reserva Federal norteamericana de salirse del patrón oro y apropiarse de beneficios adicionales mediante el manejo de la tasa de interés respecto del dólar transfiriendo su proceso inflacionario desatado por la suba del barril de crudo al resto de las economías del mundo. (Primero de las Naciones endeudadas en dólares y luego a toda nación cuya balanza comercial ofrecía saldos favorables a esa deuda y su relación con la disponibilidad de esa moneda para hacer frente al pago de la misma, lo que hoy llamamos “restricción externa”). 

Dichos fenómenos en América Latina solo fueron posibles gracias a las dictaduras que minaron las movilizaciones y organizaciones populares capaces de responder a esas agresiones, en el contexto de la guerra fría que signaba toda crítica al capitalismo y a EEUU, como posición respecto de esa “guerra”, que muchas veces sirvió mas como excusa del gobierno del norte para precisamente instalar sus políticas neoliberales en el continente.

En la actualidad, los EEUU sigue propiciando tácticas de injerencia a través de los mecanismos de lawfare y del discurso posverdadero y de neutralidad tecno cientifica que pugna contenidos y formas de pensamiento en las universidades del planeta a la hora de generar conocimiento, en especial en lo que refiere a los contenidos subjetivos, humanísticos y sociales.

Retóricas como las de “Todos somos Vicentín” o las expuestas en el 2009 cuándo el llamado “conflicto con el campo” ponen de manifiesto el entrelazamiento que los sectores concentrados del capital nacional y extranjero vienen construyendo en el continente para oponerse a la “ola populista” desatada por el Chavismo y que logró su punto de mayor poder cuando la conformación de UNASUR y CELAC, a partir del NO al ALCA (Tratado de libre comercio de América) propiciado por los EEUU en la Asamblea de la OEA en Mar Del Plata en 2005.

Así, en estos días de la peste, las retóricas anti-políticas y anti-gobiernos populares, confrontan con relatos “nacionales y populares” que disputan las interpretaciones de los hechos y los datos en estas realidades. La nóminación de una líder popular de origen Mapuche en la Asamblea Constituyente que esta debatiendo la constitución de la Nación Chilena, es una prueba mas de que los cánones de división entre “izquierdas” y “derechas” o los intentos actuales de reducirlos a “Grietas” entre “libertarios” y “populistas” son al menos insuficientes sino decididamente falsos. Un nuevo mundo se esta gestando y las categorías de pensamiento deberían acompañar las novedades. Obviamente las disputas de poder hacen de esto una tarea difícil y comprometida. Tanto tiempo disputando peleas ajenas que comenzar a pensar y pensarnos desde algo propio que nos distinga, se hace sumamente complicado. Quizá pensar las formas en que como organizamos la producción de riquezas, la generación y distribución de los servicios y de esas riquezas producidas y de como articulamos tensiones entre lo público y lo privado, lo estatal y la empresa, sea un punto desde dónde comenzar. Los hechos de la América nuestra y de la Argentina en particular parecen comenzar a balbucear relatos propios y a caminar estas búsquedas de sentido común.

Daniel Roberto Tàvora Mac Cormack